Los bloques extraviados

Salvatore Mancuso sostiene que este grupo surgió hacia finales de 1999, cuando Carlos Castaño decidió extender su brazo armado hasta la capital, y que puso al frente de la misma a dos fichas del Ejército: al capitán activo Jorge Rojas Galindo, y al teniente retirado Fredy Antonio Cadavid Acevedo, alias Luis. Rojas, apreciado dentro de las Autodefensas por cuenta de sus exitosas gestiones en la adquisición de cargamentos de armas, fue incluso quien bautizó la criatura como Bloque Capital y creó su imagen, según el decir de Mancuso: “El capitán Rojas fue el que hizo el modelo de carta, con el logo del Bloque, que se le envío a los alcaldes de Chía, Sopó, Cajicá, Funza y otros municipios de Cundinamarca”. La primera misión de esta estructura fue elaborar una lista negra de “enemigos” que debían ser eliminados. Uno de las primeras víctimas fue el sindicalista Wilson Borja, quien afortunadamente logró sobrevivir al atentado ejecutado en su contra.

En la Fiscalía se cree que ese bloque formalmente solo existió en la mente de Castaño y tal definición corresponde más bien a la “guerra psicológica” que este desarrollo en todo el país. “Solo hasta la llegada de Miguel Arroyave en 2001 se consolidó una estructura criminal pero con las características de un frente y no de un bloque, entre otras razones por su pequeño número de hombres”, dice un fiscal de Justicia y Paz. Para este investigador, si se quiere documentar el origen de lo que se conoce como el Bloque Capital lo que habría que hacer es investigar el “Bloque Modelo”. Se refiere a la estructura criminal que gestó Arroyave entre 1999 y 2001 desde la cárcel La Modelo de Bogotá, y que habría dejado al menos 200 muertos. Arroyave –un narco puro, amigo de la infancia de los hermanos Castaño– fue amo y señor del tráfico de drogas y alcohol, además controló el cobro por extorsiones, homicidios y secuestros dentro y fuera de la prisión. Una vez consiguió quedar libre compró a Castaño una franquicia y pasó a ser jefe del Bloque Centauros de los Llanos, y tuvo luz verde para desarrollar su modelo en la capital. Así, reclutó un centenar de jóvenes en las zonas periféricas y creó para Bogotá una temida estructura de fachada contrainsurgente (con jefes militares, políticos y financieros) y que en la práctica se dedicó a producir dinero al estilo de una ‘oficina de cobro’, es decir, a punta de narcotráfico, sicariato, extorsiones, vacunas y secuestros. Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre (foto), fue mano derecha de Arroyave y jugó un papel protagónico en todo ese proceso. Mientras que Arroyave fue asesinado por sus propios hombres en 2004 cuando se adelantaban negociaciones con el gobierno, ‘Mi Sangre’ permanece aislado bajo detención en Argentina, desde donde ha dicho que guarda verdades que estremecerían al país. Tras estos silencios se oculta buena parte de la historia del llamado Bloque Capital.

En un procedimiento nunca aclarado lo suficiente, 39 ex integrantes de esta estructura fueron postulados a Justicia y Paz. Como todos ya estaban detenidos en cárceles, no hubo entrega de armas, y los bienes aportados no fueron más que 8 camionetas y 9 motos robadas. Sus aportes a la verdad tampoco han sido mayúsculos. Una de las preguntas más sensibles, aún pendiente de respuesta, es qué papel jugaron personalidades y la Fuerza Pública en la llegada del paramilitarismo a Bogotá. En concreto, respecto a la supuesta influencia del ex vicepresiente Francisco Santos en la conformación del Bloque Capital sólo se tiene la extensa declaración que Salvatore Mancuso rindió ante la Fiscalía, donde afirma que en 1999 Santos le propuso a Carlos Castaño llevar el modelo de las autodefensas de Córdoba a Bogotá. Según Mancuso, el asunto se trató en varias reuniones de Santos –entonces un reconocido periodista– con mandos del paramilitarismo. Se trata de la misma declaración en que Mancuso sostiene que el hoy presidente Juan Manuel Santos se reunió con Castaño para proponer un golpe de estado que tumbara a Samper y abriera paso a una constituyente y a un proceso de paz con participación política de los ‘paras’ y las Farc.

