Con improvisación, corrupción y negligencia las instituciones han puesto su grano de arena en este enredo.
El país sigue en mora de encontrar las ganancias económicas del conflicto. Solo el 6% del dinero para reparar a las víctimas ha salido del bolsillo de los exparamilitares. Con improvisación, corrupción y negligencia las instituciones han puesto su grano de arena en este enredo.
En 2013 la Fiscalía comenzó a investigar en forma los bienes y los activos que esconden los desmovilizados. Foto: Revista Semana.
Tal como está en el papel, para acceder a los ocho años de prisión que promete la justicia transicional, los desmovilizados debían entregar todos sus bienes en pro de la reparación. Diez años después de expedida la Ley de Justicia y Paz, el balance es pobre: las entregas fueron insuficientes, la Fiscalía se demoró en perseguir los bienes y miles de millones de pesos se perdieron por la mala administración que el Gobierno hizo de ellas.
Las más afectadas por este desorden han sido las víctimas. En el caso hipotético de que se vendieran todos los bienes entregados por los excombatientes y su valor se dividiera entre las cerca de 500 mil de víctimas que hacen parte del proceso, a cada una le correspondería solo medio millón de pesos.
Con información del Fondo de Reparación a las Víctimas.
Hasta ahora, solo a las víctimas reconocidas en la primera de las 33 sentencias proferidas se les entregó el dinero que ordenaron los jueces. Al resto, la Unidad de víctimas les entrega montos considerablemente menores, porque la plata no alcanza.
Justicia y Paz está lejos de terminar y aunque los exparamilitares y exguerrilleros ya están saliendo libres, sólo el 4% de las víctimas han sido reconocidas en sentencias y ninguno de los bienes entregado se ha vendido.
Sin duda, todo este proceso ha dejado lecciones sobre cómo investigar y administrar de manera más eficiente lo entregado por los grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, la pregunta que queda es si en diez años de discusiones jurídicas y errores garrafales se perdió una oportunidad única de perseguir las ganancias del paramilitarismo.
VerdadAbierta.com presenta las fallas más importantes y los tropiezos más comunes con los que se ha topado la justicia transicional para encontrar los verdaderos dineros que se esconden tras la guerra.
Investigación tardía
En el papel la Ley dejó claras las obligaciones pero no los mecanismos para recuperar los bienes. Por eso los primeros años se fueron en discusiones jurídicas e improvisaciones, hasta que las altas cortes fueron despejando el camino. Los resultados más importantes se produjeron recientemente, cuando los primeros exparamilitares comenzaron a salir de la cárcel.
La Ley original aprobada por el Congreso en 2005 era laxa con los paramilitares, les exigía sólo entregar las propiedades producto de las actividades ilícitas y restituir a las víctimas “de ser posible”. Un año después, la Corte Constitucional exigió que se entregaran todos los bienes, incluso los lícitos, para la reparación.
Los postulados empezaron a ofrecer bienes, pero aún no había un mecanismo para recibirlos. Estábamos en un limbo jurídico”
En las primeras versiones los desmovilizados entregaron fincas, carros, helicópteros, ganado y hasta joyas y prendas de vestir. “Los postulados empezaron a ofrecer bienes, pero aún no había un mecanismo para recibirlos. Estábamos en un limbo jurídico”, recuerda Ana Fenney Ospina, quien fue la fiscal del Bloque Central Bolívar y luego coordinó la subunidad de bienes de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.
Hasta que el excombatiente no fuera a juicio, no se podían asegurar dichos bienes con medidas cautelares. El problema fue que esto tardó varios años, pues documentar los crímenes de los bloques paramilitares y crear contextos le tomó más tiempo del esperado al ente investigador.
En 2008 la Corte Suprema aclaró que por encima del debido proceso están los derechos de las víctimas. Luego de este pronunciamiento, 3 años después de aprobada la Ley, se aseguró la primera propiedad.
Al mismo tiempo, al interior de la entonces Unidad de Justicia y Paz, los fiscales pedían la creación de un grupo especial que se dedicaran exclusivamente a los bienes, pues los funcionarios estaban documentando las masacres, los delitos de género y los desplazamientos y no tenían tiempo de estar pendientes de estos.
