Funcionarios de Parques Nacionales y campesinos que habitan en estas áreas protegidas tratan de llegar a un consenso. Los últimos advierten que históricamente el gobierno nacional no ha cumplido con su reasentamiento. Desde la mirada de dos expertos el debate tiene matices, pero urge la conservación de las áreas protegidas.
Los campesinos, que han vivido en zonas declaradas Parques Nacionales, consideran que la propuesta del Gobierno no debe limitarse a vincularlos en programas de conservación. También en ofrecerles garantías de acceso a tierras y calidad de vida. Foto: archivo Semana /Ministerio de Agricultura.
A la inconformidad expresada por los indígenas y las Farc sobre cómo el gobierno nacional ha formulado proyectos normativos para implementar el acuerdo de paz alcanzado con la guerrilla de las Farc, se suman los campesinos que han vivido en dentro de algunos de los parques nacionales naturales del país. La razón: el Ministerio de Ambiente no acogió sus propuestas en un nuevo proyecto de Decreto Ley que venían planteando desde 2012 (Lea el Acuerdo de Voluntades)
Durante esta semana delegados campesinos ante la Mesa de Concertación Nacional y funcionarios de Parques Nacionales, institución que dependen de ese Ministerio, han sostenido varias reuniones para llegar a un consenso sobre dos borradores de Decreto, uno propuesto por esta cartera y el otro por los campesinos. El sólo título revela el enfoque de cada uno: mientras el Ministerio se refiere a “medidas para el manejo de conflictos socioambientales generados por el uso, ocupación y tenencia en las áreas del Sistema de Parques Nacionales”; el de las comunidades propone “medidas tendientes a solucionar conflictos territoriales en áreas habitadas por comunidades campesinas declaradas parte del sistema de Parques Naturales”. (Lea propuesta del Gobierno y la propuesta campesina)
Según la delegación campesina ante la Mesa de Concertación Nacional, su desacuerdo está en que el gobierno nacional plantea una propuesta de “Parques sin campesinos”, exigiendo su salida de las áreas protegidas y vinculándolos a procesos de conservación y recuperación, pero sin “reconocerles derechos asociados a la tierra”. Los labriegos explican que su situación es crítica; primero, porque muchos de los parques fueron creados sin tener en cuenta los colonos que previamente vivían allí; y segundo, porque han sido víctimas del conflicto armado.
Sobre las áreas declaradas Parques Nacionales Naturales, según la Ley 2 de 1959, está prohibido adjudicar baldíos, vender tierras y realizar actividades industriales o de alto impacto que afecten la fauna y flora de esas zonas. Los campesinos reconocen que en algunas de ellas la intervención del ser humano ha afectado los ecosistemas, pero que sus comunidades han demostrado compromiso real en la preservación y conservación de la riqueza natural. “Pero el decreto propone sacar a los campesinos sin plantear soluciones. Propone medidas que ha incumplido por años y que superan su capacidad institucional”, indican los campesinos.
VerdadAbierta.com recopila algunas historias de comunidades que han vivido en Parques Nacionales Naturales, y que llevan décadas esperando un reaseantamiento o una indemnización. Algunas no han podido volver por la restricción que existe sobre estas áreas; pero también por la presencia de segundos ocupantes o grupos armados ilegales.
Siguen esperando
Adolfo Lafaurie es el presidente de la Asociación Ecológica de Caño Clarín Viejo, una organización campesina que reúne a 23 familias sobrevivientes del conflicto armado en la Costa Caribe. Inicialmente eran 32 y vivían en una porción de lo que el gobierno nacional declaró en 1964 como Vía Parque Isla de Salamanca, un área de 56 mil 200 hectáreas en el departamento de Magdalena, donde confluyen las aguas del río Magdalena y del Mar Caribe. Lo bautizaron “vía” porque el área recorre justo la carretera que comunica a Santa Marta con Barranquilla.
