Es el cuarto municipio del Antioquia con más accidentes por minas antipersona y el que históricamente ha registrado más cultivos de coca. Sus pobladores esperan que sea priorizado en el desminado y que sus propuestas de paz sean impulsadas con oportunidades económicas.
Berto de Jesús Mora Cárdenas tiene 83 años. Llegó a Anorí en la década del cincuenta buscando una tierra para sobrevivir. Aró y sembró con sus manos una finca en la vereda Madreseca, con la que sacó adelante a diez hijos. Hoy tiene 48 nietos y 16 bisnietos, y anhela que vivan en un municipio en paz y no en uno violento como el que le tocó a él y su familia.
Miguel Cárdenas, un anoriceño de casi 70 años, es más escéptico. Para él, la paz va a “dar brega”, pues en el territorio ha habido una sucesión de actores armados ilegales y los campos siguen minados con artefactos explosivos. Cárdenas ha sido testigo de conocidos y vecinos que terminaron heridos o al borde de la muerte por no escuchar las advertencias de otros labriegos para evitar algunos caminos. “La misma gente avisaba: no se meta por tal parte pa’ que no vaya a tener ningún trastorno [accidente con mina antipersonal]”, recuerda.
Los testimonios de estos dos campesinos revelan las heridas de un municipio incrustado en la región del nordeste antioqueño, donde el conflicto armado desplazó en los últimos treinta años a 14 mil personas y dejó 164 víctimas de minas antipersonal, de las cuales 31 fallecieron por la gravedad de sus heridas.
Anorí es el cuarto municipio más afectado por accidentes de minas en el departamento, después de Ituango, Tarazá y San Carlos. Allí esperan que los acuerdos sobre desminado que han logrado el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana, y de los cuales adelantan una experiencia piloto en la vereda El Orejón, de Briceño, sea un primer paso para llegar a zonas afectadas como este municipio, que todavía no han sido priorizados en el desminado.
Camino de armas
Anorí ha convulsionado por la guerra desatada en las últimas tres décadas por distintos actores armados ilegales. El primero en llegar a la región fue el Eln, pero sufrió un duro golpe tras la ejecución de la Operación Anorí, adelantada por tropas de la V Brigada del Ejército entre el 7 de agosto y el 18 de octubre de 1973. Decenas de guerrilleros murieron junto a dos de sus máximos comandantes: Manuel y Antonio Vásquez Castaño, fundadores de ese grupo alzado en armas.
Si bien se creyó que el Eln había sido desarticulado, diez años después se reacomodó y volvió a la zona del Nordeste antioqueño. Para finales de los ochenta, ya había llegado también el Frente 36 de las Farc, en el plan de expansión de esa organización subversiva. Unos y otros impusieron férreos controles a la población.
Para contrarrestar a los grupos guerrilleros apareció a finales de los noventa el Frente Héroes de Anorí, una célula paramilitar del Bloque Mineros de las Auc que avanzó desde el Bajo Cauca. Lo que comenzó después fue una guerra frontal por el dominio territorial que generó graves crisis humanitarias. En 1998 fueron asesinados el alcalde Héctor Emilio Piedrahita Correa y la personera Adriana María Casas, crímenes por los que fue condenada la Nación. (Leer más en: Así fue el dominio del Bloque Mineros en el Bajo Cauca)
Pero ¿qué tenía Anorí que atrajo la guerra? Para finales de los noventa, buena parte de sus montañas estaban plagadas de hoja de coca para uso ilícito; entre sus entrañas había mucho oro por extraer; y en sus alrededores se desarrollaron grandes proyectos hidroeléctricos.
Así quedó consignado en un informe de riesgo de 2007 emitido por la Defensoría del Pueblo: “La ubicación y ventaja geoestratégica del municipio Anorí, su alto potencial minero para la extracción aurífera y la existencia de importantes recursos hídricos (Porce II y Porce III), ha sustentado históricamente la presencia de la guerrilla del ELN (Compañías: Capitán Mauricio, María Eugenia Vega y Héroes y Mártires de Anorí) y posteriormente, de las FARC, empleando el territorio para el aprovisionamiento logístico, las acciones armadas, el fortalecimiento organizativo, como fuente de captación de recursos financieros y, en el último periodo, como zona de repliegue estratégico”.
