El más reciente informe del CNMH analiza cómo fue el proceso de desarme y reinserción de los paramilitares que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia. A pesar de sus duras conclusiones, arroja luces para los posibles procesos con las Farc y el Eln.
La desmovilización de las Auc frenó una gran ola de violencia, pero combatientes que no se acogieron al proceso de paz que concluyó en 2006, volvieron a tomar las armas y siguen dejando víctimas a su paso. Foto: archivo Semana.El próximo 25 de noviembre se cumplirán 12 años de la desmovilización del primer bloque de las Auc que se acogió al proceso de Justicia y Paz, luego de negociar con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Ese día, el Bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, desmovilizó a 868 combatientes en Medellín. A partir de ese momento y durante tres años, hizo lo mismo la mayoría de bloques y frentes que conformaron esa federación contrainsurgente, hasta alcanzar la cifra de 31.671 desmovilizados.
Por estos días, además, los avances en el proceso de paz que desarrollan el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc en Cuba, hacen pensar en otra inminente desmovilización masiva. El primer mandatario de los colombianos anunció el pasado mes de agosto que el acuerdo de paz se firmará en marzo del año entrante y que dos meses después las Farc empezaran a dejar las armas. Y como muestra de la buena salud que goza la negociación, en días pasados dijo que se podría dar un cese al fuego bilateral a partir del próximo 1 de enero.
Y como si fuera poco, se especula que en los próximos días se establecerá formalmente una mesa de negociación con la guerrilla del Eln, que podría conducir a otra desmovilización. Si ambos procesos llegan a buen puerto, el país tendría que afrontar el reto de lidiar con la reintegración a la sociedad civil de alrededor de 30 mil hombres que durante décadas se prepararon para hacer la guerra.
En medio de esa coyuntura y de la posibilidad de que el país entierre definitivamente una guerra que lo ha desangrado durante 50 años, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicó el informe Desmovilización y reintegración paramilitar: panorama posacuerdos con las AUC, que examina rigurosamente cómo fue el proceso de dejación de armas de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006, determinando logros y fracasos, que serán de mucha utilidad para el devenir de los procesos de paz con las Farc y el Eln.
Haga clic en la portada para descargar el informe.Álvaro Villaraga, director del programa Acuerdos de la Verdad del CNMH -al que deben comparecer los desmovilizados que no cometieron crímenes de lesa humanidad para contar sus acciones durante el conflicto armado- y autor del informe, aclara que aunque los procesos de las Farc y de las Auc son de diferentes naturalezas, se deben evitar cuatro errores principales que ocurrieron durante la reintegración de los paramilitares.
En diálogo con VerdadAbierta.com, Villarraga explicó que el mayor problema del proceso con las Auc fue la falta de transparencia de ambas partes. De los paramilitares porque inflaron las cifras de combatientes para tener mayor peso en las negociaciones, y del gobierno porque no tuvo una política pública definida frene a quiénes se iban a desmovilizar. “Los paramilitares eran en realidad entre 14 mil y 16 mil efectivos, pero se permitió más de la duplicación de personas y se desmovilizaron31 mil. El Alto Comisionado de Paz hablaba genéricamente de una tolerancia de hasta 40% de la población cercana, bajo el riesgo de que podían ser judicializados, pero eso es un error”, señaló, y al mismo tiempo advirtió que en la actual negociación, las Farc y el gobierno deben definir cuál será el tratamiento para los exguerrilleros, los exmilicianos, sus familiares y las comunidades del entorno donde ejercen presencia.
Otro problema que detectó fue el prolongado periodo de tiempo en el que se dieron las desmovilizaciones de los grupos paramilitares. “Esto da unos márgenes de incertidumbre muy grandes. Los informes de la MAPP/OEA fueron estableciendo como en el lapsus tan prolongado de tiempo se presentaron fenómenos como desplazamiento de estructuras no desmovilizadas a regiones donde otras ya se habían desmovilizado, manejo de armas entre los grupos y nuevos hechos de victimización”, indicó. Al respecto, el informe cita cifras de la Comisión Colombiana de Juristas, que indican que 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas por grupos de autodefensas durante el proceso de negociación y desmovilización, pese a que estuvo condicionado a un cese de hostilidades.
Otro inconveniente es que no se generaron medidas de atención para las víctimas ni para las comunidades a las que llegaron. “Esa situación resintió mucho porque la población exparamilitar recibía una serie de beneficios del Estado -que está bien por los acuerdos alcanzados-, pero en contraste, no había atención para las víctimas. Durante cinco años se cuestionó ese tratamiento diferenciado para los exparamilitares, fue desde 2006 hasta que se creó la Ley de Víctimas”, explicó. Para evitar esta situación es importante que también se dediquen proyectos productivos para las regiones más afectadas por el conflicto, en donde se dan actividades ilegales como la siembra de cultivos de uso ilícito y la minería.
