Jueces de tierras ordenaron devolver 900 hectáreas a campesinos en Morroa y Ovejas, en Sucre, de los que fueron desplazados por guerrilleros, paramilitares y combates del Ejército.
 Los corregimientos de Cambimba y Pichilín en Morroa, Sucre, fueron sitios de constante desplazamiento entre 1990 y 2004 por la violencia. La restitución de tierras en departamento comenzó por esta zona. Foto VerdadAbierta.com. |
En Sucre, donde el conflicto dejó por lo menos 117 mil desplazados y las víctimas reclaman 50 mil hectáreas despojadas, comenzaron las primeras restituciones. Jueces agrarios de ese departamento y Bolívar han ordenado durante 2013 la restitución de 900 hectáreas a 51 familias de Ovejas y Morroa, precisamente los dos municipios con más víctimas reclamantes. Escuche a continuación los testimonios de las víctimas:
Ovejas y Morroa, en el oriente del departamento, hacen parte de los Montes de María, una región que en la década de los 70 fue golpeada por las guerrillas de las Farc, Eln y Erp, y después por narcotraficantes y por paramilitares, estos últimos, conocidos como Frente Héroes de los Montes de María de las Auc a cargo del sanguinario y desaparecido Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’.
Todos los grupos ilegales encontraron en esta región un refugio y corredor para movilizarse por la Costa Caribe y controlar el negocio del narcotráfico. (Lea: Un pulso a las verdades en los Montes de María)
Esta región fue además golpeada por ser cuna de comunidades que reclamaron tierras en las reformas agrarias, primero la de 1934 y luego con más fuerza en la de 1961; donde se gestó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -Anuc- y se realizaron las primeras tomas de tierras en los años 70.
“En las regiones de la sabana y los Montes de María tuvo mucha fuerza el movimiento campesino de la Anuc, que reunió a los arrendatarios expulsados de las haciendas durante los años sesenta del siglo XX, los cuales luego de invadir cerca de 400 haciendas lograron que el Incora les titulara cerca de 300 haciendas en parcelaciones campesinas y empresas comunitarias”, cuenta Alejandro Reyes en su libro Latifundio y poder político, historia de las haciendas ganaderas en Sucre.
Varias familias -que asistieron el martes 30 de abril de 2013 al acto oficial en que el Ministerio de Agricultura entregó los primeros títulos- dijeron que esperaban que el gobierno les diera las garantías para volver. “Acá fue la guerra fue muy dura y casi todos salimos desplazados. Muchos no tuvimos otra opción que llegar a Corozal o buscar ayuda en pueblos donde tuviéramos familia”, dijo un campesino a quien se le reserva el nombre por razones de seguridad.
Morroa está comunicado con Corozal por un camino destapado, en el que, a lado y lado, todavía se percibe el abandono que produjo del desplazamiento durante los últimos veinte años.
Las casas en su mayoría son de bahareque y palma, en los predios solo hay unas cuantas vacas flacas y a lo lejos sólo se ven peladeros. “Estamos contentos con los títulos. Nos toca comenzar de cero. Con todo lo que pasó aquí uno lo que espera es tranquilidad y el apoyo para volver a levantar las finquitas”, dijo otro de los habitantes que recibió el título de su predio.
Morroa y Ovejas, pueblos arrasados
El despojo comenzó a finales de los 80 cuando el Eln y las Farc aumentaron su presencia en la región. Según documentó la Unidad de Tierras en las demandas presentadas ante los jueces de Sincelejo y Cartagena, el Frente 35 llegó a Morroa en 1990 reclutando niños. Según contaron varios habitantes, alias ‘Davison’, ‘Bladimir’, Carmenza’ y el ‘Pollo Isra’ eran los guerrilleros que llegaban a las fincas a llevarse a los muchachos y a amenazar.
La situación empeoró cuando comenzaron los asesinatos. La Unidad documentó que la primera víctima de esta ola de violencia fue Luis Cárdenas en 1990. Al año siguiente fueron asesinados César Manuel Ruiz Villadiego, Omar Salas Rivera, Hugo Daniel Ruiz, Luz Marina Calderón Ayazo y Laureano Ruiz Herazo. En 1994 lo fue Bernardo Ruiz Beltrán, todos habitantes de Morroa.
En el departamento vecino de Córdoba, los hermanos Castaño, con financiación de narcotraficantes y ganaderos, crearon grupos paramilitares para ‘exportar’ su proyecto a diferentes regiones del país.
