‘Rastrojos’ y ‘Águilas Negras’ intentan acallar a estos líderes comunitarios que se resisten a proyectos empresariales que podrían desplazar a pobladores con llamadas y cartas intimidatorias.
 |
| Preocupados se encuentran los defensores de derechos humanos en el Oriente Antioqueño. Foto Semana |
Supuestos grupos armados ilegales quieren impedir el trabajo que viene realizando un grupo de defensores de derechos humanos en el Oriente Antioqueño. Les han enviado amenazas escritas, intimidaciones telefónicas y les han hecho seguimientos.
Las advertencias se han intensificado en las últimas semanas por cuenta de grupos que se presentan como ‘Águilas Negras’ y ‘Rastrojos’. En sus mensajes intimidatorios se identifican como “defensores de las instituciones que han recuperado la paz de la región”, quienes a su parecer “han trabajado mucho para que el territorio se consolidara” y que no permitirán que “con el cuento de derechos humanos pongan a tambalear el territorio”, según contaron a VerdadAbierta.com personas que han conocido de las amenazas.
La vulnerabilidad de los afectados se incrementó en días pasados cuando a través de un mensaje telefónico se les advirtió que el asunto no era mentira y que “ya se había dado la orden de ejecución”.
Los mensajes han sido enviados a representantes de algunas organizaciones de víctimas que hacen parte de la Mesa Regional de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño y a medios de comunicación local que acompañan esta instancia de deliberación ciudadana. Varios de los amenazados abandonaron inicialmente la región para preservar sus vidas, dejando tras de sí a sus familias y actividades laborales, pero debieron regresaron dado que no cuentan con condiciones económicas ni apoyos institucionales para mantenerse en otras ciudades.
“Lo que se está viendo en el Oriente Antioqueño, donde los procesos de defensa de derechos humanos se han fortalecido, es justamente desestructurar todo lo que hemos hecho y dispersarnos”, explica una de las líderes amenazadas, quien solicitó la reserva de su identidad.
Buena parte de ese esfuerzo organizativo fue financiado por la Unión Europea a través del segundo laboratorio de paz, que entre los años 2005 y 2010, invirtió 8.5 millones de euros en 35 proyectos ejecutados en el 23 municipios de esta subregión, centrados en cultura de paz, gobernabilidad democrática, participación ciudadana y desarrollo socioeconómico sostenible.
Los mensajes amenazantes comenzaron a conocerse en enero del 2010, cuando la Mesa Regional de Derechos Humanos hizo eco de las denuncias de líderes campesinos que habitan la región del Cañón del Melcocho, ubicada en el municipio de San Francisco. Ellos señalaron la presunta complicidad de militares adscritos al Batallón Juan del Corral con desmovilizados de grupos armados ilegales para realizar en su territorio montajes de caletas de minas antipersonal y material explosivo, conel fin de obtener por su supuesto hallazgo beneficios como días libres y bonificaciones.
“Esos líderes fueron amenazados por llamadas de celulares, obligados a comparecer ante la Fiscalía de El Carmen de Viboral para responder por investigaciones de calumnia, y presionados para desplazarse de las zonas donde han resistido la guerra por más de 15 años”, precisa un consultor que acompaña estos procesos y quien también solicitó la reserva del nombre.
Las amenazas se intensificaron varios meses después, esta vez contra voceros de la Asociación de Desplazados de Rionegro (ASODER), quienes fueron declarados “objetivos militares” a través de un comunicado público fechado el 10 de abril de 2010 al parecer emitido por un comando urbano de ‘Los Rastrojos’. En el documento, no sólo incluyeron a los integrantes de ASODER, sino a organizaciones sociales de derechos humanos, desplazados y sindicalistas de los departamentos de Nariño, Valle, Cauca, Putumayo, Risaralda, Quindío,Tolima, Caldas, Cundinamarca, Meta y Boyacá.
‘Los Rastrojos’ acusaron a líderes y organizaciones defensoras de derechos humanos de tener relaciones con grupos guerrilleros “atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz”. Advirtieron, además, que irían “más allá de las amenazas” y regresarían “a las actuaciones de los 90 sin piedad ni temor alguno”.
Meses después, la campaña de presión continuó y se enfocó en desprestigiar el trabajo jurídico que adelantaban abogados de organizaciones no gubernamentales que integran la Mesa Regional de Derechos Humanos. A través de un periódico de elaboración anónima, llamado B1 y que circuló electrónicamente a mediados de octubre, se les señaló de pertenecer a las Farc, relación que ha sido rechazada por los defensores de derechos humanos de Antioquia y del país.
Las amenazas continuaron y en noviembre se centraron en aquellas personas que están al frente de la investigación y elaboración del informe anual de derechos humanos subregional que prepara esta organización civil y que dará cuenta de lo ocurrido durante los años 2009 y 2010.
