A pesar de que la Fiscalía dijo hace dos años que 354 exparamilitares y exguerrilleros debían ser expulsados del proceso de justicia transicional, solo 44 han corrido esa suerte. Sin embargo, ahora que están a punto de recobrar su libertad pueden ser más los excluidos.
Los postulados no hayan cumplido con las obligaciones que les impusó la sentencia, como pedir perdón a sus víctimas, pueden ser excluidos.
Hace ocho años, desde que entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, el gobierno pidió que más de cinco mil desmovilizados, en su mayoría exparamilitares, que cometieron crímenes de lesa humanidad como homicidios, masacres, desplazamientos masivos y torturas, entre otros delitos, fueran aceptados en el proceso de justicia transicional. Hoy solo siguen allí 2.670 excombatientes.
Un poco menos del 40 por ciento perdieron los beneficios porque nunca se notificaron, es decir, que no presentaron ante las autoridades. Algunos fueron capturados y hoy responden ante la justicia ordinaria y otros tantos siguen prófugos.
Los exmilitantes que efectivamente fueron a la cárcel se comprometieron a decir la verdad, reparar a las víctimas y no cometer crímenes luego de su desmovilización, a cambio de una pena alternativa de ocho años de prisión. A finales de 2012, el Fiscal General, Eduardo Montealegre, aseguró que pediría la exclusión de 354 de ellos por no haber cumplido los compromisos. (Ver: ¿Qué tan lejos están 354 ‘paras’ de ser expulsados de Justicia y Paz?)
Para que una exclusión sea efectiva, la Fiscalía debe hacer la solicitud y exponer sus argumentos ante los magistrados de Justicia y Paz, los abogados de los postulados tienen oportunidad de contra-argumentar y la segunda y última instancia la resuelve la Corte Suprema de Justicia. Este proceso estaba proyectado para que se demorara pocos meses según su complejidad, pero casos como el del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, lleva más de un año sin resolverse.
Una vez fuera de la justicia transicional las investigaciones por lasacciones en la guerra pasan a manos de la justicia ordinaria, donde los desmovilizados podrían enfrentar penas de hasta 40 años, de acuerdo con la gravedad de los delitos.
Lo cierto es que hasta ahora solo 44 desmovilizados han sido excluidos; 35 de ellos salieron porque se negaron a colaborar y no se presentaron a las versiones libres programadas por la Fiscalía y el resto por no decir la verdad o porque existen condenas contra ellos por hechos que ocurrieron después de la desmovilización.
Tres narcotraficantes también fueron excluidos, luego de que la Corte Suprema pidió que no se tuvieran en cuenta a los ‘narcos puros’ que se colaron en las filas paramilitares para lograr una rebaja de pena. (Ver: Corte Suprema depura Justicia y Paz de “narcos puros”)
Ad portas de la libertad
Estos son los exjefes paramilitares que están a la espera de un fallo. De izquierda a derecha: Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’; Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’.
Ahora que están próximos a salir de la cárcel viene otra depuración por dos vías. Por un lado, la Fiscalía está encargada de certificar que no existan otros procesos en contra de los postulados, por eso el Fiscal General ordenó a todas las direcciones de esta institución que revisen con lupa si aquellos que están solicitando la libertad tienen investigaciones en su contra.
“No es que los queramos sacar, como muchos dicen. La dinámica es que les pedimos a otras direcciones que nos notifiquen si hay investigaciones sobre un postulado, y si yo como fiscal tengo una investigación quieta y esta persona está a punto de salir, entonces se reactiva”, dijo un alto funcionario de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.
Por otro lado, quienes ya tienen una condena en Justicia y Paz, que representan cerca del diez por ciento, deben haber cumplido al pie de la letra las exigencias del fallo, o un juez les puede quitar los beneficios. Ya se conocen casos como el de Édgar Ignacio Flórez, alias ‘Don Antonio’, quien fue excluido días antes de lograr la libertad por no pedir perdón a sus víctimas tal y como lo exigieron los magistrados.
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