En 1996, los Castaño enviaron a Bolívar y Sucre un grupo que luego se conoció como Frente Héroes de los Montes de María a cargo de alias ‘Cadena’, autor de las masacres de Macayepo, El Salado, Ovejas y Mampuján. ‘Cadena’ está desaparecido desde 2005 cuando avanzaba la desmovilización de las Auc.
A mediados de la década del 90, los habitantes de Morroa pasaron de soportar las atrocidades de la guerrilla a las de los paramilitares.
El 4 de diciembre de 1996 por lo menos 50 paramilitares llegaron al corregimiento de Pichilín, en Morroa, y asesinaron a once integrantes de la comunidad, señalándolos de colaborar con la guerrilla.
En Justicia y Paz, Salvatore Mancuso -ex jefe militar de las Auc- confesó haber participado en esta masacre.
Según su relato, esta matazón fue planeada el 2 de diciembre en complicidad con miembros de las fuerzas militares de Sincelejo. Mancuso dijo que integrantes de la Policía, de la Infantería de Marina, de la Sijin, colaboraron con ‘Cadena’ y utilizó armas y hombres de las Convivir Nuevo Amanecer y Horizonte Limitado, creadas por él y un ganadero de la región.
En la puja por el territorio, guerrilleros y paramilitares se enfrentaron provocando cientos de desplazamientos y asesinatos.
Según datos del antiguo Registro Único de Población Desplazada, Rupd, entre 1997 y agosto de 2010 de Morroa salieron expulsadas 4.300 personas. La Unidad de Tierras documentó que, como retaliación, en 1999 la guerrilla asesinó a Luis Cárdenas mientras trabajaba en una finca y en 2001 a Asdrúbal Guzmán Pérez y a William Amaya porque supuestamente incumplieron un ‘toque de queda’ impuesto por el grupo armado.
En el vecino municipio de Ovejas el conflicto fue igual de intenso. Guerrilla y paramilitares se disputaron el corredor hacia el litoral Caribe. En enero de 2001, el grupo de paramilitares a cargo de ‘Cadena’ llegó al corregimiento de Chengue, en Ovejas, y asesinó a 27 campesinos.
La masacre provocó el desplazamiento de por lo menos 10 mil personas. Según documentó la Unidad de Tierras, ese mismo año el Frente 35 de las Farc sembró un campo minado en la finca Santa Catalina, ubicada sobre la vía que conduce al corregimiento Cambimba en Morroa.
Entre 2003 y 2007, la Unidad documentó cómo la intervención del Ejército en la región también provocó desplazamientos por los combates con la guerrilla.
Dentro de las restituciones que se dieron esta semana, está el caso de un campesino que el 31 de diciembre de 2004 quedó lisiado en medio del fuego cruzado, tras ser alcanzado por una bala del Ejército. Por miedo, al igual que otros de sus vecinos, abandonó la parcela y luego la vendió a un precio irrisorio para poder sobrevivir en la ciudad.
El 14 de julio de 2005 los paramilitares del Frente Héroes de los Montes de María se desmovilizaron, y en 2007 las fuerzas militares informaron que habían logrado debilitar las estructuras de los frentes 35 y 37 de las Farc.
Las nueve sentencias emitidas por los jueces agrarios cobijan predios que fueron abandonados y despojados en los corregimientos de Cambimba y Pichilín, en Morroa, así como en Ovejas. Hasta enero de 2013, las víctimas en Sucre reclamaron la restitución de 50 mil hectáreas, siendo Morroa y Ovejas los municipios con más solicitudes, con 9.882 y 15.932 hectáreas reclamadas, de forma respectiva.
La mayoría de estas tierras el antiguo Incora hoy Incoder se las había titulado a los campesinos como parte de los procesos de reforma agraria, pero por el conflicto narrado las abandonaron o las vendieron a por precios muy bajos. “La zona de los Montes de María es de las que tiene mayor porcentaje de área afectada por el abandono de tierras (que en muchos casos se configuran en despojo), toda vez que según, informe del Incoder sobre hectáreas forzadas a dejar en abandono, 72.1% de su territorio habría padecido de este fenómeno”, reconocen las sentencias que les devolvieron las tierras a los campesinos.
Durante el acto oficial de entrega de títulos a los campesinos, el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo se comprometió a entregar a las 51 familias reclamantes 400 millones de pesos en proyectos de ganadería, cultivos de maíz, yuca y ñame, y garantizarles seguridad para su retorno. “Esperamos que de verdad nos cumplan con lo prometido. Las tierras llevan muchos abandonadas y necesitamos la ayuda del gobierno para poder vivir aquí y salir adelante”, dijo una mujer que participó del evento de restitución.
