En la región hay desmovilizados, ahora con los ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’, guerrilleros y rivalidades entre multinacionales y pequeños mineros. Segovia y Remedios son una bomba de tiempo.
Hace poco más de tres meses que Dairo Rúa, dirigente sindical y actual presidente del Concejo de Segovia, vive confinado en La Roca, una de las tantas pequeñas minas de oro que tiene este municipio del Nordeste antioqueño. De no haberlo hecho, afirma, el sustento de más de 300 familias estaría hoy en poder de las llamadas bandas criminales.
Promediaba el mes de julio de este año cuando los trabajadores de La Roca recibieron la orden de abandonar la mina por las buenas. La sentencia provenía de un grupo disidente de la banda criminal ‘Los Rastrojos’ conocida como ‘Héroes del Nordeste’. Para que no quedara dudas de la amenaza, unpar de días después fue asesinado un minero. El éxodo no se hizo esperar, pero en un arranque de valentía, Rúa decidió vivir en el socavón, según él, “para evitar que esa gente se quedara con la mina”.
Desde entonces, el líder sindical convive con cuatro exmilitares profesionales que varios mineros de la región pagan para que no lo desamparen ni de día ni de noche, dos patrulleros que el Departamento de Policía Antioquia le asignó para que lo escolten las 24 horas del día y un temor incesante que le recorre el cuerpo desde que se levanta hasta que se acuesta.
“Tuve que sacar a toda mi familia del departamento. Para donde me mueva tengo que hacerlo en un carro blindado. El miedo es bastante, aunque, por lo menos, los trabajadores volvieron y la mina sigue funcionando. Eso reconforta”, dice uno de los hombres más amenazado en Segovia. Sin duda un precio muy alto que no todos están dispuestos a pagar.
Pedro*, por ejemplo, no vaciló en abandonar el pueblo cuando le mandaron decir, en julio pasado, que ya no tenía ningún derecho sobre su mina, ubicada en la carretera que de Segovia comunica a Zaragoza. “Así está la cosa por allá. Los pequeños y medianos (mineros) tenemos que pagar 10, 20 o 30% de lo que saquemos y si la mina es buena, como la mía, nada, simplemente hay que entregarla. ¿A quién? Pues a esa gente, a los ‘paracos’”, relata el hombre, quien ahora deambula por las calles de Medellín sin nada que hacer.
La extorsión no solo tiene agobiados a los que tienen pequeños y medianos entables, como los segovianos le dicen a las minas; son varios los comerciantes que cerraron sus negocios porque no aguantan tanta vacuna. “Las cafeterías, panaderías y restaurantes tienen que pagar entre 400 mil y un millón de pesos mensuales. Y si a eso le suma que a veces hay que pagarle a dos o tres bandos, entonces la situación se hace insostenible”, asegura el presidente del Concejo.
De acuerdo con las autoridades civiles y de Policía, es precisamente la disputa por estas rentas derivadas de la minería y la extorsión lo que ha disparado los índices de homicidios en el Nordeste antioqueño. Entre enero y octubre fueron asesinadas, solo en Remedios y Segovia, por lo menos 300 personas, lo que representa un incremento de más del 100% con respecto al año anterior.
La cantidad de muertes violentas tiene tan consternada a la comunidad que existe un grupo en la red social Facebook llamada “Personas fallecidas en Segovia”, donde se consigna una foto de la víctima y la forma cómo fue asesinada.
Las amenazas, la extorsión y los asesinatos también están generando un desplazamiento forzado silencioso e invisible, pero continuo y dramático. Los registros oficiales no permiten dimensionar la magnitud del flagelo debido a que el subregistro es bastante elevado, como le manifestó a Verdadabierta.com una funcionaria pública que pidió reserva de su nombre. Se estima que por lo menos unas 1.500 personas han abandonado la región en lo que va del año.
Lo que hay detrás
La Gobernación de Antioquia calcula que este año el departamento producirá unas 24 toneladas de oro y el 65% de ellas las aportarán Segovia y Remedios. Si se tiene en cuenta que la onza del metal bordea hoy los 1.600 dólares y que solo Segovia tiene cerca de 190 pequeñas minas que trabajan en la más completa informalidad, bien podría señalarse que solo por minería, las bandas criminales estarían disputándose rentas muy superiores a los cinco mil millones de pesos mensuales. Sin duda un botín bastante atractivo para cualquier grupo armado ilegal.