Lafaurie relata que las familias campesinas llegaron a esta zona en 1947 y pese a la declaratoria de Parque veinte años después, las familias venían preservando el lugar. El líder cuenta que para 1998 el director de Parques Nacionales era Juan Vergara Yepes y el ministro de Ambiente, Eduardo Verano de la Rosa, actual Gobernador del Atlántico: “El gobierno nos pidió que levantáramos las alambradas que dividían las parcelas porque nos ofrecían una reubicación directa. Inocentemente les creímos, pero desde ese año seguimos esperando el reasentamiento”.
Mientras esperaban soluciones, la violencia paramilitar los desplazó. Como fue documentado en los tribunales de Justicia y Paz, el 22 de noviembre de 2000 por lo menos 70 paramilitares del Bloque Norte de la Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) recorrieron en seis lanchas el Caño Clarín y cometieron una masacre en el corregimiento de Nueva Venecia que, según datos oficiales, dejó 39 muertos. La comunidad estima que fueron por lo menos 50 campesinos entre los asesinados y desaparecidos. Las poblaciones de la Ciénaga Grande se desplazaron tras ese acto de barbarie. (Leer más en: Masacre de Nueva Venecia)
En 2008, dos años después de concluir el proceso de desmovilización de las Auc acordado con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), los campesinos de Caño Clarín retornaron, pero se encontraron con unas tierras desoladas por la guerra. “Ya ni había Caño. Estaba todo sedimentado. Cuando nosotros estábamos lo manteníamos activo”, recuerda Lafaurie.
A la falta del prometido reasentamiento, las familias intentaron levantar de nuevo los ranchos, pero Parques Nacionales insistió en que ellos no podían habitar en esas tierras. En varias oportunidades, los ranchos y alambradas fueron removidos.
Ahora, su esperanza está en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que les pidió que buscaran predios, porque, según les explicaron, el gobierno nacional puede comprar tierras para reubicarlos. “Ya buscamos los predios y radicamos la documentación en la Agencia. Esperamos que esta vez nos cumplan. Nosotros no somos invasores; queremos tierras para sobrevivir”, reitera Lafaurie.
En la actualidad existen dos borradores de Decreto Ley sobre Parques Nacionales: uno del Gobierno y otro campesino. Los últimos relatan cómo durante décadas el Estado les ha prometido reasentarlos y a la fecha, siguen esperando. Foto: archivo Semana /Ministerio de Agricultura.
Una historia similar es la de los campesinos del Nudo del Paramillo, un área montañosa de 460 mil hectáreas entre los departamentos de Córdoba y Antioquia declarada Parque Natural Nacional en 1977. El lugar ha sido escenario de la guerra durante varias décadas. Por allí han pasado el Epl, las Farc, Las Auc y, en la actualidad, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. (Lea: Tensión en el Paramillo por avance ‘gaitanista’)
Humberto Arcia es líder de las familias desplazadas que vivían en los aldedores de los ríos Tigre y Manso y que fueron desplazadas por paramilitares en 1998. Según relata, la guerra terminó fragmentando a las 462 familias que estaban organizadas en 16 comunidades: “unas están ahora en Carepa; otras en Tierra Alta; unas más en Montelíbano y otras en San José de Uré. Del total, solo 38 fueron reubicadas por el gobierno”, indica. Las demás tratan de sobrevivir buscando dónde cultivar alimentos y en otras actividades. “Es difícil ver que no tenemos nada, muchos ‘viven’ de vender chance, rifas, y los jóvenes, del ‘mototaxismo’”, agrega.
Arcia explica que ellos son colonos que llegaron al territorio en 1963 y que el gobierno nacional lo declaró Parque 14 años después, sin tener en cuenta que ellos vivían allí y sin ofrecerles una alternativa. Aunque algunos sobrevivieron a los embates de la violencia, ni siquiera se atreven a volver porque el conflicto persiste. “Nosotros queremos es una indemnización para comprar alguna tierra y cultivar. La indemnización que ofrece la Unidad de Víctimas no es suficiente. Dígame uno que hace con 16 millones de pesos si el núcleo familiar son ocho personas y lo hemos perdido todo”, pregunta. (Lea: El Paramillo, un nudo difícil de deshacer).
