Al sistema de justicia transicional le cuestionan un fallido relacionamiento con los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros afectados por la violencia en Colombia. Pese a recibir informes y hacer actividades con las comunidades, la queja constante es que la toma de decisiones es centralizada y desconoce las necesidades y condiciones del pueblo étnico.
Los estragos del conflicto armado colombiano han trastocado la vida de millones de personas en el país, pero los impactos son diferentes de acuerdo a la configuración cultural, social, económica y política de cada grupo poblacional.
Los pueblos afrodescendientes, así como los indígenas, las personas situadas en contextos de pobreza, las mujeres y los menores de edad, son afectados de una manera particular por la guerra, de acuerdo con el informe Basta ya Colombia: Memorias de guerra y dignidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
El espacio en que habitan, por ejemplo, tiene un significado particular para los afrodescendientes por ser un referente identitario, simbólico y material de su cultura, que ha sido dañado por la guerra.
Como ya es bien conocido, las cifras sobre victimizaciones en el conflicto varían de acuerdo a las organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, sus fechas de corte y estrategias de recopilación de la información. En el caso de los afrodescendientes, hay una variable adicional, relacionada con la clasificación de grupos étnicos, que dificulta trazar los límites de la guerra.
La JEP, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Unidad de Víctimas tienen una clasificación de Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros (NARP). Para esta última institución, creada con la Ley 1448 de 2012, los afrocolombianos son aquellos que tienen raíces directamente africanas; los negros, quienes tienen ascendencia afrocolombiana; los raizales son los nativos de de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, descendientes de europeos y africanos; y los palenqueros son los descendientes de esclavizados que se refugiaron en asentamientos denominados palenques.
Los cuatro grupos se pueden considerar, de una u otra manera, afrodescendientes. Pero mientras la Unidad de Víctimas ha reportado la acreditación, hasta el 30 de junio de este año, 1 millón 139 mil 700 negros y afrocolombianos, 11.353 raizales y 7.357 palenqueros; el CNMH, sin hacer la distinción, contabilizó, hasta mayo de 2020 y según denuncias presentadas ante la JEP, más de 4 millones de víctimas afrodescendientes.
La diferencia entre ambas cifras es amplia; sin embargo, en ello podría influir que no todas las víctimas deciden registrarse ante la Unidad de Víctimas y que la población NARP ha variado a través de los años, según el DANE. Con el Censo General realizado por esa institución en 2005, 4 millones 311 mil 757 personas se autoreconocieron como parte de esas comunidades, en cambio, en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, solo 2 millones 982 mil 224 lo hicieron.
Expertos coinciden en que se ha hecho un esfuerzo para lograr que se entienda la distinción entre los pueblos NARP, pero que no es tan sencillo como parece. En primer lugar, porque consideran que el DANE tiene un subregistro y que el número de afrodescendientes en términos generales es mucho mayor al reportado.
Como un segundo factor, expresan que en ocasiones los negros son señalados como quienes viven en consejos comunitarios y los afrocolombianos como quienes viven en las ciudades, lo que tergiversa y obstaculiza los procesos de reparación colectiva.
Y, finalmente, dicen que las personas que se reconocen dentro de alguna de las categorías de la sigla NARP tienen claras las diferencias entre esas clasificaciones, pero que las instituciones oficiales no han hecho un ejercicio real de concientización al respecto.
Esas diferencias sustanciales se vienen evidenciando, según algunas fuentes consultadas, en la desconexión que hay entre las autoridades étnicas y la JEP. Lo que afirman es que ese es apenas un factor que se tiene por mejorar desde el componente de justicia transicional.
Muchas expectativas
El desplazamiento forzado es el hecho al que se enfrentaron con más frecuencia las comunidades afrodescendientes en medio del conflicto armado, a lo que deben sumarse otras victimizaciones, como amenazas, homicidios, hostigamientos y delitos contra la integridad y libertad sexual.
