¿Qué develan las verdades de Ramón Isaza?

El proceso de justicia con el más veterano comandante paramilitar –y sus lugartenientes– arroja conclusiones de gran calado. Una de ellas es la necesidad de establecer las asociaciones de la Fuerza Pública con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

Ramón Isaza durante una de sus versiones libres ante la Fiscalía de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Corre el año 1961 y Ramón María Isaza Arango es un joven de 21 que está terminando su servicio militar en el Ejército, adscrito a la zona de Florencia, Caquetá, y posteriormente al Huila. El joven ha participado en combates contra alias ‘Tirofijo’ mostrando gran disposición en acabar con la guerrilla, por ello ¬–a manera de despedida y bonificación– el último día en las filas oficiales, un coronel le regala una escopeta: como un guiño a su trabajo y para que defienda a su familia. Más de medio siglo después, con 75 años, Ramón Isaza, mejor conocido como ‘El Viejo’, es el creador de una estructura paramilitar cuyos crímenes se cuentan por centenares, probablemente miles.

Nunca se sabrá el número exacto. Por décadas Isaza y sus hombres sembraron las tierras del Magdalena Medio de cadáveres y arrojaron a los ríos otra cantidad incalculable. Aunque desde que se desmovilizó, en 2006, pasa sus días tratando de precisar qué fue de esta o aquella víctima, y explicando ante los tribunales de Justicia y Paz cómo fue que logró conformar su propio Ejército, ni el tiempo ni la memoria han sido suficientes para abarcar su océano criminal. No obstante, tras casi una década de colaboración con la justicia, de los relatos de Isaza, del conjunto de hechos que se le atribuyen y de lo aceptado por él, se desprenden varios tópicos determinantes para la memoria histórica del país y para documentar la barbarie paramilitar.

Matar era su pan de cada día

Ramón Isaza y varios jefes de las Auc, con el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. Foto: archivo Semana.Ramón Isaza lucha contra el sueño durante las audiencias donde la Fiscalía da cuenta de cada uno de sus crímenes, y la mayoría de susbrevísimas intervenciones en dichas diligencias es para aceptar, sin más, la responsabilidad. La magistratura se ha abstenido de legalizar varios asesinatos aceptados, recordando que el compromiso de los postulados con la verdad debe ir más allá de la simple aceptación de autoría.

El rutinario ejercicio es, en el fondo, un buen reflejo de la realidad que instauraron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM): la muerte como instrumento cotidiano. Mataron a destajo. Sin preguntas, ni control, ni clemencia. Con masacres y al de tal. A Aldemar Cruz Medina lo sacaron amarrado de su casa en Fresno,Tolima, y lo asesinaron con tres disparos en la cabeza porque “robaba aguacates y gallinas”. Ezequiel de Jesús Toro, de 38 años, fue acribillado por tener problemas mentales que le hacían incurrir en comportamientos “inadecuados” como llevar los pantalones caídos a la rodilla. El 4 de agosto de 2004 a las 6:50 de la mañana a Efrén Hernando Rincón le dispararon cuando montaba en bicicleta cerca de Villeta. El 9 de septiembre de 2003 Jhon Ferned Niño iba en su motocicleta en Guaduas, Cundinamarca, cuando fue capturado, asesinado y luego arrojado al río Magdalena. Yosimili Silva Melo transportaba a un grupo de niños en una ruta escolar cuando fue interceptado por varios hombres, uno de estos entró al automotor y le propinó dos tiros mortales.  En enero de 2003 ocho hombres aficionados a la caza deportiva se adentraron en las montañas de Armero Guayabal, Tolima, días después otros dos hombres y una mujer acudieron para recogerlos como lo habían acordado. Las once personas desaparecieron. Un par de semanas después autoridades militares hallaron en la zona cuatro fosas no con los once cadáveres: con doce, uno adicional. Y evidencia física de que la mujer había sido violentada sexualmente. Jonathan Adalberto Ramírez Carmona tenía 16 años cuando fue declarado “objetivo militar” por las ACMM. Para salvar su vida tuvo que integrarse al grupo, tras cuatro años de servir como combatiente, hizo parte de la desmovilización colectiva en 2006. Al siguiente año desapareció sin que se tenga más noticia de él. A Iván Andrés Aránzazu, de 16 años, le dispararon desde una motocicleta cuando iba en camino a ver un partido de fútbol en Fresno; a Juan Carlos Pabón Sandoval lo torturaron y asesinaron de varios disparos en el cráneo tras negarse a jugar un partido de fútbol callejero con un equipo en La Dorada, Caldas.

