Los juicios contra ‘Karina’ y ‘Martín Sombra’ han servido para reconstruir la historia y algunos crímenes de las Farc. ¿Qué pasará con ese expediente?
Elda Neyis Mosquera, ‘Karina’, y Elí Mejía, ‘Martín Sombra’, están siendo procesados por los tribunales de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.
La Jurisdicción Especial de Paz acordada en La Habana en septiembre de este año, que se implementará una vez se firme el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, no será el primer escenario en el que los guerrilleros se sienten ante un tribunal para contar las terribles verdades del conflicto armado que ha vivido Colombia en las últimas cinco décadas. Desde hace varios años Elda Neyis Mosquera, ‘Karina’, y Elí Mejía, ‘Martín Sombra’, están siendo procesados por los tribunales de Justicia y Paz en calidad de desmovilizados individuales.
‘Karina’ ingresó a las Farc en el Urabá antioqueño en 1984, siendo muy joven. Rápidamente se destacó en el combate y en las lides militares, lo que la llevó a convertirse en la primera mujer de las Farc en ser comandante de un frente, en este caso el 47, que opera en el Oriente antioqueño y pertenece al Bloque Iván Ríos. El nombre de ‘Karina’ está asociado a tomas de pueblos, muertes de civiles, torturas y secuestros. Por eso desde que se desmovilizó, en 2008, ha estado vinculada al proceso de Justicia y Paz.
Por su parte, ‘Martín Sombra’ ingresó a las filas insurgentes siendo un niño, luego de que su padre fuera asesinado en los episodios de la violencia liberal-conservadora de los años 50. Primero estuvo en el Magdalena Medio y luego en el Bloque Oriental, y a lo largo de los más de 40 años que estuvo en las Farc fundó por lo menos 10 frentes. Fue un hombre de total confianza de Manuel Marulanda, al punto que en el momento más crítico de la guerra, cuando se rompieron los diálogos de El Caguán, fue encargado de custodiar a un centenar de rehenes y prisioneros de guerra. Pero en 2008 fue capturado por la Policía y acogido en Justicia y Paz en virtud de la verdad que podía aportar para las miles de víctimas de esa guerrilla.
Aunque jugaron papeles destacados dentro de las Farc, ni ‘Karina’ ni ‘Sombra’ hicieron parte del Estado Mayor Central ni del Secretariado. Por eso ni ellos ni los cerca de 300 desmovilizados de ese grupo que también comparecen ante los tribunales han aportado suficiente información sobre los hechos cometidos por esa guerrilla. En parte, porque en las Farc la información es muy compartimentada y solo los mandos superiores pueden tener un panorama completo de lo que ocurre. En tal sentido, habrá que esperar a que se cree la Jurisdicción Especial de Paz, pactada en La Habana, en el marco del proceso de paz, para que los jefes guerrilleros que acudan a ella aporten, como está contemplado en el acuerdo, una verdad exhaustiva y detallada.
Aún en medio de estas limitaciones, los fiscales y jueces de Justicia y Paz han logrado identificar aspectos claves sobre el origen del grupo, su modus operandi, su estructura, las víctimas que pudieron haber dejado y algunas explicaciones sobre sus actuaciones y el contexto en el que estas se produjeron. Este será sin duda un punto de partida para la verdad y la justicia que vienen. Este análisis de VerdadAbierta.com hace parte del especial ‘¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz?’.
Elí Mejía, ‘Martín Sombra’, en un encuentro con Clara Rojas, secuestrada por las FARC en 2002. Foto: archivo Semana.
Las confesiones claves
En 2013, ocho años después de proferida la Ley de Justicia y Paz, sólo había 14 sentencias contra jefes paramilitares y ninguna contra guerrilleros de las Farc. En ese momento, la Fiscalía decidió que no investigaría caso por caso ni persona por persona sino que se concentraría en macro-estructuras y 16 máximos responsables. Dos de ellos eran de las Farc: ‘Karina’, cuyo proceso incluyó a 111 desmovilizados de los Frentes 5 (de Urabá) y 47 (Sur de Antioquia) del Bloque Iván Ríos, y ‘Martín Sombra’, con cerca de 125 guerrilleros rasos del Bloque Oriental.
El proceso contra ‘Karina’ y sus hombres incluía más de 150 delitos que dejaron al menos 1.300 víctimas. Ella confesó, entre otros hechos, las desapariciones cometidas por el Frente 47, bajo su mando, y ha dado información sobre 42 fosas, aunque no todas han sido encontradas hasta este momento. También ha denunciado el reclutamiento ilícito de 74 menores de edad y el fusilamiento de por lo menos 18 de ellos en Nariño, Antioquia.
