Un estudio financiado por la organización humanitaria británica Oxfam advierte que la multinacional de cereales acaparó tierras en Vichada que les compró, a través de múltiples sociedades anónimas, a campesinos beneficiarios de baldíos estatales.
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| Las 52 mil hectáreas que tiene Cargill en Vichada están sembradas con soya y maíz, según el estudio presentado por Oxfam. / Foto archivo Semana |
La multinacional estadounidense de cereales Cargill -según el estudio Tierras y Poder compró y tiene en la actualidad 52.574 hectáreas en Vichada. Dice la investigación que se hizo a esa gran finca, haciéndole esguinces a la Ley 160 de 1994, que establece topes a la adquisición de predios que alguna vez fueron baldíos de la Nación y que fueron luego adjudicados a campesinos.
La filosofía tras esta norma es que la tierra pública debe ser primordialmente para campesinos pobres, y es necesario velar porque ellos mantengan esos predios para evitar una mayor concentración en la propiedad de la tierra rural en el país.
La Ley establece que una persona o empresa no puede comprar más de una Unidad Agrícola Familiar -UAF-, una medida que varía según cada región, y que equivale a una cantidad de tierra de donde una familia campesina puede derivar su sustento y conseguir alguna utilidad. La Ley ordena además que si una tierra pública fue originalmente dada a un campesino (en cualquier fecha), éste la puede vender a otro después de unos años, pero la restricción de acumular más de una UAF se mantiene en el tiempo.
Según el estudio, financiado por Oxfam y elaborado por la investigadora Paula Álvarez, Cargill adquirió a través de 36 sociedades por acciones simplificadas (SAS) 52 mil hectáreas que fueron originalmente baldíos. Álvarez explicó que 39 predios fueron comprados uno a uno por estas empresas que llevaban los nombres originarios de los predios que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria -Incora hoy Incoder- tituló entre 1989 y 1998 a campesinos. Se necesitaba crear esta cantidad de empresas para hacerle el esguince a la Ley 160 que prohíbe la acumulación de tierras originalmente públicas adjudicadas a campesinos, bajo una sola propiedad.
En el análisis de Álvarez, estas SAS funcionaron solo como intermediarias. Como evidencia mostró que después de transferirles la tierra a otras 36 empresas SAS, esta vez a nombre de Cargill, fueron liquidadas.
“Estas SAS fueron creadas en la Notaría 16 de Bogotá entre mayo de 2010 y octubre de 2012 con el mismo domicilio en Bogotá, compartiendo la misma actividad económica que es el cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas; tienen un único integrante de junta directiva, un único representante legal y tres representantes legales suplentes que son los mismos”, indicó la investigadora.
VerdadAbierta.com se comunicó con Cargill por teléfono a su sede en Bogotá, pero en varias oportunidades una secretaria indicó que la empresa respondería por correo electrónico o devolvería la llamada para dar su versión sobre los hechos, pero esto no ocurrió.
La investigadora Álvarez señaló, en una presentación del informe esta semana, que las 52 mil hectáreas están distribuidas en 36 predios así: 17 que suman 24.273 hectáreas en La Primavera; otros 17 con 22.463 hectáreas en Santa Rosalía, y 5 predios más de 5.838 hectáreas en Cumaribo. “Todos son colindantes”, dijo Álvarez.
La investigadora resaltó los cambios en el valor de los predios durante las transferencias entre las SAS. El predio Los Alpes, por ejemplo, fue comprado por la SAS intermediaria en $50 millones de pesos en 2008 pero cuando se lo transfirió a Cargill, la multinacional lo adquirió por casi $7 mil millones. En otros casos como ocurrió con el predio Los Gansos, fue a la inversa. El terreno fue comprado en 2010 por $376 milllones por la SAS intermediaria y luego Cargill lo compró por $1 millón 400 mil pesos.
El informe señala que la multinacional fue asesorada por Brigard & Urrutia, el mismo bufete de abogados contratado por la empresa azucarera Riopaila S.A., para realizar una comprar de tierras en los Llanos Orientales similar.
El estudio informa además, con base en información publicada por la multinacional, que Cargill tiene como meta en Colombia explotar entre 70 mil y 90 mil hectáreas en el Vichada. Desde las compras realizadas entre 2010 y 2012, la multinacional ha cultivado las 59 mil hectáreas con cultivos de soya y maíz.
La investigadora señaló que Cargill fue fundada en 1865 en Estados Unidos, pero su actividad se ha extendido a 65 países. “Controla 90% del comercio de granos, bebidas y alimentos en el mundo. En Colombia, tiene presencia desde hace nueve años”, dijo Álvarez.
