Las amenazas a ocho periodistas de Cesar por el llamado ‘Ejército Anti-restitución’ son un intento de bloquear la devolución de tierras a campesinos despojados por paramilitares.
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| Periodistas de Valledupar fueron amenazados por el llamado ‘Ejército Anti-restitución’. Foto Semana |
En los dos últimos meses los periodistas de Valledupar han publicado sistemáticamente noticias relacionadas con la restitución de tierras y las víctimas. Esto parece incomodarle a los grupos ilegales, que se han autodenominado ‘Grupo Anti-Restitución’, que en la noche de este lunes dejaron un panfleto en las sedes del periódico El Pilón y en la de la emisora Maravilla Stereo de Valledupar, en el que amenazaban a ocho periodistas de la ciudad y los declaraban “objetivos militar” y a su vez les daban 24 horas para “salir de la capital cesarense”.
Esta amenaza contra la libertad de prensa surge una semana después de que medios locales publicaran una noticia relacionada con la denuncia de un líder de la vereda El Toco, de San Diego, en el norte de Cesar, quien indicó que había sido objeto de un atentado. “El presidente de la Asociación de Campesinos dijo ante los medios de comunicación que un hombre llegó a su casa para matarlo. El hecho ocurrió a las 8:30 p.m. del viernes en la calle 24 con 27, del barrio Líbano en Codazzi”, publicó en su edición del 28 de abril el periódico Al Día.
Esto se daba luego de que el 13 de abril pasado, la Unidad de Restitución devolvió oficialmente, en un acto simbólico, un predio parcelado en la hacienda El Toco a dos familias víctimas de los paramilitares. El fallo, que decidió la restitución de 26 hectáreas a las víctimas de las Auc y que terminó en esta entrega de tierras, lo profirió el Juez Primero Civil de Restitución de Tierras de Cartagena que estableció que las tierras de los campesinos fueron usurpadas por Hugues Rodríguez Fuentes, reconocido cómplice de los paramilitares.
A enero de este año, en Cesar se han presentado 2.701 solicitudes de restitución que corresponden a 167 mil hectáreas, De estas solicitudes, 119 corresponden al municipio de San Diego y representan cerca de seis mil hectáreas que fueron despojadas por los violentos. (Ver informe completo).
Los campesinos que se han atrevido a pedir la restitución de sus tierras han seguido siendo hostigados para que desistan en sus demandas. Una integrante de la Mesa de Desplazados de Valledupar denunció también en medios locales que el pasado 29 de abril también lo habían intimidado. “…A las 11:15 de la mañana de ayer, el mensajero de una floristería llegó a la casa de la mujer en la capital del Cesar, con unas hermosas flores y cuya carta decía: “Desde hoy y para siempre vivirás en nuestros corazones, Dios te ha llamado a su mansión eterna y descansarás para siempre”. El mensaje termina así: “Te acompañamos: familia Mesa”.
Mientras que este lunes 6 de mayo, en el noticiero Maravilla Informa de la emisora Maravilla Stereo de Valledupar titularon “Directora Nacional del Incoder, Miriam Villegas, solicitó a la Fiscalía investigar a más de 120 reclamantes de tierras que son millonarios. Según la funcionaria, entre los solicitantes hay desde ex congresistas hasta miembros de juntas directivas de Cámaras de Comercio del país. El informe revelado por Noticias Caracol estableció que el director de la Lonja de Propiedad Raíz en el Cesar y contratista de la empresa Drummond aparece solicitando la adjudicación de terrenos”. Esta noticia según el periodista de este espacio radial, Jaime José Daza, no fue desarrollada por falta de tiempo y fue tomada de un informe publicado por Caracol Noticias.
Los representantes de la Mesa Departamental de Víctimas también denunciaron que a través de un correo electrónico a nombre de supuestos comandos urbanos de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, fueron declarados objetivos militares 20 reclamantes de tierra, algunos relacionados con la restitución de predios como la Hacienda Bella Cruz, El Toco, El Prado y Mechoacán.
