VerdadAbierta.com habló con algunos de los fiscales, magistrados y expertos que construyeron de ceros la primera ley de justicia transicional en el país. Los errores y aprendizajes pueden ser tenidos en cuenta para juzgar los crímenes de las Farc.
Desde las desmovilizaciones hasta las sentencias, todas las etapas de Justicia y Paz debieron sortear obstáculos y hacer camino en la marcha. Fotos: archivo Semana.Más de 5.000 paramilitares fueron postulados por el Gobierno con la puesta en marcha de la Ley de Justicia y Paz. Nunca antes el aparato de justicia colombiano se había enfrentado a un grupo tan grande de desmovilizados. Han pasado diez años desde que la mayoría entregó los fusiles y, cumplida la condena, los primeros excombatientes han salido en libertad.
Los operadores judiciales fueron los encargados de construir un primer modelo de justicia transicional. Estas son las lecciones más importantes recogidas en esta década, de acuerdo con estos funcionarios.
La desmovilización mide el proceso
Los primeros tropiezos no se hicieron esperar, en la dejación de armas se cometieron errores que no se pueden volver a repetir. “Lo que suceda en esa primera parte, se ve reflejado en el proceso judicial. Si eso no se hace bien, el proceso no sale bien”, opinó la magistrada Uldi Teresa Jiménez del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.
Por ejemplo, en varias regiones del país, los menores fueron apartados de las listas de desmovilizados y entregados a sus familias, negándoles la posibilidad de entrar en programas de reintegración y convirtiéndolos en blancos vulnerables de nuevos grupos criminales. Aunque se hizo un intento, pocos de ellos fueron contactados nuevamente.
También aprendieron que en esta etapa es clave tener la mayor información posible. “No nos puede volver a pasar lo mismo. No pueden ser ellos los que vengan y se presenten ante nosotros, sin que la Fiscalía sepa quiénes son y qué hicieron”, dijo Luis González, quien creó y fue el primer director de la entonces Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía (ahora Dirección de Justicia Transicional).
En 2006 el ente investigador sabía muy poco de esta estructura criminal y aunque 25 comandantes de la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entregaron sus armas, no podían ser retenidos sin una orden de captura previa en la justicia ordinaria. Para entonces, no había nada en los expedientes sobre dos temidos jefes paramilitares: Hebert Veloza, alias ‘HH’, y Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’. Los nuevos fiscales de Justicia y Paz pasaron la noche en vela escarbando entre las denuncias para que en la dirección de Derechos Humanos se hiciera una orden de captura y los paramilitares no pudieran salir libres. Los investigadores recuerdan que cuando vieron a ‘Macaco’ por primera vez, no lo reconocían, no era ni la sombra de la foto que tenía en su poder inteligencia militar.
La lección parece aprendida, pues ante el actual proceso de negociaciones con las Farc, la Dirección de Análisis y Contexto viene desde hace casi dos años investigando la estructura guerrillera y caracterizando los principales crímenes. Para finales de este año se espera tener el informe completo de reclutamiento forzado en el país.
Las garantías de no repetición no solo dependen de los excombatientes
Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, exjefe del Bloque Norte de las Auc, en una de sus primeras versiones libre. Foto: archivo Semana.Es importante que las reglas de juego queden claras. En julio de 2003 se firmó el acuerdo de Santa Fe de Ralito, los bloque paramilitares comenzaron a desmovilizarse paulatinamente y los excombatientes estuvieron en zonas de concentración antes de entregarse a la justicia. Tres años después, la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos artículos: ya no iban a ser condenados por crímenes políticos, tenían que entregar bienes y decir toda la verdad. Ese cambio fue visto como una traición por algunos jefes paramilitares.
“Todo lo que se acuerde en la negociación debe quedar registrado, no puede quedar nada oculto. A nosotros los postulados nos dicen que el Gobierno les incumplió, nosotros les decimos pero dónde está escrito todoeso que les prometieron”, contó la magistrada Jiménez.
Algunos no creyeron en el proceso y otros tantos no tenían intenciones reales de dejar las armas. Lo cierto, es que cerca del 40% de los postulados a la ley, es decir de los que sí tenían órdenes de captura, nunca se presentaron a comparecer ante la justicia. No se conoce el paradero de la mayoría, ni hay una cifra de cuántos de ellos se unieron a la bandas criminales que surgieron después de la desmovilización. Sin embargo, esa no fue una prioridad en ese momento para la Fiscalía, pues se volcó hacia la nueva justicia transicional.
