‘Urabeños’ amenazan a reclamante de tierras de Urabá

      
A través de un volante dejado en las oficinas de la organización Tierra y Vida en Apartadó, fue amenazada Beatriz Elena Mestre.
Imagen del panfleto dejado en las oficinasde Tierra y Vida ubicada en Apartadó, Urabá antioqueño.

“Quieren tierra se la vamos a tirar encima hp”, se lee en letras mayúsculas en un volante dejado esta mañana en las oficinas de la organización Tierra y Vida del municipio de Apartadó en el Urabá antioqueño por supuestos integrantes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (AGC), también conocidas como ‘Los Urabeños’.

La amenaza fue dirigida contra Beatriz Elena Mestre, una reclamante de tierras del municipio de Turbo, a quien le dicen en el panfleto que “te tenemos ubicada en Carepa y Chigorodó”. Esta mujer ha sido objeto de intimidaciones desde el año 2007, cuando a través de diversos mecanismos comenzaron a presionarla, obligándola a dejar la región por un tiempo.

El fanfleto fue hallado en la mañana de este miércoles por Manuel Múnera, líder de la organización de Tierra y Vida y desplazado de Tulapas, debajode la puerta de las oficinas de la organización.

Mestre reclama un predio de 160 hectáreas que le habrían arrebatado grupos paramilitares a mediados de la década del noventa y que está situado en la vereda Villa Rosa, del corregimiento Nuevo Oriente de Turbo, Antioquia, en una zona donde un terrateniente ya identificado tiene por lo menos 7.000 hectáreas de tierra.

Fuentes consultadas, que pidieron la reserva del nombre, explicaron a VerdadAbierta.com que a Beatriz “le han hecho varios estudios de seguridad y todos han salido negativos”. Por cuenta de la organización ha salido varias veces de la región como mecanismo de protección.

La reclamante es suplente en la junta regional de la organización Tierra y Vida, que agrupa a cientos de campesinos del Urabá antioqueño y otras regiones del país, desde donde se han lanzado varias iniciativas no sólo para exigir la restitución de tierras sino para proteger a los labriegos que buscan a través de la justicia que sus tierras arrebatadas por grupos paramilitares les sean devueltas.

Conocedores de la región indicaron que empresarios de la tierra en el Urabá antioqueño están muy preocupados por el proceso de microfocalización que vienen adelantando varias agencias del Gobierno Nacional para identificar los predios despojados con el fin de restituírselos a sus dueños originales. Para estas fuentes allí podría estar el origen de las amenazas.

Sobre la autoría de las AGC o ‘Urabeños’, las fuentes consultadas indicaron que muy probablemente esta organización esté al servicio de terratenientes que quieren evitar a toda costa que los campesinos reclamantes de tierras recuperen sus predios. “Se trata de actos intimidatorios para que no sigamos exigiendo la restitución”, precisó uno de los entrevistados.

La Fundación Forjando Futuros, que hace parte de la organización Tierra y Vida, dijo a través de un comunicado que hay temor entre las víctimas reclamantes de tierras en el país. “Los asesinatos, las amenazas y la falta de garantías para las víctimas y en especial los líderes sociales, ponen en riesgo la restitución de tierras”, aseguró esta fundación.

La situación se ha venido complicando para aquellos que buscan la restitución de sus predios. En menos de 30 días, cuatro personas han sido asesinadas al parecer por ese motivo. El 23 de marzo fue asesinado Ermes Enrique Vidal en el municipio de Valencia, Córdoba: allí mismo, 17 días después, fue muerto Ever Antonio Cordero; el 12 de abril mataron a Narciso Teherán, que hacía parte de una de las 130 familias reclamantes del predio El Tamarindo, ubicado en zona rural de Galapa, Atlántico; y la cuarta víctima fue el líder indígena Seferino Dominicó Majoré del resguardo Antadó de Tierralta, Córdoba, asesinado el 17 de abril.

La nueva amenaza contra Beatriz Elena Mestre ya fue puesta en conocimiento de las autoridades en Apartadó, confirmaron voceros de la organización Tierra y Vida y se espera que mañana se le haga conocer a la Unidad Nacional de Protección con el fin de que se tomen las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de esta reclamante y su familia.