Esta es la versión de la otra parte de la historia del conflicto por las tierras en Chingalé, Puerto Wilches, que mantiene diferencias entre la familia Barbosa y un grupo de campesinos en este municipio del Magdalena Medio santandereano.
La tensión por el predio ‘Aquí me puso de Dios’, en Puerto Wilches, es entre 100 campesinos que aseguran que la tierra es baldía y les pertenece; y los Barbosa, que afirman que el Incora se lo tituló a su padre pero fueron desplazados de allí en los años 90. Foto suministrada: Cenaida Barbosa.Elías Barbosa asegura que él y su familia son también víctimas del conflicto armado, incluso de varios desplazamientos a causa de la violencia, y que no es que estén oponiéndose a un proceso de reclamación de los campesinos del corregimiento de Chingalé, en Puerto Wilches, Santander, a quienes reconocen como sus vecinos, sino que ellos como familia son legítimos herederos de una finca de 300 hectáreas llamada “Aquí me puso Dios”.
En un maletín que contiene varios cartapacios, Barbosa muestra los documentos que ha acopiado durante los últimos diez años cuando él y dos de sus hermanas intentaron retornar a la tierra, y que demostrarían que ellos son los legítimos dueños del predio.
Como lo documentó VerdadAbierta.com, la historia de Chingalé pone en evidencia las complejidades de los conflictos agrarios del país. De un lado están 100 campesinos que aseguran que en los años noventa comenzaron a trabajar tierras de origen baldío en este corregimiento hasta que fueron desplazados por paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a finales de esa década; del otro, la familia Barbosa, que asegura ser la dueña de un predio que no es baldío “porque le fue titulada a nuestro padre por el Incora en los años setenta” y que tuvieron que abandonar en los ochenta por la violencia perpetrada por las Farc. (Leer más en: La reclamación ‘invisible’ de los campesinos de Chingalé)
Mientras el grupo de campesinos asegura que desconocen a los Barbosa y que se sorprendieron en 2008 al enterarse que la familia reclamaba la propiedad de la tierra en varios juzgados; los Barbosa expresan indignación al asegurar que los cien campesinos que reclaman en Chingalé “en realidad corresponden a siete familias que nosotros conocemos desde hace muchos años, que corrieron las cercas de sus fincas y quieren quedarse con nuestra tierra”.
Más aún, les preocupa que corra el rumor que Elías tuvo un presunto vínculo con los paramilitares, “cuando fue ese grupo el que también nos amenazó cuando intentamos reclamar”; y también que las autoridades locales, entre ellas la Alcaldía, la Inspección de Policía y la Defensoría “no tengan en cuenta nuestra versión”.
Otro punto que enfrenta a las dos partes es la Resolución 01853 del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). El grupo de campesinos considera que este documento que acreditan los Barbosa es irregular porque en el archivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación) ésta no corresponde a Euclides Amadeo Barbosa de La Rosa [padre de los Barbosa], sino a un lote de 686 metros en La Llana, en el municipio de Río de Oro, en Cesar, a nombre de Carlos Enrique Martínez. Los Barbosa aseguran que cuentan con una resolución legítima, con una escritura con los respectivos sellos que protocolizan la propiedad y que lo que hay “es una irregularidad en el Incoder”.
De los diez hermanos que componen la familia Barbosa, cinco son los que están reclamando la tierra después de que sus otros tres hermanos decidieron no volver por temor. Ellos son Elías, Cenaida y Priscila Barbosa. En una entrevista con VerdadAbierta.com, relataron que después de los múltiples desplazamientos, su situación económica cada vez es más difícil: viven en arriendo, pasan trabajos buscando algún empleo y siguen a la espera de la actuación del Estado.
“Además, estamos endeudados. Cada vez que nos aseguran que cumplirán con las órdenes de desalojo impartidas por los juzgados, hemos sacado créditos para volver la tierra. Pero cuando vamos de camino nos dicen que no, que la diligencia no se puede llevar a cabo”, relata Elías Barbosa.
Esta es la historia que cuentan los hermanos Barbosa sobre su reclamación, de cómo no han podido vivir en ninguna de las tierras que su padre intentó dejarles como herencia.