Entre los postulados del Bloque Capital está Jaime Andrés Marulanda, alias Chiquitín, quien fue condenado por la justicia ordinaria por el crimen de 22 personas en las laderas de Soacha, y quien sería ficha clave para reconstruir la violencia sufrida en esa zona entre 2000 y 2005, periodo en el cual fueron asesinados allí cerca de 210 jóvenes. Junto a ese cúmulo de víctimas anónimas están también una serie de nombres de gran figuración como Jaime Garzón, los congresistas Luis Alfredo Colmenares Chía y Octavio Sarmiento, y el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza. Por el deber de la memoria histórica, por respeto a las víctimas anónimas y renombradas, la justicia está en mora de develar completamente los intríngulis del Bloque Capital.

De tal zona tomó el nombre una estructura paramilitar conformada por un centenar de hombres que operó entre 2001 y el 2004 desde allí y hacia el centro del país. Se trata del llamado Bloque Héroes del Gualivá, del cual apenas hay cuatro postulados en Justicia y Paz que deben dar cuenta por los hechos criminales con que afectaron a cerca de cien víctimas. El grueso de la tropa huyó con las armas y nunca se desmovilizó. La Fiscalía ha vacilado entre acusar a esos comandantes huérfanos de tropa o solicitar su exclusión del proceso de justicia transicional por incumplimiento de requisitos, pero van diez años sin definiciones de fondo.

Todo empezó en el departamento de Bolívar en los años aciagos en que el Bloque Central Bolívar, comandado por Julián Bolívar, controlaba el área. Junto a este jefe estaba Dorancé Murillo Bohórquez, más conocido como ‘Jairo Chiquito’. En 2000 Dorancé tuvo un problema con su jefe y decidió refugiarse en su tierra, Sasaima, uno de los municipios que integran la provincia del Gualivá, encontrando que esa veta de acceso a la capital estaba desprovista de paramilitares. Y decidió “romper zona”, estructurar su propio ejército, desplazar al frente 22 de las Farc y hacer del crimen su negocio. Para ello trajo combatientes del sur del Bolívar y contó con la ayuda de Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias El Pájaro, de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, para obtener el armamento. Cuando Julián Bolívar se enteró sintió que el nuevo bloque le pertenecía y reemprendió la cacería contra su antiguo lugarteniente. Por poco lo asesina con un atentado en Bogotá. Dorancé sobrevivió y a través de ‘El Pájaro’ acudió ante Carlos Castaño, quien sosegó a Bolívar y otorgó título “legítimo” a Dorancé, como comandante del Bloque Héroes de Gualivá. Fue así que por cuatro años esta estructura, que llegó a tener un centenar de hombres, delinquió especializándose la extorsión, el crimen y el robo de la riqueza nacional, con la perforación ilegal de las redes de Ecopetrol.

En 2004, cuando se adelantaban conversaciones para lograr la desmovilización de este bloque, Dorancé y sus tres principales lugartenientes (Juan José Meneses Peña, Albeiro Delgado Rodríguez y Éver Vera Moya) fueron capturados sorpresivamente cerca de Bogotá. El asunto produjo la desbandad de la tropa que huyó con las armas. En prisión los cuatro paramilitares fueron reconocidos como los jefes del desintegrado bloque y presentados a Justicia y Paz, de tal forma que resultaron postulados sin desmovilizar su tropa, sin aportar bienes para la reparación ni hacer dejación de una sola arma. “El asunto es aún más complicado porque el despacho a cargo de este bloque ha tenido una permanente sucesión de fiscales, y mientras que algunos han considerado que se debe surtir el proceso, otros se inclinan por pedir la exclusión de estos postulados. Los bandazos y el desinterés por este bloque ha sido la constante. Las víctimas han acudido y se ha documentado todo un dosier de hechos, pero no hay más avances”, concluye un agente del CTI que ha investigado esta estructura. La respuesta oficial de la Fiscalía respecto a esta estructura es breve: “Del grupo que se hizo denominar Héroes de Gualivá, hay cuatro personas que fueron postuladas por el gobierno nacional y se encuentran en proceso de exclusión”.