El último error fue no evitar el rearme, pues puso en riesgo tanto a la víctimas y la garantía de no repetición de la violencia, como a los desmovilizados que quieren reincorporarse a la sociedad civil. “En las desmovilizaciones del M-19 y del Epl los niveles de reincidencia fueron menores del 10%. En contraste, las desmovilizaciones paramilitares tuvieron niveles de reincidencia altos: entre el 20% y el 30%. Eso le quita legitimidad al proceso, crea tensiones y fomenta hechos de violencia”, indicó. De este modo, poco tiempo después de la desmovilización de las Auc, surgieron nuevos grupos armados con personas que no entregaron las armas y con desmovilizados que decidieron regresar a la ilegalidad.
Aparte de los errores identificados por Villarraga, el informe hace hincapié en que el proceso de las Auc fue improvisado y carente de políticas públicas que brindara mejores condiciones para los desmovilizados y las víctimas del paramilitarismo.
“En la negociación con las AUC casi no existió claridad sobre las estructuras que realmente existían y se produjeron creaciones, recomposiciones, confrontaciones armadas entre las estructuras, negociaciones de poder e incluso las llamadas “venta de franquicias” que se atribuye a narcotraficantes que ingresaron en calidad de jefes y voceros en el curso de la negociación con el gobierno. No existió realmente un período de concentración previa sino la llegada pocos días previos al acto de desarme y desmovilización. Incluso, aunque formalmente se preveían al menos tres semanas de concentración de los efectivos, con frecuencia no sucedió así. Esta situación sumada a las desmovilizaciones progresivas facilitó la duplicación de los efectivos reales, acompañada de los hechos denunciados de vinculaciones irregulares”, dice el informe.
Las Bacrim
Las bandas criminales están dedicadas a la captura de rentas ilegales, pero siguen afectando a la población civil que ha llevado encima el peso del conflicto armado. Recientemente, la expansión de los Urabeños ha afectado a comunidades en Chocó y el Urabá antioqueño. Foto: archivo Semana.Además de analizar cómo fue el proceso de dejación de armas de los paramilitares, el informe le dedica varios capítulos a las bandas criminales (Bacrim), nombre con el que el gobierno de Álvaro Uribe bautizó a los grupos armados que surgieron tras la desaparición de las Auc. Sobre este nuevo actor armado, establece que surgió por el carácter parcial y las irregularidades de las desmovilizaciones ocurridas entre 2003 y 2006.
Define que la desmovilización no permitió “la superación cabal y efectiva del complejo fenómeno paramilitar, sino a la afectación de sus estructuras armadas. De tal manera, los grupos armados ilegales que suceden a las AUC surgieron en distintas regiones como expresión de continuidad de formas de protección y control que se relacionan con intereses entretejidos entre economías ilegales -especialmente cocalera- y legales y de interferencia y participación en poderes públicos. Ofrecen seguridad privada e interfieren o controlan entes oficiales presentes en su ámbito, por lo que se resisten a la vigencia del Estado constitucional”.
A partir de sus disputas por control territorial y fuentes de financiación, las Bacrim se convirtieron en las principales responsables de violaciones de derechos humanos. Según el banco de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), ocurrieron 1.132 hechos victimizantes atribuibles a estos nuevos grupos armados en 2010, 2.109 en 2011, 1.839 en 2012, 916 en 2013 y 875 en 2014. De acuerdo con los análisis del informe CNMH, los picos de violencia en 2010 y 2011 están relacionados con las fuertes disputas que se dieron entre Los Rastrojos, Los Paisas y Los Urabeños en diferentes regiones del país; y en los años siguientes mermaron por la consolidación de hegemonías y acuerdos.
Villarraga considera que a pesar de que las Bacrim están conformadas por paramilitares que no se desmovilizaron y por otros que volvieron a delinquir, no se puede decir que el fenómeno del paramilitarismo sigue vigente. “Nos encontramos en una situación intermedia: hay rasgos del paramilitarismo que permanecen y otros que se han debilitado. Hay un poder narcotraficante de control de otras economías, de acceso a control del poder público y de coerción social, que es propio del fenómeno paramilitar y permanece; pero en conjunto es una fase más degradada y desarticulada del paramilitarismo, el fenómeno se ha deslegitimado. Ya no están las Auc y no tienen todo es control territorial que tuvieron. También se debilita el discurso antisubversivo”, indicó.