A lo largo de su historia, ambos municipios han sido un corredor de movilidad de todos los grupos armados ilegales los cuales han buscado captar rentas derivadas de la minería: desde el Frente 4° de las Farc y el Frente Héroes de Anorí del Eln, que aparecieron en la década de los ochenta del siglo XX, pasando por el Bloque Metro de las Accu y Central Bolívar de las Auc, que dominaron la región desde mediados de los años noventa hasta 2005, para llegar a las bandas criminales de hoy.
“Los protagonistas de esta nueva ola de violencia son hombres curtidos en la guerra, que llevan años militando en grupos armados y pasan de uno al otro bando con mucha facilidad”, explica el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño.
“Después de la desmovilización queda un grupo de combatientes no desmovilizados que asumen el rótulo de ‘Rastrojos’. Son personas de la región: conocen las redes de apoyo, conocen la región”, añade el funcionario, para quien no deja de ser significativo este hecho, “porque, ¿qué es lo que vemos en otras regiones donde también hay esta guerra de bacrim? Que ambas llegan de afuera a enfrentarse en el territorio”.
En Antioquia ya existen antecedentes que corroboran lo dicho por el funcionario departamental. Hace un año, las autoridades civiles y de Policía trataban de conjurar la difícil situación de orden público que vivía el Bajo Cauca antioqueño derivado del enfrentamiento entre ‘Paisas’, ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’. Para finales de 2011 los homicidios mostraron un descenso significativo, cesaron los ataques sicariales y la Fuerza Pública daba por descontada la presencia de bacrim en la región, gracias a los intensos operativos militares en el marco del Plan Troya.
Sin embargo, la versión que tienen habitantes y dirigentes comunitarios de Caucasia, Nechí, Cáceres y Tarazá es que, cansados de la persecución oficial y el desgaste de más de un año de guerra, ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ pactaron una tregua y se dividieron territorios: para los primeros, que han venido en un proceso acelerado de expansión desde su surgimiento en el Urabá antioqueño a mediados del año 2006, correspondieron los corredores y rutas que los conectan fácilmente con el Caribe. Los segundos regresaron a sus lugares de origen: el sur del país y el pacífico colombiano.
La tesis no parece descabellada y hasta las mismas autoridades civiles de Antioquia dan algo de crédito a la versión pues hoy, el clima que se respira en el Bajo Cauca antioqueño, el Sur de Córdoba, el Urabá antioqueño y el Occidente del departamento es de relativa tranquilidad.
“Eso como que funcionó por allá, pero en Segovia no, porque ‘Los Rastrojos’ que hay de allá son de la región. Ellos qué dijeron: ¿por qué nos vamos a ir, si nosotros somos de acá y acá nos quedamos? Y fue precisamente la entrada de ‘Los Urabeños’, en su intención de conectar el Nordeste con el Bajo Cauca y el Norte del departamento, la chispa que encendió todo lo que hoy estamos viviendo allá”, añade el Secretario de Gobierno Departamental.
En esa disputa por el control del territorio y el lucro de las rentas legales e ilegales, ambos bandos están recurriendo a métodos de terror que hacen recordar la época de control de los paramilitares.
“En este momento no pueden llegar extraños ni a Segovia ni a Remedios porque les puede ir mal. De hecho ya ha pasado: han matado muchachos de otra parte que llegan a buscar trabajo en las minas y no saben cómo está la cosa. Hace como tres semanas llenaron a Remedios de panfletos diciendo que el que vieran con extraños lo iban a matar, que había que entrarse a las 10 de la noche”, le contó a Verdabierta.com un defensor de derechos humanos que hace presencia en la región y que pidió reserva de su nombre.
“La carretera de Segovia a Zaragoza es tierra de ellos. En Fraguas no hay ni siquiera manera de entrar, si hasta la Policía, que se metió hace poquito allá, casi le matan tres uniformados, diga la gente del común. La situación es más crítica para la zona rural de Remedios. En las veredas Santa Marta y Lejanías los grupos armados instalaron retenes y, como es una zona de tan difícil acceso por la carretera, tienen confinados a los campesinos: nadie entra y el que quiera salir tiene que pedir permiso, ni siquiera a llevar comida, porque ellos no dejan”, agrega el activista.