Los fusilados por las Farc en el Oriente antioqueño
Al respecto, ‘Karina’ dijo que “en Urabá (donde antes ella operaba) no había fusilamientos como en el Frente 47 y 9”. En su versión indicó que Jesús Mario Arenas Roja, alias ‘Marcos’, dio la orden de ejecutar a todas las “relajadas”. Es decir, las niñas y mujeres que tenían varias relaciones sexuales con guerrilleros diferentes. También relató cómo eran tratadas las mujeres en las filas guerrilleras y aseguró que sí hay discriminación pues están prohibidos los embarazos y la promiscuidad. Además deben tener alguna relación para evitar ser atacadas o abusadas sexualmente. Sin embargo, ella ha insistido en que asociarse con los comandantes jamás ha sido una política impartida por las Farc.
Una de las verdades que todavía no se ha aclarado es cuál fue la participación de esta exguerrillera en la masacre de La Chinita, cometida por el Frente V de las Farc en 1994 en Apartadó (Antioquia), y que dejó 35 muertos y 17 heridos. Esta matanza tenía como blanco a un grupo de desmovilizados del Ejército de Liberación Popular, Epl. El Tribunal de Medellín de Justicia y Paz ha indagado sobre la responsabilidad de ‘Karina’ en estos hechos, pues para la época pertenecía a ese frente. Incluso, le llamó la atención a la Fiscalía para que se le acuse. Sin embargo, esto no ha ocurrido hasta ahora a pesar de que uno de los fiscales anteriores sí lo había planteado.
“Desde que inició el proceso con el Bloque Iván Ríos, han cambiado seis veces de fiscal y como cada uno llega a conocer desde el principio todos los delitos, esto se convirtió en la repetición y en retraso de la verdad y la reparación”, denunció Jaime Restrepo, asesor de ‘Karina’ y abogado de los exguerrilleros Daniel Sierra, alias ‘Samir’, y Nicolás Montoya, alias ‘Manicortico’.
A ‘Martín Sombra’, por su parte, se le imputan 230 hechos con alrededor de 2.000 víctimas. Sus versiones han sido claves para que la Fiscalía construyera un análisis de contexto para entender a las Farc. Sombra habló de los 15 cambios de jefes que ha tenido el Estado Mayor Central en las últimas décadas; describió las Conferencias que se han hecho a lo largo de su historia; reconstruyó la estructura organizativa general del grupo. Sus confesiones también permitieron la exhumación de nueve cuerpos que estuvieron enterrados desde 1983 y la identificación de decenas de bienes supuestamente de las Farc en los departamentos de Meta y Caquetá. Especialmente algunas tierras baldías cuya recuperación anunció el Gobierno hace unos meses, medida que ha generado gran controversia.
‘Martín Sombra’ reconoció su participación en varias tomas a bases militares como la de El Billar, o de pueblos como Puerto Rico y La Uribe. Otra fue la toma de Mitú, Vapués, en la que las Farc mataron a un centenar de policías y secuestraron a 61, dentro de ellos al entonces teniente Luis Mendieta, el subintendente John Frank Pinchao, el capitán Julián Ernesto Guevara y el intendente Luis Hernando Peña.
También habló sobre su papel como carcelero de los rehenes, secuestrados y prisioneros que duraron por lo menos una década en poder de las Farc. Al respecto, aún hay muchos hechos sin esclarecer. Uno de ellos son las circunstancias en las que murió Guevara durante el cautiverio y el destino que corrió Peña, quien nunca regresó ni vivo ni muerto.
“Queremos claridad. Ellos (los guerrilleros) dejaron morir a Guevara por falta de asistencia médica cuando él la necesitaba por su enfermedad y sobre Peña, ‘Martín Sombra’ siempre ha dicho que se lo entregóal ‘Mono Jojoy’ y que no sabe más de él. Pero fue quien lo sacó y quien ordenó ponerle doble lazo y doble cadena. Que diga si está vivo o muerto y, de ser el caso, que la guerrilla entregue los restos”, manifestó el general Luis Mendieta, compañero de cautiverio de los dos policías. Según él, todavía faltan explicaciones sobre cómo la guerrilla fusiló a civiles durante la toma de Mitú.
