Lo conocí en las alturas del Cañón del Río Cauca, después de muchos años de recorrer las playas, fincas y caseríos de las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango. Cuando llegué a la casa de Hugo Albeiro George me impresionó la belleza del corregimiento El Aro, la vista que sobre el río Cauca tienen sus veredas, la tradición de arriería sin la cual sería imposible llegar a sitios tan alejados; pero sobre todo la forma de vida tranquila de las familias que esperan pacientemente las cosechas de granos y frutas, la subienda de pescado, la cosecha de oro para barequear.
Don Hugo y su familia, muy extensa, conformada por su esposa y doce hijas e hijos en su mayoría menores de edad, sus ocho hermanos que, con esposas y sobrinos, suman una familia cercana a las sesenta personas, viven en una finca de gran extensión llamada Manzanares que dominan como si fuera una pequeña parcela. Él me invitó porque estaba muy preocupado por una demanda de expropiación de la tierra en donde desde hace más de 50 años viven y que fue heredada de su padre quien fue mayordomo de la finca; al morir el propietario no se supo más de los dueños y él mismo le dijo que cuidara de la tierra, así se lo transmitió a los hijos y estos a los suyos.
La finca Manzanares tiene más de 800 hectáreas y llega hasta el borde del río Cauca en un largo trayecto que requería la hidroeléctrica para construir la vía que de Puerto Valdivia conduce al sitio de la presa. Cuando llegamos, la vía ya estaba construida sin permiso alguno de los poseedores de buena fe; la empresa había dañado cultivos de maíz, pastizales y caminos de herradura provocando la pérdida de varios semovientes, parte del bosque había sido talado y las cercas destruidas. La familia estaba aterrada por lo que sucedía, porque al mismo tiempo que les destruían su proyecto de vida con Hidroituango, los estaban censando como familias afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroespiritusanto que quedaría unos ocho kilómetros aguas abajo del muro de Hidroituango, en la desembocadura del río Espíritu Santo (que es una falla geológica) al río Cauca, proyecto de propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Luciriam Hernández, la esposa de don Hugo me contó que su hija de 22 años ha bía perdido el habla a los 4 años cuando le tocó presenciar varios de los asesinatos en la época de la masacre de El Aro o el recorrido de muerte como lo llamaron, pues los paramilitares asesinaron pobladores al ingresar al territorio, al llegar a la vereda y al salir de ella. El trasegar de este grupo al margen de la ley por el territorio fue un hecho aterrador para las comunidades de la zona. Me explicó que su hija entendía muy bien todo, que escuchaba pero que cuando intentaba hablar no era capaz, que la había llevado al médico del pueblo quien no le encontró nada. Toda la familia ha salido desplazada en varias ocasiones, pero muchos no han declarado el desplazamiento, dicen que es un peligro porque, a pesar de que han pasado los años, las cosas no han cambiado mucho y los actores del conflicto siguen por ahí.
Viajamos a Puerto Valdivia en donde tomamos una lancha hasta Organí bajo. Impacta la magnitud del Cañón, la espesura del bosque, la biodiversidad y la fuerza del río que contrastan con el verde claro inconfundible de la coca y los laboratorios de procesamiento que rompen la armonía. En las playas se observaban familias de pescadores y barequeros usando las mismas técnicas ancestrales que los de aguas arriba. Un arriero nos esperaba en la caseta y por seis horas estuvimos viajando a lomo de mula, yo estaba extasiada con la belleza del paisaje.
Al llegar revisamos la carpeta de la demanda de expropiación, pues don Hugo había sido elegido por sus demás hermanos para representar a la gran familia en esta difícil situación. Estaba muy preocupado porque varios abogados empezaban el trabajo y, después de haberles pagado mucho dinero, decían que todo se había perdido, que la familia heredera de la tierra se había inventado que eran víctimas del conflicto y que con eso habían sustentado el abandono del predio por décadas. Además, de manera sorpresiva, cuando inició la obra empezaron a pagar catastro, hasta el momento la familia desconocía qué era eso.
Don Hugo no entendía cómo era posible que les fueran a quitar la tierra que tanto han querido y trabajado por generaciones, proponía fórmulas bajo su interpretación de justicia; decía que la tierra debería ser para el que sepa trabajarla y la necesite para comer, que ante los juzgados las pruebas válidas deberían ser aquellas en las que se demostrara el conocimiento de la propiedad, lo que produce y qué hay en cada parte, no un montón de papeles que a la hora de sembrar y habitar una tierra no sirven de nada porque no producen comida.
La familia sembraba arroz, maíz, frijol orgánico para todo el año, tenían cerdos, reses, gallinas y el río Cauca para pescar; poco necesitaban de afuera, pero todo cambió con la llegada del proyecto. Después de mucho insistir, les pagaron las mejoras de exactamente la parte de la tierra dañada con la vía; hoy les pagan las mejoras exactamente por los metros que ocupan las gigantescas torres de energía, algunas muy cercanas a las viviendas.
Don Hugo fue asesinado el 2 de mayo de 2018 en el corregimiento de Puerto Valdivia aproximadamente a las 11 a.m. en frente de decenas de personas mientras se iniciaba una movilización por el represamiento ilegal del río Cauca que había causado una abrupta disminución del caudal aguas abajo y la inundación del territorio aguas arriba del muro. Las comunidades de Puerto Valdivia exigían un seguro de vida a EPM pues tenían la certeza de que habría una avalancha si el río lo secaban así, lo que efectivamente ocurrió días después el 12 de mayo. La protesta fue liderada por la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA), quienes desde muy temprano se concentraron en la vía que conduce hacia las obras, pero al conocer del asesinato de don Hugo la mayoría se retiraron del sitio de concentración.
Seis días después, el 8 de mayo, fue asesinado el pescador Luis Alberto Torrez, integrante de AMPA. Desde ese momento las amenazas no han parado, cuatro líderes del Movimiento opositor a la represa han tenido que huir de Ituango, otro más de Sabanalarga. Se han presentado múltiples amenazas individuales y colectivas, ataques y persecuciones por parte de hombres desconocidos. Las mismas autoridades locales y departamentales han aumentado la persecución en contra de los que integramos el proceso, especialmente la gobernación de Antioquia; a través de ruedas de prensa el propio gobernador ha expresado que la Fiscalía y Procuraduría nos están investigando a los que pretendemos obstaculizar a Hidroituango.
La Secretaria de Gobierno cada que hay un asesinato de un integrante de Ríos Vivos sale a expresar que no pertenece al Movimiento porque según ella si no estamos registrados en la Gobernación como ONG somos ilegales. Como si lo anterior fuera poco, el Secretario de Gobierno del municipio de Ituango ha perseguido a las comunidades que, por haber perdido todo con la inundación, se encuentran desde hace seis meses esperando solución en el Coliseo Jaidukamá; no sólo ha dado la orden de desalojo, sino que ha señalado que somos culpables del reclutamiento forzado de menores en el municipio por no permitirles el deporte a los jóvenes en el coliseo.
Después de mi visita se empezó a conformar la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos ASVAM El Aro conformada con la familia George y otros integrantes de la comunidad. Hoy la viuda decidió sacar fuerzas para seguir luchando y es la nueva presidenta de la ASVAM El Aro; ella dice: “No podemos dejar acabar la asociación y menos el Movimiento, Hugo siempre me dijo: eso con abogados no sirvió, quizás podamos encontrar justicia estando muchos juntos, hay que unirse y protestar”.
Este perfil hace parte del informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo. Haga clic en la imagen inferior para conocer sobre esa investigación y acceder a más perfiles.
