Desmovilizados revelan que las Accu se financiaron desde el inicio con narcodineros, abigeato, secuestros y hasta cursos de combatientes. Tribunal de Justicia y Paz de Medellín pide ahondar qué empresas dieron dinero y cuál fue la complicidad de empleados bancarios.
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| Tras la muerte de Fidel Castaño, sus hermanos Carlos y Vicente asumen la comandancia de las Accu. |
¿Quiénes ayudaron a financiar a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en sus primeros años? ¿Qué entidades financieras y cuáles funcionarios bancarios se prestaron para lavar dineros de los hermanos Castaño? ¿Cómo la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor) canalizó dinero para la expansión del paramilitarismo? ¿Quién y por qué se frenó la investigación judicial que había comenzado a descubrir los movimientos financieros del paramilitarismo desde 1998?
Estos y otros interrogantes sobre el aparato financiero de las Accu son los que aún faltan por responder, según concluyeron los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. Por ello, este alto tribunal le ordenó a la Fiscalía General de la Nación elaborar un detallado informe sobre los funcionarios bancarios que tuvieron relación con los grupos de autodefensa durante los años 1988, 1989, 1994, 1995 y 1996. Asimismo, le solicitó avanzar en la investigación sobre Funpazcor, organización creada por los hermanos Carlos y Fidel Castaño en 1990.
Para los magistrados de la Sala, lo hallado en dicha investigación debe cotejarse y completarse con lo consignado en el expediente 34.986, que contiene los resultados de un allanamiento realizado por la entonces Fiscalía Regional el 30 de abril de 1998 en un parqueadero situado en el centro de Medellín conocido como ‘Padilla’. En esta diligencia judicial se halló abundante material sobre los movimientos financieros de las Accu entre 1995 y 1998
Esa oficina clandestina en el parqueadero era manejado por Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, quien fue capturado en el operativo y cinco meses después se fugó de la cárcel Bellavista empleando una boleta de libertad –al parecer en regla – emitida mediante maniobras administrativas fraudulentas que no fueron investigadas en su momento. Tras la huida, Soto se trasladó al Urabá antioqueño, adoptó el nombre de ‘Leonardo’ y le llevó por varios años las cuentas a Vicente Castaño.
VerdadAbierta.com constató a través de diversos archivos judiciales que en los registros contables de las Accu aparecen cheques girados por los paramilitares desde cuentas que tenían en los bancos Occidente, Popular y el entonces Banco Industrial Colombiano (BIC), hoy Bancolombia. Asimismo, la investigación sobre los registros hallados en el Parqueadero Padilla determinó que entre 1995 y 1998 se hicieron movimientos de dinero a través de 497 cuentas de 60 titulares, entre los que se encuentran empresas públicas y privadas. (Ver la lista de los titulares de las cuentas, según lo documentó la justicia).
La posibilidad de adelantar las investigaciones penales correspondientes a finales de la década del noventa se vio entorpecida por el asesinato de varios funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos Sergio Humberto Parra Ossa, quien estuvo al frente del operativo en el Parqueadero Padilla.
Lo que se sabe de las finanzas de las Accu
Lo revelado por los ex paramilitares Jorge Humberto Victoria, alias ‘Capitán Victoria’; Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’; y Ornán Pérez Gómez, entre otros, deja entrever que los hermanos Castaño no tuvieron reparos en recurrir al narcotráfico, secuestroextorsivo, robo de ganado y hasta la venta de batallones de hombres entrenados y equipados para la guerra, para sostener el naciente grupo de autodefensas y convertirlo en un poderoso ejército irregular que asoló regiones enteras, aterrorizó a la población civil, persiguió las guerrillas y cooptó varias instituciones estatales locales y nacionales.
En sus testimonios dentro del proceso de Justicia y Paz, los desmovilizados coincidieron en afirmar que entre los años 1988 y 1990, el propio Fidel Castaño era el jefe de las finanzas de su organización y que el dinero para pagar la nómina de los integrantes de las Accu era enviado desde Medellín en los mismos camiones que salían desde las fincas de los Castaño en San Pedro de Urabá y Valencia (Córdoba), repletos de ganado para subastar en la capital antioqueña.
“Fidel tenía mucho ganado”, Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’. “Semanalmente se despachaban de sus fincas por lo menos 20 camiones para la feria en Medellín. Varios de esos camiones tenían unas caletas en las que se mandaba la plata para pagar la nómina. Esa plata era producto del narcotráfico porque Fidel, para esos años, ya era uno de los grandes narcotraficantes en Colombia”.
