Han pasado 49 años desde que las Farc lanzaron su primera propuesta de reforma agraria. Ahora tienen un nuevo documento que da un viraje en ciertos puntos.
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| El gobierno y la guerrilla discuten el tema agrario en La Habana. Foto Semana |
Luego de que se conociera la reforma agraria de diez puntos queproponen las Farc en la mesa de diálogos en Cuba, sectores políticos y académicos han empezado a analizar si este nuevo documento trae más de lo mismo que han venido proponiendo las guerrillas desde 1964 o si han innovado en el discurso, adaptándolo a los nuevos tiempos.
Desde su fundación, las Farc han hablado de profundas reformas a la política agraria y esa ha sido quizás la principal razón con la que han justificado mantenerse en armas por casi 50 años.
Las Farc lanzaron un programa agrario en 1964 durante su primera conferencia en Riochiquito, una región que comprende los municipios caucanos de Silvia, Inzá y Belalcázar. Hasta allí habían huido de los bombardeos militares durante el gobierno del presidente Guillermo León Valencia (1962-1966).
Esta propuesta agraria de corte marxista consistía básicamente en una reforma que le diera tierras a los campesinos de forma gratuita, sobre la base de la “confiscación de la propiedad latifundista”.
En ese entonces la guerrilla proponía que se “confiscaran las tierras ocupadas por compañías imperialistas norteamericanas a cualquier título y cualesquiera que sea la actividad a la cual estén dedicadas”.
En 1964, los marquetalianos, entre los que estaban ‘Tirofijo’, ‘Jacobo Arenas’, Rigoberto Lozada e Isauro Díaz, entre otros jefes, buscaban una reforma agraria que respetara “la propiedad de los campesinos que trabajen personalmente sus tierras”.
Luego, en 1993, durante la octava conferencia de ese grupo guerrillero, al revisar su propuesta, plantearon de nuevo la “liquidación del latifundio” y la “redistribución de la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas”. También decían que se debía renegociar los contratos con las compañías multinacionales que fueran “lesivos para Colombia”.
La propuesta presentada ahora por Iván Márquez en La Habana habla sí de erradicar el latifundio, pero sólo aquél que sea “improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso”. Además, proponen hacer una redistribución de la tierra a través de un fondo que debe dar “prioridad a los campesinos sin tierra y a las mujeres”, según dice el documento conocido recientemente. Ese fondo, además de los latifundios a los que aluden, estaría alimentado por tierras baldías, despojadas e incautadas al narcotráfico.
Para Carlos Salgado, director de Planeta Paz y quien le ha hecho seguimiento al conflicto por la tierra en el país, es claro que el documento de La Habana revela un cambio de postura de las Farc. “No es un discurso de clase tan fuerte, que pretenda imponer una sola lógica sobre el desarrollo rural”, dice y agrega que lo interesante de esta nueva propuesta “es que no se mandan contra el latifundio como en el programa agrario de los guerrilleros (del 64), que no permitía ningún tipo de propiedad”.
Es más, el gobierno ha sido más audaz que la guerrilla en lo que se refiere a la erradicación de los latifundios improductivos, sostiene Yamile Salinas, consultora y experta en temas agrarios. “El ministro (Juan Camilo Restrepo) ha dicho que un propósito del proyecto de Ley de Desarrollo Rural es recuperar las tierras indebidamente ocupadas y ociosas, y ha planteado agilizar y flexibilizar los trámites en los procesos agrarios: clarificación de dominio, extinción y expropiación por vía administrativa. Mientras que en lo que dicen las Farc no se sabe a qué se refieren con erradicar. Es bastante abstracto”, explica Salinas.
Quizás por eso se entendería el llamado que hicieron los voceros de la guerrilla para que Restrepo viaje a Cuba a explicar si se incluirán los acuerdos a lo que se llegue en el tema agrario en el proyecto de ley de Desarrollo Rural, actualmente bajo consulta con las comunidades indígenas.
En una carta enviada al funcionario “consideran un contrasentido y de mal augurio para el país que mientras se coloca como fundamental en la búsqueda de la paz la discusión de la política de desarrollo agrario (…), el gobierno siga avanzando en el propósito de aprobar una legislación de tierras”.
El Ministro respondió a la guerrilla que “el Gobierno, desde un comienzo y ahora, ha entendido que tiene una política agraria de avanzada, audaz, nueva, que queremos impulsar haya o no negociaciones con las Farc y que esto se hará respetando el derecho privado, respetando la propiedad y respetando los derechos adquiridos de buena fe“.
Pero lejos de la discusión de si es oportuno o no que el gobierno continúe con su agenda legislativa en momentos en los que no se ha acordado nada de fondo en las conversaciones de paz, la propuesta de las Farc muestra, sin embargo, que las dos partes se están acercando, al menos en este primer punto sobre cómo reformar las reglas de juego del agro para hacer que la tierra esté mejor distribuida y que buena parte de la población del campo deje de estar marginada.
Con el nuevo documento sobre la mesa pareciera que las Farc intentan quitarle algunas banderas contempladas en la política de desarrollo rural del gobierno, como por ejemplo, el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina. Pero a la vez, según lo ha asegurado el propio presidente, las propuestas agrarias del gobierno incluyen varias de las que históricamente han reclamado las Farc.
