La advertencia está contenida en un informe de riego que la Defensoría y se espera que las autoridades emitan una alerta temprana para contrarrestar las amenazas que se ciernen contra la población civil.
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| Hay temor en Medellín por la llegada de los grupos armados ‘Los Urabeños’ y ‘Los rastrojos. Foto Semana |
Las bandas armadas conocidas como ‘Los urabeños’ y ‘Los rastrojos’ se han convertido en una amenaza para Medellín y están poniendo en riesgo a menores de edad, jóvenes y desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quienes les prometen dinero y otros beneficios para que integren sus grupos armados.
Así lo dice el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo a través del Informe de Riesgo 016-10 emitido el 29 de septiembre pasado y dado a conocer a las autoridades nacionales, regionales y locales para que definan su amerita o no la emisión de una alerta temprana. De acuerdo con la alerta, en la capital antioqueña estarían en riesgo cerca de 298.436 personas que viven en 54 barrios de 11 comunas. Según el documento conocido por Verdad Abierta, estas comunidades “se encuentran en situación de alto riesgo de padecer desplazamientos forzados intraurbanos, amenazas, atentados, asesinatos, restricciones a la movilidad, entre otras vulneraciones”.
Pero el temor del SAT va más allá y sumó a ese riesgo, la eventualidad de que se presenten alianzas o acuerdos entre estos dos grupos armados ilegales con algunas de las facciones surgidas de la ‘Oficina de Envigado’, entre ellaslas comandadas por Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, y Eric Vargas, alias ‘Sebastián’.
Según la Defensoría del Pueblo: “Es probable que se exacerbe la disputa territorial, por el control de la puerta de salida y de entrada a las comunas uno y dos hacia el corregimiento de Santa Elena y el dominio de la comuna 13, como corredor que comunica a Medellín con el Occidente y el Urabá Antioqueño, en su expansión hacia el norte y el occidente del país, así como por el manejo de los negocios de lavado de activos y de otras actividades ilícitas”.
De acuerdo con el SAT, las zonas en riesgo serían las comunas 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13, así como los corregimientos de San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal. La preocupación se centra especialmente en niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, estudiantes, miembros de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, sindicalistas, docentes, líderes comunitarios y población desplazada. De igual manera, están expuestos al riesgo los comerciantes, transportadores, empresarios y trabajadores del sector del transporte, líderes de Juntas de Acción Comunal, directivos de las instituciones educativas y voceros religiosos.
El Informe de Riesgo 016-10 explica que el actual escenario de riesgo se configura a partir de la cooptación o vinculación de nuevas estructuras armadas ilegales en algunos barrios y comunas de Medellín derivada del vacío de poder y de la ruptura de la línea de mando que generó la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC, así como la detención en mayo de 2005 de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, confeso narcotraficante, ex inspector de las AUC y comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, y su posterior extradición en mayo de 2008.
El SAT también resalta como factor de riesgo las acciones violentas de los grupos armados ilegales autodenominados ‘Oficina de Envigado’ y ‘Los Paisas’, que, de acuerdo con el documento, “utilizan, de manera directa o a través de bandas y redes delincuenciales, el terror, el miedo y la intimidación, como mecanismo para mantener el control social de la población asentada en las comunas y barrios de Medellín, afectando los derechos fundamentales de los pobladores, el ejercicio autónomo del liderazgo social y barrial, como también el que desarrollan los miembros y representantes de las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales y de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual fragmenta los procesos sociales y comunitarios”.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo asevera que el riesgo lo genera la confrontación entre las diferentes facciones armadas ilegales por el control y dominio de las actividades ilícitas y delincuenciales y de los grupos de seguridad privada ilegal que se financian con el tráfico y venta de estupefacientes, el hurto, el contrabando de combustible, la extorsión al comercio, al sector transportador, a los establecimientos de parqueaderos, estaciones de cambio de aceite y lavaderos de carros y, a las familias, lo cual pone en riesgo la vida de las víctimas, en particular, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
El SAT también destaca que para el caso de Medellín, hay grupos armados ilegales que “mantienen algunas prácticas y actividades de las extintas autodefensas debido a la emergencia de los mandos medios que conservan los patrones de comportamiento paramilitar en el campo militar y político afectando el ejercicio de los derechos fundamentales”.
Para explicar lo que viene ocurriendo en la ciudad, la Defensoría del Pueblo admite que reductos de las AUC que permanecieron en el territorio, disidentes del proceso de desmovilización y nuevos actores se reconfiguraron en grupos armados ilegales, “que se disputan el monopolio de las redes mafiosas, el control de las rentas legales e ilegales y la cooptación de las bandas delincuenciales que le fueron funcionales a las antiguas autodefensas”.