Según las cifras del Sistema de Información de Justicia y Paz, el total de víctimas de las Farc registradas es de 39.447 y una persona pudo haber sido víctima de varios delitos.
Concentrarse en las estructuras
Las declaraciones de los exguerrilleros, especialmente las de ‘Martín Sombra’, sirvieron para establecer el nuevo modelo en el que la Fiscalía investiga los casos que van a la justicia transicional. Los relatos de los hechos, desagregado por tipos de delitos como reclutamiento, desplazamiento o desaparición, llevaron a la Fiscalía a concluir que era necesario concentrarse en los bloques y no solo en los individuos, y a establecer patrones de criminalidad.
“Hicimos la solicitud de acumulación de todas esas actuaciones que venían de forma aislada para poder demostrar de una mejor forma el patrón. Entonces los vacíos que hubiesen con relación a esos dos máximos responsables (‘Karina’ y ‘Martín Sombra’) se llenarían a través de la macroestructura Farc”, detalló Carlos Villamil, director de Justicia Transicional de la Fiscalía, la institución donde estaba toda la información correspondiente a esta guerrilla hasta que, en marzo de este año, pasó a la Unidad de Análisis y Contexto también del Ente Investigador.
En el caso de las Farc, la Fiscalía se concentró en seis crímenes de guerra y de lesa humanidad: el secuestro, el reclutamiento ilícito, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la violencia basada en género y los medios y métodos de guerra ilícitos ejecutados por el grupo armado. También observaron los modus operandi característicos de esta guerrilla como la toma a poblaciones y el uso de cilindros bomba y minas antipersonales. Además se creó un mecanismo de intercambio de información entre la Fiscalía y entidades públicas y privadas como el Ministerio de Defensa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y Cifras y Conceptos, entre otros.
La reconstrucción de los hechos en los que han participado las Farc tiene varias fuentes. Una es la versión de los postulados, pero otra son los más de 20 computadores incautados a la guerrilla en bombardeos o ataques a campamentos. Allí se han encontrado documentos internos de las Farc que van desde cartillas de salud hasta su código de justicia, las instrucciones para hacer una toma o como tratar a un secuestrado. Otra fuente han sido los testimonios de miles de desmovilizados que no están en Justicia y Paz y que han dejado las armas desde 1991.
El resultado de todo este trabajo es un extenso informe que hace una radiografía completa de las Farc; su evolución y un balance inicial de los delitos cometidos por esta guerrilla, discriminados por región, por año y por las causas. Este documento de 600 páginas era la materia prima que tenía la Fiscalía para hacer una amplia imputación a los miembros del Estado Mayor y del Secretariado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, cuando en septiembre pasado se dio a conocer el acuerdo que creará la Jurisdicción Especial de Paz, como parte de la finalización del conflicto armado con las Farc, el fiscal Eduardo Montealegre decidió suspender los más de 11 mil procesos que tiene contra esta guerrilla y anunció que todo el expediente será trasladado a la nueva jurisdicción. Lo único a lo que aspiran los magistrados y fiscales de Justicia y Paz es que esta nueva instancia no desconozca lo que se ha avanzado en estos años.
El proceso contra ‘Karina’ y sus hombres incluía más de 150 delitos que dejaron al menos 1.300 víctimas. Foto: archivo Semana.
Verdad por regiones
El análisis de contexto que hace la Fiscalía permite diferenciar a las Farc, según la región. No es lo mismo hablar de la guerrilla en la costa Caribe, donde dominaban las Auc, a analizar su despliegue en el sur del país, donde tuvo su mayor crecimiento y dominio. El documento además permite conocer con exactitud cómo operaban los frentes en cada región; cuáles han sido sus índices de criminalidad; por qué existía más violencia en unos departamentos que en otros; dónde se afectaron más sectores como el petróleo, la ganadería, la minería y por qué.
En consecuencia con este panorama, a finales de 2014 la Fiscalía intentó reunir todos los procesos de las Farc en el Tribunal Superior de Medellín en un solo macro-proceso. Se trataba de que una misma sala y los mismos magistrados imputaran a 170 postulados de los cinco bloques y los dos comandos conjuntos guerrilleros. Las Farc son “una única estructura ilegal armada que actúa con unidad de cuerpo y de mando, con presencia en todo el territorio Nacional, pues a pesar de encontrarse en distintas ubicaciones geográficas, todos deben atender el plan o política criminal trazado y diseñado por el Estado Mayor (…)”, explicó el Ente Investigador al pedir el mega juicio.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín negó la audiencia concentrada justamente porque consideró que ellos sólo podían juzgar los hechos ocurridos en Quibdó, Antioquia, Medellín, Montería, Armenia, Manizales y Pereira. En consecuencia, en mayo de 2015 le devolvieron a la Fiscalía cerca de 140 casos. Esta apeló y desde entonces los procesos han estado prácticamente detenidos.