Por estas noticias y otras más alrededor del tema de restitución de tierras, las autoridades presumen que este panfleto está asociado al cubrimiento periodístico que han realizado los periodistas, que en su totalidad cubren hechos de orden público y judiciales.
Katia Ospino, corresponsal de Noticias Uno, explicó que les preocupa esas amenazas porque “si se tomaron el trabajo de enviar una hoja intimidante como esta, es porque es en serio y por lo menos en mi caso, si hemos publicado noticias sobre la restitución de tierras en el Cesar, que es una situación muy delicada”.
Junto a Katia Ospino y Jaime José Daza, están además la directora de noticias de RCN Radio, Herlency Isabel Gutiérrez; el corresponsal de Caracol Televisión y periodista judicial de El Pilón, Martín Mendoza; Damaris Rojas y Renier Asprilla, coordinadora de redacción y periodista judicial, respectivamente, del periódico Al Día, que además publican sus notas en El Heraldo; Ubaldo Anaya, director del noticieroRPT Noticias del Canal Local 12 de Valledupar, y el periodista judicial del noticiero La Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí, Óscar Arzuaga.
“Hemos publicado notas de amenazas a víctimas, de restitución de tierras y de todo tipo de hechos de orden público, no sabemos qué hacer y esto es para llamar la atención de las autoridades y tomar precauciones porque en Valledupar somos vulnerables”, señaló Renier Asprilla del periódico Al Día. Mientras que Herlency Isabel Gutiérrez, de RCN Radio, sólo atinó a decir “no sé qué hago en ese panfleto, yo solo informo lo que les pasa a ellos (las víctimas)”.
Por lo pronto, los periodistas amenazados sostuvieron una reunión con el comandante de la Policía Cesar, coronel Juan Pablo Guerrero, y un grupo expertos en amenazas para tomar medidas de seguridad. El oficial anunció que por el momento harán rondas policiales a las casas y sitios de trabajo de los periodistas, y realizarán los estudios de riesgo de los comunicadores.
Los periodistas por su parte acudieron ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar de manera colectiva la amenaza y dejaron constancia ante la Defensoría del Pueblo del Cesar.
Pronunciamientos de la FLIP y la Mapp-OEA
Ante esta delicada situación contra la libertad de prensa en el Cesar, la Fundación para la Libertad de Prensa expidió una alerta manifiesta que junto Fecolper y Andiarios tuvieron reunión con el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para analizar la situación de los periodistas. “Las instituciones y las organizaciones presentes le solicitaron a la UNP darle trámite de emergencia a esta amenaza”.
También recuerdan en este comunicado que el departamento del Cesar ha sido históricamente uno de los departamentos más peligrosos para el ejercicio del periodismo en Colombia, por lo que “la FLIP se solidariza con todos los periodistas amenazados, resalta la inmediata reacción de las autoridades, y le pide a la UNP brindar todas las medidas de protección necesarias. A su vez, le hace un llamado a la Fiscalía General Nación para que investigue estos hechos y se judicialice a los responsables”.
En un comunicado la Mapp-OEA mostró su “preocupación por la frecuencia con la que se ha estado amenazando y asesinando a líderes de las organizaciones de víctimas, así como las amenazas que han recibido comunicadores sociales que cubren el tema de la restitución de tierras, en lo corrido del año y por los escasos resultados en la judicialización de los perpetradores de estos crímenes. Estos delitos generan temor y desconfianza en la población que actualmente ha depositado sus esperanzas en el proceso de restitución de tierras como un componente de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
“Por este motivo la Misión hace un llamado al Estado para garantizar la vida y la integridad de las víctimas, en especial sus líderes y representantes, por lo que nuevamente solicitamos a las autoridades su más pronta y ágil acción, para que de manera perentoria cesen este tipo de crímenes en el país.”