Una Farc moderada
La nueva propuesta de las Farc coincide con algunos expertos del tema agrario en el país en la necesidad de una agenda de modernización del campo liderada por el Estado, algo que ya se planteó en el informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Es por esto quizás que flexibilizaron su posición sobre la inversión extranjera. Siempre habían defendido la expropiación de tierras adquiridas por extranjeros y la prohibición absoluta de nuevas adquisiciones. En la mesa de La Habana, en cambio, están proponiendo, la “prohibición o establecimiento de límites según el caso”. Además hablan de regular otro tipo de latifundios agrícolas que pueden coexistir con las economías campesinas. Allí incluyen la minería de cielo abierto, los hidrocarburos, la energía hídrica y la producción de biocombustibles. El documento también habla de propiciar y afianzar “el asentamiento y estabilización de pequeños y medianos productores en esos espacios”.
De hecho, aunque Iván Márquez explicó en una entrevista reciente que para ellos “unas comunidades campesinas, bien organizadas, deben asociarse con la industria nacional en condiciones que favorezcan en justicia a cada una de las partes”.
Para hacer realidad esta propuesta, la guerrilla explica que además de democratizar la tierra se deben constituir territorios campesinos, como ya se ha hecho con afros e indígenas y esto incluye lo que han llamado “zonas de producción campesinas de alimentos”. Nombran además las zonas de reserva campesina, una figura que ya existe y que el gobierno Santos se ha propuesto revivir y consolidar.
También llama la atención que en este documento, aunque mantengan una posición nacionalista y proteccionista con respecto al agro, las Farc hagan un giro semántico con respecto a los tratados de libre comercio y utilicen los términos “denunciar” y “revisar”. Ahora sugieren que mientras se da esa revisión, el Estado proteja las economías campesinas que posiblemente se vean afectadas por los mismos, contrario a su tendencia histórica a oponerse a este tipo de acuerdos.
Yamile Salinas explica que este punto, las guerrillas están proponiendo algo que ya fue aprobado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual la posibilidad de que se revisaran tratados internacionales cuando afecten derechos fundamentales.
El documento de las Farc también coincide con el gobierno Santos en que es necesario estimular los usos agrícolas de la tierra que “desganadericen” las economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. Para Carlos Salgado este concepto no es nada nuevo y pone como ejemplo que varias asociaciones de campesinos del Magdalena Medio han avanzado en el proceso de crear zonas exclusivas para producir comida ante la proliferación de cultivos de palma, cuyo fin es la producción de biocombustibles.
Además del estímulo a las economías campesinas, el documento de las Farc propone “la coexistencia de diferentes modelos de producción atendiendo regulaciones estrictas del encadenamiento productivo”.
Un Estado activo
En la nueva propuesta que ha surgido en La Habana, la guerrilla introduce conceptos en los que el Estado juega un papel importante en la regulación de la tenencia de la tierra y no descarta del todo la participación de empresas extranjeras.
Como ya se dijo, las Farc ya no hablan de erradicar la inversión extranjera sino de “prohibición o establecimiento de límites según el caso”. En esta revisión la guerrilla habla, precisamente, de que es el Estado el que debe revisar la legislación que promueva el “acaparamiento en manos de consorcios trasnacionales”. Esta parte de la propuesta coincide con políticos como Jorge Robledo, del Polo Democrático, y Miguel Gómez, del partido de La U, quienes, desde orillas ideológicas opuestas, pero la dos nacionalistas, han propuesto una regulación de la participación extranjera en tierras colombianas.
Las Farc además piden que “el Estado adopte la declaración de los derechos del campesino de la ONU”, así como “el acuerdo 141 de la OIT referente al trabajo rural”. Este acuerdo habla de que los trabajadores rurales deben ser alentados a desarrollar organizaciones libres y viables que puedan proteger y defender los intereses de sus afiliados y “de garantizar su contribución efectiva al desarrollo económico y social”.
Finalmente, la guerrilla plantea que para lograr un desarrollo integral del agro es necesaria la creación de una institucionalidad que garantice esos acuerdos y que el camino sería una Asamblea Constituyente, lo que Santos rechazó de plano.
Resulta casi paradójico que la Farc propongan una Constituyente como si el problema de la injusticia y la desigualdad en el campo colombiano fuera un asunto de preceptos constitucionales equivocados. En esto, se parecen al Establecimiento colombiano que suele buscar la solución a todo cambiando leyes y normas. Lo que hace falta en el campo es hacer valer las normas existentes, que en teoría privilegian al campesino, limitan la venta de tierras baldías a grandes latifundistas, le dan a los concejos municipales el poder de gravar la tierra de manera que no resulte negocio mantenerla osciosa, etc. Los instrumentos legales están allí, y lo que ha faltado es la voluntad política de hacerlos valer.
La nueva propuesta agraria de la guerrilla demuestra que las posiciones y los intereses están más cerca del gobierno que nunca antes. Es una propuesta históricamente más reformista, pragmática y nada de lo que propone puede considerarse como un imposible. El reto del gobierno, y de las Farc, no será tanto ponerse de acuerdo en lo que se debe hacer, pues están muy cerca; si no en asegurarse que los cambios se hagan en la realidad y el país empiece a ver a sus pequeños y medianos campesinos con respeto, como un sector clave en la seguridad alimentaria del país; uno que no sólo merece mejor infraestructura, nutrición, créditos, zonas especiales de reserva, protección frente a la competencia extranjera desleal, reparación por los abusos sufridos por razones de justicia, si no porque es mejor negocio en lo económico, y sería la base para una política más legítima.
