La primera sentencia en este municipio le restituyó a una familia desplazada en 2003, que retornó al pueblo en medio de la violencia. Fue un lugar cercado por la guerrilla y las Auc.
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| Guerrilleros y paramilitares provocaron en un década el desplazamiento de 13 mil personas en Colosó, Sucre. Foto Semana |
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En 2003, no recuerda el día ni la hora, Sonia* no aguantó más. Al enterarse de que sus vecinos, los hermanos Ruiz, habían sido asesinados, recogió lo que pudo y se desplazó junto con sus pequeños hijos a un pueblo de la costa Caribe donde vivía su hermana. Atrás quedó abandonada su parcela, situada en zona rural de Colosó, Sucre, pueblo de la región de los Montes de María.
Un año después del desplazamiento, en 2004 y en plena guerra, retornó al pueblo bajo su propio riesgo; y hace unos diías, el Juez Tercero de Restitución de Tierras de Sincelejo reconoció que Sonia había sido víctima de la violencia y ordenó a diferentes instituciones del Estado brindarles las garantías para que pueda permanecer y vivir en su finca de seis hectáreas que, durante más de 20 años, ha explotado con ganado y cultivos de ñame y yuca.
La decisión del juez es la primera que favorece a una familia reclamante de Colosó, donde las víctimas han presentado ante la Unidad de Restitución de Tierras 136 solicitudes de restitución por 2.850 hectáreas que abandonaron o que les fueron despojadas por grupos armados ilegales. Este municipio está entre el listado con más reclamantes, después de Ovejas, San Onofre, Los Palmitos y Morroa, este último fue el primer pueblo de Sucre beneficiado con las primeras sentencias de devolución de tierras (Lea: Guerrilla, ‘paras’ y ejército, los males que atacaron Morroa).
La guerra y la tierra
A finales de la década de los ochenta, campesinos desplazados por la violencia invadieron grandes terrenos en diversas zonas de Sucre. Sonia fue una de ellas. Durante el juicio, contó que en 1987 llegó con su esposo y se tomaron una porción de tierra en la vereda Vijagual. Ante la petición de muchos campesinos como ellos, elantiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) compró el terreno de 137 hectáreas en 1990 y en la Notaría 2 de Sincelejo lo bautizó como La Marqueza.
Para esa época, la tranquilidad en esta zona de los Montes de María se estaba deteriorando. Desde finales de los setenta y durante los siguientes años hicieron presencia el Frente 35 Antonio José de Sucre, un brazo del Bloque Caribe de las Farc; el Frente Bateman Cayón, del Eln; y la compañía Jaider Jiménez, del Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp). Todos rondaban por la zona cobrando extorsiones y buscando el mejor lugar para camuflarse. En los años ochenta, aparecieron las autodefensas y al tiempo los narcotraficantes, comprando tierras por doquier.
En 1992, el antiguo Incora decidió titular a las 21 familias de La Marqueza y para hacer una mejor distribución del terreno lo dividió en dos: La Marqueza Grupo 1, de 72 hectáreas; y el otro, La Marqueza Grupo 2, de 65 hectáreas. A Sonia le correspondieron seis hectáreas del segundo bloque y como a las otras 20 familias, le fue adjudicada en común y proindiviso, es decir, todas ellas explotarían la tierra colectivamente.
Al comienzo de la década del noventa, en Colosó comenzaron los asesinatos a manos de los diferentes grupos armados que hacían presencia en la región. La Unidad de Tierras documentó que en 1990 los paramilitares asesinaron y torturaron a Joaquín Tapias Rodríguez, Hugo Alfonso López y Rafael Tapias Rodríguez, líderes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), una organización campesina que promovía la distribución de la tierra prometida en la reforma agraria de los años treinta.
En 1995, la guerrilla llegó al pueblo distribuyendo panfletos amenazando a la junta organizadora de las fiestas patronales. Ese año, asesinaron a Clemente Laguna, “un reconocido empresario y líder liberal de la región, que fue enjuiciado por haber permitido que un grupo de infantes de la marina montaran un campamento en su finca”, señala la sentencia.