Esta semana, como cada primero de diciembre, el amanecer del cielo de Medellín fue un espacio minado donde detonaron ráfagas de voladores, juegos pirotécnicos y hasta disparos. Aunque la pólvora y los tiros están prohibidos, así ocurre desde 2003, en la llamada ‘alborada’. Una festividad informal y criticada porque tuvo su origen como celebración paramilitar: aquel año, en vísperas de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara (BCN), liderado por alias Don Berna, los ‘paras’ de esta estructura estremecieron la capital de Antioquia –principalmente las comunas populares– lanzando al aire un arsenal de pólvora. El gesto era, supuestamente, en celebración de su inminente desmovilización. Pero corrió la voz que, en realidad, de lo que se trataba era de acusar su triunfo militar y de advertir que se irían sin irse, que se desmovilizaban formalmente, pero seguirían presentes, vigilantes en los territorios conquistados, los mismo en los que desde entonces, cada año, resuena la llamada alborada.

Tales territorios (Comunas nororientales y noroccidentales, La Sierra, la Comuna 13…) fueron entre 1999 y 2003 auténticas zonas de combate a muerte por cuenta de la guerra del Bloque Metro versus el Cacique Nutibara. La disputa tuvo su origen casi desde la misma fundación del BloqueMetro, creado y liderado por Carlos Mauricio García Fernández, más conocido como Doble Cero. En 1998, cuando los paramilitares alcanzaron el control absoluto de la región de Urabá y el departamento de Córdoba, el estado mayor de las AUC encomendó a Doble Cero –un ex militar que se retiró del servicio en 1985 para convertirse en paramilitar ‘pura sangre’– copar el oriente, noreste antioqueño, el área metropolitana del Valle de Aburrá y la propia Medellín, creando múltiples frentes tanto rurales como urbanos. ‘“Doble Cero’ conformó las unidades móviles de Autodefensas en el Oriente, que luego se convirtieron en el Bloque Metro, un aparato militar que llegó a tener más de 1.500 hombres en armas y centenares de colaboradores en 40 municipios del Nordeste, Oriente Antioqueño y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, explica un fiscal de Justicia y Paz. El conjunto de tal estructura estuvo integrado por los frentes Chocó, Suroeste, Occidente, Nordeste, Héroes y Mártires de la Batalla de Santuario, Comandos de la Universidad de Antioquia y el Frente Urbano Rafael Uribe Uribe. Contó con bases militares fijas en los municipios de La Ceja y Guarne, y dos escuelas de entrenamiento, conocidas como “Perechón y Corazón”, en el municipio de San Roque. Se estima que el Bloque Metro alcanzó presencia en 70 por ciento de la geografía antioqueña.

“Doble Cero”, de mentalidad netamente contrainsurgente (decía no ser ‘paramilitar’ sino ‘autodenfesa’) se opuso al asocio de las AUC con narcos y esto le significó pasar a ser blanco de sus superiores, quienes estimaron que solo una alianza con el narco les permitiría triunfar en la guerra urbana, es decir, aniquilar a las milicias de las Farc, el ELN, a los Comandos Armados del Pueblo, y a las Milicias 6 y 7 de noviembre del Barrio La Sierra, además de doblegar a las temidas bandas de La Terraza y Los Triana. El Bloque Metro fue sumado a la lista de enemigos a exterminar. Y para tal propósito, el estado mayor de las AUC, respaldó a Don Berna y su BCN.

Fue una guerra feroz, con centenares de muertos y pobremente documentada: ‘Doble Cero’ fue asesinado en marzo de 2004 en Santa Marta, y los integrantes de su tropa que no terminaron asesinados fueron absorbidos por don Berna, pasando –en silencio– a ser parte del Bloque Cacique Nutibara. Este se desmovilizó en noviembre de 2003 con apenas 874 integrantes que de ninguna forma correspondían a la totalidad de sus miembros. Una buena cantidad de estos paramilitares continuaron en armas y pasaron a conformar el Bloque Héroes del Granada, a su vez desmovilizado en 2005. Así que la historia perdida del Bloque Metro está diluida entre fosas y entre las sucesivas desmovilizaciones de las estructuras que le sucedieron.