El secuestro extorsivo también se convirtió en una importante fuente de recursos para las Accu en sus primeros años, tal como lo manifestó el propio ‘Monoleche’: “Yo supe que Fidel secuestró a uno de los dueños de la finca Las Tangas, un señor de apellido Ballesta. (Ver nota en VerdadAbierta.com: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada). También supe que secuestró al dueño de una finca en Necoclí llamada ‘La Virgendel Cobre’. Si no estoy mal el señor se llamaba Santiago Ocampo y le decían Pelusa”.
En realidad, ‘Monoleche’ se debe referir a José Ocampo, un narcotraficante, que según el libro Los Jinetes de la Cocaína del periodista Fabio Castillo era un taxista de Medellín que, después de viajar con frecuencia a Estados Unidos, volvió a la ciudad con mucho dinero, compró y convirtió el estadero Las Lomas en la discoteca Kevin’s que dio mucho de qué hablar en los años ochenta. Compró la gran hacienda de La Virgen del Cobre, y otra llamada Villa Milena en Necoclí. Según Castillo, Ocampo patrocinaba La Fiesta del Coco en la región, y un párroco se refirió a él en el diario local con admiración: “Las gentes han fijado la mirada en este hombre (Pelusa) que como obra de Dios llegó a Necoclí para ayudar en torno a las obras de desarrollo”.
En el manejo de las cuentas de la organización para esos primeros años fueron de vital importancia alias ‘Capitán Victoria’ y dos miembros de la familia Castaño: Héctor, hermano de Fidel; y John Henao, esposo de otra hermana, Adelfa Castaño. Mientras Henao era encargado de llevar desde Medellín, en los camiones con caletas especiales, el dinero a la finca Las Tangas, Héctor y el ‘Capitán Victoria’ se encargaban de pagarle a los patrulleros.
La contabilidad de las Accu dejó de manejarse informalmente, con camiones repletos de billetes, y adquirió un carácter más ‘empresarial’ con la creación, el 5 de octubre de 1990, dela Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor).
El caso Funpazcor
En sus objetivos misionales Funpazcor se autoproclamaba como “un ente en el que tendrán representación todas aquellas personas atropelladas por la violencia (…) y que tiene el propósito de contribuir de manera eficaz a la obtención de una paz duradera en el departamento de Córdoba”. No obstante, años después quedó en evidencia cómo, desde esta organización, los Castaño lavaron dinero del narcotráfico, usurparon tierras y ganado a los campesinos y finqueros del norte de Urabá y sur de Córdoba, y financiaron las Accu (Ver nota: El fraude de los Castaño para despojar).
En todo ello fue fundamental Sor Teresa Gómez, quien fuera presidenta de Funpazcor durante sus primeros años. Según ‘Capitán Victoria’, el responsable de los pagos a las estructuras paramilitares de Córdoba entre 1989 y 1992, “cuando llegó Sor Teresa, los dineros le llegaban a ella y ya ella se los entregaba a los comandantes. Estas nóminas eran elaboradas y recibidas por alias ‘J.L’, que estaba en Medellín”.
De acuerdo con lo documentado por la Fiscalía 13 de Justicia y Paz, con cheques del Banco de Occidente girados por Sor Teresa se compraron cientos de hectáreas de tierra en San Pedro de Urabá y Valencia. El encargado de esta tarea era alias ‘Monoleche’, quien le declaró a la Justicia que “Sor Teresa hacía muchos sobregiros de esa cuenta del Banco de Occidente. Con esos cheques se les pagaba a los trabajadores de las fincas de Fidel, que eran por lo menos unos 600”.
Estas compras en el norte de Urabá y sur de Córdoba coinciden, según la Fiscalía 13, con la ocurrencia de decenas de desplazamientos masivos y el hurto de miles de cabezas de ganado, destinadas, en parte, para el sostenimiento de la organización. Así lo reconoció en versión libre alias ‘Monoleche’: “mucho de ese ganado hurtado se vendió y eso fue para sostener la organización”.
Lo inspeccionado hasta ahora por esta Fiscalía indica que para 1995 el patrimonio líquido de Funpazcor era de 728 millones de pesos (equivalente en esa época a unos 900 mil dólares); para 1996 bajó a 234 millones de pesos; y para los años 1997 y 1998 se redujo a 31 millones de pesos (unos 23 mil dólares del momento).
En los documentos encontrados por el CTI en el Parqueadero Padilla en 1998 también había aparecido el nombre de Sor Teresa Gómez. Ella figuraba endosando varios cheques girados desde diferentes cuentas, una de ellas perteneciente a Pedro Ortega Lora, primo de Ricardo López Lora, de quien hoy sabemos era miembro del Bloque Bananero de las Auc. Esta investigación llevó a las autoridades a allanar la sede de Funpazcor, el 24 de mayo de 2001. En el operativo judicial fueron capturados Tarquino Morales y Adonis González, quienes fueron procesados por el delito de concierto para delinquir.
