Un día después del asesinato de varios campesinos que se oponían a un operativo de erradicación de cultivos de hoja de coca en el municipio con más hectáreas sembradas en el país, diferentes sectores reaccionaron ante un suceso que afecta la confianza en las autoridades en la búsqueda de soluciones a la producción y mercado de las drogas ilícitas.
Según las fuentes consultadas, los campesinos muertos oscilan entre seis y 15, pero hasta el momento no hay resultados consolidados. Foto archivo particular.En confusos hechos que aún tiene versiones encontradas, fueron asesinados el pasado jueves una cantidad indeterminada de campesinos que se oponían a un operativo de erradicación forzada de hoja de coca por parte de la Policía y del Ejército en la vereda Tandil, región de Alta Mira y Frontera, en el corregimiento de Llorente. Las cifras más conservadoras señalan que por lo menos murieron cinco labriegos, pero las más alarmantes registran un saldo de 15. La Fuerza Pública le atribuye el ataque a nuevo grupo armado ilegal, y la comunidad sindica a los uniformados. (Ver más: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos de coca)
La tensión que generó este trágico episodio se expresó también en los distintos mensajes que comenzaron a circular una vez se conocieron detalles del múltiple homicidio. Una lectura a varios de estos discursos evidencia que no sólo hay discrepancias en la interpretación de los hechos ocurridos en Tumaco y en la identificación de los responsables, sino en la manera cómo debe abordarse la solución integral al problema del narcotráfico, uno de los puntos más críticos pactados con las Farc en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y sobre el que el gobierno de Estados Unidos hace presión para que se ejerza un estricto control.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se pronunció sobre tragedia que enluta al departamento de Nariño al salir de la primera reunión del Comité de Revisión Estratégica e Innovación contra el Sistema de Drogas Ilícitas, instancia que reúne a 42 entidades gubernamentales y a la que asistieron representantes de Naciones Unidas y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.
En medio de su alocución presentó resultados sobre la lucha contra el narcotráfico y defendió su política de realizar programas de sustitución voluntaria de cultivos, a la par de erradicaciones forzadas. “Los resultados es que, en materia de erradicación forzosa, ya llevamos el 72 por ciento: 36.124 hectáreas erradicadas, y vamos a completar las 50 mil antes de finalizar el año (…) Hay 24 mil familias que se han inscrito para el programa de sustitución de cultivos, que cubren alrededor de 23 mil hectáreas. El objetivo, la meta, son 72 mil para antes de finalizar el año y tener unas 50 mil hectáreas cubiertas por el sistema”, expuso el mandatario.
Sin embargo, a esa mezcla de sustitución voluntaria y erradicación forzada le atribuyen los hechos fatídicos del pasado jueves, puesto que las familias de campesinos agrupadas en la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), han expresado por diferentes vías que están dispuestas a sustituir sus cultivos de uso ilícito, pero que deben concertar previamente los planes de desarrollo y generar infraestructura en la región.
Sobre el asesinato de los campesinos, Santos ratificó la versión que entregó el Ministerio de Defensa, la cual señala que las muertes fueron consecuencia de un ataque con cilindros bomba y ráfagas de fusil de una banda criminal que trata de copar los espacios dejados por las Farc. También hizo los anuncios de costumbre cuando ocurren esta clase de hechos: pidió una exhaustiva investigación y ofreció una recompensa de 150 millones de pesos para dar con los responsables.
Llama la atención que a poco más de un mes de cumplirse el primer año de la implementación del Acuerdo Final suscrito con las Farc, firmado el 23 de noviembre de 2016 en Bogotá, el primer mandatario exprese que la situación de Tumaco “tiene mucho que ver, como decía, con la sesión que tuvimos con la estrategia en contra del narcotráfico, sobre qué es lo que estamos haciendo en el terreno para lograr la sustitución de cultivos y cómo vamos a ser exitosos en ese frente, cómo vamos a ocupar y cómo estamos ocupando las zonas que antiguamente controlaban las Farc”.
Una de las medidas que anunció fue la declaración como objetivo de alto valor para la Fuerza Pública de alias ‘Guacho’ y alias ‘David’, quienes son señalados de ser disidentes de las Farc que están al frente de los nuevos grupos armados que se disputan el control de la región.