Actualmente la Fiscalía 20 de Justicia y Paz, responsable de esta estructura, procesa a 22 postulados “todos en calidad de Patrulleros, de los cuales uno se encuentra en etapa de versión libre y 21 tienen audiencia de imputación”, explica tal despacho. No se cuenta con ningún comandante u algún otro mando de responsabilidad superior. Hay 16.557 víctimas registradas que aguardan por la verdad, pero el pequeño grupo de postulados sólo ha confesado 393 homicidios, 54 desapariciones forzadas, 10 hechos de desplazamiento forzado, seis casos de reclutamiento ilícito y 18 de tortura. Eso es todo.

Lo que se conoce sobre el origen del Bloque Suroeste Antioqueño es lo que ha relatado en Justicia y Paz el llamado ‘canciller de las AUC’, Rodrigo Zapata, hombre de confianza de la Casa Castaño, y quien explicó que hacia el año 2000 Vicente, para entonces ya era amo y señor de Córdoba y de la región de Urabá, creó esta estructura para blindar uno de sus negocios: “Vicente alquilaba fincas por los lados de Girardota, Copacabana, Barbosa (al norte de Medellín) para descansar o para hacer reuniones. En una ocasión, estando en Barbosa, una facción de la guerrilla pretendía volar la finca para después cobrar la vacuna. Y hubo en enfrentamiento. Entonces, le pidió a (alias) Rodrigo Doble Cero que conformara un grupo para que mantuviera el control en esa zona. Así nació el frente Suroeste”, dijo Rodrigo Zapata.

Aunque por número de combatientes, entre unos 80 a 150 hombres, no fue una estructura grande (de hecho inicialmente fue conocida como frente), el Bloque Suroeste Antioqueño contó con su propia escuela de entrenamiento ubicada en la vereda Caracol del municipio de Angelópolis, y consolidó su terrorífica presencia con crímenes en todos los 23 municipios que integran la región de la que tomó su nombre. Justamente ese fue su accionar característico: los crímenes individuales y la desaparición de las víctimas en las aguas del río Cauca. Como explicó a Verdad Abierta Alexander Ocampo, el personero del municipio de Pueblo Rico en 2009 “No hubo casos muy sonados, pero hubo los famosos recorridos de la muerte, en los que en un mismo día, en sitios aislados, pero concatenados con un mismo accionar, perdían la vida, de forma violenta, algunas veces, hasta 10 personas”. Con excepción de la masacre de Urrao, la estela de horror del Bloque Suroeste la compone, fundamentalmente, el conjunto de crímenes individuales, cometidos hasta su desmovilización el 30 de enero de 2005.

Actualmente hay 4.749 víctimas que han acudido a la Fiscalía para registrarse en el proceso y exigir que los exparamilitares del Suroeste expliquen sus actos y les revelen qué fue de los desaparecidos. Sin embargo, apenas 251 homicidios han sido confesados por los postulados, además de 65 hechos de desplazamiento forzado, 6 reclutamientos y 19 torturas.

La dificultad para avanzar se debe a que hay tan sólo cuatro postulados respondiendo. En la ceremonia de desmovilización de esta estructura, celebrada en el corregimiento de San Gregorio, de Ciudad Bolívar, 125 combatientes entregaron las armas echándose de menos al comandante Alcides de Jesús Durango, alias ‘René’ y al segundo comandante Julián Rodas Londoño, alias ‘101’. Al final, de este bloque apenas 12 excombatientes fueron postulados a Justicia y Paz. Pero 8 fueron excluidos por renuencia. ‘101’ fue asesinado en tanto que ‘René’ –que está detenido– renunció a participar en el proceso de justicia transicional.

De acuerdo con la declaración de Rodrigo Zapata, lo más interesante y oculto tras el Bloque Suroeste es el tema de sus financiadores. De poder avanzar en ese tópico se revelaría quiénes fueron auspiciadores del paramilitarismo en Antioquia, cómo y por qué lo hicieron. El propio Zapata ha mencionado una serie empresas e individuos: entre estas: Concreto, Transportes Barbosa-Porcesito, Carbones San Fernando y Segurcol, y personajes como Santiago Uribe Vélez (hermano del expresiente), y los hermanos Gallón (procesados por el crimen de Andrés Escobar), entre otros.

