Mientras las comunidades dicen que están saliendo de las veredas huyendo de la confrontación armada, la Gobernadora del departamento explica que su desplazamiento obedece a demoras en la entrega de ayudas alimentarias del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos de Uso Ilícito. Evidencias muestran una guerra a muerte entre grupos armados ilegales.
“No hay combates, el Ejército está en la zona, tanto la Séptima División como la Fuerza de Tarea Aquiles tienen controlada el área”, declaró a medios de comunicación la mandaría cordobesa Sandra Devia Ruiz. “Lo que tenemos es un problema de cultivadores de coca”.
La mandataria regional explicó de esa manera la grave situación que están padeciendo comunidades campesinas e indígenas de las estribaciones del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo, entre los límites de Córdoba y Antioquia, que se están desplazando hacia el corregimiento Juan José, de Puerto Libertador.
Además de negar la confrontación armada entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y disidentes del Frente 18 de las antiguas Farc, Devia Ruiz precisó que las personas que está arribando al corregimiento Juan José serían supuestas beneficiarias del Programa Nacional de Sustitución Integral de Cultivos (PNIS) que se están manifestando por la demora en la entrega de las ayudas alimentarias.
“Esos pagos llegarán a mediados de mayo”, dijo la gobernadora. “Mientras tanto están acudiendo a la ayuda alimentaria que nosotros estamos complementando en los apoyos que da tanto la Gobernación como el municipio (de Puerto Libertador) y la Unidad Territorial de Víctimas”.
Insistió la funcionaria que lo que tienen en el sur de Córdoba “es un problema de cultivadores de coca y lo que tenemos que hacer es luchar contra la coca que es el origen de todos los problemas de seguridad, tanto en Antioquia como en Córdoba”.
Cifras expuestas durante el Comité Territorial de Justicia Transicional Departamental realizado el pasado 30 de marzo, establecen que a ese día ya se habían desplazado 2.159 personas integradas a 732 familias de nueve veredas y dos comunidades indígenas.
Sí hay combates
“La Gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, miente, desinforma, deslegitima la veracidad de las causas del desplazamiento forzado del Sur de Córdoba; les re-victimiza y pone en grave riesgo a los liderazgos sociales y comunitarios, al tiempo que a las familias beneficiarias del PNIS tras sus falacias mediáticas del día de hoy”, denunció la Asociación De Campesinos Del Sur De Córdoba (Ascscucor) a través de un comunicado divulgado esta tarde.
Para contrastar las declaraciones de la mandataria seccional, esta Asociación argumentó que “desde el año anterior, hemos venido denunciado públicamente la persistencia del conflicto armado [y] la recomposición de estructuras criminales en el sur de Córdoba”, amparándose en lo consignado en la Alerta Temprana 083-18, emitida el 25 de noviembre del 2018 por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.
Tal como lo informó este portal el pasado 27 de marzo, en esa Alerta, la Defensoría advirtió la posible ocurrencia de combates entre las Agc, grupo que pretende copar los territorios dejados por los frentes 5, 18 y 58 de la extinta guerrilla de las Farc, y una estructura armada conformada por antiguos combatientes de la antigua organización insurgente que se presenta ante los labriegos del sur de Córdoba como ‘Nuevo Frente 18 – Camarada Román Ruiz – Cacique Coyará’, que proviene del municipio antioqueño de Ituango.
“El inicio del nuevo ciclo de hostilidades por el control territorial entre las Agc y las estructuras armadas del autodenominado ‘Nuevo frente 18 – Román Ruíz – Cacique Coyará FARC-EP’, comprende la disputa de los corredores de movilidad entre las cuencas de los ríos Esmeralda y Tigre en Tierralta y San Jorge en Puerto Libertador. Para los excombatientes de las Farc, la recuperación de sus antiguos territorios de movilidad tiene un especial interés en el actual proceso de reconfiguración y fortalecimiento”, consignó el SAT en su informe. (Leer más en: Arde el sur de Córdoba)
Esta confrontación armada se agudizó el pasado 21 de marzo cuando, según Ascscucor, “hombres armados, se situaron en las veredas Santa Rosa (Puerto Libertador) y La Flecha (Ituago) para dar un mensaje de ultimátum: ‘Desocupen las veredas’. Con el miedo y la zozobra a cuestas aproximadamente 160 familias se desplazaron, gran parte de ellas se trasladaron al refugio humanitario ubicado a la altura del puente San Jorge sobre la Troncal de Occidente, en el municipio de La Apartada”, detalla el comunicado.
