La decisión de las autoridades estadounidenses de concederle un permiso para quedarse en ese país ha causado indignación, entre otras razones porque no pagará por sus delitos en Colombia, donde fue postulado a los beneficios de Ley 975, llamada de Justicia y Paz.
La concesión de un permiso especial para quedarse en Estados Unidos que le concedieron las autoridades de ese país a Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, por razones de seguridad, ha sido considerada como una burla a las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), particularmente del departamento de Antioquia, donde este confeso narcotraficante tuvo injerencia.
La noticia del permiso otorgado al ‘Tuso’ Sierra fue revelada por el viceministro de Justicia, Miguel Samper, quien cuestionó la decisión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de extraditar sin ninguna condición para su regreso a los principales jefes de las Auc, argumentando que continuaron delinquiendo desde las cárceles.
“En el gobierno anterior se extraditaron postulados sin ningún condicionamiento. Ahora tenemos el caso del ‘Tuso’ Sierra, a quien recientemente, por decisión de tribunal de EE. UU., se le dio permiso de quedarse allá, aun cuando el Ministerio de Justicia lo había solicitado en tres oportunidades. Estamos presenciando el teatro del absurdo. Se está alegando impunidad, cuando lo que estamos viendo es hacerle el quite a los derechos de las víctimas”, declaró Samper.
Esta declaración contrasta con la entregada por la entonces ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quien una vez se dio a conocer que alias ‘El Tuso’ Sierra había quedado libre el 13 de marzo de 2013 declaró a la prensa que “la Fiscalía General de la Nación colombiana ya fue notificada del proceso que da inicio a la deportación de Sierra a Colombia para que se adelanten los procesos penales que tiene pendientes en este país”. (Ver: El ‘Tuso’ Sierra será deportado a Colombia)
En esa misma declaración, la alta funcionaria de gobierno aseveró que una vez quedó libre Sierra Ramírez, “el Gobierno de Estados Unidos informó no tiene visa estadounidense ni le será concedido ningún tipo de asilo. En este momento está bajo la custodia de Inmigración mientras espera el trámite de deportación”. Sin embargo, la situación cambió un año después y la decisión de las autoridades norteamericanas favoreció al narcotraficante, en perjuicio de las víctimas de las Auc en el país.
Alias ‘El Tuso’ Sierra se desmovilizó en las filas del Bloque Héroes de Granada de las Auc el 1 de agosto de 2005, en el corregimiento Cristales, de San Roque, nordeste antioqueño, y fue postulado a los beneficios de la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, en agosto de 2006, luego de un agitado proceso en el que se evidencian varias contradicciones entre el gobierno nacional y algunos exjefes paramilitares. (Ver: Contradicciones sobre inclusión del ‘Tuso’ Sierra en Justicia yPaz)
Este confeso narcotraficante y supuesto paramilitar fue extraditado el 13 de mayo de 2008 a Estados Unidos, junto con 14 excomandantes de diversos bloques de las Auc, para que respondieran en ese país por delitos asociados con el tráfico de drogas. En su caso, y luego de un rápido proceso judicial, fue condenado a diez años de prisión y por diversas razones acabó pagando solo cinco años y beneficiado con un permiso especial para quedarse en ese país, junto con su esposa y sus hijos.
La noticia sobre alias ‘El Tuso’ Sierra se conoció a la par de la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de admitir que los exparamilitares de las Auc postulados a la Ley 975 podrían ser juzgados por delitos asociados al tráfico de drogas siempre y cuando no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito o que el postulado, individualmente hablando, no haya tenido dicha finalidad. (Ver: Exparamilitares podrán ser juzgados por narcotráfico en Justicia y Paz)
En esa decisión, el Alto Tribunal llamó la atención sobre la gravedad de otros delitos en comparación con aquellos asociados al narcotráfico y concluyó que “si bien constituyen conductas punibles de orden trasnacional no son más graves y lesivas que los delitos de lesa humanidad legalizados, vale decir, masacres, homicidio en persona protegida, tortura, desaparición y desplazamiento forzado, entre otros”.
¿Y las víctimas?
Gustavo Gallón Giraldo, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), consideró que la decisión tomada por las autoridades estadounidenses “es bastante grave” y confirmó “las denuncias y los llamados que hicimos las organizaciones no gubernamentales en su momento, cuando en mayo de 2008 se produjo el primer envío de jefes paramilitares a Estados Unidos y que habían sido postulados a la ley 975”.
Consultado por VerdadAbierta.com, Gallón Giraldo recordó que, en ese año, el gobierno del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, divulgó “gran cantidad de comunicaciones, diciendo que había celebrado un convenio con Estados Unidos, y que se garantizaban el proceso en Colombia. Y ahora, seis años después, se verifica que es una mentira, es una burla completa a las víctimas”.
Para el director de la CCJ, la decisión de extraditar a buena parte de los jefes de las Auc y algunos de sus financiadores, entre ellos Sierra Ramírez y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias ‘Gordolindo’, violó la legalidad interna y le dio prioridad a un delito menos grave comparado con las violaciones de derechos humanos en el país.
