Las autoridades creen que las bandas criminales tienen una mayor injerencia que las guerrillas en el negocio de la madera en el Urabá antioqueño, así como en el Darién y San Juan, en Chocó.
Los grupos armados ilegales que delinquen en las regiones de Urabá antioqueño, el Darién y San Juan están regulando el corte de madera, interfieren en los controles que realizan las autoridades ambientales y además extorsionan a los compradores en los departamentos de Chocó y Antioquia.
Estas denuncias se conocieron luego de que el Gobierno Nacional, en asocio con autoridades locales, las comunidades y varias Ong’s ambientales, firmaran un pacto para la explotación legal de la madera en esas regiones, un acuerdo con el que se pretende detener la tala indiscriminada de árboles e intervenir en el tráfico ilegal de maderas provenientes de bosques naturales.
En la firma del Pacto, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sostuvo que una de las metas de su gobierno es “asegurar que toda la madera que se extraiga, se comercialice y se utilice en nuestro país, provenga exclusivamente de fuentes legales”.
No obstante, en esa lucha se tendrá que enfrentar a bandas criminales emergentes y a las guerrillas, que se apalancan en la vulnerabilidad del negocio, la debilidad estatal y la capacidad corruptora para beneficiarse económicamente y evitar sanciones penales.
Martha Lucy Mondragón, coordinadora forestal de WWF Colombia, una de las mayores organizaciones conservacionistas del mundo y que ha impulsado la firma del Pacto por la Madera Legal, reconoce que los grupos armados ilegales han entrado en este negocio: “la madera es un recurso, como cualquier otro, y ellos le apuestan a cuestiones económicas porque necesitan también tener sus propios ingresos. No podemos detectar exactamente dónde están, pero sabemos que están allí”.
VerdadAbierta.com visitó el Urabá antioqueño y tuvo la oportunidad de hablar con diversos representantes de organismos estatales y voceros de comunidades negras e indígenas para auscultar la situación y realizar un diagnóstico que permitiera establecer cuál era el nivel de injerencia de grupos armados ilegales y capitales de origen ilícito en esta actividad productiva, y de qué manera se podría contrarrestar esta presencia, que distorsiona el negocio y profundiza su ilegalidad.
Las armas condicionan
Las fuentes consultadas establecieron inicialmente dos graves limitaciones impuestas por los grupos criminales: los obstáculos a los funcionarios de las corporaciones ambientales y la manipulación de las comunidades.
“La presencia de grupos armados ilegales limita la posibilidad de controlar y vigilar el aprovechamiento de la madera”, contó un funcionario de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechoco), quien pidió la reserva del nombre como condición para hablar del tema.
Este funcionario, quien lleva varios años en la entidad, no sólo ha experimentado ese tipo de controles, sino que ha percibido otras maneras de intervenir de los grupos armados ilegales: “hay una manipulación de estos actores sobre las comunidades y su territorio. Ellos entran a definir reglas en el tema de aprovechamiento forestal, es decir, dicen dónde aprovechar, dónde no aprovechar, qué especies, qué personas. En conclusión, limitan la autonomía de las comunidades para el aprovechamiento del recurso forestal”.
Estas circunstancias se vivieron en el pasado, cuando las Auc, a través de varios bloques, ejercía control territorial, tanto en el norte como en el sur del Chocó. Según líderes comunitarios de la zona del Darién, el Bloque Elmer Cárdenas tuvo sus propios aserradores y extrajo madera de los bosques de la zona para su beneficio económico, además, limitaba las visitas de verificación de las autoridades ambientales.
“Hubo un momento en el que se pudo acceder a zonas más lejanas y realizar verificaciones”, afirma el funcionario de Codechoco. Ello coincidió con las desmovilizaciones de las Auc, particularmente con la del Bloque Elmer Cárdenas, que dejó sus armas el 15 de agosto de 2006 en Unguía, Chocó.
Pero el problema, según la fuente consultada, es que este tipo de interferencias se ha venido agravando. “Ahora tenemos nuevamente limitaciones de verificación y seguimiento de la actividad de extracción de madera”.
Esas complicaciones coinciden con el resurgimiento de estructuras armadas derivadas de las Auc conocidas como ‘Rastrojos’, ‘Renacer’ y ‘Urabeños’, que se fueron consolidando poco a poco hasta llegar a dominar hoy vastos territorios selváticos donde predominan las minas de oro, los cultivos de hoja de coca y, por supuesto, los bosques naturales.
Estas organizaciones ilegales están presentes en áreas de dinámica maderera, es decir, en la zona del Medio y Bajo Atrato, que comprende los municipios de Carmen del Darién, Riosucio, Bajirá, Unguía, Acandí y Bojayá, así como en la zona del San Juan, particularmente en Istmina y Condoto.
Alberto*, un líder comunitario del Darién chocoano, explica que las estructuras criminales, hacen control territorial allí donde tienen dominio y extorsionan a todo aquel que compre madera. “La extorsión depende de la persona y de los volúmenes que compra”, dice. “También inciden en el cortador, si lo dejan cortar o no”.
