La captura de cuatro congresistas produce un tsunami político que tiene en vilo al país.
La semana pasada se cumplieron los primeros 100 días del segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe. Un período que tradicionalmente se asocia con una luna de miel en la que al gobierno se le permite una gran libertad para poner a andar su agenda sin mucha crítica y con una pausa de la oposición. Sin embargo, la que acaba de pasar fue todo lo contrario: una semana que sacudió al país y produjo una catarata de noticias con sabor a una crisis política. Si los primeros días marcan la pauta de lo que será el cuatrienio de la reelección, este no se va a parecer a los días felices de paz política y alta popularidad presidencial de los últimos cuatro años.
El hecho más impactante, por sus consecuencias y por su significado, fue la declaración hecha por el senador uribista Álvaro Araújo, de Alas-Equipo Colombia, en una reunión en la Casa de Nariño con el ministro del Interior Carlos Holguín. Exaltado y descompuesto, afirmó que si la Corte Suprema lo afectaba con alguna decisión -“si rueda mi cabeza”, fueron sus palabras- quedarían salpicados su hermana, la canciller Consuelo Araújo; el ex esposo de su tía, el procurador Edgardo Maya; su primo Jaime Araújo, magistrado de la Corte Constitucional y, en últimas, su propio jefe: el presidente Álvaro Uribe.
La filtración de estas frases comprometedoras fue recogida por todos los noticieros y periódicos. El solo encuentro convocado en el Palacio Presidencial de todos los partidos que componen la bancada uribista para enfrentar la crisis política, resultaba llamativo. En medio de rumores sobre una inminente vinculación de más políticos al escándalo desatado por el destape del ‘8000 de la Costa’, la reunión mezcló varios ingredientes explosivos. Los miembros de las bancadas querían conocer la posición del Ejecutivo y aspiraban a un apoyo explícito y contundente del Presidente. El gobierno buscaba tranquilizar a sus huestes, asegurar alguna dosis de normalidad en el Congreso para evitar la parálisis legislativa, y ponerle un tatequieto a la posibilidad de que los destapes lleguen a afectar a Uribe. A todos les convenía pensar en alguna estrategia para evitar que el escándalo siga creciendo.
Pero la insólita intervención de Araújo tuvo varias repercusiones que se salieron de los fríos salones palaciegos. Fortaleció la percepción de que la bola de nieve del ‘8.000 de los paras’ se volvió imparable. Es decir, difundió el temor de que habrá más decisiones de la Corte y de la Fiscalía contra algunos políticos. SEMANA pudo confirmar que tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía hay méritos para que más políticos terminen en los estrados judiciales. Se producirá, entonces, una expansión horizontal: más congresistas y ex funcionarios serán llamados para que expliquen hasta dónde colaboraron con los grupos paramilitares. Pero la mención del senador Araújo a su hermana la Canciller, y a su jefe el Presidente, alimentó además la hipótesis de que la crisis puede crecer hacia arriba.
Ni el caso de los Araújo, ni los que ya están judicializados en Sucre, son aislados ni únicos. La semana pasada hubo varios hechos más que demuestran que el ‘8000 de los paras’ crece cada día. Hechos que produjeron un notable nerviosismo en la clase política, un asombro con síntomas de parálisis en el alto gobierno y un aventurado frenesí de los medios de comunicación. El representante a la Cámara por Sucre Eric Morris atendió el llamado de la Corte Suprema y fue detenido. Los otros dos congresistas afectados por la misma orden de captura, los senadores Álvaro García y Jairo Merlano, sostuvieron un tire y afloje que alcanzó a producir una oferta de recompensa del DAS -50 millones de pesos a quien colaborara con información sobre sus paraderos-. Al final se entregaron. Un día antes, a plena luz y en el exclusivo Centro Andino de Bogotá, el DAS capturó a la ex congresista conservadora Muriel de Jesús Benito. Todos estos políticos deberán responder a las acusaciones sobre sus vínculos con grupos paramilitares.
