El gobierno financió proyectos productivos para los desmovilizados en Córdoba con más de mil millones de pesos que se perdieron por negligencia y falta de control estatal.
Según la fiscalía, los Proyectos Productivos para la Paz fracasaron por falta de control Estatal. Foto: VerdadAbiertaEn un principio, los llamados Proyectos Productivos para la Paz, PPP, que contaron con el respaldo del gobierno, estaban destinados a servir como una alternativa para que los desmovilizados de los grupos paramilitares pudieran trabajar en agroindustrias como parte de su proceso de reintegración.
Sin embargo, según la fiscal Liliana Donado, encargada de la Unidad de Persecución de Bienes de la Unidad de Justicia y Paz, debido a la falta de reglas claras y de control del Estado, estos proyectos fracasaron generando perdidas millonarias para el presupuesto público.
Entre 2005 y 2006, el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo y el ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, avalaron 35 proyectos productivos de caucho, cacao, palma africana, acacia y teca en todo el país, en los que se invirtieron más de seis mil millones de pesos del presupuesto nacional. Además del dinero del Estado, los proyectos funcionaron con dinero de empresarios y de los mismos jefes paramilitares.
Ocho de estos proyectos se encontraban ubicados en la región de Tierralta, Córdoba, en los predios La esperanza 2 , La providencia, La Gloria, Paz Verde, Villa Nueva, Nueva Delhi, La Guaira y Viscaya, todos propiedad del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Según contó Humberto Solano a VerdadAbierta.com, quien fuera el encargado de la administración de los proyectos productivos en Córdoba, el gobierno empezó a incumplir con las cuotas de financiamiento y por eso se fueron acabando los recursos sufuncionamiento. Luego los representantes del gobierno, el Alto Comisionado y los Ministerios se desentendieron y los proyectos empezaron a perderse como sucedió con las plantaciones de cacao y caucho, agregó Solano.
Precisamente, luego del fracaso de los proyectos debido a fallas administrativas, los ocho bienes con cultivos de árboles maderables fueron entregados por el extraditado jefe paramilitar para reparar a las víctimas de Córdoba, Urabá y el Catatumbo. Pero según la defensa de Mancuso, el gobierno no respondió con sus compromisos ni cuando se realizaron los Proyectos Productivos ni cuando fueron destinados para las víctimas. Desde que ofrecieron los ocho predios, estos han perdido su valor debido a los malos manejos administrativos y al descuido al que fueron sometidos por parte de las entidades encargadas del gobierno. (Ver artículo Bienes entregados por los ‘paras’ escasos y mal manejados)
El problema para el Fondo de Reparación, que se hizo cargo de estos proyectos a partir de la liquidación por corrupción de la Dirección Nacional de Estupefacientes, es que muchos de los predios ahora se encuentran invadidos por desmovilizados y otras personas que siguen trabajando en los cultivos.
Adicionalmente la demora en la transferencia de los bienes de la DNE al Fondo de Reparación, hizo que los cultivos fueran descuidados y empezaran a degradarse, incluso, según información de la defensa, algunos de los proyectos productivos fueron quemados y talados por la falta de administración. Este es el caso de siete predios que fueron entregados en 2007 por Martha Elena Dereix, ex esposa de Mancuso, y que han sido objeto de incendios estando bajo la responsabilidad del DNE en liquidación.
De acuerdo con la fiscal Liliana Donado, son cerca de 500 los bienes que aún están en manos de la DNE y que no han podido ser trasladados al Fondo de Reparación para las víctimas por demoras y papeleos.
El origen de los problemas
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| El ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo en el lanzamiento de los Propyectos Productivos por la Paz. Foto: VerdadAbierta |
El enredo de los proyectos productivos agroindustriales de Tierralta, Córdoba, que fueron ofrecidos por el jefe paramilitar para la reparación de las víctimas, empezó en 2004 cuando se desarrollaban las negociaciones entre los paramilitares y el gobierno nacional en Santafé de Ralito.
De acuerdo con la información recaudada por la Fiscalía, en esta ocasión, Mancuso “propuso en la mesa de negociación que era necesario avanzar en proyectos productivos donde se integraran a las víctimas y a los desmovilizados para que ellos tuvieran una actividad legal a la que dedicarse luego de abandonar las armas”. Esta propuesta, según la Fiscalía, se hizo ante los representantes del gobierno representado por el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, el Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, el ex director de la Misión de Observación del Proceso con los paramilitares de la OEA, Sergio Caramaña y Monseñor Julio Cesar Vidal.
En estas reuniones se acordó que los empresarios y ganaderos aportarían tierras y dinero para los proyectos que tenían el aval del gobierno. Incluso, se hizo un lanzamiento del programa en la Universidad de Córdoba, con la asistencia de Luis Carlos Restrepo, el ministro Pretelt y varios embajadores europeos.
A través del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior, el gobierno invirtió 1.048 millones en estos ochos proyectos que se sumaron a los tres mil millones aportados por jefes paramilitares y empresarios de Córdoba.
De acuerdo con la fiscal Donado, entre 2004 y 2006, los proyectos se desarrollaron sin reglas claras sobre la procedencia de los aportes financieros. Se mezclaron dineros de particulares de Córdoba como ganaderos y empresarios (450 millones de pesos), otros por Mancuso (2.204 millones de pesos) y del gobierno (1.048 millones de pesos).