“En ese lugar”, continúa el comunicado, “se concentraban por lo menos 1.700 campesinos movilizados desde las veredas incluidas en el PNIS de los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré en uso legítimo del derecho a la protesta social”.
Otro nutrido grupo de familias desplazadas se quedaron en el corregimiento Juan José, en Puerto Libertador, “donde levantaron albergues improvisados” y sus declaraciones fueron tomadas por la Personería.
Las presiones de los grupos armados también ocasionaron la expulsión de decenas de familias campesinas y dos comunidades indígenas asentadas en las veredas circunvecinas a Santa Rosa y La flecha, entre ellas Río Sucio, Puerto Mutatá, Soledad, Jagua, Rogero y algunas más de la región conocida como Cañón de Ríosucio, así como de los cabildos Buenavista (Zenú) y Cañaveral (Emberá Katio).
“Para nosotros como organización campesina que hemos estado en los espacios para la respuesta rápida a esta emergencia es necesario dejar claro públicamente que desde el 21 de marzo la Gobernación de Córdoba, en cabeza de la señora Sandra Devia Ruiz no solo ha jugado con la integralidad de las víctimas. Su respuesta no solo ha sido tardía, es también al día de hoy insuficiente e inoperante”, denunció la Asociación Ascscucor.
Ante las declaraciones de la mandataria regional, esta organización afirmó que “hacemos responsable a la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, por lo que pueda pasar en contra de la vida de alguno de los miembros de las familias integradas al PNIS del Sur de Córdoba y en condición de desplazamiento, de igual modo a las vocerías y liderazgos sociales que se tienen en el marco de la negociación del PNIS con el Doctor Emilio Archila, Consejero para la Estabilización, y por supuesto activistas de la movilización campesina”.
Desde Ituango también han expresado las preocupaciones por el recrudecimiento de la guerra. Desde el pasado 28 de marzo, la Asociación de Campesinos de Ituango (Ascit) denunció el confinamiento que estan padeciendo los pobladores de una amplia región de este municipio del norte de Antioquia, en límites con el sur de Córdoba, por culpa de los constantes combates entre las Agc y la disidencia del Frente 18 de las Farc. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)
“De igual manera, todos los caminos de herradura y las trochas por las que transita el campesinado se encuentran minados por artefactos explosivos que vulneran su libre movilidad para sus tareas cotidianas en el campo. Varias familias se han desplazado forzadamente gota a gota”, se lee en un comunicado divulgado por Ascit.
De acuerdo con las asociaciones campesinas, las declaraciones de la mandataria cordobesa no sólo deslegimitan la veracidad constatada por la Defensoría del Pueblo, “sino que se suma a los tantos actores armados que ponen en riesgo la vida e integridad de las familias en proceso de sustitución de hoja de coca en el marco del PNIS al señalar que el grueso de los desplazados son familias que en el marco del incumplimiento del acuerdo final en especial del PNIS se han situado en el marco del desplazamiento forzado en el corregimiento Juan José a gozar de las dadivas que la gobernación ha enviado”.
En medio de ese estado de guerra que se vive en zonas rurales del sur de Córdoba y el norte de Antioquia, que cada día genera más afectaciones a las comunidades campesinas e indígenas, los líderes de las asociaciones de la región le solicitaron a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación “investigar, determinar y generar las acciones que permitan que el imperio de la Ley y la Justicia se aplique en esta vulneración de derechos cometida por la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz”.
