¿Y la responsabilidad de la Fuerza Pública en los crímenes de ‘paras’ en el Catatumbo?

Esa es la pregunta que 15 organizaciones sociales le piden a la Jurisdicción Especial para la Paz que resuelva. Para tal fin, presentaron un informe sobre el arribo de las Autodefensas Unidas de Colombia a Norte de Santander, la creación del Bloque Catatumbo y su accionar criminal durante cinco años, en aparente complicidad con las fuerzas del orden y otras entidades del Estado.

En mayo de 1999, decenas de paramilitares partieron desde el Nudo del Paramillo, en límites entre Córdoba y Antioquia, y también del departamento de Bolívar, hacia Norte de Santander. Lo hicieron recorriendo casi mil kilómetros, transitando por vías principales que, supuestamente, contaban con puntos de control del Ejército y de la Policía Nacional.

¿Cómo atravesaron seis departamentos y cómo cometieron múltiples crímenes contra la población civil sin mayor resistencia?

Ese es uno de los principales reclamos que realizan las organizaciones en el informe Fuerza Pública y paramilitares: responsabilidad encubiertas, que le entregan este viernes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El informe hace una reconstrucción cronológica del accionar del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y detalla la comisión de 12.327 asesinatos, 375 desapariciones forzadas y 52 masacres entre el 29 de mayo de 1999 y el 10 de diciembre de 2004, fecha en la que se desmovilizaron sus integrantes como parte de los acuerdos de desmovilización y desarme pactados con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Esos crímenes fueron confesados por desmovilizados de ese grupo paramilitar ante fiscales y jueces de Justicia y Paz, jurisdicción transicional que se creó para otorgarle penas alternativas a los exmiembros de las Auc a cambio que verdad y reparación para sus víctimas. Sin embargo, los resultados de la justicia ordinaria frente a los cómplices que permitieron ese baño de sangre son pobres.

Por esa razón, los autores del informe le piden a la JEP que esclarezca el rol que cumplieron altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en la incursión y consolidación del paramilitarismo en el Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta.

“En ese punto, la labor de esclarecimiento de la justicia ordinaria se agotó en señalar que un oficial de la Policía estuvo involucrado en la incursión paramilitar del 29 de mayo de 1999, que un oficial de mediana graduación del Ejército Nacional, junto a un oficial y cuatro agentes de la Policía, fueron coautores de la masacre de Tibú del 17 de julio de 1999; y que un oficial de baja graduación del Ejército fue partícipe de la masacre de La Gabarra ocurrida el 21 de agosto de 1999”, indica el documento.

Entre las peticiones que les hacen a los togados de la JEP, que tienen el mandato de sancionar los crímenes cometidos por miembros de las Farc y de la Fuerza Pública relacionados con el conflicto armado, están la priorización del esclarecimiento de la responsabilidad de altos cargos de la Fuerza Pública en el auspicio y promoción del paramilitarismo y que abra un caso para tal fin.

Además, piden que ordene comparecer a rendir versión voluntaria a los oficiales generales y superiores que se desempeñaron en el año 1999 como comandantes de las Fuerzas Militares, del Ejército y de las Divisiones y Brigadas por las que transitaron libremente los paramilitares para llegar al Catatumbo.

A continuación, presentamos una selección de artículos que dan cuenta de la violencia que padecieron los habitantes de Norte de Santander, de quienes les hicieron resistencia de la vida civil y de los esfuerzos de Justicia y Paz para sancionar esos crímenes.