En aquella ocasión, la Defensoría indicó que los desplazamientos se incrementaron en el municipio no sólo por los constantes enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, sino porque en 2001 comenzaron las aspersiones con glifosato por el aumento en las hectáreas de coca. Los campesinos, desesperados por la guerra y porque sus cultivos y afluentes fueron contaminados, salieron expulsados. El drama está registrando en cifras en el Registro Único de Víctimas (RUV), que indica que de 501 personas desplazadas en el año 2000, el municipio pasó el siguiente año 2.344 víctimas de desplazamiento. (Vea las cifras de desplazamiento)
La violencia generalizada afectó con severidad a mujeres y niños: las primeras, desde muy jóvenes, tuvieron que asumir las riendas de la familia tras el asesinato de sus padres y esposos; mientras los segundos fueron vulnerables “al reclutamiento, traumatismo psicológico, deserción escolar, orfandad y deseo de entregar al conflicto”, registró el informe de la Defensoría.
Pese a la desmovilización paramilitar de 2.790 integrantes del Bloque Mineros, en enero de 2006, la guerra continuó, generando nuevos desplazamientos. El año 2011, por ejemplo, registró el mayor número de personas desplazadas: 6.181. Para esa época, había una fuerte confrontación entre el Frente 36 de las Farc y las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, que surgieron del reciclaje de exparamilitares que no dejaron sus armas.
El oro y la coca
En 2008, el municipio priorizó las veredas Los Trozos, Concha Abajo, Concha Arriba, Liberia, La Meseta; Concha Intermedia, Chagualito, Chagualo Abajo, Chagualo Arriba, Tabacal; Brisas, La Cristina, Madreseca, Parque, Cruces y Bolívar por ser las más afectadas por el conflicto. Foto: archivo Semana.La minería ilegal ha sido fuente de financiación de los grupos armados ilegales y Anorí ha sido escenario de la fiebre que desata entre quienes buscan las vetas para fines bélicos. El oro, que motivó en 1808 a Juan de la Rosa de Leonin de Estrada a fundar este poblado, se convirtió en su propia ‘maldición’.
El dilema actual, más allá de los beneficios que le deja a guerrilleros y grupos criminales, es el de explotar el preciado metal o producir alimentos. A Berto de Jesús Mora le preocupa esa situación. Él cree que, si mucho vivirá otros 20 años hasta completar el siglo, pero siente incertidumbre sobre cómo prosperará el campo en el municipio: “si uno invita a una persona a trabajar no va, porque un día de jornal son 30 mil pesos; y en la mina, si sacan oro, se ganan 90 mil. Lo que está faltando es gente para sembrar comida”.
Pero si algo también está afectando la producción de comida es la siembra de hoja de coca para uso ilícito. Anorí hace parte del ranking de los municipios donde sigue habiendo más hectáreas de coca cultivadas en Antioquia. El más reciente estudio Monitoreo de Cultivos de Coca 2014, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, advierte que la Región Central, en la que se encuentra este departamento, presentó un incremento si se comparan las hectáreas cultivadas en 2014 respecto a 2013, pasando de 991 a 2.293 hectáreas.
“Los cultivos en Antioquia están fuertemente concentrados en Anorí, Cáceres, Tarazá y Valdivia en las estribaciones de la cordillera central en el valle del río Cauca. El tamaño de los lotes se incrementó un 38% lo cual puede explicar parte del crecimiento en el departamento”, advierte el estudio, explicando que, si bien la expansión no es marcada, sí es necesario destacar que zonas donde se consideraba que la coca había sido abandonada, volvieron a estar afectadas en 2014”, advierte el informe.
Se siembran minas
El periodo 2004-2009 fue el que registró más accidentes por minas en el municipio, según los datos de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Foto: archivo Semana.Como estrategia para controlar los territorios, la guerrilla de las Farc incrementó la siembra de minas que a juicio de Miguel Cárdenas siguen escondidas en varios caminos veredales pese al esfuerzo de las autoridades por encontrarlas y destruirlas.