Con solo tres fiscales en todo el país se creó el primer grupo de persecución de bienes, que en realidad se encargó dedarle una solución jurídica a un cúmulo de propiedades. Hasta entonces, los propios desmovilizados eran la fuente principal de información. Se dio por hecho que estaban diciendo toda la verdad y entregando sus propiedades.
Solo hasta 2013, luego de la reforma a la Ley, se fortaleció el grupo de persecución de bienes con ocho fiscales y, por primera vez, investigaron a los posibles testaferros de los exjefes paramilitares. Los resultados saltaron a la vista.
Bienes recibidos entre 2007 y 2015 – Con información del Fondo de Reparación a las Víctimas.
Con este trabajo de investigación se conocieron varias fincas que Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, había escondido en el Bajo Cauca antioqueño antes de ser expulsado de Justicia y Paz y ha dado pistas sobre posibles testaferros de Salvatore Mancuso.
Aunque desde 2014 los exparamilitares han comenzado a quedar libres, la investigación de sus bienes no tiene vencimiento de términos. “La persecución se puede hacer después de la sentencia. Uno espera que el postulado haya dicho la verdad, pero si se llegase a encontrar que no entregó puede ser excluido de Justicia y Paz y volver a la cárcel”, aseguró Carlos Villamil, director nacional especializado en Justicia Transicional.
Sin embargo, la falta de claridad jurídica y las respuestas tardías al interior de la Fiscalía facilitaron que los exparamilitares ocultaran sus bienes y retrasaran una respuesta efectiva a las víctimas que siguen esperando una reparación económica.
Los bienes ajenos
Los exparamilitares entregaron sus bienes, el problema es que varios no les pertenecían. Se trata de tierra despojada a campesinos o predios baldíos, es decir, que son propiedad de la Nación. Después de creada la Ley de Víctimas en 2011, la tierra ha ido retornando a manos de sus legítimos dueños.
El Fondo de Reparación, dependencia de la Unidad de Víctimas que se encarga de la administración de los bienes, tiene en su poder 919 propiedades. 80 ya fueron restituidas a campesinos despojados por la violencia y otros 99 están en proceso de restitución.
El Club 100, una de las propiedades más valiosas de Salvatore Mancuso, está ubicada sobre tierras baldías de la Isla Múcura. Foto: Revista Semana
“Una vez hay un fallo, el Fondo le entrega los predios a las víctimas. Pueden ser muchos más los bienes que estén pedidos en restitución, nosotros solo conocemos los de las zonas microfocalizadas por la Unidad de Restitución de Tierras”, aseguró Juan Camilo Morales, coordinador del Fondo de Reparación.
Esto sucedió con más de la mitad las fincas de ‘Don Berna’. El exjefe paramilitar ha entregado hasta el momento 113 bienes rurales, la mayoría en Valencia, Córdoba. 59 ya regresaron a sus verdaderos dueños y 14 más siguen en proceso de reclamación.
La nueva Esperanza de la finca Las Tangas
Dentro de estos se incluye el emblemático predio Las Tangas, conocido como la base paramilitar de los hermanos Vicente y Carlos Castaño. Para esconder las tierras, en los años 90, losparamilitares la parcelaron y se la entregaron a campesinos de la región por medio de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor). El año pasado, la Unidad de Restitución decidió devolver ese predio a los campesinos.
También entregaron tierra que en realidad pertenecía a la Nación. Por ejemplo, Salvatore Mancuso hizo entrega del Club 100, una lujosa propiedad ubicada en la Isla Múcura, en el archipiélago de San Bernardo. Sin embargo, no ha podido llegar al Fondo de Reparación a las víctimas porque está construida sobre terrenos baldíos.
De manera similar, José Baldomero Linares, alias ‘Guillermo Torres’, quien fue el jefe paramilitar del grupo conocido como los Carranceros, entregó las islas Carimagua, dos pequeñas porciones de tierra ubicadas en medio del Río Meta que desaparecen cada invierno. Aunque el exparamilitar asegura que son suyas, lo cierto es que se trata tierra de la nación.
Pasaron de agache
Lo que se propuso en un comienzo no se cumplió al pie de la letra. Los desmovilizados que no tengan nada que entregar, pueden salir libres siempre y cuando el jefe máximo de su bloque ofreciera bienes para reparar a las víctimas. Así, por ejemplo, los excombatientes del Bloque Catatumbo en Norte de Santander se cobijaron con los predios que entregó Mancuso, los del Bloque Central Bolívar aseguraron su libertad con las propiedades que entregaron ‘Macaco’, ‘Julián Bolívar’ y ‘Ernesto Báez’.
