Pese a no haber recibido amenazas hace más de un año, su militancia política en la Unión Patriótica la convirtieron, por varios años, en objeto de señalamiento por parte de grupos paramilitares.
Nelly Amaya, líder social del Catatumbo.
El pasado sábado 16 de enero su cuerpo de fue encontrado muerto en el casco urbano de San Calixto, en el Catatumbo, Norte de Santander. Fuentes en la región le contaron a VerdadAbierta.com que en horas de la noche sicarios se acercaron a un local comercial de su propiedad, ubicado a pocos metros de la estación de la Policía, propinándole cinco disparos.
Nelly Amaya era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito, fue sobreviviente al genocidio de la UP y sus últimos años los dedicó a trabajar en la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat. El año pasado participó de las ‘Asambleas Populares’ que desarrolló la organización para definir los candidatos a las elecciones regionales del mes de octubre.
Avanzan las Asambleas Populares en el Catatumbo
Además de atender su negocio, los fines de semana se dedicaba a hacer política en San Calixto. “Era fiel creyente del proceso de paz, acá en el barrio y en general en el municipio hacía pedagogía de lo que se estaba hablando en la mesa de diálogos. Decía que era muy importante que el pueblo se empoderara de los acuerdos para hacerlos efectivos”, contó un campesino de la región quien prefirió no revelar su nombre.
Cuentan los pobladores que la mayoría de veces que se presentaban conflictos con los actores armados, por las rutas de la coca o por el constante enfrentamiento, Nelly mediaba para que la población no resultara afectada ni señalada, lo cual la llevó a empezar a ser de nuevo víctima de amenazas de grupos de delincuencia común y paramilitares.
En un comunicado emitido por la Asociación Campesina del Catatumbo, fechado el 18 de enero, se expresó la preocupación por el constante asedio contra sus militantes. “Creemos firmemente que todos estos esfuerzos por alcanzar la paz deben conducir y materializar desde ya a respetar y garantizar la vida de todos sus conciudadanos, de dar las garantías a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en su trabajo por la paz con justicia social, exigencia por la dignidad y defensa del territorio”.
Política en medio de la zozobra
Sin embargo, hacer política en el Catatumbo nunca ha sido tarea sencilla. Allí, en los 11 municipios que conforman esta zona, han hecho presencia tanto guerrillas como grupos paramilitares. Hoy están vigentes el frente 33 de las Farc, el frente Camilo Torres del Eln y los denominados “Megas”, nombre heredado de Ramón Navarro, alias ‘Megateo’, extinto jefe de la guerrilla del Epl.
A ellos se suman ‘Los Rastrojos’, banda criminal que emergió en la región luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Auc y las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidas también como ‘los Urabeños’. Grupos armados ilegales, que en medio de la disputa territorial, han reconfigurado el panorama político de la región.
Cabe recordar que en septiembre de 2015, Aida Avella, presidenta de la UP, había advertido que la violencia se había incrementado contra los militantes del partido tras el regreso de la personería jurídica y con el inicio de la campaña electoral. “Lo que preocupa es que ad portas de entrar en la recta final del proceso de paz el gobierno no tenga los elementos necesarios para desactivar a los grupos paramilitares, entonces, ¿cómo se van a cumplir la implementación?” concluyó.
Atentan contra candidato de la UP a la alcaldía de Los Palmitos
Las cifras de derechos humanos soportan la preocupación. Durante los seis primeros meses del año pasado, el Programa Somos defensores, ONG que monitorea la situación de estos activistas, reportó que 332 fueron amenazados, 34 asesinados, 25 recibieron atentados, cuatro fueron detenidos arbitrariamente, tres fueron víctimas de uso arbitrario del sistema penal y se registró un caso de hurto de información a nivel nacional.
Tanto la UP como las organizaciones sociales están a la espera que se esclarezca el crimen y se inicieuna investigación contra los responsables que a su juicio, no responden a hechos aislados sino a intereses políticos por parte de los grupos armados que delinquen en la región.