Según este vocero de las comunidades, el grupo armado que tiene mayor incidencia es “paramilitar”, refiriéndose a la banda criminal conocida como ‘los Urabeños’: “las Farc no actúan tanto como los paramilitares en esa zona, quienes tienen informantes que les están indicando cuánto compra tal o cual comerciante”.
El funcionario de Codechoco dice estar preocupado por estas denuncias: “si bien se habla de la necesidad de tener madera legal, ese tipo de situaciones limita ese propósito. ¿Cómo monitorear en esas condiciones, si una vez autorizado, el seguimiento queda regulado por la posibilidad de acceso a las áreas de corte que brinden los grupos armados ilegales?”.
Funcionarios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corpouraba) han detectado otro tipo de presiones que comprometen a las comunidades y detrás de los cuales estarían grupos armados ilegales y capitales de origen ilícito, uno de ellos es el sistema de endeudamiento de los aserradores.
“Unas personas, que no sabemos quiénes, le dan a los aserradores digamos cinco millones de pesos para que saquen madera del bosque, y cuando la van a entregar resulta que no alcanza a cubrir el préstamo, entonces se tienen que endeudar otra vez para sacar más madera e intentar pagar. Eso es un sistema esclavista”, explica un funcionario de Corpouraba, quien asegura que tal situación es más visible en el Chocó que en el Urabá antioqueño.
A juicio de Mondragón, de WWF Colombia, este tipo de situaciones se presentan porque no hay incentivos para el manejo del bosque: “Corpouraba ha hecho un fondo rotatorio para que la gente no tenga que endeudarse, pero eso son pequeños paliativos, se necesita mayores recursos para fortalecer ese tipo de iniciativas”.
El funcionario de Corpouraba, quien pidió no ser identificado, coincidió con su colega de Codechoco en resaltar las limitaciones que imponen los grupos armados ilegales a la hora de visitar y supervisar las áreas de explotación forestal.
“Nosotros sabemos que no se puede entrar a zonas si no es con el apoyo y el permiso de los grupos armados ilegales”, dice y reconoce que cuando se logra hacer un inventario en terrero los supervisores se están encontrando con cultivos de hoja de coca y miembros de grupos armados ilegales en la zona. La funcionaria aclara que el Eje Bananero la incidencia ilegal está más ligada a bandas criminales emergentes que a la guerrilla.
A su juicio, en relación con el negocio de la madera, están enfrentándose a tres circunstancias: “las comunidades están perdiendo autonomía, la gente tiene miedo de denunciar a los grupos armados ilegales y el Estado está perdiendo gobernabilidad”.
Voceros de las comunidades indígenas de la etnia Embera asentadas en el Urabá antioqueño advierten que la presencia tanto los grupos armados ilegales, sobre todo de bandas criminales emergentes, como los capitales de origen ilícito, no sólo se siente en las áreas rurales, también en los cascos urbanos, donde se comercializa la madera.
“Esa presencia se siente en el precio de la madera”, afirman. “Por épocas, pagan precios que no son racionales, no obedecen a una lógica del mercado sino de lavado de dinero. Compran madera a precios exorbitantes. Por ejemplo, una rastra de roble vale en promedio 70 mil pesos, pero hay gente que ha pagado hasta 100 mil pesos. Y uno se pregunta, ¿qué sector está consumiendo tan costoso?”.
A juicio de los indígenas, ese tipo de prácticas, que posiblemente sea un mecanismo de lavado de dineros provenientes del narcotráfico, afecta las prácticas de comercialización legal que quieren desarrollar algunos productores de madera, entre ellos los Embera, y consolida la ilegalidad.
La corrupción corre
Las fuentes consultadas coinciden en advertir que los grupos armados ilegales y los dineros de origen ilegal pueden insertarse en la economía maderera porque es un sector productivo vulnerable: no está organizado, es informal, los productores son de pequeña capacidad productiva y las instituciones encargadas de controlar toda la cadena productiva tienen demasiadas grietas.
El funcionario de Codechoco admite que este sector productivo hay corrupción y ella está presenteen diferentes niveles: “en aquellos funcionarios que llevan mucho tiempo mucho tiempo interactuando con comerciantes y con miembros de las comunidades, pues han generado una relación de confianza que se vuelve permisiva, y en la falta de recursos de las corporaciones ambientales para tener una planta de personal más amplia, con mejores condiciones de trabajo, hoy trabajamos con contratistas a quienes, a veces, no se les paga a tiempo por sus servicios y eso los hace más vulnerables”.
Por su parte el funcionario de Corpourabá consultado coincide con su colega de Chocó y reconoce la existencia de problemas institucionales: “las corporaciones son cada vez más débiles, con mayores problemas de credibilidad, con funciones distorsionadas, deficiencias técnicas en la toma de decisiones y menos personal, circunstancias que son aprovechadas por la legalidad”.