“Con la justicia transicional olvidamos la justicia ordinaria. Justicia y Paz tenía cerca del 50% del presupuesto de la Fiscalía, los esfuerzos se fueron a pensar en el pasado y no en el presente. Esto no puede repetirse si queremos lidiar con los guerrilleros que no se desmovilicen y la criminalidad general. Creo que es una de las grandes lecciones que ya aprendimos”, concluyó Gina Cabarcas, subdirectora de Políticas Públicas de la Fiscalía.
En palabras del académico Eduardo Pizarro, quien creó y estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, “yo creo que la tarea de los colombianos es cerrar el ciclo de violencia para que el universo de víctimas no siga creciendo. Pusimos todo el acento en las víctimas de ayer y se nos olvidaron las de mañana. Estas son éticamente más significativas, porque las podemos evitar”.
La no repetición pasa también por una adecuada resocialización, y con los desmovilizados que sí entraron en el proceso se aprendieron importantes lecciones en este sentido.
Aunque una de las exigencias para obtener la libertad es haber pasado por un proceso de resocialización, solo hasta finales de 2013, después de 7 años en prisión, el Inpec y el Ministerio de Justicia pusieron en marcha este tipo de programas en algunas de las cárceles. La prisión no se pensó nunca como un espacio de reconciliación, solo como unas instalaciones de las que los excombatientes no podían escapar.
La situación al interior de las cárceles fue diferente para los jefes paramilitares, ellos tuvieron más comodidades, preparaban su propia comida, la mayoría estudiaron carreras universitarias e incluso fueron los primeros en planear actividades de reencuentro con las víctimas.
El problema real fue de los mandos medios o los patrulleros para quienes la prisión fue el caldo de cultivo de las adicciones a las drogas y el alcoholismo. De acuerdo con el último informe de seguimiento de la Mapp-OEA, entre los desmovilizados que ya quedaron en libertad, se han identificado 85 casos de excombatientes con enfermedades psiquiátricas, de los cuales 35 han sido diagnosticados con esquizofrenia y 3 se han suicidado.
Es imposible investigarlo todo
Luis González León, primer director de la Unidad de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Comenzar a hablar de justicia transicional dentro de la Fiscalía fue un reto. “Se entendía como una solución imperfecta de justicia, muy diferente a la justicia vengativa que hasta ahora se conocía. No fue fácil encontrar al personal. No había cultura para el cambio. Elegimos a los que tenían una mente más abierta”, recuerda González sobre la creación de la Unidad de Justicia y Paz. Nació así una generación de fiscales e investigadores que han venido entendiendo que en este tipo de procesos no necesitan de los formalismos excesivos, característicos de la justicia ordinaria.
La tarea era gigante, pues se trataba de una ley ambiciosa. “La justicia del todo”, la llama Luis González porque pretendía que los desmovilizados confesaran todo, que se investigaran todos los crímenes y a todos los excombatientes; que encontrarán a todas las víctimas, buscarán todos los desaparecidos y persiguieran los bienes de los exparamilitares. Un trabajo de proporciones inmensas que necesitaba el equipo humano más grande de la Fiscalía. De 20 fiscales y 150 investigadores en pocos años el equipo creció a 1.600 funcionarios distribuidos en todo el país.
“Documentamos cada región, las políticas del grupo, los crímenes, cómo llegaron. Todo. Pero nos dimos cuenta que era físicamente imposible conocer y ser exhaustivos con cada uno de los crímenes en el país. Era simplemente imposible”, aseguró la fiscal Luz Helena Morales, encargada de investigar al Bloque Central Bolívar.
Además de ser imposible, para algunos expertos conocer el caso a caso no permitía ver el panorama completo ni explicar por qué ocurrió lo que ocurrió. Por tal razón, se cambió la forma de investigar, después de la reforma de la Ley de Justicia y Paz en 2012, se priorizaron los crímenes más graves y a los máximos responsables. “Cuando llegué empezamos a sacar el plan de priorización, porque en ocho años solo había 14 sentencia y solo una contra un máximo responsable. Caímos en la minucia y ocho años después no había nada”, contó Juan Pablo Hinestrosa, quien en 2012 pasó a ser el director de Justicia Transicional y ahora está a cargo de la Dirección de Análisis y Contexto.
Se habló por primera vez de patrones de macro-criminalidad, es decir, de esas prácticas que fueron sistemáticas y reiteradas en cada grupo. Por ejemplo, se explicó cómo en ocho departamentos del país los grupos paramilitares al mando de Salvatore Mancuso desaparecían a las personas: en el Catatumbo las cremaban en hornos o las lanzaban por abismos, mientras en la Costa Caribe las metían en llantas encendidas o las arrojaban a un río, pero todo con un mismo fin de evitar el aumento de los índices de criminalidad en ciudades y pueblos.