Para el Ministerio Público, el problema de los ‘sembradíos’ de las minas antipersonal se acentuó entre 2004 y 2009 cuando ese grupo insurgente comenzó a ‘blindar’ los cultivos ilícitos. Minaba los caminos por donde transitaban los militares, afectando en realidad a los campesinos de las 52 veredas y un corregimiento que componen el municipio. Los mismos datos de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal coinciden con el estudio de la Defensoría, indicando que de las 164 víctimas por minas antipersonal, 31 resultaron heridas o fallecieron en este período. (Ver datos de minas)
El drama ahora lo viven las víctimas. Romero Restrepo Castaño es anoriceño y siente decepción por aquella idea que alguna vez le convenció de “ser un héroe de la Patria”. Se enlistó en el Ejército y en 2013 fue enviado a la vereda Manzanillo, del municipio vecino de Campamento, para garantizar la reparación de una torre de energía.
La guerrilla no es sólo recurrente en volar esas torres sino en dejar instaladas minas antipersonal alrededor de ese tipo de infraestructura. Restrepo, quien se preparó como enfermero de combate y realizó un curso en explosivos y demoliciones, se cercioraba de que la zona estuviera libre de artefactos peligrosos, pero uno de ellos detonó. “Afortunadamente estoy con vida”, dice.
Tras la explosión, estuvo 15 días en estado de coma, sedado por 25 días más y hospitalizado unos tres meses. Las marcas en su cuerpo son imborrables: perdió la pierna derecha y el brazo izquierdo, los especialistas tuvieron que hacer sus mejores esfuerzos para reconstruirle parte del rostro, la pierna izquierda, el pecho, la nariz, un ojo y el brazo derecho. En nueve años como soldado profesional no imaginó que tuviera que volver a la casa materna, “pues mi mamá es la única que me ha ayudado a salir deesto. Los héroes existen de palabra porque dónde quedamos quienes entregamos toda una vida completa y juventud, hasta partes de nuestro cuerpo”, agrega.
Y es que esa es la gran paradoja en Anorí. El trabajo con víctimas de minas es aún incipiente. Restrepo explica que ha sido más desde su fortaleza interior, practicando deportes como el voleibol y el rugby, para dar testimonio a otros que como él están tratando de superar el trauma sicológico.
Graciela Vahos, representante de víctimas en Anorí, explica que solo hace dos años con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) impulsó en el municipio una campaña de prevención. “Fuimos a muchas veredas, barrios y colegios capacitando a los niños porque sabemos que, aunque han disminuido los accidentes con minas, aún están expuestos al peligro”, dice.
Por su parte el personero Andrés Ciro Moreno insiste en que el desminado es una prioridad en el municipio donde, según él, hay zonas vetadas por la presencia de estos artefactos explosivos.
En el listado publicado en mayo de 2016 por el gobierno nacional sobre los 80 municipios priorizados para el desminado humanitario, Anorí no está entre los 22 por ahora seleccionados de Antioquia. “El llamado es al gobierno nacional, al departamental, a las ong y todas las instituciones que están presentes en el municipio para que vean la realidad y la necesidad de hacer un desminado de manera que la población no siga siendo afectada”, indica el funcionario.
Buscan salidas
En el municipio ha habido una rotación de las fuentes de financiación de los actores armados ilegales. Primero fueron los cultivos ilícitos; ahora cobra con más fuerza la minería ilegal. Los niños siguen siendo vulnerables al reclutamiento para el funcionamiento de estas rentas. Foto: archivo Semana.Si hay algo que genere paz es la estabilidad económica. Esa es la convicción de Félix Antonio Rojas, exfuncionario de la administración municipal que desde hace una década comenzó a forjar lo que se conoce como la Asociación Municipal de Cacaocultores de Anorí (Asomucan), que produce chocolate de mesa y chocolatinas rellenas de caramelo para su comercialización nacional e internacional. “Esto es puro cacao, no tiene preservantes ni colorantes, es cien por ciento natural”, explica, emocionado.
La Asociación reúne a excultivadores de hoja de coca que encontraron en el cacao una oportunidad para quitarse de encima el estigma y sostener económicamente a sus familias. Antes de 2003 esto era impensable cuando la idea surgió en la Alcaldía.