La lista crece. A finales de la semana, la Fiscalía también dictó orden de aseguramiento contra Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y ex representante diplomático del gobierno Uribe en Chile, acusado del asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, en 2003. Ante la precipitación de acontecimientos, el fiscal Mario Iguarán insistió en que “este proceso es más grave que el 8.000” y el presidente de la Corte Suprema, Yezid Ramírez, declaró que la entidad seguirá adelante con sus investigaciones. Estas afirmaciones, sumadas a la mención de otros congresistas en varios informes periodísticos y en el célebre computador de ‘Jorge 40’, van a conducir a que se abran nuevos procesos. Junto al incremento de nombres de políticos que se podrían agregar a los ya llamados por la Corte Suprema también hay señales de que se irán conociendo más detalles sobre los alcances de la toma del poder local por parte de las mafias de paras y narcos. Así lo anunciaron los propios jefes de las AUC. En una insólita invitación a los medios de comunicación a su lugar de reclusión en La Ceja -uniformados con impecables uniformes de trabajadores del campo-, dijeron que dentro de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz contarán toda la verdad sobre sus actividades ilícitas.
Hasta ahora las investigaciones se han concentrado en Sucre. Pero matrimonios semejantes entre la política y el paramilitarismo se produjeron a granel en Córdoba, Bolívar, Magdalena y Cesar. Incluso en otras regiones diferentes a la Costa Atlántica. En estos cuatro departamentos costeños se concentran los nombres mencionados hasta el momento de políticos que figuran en el computador de ‘Jorge 40’, o que fueron purgados de algunos partidos durante lacampaña electoral del presente año, o que han sido denunciados en debates públicos en el Congreso.
No menos diciente, sobre los alcances del escándalo y sus perspectivas futuras, fue la decisión tomada esta semana por el procurador general, Edgardo Maya Villazón, de abrirle pliego de cargos al ex director del DAS Jorge Noguera. La averiguación lo señala de haber apoyado a grupos paramilitares. Y les da piso a informes periodísticos publicados en el primer semestre del presente año -varios de ellos en SEMANA-, que descubrieron alarmantes niveles de infiltración de las poderosas organizaciones criminales en el principal organismo de inteligencia del Estado. Las denuncias van desde el nombramiento de personas cercanas a los paras en las seccionales de la Costa, hasta la ayuda para ingresar y salir de los aeropuertos y hasta el suministro de informes de inteligencia. Si estas historias son confirmadas por la Procuraduría -la Fiscalía también tiene una investigación-, demostrarían que los tentáculos de las mafias narco-paras se metieron hasta las propias entrañas del Estado en el nivel nacional. Y que no sólo se tomaron los poderes locales.
La dimensión de lo que está entre manos, en consecuencia, debe poner al país frente al espejo de su propia realidad. Y tiene alcances vitales para la vigencia institucional. Las réplicas políticas del terremoto también se sintieron en el Congreso, donde reina un nerviosismo generalizado, y en los partidos de la coalición uribista. En La U se han producido debates internos con diferencias profundas sobre la manera como se debe encarar la situación que ha salido a la luz pública. Se ha llegado a plantear la salida de algunos miembros de la línea dura contra los paramilitares -encabezada por Gina Parody, Martha Lucía Ramírez y Armando Benedetti- y se ha consolidado un ambiente crítico en vísperas de un Congreso Nacional que a finales de mes debe tomar decisiones trascendentales para su futuro, como la elección de un presidente y una estrategia política para el futuro.
Falta menos de un año para una nueva elección. La de alcaldes, concejos, asambleas y gobernadores que está programada para octubre de 2007. La mezcla de competencia política y destape del escándalo narco-para generará retos institucionales adicionales. De una parte, los de las garantías para los aspirantes en las regiones de control paramilitar. Y de otra, evitar la satanización de los políticos por parte de sus rivales. No va a ser un debate fácil.