Es apenas una galería breve del crimen como el pan de cada día, la cotidianidad impuesta por las ACMM por tres décadas (1977-2006), con Ramón Isaza a la cabeza. Desde su desmovilización, la Fiscalía ha llevado a cabo un centenar de audiencias conjuntas e individuales con los postulados de esta estructura. Allí se han perfilado cerca de 7 mil hechos de los cuales ya han sido decantados mil como hechos confesados, en su mayoría asesinatos, desapariciones, reclutamientos, masacres, violaciones y desplazamientos forzados.

El 29 de mayo de 2014 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profirió la primera sentencia parcial contra Isaza y sus principales lugartenientes en la que resultaron condenados a la pena alternativa de 8 años de cárcel, siempre que colaboren eficazmente con la verdad y la reparación. Pero el fallo (de 613 páginas) apenas incluye 100 hechos confesados. Es decir, una mínima parte. En síntesis, por sí solo el proceso frente a las ACMM demuestra que el país no ha logrado elaborar una fórmula judicial que soporte el alud de muertos que se desprende del fenómeno paramilitar.

Más que unguiño de la fuerza pública

En el corregimiento La Merced, del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, Isaza desmovilzó a 990 integrantes de las ACMM Foto: archivo Semana.Aquella escopeta que recibió de un coronel del Ejército a sus 21 años, fue incentivo recurrente a lo largo de la carrera paramilitar de Isaza. No es simple coincidencia que –tras concluir el servicio militar y dedicarse por algunos años al campo siendo víctima de robo y extorsión por parte de la guerrilla– Isaza haya decidido crear en 1977 su primer grupo estable de “autodefensas puras” al que bautizó “Los Escopeteros”. Y según su propio relato a la Fiscalía “las 8 escopetas calibre 12, fueron entregadas con salvoconducto y sin dificultad en la 4ª Brigada del Ejército Nacional para los ganaderos víctimas de extorsión”. Esa fue la génesis del paramilitarismo en el Magdalena Medio antioqueño, iniciativa que fue “modelo” replicado en el país. Y desde ese momento, pasando por la expansión y el momento cumbre del paramilitarismo, hasta su desmovilización, los constantes nexos entre tal fenómeno y la fuerza pública demuestran que más que a sus espaldas, el paramilitarismo contó con su respaldo. Amén del apoyo del narcotráfico. Los nexos se tejieron aprovechando la legalidad que amparó por años a organizaciones de seguridad y vigilancia privada: las “autodefensas”.  

La única sentencia que hay en los tribunales de Justicia y Paz contra Isaza, como comandante máximo de las ACMM, y cuatro subalternos suyos, sostiene que el crecimiento de los paras “tuvo en algunas regiones aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército”, señala que en la justicia existen “múltiples decisiones” al respecto, y recuerda la declaración judicial del ex teniente del Ejército Luis Antonio Meneses quien afirmó que la inteligencia militar del Batallón Charry Solano reunió en 1987 los movimientos de autodefensas campesinas bajo su control organizando una reunión con los líderes en esta sede militar “de donde surgió una junta nacional de autodefensa, compuesta por líderes de 8 regionales cuya función era promover el sistema de autodefensas y coordinar con el Ejército operaciones”.

También da testimonio de la coordinación de los paras con la Fuerza Pública, en momentos más recientes, Víctor Alfonso López quien era un niño de 14 años cuando fue integrado a las filas del Frente Omar Isaza en 2001. Tras ocho meses de adiestramiento y trabajo con el FOI en la zona de Pensilvania, Caldas, su comandante lo envío al Batallón Ayacucho (Manizales). Según López, allí fue recibido por el coronel “Beltrán” o “Bernal”, quien lo usó como guía de tropas contra-guerrilleras en el área rural de Pensilvania por varios meses, participando en combates con uniforme y dotación que le suministró el Ejército. En 2001, al mando del Batallón Ayacucho se encontraba como encargado el coronel Ricardo Bernal Peña, coincidencia que está siendo investigada por la Fiscalía.

Una de las atrocidades de mayor resonancia de las ACMM es la masacre en la vereda La Esperanza, El Carmen de Viboral, Antioquia, entre junio y diciembre de 1996. Allí 17 pobladores, incluyendo tres niños, fueron desaparecidos, además del asesinato del Personero Helí Gómez Osorio, quien denunciaba formalmente que las desapariciones eran ejecutadas por las ACMM en complicidad con el Ejército Nacional. Los sobrevivientes han llevado el caso hasta la Corte Interamericana donde insisten en que la Fuerza Pública tuvo participación.