Este anuncio deja un sinsabor, como lo han advertido varios observatorios del conflicto armado: el Estado nuevamente está aplicando la estrategia de atacar a los cabecillas de las organizaciones criminales sin transformar los entornos en donde están las economías criminales, razón por la cual posteriormente se reacomodan con nuevos mandos y se recicla la violencia.
Así lo constata un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP): “las ofensivas esporádicas, con operaciones que entran y salen de la zona, no llegan a afectar las condiciones que permiten la reproducción de las actividades criminales y el control que tienen los grupos al margen de la ley sobre el territorio. Se suma que el crimen organizado y las economías ilegales en las que está inmerso, han creado instituciones criminales al vaivén del conflicto armado, que ejercen autoridad y coerción, y también tributación que no pasa por el Estado colombiano”. (Ver más: Los saboteadores que enfrenta el proceso de paz)
El presidente Santos anunció que el territorio de Tumaco será recuperado “de una forma eficaz, con planes de desarrollo, protegiendo siempre a las comunidades, que eso quede claro, nuestro interés es que las comunidades se sientan que ahí está en Estado para protegerlas y darles una alternativa”. Sin embargo, hasta el momento, la ejecución de esos planes está distante y los que imponen su ley son los nuevos actores armados, como los que desplazaron a los 14 miembros de la Junta de Gobierno del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, quienes, por alentar la sustitución de cultivos, fueron declarados objetivo militar.
Esta situación también deja entrever que el gobierno sólo tiene en cuenta la presencia de disidencias de las Farc y no la de otros grupos narcotraficantes como el de alias ‘Cachi’, quien, según cuentan en la región, amenazó con asesinar a dos personas por comunidad, si no acudían a las protestas contra la erradicación. De acuerdo con las denuncias, ‘Cachi’ es un narcotraficante pura sangre que ejerce el mayor control en esa zona de Tumaco.
Pese a los anuncios, las palabras del mandatario no coinciden con la realidad, el sentir y las necesidades de los tumaqueños, donde se registraron 23.148 hectáreas de hoja de coca en 2016, la cifra más alta para un municipio en el país de acuerdo con las mediciones de Naciones Unidas.
Voces críticas
En un comunicado, la comunidad indígena Awá condenó estos hechos y señaló que dos de las víctimas son de su comunidad. Foto archivo particular, se desenfocan los rostros de los niños para preservar su identidad.Contrario a la visión de Santos, se pronunciaron diferentes sectores sociales, que cuestionan la política del gobierno nacional descrita por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como “miti-miti”: 50 por ciento de sustitución y 50 por ciento de erradicación.
El gobernador de Nariño, Camilo Romero, se ha pronunciado en diferentes situaciones al respecto “sobre los riesgos que se viven en el territorio al conjugar diferentes estrategias para combatir los cultivos de uso ilícito”, y por medio de un comunicado hizo un llamado “al país y a la comunidad internacional, para que los ojos de la implementación del proceso de paz y, ante todo, de construcción de paz territorial se fijen” en su departamento.
En un sentido similar se pronunció la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), que agrupa a Asominuma, la organización a la que pertenecían varios de los campesinos masacrados: “Estos hechos violentos demuestran el doble discurso del gobierno que mientras habla de paz, asesina indiscriminadamente a campesinos trabajadores. Las comunidades de Tumaco han manifestado su voluntad de sustituir y acogerse al programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS). Sin embargo, el gobierno no ha atendido esta voluntad, y por el contrario ha llegado con todo el poder de la Fuerza Pública a asesinar los pobladores asentados en la Zona del Alto Mira y Frontera”.
Otra voz crítica fue la del movimiento político y social Marcha Patriótica, que refirió que “entre los factores de amenaza e inseguridad para el pueblo colombiano se destacan las acciones arbitrarias de la Fuerza Pública y la existencia, organización y accionar de organizaciones denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, que, como forma de ataque a defensores y defensoras, líderes sociales, activistas políticos y comunidades e integrantes de Farc y familiares, perpetran amenazas, extorciones y homicidios, al igual que otras modalidades delictuales”.