El panorama global arroja un pronóstico reservado. Tiene todas las características de una profunda crisis política. En una intervención realizada como parte de la celebración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Uribe se declaró el viernes a favor “de que se conozca toda la verdad” y de que “los congresistas acudan ante los jueces por propia iniciativa”, y criticó a sus antecesores como responsables del crecimiento del paramilitarismo. También fijó un contraste entre las duras condiciones carcelarias que deberán padecer los congresistas detenidos bajo su administración, como las que tuvieron Pablo Escobar en La Catedral y los condenados del proceso 8.000 en las famosas ‘cárceles fiscales’. Sus fustigaciones fueron duras contra los gobiernos de Ernesto Samper y César Gaviria. Este último reaccionó con un comunicado en el que calificó a Uribe como “intemperante”, “amenazante” y “falto de compostura”. Se vislumbran gérmenes de polarización.
Ante la gravedad de los acontecimientos se han hecho comparaciones con otros momentos cruciales de la historia reciente del país, como el proceso 8.000. Se ha llegado a decir que hay toda una crisis institucional. Lo cual, al menos por ahora, es toda una exageración. Lo que hay es todo lo contrario: las instituciones de la justicia -la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría- han empezado a actuar. Con cierto retraso frente a informaciones que se conocieron hace tiempo en los medios, pero también con la sensación de que tienen intenciones de recuperar tiempo perdido. En todos los más altos poderes del Estado ha habido expresiones de apoyo a estas entidades. Las ha habido en el Ejecutivo, a pesar de que existe el temor de que el escándalo de la para-política le dañe el caminado a la larga luna de miel del presidente Uribe con la opinión. Y en el Congreso, donde se da por descontado que rodarán más cabezas. Las instituciones están funcionando y si logran canalizar las tensiones y los conflictos propios de estas circunstancias, podrían salir fortalecidas en su credibilidad.
¿Qué viene ahora? Hay varios escenarios posibles. El momento es crucial para el gobierno. Está en juego la imagen del Presidente. En particular, su credibilidad como alternativa renovadora de la política y como promotora de una forma de ejercerla que implica un rompimiento con el pasado. Todos los políticos implicados hasta el momento apoyaron la reelección y forman parte de los partidos uribistas. El propio discurso de Uribe en la mañana del viernes para defenderse con el argumento de que en el pasado también hubo influencia paramilitar y laxitud frente al delito, tiende a embarrar las aguas para todo el mundo. Incluido el gobierno actual, que en medio del barrial generalizado no se ve tan distinto. Si los estrategas de Palacio no logran blindar al Presidente de las salpicadas del escándalo, se podría debilitar su imagen y hasta su margen de maniobra.
Todo dependerá del comportamiento de los distintos protagonistas. La historia, aunque traumática, puede tener un final feliz: el freno a los embates del paramilitarismo para construir un para-Estado. Un camino que, para llegar a un buen final, tiene que dejar en el trayecto mitos como el de que el país no está preparado para conocer la verdad sobre el paramilitarismo, o que hay intocables que no permiten que opere la justicia.
La cabeza fría con que enfrenten la situación los principales actores será crucial. En medio de la confusión se han hecho propuestas que en vez de aportar a una solución, podrían servir como gasolina para el incendio. Como la de cerrar el Congreso, por ejemplo, o convocar a una Constituyente. El asesor presidencial José Obdulio Gaviria habló de intervenir el departamento de Sucre y suspender a sus autoridades. La mayor parte de estas iniciativas no tiene que ver con el problema -cómo evitar la claudicación de la ley ante el poder narcoparamilitar- y acrecentarían la debilidad de la democracia.
Lo que está en juego, en fin, es trascendental. Más allá de recuperar la estabilidad, la paz política y la imagen presidencial, se trata de frenar al paramilitarismo y de limpiar a las instituciones de sus temibles tentáculos.
Publicado en SEMANA, Fecha: 11/18/2006 – Edición 1281
