Unidad de Justicia y Paz entregó a la Corte Suprema y a la Dirección Nacional de Fiscalías copias de los testimonios de desmovilizados que señalan a varios pesos pesados por sus presuntos vínculos con las Auc.
Después de un complejo trabajo de investigación el despacho 25 de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía entregó a las autoridades las primeras evidencias de la complicidad entre políticos y paramilitares en Caquetá.
Este despacho recibió testimonios y otras pruebas que apuntan a que dos pesos pesados de la política caqueteña pudieron haber estado involucrados con los paramilitares del Bloque Central Bolívar que llegaron a esa región desde 2001: el ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario y el ex gobernador Juan Carlos Claros. Las versiones libres de ‘paras’ desmovilizados que se acogieron al proceso de Justicia y Paz también señalaron al ex alcalde de Florencia Arnoldo Barrera y al senador Oscar Reyes, por sus presuntos vínculos con grupos de autodefensa.
Ha sido una labor difícil porque de los 23 desmovilizados postulados a Justicia y Paz que pertenecen a estos frentes, tan sólo cuatro han rendido versión libre. El trabajo del fiscal y su equipo de Policía Judicial se ha complicado ya que muchos de estos desmovilizados no se ratificaron, la mayoría no se han presentado y, es de presumir, que varios siguen delinquiendo.
Los paramilitares que sí han declarado ante Justicia y Paz, dieron detalles de reuniones entre los políticos involucrados con jefes del frente Héroes de los Andaquíes, en las cuales presuntamente pactaron entregarles parte del presupuesto público de gobernaciones y alcaldías a cambio de contar con la financiación de las autodefensas para las próximas elecciones.
Los jefes políticos
El primer político mencionado por los paramilitares del frente Héroes de los Andaquíes es el ex congresista Almario, quien ha sido acusado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad intelectual en los asesinatos del representante a la Cámara Diego Turbay Cote, su madre y cuatro personas más realizado por las Farc en el 2000 en Caquetá (ver nota completa).
Por este proceso Luis Fernando Almario recobró su libertad en mayo de 2009 después de que el juez especializado de Bogotá, Carlos Enrique Tobón, ordenara su libertad por considerar que se vulneró su derecho al debido proceso. El juez decidió que el expediente de Almario se devolviera a la fase de instrucción pero el proceso sigue vigente. (ver nota completa)
La Fiscalía entregó a la Corte Suprema el testimonio de uno de los ex jefes políticos de este grupo paramilitar, cuyo nombre se reserva por razones de seguridad, quien aseguró en versión libre el 17 de marzo de 2009, que Almario se reunió con alias ‘Chiqui’ en un apartamento en Bogotá donde se pactó la colaboración que los paramilitares presuntamente entregaron a su “ahijado” político, Juan Carlos Claros, para las elecciones a la gobernación de Caquetá en el 2004.
Según sus declaraciones, Almario sereunió también en varias ocasiones con el máximo cabecilla del BCB, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, uno de los jefes más poderosos de las Auc, para definir la forma en que su bloque paramilitar iba a financiar la campaña de Claros.
Fue así como alias ‘Chiqui’, por órdenes de ‘Macaco’ presuntamente entregó 20 millones de pesos para apoyar la campaña de Claros y se comprometió a intimidar a la población del departamento para que votara por él.
Según este ex jefe paramilitar que está colaborando con la justicia, dijo que la presión se hizo más fuerte en el municipio de Morelia, también en veredas como La Liberia, Fuente Hermosa, Puerto México, y la Rochela en el corregimiento de Bolivia donde Luis Francisco Cuellar, candidato opositor de Claros para las elecciones, tenía gran acogida.
También aseguró en versión libre que después de la elección de Juan Carlos Claros como gobernador en el 2004 el político entregó grandes tajadas del presupuesto del departamento a los paramilitares a través de Carlos Mateus Morales, alias ‘Paquita’ y ‘Meridiano’, quienes se encargaron de chantajear a los ingenieros en la construcción del puente de Valparaiso y los licitantes de la gobernación por millonarias sumas de dinero.
No es la primera vez que aparecen denuncias de la presunta relación entre Almario con grupos paramilitares. La información aportada por la Fiscalía se suma al vínculo que se da por los lazos familiares entre Jhon Eduard Monje, quien fuera asesor de la unidad legislativa de Almario durante su gobernación, y su hermano Juan Carlos Monje, quien se desmovilizó en Valparaíso como jefe de la autodefensas que dominaban esa zona.
Algo similar ocurre con Juan Carlos Claros, recientemente otro desmovilizado del Bloque Héroes de los Andaquíes confesó en versión libre el 12 de junio de 2009 que alias ‘Quini’ y ‘Tiberio’ dejaron 300 uniformes camuflados en una finca del actual gobernador de Caquetá Luis Francisco Cuellar en octubre de 2005. La idea del crimen, que fue presuntamente ordenado por Juan Carlos Claros, era enlodar el nombre de Cuellar para que la opinión pública lo relacionara con grupos de autodefensa.
El alcalde
Otro político señalado por los desmovilizados es el ex alcalde del municipio de Florencia en el 2004, Arnoldo Barrera.
Según el testimonio de otros dos desmovilizados que rinden versión libre en el proceso de Justicia y Paz, Barrera asistió a una reunión en la hacienda “La Bonita” en el municipio de Morelia, con alias ‘Peruano’, ‘Paquita’, ‘Popis’ y ‘Meridiano’ en la que el político pidió a los paramilitares que financiaran su campaña a la alcaldía de Florencia.
Como resultado de la reunión presuntamente ‘Peruano’ tomó la determinación de apoyar a Barrera a través de ‘Chiqui’, quien se encargaba de manejar las finanzas del grupo de autodefensas.
Una vez más las autodefensas se encargaron de intimidar a la población en las veredas de San Martín y Macagual, también amenazaron a los habitantes del casco urbano de Florencia a través de alias‘Chacal’ para que votaran por Barrera.
El ex jefe paramilitar que confesó, dijo que él personalmente había ayudado a amedrentar a la población para que votara por Barrera. Después de la votación que terminó con la elección de Arnoldo Barrera, la alcaldía municipal de Florencia, dijo además que entregó las licitaciones para las construcciones de puentes y carreteras a las Auc, y que también les ayudó a ingresar combustible ilegal en canecas de 55 galones.
El ex alcalde Arnoldo Barrera fue destituido y condenado a 10 años de inhabilidad política por la Procuraduría en abril de este año. Según aseguró el Ministerio Público en esa oportunidad Barrera suscribió contratos por 195 millones de pesos sin tener facultades por parte del Concejo de Florencia.
El senador
El otro político señalado por los desmovilizados, y cuyos testimonios fueron enviados a la Corte Suprema para ser investigado, es el senador Oscar Reyes, quien ha sido acusado de participar en una reunión en la hacienda ‘06’ de Salvatore Mancuso en el corrimiento El Caramelo de Tierra Alta, Córdoba, en junio de 2004.
En la reunión, a la que presuntamente asistieron los jefes paramilitares Ernesto Báez y ‘Julián Bolívar’, los paramilitares presionaron a Oscar Reyes para que se comprometiera más con los planes de las autodefensas.
El senador Reyes llegó al Congreso de la República por el partido Convergencia Ciudadana, pertenece al mismo grupo político del ex congresista Luis Alberto Gil, quien renunció a su fuero para ser investigado por la Fiscalía.
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