Siendo comandante máximo, “El Viejo’ dijo en una entrevista en 1997: “Desconozco que haya habido desapariciones de campesinos, porque lo que sucede es que las autoridades identifican con esa palabra a los guerrilleros”. Y una década después, en su último día como comandante de las ACMM, cuando se le preguntó por la masacre de La Esperanza y los vínculos con el Ejército en el acto de desmovilización, aseguró: “Esa región del oriente antioqueño la manejaba un hijo mío. Él no me consultaba, no me decía nada, estaba trabajando con un mando superior de la región que era el general Manosalva. Y en esa región, aquí abajo, había un mayor Hernández. Manosalva era el que les decía qué hacían”. El hijo al que hacía referencia fue Omar de Jesús Isaza, alias ‘Teniente’, su mano derecha hasta su muerte en 1998 (ver recuadro: La guerra, la familia). Y, para la Fiscalía, el general en mención es Alfonso Manosalva Flórez, quien para la época de los hechos era comandante de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín.

Reiteradamente Isaza ha respondido que quien conocía y podía dar cuenta sobre la participación del Ejército con las ACMM era su desaparecido hijo. Y lo propio han dicho los demás postulados de esta estructura. Una respuesta tan poco creíble para muchos, como comprensible para otros. VerdadAbierta.com preguntó a uno de los abogados de confianza de Isaza si aún quedaban grandes verdades por confesar, y su respuesta fue: “Por mi seguridad prefiero no decir nada al respecto”.

Las víctimas un paso adelante

Isaza a la salida del Búnker de la Fiscalía en Bogotá. Foto: archivo Semana.Cuando las ACMM se sometieron a la Justicia Transicional y empezaron a contar sus crímenes ante la Fiscalía, a través de audiencias de versión libre, apenas un puñado de víctimas participó en tales diligencias. El pánico imponía el silencio general. Pero poco a poco el temor fue perdiendo terreno frente a las personas.

Jenny Castañeda Mejía fue una de esas víctimas presente desde el comienzo. Su madre, Damaris Mejía, fue una destacada líder comunitaria asesinada por orden de Ramón Isaza en 2001. Jenny ha luchado desde ese momento para que el crimen no quede en la impunidad y su ejemplo dio pie para que cientos de víctimas se involucraran. “Invité a un grupo de diez víctimas, que fuimos los primeros participantes. Íbamos a las audiencias con temor, pensando que tal vez no volveríamos a casa… Pero la gente empezó a ver que participando se lograba que los postulados reconocieran los hechos, entonces invitamos a más personas que se sumaron, y luego se multiplicaron”.

El empoderamiento de las víctimas frente a los ex comandantes de las ACMM fue notable en marzo de 2014 cuando se realizó una audiencia colectiva en Puerto Triunfo, Antioquia, territorio que fue por años la sede central de esta estructura paramilitar.330 personas tuvieron un cara a cara con Ramón Isaza y tres comandantes más, quienes durante dos días le pidieron perdón a la comunidad y trataron de aclarar las dudas de decenas de víctimas. La movilización de las víctimas ha propiciado el conocimiento de cientos de casos. Por ejemplo, el de la isla: un territorio en medio del río Magdalena, a donde los ‘paras’ confinaron a decenas de habitantes de La Dorada y otros pueblos aledaños, obligándoles a realizar trabajos forzosos. Otro de los tantos hechos por los que también han pedido perdón.

“Cada víctima tiene su dolor, y aún más en esta región donde los casos de desaparición son mayoría. Pero yo, en mi caso particular, me siento reparada. Ramón Isaza y los otros comandantes han dicho reiteradamente que se arrepienten por el daño que me causaron, que reconocen que mi madre era una gran mujer, y me han pedido perdón pública y privadamente”, concluye Jenny, quien es Coordinadora de la Mesa de Víctimas de Puerto Triunfo. La entereza de las víctimas y el compromiso de los postulados parecen estar abriendo el difícil camino a la reconciliación. Tal como lo señala el informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica: “La reconciliación o el reencuentro que todos anhelamos no se pueden fundar sobre la distorsión, el ocultamiento y el olvido, sino solo sobre el esclarecimiento”.