Esto es entendible, pues muchos patrulleros trabajaban por un sueldo no mucho mayor que un salario mínimo. Sin embargo, algunos jefes paramilitares han pasado de agache amparándose en los bienes que entregó su antiguo comandante. Los magistrados de Justicia y Paz han sido insistentes en reclamar que cumplan los compromisos.
Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’.
Foto: Revista Semana
Así lo hizo Édgar Fierro, alias ‘Don Antonio’, quien fue la mano derecha de ‘Jorge 40’ en el Bloque Norte. Cinco días después de desmovilizarse, el 5 de marzo de 2005, ‘Don Antonio’ fue capturado en Santa Marta y el CTI le incautó lo que tenía consigo: el computador (que luego sería conocido como el computador de ‘Jorge 40’), 102 millones de pesos, un par de carros y una casa. Diez años después, lo único que entregó para reparar fue lo que le quitaron a la fuerza.
Algo similar ocurrió con Jorge Iván Laverde, más conocido como ‘El Iguano’, quien dirigió el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo. Las víctimas que estaban acostumbradas a verlo a él y a sus hombres en grandes camionetas y ocupando varias casas en Cúcuta y La Gabarra, se sorprenden hoy al escuchar al exparamilitar diciendo que no tiene nada para entregar.
Hasta ahora ningún desmovilizado ha sido excluido de Justicia y Paz por ocultar bienes. “Cada vez que les encontramos una propiedad que nos tenían escondida, piden casualmente una última audiencia porque ahora sí se ‘acordaron’ que quieren reportarlo”, contó un funcionario de la Fiscalía a VerdadAbierta.com.
Otros que pasaron de agache fueron los testaferros. Ejemplos de este tipo hay en todo el país. En Tierralta, Córdoba, se conocieron por lo menos tres personas que tenían predios de Mancuso a nombre propio, a unos cuantos los mataron y otros siguen libres sin ningúntipo de implicación jurídica. Dos fincas que estaban en manos de uno de los abogados de ‘Macaco’ entraron al Fondo de Reparación el año pasado, sin que se ordenara una investigación por testaferrato. Tampoco se extinguió el dominio de una Hacienda en Atlántico que está a nombre de la pareja de CarlosCastaño, porque la mujer no tiene una condena por testaferrato.
Entre las balas y la minería
Para estrenar el grupo de persecución de bienes en 2011, la Fiscalía anunció en una rueda de prensa que había embargado la finca El Recreo, que estaba en manos de testaferros de ‘Don Berna’. Este predio ubicado en la selva profunda de San Vicente del Caguán cuenta con 14 mil hectáreas, el más extenso destinado a la reparación de las víctimas.
En Mandinga, una finca de ‘Macaco’, se creó una mina ilegal de oro mientras estuvo en manos del Estado. Foto: Fondo de Reparación a las Víctimas.
El problema es que desde ese año, cuando se hizo la entrega del bien, ningún funcionario ha podido llegar hasta la zona para administrarlo. La presencia del Bloque Oriental y la Columna Móvil Teófilo Forero, ha impedido el acceso. La historia se repite con las 9 mil hectáreas denunciadas por los pocos guerrilleros desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz.
Las Bandas Criminales también se han encargado de explotar los recursos de los bienes. En Tierralta, por ejemplo, han talado los cultivos de Acacia entregados por Mancuso y han amenazado a los funcionarios que intentaron frenarlos. Por otro lado, la minería ilegal ha estado presente en 14 predios del Bajo Cauca antioqueño y de Remedios, en fincas de dos ex jefes paramilitares: ‘Cuco’ Vanoy y ‘Macaco’.
Los enredos de los bienes que entregó Mancuso
Lo que el Estado dejó perder
A este difícil panorama se suma la mala administración. Un informe de la Contraloría conocido por VerdadAbierta.com, evidencia que el valor de los bienes disminuyó 4 mil millones de pesos. El documento agrega que las únicas cuatro ventas de inmuebles que hizo el Estado fueron anuladas porque se entregaron por precios irrisorios, las propiedades no tenían pólizas como ordena la ley y 35 predios que se consideraban productivos, dejaron de serlo.