“Lo que pretenden es que el documento no salga a la luz pública”, dice una de las afectadas por las intimidaciones. “Así me lo reiteraron cuando me hicieron las amenazas. Que nosotros tenemos una información que no les interesa que sea conocida”. En sus mensajes, según esta líder social, advierten que el informe afectaría, según ellos, “el trabajo de recuperación del territorio que han hecho en los últimos años”.
Al parecer lo que se está tratando de impedir es la publicación del informe Situación de
Derechos Humanos del Oriente 2009 – 2010, que consistirá en un análisis sobre microtráfico de drogas ilegales y bandas criminales del Valle de Aburrá que estarían actuando en municipios del Oriente Antioqueño, así como situación de tierras, retornos de desplazados a sus lugares de origen y la existencia de cientos de cadáveres enterrados como NN en los cementerios locales y cuya muerte tuvo su origen en choques armados entre grupos legales e ilegales, así como en presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública.
La presentación de un informe parcial estaba prevista para el 10 de diciembre, pero un día antes arreciaron las amenazas contra aquellos que tenían a cargo la presentación pública del documento. “Ese día volvieron a decirnos que estaban hablando con personas que habían trabajado mucho para que el territorio se consolidara y que nosotros con el cuento de derechos humanos no iba a poner a tambalear el territorio”, cuenta uno de los amenazados.
Pese a las presiones, se hizo la exposición el día programado en la Universidad Católica de Oriente, de Rionegro, durante un congreso regional dedicado a la reflexión y el debate de la situación de esta subregión antioqueña en temas como derechos humanos y procesos territoriales. “No fue muy concurrido por las amenazas”, admitió uno de los convocantes. En el evento se dio lectura al documento Caracterización y contexto pertinentes del Oriente antioqueño, en el cual se hace una radiografía de la situación actual de la zona y de las presiones a las que están siendo sometidas las comunidades rurales.
Dado que la decisión de las organizaciones que confluyen en la Mesa Regional de Derechos Humanos es publicar el informe a principios de marzo, las intimidaciones no han cesado. Actualmente pesan graves amenazas contra la vida de un consultor de procesos regionales de la Corporación Programa Desarrollo para la Paz (Prodepaz), integrante de la Mesa, quien está siendo presionado para que abandone la subregión. Las advertencias en su contra provienen presuntamente de grupos desconocidos que se autocalifican como “defensores de las instituciones que han recuperado la paz de la región”.
Fuentes consultadas explican que las amenazas no sólo tendrían relación con la investigación para elaborar el informe regional de derechos humanos, sino por los temas coyunturales que la Mesa ha puesto en la agenda sobre asuntos relacionados con la apropiación de tierras, la explotación minera y la construcción de microcentrales.
Justamente el tema de tierras está siendo investigado por algunos integrantes de la Mesa Regional de Derechos Humanos. “El despojo de tierras en el Oriente Antioqueño no tiene la magnitud de lo ocurrido en Urabá, pero sí lo hay y estamos en el proceso de precisar su dimensión. Nuestro propósito es entregar un informe completo a finales de febrero”, afirma una especialista en el tema que participa en ese proyecto. Pero no sólo están mirando el pasado, también vienen analizando el presente y lo que se ha detectado es que, actualmente, hay una compra masiva de predios rurales en diversas localidades, entre ellas Nariño y San Carlos.
“En el municipio de Nariño, por ejemplo, hay toda una vereda comprada, para explotación minera. Allí la inversión es extranjera”, dice la especialista consultada. Sobre la localidad de San Carlos, un abogado que trata de impedir jurídicamente la expropiación de predios de manera forzada, advierte que allí un solo comprador ha invertido varios cientos de millones de pesos en predios para dedicarlos a la ganadería extensiva. “Las compras las hace bajo amenaza y hostigando a los campesinos”, indica el jurista.
Para los defensores de derechos humanos amenazados es clara la estrategia de aquellos que, desde la clandestinidad, los presionan: “todo el que se atreva a denunciar es objeto de amenaza y su propósito es callarnos”, dice una de las afectadas, quien recuerda que situaciones similares se vivieron durante la década del setenta, cuando proliferaron los movimientos cívicos, los cuales fueron exterminados a sangre y fuego. “Pese a todo, seguiremos nuestro trabajo, porque somos muy testarudos”, dice.
Las alertas están dadas: los defensores de derechos humanos del Oriente Antioqueño están en grave riesgo. Lo que esperan allí de las autoridades es la identificación plena de los sectores clandestinos que los amenazan para evitar el cumplimiento de sus macabros propósitos, lo que les permitiría desarrollar sus proyectos de construcción regional libres de toda presión indebida.
