Las víctimas que fueron despojadas por los hermanos Castaño en Córdoba recuerdan como fueron engañadas por los jefes paramilitares. 117 familias reclaman la tierra que perdieron a manos de los ‘paras’
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| La hacienda Santa Paula es solo uno de los predios de diez mil hectáreas que fueron despojados por los hermanos Castaño en Córdoba. Foto: VerdadAbierta.com |
“Nosotros vivíamos de esas tierras y cuando nos las quitaron, sentimos como si nos hubieran cortado las manos”, aseguró Pablo Jiménez*, uno de los campesinos que fue despojado por el grupo paramilitar de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño. Según Jiménez, cuando perdieron sus tierras también les quitaron su vivienda y sus medios de subsistencia, “quedamos sin nada y no sabíamos qué hacer”, agregó.
Este es el sentimiento de la mayoría de los campesinos que vivían en la Finca Santa Paula, ubicada en Leticia, un corregimiento a 45 minutos de la ciudad de Montería, tierras de las que fueron expulsados por los Castaño a punta de engaños e intimidaciones para luego entregárselas a testaferros y amigos de las autodefensas.
Con la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, los hermanos Castaño fingieron donar diez mil hectáreas para la comunidad, tierras que años después cobraron a sangre y fuego. Con promesas y amenazas los paramilitares despojaron a 117 familias de Santa Paula que hoy reclaman el derecho de volver y a la misma Alcaldía de Montería a la que le habían donaron cuatro hectáreas para construir una escuela.
Hoy, diez años después del despojo, el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo presentó una demanda ante un juez agrario de Montería, con la que pretende devolverles 1.195 hectáreas a 32 familias que vivían en Santa Paula, las víctimas siguen recibiendo amenazas y presiones.
Con un escolta y llevando un chaleco antibalas, Jaime Sánchez*, otro campesino despojado, aseguró que “los siguen amenazando para que desistan de presentar las demandas que les permitirán recuperar sus tierras”. El miedo sigue siendo el común denominador para las víctimas del despojo que cargan con la sombra del asesinato de Yolanda Izquierdo, líder de la restitución en Córdoba que fue baleada hace 5 años.
Para las víctimas este es un primer paso para la restitución en Córdoba, departamento en el que se han presentado 1.034 demandas, de las cuales, en la mitad se señalan como responsables del despojo a los paramilitares de los hermanos Castaño.
“De las mil 34 reclamaciones de restitución presentadas en Córdoba, 500 están relacionadas con los Castaño y sus testaferros, por eso se consideran los mayores despojadores del departamento”, asegura el comunicado del Ministerio de Agricultura en el que se señala que la Casa Castaño llegó a apropiarse de 10 mil hectáreas de tierras entre 1991 y 2006.
Según declaraciones del Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se presentaran las demandas hasta restituir todos los predios que fueron robados por los Castaño en Córdoba acompañando a las víctimas con proyectos productivos y sobre todo, con esquemas de seguridad para que no se repita el episodio de la lideresa Yolanda Izquierdo.
VerdadAbierta.com conoció que las demandas se presentan por grupos de tierras de acuerdo a una clasificación que hizo la Unidad de Restitución por presunto despojador o testaferro. En el caso de Santa Paula, la primera demanda va en contra de Gloria Inés Henao, actual propietaria de los predios, quien deberá demostrar que no participó del despojo so pena de que la justicia le inicie un proceso penal.
“Quedan pendientes otras demandas colectivas para restituir a las otras familias que fueron despojadas de tierras de la Finca Santa Paula, predio sobre el cual hay 117 peticiones, 32 incluidas en la primera demanda”, aseguró el juez agrario de Montería.
De acuerdo con las declaraciones de este juez de tierras, la evaluación de cada demanda hasta el momento de la sentencia podrá tomar unos cuatro meses. “Este mismo despacho será el encargado de recibir las demandas de las otras nueve mil hectáreas que despojaron los Castaño en Córdoba”, señaló.
Así las cosas, los nombres de los testaferros se irán conociendo en cada demanda que presentará el Ministerio de Agricultura, revelando el complejo sistema de despojo que crearon los hermanos Castaño hace más de 20 años y que sigue vigente hasta el día de hoy.
El sistema de despojo de los hermanos Castaño
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| Con Funpazcor, los hermanos Castaño engañaron a centenares de familias campesinas para despojarlas. Fotomontaje: VerdadAbierta.com |
A principios de los 90, Fidel Castaño empezó a comprar terrenos en distintos lugares de Córdoba como Tierra Alta y Montería para iniciar lo que él consideró sería una nueva reforma agraria. Para este fin, el 14 de noviembre de 1990, Fidel Castaño y colaboradores, dentro de los que se dice hubo ganaderos y políticos, crearon la Fundación por la Paz de Córdoba, Funpazcor, con sede en Montería.
Sor Teresa Gómez Alvares, cuñada de los hermanos Castaño asumió la gerencia de la fundación mientras Luis fragoso Pupo, para entonces secretario de la gobernación del departamento y ex gerente de la Lotería de Córdoba, se posicionó como presidente.
En teoría, según lo registró el Ministerio de Agricultura y lo confirmaron las víctimas, los representantes de Funpazcor les vendieron la idea de que les iban a donar diez mil hectáreas de tierras para iniciar “un programa de reforma agraria, vivienda y educación”.
Dentro de estas tierras, supuestamente donadas por Funpazcor, se encontraban 120 parcelas de la hacienda Santa Paula que fueron entregadas a los campesinos y a la alcaldía de Montería por medio de escrituras públicas.
