Esta antigua finca en el sur de Bolívar es un ejemplo de las tensiones que hay en los territorios para lograr la Reforma Rural Integral, pactada en el reciente Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc. La clarificación de la propiedad va a paso lento en los estrados judiciales. La Corte Constitucional se pronunció al respecto.
Las Pavas es una hacienda en el sur de Bolívar en la que intervienen tres actores: 123 familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), el Estado y la empresa Aportes San Isidro. El litigio cumple 10 años. Foto suministrada Peace Watch Switzerland (PWS).
El conflicto judicial alrededor de Las Pavas, una antigua hacienda de 3 mil hectáreas, tiene tres actores: el Estado, que debe recuperar los baldíos, tierras de la Nación que hacen parte de su patrimonio; las 123 familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), que explotan las tierras desde hace más de 10 años y que fueron desplazados por grupos armados ilegales en dos ocasiones; y la empresa Aportes San Isidro, que alega haber comprado el predio a su antiguo dueño para desarrollar allí un cultivo de palma de aceite.
En el año 2000 el gobierno nacional seleccionó el caso de Las Pavas como “piloto” en los procesos de recuperación de baldíos. A diferencia de otros casos, que involucran a víctimas del conflicto armado, éste no cursa en la justicia transicional sino en la ordinaria. Mientras el Consejo de Estado estudia el proceso de extinción de dominio por inexplotación económica de 1.300 hectáreas y otro de recuperación de baldíos por 1.700 hectáreas; en Cartagena avanza un juicio por el desplazamiento del que fueron víctimas los campesinos en 2003.
Las Pavas, el termómetro de la paz territorial
A los pasos dados hasta ahora, se suma una reciente sentencia de la Corte Constitucional que resuelve a favor de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana una acción de tutela que interpuso en 2013. En ella solicitaba que una vez el antiguo Incoder terminara los dos procesos agrarios, enviara las resoluciones al registro público para cancelar los títulos de propiedad y así dar vía libre a la adjudicación y titulación de los baldíos reclamados por Asocab.
Con este fallo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que reemplazó al antiguo Incoder, no tendrá excusa alguna en continuar argumentando que no puede actuar en este caso mientras el Consejo de Estado no se pronuncie, tal como lo ha esgrimido en el pasado.
Bellacruz: un año sin que el Estado recupere los baldíos
Lo que esperan los campesinos es que las instituciones procedan con diligencia y que no se repitan historias como la de antigua hacienda La Bellacruz, en el sur de Cesar, donde, pese a una orden de la Corte, la ANT sigue pendiente de recuperar los baldíos, sin contar que otras instituciones como la Superintendencia de Notariado y Registro demoraron el proceso de incripción en el folio de matrícula del predio y de forma coincidencial, la Unidad de Restitución Territorial Magdalena Medio anunció que el líder de la comunidad era una presunta “falsa víctima”.
Otro capítulo del caso Bellacruz, ¿qué hay detrás?
Para una mayor comprensión de este caso, VerdadAbierta.com presenta la siguiente línea de tiempo que resume los hitos del proceso, así como las posturas de cada uno de los actores:
¿Cuáles son las posturas de los actores?
Asocab
La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) argumenta que, desde 1997, ha cultivado la antigua hacienda Las Pavas de forma pacífica y que la explotación de estas tierras es fundamental para su supervivencia. Aunque han sido víctimas de dos desplazamientos, de quema de sus cultivos, amenazas e intimidaciones, confían en que los tribunales de lo contencioso administrativo, lo constitucional y la justicia ordinaria les darán razón sobre sus reclamaciones.
Desde 1997 los campesinos de Asocab han cultivado las tierras de Las Pavas con yuca y plátano, siendo estas tierras clave para su supervivencia. Esperan que el Estado sea diligente con culminar los procesos agrarios para su titulación. Foto suministrada por la comunidad Asocab.
El Estado
El antiguo Incoder les dio la razón a los campesinos cuando declaró la extinción de dominio por inexplotación económica sobre las 1.300 hectáreas, así como la clarificación de las otras 1.700, a falta de un título de propiedad. Sin embargo, estas decisiones fueron apeladas por la empresa Aportes San Isidro que llevó el pleito al Consejo de Estado, que desde 2015 revisa los procesos.
Hasta antes de la reciente decisión de la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Tierras se sostenía en que no gestionaba en el registro la inscripción de las decisiones administrativas del liquidado Incoder (extinción y clarificación), porque existían medidas cautelares del Consejo de Estado que se los impedía. Pero la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana señaló que la Agencia estaba haciendo una interpretación equivocada de esas medidas, pues gestionar el registro no implicana “ningún acto perturbador de la posesión y tranquilidad respecto de Aportes San Isidro S.A.S. y la Asocab…”
Ahora la sentencia de la Corte ordena a la Agencia hacer la gestión para que la Superintendencia de Notariado y Registro cancele los títulos de propiedad, con base en las resoluciones del liquidado Incoder, indepediente de las revisiones que cursan en el Consejo de Estado.
Aportes San Isidro S.A.S.
La empresa alega propiedad sobre las 3 mil hectáreas de la antigua hacienda, indicando que en 2007 le compró la mitad a Jesús Emilio Escobar Fernández y la otra mitad, en 2011, a C.I. Tequendama S.A., filial del grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano. Jhonny Mercado González, abogado de Aportes San Isidro, asegura que las denuncias de los campesinos de Asocab son falsas y que la empresa “sólo ha recurrido a las herramientas legales y constitucionales”. En diciembre de 2015 acusó a los campesinos de ser los responsables de “secuestrar, torturar e infringir maltratos físicos y verbales” a dos trabajadores de la compañía.
Juan René Ibarra Amaury, dependiente judicial de Mercado González, también ha tratado de desvirtuar el desplazamiento del que fueron víctimas los campesinos en 2016. Una vez el entonces Subgerente de Tierras del Incoder propuso revocar los actos administrativos que declararon la extinción de dominio sobre 1.300 hectáreas de la hacienda, el abogado presentó un documento a la Fiscalía 76 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la Unidad Especializada contra la Fe Pública y Patrimonio Económico en el que instó al fiscal del caso tener en cuenta la actuación del Subgerente, indicando que “unas supuestas víctimas” intentan “apoderarse de unas tierras en detrimento de la propiedad adquirida legalmente por la Sociedad”.