En Putumayo hay otra comunidad campesina que sigue esperando un reasentamiento. Esta corresponde a unas 150 familias que vivían en el territorio declarado en 1984 como Parque Nacional Natural La Paya, en Puerto Leguízamo, con 422 mil hectáreas. Marleny Marulanda Correa, líder de la Junta de Acción Comunal de La Paya, explica que las familias llegaron a este territorio en la década del cincuenta durante la violencia política y que por tanto son nativos del río Caucayá.
“En 1994 el gobierno nos pidió que saliéramos del Parque, que ellos se comprometían a reasenatarnos en tierras productivas, con vivienda digna y proyectos productivos. En nuestro compromiso fuimos los primeros que erradicamos manualmente los cultivos ilícitos y llevamos 23 años sin que nos ofrezcan una solución”, dice la líder. Lo complejo, apunta, es que la zona está ocupada por particulares. “No es justo. Nosotros cumplimos, pero el gobierno no. Estamos pasando hambre porque no tenemos tierra”, reitera Marulanda.
Puntos de debate
El concepto de Parque Nacional Natural fue definido desde 1959 mediante la Ley 2 y el primer territorio en ser protegido bajo esta figura fue el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos, de 9 mil hectéras, en el Huila. A la fecha el país cuenta con 59 áreas protegidas bajo esta figura, que suman unas 12 millones 718 mil hectáreas
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En su propuesta de Decreto Ley, el Ministerio de Ambiente señala que más del 60 por ciento de estas áreas “presentan situaciones de usos no permitidos de la tierra, ocupación y tenencia de predios en su interior por parte de comunidades campesinas”. El documento indica que los ecosistemas naturales han sido transformados por las actividades agrícolas, pecuarias, cacería, leñateo, extracción de madera, cultivos de uso ilícito, turismo no regulado, extracción ilícita de minerales y pesca, principalmente.
Al respecto, en esta cartera consideran que de cara a la implementación del punto 1 agrario y el punto 4 de solución del problema de drogas ilícitas del Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre en Bogotá con la guerrilla de las Farc, puede haber expectativas sobre estas áreas protegidas, haciéndolas vulnerables a un incremento de la deforestación y degradación. Para el gobierno nacional, esta es la razón que lo motiva a presentar un Decreto Ley que caracterice el uso, ocupación y tenencia de esas áreas, y se tomen otras medidas.
Por ejemplo, el Artículo 3 propone “acuerdos transitorios con población campesina para mantener el estado de conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales”, pero en el tercer parámetro aclara que la celebración de esos acuerdos “no implicará el reconocimiento por parte del Estado de derechos asociados a tierra”.
Aunque en otros apartes el gobierno nacional asegura que las instituciones competentes adelantarán programas de reubicación, estabilización socioeconómica y atención integral a la población campesina, los campesinos de los parques Vía Parque Isla de Salamanca, Paramillo y La Paya reiteran que es lo que llevan prometiéndoles hacen 20 años.
Por su parte, la propuesta de la delegación campesina insiste en que el gobierno nacional debe buscar una solución concertada, como se comprometió desde 2012 con el diseño de una política pública que genere alternativas para la recuperación y restauración de los Parques, pero que también garantice el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos. En su proyecto, los campesinos le hacen ver al gobierno nacional que llegaron a estos territorios tras ser expulsados por la violencia de otros lugares, y que muchas otras también se asentaron allí por procesos de poblamiento que el mismo Estado impulsó de forma previa a la declaratoria de Parques.
Los campesinos reiteran su disposición de conservación y alternativas sustentables, proponiendo en el Artículo 2 mecanismos de “resolución de conflictos de propiedad, uso, ocupación y tenencia que permitan el fortalecimiento de la producción alimentaria”. También el cierre de la frontera agrícola, la protección de las zonas de reserva y la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Parques Nacionales Naturales. Pero insisten en que todas estas medidas deben contar con su participación, en función del bienestar y buen vivir de las comunidades rurales.