En un tono más neutral, pero contundente, se pronunció la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en varias ocasiones ha fungido como mediadora para resolver las tensiones que producen los dos modelos que está empleando el gobierno nacional para combatir los cultivos de hoja de coca en Tumaco.
En su pronunciamiento, esta Oficina recordó que reiteradamente ha explicado “sobre los riesgos que para la vida de las personas del Alto Mira y Frontera significa esta tensión”, y resaltó que la masacre ocurrió en un entorno con “presencia limitada del Estado; altos niveles de pobreza multidimensional; presencia de economías ilícitas, índices de violencia a niveles endémicos; falta de implementación integral del Acuerdo de Paz en lo relacionado con el capítulo étnico, cultivos ilícitos, lucha contra organizaciones criminales y reforma rural integral; amenazas a líderes y lideresas que apoyan la sustitución de cultivos; problemas en la reincorporación de los integrantes de las FARC-EP a la vida civil; y la aparición de disidencias de las FARC-EP e ingreso de otros grupos armados y/o de carteles de narcotráfico”.
Sobre los riesgos de los líderes sociales, el consejo comunitario de Alta Mira y Frontera, que suscribió un acuerdo de sustitución de cultivos de uso ilícito, emitió un comunicado en el que denuncia que nuevos grupos armados siguen agrediendo a las comunidades y sus dirigentes. Sin embargo, también pone sobre el tapete la lentitud con la que se está implementando el PNIS.
“A pesar de nuestras insistencias, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tiene un ritmo paquidérmico, mientras que la erradicación forzada avanza a toda marcha en distintas veredas de nuestro territorio, evidenciando una enorme contradicción con lo pactado en el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP”. Y agrega que dicha lentitud y la desinformación que han fomentado los sectores que se oponen a la sustitución, “ha alimentado la zozobra, incertidumbre y desconfianza entre muchos de los habitantes del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera”.
Al respecto, la Gobernación de Nariño le solicitó al gobierno nacional que agilice el proceso de socialización e implementación del PNIS “con suficiente celeridad, que les permita a las familias que han vivido del cultivo de coca comenzar cuanto antes con un proceso de reconversión de su economía familiar y local”.
Por otro lado, los representantes y expertos de la sociedad civil de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que se creó por medio del pacto de paz para trabajar por la protección de las comunidades y de quienes participen en la implementación del Acuerdo Final, señaló que el problema de los cultivos de uso ilícito entraña una problemática social que demanda del Estado una respuesta oportuna, integral y sostenible.
Y recuerda que “el Acuerdo suscrito por el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconoce que “muchas regiones y comunidades del país, especialmente aquellas en condiciones de pobreza y abandono, se han visto afectadas directamente por el cultivo, la producción y comercialización de drogas ilícitas, incidiendo en la profundización de su marginalidad, de la inequidad, de la violencia en razón del género y en su falta de desarrollo”. En correspondencia, las partes coincidieron en la necesidad de “una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades -hombres y mujeres- en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito”.
Asimismo, la CNGS reitera que “el uso de la fuerza para el tratamiento de un conflicto social y la erradicación forzada como primer recurso al problema de los cultivos contradicen cada uno de esos principios, así como los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo Final. Por eso, para la construcción de una paz firme y duradera es imperioso que cada una de las instituciones comprenda que la construcción de soluciones sostenibles debe basarse en la garantía de los derechos de los ciudadanos -incluidos el derecho a la protesta pacífica, la libertad de asociación y los derechos sociales y económicos- y privilegiar el diálogo para un buen entendimiento”.
La situación de Tumaco, en donde se conjuran todos los males del conflicto armado, es de vital atención porque de lograrse implementar adecuadamente el Acuerdo Final suscrito con las Farc, puede servir de experiencia replicadora para construir una paz estable y duradera en todo el país.
Sin embargo, la postura del gobierno nacional frente a los cultivos de uso ilícito y sus lánguidas respuestas sobre la situación actual del municipio con más hectáreas de hoja de coca sembradas, lo hacen ver desintonizado de la realidad de las regiones y de las necesidades de las comunidades. La pregunta que surge es: ¿realmente las víctimas y la no repetición de la violencia son la base del acuerdo con las Farc? Por lo visto, con la masacre acontecida el pasado jueves, parece que no.