Desde las organizaciones sociales se trabaja arduamente en visibilizar esas acciones violentas. Luz Marina Becerra, secretaria general de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), cree que el desplazamiento forzado y la violencia sexual son dos crímenes que deben ser priorizados por la JEP.
Incluso, el colectivo La Comadre, que hace parte de Afrodes, presentó a la JEP el pasado 28 de julio un informe que habla de 109 casos de violencia sexual contra mujeres afrodescendientes, principalmente entre los 12 y los 18 años de edad, ocurridos entre 1991 y 2021.
El documento, que se dio a conocer durante la celebración del Día de la Mujer Negra, Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, expone que la violencia sexual fue una práctica sistemática, responsabilidad de varios actores armados durante el conflicto, que marcó los cuerpos y las vidas de las mujeres.
Para las integrantes del colectivo La Comadre, el objetivo central del informe es lograr avances en las investigaciones, posteriores sanciones a los victimarios involucrados, un esclarecimiento sobre las razones que hubo detrás de su accionar y una reparación integral para las víctimas.
En palabras de Becerra, tiene un significado de esperanza en acceder al fin a la justicia: “Lo que esperamos es que la JEP efectivamente analice la información que se le suministró y que después de hacer ese análisis, tanto de contexto como de la sistematicidad y tipología de violencia, se pueda avanzar en las investigaciones, que las mujeres puedan acceder a esa justicia que la justicia ordinaria no le ha brindado al pueblo negro”.
Diana Bernal, abogada del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda (OFB) y conocedora del Caso 02 de la JEP, que prioriza la situación territorial de los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en el departamento de Nariño, donde hay una prevalencia de población afro, le indicó a VerdadAbierta.com que también se construyó un informe desde la organización a la que ella pertenece.
El escrito, titulado ‘Racismo y violencia estatal en los territorios étnicos del Pacífico nariñense’, resalta la responsabilidad que tiene la JEP de reconstruir el conflicto armado desde una mirada donde se aborde el papel que tuvo el racismo. En otras palabras, en cómo la violencia afectó a las personas afrodescendientes por el hecho de pertenecer a pueblos étnicos.
Visiones divididas
La JEP ha hecho algunas cosas bien, a juicio de Juan Carlos Angulo, líder comunitario y representante legal de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), y destaca que se ha acercado a las víctimas afrodescendientes y desarrollado metodologías para el entendimiento con sus autoridades.
El pasado 11 de agosto en Apartadó, Antioquia, la JEP firmó la ruta de articulación con autoridades negras y afro del Bajo Atrato, del Darién chocoano y del Urabá antioqueño, en el marco del Caso 04. En su construcción, que llevó dos años, se han podido identificar las autoridades de cada uno de los consejos comunitarios, junto a sus formas de representación, participación y de ejercicio de justicia propia.
La ruta “es vital, es crucial para poder llegar hasta la última de las comunidades, hasta la última de las víctimas acreditadas para recibir de ellos las observaciones de acuerdo a lo que los comparecientes han dicho en las versiones voluntarias”, de acuerdo con la magistrada relatora del caso, Nadiezhda Natazha Henríquez.
Emigdio Pertuz, representante legal del consejo comunitario Cocomanorte considera que con ese acuerdo, la JEP visibiliza ante el mundo judicial la autonomía de las comunidades afrodescendientes.
En esa misma materia, en mayo de este año, se lanzó un protocolo de relacionamiento construido en diálogo con justicias del pueblo NARP de Putumayo, Buenaventura, Urabá, Bajo Atrato, Darién, Chocó, Tumaco, Barbacoas, norte del Cauca, Palenque de San Basilio, Sucre y San Andrés.