Gallón Giraldo dijo que la permanencia de alias ‘El Tuso’ Sierra en Estados Unidos era “una profecía que estaba anunciada”, frente a la cual “no hubo autoridad suficiente ni resistencia en la sociedad para impedir este tipo de cosas”. Su preocupación es qué va a pasar con otros exparamilitares recluidos en cárceles de Estados Unidos, entre los que se encuentran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, Hernán Giraldo, Hebert Veloza García, Ramiro Vanoy Murillo, Guillermo Pérez Alzate y Diego Fernando Murillo Bejarano, quienes tienen procesos pendientes en el país por violaciones a los derechos humanos.
En su momento, la CCJ planteó la posibilidad de que estos excomandantes de facciones de las Auc trasladados a Colombia transitoriamente para responder por sus acciones criminales, pero la idea no fue posible, según Gallón Giraldo, porque “la actitud de los dos gobiernos ha sido poco transparente, muy oscura y engañosa y el resultado final es éste”.
El director de la CCJ aseveró que varios documentos con propuestas como esas fueron enviados al Departamento de Estadoy a la Secretaría de Justicia de Estados Unidos “y ni siquiera obtuvimos un acuse de recibo”.
¿Qué tanto sabe ‘El Tuso’?
Con la permanencia en Estados Unidos de Sierra Ramírez, al parecer sin ninguna posibilidad de regresar para responder ante Justicia y Paz por sus delitos como financiador de las Auc, se privará a las víctimas y, en general, al país de su versión sobre algunos aspectos de la criminalidad en Antioquia, entre ellos el de la llamada ‘Oficina de Envigado’ y sus nexos con sectores legales, particularmente de la Fuerza Pública y empresarios que se vieron favorecidos por esa empresa delincuencial.
En las pocas declaraciones que alcanzó a dar desde su sitio de reclusión en Estados Unidos a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz detalló aspectos importantes de la nómina que tenía la ‘Oficina de Envigado’ en la ciudad de Medellín y a quién se le pagaba. En ella están incluidos altos oficiales de la Policía y el Ejército, políticos y empresarios que lavaron dinero del narcotráfico a través de esa organización criminal. (Ver: El ‘Tuso’ Sierra salpica a dirigentes antioqueños con la ‘Oficina de Envigado’)
Adicional a ello, quedan en el aire precisiones sobre algunos políticos y sus relaciones con las Auc, entre ellos el exsenador Mario Uribe Escobar, primo del senador electo y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez; el exrepresentante a la Cámara por Antioquia Oscar Arboleda Palacio, quien viene siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con facciones paramilitares; e Ignacio Guzmán Ramírez creador del movimiento Primero Antioquia, que respaldó a Álvaro Uribe Vélez a la Gobernación de Antioquia en las elecciones de octubre de 1994.
Otros temas que quedarán silenciados están relacionados con el tráfico de drogas en el país. De acuerdo con investigaciones de la Unidad de Fiscales de Justicia y Paz, las tareas de alias ‘el Tuso’ Sierra era comprar armas y municiones para las Auc que se pagaban con sendos alijos de cocaína en el exterior, particularmente en Honduras. Se calcula que introdujo al país 1.724 fusiles AK-47 y cientos de miles de municiones para ese tipo de armas. (Ver: Así traficó ‘el Tuso’ Sierra para los Castaño y Mancuso)
Los beneficios logrados por Sierra Ramírez tienen que ver con el conocimiento que tenía sobre el exgeneral Mauricio Santoyo Velasco, un oficial de la Policía Nacional que tuvo por varios años la responsabilidad de la seguridad del presidente Uribe Vélez y quien fue acusado en Estados Unidos de tener nexos con empresas criminales en el país. El testimonio del exparamilitar fue clave para que la justicia de ese país condenara al exoficial en diciembre de 2012 a 13 años de prisión.
¿Y ahora qué?
En el proceso que se le seguía ante tribunales de Justicia y Paz, los fiscales alcanzaron a imputarle en agosto de 2012 cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, porte y fabricación de armas de fuego agravado, y utilización indebida de equipos de comunicación.
El material recopilado por la Fiscalía a través de las versiones libres rendidas por alias ‘El Tuso’ y entrevistas realizadas a otros exjefes paramilitares, le permitió al Ente Investigador acusarlo de haber contribuido a la financiación de las Auc con las actividades de narcotráfico, gracias a la realización de varias operaciones de intercambio de cargamentos de cocaína por armamento. (Ver: El ‘Tuso Sierra’ a responder por financiamiento de las Auc)
Ante la decisión de las autoridades norteamericanas, el ministro de justicia Alfonso Gómez Méndez aseveró a diversos medios periodísticos que “esperamos encontrar los canales jurídicos y diplomáticos para que este individuo pueda venir a Colombia a responder por los delitos de los cuales se le acusa”.
Si bien el alto funcionario aseguró que el gobierno nacional respeta la decisión tomada en Estados Unidos, reiteró que se harán los trámites necesarios y se evaluará una solicitud para lograr la extradición de este narcotraficante y supuesto paramilitar para que no solo responda por los crímenes cometidos durante su relación con las Auc, sino que entregue información sobre sus vínculos con políticos y agentes del Estado a las empresas criminales que él ayudó a fortalecer.
“Nosotros colaboramos en la lucha contra el narcotráfico pero también es importante que estas personas nos den la información que tienen sobre el tema del paramilitarismo y sus nexos con políticos y agentes del Estado”, concluyó Gómez Méndez.
