Veinte años después de una época de cruda violencia en el Urabá antioqueño, el panorama para las víctimas no mejora.
Desde hace décadas los habitantes de Urabá han sufrido la violencia de diferentes actores armados. Foto: archivo Semana.
Se cuenta que Urabá, en la lengua de los indígenas Embera Katío, significa la tierra prometida. El golfo, que comprende 18 municipios de Antioquia, Chocó y el sur de Córdoba, sin duda se hace merecedor de ese título por la cantidad de riquezas naturales que posee y por su privilegiada posición geográfica en la esquina de Suramérica, entre los océanos Atlántico y Pacífico. Pero, como cualquier tierra prometida, Urabá tiene detrás la historia de un éxodo.
Las guerrillas, particularmente las Farc y el Epl, tomaron el control de la región desde la década del 70. La ubicación y las condiciones del paisaje selvático de la región permitieron que se convirtiera en un lugar estratégico para las rutas del tráfico ilegal de drogas y armas. La riqueza del suelo atrajo a colonos que establecieron grandes industrias y que entraron también en la pugna por la tierra. En Urabá, la guerra ha sido una constante.
Una de las industrias agrícolas más importantes fue la siembra de banano que se ubicó sobre todo en el Urabá antioqueño central, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó; el eje bananero. Hace veinte años, en agosto y septiembre de 1995, este pedazo de tierra tuvo que vivir uno de los periodos más difíciles del conflicto armado, 66 personas murieron en una serie de masacres en los cuatro municipios. Las razón: una guerra de extermino declarada entre los Comandos Populares, como se llamó la disidencia del Epl que volvió a las armas, las Farc y los paramilitares que habían empezado asentarse en Urabá.
La primera de estas cuatro masacres de 1995 fue la de El Aracatazo, en Chigorodó. Los paramilitares del Bloque Bananero asesinaron a 19 personas. Después, guerrilleros de las Farc perpetraron la masacre de Los Kunas, en la que asesinaron 16 personas en Carepa, el 29 de agosto. El 14 de septiembre, las Accu asesinaron a siete personas en Turbo. Y el 20 de septiembre, las Farc respondieron con la masacre de Bajo del Oso, en Apartadó, asesinando a 24 personas.
En veinte años muchas cosas han pasado. Los actores han cambiado, algunos han desaparecido, otros nuevos han llegado; el conflicto armado ha arreciado y menguado, muchos han muerto y otros han abandonado el territorio. Pero, al final, lo único que ha permanecido es que la comunidad ha pagado todas las consecuencias de la guerra
El comienzo de algo peor
En el proceso de Justicia y Paz, Raúl Hasbún, exjefe del Bloque Bananero de las Auc, declaró ante fiscales que diferentes empresarios y comercializadoras de banano les aportaron dinero. Foto: archivo Semana.
La matanza que aterró al país en 1995, definitivamente estaba lejos de terminar. En 1996 el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, estableció varios mecanismos para recuperar la seguridad en la región.
El resultado de esto es bien conocido: una nueva ola de enfrentamientos entre los frentes 5 y 18 de las Farc y las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. Lo anterior con el agravante de que las Fuerzas Armadas también se involucraron, prestando apoyo y actuando junto con los paramilitares.
El general retirado Rito Alejo del Río, quien fue comandante de la Brigada XVII, fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Marino López Mena, ocurrido el 27 de febrero de 1997 en Bijao (Chocó). Según la justicia, el campesino fue torturado y descuartizado por los paramilitares cuando Rito Alejo estaba a pocos kilómetros.
Esto ocurrió en plena operación Cacarica de los paramilitares, diseñada para exterminar a la guerrilla, al tiempo que la Brigada XVII desplegaba la operación Génesis que tenía el mismo propósito. Alias “el Alemán” en su momento dijo que él mismo se reunión con Rito Alejo del Río, junto con otros jefes de las autodefensas, para diseñar la operación Cacarica.
Las cifras de las consecuencias de la violencia en Urabá hasta el día de hoy, en términos de homicidios y desplazamientos, no han sido sistematizadas en su totalidad. El investigador de la Universidad de los Andes, Juan Aparicio, reseñó que entre 1995 y 1997 se registraron 2.950 homicidios con fines políticos. Andrés Suarez, del Centro Nacional de Memoria Histórica, por su parte registró 103 masacres entre 1998 y 2002. Y una investigación de la Universidad de Antioquia registró que hubo más de 32 mil desplazamientos, solo en los cuatro municipios del eje bananero.
A partir de 1996 los coliseos de Turbo y Apartadó se empezaron a llenar de familias que salían desplazadas de sus tierras. Enadis Herrera fue víctima de desplazamiento en 1997. Ella, junto con otras 1.700 familias, vivió tres años en el coliseo en condiciones que prendieron las alarmas a nivel internacional. Enadis cuenta que se siente afortunada porque a los tres años logró establecerse en Turbo en otra propiedad. Pero las cifras de desplazamiento por amenazas y por temor a los homicidios, que no cesaban, siguieron creciendo.