“Cultivar en ese entonces una hectárea de cacao costaba 7 millones de pesos”, cuenta Rojas. En 2006 con recursos del Plan Colombia, que financiaba proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos, 20 familias campesinas decidieron probar con esta semilla que al tostarla y molerla produce un alimento exquisito para la mesa colombiana.
Rojas recuerda que convencer a los campesinos no fue fácil, pero que las comparaciones los hicieron rápidamente entrar en razón. Un cultivo de hoja de coca tarda en producir un año, pero su vida útil no es de más de cinco años; un cultivo de cacao tarda en producir entre tres y casi cuatro años, pero su vida útil supera los cuarenta años. Para el representante legal de la Asociación, que ya suma 85 socios activos, el cacao triplica las ganancias y las familias están seguras, se quitan de encima el riesgo de ser amenazas por actores armados y ser estigmatizadas.
Con la iniciativa ya marchando, Asomucan se guio por la experiencia de San Vicente de Chucurí, el municipio cacaotero de Colombia, y en 2006 solicitó capacitación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Cansados de tener que pagar maquila para la producción fuera del municipio, gestionaron los recursos para instalar una planta propia de producción. “Esta es una experiencia muy bonita, es un proyecto de vida. Esto sirve para cambiar el chip de la estigmatización, de que es un municipio violento y con minas, que es zona roja. Desde el municipio podemos hacer industria, formar y capacitar gente para el trabajo”, afirma.
Después de una década de experiencia, Rojas considera que los resultados son positivos. De unas escasas hectáreas cultivadas con cacao a comienzos del proyecto, ya suman 240 generando trabajo y estabilidad para un centenar de personas. Con una planta de producción en marcha y con el apoyo de Naciones Unidas esperan pronto darles noticias a los anoriceños de que su cacao llegará al Perú. Ya dejaron muestras del grano en Francia, Bélgica, Canadá y Estados Unidos, pero les exigen una exportación mínima de 25 toneladas. “Por ahora no podemos cumplirles con esa cantidad, pero si nos unimos con los productores de Amalfi y Guadalupe [municipios cercanos] creo que lo logramos”, dice con entusiasmo.
Hacia la paz
En lo que va de 2016, habitantes como Berto de Jesús Mora y Miguel Cárdenas dan fe que el pueblo está más tranquilo pese al atentado ocurrido la noche del 9 de julio de 2015, cuando un artefacto detonó en la puerta de la Casa de Justicia, donde funcionan sedes de la Fiscalía, la Defensoría, la Oficina de Derechos Humanos de la Gobernación, la Comisaría y la Personería. Las autoridades indicaron desconocer los autores del hecho; los pobladores quedaron perplejos.
No obstante, son propositivos. William Velásquez, secretario de Gobierno, asegura que le ofrecieron al gobierno nacional ser una zona de concentración. Estas zonas están propuestas en el punto de Implementación, verificación y refrendación, de los acuerdos de La Habana, y corresponderá a varios lugares en el territorio nacional donde se concentrarán representantes del Gobierno, las Farc y la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) para verificar la tregua y la dejación de armas.
Este es un punto que sigue en negociación como parte de los acuerdos finales para una firma de la paz. Aunque muchos municipios quizás no contemplarían la idea de ofrecerse como zonas de concentración, el Secretario de Gobierno asegura que Anorí quiere hacer realidad su lema de “un territorio en paz”.
Para los anoriceños el desminado es urgente como también lo son las oportunidades económicas, y la atención integral a las víctimas. Del municipio fueron desplazadas 14 mil personas en los últimos treinta años, tiempo en el que también llegaron otras casi 7 mil también expulsadas de otras regiones del país. Sus testimonios y propuestas buscan cortar de raíz los estigmas que han llevado a cuestas por culpa del conflicto armado, así como hacer realidad la última estrofa de su himno:
Sale el sol, suena la campana
Resuénale canto del jilguero
Se oye el llanto del niño en la mañana
Se escucha el grito del arriero
y cuando termina la faena
que todos acogimos con ardor
suena el tiple, que acaba con las penas
y se danza esperando el esplendor.
*Periodista de Puerto Berrío
Este artículo hace parte del proyecto GIZ con VerdadAbierta.com