Al despacho del Secretario de Gobierno Departamental ya comenzaron a llegar denuncias sobre reclutamientos forzados y vinculaciones forzosas. “Los Urabeños’ están reclutando en Urabá. Hace cuatro meses que hubo una masacre en Martaná, donde el Ejército dio de baja a cuatro integrantes de una bacrím y capturó otros seis, todos eran pelados de Urabá”, dice Santiago Londoño, quien agrega que “La mayor parte de los muertos son entre ellos, pero, ¿quiénes? Que el campanero, la mamá del jefe de un bando, la novia de otro bacrim, la familia del que se torció de bando”.
Acción oficial
El pasado 14 de octubre, el propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, lanzó el Plan Troya Nordeste cuyo objetivo principal es combatir la presencia que aún mantiene el Frente 4° de las Farc y que, según sus análisis, también tiene responsabilidad en lo que pasa en Segovia y Remedios. El Plan también busca neutralizar el accionar de ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’ y una disidencia de estos últimos que se autodenomina ‘Héroes del Nordeste’.
Para tal fin se envió a la región un contingente de 340 patrulleros de la Policía y siete oficiales de Ejército y Policía, mientras que la Fiscalía dispuso de dos fiscales antibacrim y se reforzó la Policía Judicial en la zona.
Si bien para el Secretario de Gobierno de Antioquia, ya comienzan a observarse resultados, como lo fue la captura de alias ‘Ever’ presunto responsable de las extorsiones a los comerciantes, organizaciones sindicales y de derechos humanos con presencia en el Nordeste han elevado su voz de protesta por lo que consideran una “criminalización de la pequeña y mediana minería”.
“La Policía llega y cierra una mina disque porque ‘están apoyando a esos grupos’. Yo me pregunto: ¿pagar vacuna obligada es apoyar a un grupo? Eso es lo que está pasando, nos están tratando de criminales. Y si es así, ¿por qué algunos policías hablan con los dueños de los entables y les piden plata disque para no tener que cerrarlos? Me parece que es un juego contra el pequeño minero para sacarlo y dejarle el paso a las multinacionales”, denuncia Fabio*, líder sindical de Segovia, quien por su situación de seguridad pidió reserva de su nombre.
Según este sindicalista, no queda duda que hay quienes quieren ‘pescar en río revuelto’ en medio de esta ola de violencia. “Es muy extraño que el Nordeste nunca haya tenido grupos como ‘Rastrojos’ o ‘Urabeños’ y llegó la Zandor Capital (filial de la Gran Colombia Gold), que compró la Frontino Gold Mines en 2010, y aparecen estos grupos amenazando y vacunando a los mineros. Es muy raro que pasen cosas como que los mineros de una de las minas de la Zandor, La Providencia, hayan hecho un paro en agosto, porque les estaban desconociendo derechos laborales, y hayan amenazado a todos los que organizaron el paro y hayan matado a dos”, relata Fabio, quien precisamente fue uno de los amenazados y salió de la zona.
“Me tocó venirme para Medellín, donde tampoco me siento seguro. He puesto denuncias en todas partes, pidiendo protección, pero el Gobierno lo único que me dio fue un chaleco antibalas y, ¿yo para qué eso?”, se pregunta el dirigente sindical. Lo anterior sugiere que lo que sucede en el Nordeste antioqueño no se agota en la explicación de una disputa entre bandas criminales por el control de rentas legales e ilegales.
Y es que todo este conflicto trascurre en una región donde el Estado no ha logrado consolidar su presencia, dejando a los mandatarios locales a merced de los apetitos voraces de legales e ilegales por las rentas mineras. Y en el medio de ello un pleito jurídico de más de 27 años que tiene enfrentados a antiguos trabajadores y pensionados de la liquidada Frontino Gold Mines, el Gobierno Nacional y la multinacional Zandor Capital, filial de la Gran Colombia Gold que adquiriólos derechos de explotación sobre las minas de la Frontino.
Con los precios actuales del oro y las intenciones del Gobierno Nacional de apostar fuerte por la minera a gran escala, municipios como Segovia y Remedios, que según expertos poseen las reservas de oro más grandes de Colombia, se convierten en un objetivo estratégico de alto valor.
Así lo han entendido multinacionales como la Gran Colombia Gold, que ya adelanta trabajos de prospección en áreas rurales de Segovia. También lo ha entendido el Gobierno Nacional, que emprendió lo que ha denominado “la gran lucha contra la minera ilegal”. Y también lo han entendido los grupos armados ilegales, que han demostrado su intención de no dejarse sacar de la tierra que han saqueado por décadas, bajo el más completo manto de impunidad.
*La Fuente pidió que se omitiera su nombre