“Hoy, un año después de que llevaron los casos a Medellín, no se ha hecho la segunda audiencia para enjuiciarlos”, explicó Carlos Arturo Toro, el representante legal de varios exguerrilleros que están en Justicia y Paz. Los procesos de ‘Karina’ y ‘Martín Sombra’ están en las mismas. “Es tiempo valioso que están perdiendo los postulados”, afirmó Juan Carlos Pachón, abogado de Mejía.
Sólo hasta el pasado 7 de octubre, la Corte Suprema de Justicia le dio la razón al Tribunal de Medellín y ordenó que todos los casos siguieran en sus ciudades originales.
Los ajustes
Algunas lecciones que dejan Justicia y Paz es que la lentitud conspira contra el éxito del proceso. Toro dice que a pesar de que los desmovilizados han confesado y no ha habido controversia con las víctimas, las declaraciones se han tomado hasta tres y cuatro años, cuando en un proceso ordinario esto se resuelve máximo en dos. Por su parte, Pachón señaló que no entienden por qué cada mes o cada dos meses se programa una audiencia mientras que en el proceso de la justicia ordinaria más demorado en el que él ha trabajado, se programaron 20 audiencias en seis meses. Esto no sólo retrasa el procedimiento si no que puede limitar la verdad, como lo sostuvo Restrepo. El representante legal advirtió que por la falta de límites de tiempo, algunos postulados han dosificado la verdad a lo largo de los años e incluso han extorsionado a varias personas para no incriminarlos en sus declaraciones.
“No se puede pensar en una justicia transicional perpetua, pero un conflicto de las dimensiones de Colombia no podrá aclararse en 10 años. La barbarie de los grupos organizados al margen de la ley ha sido de tal crueldad que no podemos terminar los proceso de cualquier forma y cada víctima tiene derecho a conocer su verdad”, dijo Juan Guillermo Cárdenas, magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, del Tribunal de Medellín.
Para lo que sí hay un límite de tiempo es para la pena máxima en prisión, que en Justicia y Paz es de ocho años. Sin embargo, el abogado Toro sostiene que más del 50% de los exguerrilleros ya cumplieron ese tiempo y todavía siguen privados de la libertad. “Por duro que nos parezca que un postulado salga cuando ha terminado su pena alternativa de 8 años, se debe cumplir, pues es la Ley”, apuntó Pachón, el representante legal de ‘Martín Sombra’ que, según sus cuentas, le faltan dos años para terminar su camino en Justicia y Paz. Un tiempo similar es el que le resta a ‘Karina’ ante los tribunales.
Lo que falta
Si bien ya se tiene un contexto sobre el origen y la manera de operar de las Farc, la tarea de una verdad completa la tendrá que retomar la Jurisdicción Especial de Paz. Los abogados y la Fiscalía señalaron que uno de los mayores puntos grises de hoy son las cerca de 18 masacres que la guerrilla cometió contra los desmovilizados del Epl en el Urabá antioqueño entre 1991 y 1996, especialmente contra el grupo político que estos conformaron y llamaron Esperanza, Paz y Libertad.
Otro de los capítulos poco conocidos es el de la Operación Berlín. Cuando el Ejército inició esta acción militar contra los bloques Oriental y Magdalena Medio de las Farc en Santander y Norte de Santander jamás esperó encontrarse con cerca de 170 menores de edad, reclutados por la guerrilla en Caquetá entre 1997 y 2000 y llevados hasta la zona para combatir.
En el tema de los desaparecidos también se deberá avanzar mucho más de lo que hasta ahora se lleva. En Justicia y Paz se han realizado cerca de 300 exhumaciones, con la información aportada por los exguerrilleros de las Farc. Sin duda la Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto, que también fue acordada en La Habana el pasado 17 de octubre, retomará esta labor.
La esperanza de las víctimas es que estos y otros hechos se conozcan a profundidad en la nueva Jurisdicción Especial de Paz y que ésta aprenda de los errores y de los aciertos de Justicia y Paz. En todo caso no se partirá de cero.