Esto implicó un nuevo esfuerzo para los fiscales, “nos tocó distanciarnos de toda la minucia que sabíamos y empezamos a analizar. También aprendimos a trabajar en equipo, entendimos que acá no funcionaban las envidias que lastimosamente son comunes en la institución. La información no era de nadie, ni se trataba de procesos aislados”, dijo un fiscal de la Dirección de justicia transicional que pidió la reserva de su nombre.
Se ha hecho un esfuerzo importante porque ocurra lo mismo entre las instituciones del Estado, pues la información está dispersa entre los ministerios, la Fiscalía y las instituciones que nacieron con la ley de Víctimas en 2012, pero es una lección que aún va a medio camino. Cada uno maneja su propia base de datos, lo que en últimas ha resultado un dolor de cabeza para las víctimas.
Esta no es la verdad definitiva
Víctimas viendo por medio de videoconferencia la versión libre que rindió Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, el 16 de julio de 2007. Foto: archivo Semana.Antes de que comenzarán las versiones libres, la orden para los fiscales era revisar los expedientes judiciales, las investigaciones académicas y buscar a las víctimas en las regiones más apartadas del país. La idea era tener herramientas para contrarrestar la versión que entregaban los postulados, pero no todos cumplieron la tarea al pie de la letra. El problema fue que el avance y éxito de la investigación dependía de la calidad del operador judicial y por eso algunos bloques fueron mejor documentados que otros.
Tal como está planteada la ley, la base recae en la confesión de los delitos y por eso la versión libre tuvo un papel preponderante, “el peso de la verdad y, en el fondo de la auto-inculpación, recae en el versionado”, relata el libro Justicia y Paz: ¿Verdad judicial o verdad histórica? del Centro Nacional de Memoria Histórica.
El texto agrega que unos fiscales más que otros se tomaron la tarea de buscar más fuentes de información, como ocurrió, por ejemplo, en el Bloque Norte. No pasó lo mismo en las Autodefensas del Magdalena Medio, donde en los contextos construidos por el fiscal se daba total legitimidad a lo dicho por Ramón Isaza y otros miembros del grupo. A partir de 2010, con las jornadas de víctimas que se realizaron por todo el país, estas fueron más escuchadas.
Pero el verdadero problema fue, como lo argumenta el libro, que se confundió la verdad judicial con la verdad histórica. “Aunque es un objetivo loable, mezclar los dos tipos de verdad era exceder las posibilidades de un funcionario judicial en términos de la disciplina que conoce y fuentes a las que tiene acceso”, planteó Gina Cabarcas, quien fue de las relatoras de este informe.
Aunque el mismo nombre advertía que se trataba de una versión, la del excombatiente, críticos de la ley y algunos fiscales la confundieron con una verdad definitiva. “Hay casos de personas que mintieron varias veces como ‘Don Berna’ y operadores judiciales que no ponderaron la información en su conjunto. Esos falsos testimonios me quitaron 4 meses de libertad y 3 años de tranquilidad”, recuerda el senador liberal Luis Fernando Velasco, uno de los pocos que hizo control político de la Ley de Justicia y Paz en el Congreso después de aprobada y quien fue víctima de falsos testimonios.
Por esa razón, para los funcionarios entrevistados, la comisión de la verdad que se ha planteado con las Farc es un gran logro, porque no va a entrampar un futuro proceso judicial, pero también porque es un escenario apropiado para que se construya la verdad no solo de la guerrilla, sino también de los paramilitares. “La enseñanza es que no le podemos apostar a un solo mecanismo en el tema de verdad”, agregó Cabarcas.
No se trata de solo un proceso judicial
Foto: archivo Semana.A mediados de 2011, cuando comenzaron los juicios contra los excombatienes, llegó por primera vez ante los estrados judiciales alias ‘El Alemán’. Hasta Bogotá viajaron decenas de jóvenes desde Necoclí, en el Urabá antioqueño, con la misión de contar cómo fueron reclutados siendo menores de edad. Era la primera vez que pisaban la capital y entraron a la sala de audiencias temblando del frío, porque ninguno tenía chaqueta, ni tampoco tenía dinero. Cuando la magistrada encargada, Uldi Teresa Jiménez lo notó, habló con todos los funcionarios para buscar una solución: en la misma mesa estaban sentados representantes de Acción Social, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría, pero ninguno pudo hacer nada. La magistrada acudió a sus aliados de siempre, la cooperación internacional, que habían pagado los tiquetes, pero tampoco hubo solución.
Después del receso de almuerzo, todos los jóvenes volvieron, pero esta vez con una grandes chaquetas pagadas por ‘El Alemán’. Tras las rejas, quien era acusado de ser su victimario, seguía siendo el único que llegaba donde el Estado era negligente. “Es un dilema muy grande, pero sobre todo es una vergüenza que teniendo toda la institucionalidad sentada en una sala de audiencia, sea el postulado el que siga viendo por esos jóvenes. El reto de revertir esta situación es grande”, dijo Jiménez.