“Hay que preservar y restaurar”: expertos
Rodrigo Botero, especialista en áreas protegidas y quien trabajó durante 10 años en Parques Nacionales en la Dirección Territorial del Amazonas, explica que el debate tiene sus matices, y que requiere de la voluntad de distintas instituciones del Estado, pero también de consenso con comunidades porque, en efecto, “el actual modelo de ocupación campesina en los Parques no es sostenible”.
El experto comenta que los Parques Nacionales Naturales son una expresión de lo sagrado, porque contienen alta biodiversidad, vestigios arqueológicos y pueblos étnicos pero también porque, como ocurre con los chacras del cuerpo humano, es allí “donde se deposita y descansa la salud ambiental del país”. En ese sentido, Botero explica que las áreas protegidas son un sistema, con una funcionalidad conectada, por lo que tomar una decisión general sobre una de éstas puede afectar a todo el conjunto.
Sobre esto último, se refiere a los casos de ocupación campesina. De los 59 Parques Nacionales que existen, “las ocupaciones campesinas están focalizadas en unos 10”, por lo que propone plantear una solución para cada caso. Frente al tema de la ocupación campesina, Botero plantea varias reflexiones: la primera, que permitir los asentamientos dentro de Parques va en contravía de la protección de lo sagrado, pero además no puede garantizarles calidad de vida a los campesinos. Una vez una comunidad se establece, el Estado debería garantizarle vías, mecanización, puesto de salud, infraestructura y todas estas decisiones afectarían aún más los ecosistemas.
La segunda, es que las comunidades deberían ser reasentadas en las Zonas de Amortiguamiento, es decir, en áreas adyacentes fuera de los límites de los Parques. Pero el especialista reconoce que cuando adelantaron este proceso en los Parques Tinigua y Macarena, “las distintas agencias del Gobierno que debían participar no terminaron el proceso”, de manera que la tarea de los reasentamientos no depende solo de la Dirección de Parques Nacionales Naturales sino de varias instituciones del Estado.
Sin embargo, agrega que también en estos procesos debe haber conciencia y voluntades de las comunidades. “Puedo dar fe de algunos casos en que un campesino tiene en la zona de amortiguamiento una finca y adentro [en el Parque] un cocal o un proyecto de ganadería. Las cosas hay que hablarlas como son”, apunta.
Otra de las reflexiones de Botero es que “las áreas protegidas no pueden ser el banco de tierras de la reforma agraria”, insistiendo que el Estado debe buscar y recuperar los predios que sí son aptos para la despensa agrícola. La necesidad de acceder a tierras no puede salir de las áreas protegidas, “que deben ser conservadas y restauradas”, concluye.
La solución de acceso ya está formulada en el punto 1 del Acuerdo de Paz. Como lo han advertido la Corte Constitucional, la Contraloría y Procuraduría Delegadas para el Sector Agrario, el gobierno nacional no ha recuperado el millón 200 mil hectáreas de baldíos que le fueron despojadas, y que podían ser tituladas a estas comunidades
El lío de organizar los baldíos en Colombia).
Para Yamile Salinas Abdala, exsecretaria general del Ministerio de Ambiente e investigadora, las iniciativas legislativas en discusión deben ajustarse a lo previsto en la Constitución de 1991 que declaró los Parques Nacionales Naturales, al igual que a los territorios colectivos de los grupos étnicos, imprescriptibles, es decir que no es posible alegar su ocupación para adquirirlos; inalienables (no se pueden vender) e inembargables (no pueden ser objeto de embargo). Además en 1997, la Corte declaró inexequibles las normas que permitían la sustracción de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (Sentencia C-649 de 1997).
Lo anterior en razón de que los Parques son áreas que por sus características naturales, culturales e históricas deben protegerse y conservarse. Comparte con Botero que hay que buscar soluciones para los campesinos que habitan en ellos, en las que deben participar entidades como la Agencia Nacional de Tierras y las encargadas de la provisión de servicios públicos, salud, educación, vivienda, entre otros.
Al respecto, recuerda que los procesos de reasentamiento adelantados en los Parques Naturales Tinigua, Macarena y La Paya, en el marco de la Política de Parques con Gente del exministro Juan Mayr Maldonado, se abortaron por el incumplimiento de las otras entidades del Estado.