Según el informe, la presencia de Cargill en Colombia está representada por cuatro empresas: Cargill de Colombia Ltda., Black River SAS, Cargill Trading Colombia Ltda. y Colombia Agro SAS. Las tres primeras tienen el mismo domicilio, representantes legales, integrantes de junta y revisoría fiscal. “Black River funciona como fondo de cobertura, es decir, es la que maneja las actividades relacionadas con el mercado de valores”, indicó Álvarez.
De momento, la investigadora aclaró que no encontraron que en las transferencias de los predios de los dueños originarios (los titulados por el Incora) a las SAS intermediarias haya habido presión o violencia.
A la fecha, han sido varias las empresas que han sido señaladas por investigaciones académicas, de congresistas y periodistas de acaparar tierras baldías, originariamente destinadas por ley para campesinos pobres. Mónica Semillas en Puerto Gaitán con 13 mil hectáreas; Carlos Aguel Kafruni, familia & CIA con 15 milhectáreas en Puerto Gaitán; la Organización Sarmiento Angulo con 13 mil hectáreas en Puerto López y Puerto Gaitán, en Meta; Riopaila con 42 mil hectáreas en La Primavera y Cargill con 52 mil hectáreas en La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, en Vichada.
La primera investigación, publicada el 8 de mayo pasado, que se conoció fue la de este portal, VerdadAbierta.com, en la que documentó los casos de Poligrow con 5.500 hectáreas en Mapiripán y La Fazenda-Grupo Aliar y La Cristalina, con explotaciones de 16 mil y 25 mil hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, de forma respectiva. En estos tres casos probó que las tierras además de ser originalmente baldías tienen un pasado violento. (Lea: Tres agroindustrias compraron tierras con líos y violencia).
El caso de Riopaila fue denunciado el 5 de junio de 2013 en un debate de control político por el representante Wilson Arias. Según el congresista, los abogados crearon múltiples empresas para que pudieran comprar varios predios adyacentes y conformar una gran hacienda. Estos abogados le habían diseñado a la azucarera un esquema similar al que le hicieron a Cargill para que ésta pudiera comprar 42 mil hectáreas de tierras baldías adjudicadas a campesinos en Vichada, que también tenían la prohibición de acumulación de tierras.
En el caso de Riopaila, la firma de abogados registró 28 sociedades anónimas simplificadas (SAS) en la Cámara de Comercio de Bogotá con los nombres de los futuros predios. Después estas SAS compraron 43 predios en diciembre de 2010 y firmaron un contrato con Riopaila arrendándole las 42 mil hectáreas por 30 años. (Lea: Polémica por tierras explotadas por agroindustrias y mineras).
VerdadAbierta.com se comunicó con la firma de abogados e indicó que su respuesta sería dada a través de Jimeno Acevedo Asociados, una agencia en estrategias de comunicación. A la pregunta cuál era la versión del bufete de abogados frente a la afirmación del estudio de que la creación de las SAS era una fórmula para saltarse la Ley 160 y así acumular tierras, la agencia indicó:
“La función de una firma de abogados como la nuestra, con 80 años de tradición y reconocida por sus mejores prácticas, consiste en desarrollar soluciones jurídicas para nuestros clientes. Lo hacemos dentro del más estricto cumplimiento de las normas, tanto en su texto como en su espíritu.
La creación de las 27 S.A.S. se hizo con la intención de tener mayor maniobrabilidad en el caso de decidir hacer negocios con porciones de tierra de menor extensión.
El vehículo jurídico utilizado fue transparente, lo que se evidencia mediante el registro de las 27 S.A.S en la Cámara de Comercio, la notificación a la Superintendencia de Sociedades y al Banco de la República, y el pago correspondiente de retención en la fuente.
En el Vichada hay cerca de 40 empresas desarrollando proyectos agroindustriales. Además de la nuestra, la mayoría de las más reconocidas firmas de abogados del país, presentaron vehículos similares para adquirir las tierras.
El debate sobre la tierra en el Vichada es más político que jurídico. Se refiere al modelo de desarrollo rural que el país debe escoger, de economía campesina o de agroindustria. Ambos son válidos, e inclusive pueden convivir, y así lo ha expresado el Presidente Santos en varias ocasiones.
Ahora, el espíritu de las normas es proteger a los campesinos y darle tierra para sobrevivir y mejorar su calidad de vida. En la zona de los proyectos no hay campesinos. Los terrenos adquiridos estaban dedicados a ganadería extensiva. No existían vías, escuelas, apoyo para viviendas, puestos de salud, energía o servicios públicos. La infraestructura y los servicios que hoy existen los desarrollaron las empresas que invirtieron, generando tres mil empleos formales” (Sic).