Este es solo un ejemplo de muchos, de una ley que se planteó como una salida jurídica para los desmovilizados, pero sin mecanismos claros para cambiar de fondo el abandono y la tragedia que se vivía en las regiones. Fueron los magistrados quienes tomaron la decisión de ir hasta los municipios más alejados: instalaron sus audiencias a pleno sol de Mampuján, en las selvas del Urabá, en un auditorio en Puerto Boyacá o en el coliseo de boxeo de Cartagena. En principio no era un exigencia, bien podían redactar una sentencia que explicara lo qué pasó en Tumaco sentados desde su escritorio en Bogotá. Pero los magistrados fueron los que quizás primero entendieron la lección.
Estos espacios no habrían sido posible sin el apoyo y el dinero de la cooperación, en este caso de la Mapp-Oea y la GIZ de Alemania. Pagan los pasajes, las comidas de las víctimas, la consulta de expertos internacionales, pues no había ninguna institución a cargo de ello. “Solo hasta la reforma de 2012 hay una definición más clara, pero en un proceso serio tiene que haber una institucionalidad fuerte, que sepa cuál es su responsabilidad y no podemos ser dependientes de la cooperación”, agregó Jiménez.
Los magistrados coinciden en que esta precariedad estatal no se resuelve con un juez que se siente a ordenar medidas de reparación a las entidades, sino que tiene que haber un trabajo en conjunto donde cada cual sepa su responsabilidad. “Son muy pocos los que tienen eso claro, que actúan solo cuando hay una decisión judicial de por medio. No es posible que a una víctima tenga que esperar un fallo para que pueda acceder a atención psicosocial”, explicó la magistrada Alexandra Valencia.
Los errores en la reparación
Una de las víctimas del Bloque Héroes de los Montes de María, durante la audiencia en la que se dictó condena contra ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’. Foto: archivo Semana.La ley establece que las víctimas tienen derecho a ser reparadas judicialmente, lo que implica que solo sucederá hasta que una sentencia esté en firme. Los largos procesos judiciales retrasaron entonces la posibilidad para muchos de acceder a una reparación, si se tiene en cuenta que solo hasta 2011, seis años después de expedida la ley, se conoció la primera sentencia. Se calcula que solo cerca del 20% de las víctimas han sido incluidas en fallos judiciales.
Para losexpertos, el proceso sigue las lógicas de la justicia ordinaria: se acusa, se condena y se ordena una indemnización. Esto no funciona cuando se trata de un universo de casi 500 mil víctimas. “Es un error mantener la reparación en el proceso penal. Debe tener un carácter civil”, indica Héctor Eduardo Moreno, quien hasta hace poco fue coordinador de la dirección de justicia transicional y hoy trabaja desde la Dirección de Articulación.
Agrega que una decisión de este tipo no solo agilizaría el acceso a las víctimas a una reparación, sino que destrabaría algunos de los procesos cruciales, “las sentencias más importantes están apeladas por los temas de reparación, no por asuntos de fondo que tengan que ver con el proceso penal”.
Un ejemplo exitoso de este tipo sucedió en la misma jurisdicción. Las primeras disputas de restitución se dieron en Justicia y Paz, “éramos tres fiscales de la subunidad de persecución de bienes. El 90% de nuestro tiempo se dedicó al tema de restitución”, cuenta Ana Fenney Ospina, coordinadora de dicha subunidad.
Con la Ley de Víctimas este papel pasó a manos de la Unidad de Restitución que ha llevado cientos de casos ante los jueces especializados de tierras, mientras Justicia y Paz solo logró la restitución de 22 bienes.
Por otro lado, así como no fueron claras las reglas de juego para los desmovilizados, tampoco lo fueron para las víctimas, a quienes les prometieron unos montos de indemnización más altos de lo que el Estado está en capacidad de pagar. Después de tire y afloje, la Corte Constitucional le dio la razón al gobierno y les exigió pagar los montos que ya están establecidos por la Unidad de Víctimas y que son mucho menores a los que prometió la ley. Sin duda, una lección que todos recalcan, es que la credibilidad del proceso y la confianza de las víctimas se vienen al piso cuando la sentencia habla de una cifra que no se compadece con el cheque que reciben.
Estas son algunas de las lecciones que se han aprendido en el transcurso de diez años en cada una de las fases del proceso. Una colección de experiencias que no se pueden desestimar y que ojalá tengan eco en un posible proceso de negociación con las Farc.