Con la desmovilización de las autodefensas en 2004 se pensó que la situación iba a mejorar pero cientos de paramilitares reincidieron y la violencia persiste. Solo por citar algunos ejemplos, en 2005 ocurrió la masacre de dos familias de líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, creada en 1997 como forma de resistencia hacia las múltiples formas de violencia en Urabá.
Hace apenas unos días, diez años después de la masacre, se conoció una orden judicial que obliga al Ministerio de Defensa a indemnizar monetariamente a las víctimas, y a la Brigada XVII le ordena disculparse públicamente con la comunidad.
La difícil restitución de tierras
Las bandas criminales están copando los espacios de los grupos armados en Urabá. A pesar de que la presencia de las Farc ha disminuido, son señaladas de amenzar a lídres de la región. Foto: archivo Semana.
A pesar de que las autodefensas ya no existen y el frente quinto de las Farc ha disminuido sus actividades delictivas, las condiciones de Urabá siguen permitiendo que grupos armados busquen tener el control de la codiciada región. Sintrainago, organización fuertemente afectada por la violencia en los años 80 y 90, denunció las amenazas contra su principal líder, en 2011, por presuntos miembros de la guerrilla.
Además, ahora el Gobierno emprende una feroz cacería contra los integrantes del Clan Úsuga, una banda criminal dedicada al tráfico de drogas desde Suramérica hacia Centroamérica. El grupo es conocido por las autoridades por todo tipo de violencias que van desde las amenazas, asesinatos, control territorial armado, hasta la prostitución infantil.
Sin embargo Ciro Abadía, líder de víctimas en Apartadó, es un hombre optimista y cree “que poco a poco Urabá se puede estar volviendo un territorio de paz”. Desde su experiencia ve de forma positiva la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de tierras. Sin embargo, otra es la opinión de Enadis Herrera: “el proceso es muy lento, las tierras que dejamos están ocupadas por empresas o por otros desplazados que se hicieron ahí”, afirma.
La situación de la ocupación de tierras ha sido un dolor de cabeza para todos los involucrados. La Unidad de Restitución y las autoridades judiciales se han visto en la difícil tarea de definir la situación de cientos de predios que están en disputa. Unas veces se ha fallado a favor de los actuales ocupantes, y otras a favor de quienes eran los dueños en los 90. Se han dado casos de solicitudes de falsos reclamantes pero también hay grandes empresarios que habrían adquirido la tierra de forma masiva e ilegal cuando los campesinos abandonaban sus predios o los vendían a precios de huevo. Varios de esos procesos están en manos de la Unidad de Tierras.
También se han dado continuos enfrentamientos entre las autoridades y reclamantes que entran a los terrenos en vista de la demora de los procesos. Se han registrado casos de despojos violentos por parte de personas encapuchadas que queman las casas de quienes viven allí. Y, quizás lo más preocupante de todo, es que varios líderes y topógrafos que apoyan procesos de restitución han sido amenazados. Según la fundación Forjando Futuros, desde 2008, han sido asesinados 19 líderes en la región. El último asesinato ocurrió este año. El 9 de abril, día de la memoria y solidaridad con las víctimas, fue asesinado Adán Bernardo Quinto. Según Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, la situación de seguridad para los reclamantes sigue sin recibir la atención que merece.
A propósito, el informe de 2015 de la Unidad de Restitución de tierras indica que la sede de Urabá ha tramitado el 23% de las sentencias de restitución emitidas en Antioquia. Forjando Futuros ha documentado 1.100 sentencias de restitución falladas a nivel nacional, de esas, 33 han sido de casos de Urabá. A la fecha, en Urabá se han solicitado 1.390 hectáreas para restituir y 1.342 ya fueron devueltas o compensadas.
Se podría pensar que la violencia que ha padecido Urabá es una clara consecuencia de la ausencia y debilidad del Estado en la región. Sin embargo, y tras más de veinte años de constantes problemas sin una pronta solución, quizás sería más coherente afirmar, como dice el investigador Juan Aparicio, que el Estado sí ha estado presente en Urabá: ha estado construyéndose bajo lógicas de violencia e ilegalidad y ha sido, por acción y por omisión, partícipe de toda la dinámica del conflicto armado en la que algunos consideran la mejor esquina de América. Como están las cosas, el paraíso terrenal que debiera ser la tierra prometida por ahora seguirá siendo tan solo una promesa.
El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo con la Ley de Víctimas y Restitución Tierras, con las marchas para promoverla y la judicialización a los enemigos de la restitución, pero las deudas con Urabá, de verdad, justicia, memoria, siguen a medio camino.