Pero desde el principió empezaron los engaños. Dentro de las escrituras se incluyeron ‘clausulas’ que limitaron la forma en la que los campesinos podían utilizar sus tierras, las cuales debían ceñirse a lo que la fundación les ordenaba.”Nunca se trató de una donación. A algunos de los campesinos les pedían a cambió parte de lo que producían, a otros les pedían parte de las ganancias y a otros simplemente les imponían arrendatarios que usaban las tierras para ganadería”, aseguró una fuente de la región consultada por VerdadAbierta.com.
Fue ahí cuando empezó el engaño. “Cuando empezamos a trabajar las tierras que supuestamente nos habían donado, cultivábamos maíz, fríjol, otros las arrendaron a terceros para cultivos o ganadería”, aseguró Sánchez.
“Un día vinieron a decirnos que estábamos dañando las tierras y que por eso las iban a arrendar ellos mismos y nos iban a dar una plata mensual. Pero nunca nos dieron nada”, agregó el campesino despojado.
Sin embargo, las cosas empeoraron y después de un tiempo fue cuando los abogados de Funpazcor les ofrecieron un millón de pesos por hectárea para que se fueran de Santa Paula. “Supuestamente era una orden de “arriba””, aseguró Pablo Jiménez.
“Yo tenía seis hectáreas y Fundazcor me pagó tres millones de pesos”, aseguró Sánchez, haciendo evidente que no se trataba de una donación.
“Cuando les dijimos que nos estaban dando una cifra muy pequeña por las tierras, el abogado nos decía que esas tierras nos las habían regalado y que agradeciéramos que nos habían pagado algo a cambio. A algunos que no quería irse los amenazaron con panfletos, les enviaban sobres con balas para advertirles que se salieran de las tierras o morirían”, narró Sánchez.
Luego de esta expulsión, algunos campesinos se fueron para Montería y otros para otras regiones del departamento, pero para Pablo Jiménez, músico folclórico que vivía en Santa Paula, la situación fue más crítica.
“A mí me tocó invadir unos lotes en Montería porque no tenía ni para pagar un arriendo, además de que no nos pagaron lo que valían nuestras tierras, nos daban el dinero a cuotas de a cien mil pesos”, señaló Jiménez.
Luego de que fueron expulsados de sus tierras, los predios pararon en manos de testaferros de la casa Castaño.
Años después y pensando que con la desmovilización de los paramilitares y la muerte de los hermanos Castaño ya no haría por qué temer, un grupo de campesinos se organizó para empezar a exigir los derechos sobre las tierras de las que habían sido despojados. Dentro de estos líderes se encontraba Yolanda Izquierdo, quien fue asesinada en mayo de 2007.
“Yolanda vivía a unas cuadras de mi casa, el día que la mataron todo el mundo gritaba y corría. Su hijita, que para ese momento tenía unos ocho años, llegó a mi casa con la ropa llena de sangre a decirme que habían le matado a su mamá. En ese momento nos llenamos de mucho miedo”, aseguró Sánchez. “Cuando Yolanda fue asesinada, el proceso se fue al suelo y se estancó. Pero es gracias a ella que estamos donde estamos y por eso siempre le vamos a estar agradecidos”, agregó.
Ni el gobierno se salvó del engaño
De acuerdo a una escritura conocida por VerdadAbierta.com, Funpazcor le donó una cantidad de hectáreas de la finca Santa Paula al municipio de Montería, en el cual se construyó la escuela para los niños de la comunidad.
A través de la escritura del 12 de febrero de 1999, Funpazcor le donó al Municipio de Montería dos hectáreas y cuatro mil metros cuadrados para el colegio de los hijos de los 250 parceleros de la región, a quienes también les repartió tierras. El documento lo firmaron Luis Fragoso Pupo, representante legal de la fundación (fallecido) y el entonces alcalde de Montería, Francisco Burgos de la Espriella.
“Luego de que nos sacaron de Santa Paula, el colegio también pasó a manos de testaferros”, aseguró Sánchez.
Lo que viene en el proceso de Santa Paula
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| El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo presentó una demanda ante el juez agrario de Montería para recuperar 1.195 hectáreas de 24 familias despojadas. Foto: VerdadAbierta.com |
Para las víctimas, aunque existe una voluntad de restitución del gobierno y ahora se sienten más seguras con respecto al pasado, falta un mayor acompañamiento de las autoridades locales en el proceso.
A pesar de los grandes avances que las víctimas reconocen en el proceso de restitución les preocupa que se logre su retorno pero no les ayuden a recuperar la productividad de sus predios. “Tenemos ganas de trabajar pero solo lo podremos hacer si el gobierno cumple con el acompañamiento con el que se comprometió. De nada sirve tener las tierras si no tenemos los medios para explotarlas”, aseguró Sánchez.
Otra de las preocupaciones de los campesinos víctima del despojo, sigue siendo su seguridad. “Hace poco a un compañero lo buscaron y le dieron una bolsa con cuatro millones de pesos para que atentara en contra de nosotros, eso ya lo denunciamos a la Fiscalía”, aseguró uno de los campesinos.
Estas denuncias también fueron recibidas por el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien aseguró que muchas de las amenazas podrían provenir de las nuevas bandas criminales que se tomaron el departamento luego de la desmovilización de los paramilitares y de propietarios de las tierras adquiridas a través del despojo que temen perder los predios.
Las víctimas confían en el proceso y en que se haga justicia con sus despojadores y cesen las amenazas para esta comunidad que ha sido victimizada durante casi dos décadas.