La llegada de nuevos narcos
Tras la desaparición de Fidel Castaño en 1994, su hermano Vicente asumió el manejo de las finanzas de las Accu mientras que Carlos se erigió como el vocero político y militar de esta organización. “Carlos pensó que podía financiar al movimiento sin tocar dineros del narcotráfico, pero al ver que no es capaz, le dice a Vicente que buscara a los narcotraficantes”, dijo en versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz alias ‘Monoleche’.
En su testimonio, ‘Monoleche’ contó que al primero que llamó Vicente fue a Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. “Lo que acordaron fue que Vicente le daba el control de una zona cercana al Sur de Bolívar, donde el Eln era fuerte. Allá había coca y oro, y él tenía que financiarse con eso. Cuando le sobraran finanzas, el 50 por ciento era para Vicente. El encargado de recoger esos dineros era (alias) ‘Gordopepe’ (Bayron Alfredo Jiménez Castañeda)”.
El acuerdo entre Vicente y ‘Macaco’, según dijo ‘Monoleche’, incluyó otra fuente de financiación de las Accu poco conocida hasta ahora. “Macaco’ le pidió hombres a Vicente. Entonces Vicente le dijo a (alias) ‘Rodrigo Doble Cero’ (Carlos Mauricio García) y él se encargó de reclutarlos y entrenarlos. Vicente le mandó a ‘Macaco’ 100 hombres, con su respectivo camuflado, fusil y granadas de mano, pero le pidió 100 millones de pesos. Así era con todos los comandantes de todas las zonas: pedían hombres y Vicente mandaba, pero cobraba 100 o 200 millones de pesos”, reveló alias ‘Monoleche’.
Vicente terminó acumulando una gran fortuna tanto por la “venta” de hombres entrenados y equipados, como por el tributo que le exigía a cada comandante que enviaba a hacerse cargo de una zona: el 50 por ciento de los excedentes de los negocios ilícitos presentes en sus territorios.
Las pesquisas de la Fiscalía 13 han permitido establecer que Vicente hizo inversiones en obras sociales, entre ellas Colombia sin Hambre, organización no gubernamental que tiene como propósito ayudar a las comunidades más vulnerables del norte de Urabá con la entrega de tierras a campesinos pobres, para que siembre cultivos de pancoger que les aseguren por lo menos su alimentación.
No obstante las revelaciones de los desmovilizados, tal como lo señaló la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín aún quedan preguntas por resolver. Entre otras, si existe alguna investigación contra Jacinto Soto Toro, el primer capturado en el Parqueadero Padilla que luego se fugó de la cárcel; si existe una orden oficial de extinción de dominio contra los bienes de Sor Teresa Gómez o sustestaferros; si la justicia reabrirá el expediente conocido como “Parqueadero Padilla”, para poder encontrar y hacer responsables a quienes le dieron la financiación original a las Accu y a sus cómplices en empresas y bancos.
En una investigación realizada por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad y publicada en octubre de 2010 bajo el título Memoria de la impunidad en Antioquia, lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo, un investigador judicial consultado al respecto de los hallazgos en el Parqueadero Padilla dijo: “Con toda la información que había allí fácilmente podría haberse desmantelado el paramilitarismo. Todo lo del parqueadero Padilla quedó en silencio y es lo que yo reprocho: ¿por qué la Fiscalía no asumió el compromiso que tenía que asumir? Le atribuyo yo esa situación a presiones de origen político por la calidad de gente podría aparecer involucrada, desde luego que eso no justifica una posición de esa naturaleza. Por más presiones que haya la administración de justicia no puede obviarse”.
De acuerdo la investigación realizada por el IPC y la Corporación Jurídica Libertad, el tratamiento judicial que se le dio a finales de los noventa al expediente 34.986 demostraría que “la correlación de fuerzas condensada en la Fiscalía General de la Nación fue favorable al funcionamiento del dispositivo paramilitar, de ahí la activación de distintos mecanismos para asegurar que expedientes tan significativos como éste no culminaran en acusación y sanción penal contra los responsables de la financiación de las Accu”.
Si la justicia hubiera hecho su trabajo, es muy probable que se hubiera cortado de raíz la expansión paramilitar y con ello, se hubieran evitado miles de asesinatos, desapariciones, masacres y desplazamientos forzados en el Caribe y Antioquia.
