El Alto Tribunal dejó en libertad al exgobernador de Antioquia que desde hace más tres años estaba detenido en una guarnición militar, mientras se adelantaba su juicio por presuntos vínculos con paramilitares. Está a la espera del fallo.
El último cargo que ejerció Luis Alfredo Ramos fue el de Gobernador de Antioquia. Foto: archivo Semana.A continuación reproducimos este artículo elaborado a raíz de su detención.
Si de algo puede presumir Luis Alfredo Ramos Botero es que nunca ha perdido contienda electoral en la que ha participado. Venció con amplio margen en los comicios de 1970 donde alcanzó unacurul en el Concejo de su natal Sonsón, en el Oriente antioqueño. También obtuvo el favor de los electores para llegar a la Asamblea de Antioquia en 1974 y a la Alcaldía de Medellín en 1992. Tampoco fueron para nada despreciables los votos que le permitieron llegar en 2002 al Senado de la República y en 2007 a la Gobernación de Antioquia.
Ahora, sus seguidores y copartidarios políticos del movimiento Puro Centro Democrático, a donde fue a recalar y del cual esperaba ser candidato presidencial, confían en que esa misma fortaleza que ha tenido en las urnas lo acompañe en los estrados judiciales, donde deberá enfrentar un proceso por presuntos nexos con jefes paramilitares, razón por la cual se le dictó orden de captura.
Pero no es la primera vez que el político antioqueño rinda declaraciones ante la justicia por cuenta de testimonios en su contra que lo vinculan con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). En 2007, un hombre que sirvió de escolta de varios jefes paramilitares, llamado José Raúl Mira Vélez, le dijo a la Corte Suprema de Justicia que Ramos Botero se había reunido con él, con otro paramilitar y con un general del Ejército a principios de 2000 en el centro de Medellín.
En esa reunión, dijo el testigo, el político antioqueño y el alto oficial le propusieron organizar y darle entrenamiento militar a los paramilitares que ingresarían a la ciudad supuestamente a copar los espacios de las milicias urbanas de la guerrilla. Pese a la polémica, esas denuncias no prosperaron y en las elecciones de ese año fue elegido Gobernador de Antioquia.
Mario Iguarán Arana, siendo Fiscal General, ordenó cerrar la investigación que se llevaba en contra de Ramos Botero tras considerar que no existían pruebas suficientes para vincularlo con grupos paramilitares. “Ramos tuvo una actuación pública y no hizo pactos ni componendas con grupos irregulares”, dijo en ese entonces el alto funcionario.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia abrió nuevamente investigación preliminar contra el entonces gobernador de Antioquia en 2011, luego que el extraditado narcotraficante Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra declarara ante fiscales de Justicia y Paz que Ramos tuvo vínculos con varios jefes de las Auc.
En su versión, este narcotraficante señaló que las autodefensas apoyaron la campaña del político antioqueño al Congreso en el 2002 y siendo Senador participó en una reunión a la que asistieron varios jefes de las Auc, entre ellos Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y otros políticos antioqueños, como el recientemente condenado Óscar Suárez Mira.
Según lo aportado a la Corte Suprema de Justicia por alias ‘el Tuso’ y otros paramilitares, como Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, y alias ‘Ernesto Báez’, dicha reunión tuvo lugar en enero de 2005 en una finca ubicada en la vereda Tierradentro, municipio de Bello, de Hugo Albeiro Quintero, propietario de la empresa Bellanita de Transportes y sobre quien pesaba, por aquellos años, serios señalamientos de ser el jefe de la temida banda delincuencial de Pachelly, que operaba en esa población del norte del Valle de Aburrá, y de ser hombre cercano al jefe paramilitar Vicente Castaño Gil.
A ella, según las confesiones, concurrieron los comandantes paramilitares Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; alias ‘Ernesto Báez’ y alias ‘Alberto Guerrero’, quien en ese momento no participaba del proceso de paz con el gobierno nacional; y los congresistas Óscar Suárez Mira y Luis Alfredo Ramos, entre otros.
“A esa reunión asistieron amigos de las autodefensas, pues es como yo siempre he dicho, esto fue de amigos, las autodefensas siempre buscamos a los amigos. Uno invitaba a otro y ese otro a otro y así. Esto fue de amistad porque a nadie se le obligó air a esas reuniones”, declaró alias ‘Alberto Guerrero’ a la Alta Corte, añadiendo, además, que el motivo del encuentro no fue otro que hablar sobre la Ley de Justicia y Paz, que estaba en trámite en el Legislativo por aquel entonces.
Los testimonios de los paramilitares resultaron fundamentales en el juicio que la Corte le siguió a Óscar Suárez Mira, quien fue condenado, en julio pasado, a nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir. La pregunta ahora es si estas declaraciones serán igual de relevantes en el proceso que se le seguirá a Ramos Botero.
También cabe el interrogante si la Alta Corte valorará los testimonios del exjefe paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y que aparecen consignados en el proceso contra Suárez Mira, donde señala que atendió en más de una oportunidad a varios integrantes del desaparecido partido político Alas Equipo Colombia, del cual Ramos Botero fue su principal figura, quienes le solicitaron apoyos económicos para las elecciones parlamentarias de 2006.
Al respecto, Ramos Botero reconoció recientemente en entrevista dada al diario El Tiempo que si bien sí se reunió con los paramilitares mencionados, lo hizo en calidad de congresista y atendiendo una invitación de su copartidario Óscar Suárez Mira; además, dijo que solo se limitó a escuchar las preocupaciones de alias ‘Ernesto Báez’ sobre del trámite de la Ley de Justicia y Paz, y que nunca ha buscado, recibido o necesitado apoyos de ninguna índole de grupo armado ilegal alguno.
Ahora queda en manos de la justicia si el nombre de Ramos Botero se sumará a los de los exsenadores antioqueños Humberto Builes, Rubén Darío Quintero, Antonio Valencia Duque, Óscar Suárez Mira, Mario Uribe Escobar; y los ex representantes a la Cámara César Augusto Andrade Moreno, Rocío Arias Hoyos, Manuel Ávila Peralta, José Enrique Doval Urango, Estanislao Ortiz Lara y César Pérez García, condenados todos ellos por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con grupos paramilitares.