El reconocimiento y respeto de los consejos comunitarios, expresiones organizativas y prácticas de justicia propia; la articulación para la búsqueda de satisfacción en los derechos de las víctimas; la promoción de garantías de no repetición; y la implementación de acciones diferenciales hacen parte de los temas que se abordan en el protocolo
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, resaltó durante la divulgación de ese protocolo que se quiere “visibilizar y honrar a los pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palanqueros (…) Son actores determinantes para que Colombia pueda construir una paz territorial. La justicia transicional tiene presente y futuro porque está presente en ella la justicia ancestral afrocolombiana”.
Es cierto que los magistrados de la JEP, tanto para ese como para otros eventos han tenido posiciones positivas, pero aún así, hay víctimas afrodescendientes que no están del todo satisfechas. De hecho, en el Pacífico nariñense muy pocas de ellas tienen clara la misionalidad de esta Jurisdicción y todavía menos son las que la perciben como medio de reparación al dolor que han padecido.
Para empezar, Bernal asegura que en el Caso 02 mayoritariamente se hizo referencia a las comunidades indígenas, sin embargo, “ahora ya hay todo un proyecto de construir la verdad desde las comunidades afrodescendientes, esto gracias a la lucha que desde los territorios se ha librado para conseguir dicho reconocimiento”.
La abogada, por otra parte, ha notado que desde distintas instituciones del Estado no se tienen en cuenta las condiciones y necesidades que aquejan a las víctimas en sus regiones, donde en la mayoría de los casos ni siquiera se tiene acceso a los servicios básicos como luz, agua potable y/o acueducto. Opina que será un reto para la JEP darle un vuelco a estas formas de relacionamiento.
Angulo afirma que, incluso, las personas que desempeñan cargos directivos en la JEP no están bien informadas sobre esas situaciones, lo que hace que tomen decisiones poco acertadas en materia presupuestal y frenan procesos.
La pandemia es uno de los factores que ha hecho más notorio ese desconocimiento, pues los encuentros con las comunidades han tenido que desarrollarse de forma remota.
A eso se suma que los sistemas de comunicación en algunas zonas donde hay víctimas afrodescendientes son limitados y la información que se intercambia con los líderes sociales, que muchas veces son la voz y los oídos de la población frente a procesos institucionales, no es fluida.
En ese sentido, uno de los factores más preocupantes es que desde el centro del país no sólo se encabezan las reuniones sino que se toman las decisiones que involucran a las víctimas afrodescendientes, lo que incluye cómo, cuándo y con quién se hacen los encuentros y actividades; y, para el caso de la puesta en marcha de investigaciones, cuál es la metodología, la dinámica y los tiempos de desarrollo.
Pero allí no acaban las dificultades. Los embrollos y el papeleo que implican la mayoría de actividades con la JEP también han causado la cancelación o aplazamiento de encuentros con las comunidades, que piensan que la JEP debería ser más práctica, independiente y clara a nivel operativo y administrativo.
“Se establecen a veces procedimientos demasiado institucionalizados, que eso hace lenta la cercanía con las comunidades, el quehacer de la gente que tiene la responsabilidad de tratar con la comunidad a veces es demasiado lento. Se planea una cosa y termina en una oficina, la Secretaría Ejecutiva, por ejemplo, lo que se tiene y se debe hacer”, menciona Angulo al respecto.
Bernal asegura que la JEP ha dado pasos importantes estableciendo un diálogo directo con las autoridades étnicas del territorio, teniendo como desafío agotar todos los medios que sean necesarios para escuchar a las víctimas de maneras interculturales y considerando las estructuras de organización interna que existen. Son estas personas quienes han vivido y conocido los efectos de la guerra sobre su identidad y sobre sus territorios.
Así las cosas, tras cuatro años de funcionamiento, la JEP parece todavía no entender las necesidades de las víctimas afrodescendientes del conflicto, que cada vez sienten menos confianza en una institución de la que tienen una percepción de lejanía.
Nota del Editor: Se buscaron las versiones de algunos integrantes del Comité Étnico de la JEP, pero no fue posible obtener respuesta al cierre de este artículo.