Pero este propósito se escapa de las posibilidades reales que ofrecen los exparamilitares de este bloque en Justicia y Paz, pues los cuatro postulados vigentes son: “patrulleros o miembros rasos que han suministrado información de los lugares donde delinquían y las víctimas sobre las cuales cometían estos hechos ilícitos, han manifestado que la mayoría de ellas eran ejecutadas por ser guerrilleros, ser viciosos o expendedores de sustancias alucinógenas o por ser ladrones; por ende no han referenciado empresarios o ganaderos”, explica la fiscalía.

Los máximos comandantes ‘paras’ maquillaron esta estructura, renombrándola, para así ponerla al servicio del narcotráfico –a cambio de una suma hasta hoy desconocida–que la usó como túnel de entrada al proceso de paz contemplando beneficios jurídicos.

Para comprender el asunto conviene tener en cuenta que cuando los paramilitares ingresaron al departamento del Chocó y empezaron a asentarse, a finales de 1995, lo hicieron como parte de la “Casa Castaño”, y no tenían entonces denominación o nombre por bloques como se conoce hoy. Los “paras” que arribaron allí para organizarse y expandirse fueron conocidos como Frente Mineros, pues eran financiados por los mineros de la región, concentrados en Istminas, quienes habían acudido ante Vicente Castaño solicitándole seguridad contra la insurgencia. Por otra parte, desde 1996, el mismo Castaño desplegó otra estructura en las costas chocoanas y esta fue conocida como Frente Pacífico. A la suma de estas y otras estructuras fue a lo que Vicente Castaño denominó poco antes de la desmovilización, en 2005, como Bloque Pacífico–Héroes del Chocó, cuyo súbito comandante resultó ser el narco Francisco Javier Zuluaga Lindo, más conocido como ‘Gordo Lindo’.

La venta de esta franquicia fue una operación tan burda que Ever Veloza, alias ‘HH’, comandante del Bloque Calima, se negó a desmovilizar sus hombres conjuntamente con los del chocó, con “Gordo Lindo” posando de comandante. Nadie quería hacerse la foto con ese narco pura sangre, ni los propios ‘paras’ rasos que auténticamente provenían de las estructuras del Chocó, por ello esta desmovilización fue aplazada reiteradamente y terminó realizándose por partes: la primera el 23 de agosto de 2005 en Istmina, cuando hicieron dejación de sus armas 150 hombres (entregaron 144 fusiles), bajo el mando auténtico de Luis Eduardo Echavarría Durango, alias ‘Jhonatan’, quien sería asesinado en 2009. La segunda, dos días después en el corregimiento de Santa Fe del Ralito, en Córdoba, cuando ‘Gordo Lindo’ depuso un fusil que tal vez nunca usó, acompañado de 208 personas “recicladas”, muchas que no se conocían entre sí. “Con ‘Gordo Lindo’ también se desmovilizaron un grupo de hombres orgánicos de la Casa Castaño. Es decir: venían 60 de San José de Palmar, 40 o 60 de Héroes de Volador, mas unos jóvenes que habían participado en las autodefensas y que eran históricos del grupo pero que en ese momento no estaban perteneciendo a las autodefensas, porque cuando el Comandante (Carlos) Castaño desapareció, quedaron huérfanos de comandante y se acercaron a “GORDO LINDO”. También se desmovilizaron con él unas mujeres que trabajaban en los radios de comunicaciones y en las puntas”, se lee en un informe reservado de la Fiscalía.

Por cuenta de los engaños y los retorcidos procedimientos en el proceso de desmovilización, no son muchas las posibilidades de reconstruir la verdad y hallar a los genuinos responsables de las actuaciones del paramilitarismo en Chocó. Inicialmente la Fiscalía contaba con 13 postulados del llamado Bloque Pacífico–Héroes del Chocó, sin embargo 5 fueron archivados porque no hubo ratificación de querer estar en el proceso, 3 cuentan con preclusión por muerte y otros 3 fueron excluidos por renuencia (el propio Gordo Lindo fue extraditado). Así que hoy se cuenta con apenas 2 postulados mientras que, del otro lado, hay 2.204 víctimas requiriendo respuestas. Sólo seha logrado la confesión de 128 homicidios.