En diligencia de allanamiento adelantado por funcionarios de la Fiscalía se encontró una documentación con una relación de personas que supuestamente hicieron aportes para los proyectos agroindustriales, PPP. La Fiscalía ha logró establecer que muchos de los empresarios que aparecen en la lista eran testaferros del ex jefe paramilitar.
De acuerdo con el cuadro encontrado por la fiscalía, el ganadero Arán Asías Soler aportó 259 millones de pesos, Leopoldo Anaya Torres donó 247 millones de pesos, el empresario de apuestas Pedro Ghisays entregó 382 millones de pesos, Jaime Maroso 382 millones, Alexander Incapie 424 millones de pesos, Marco Antonio Giraldo Torres 280 millones de pesos, y Carlos Roca Cárdenas 260 millones de pesos, reuniendo un total de 2.204 millones de pesos. En este cuadro también aparece la suma de 450 millones de pesos consignados en el banco Fiduagrario el 21 de noviembre de 2005. (Ver artículo Los enredos de los bienes que entregó Mancuso)
Según el ente acusador, la lista de aportes encontrada es falsa en la medida en que Mancuso puso el dinero de las autodefensas a nombre de empresarios y testaferros para evitar que se supiera el origen de los dineros que iban a ser invertidos en los proyectos. En la realidad muy poco fue aportado por los empresarios.
Pero las tierras que supuestamente aportaron los ganaderos y empresarios también eran de Mancuso. Los predios en los que se desarrollaron los proyectos productivos aparecían a nombre de Arán Asías Solet, Pedro Ghisays y a Leopoldo Anaya pero en realidad pertenecían al ex jefe paramilitar.
Según la fiscalía, cuando en 2007 el gobierno se dio cuenta que no puede seguir dando dinero a los proyectos productivos porque los bienes están en cabeza de terceros y no hay un respaldo legal para invertir presupuesto del Estado, el delegado del Alto Comisionado Juan B. Pérez, citó a los supuestos dueños de las tierras para que firmaran contratos de arrendamiento con las cooperativas de desmovilizados que trabajarían en los proyectos. El objetivo era justificar y legalizar los desembolsos de presupuesto en a través del proceso dereintegración de los desmovilizados. (Vea los contratos de arrendamiento)
Así fue como Arán Asías Solet y Leopoldo Anaya firmaron contratos a 25 años sobre los bienes Villa Nueva, Nueva Delhi y Viscaya.
Sin embargo, el dinero se agotó y los problemas aumentaron entre el gobierno, los empresarios y Mancuso, quien se había molestado porque el gobierno no le había consultado sobre la firma de los contratos.
Después de que los proyectos fracasaron, Ghisays, Anaya y Asías le devolvieron la mayoría de los predios a Mancuso a través de negociaciones simuladas para luego el jefe paramilitar pudiera ofrecerlos para la reparación de las víctimas.
Para la Fiscalía, el hecho de que en el proceso se hayan perdido dineros del Estado, exige que se haga una investigación a la responsabilidad de los funcionarios públicos que en representación del Estado estuvieron enfrente de proyectos productivos.
La mala administración de los proyectos
Entre el 2007 y el 2008, el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso ofreció los bienes para que la fiscalía hiciera la verificación de su estado físico y jurídico. Posteriormente, los predios pasaron a ser administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, entidad que en teoría se encargaría de venderlos y de entregar el dinero de la venta a Acción Social para la reparación de las víctimas.
En este tiempo de administración de la DNE según lo ha documentado la defensa de Mancuso, las plantaciones se deterioraron debido a talas ilegales y a incendios provocados que hicieron que el precio de las hectáreas de acacia disminuya considerablemente, es decir que a menor valor habrán menos recursos para reparar a las víctimas.
Cuando la DNE entró en liquidación por problemas de corrupción, los ocho lotes que tienen más de mil hectáreas sembradas de acacia pasaron a ser administrados por el Fondo para la Reparación de la Unidad de Víctimas.
El Fondo de Reparación ha tenido varios problemas para administrar estos ocho predios. En primer lugar debido a los contratos que se firmaron entre los testaferros de Mancuso y las cooperativas de desmovilizados por presiones del gobierno, los predios tienen un obstáculo jurídico que no le permite al Fondo disponer de ellos para la venta.
Por esta razón, el Fondo para la Reparación entabló una demanda para que se den por terminados estos contratos. Adicionalmente, debido a estos mismo contratos muchos de los ocho predios se encuentran ocupados por desmovilizados que trabajaron en los proyectos productivos.
Finalmente el Fondo de Reparación se encuentra en el dilema de cómo comercializar la madera de las acacias de los proyectos productivos. De acuerdo a los estudios que ha realizado el Fondo si al día de hoy vendieran las mil hectáreas sembradas de acacia recibirían un aproximado de 7. 114 millones de pesos. Por otra parte si las plantaciones se administraran cinco años más y se vendieran al cumplir su ciclo de crecimiento podrían obtenerse cerca de 50 o 60 mil millones de pesos.
El problema para los defensores de las víctimas es que aunque parece mejor la opción de esperar cinco años más para la venta, se corre el riesgo de que la mala administración continúe y en lugar de valorizarse, los cultivos pierdan su valor.
Ver Los predios de Salvatore Mancuso en un mapa ampliado