El Informe de Riesgo 016-10 es el segundo en tres años que emite el SAT para Medellín. El primero, conocido como Informe de Riesgo No. 009, fechado el marzo 21 de 2007, resaltó como factor de riesgo el proceso de reacomodamiento y reconfiguración de las estructuras armadas ilegales derivadas de los reductos paramilitares de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, especialmente en la comuna 13.
En el Informe de Riesgo del 2007 se reconoció que la existencia de nuevas facciones de estructuras armadas ilegales se produjo “por la ruptura de las unidades de mando de las antiguas autodefensas en Medellín y en el Valle del Aburrá, debido a la desmovilización de los lideres o miembros representantes de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC que cohesionaban militarmente a la tropa, quedando sin dirección y propiciando el fraccionamiento de los circuitos que articulaban a los mandos y a los combatientes rasos, el debilitamiento de los principios ideológicos que los unificaban, pero conservando los patrones de comportamiento y prácticas de las antiguas AUC que les garantiza la réplica y la preservación del modelo paramilitar y por esta vía, obtener beneficios económicos, sociales y políticos”.
De este fraccionamiento surgió la conformación de dos facciones armadas rivales: las de alias ‘Valenciano’ y alias “Sebastián”. Ambos se disputan actualmente, según el SAT, “el control territorial y social de los barrios y comunas de la ciudad de Medellín y que mantienen algunas prácticas y actividades de las extintas autodefensas debido a la emergencia de los mandos medios que conservan los patrones de comportamiento paramilitar en el campo militar y político afectando el ejercicio de los derechos fundamentales”.
No obstante, el Informe de Riesgo 009 fue desestimado por el entonces alcalde de Medellín, Sergio Fajardo Valderrama, argumentando que “estaba alejado de la realidad”. Además, las autoridades policiales y militares coincidieron en advertir que civiles y la Fuerza Pública, de la época, desestimaron la advertencia y consideraron que los riesgos establecidos para la comuna 13 estaban asociados a la delincuencia común y no a estructuras armadas de carácter paramilitar.
En el nuevo Informe de Riesgo, la Defensoría del Pueblo retoma el documento del 2007 y precisa que, con el transcurrir del tiempo, “se fue materializando el escenario advertido por el SAT: se incrementó la violencia, y con ella, las tasas de homicidios, y de desplazamientos intraurbanos, como también la utilización de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto”.
Además, el SAT ratifica “lo afirmado por varias organizaciones e instituciones sobre las debilidades del proceso de desmovilización, teniendo en cuenta que muchas de las estructuras armadas ilegales en Medellín continuaron con las practicas de las autodefensas desmovilizadas lo que ha generado un clima de tensión y de riesgo para la mayoría de los pobladores que residen en el área urbana y rural de Medellín”.
La Defensoría del Pueblo explica que la disputa entre los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización de los bloques de las AUC que operaron en Medellín, así como las estructuras armadas de la ‘Oficina de Envigado’, los llamados ‘combos’ y bandas al servicio del narcotráfico, “tiene el propósito de garantizar las condiciones para la consolidación y legitimación de un modelo socioeconómico y político en Medellín, a través de las actividades de lavado de activos, el despojo de inmuebles y otros bienes, que le permitan el acceso a recursos de economías legales e ilegales”.
Dadas las tendencias criminales evidenciadas, el SAT considera que es probable la ocurrencia de atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de la población civil por parte de facciones armadas ilegales reorganizadas luego de la desmovilización de las AUC y aliadas con ‘combos’ o bandas al servicio del narcotráfico.
“Tales acciones se podrían materializar en amenazas de muerte, homicidios selectivos y múltiples, retenciones ilegales, restricciones a la movilidad de la población civil, desplazamiento forzado intraurbano, vinculación, reclutamiento y utilización de niños/as y adolescentes, desaparición forzada, violencia sexual, la explotación sexual con fines de comerciales de niñas y adolescentes, y la utilización de métodos o medios para generar terror contra los residentes de los barrios, líderes comunitarios, empresarios, comerciantes, transportadores docentes y directivos y líderes religiosos”, aduce la Defensoría del Pueblo.
Para contrarrestar los escenarios de riesgo planteados, el SAT solicitó a las autoridades correspondientes emitir la alerta temprana correspondiente, e instruir a las autoridades para que adopten las medidas necesarias para “disuadir, mitigar o neutralizar el riesgo que se cierne contra la población de las comunas y corregimientos focalizados en riesgo”.
Se espera ahora el pronunciamiento de las instituciones comprometidas en la seguridad ciudadana para establecer si validan o no lo solicitado por el SAT de la Defensoría del Pueblo o tal como ocurrió en marzo de 2007, lo desestiman argumentando que la situación descrita por esta agencia del Ministerio público ya ha sido superada.