Voceros indígenas dan cuenta de la facilidad que existe en Urabá para hacerse a un salvoconducto falso para el transporte de madera: “un documento de esos vale 6 mil pesos, es utilizado para varios viajes de madera y muchos saben dónde los venden”.
Otro de los actores de la cadena de la madera cuestionados por su alto grado de corrupción es la Fuerza Pública, que debe adelantar los procesos de control en las carreteras. “Se configuran elites de la policía que son los que normalmente revisan”, afirma el funcionario de Corpouraba.
Esa situación la confirman los indígenas: “hay policías que prefieren los turnos de la noche en carretera para ganarse algo con los camiones que transportan madera sin papeles. Ellos se corrompen hasta por 20 mil pesos. Y la madera llega sin ningún problema a los depósitos en Medellín”.
La representante de WWF Colombia va más allá y resalta el desconocimiento de los policías en el tema: “no saben cuánto es un metro cúbico de madera, no conocen las especies que se están movilizando, ellos reciben una lista, pero cuando van a revisar el camión, no saben si es verdad lo que dice la lista y lo que lleva el camión”.
Al respecto, un experto en el negocio consultado, que por razones de su trabajo en terreno, solicitó no ser identificado, se pregunta cómo tener mejores herramientas de control de la ilegalidad e ir más allá del salvoconducto de movilización de madera, un papel, según él, “con unas mínimas medidas seguridad, que no tiene manera de verificar si lo que dice es verdad o no”.
En su trabajo en carretera le permite decir con autoridad que muchos comerciantes y conductores saben que si los detienen agentes de policía no tienen idea de qué madera llevan: “el salvoconducto puede decir balso, pero llevan roble, y no hay manera de reconocer la diferencia. El problema de la ilegalidad está asociado a unas fallas del sistema que el mercado ilegal ha detectado, las tiene claras y las aprovecha”.
Experiencias de legalidad
Pero no todo es tan malo. Hay experiencias comunitarias que han podido superar la ilegalidad y hasta la injerencia de los grupos armados y los capitales de origen ilícito. Una de ellas la representa el Consejo comunitario de las comunidades negras del Alto Guapi, en el departamento del Cauca.
“En el consejo comunitario trabajamos con madera legal, estamos certificados, todos nuestros trámites son legales y no hemos tenido ningún inconveniente con grupos ilegales, ni con ningún tipo de personas que atropellen la organización. Tampoco no hemos sido extorsionados”, afirma Rosa Montaño, representante legal del Consejo.
Este consejo comunitario se conformó hace doce años y en el proceso de la madera llevamos siete años. De las 103 mil hectáreas que tienen tituladas, 23 mil hectáreas están dedicadas a la explotación maderera, negocio del cual se benefician, directa e indirectamente, 600 familias.
“Somos un consejo organizado, que ha recibido apoyo de WWF Colombia y de Oxfam”, señala Rosa. “Nos han capacitado para hacer mejor nuestro trabajo. Eso nos ha favorecido para salir adelante sin ningún inconveniente. La organización ha servido para blindarnos de injerencias ilegales. Cuando uno está organizado las cosas se le facilitan”.
Por su parte los indígenas Embera del municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, también han logrado mantener su autonomía y evitar que los grupos armados ilegales interfieran en su propósito de explotar el recurso forestal de sus resguardos.
“Los gobiernos indígenas han logrado ponerle límites a la acción de los actores armados en el tema específico de la madera, a tal punto que no tenemos injerencia directa en asuntos como el aprovechamiento, comercialización o bloqueos de corte”, afirman los nativos.
Conscientes de lo que representa la legalidad, los Embera han construido sólidas alianzas con comercializadores en Medellín a quienes les venden directamente la madera, sin intermediarios, ajustándose a las normas y evitando prácticas ilícitas.
Martha Mondragón, de WWF Colombia, resalta el trabajo de estas comunidades e insiste en plantear salidas a la ilegalidad: “este negocio podría ser rentable para los legales si se logra cambiar el contexto en el que se mueve; es sustentable si logramos influenciar la política; si se realizan alianzas estratégicas con comercializadores legales y se consolide una cadena de custodia de la madera que le permita a un comprador de muebles, por ejemplo, saber de dónde proviene la materia prima con la que fueron hechos. Hasta allá tenemos que llegar”.
Las cifras más recientes sobre el porcentaje de la madera ilegal que se mueve en el país es del 42%; no obstante, organizaciones como WWF Colombia estiman quela cifra puede supera el 70%. De acuerdo con el presidente Santos, esta actividad ilícita va en crecimiento y estaría moviendo anualmente unos 60 millones de dólares.
El reto entonces con el Pacto por la Madera Legal está en bajar esos porcentajes, fortalecer la legalidad y, de paso, restarle capital a los grupos armados ilegales, que encontraron en la madera otro buen negocio.
* En algunos casos los nombres fueron omitidos o cambiados por su seguridad