En mayo de 1996, los paramilitares llegaron al pueblo y asesinaron a cinco campesinos, entre ellos a un concejal de la Unión Patriótica, UP. Fue la época en que las Autodefensas Campesinas de Córdoba de Urabá (Accu) se extendieron por la costa Caribe. En buena parte de Sucre actuarían un año más tarde como Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) bajo el mando de Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’. En la la zona de Colosó, el jefe paramilitar fue Uber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, condenado en Justicia y Paz por varias de las masacres que fueron perpetradas en los siguientes años (Lea: ‘Juancho Dique’ acusado por seis masacres).
A finales de los años noventa, la región de los Montes de María padeció con el enfrentamiento entre los grupos guerrilleros y las Auc que se disputaron la zona, considerada estratégica por su geografía montañosa, apetecida además para el manejo de rutas del narcotráfico. Según el antiguo Registro Único de Población Desplazada (Rupd), las expulsiones de personas se incrementaron después de 1998. Ese año las personas desplazadas fueron 799; al siguiente la cifra se disparó a 1.236; en 2000 a 2.543; en 2001, a 3.167. Para agosto de 2010 por lo menos casi 14 mil personas habían abandonado la zona.
A finales de la década del noventa y comienzos del dos mil, continuaron las masacres. El 6 de noviembre de 1998 el grupo de alias ‘Juancho Dique’ cometió la llamada masacre de Colosó tras asesinar a seis personas y provocar un nuevo desplazamiento en el pueblo. La historia se repitió el 25 de agosto de 2000, cuando el mismogrupo paramilitar entre Tolú Viejo y Colosó, en la un punto de la carretera conocido como ‘La curva del diablo’, montó un retén y asesinó a otras seis personas. En su recorrido por varios caseríos aledaños, los paramilitares incendiaron casas y desplazaron a los pobladores.
En menos de un mes, el 13 de septiembre de 2000, los paramilitares asesinaron a otras once personas en el caserío El Prejo-Arenita, en Colosó. Según lo documentó la Unidad de Justicia y Paz, 70 paramilitares, acompañados por un grupo de desertores de la guerrilla, llegaron al pueblo y masacraron con morteros y garrotes a diez personas, entre ellas a una mujer en estado de embarazo, señalándolas de ser supuestas colaboradoras de la guerrilla. El caso fue documentado y presentado en juicio como la masacre de Chinulito.
El Juez de tierras señaló que entre 1990 y 2004 la violencia provocó en Colosó que sus habitantes fueran itinerantes, quienes se desplazaban y retornaban por falta de oportunidades en otros pueblos, como el caso de Sonia. Muchas de las parcelas fueron abandonadas y según la Unidad de Restitución, el predio La Marqueza fue tomado en 2001 como un ‘punto de operaciones’ de los grupos armados ilegales; los asesinatos se incrementaron y Sonia se desplazó en 2003 tras el honicidio de seis integrantes de los Ruiz, una familia vecina a su predio.
En 2004, cuando Sonia regresó a Colosó, la violencia continuaba. La Unidad de Tierras estableció que, en febrero de ese año, la guerrilla asesinó a cuatro personas en las veredas Desbarrancado, Vijagual, el corregimiento Bajo Don Juan y La Estación. En este último lugar la víctima fue Yuris Alquerque, líder y presidenta de los hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). En marzo y abril del mismo año, la insurgencia mató a otras cuatro personas.
“Los municipios más afectados de Sucre por el desplazamiento fueron Ovejas, San Onofre y Colosó. Entre 2000 y 2004, salieron por la fuerza 13.648 personas de Ovejas, 11.502 de San Onofre y 9.963 de Colosó”, advirtió el juez en la sentencia.
En 2006, el Bloque Héroes de los Montes de María se desmovilizó, pero la violencia siguió al punto que por los hechos mencionados el Comité de Atención Integral a la Población Desplazada emitió en 2011 una resolución que declaró el desplazamiento masivo de Colosó, así como de Ovejas, Tolú Viejo, Los Palmitos, Chalán y Morroa. Colosó fue priorizado por la Unidad de Restitución para documentar casos de abandono y despojo para presentarlos ante los jueces de tierras.
Las víctimas de Colosó tienen la esperanza de que sus procesos avancen en la justicia. Después de diez años de desplazamiento, esperan que el Estado les dégarantías de seguridad y acceso a subsidios para permanecer en las parcelas. Muchos de ellos, como Sonia, volvieron a la vereda Vijagual porque en al ciudad lo poco que producían era para sobrevivir.
*Nombre cambiado por protección a la víctima