Estas irregularidades han sido denunciadas constantemente en las audiencias de Justicia y Paz. Así se conoció la historia la clínica en Tarazá entregada por ‘Cuco’ Vanoy, la más grande que ha tenido el municipio. Su valor inicial se calculaba en 5.200 millones de pesos, pero una vez pasó a manos del Estado, fue desvalijada: arrancaron las puertas, se robaron los sanitarios y tumbaron las paredes. Hoy no hay clínica y el valor del predio se redujo a 450 millones, si acaso, lo que cuesta el pedazo de tierra.
El hospital que ‘Cuco’ Vanoy construyó en Tarazá fue desmantelado una vez llegó a manos del Estado. Foto: Fondo de Reparación a las Víctimas.
Algo similar ocurrió con L’Enoteca, un lujoso restaurante de Barranquilla administrado por el fallecido empresario italiano, Giorgio Sale.De este negocio, en el que según Mancuso, se invirtieron 5 mil millones de pesos, no quedó nada para la reparación a las víctimas. “En el informe del liquidador judicial se observa que varios activos, entre ellos, vinos finos, tuvieron que ser desechados y dados de baja por su mal estado de conservación”, dice la primera sentencia contra el exjefe paramilitar.
Los bienes estuvieron en manos de la extinta Acción Social entre 2005 y 2009, luego pasaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta entidad de economía mixta, que irónicamente se creó para sanear los problemas de corrupción de la Dirección Nacional de Estupefacientes, fue la responsable de gran parte del detrimento patrimonial, sin que hasta el momento haya sanciones.
Luego de la expedición de la Ley de Víctimas en 2011, la administración de los bienes pasó a la Unidad de Víctimas y para ello se creó el Fondo de Reparación.
Los líos de la tierra
“A nosotros nos dijeron que ‘Macaco’ estaba entregando parcelas para los que dejaran las armas. Nos vinimos hace 9 años del Sur de Bolívar con nuestras familias para tener tierrita”, contó a VerdadAbierta.com un desmovilizado que vive en Balboa, Risaralda. En las fincas Las Delicias y Florida viven 13 familias a quienes en 2006 el exjefe paramilitar, amparado por el Gobierno, les aseguró que allí podían comenzar una nueva vida.
El Estado nos mintió: desmovilizados de Tierralta
Los excombatientes crearon una cooperativa productora de café y repartieron la tierra. El problema es que en 2007 el Gobierno canceló el programa que se conoció como Proyectos Productivos para la Paz, promovido por el propio excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Los bienes pasaron al Fondo para la reparación de las víctimas en 2013 y desde entonces los desmovilizados se han negado a salir.
Desmovilizados que trabajan en las fincas que ‘Macaco’ entregó en Balboa, Risaralda. Foto: Fondo de Reparación a las Víctimas.
“Nos prometieron estas tierras y hemos cumplido con todas las reglas”, contó el desmovilizado. Lo mismo sucedió en Tierralta, donde más de 500 desmovilizados se niegan a entregar las fincas que fueron de Salvatore Mancuso.
Para Juan Camilo Morales, Coordinador del Fondo, esta experiencia le dejó al Estado tal vez una de las más grandes lecciones: “no se puede entregar tierra en esas condiciones de precariedad jurídica. Si no hay un título de adjudicación, se pueden reproducir los ciclos de violencia en la pelea por la tierra”.
En otras regiones del país son las víctimas las que se quejan. Luego de recibir los bienes, el Fondo tiene que hacer una subasta para arrendarlo mientras deciden venderlo, pero según denuncian las víctimas en Bajo Cauca, a estos eventos se han presentado testaferros armados y no pocas se abstienen de asistir por intimidaciones. En julio del año pasado, por ejemplo, asesinaron a Luis Castellanos Salcedo, un arrendatario de varias fincas en Córdoba.
En 2012 el Congreso advirtió que los bienes no solo tenían que venderse, sino que podían ser entregados a organizaciones de víctimas o a las comunidades cercanas. Hasta ahora se ha hecho lo propio con seis propiedades, una de ella es la finca La Veraka, a 5 minutos de Sincelejo. El predio donde los paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a sus víctimas, sirve hoy como proyecto productivo de una organización de mujeres víctimas de violencia sexual de la región.
Después de varios reclamos, solo hasta hace un mes y medio, la Corte aclaró que estos predios pueden ser adjudicados directamente a estas organizaciones de víctimas.
El problema en imágenes
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