Del campo a la ciudad
La tensión por el predio ‘Aquí me puso de Dios’, en Puerto Wilches, es entre 100 campesinos que aseguran que la tierra es baldía y les pertenece; y los Barbosa, que afirman que el Incora se lo tituló a su padre pero fueron desplazados de allí en los años 90. Foto suministrada: Cenaida Barbosa.Los Barbosa reconocen que el antiguo Incora le tituló a su padre tres fincas en distintos momentos, no porque quisiera acumulartierras sino porque por distintas circunstancias, una por enfermedad y otras por violencia, no las pudieron trabajar. Según relata Elías Barbosa, su padre, Euclides Amadeo Barbosa de La Rosa, fue titulado en 1963 con una finca de 81 hectáreas en el Cesar. Por complicaciones de salud en sus pulmones, cosa que le dificultada trabajar la tierra, decidió venderla.
Una década más tarde pidió de nuevo al Incora que le titulara tierra. El Instituto le adjudicó en 1973 un terreno de 300 hectáreas en el corregimiento Chingalé, por 300 hectáreas. “Mi papá solo protocolizó la resolución hasta 1977. Lo hizo en la Notaría 5 de Bucaramanga (ver Resolución parte 1 y 2, página de escritura y carta catastral). Desde que recibió la tierra pidió un crédito que tuvimos hasta el año 2003, con el que pudimos sembrar las tierras y hacer explotación de madera”, dice. Con los ahorros del trabajo de casi veinte años compró una finca muy cerca de Chingalé llamada La Muzanda.
La vida tranquila que llevaba la familia en la zona fue interrumpida a mediados de 1991, “cuando entró la guerrilla por el sector de Los Chorros. Eran las Farc. La comunidad se comenzó a desplazar y la guerrilla entregó algunas de las tierras a pescadores de la zona”, comenta Elías Barbosa.
Buscando soluciones, su papá cambió la tierra de La Muzanda por una bomba de gasolina, pero el negocio no prosperó. Quedarse en Chingalé era peligroso, por lo que tocó de nuevo a las puertas del Incora que, en 1985, le tituló 18 hectáreas de una finca que bautizaron como La Selva, en el municipio de Lebrija, Santander.
Comenzaron prácticamente de cero, asegura Elías Barbosa. Construyeron una casa de dos pisos y cultivaron fríjol, tomate, habichuela y cacao. Pero al poco tiempo volvió el ‘fantasma’ de las Farc. “La guerrilla nos citó en una finca cercana, que estábamos gastando mucha agua y que éramos responsables del envenenamiento de unos peces. Nos tocó ir y demostrarles que no éramos nosotros”, recuerda Elías. Para la familia, la situación se complicó más cuando supieron que por pleitos con la venta de la primera finca, la del Cesar, su padre decidió firmar dichas escrituras porque les embargaron la finca La Selva.
Según los Barbosa, el esfuerzo fue en vano. Las amenazas de las Farc aumentaron y en 1992 fueron desplazados. “Para sacar adelante esa finca habíamos sacado unos créditos para el cultivo de cacao y para la construcción de la casa. Tuvimos que regalarla en 12 millones de peso”, dice Cenaida Barbosa.
Con esa venta, la familia intentó prosperar en el área metropolitana de Bucaramanga comprando un lote en el barrio Fontana, de Floridablanca, para desarrollar una pequeña urbanización. La idea no funcionó, por lo que compraron un lote más pequeño en Belencito, en el mismo municipio.
Aunque las autoridades han sido convocadas para los desalojos dictados por dos jueces, estos no se han cumplido, reiteran los integrantes de la familia Barbosa. Foto suministrada: Cenaida Barbosa.Aunque Elías explica que intentó salir adelante con sus habilidades en la construcción, el trabajo comenzó a escasear y decidió ponerse a vender productos naturales. Sus hermanos también empezaron a pasar dificultades, pues siempre habían trabajado en el campo. Así fue como en el año 2000 decidieron averiguar por las 300 hectáreas de “Aquí me puso Dios” y viajaron a Puerto Wilches.
Según los Barbosa, encontraron todo abandonado, lograron levantar un rancho, comenzaron a cultivar y lograron en 2003 levantar la hipoteca tras pagarle el crédito a la Caja Agraria. “Pero los paramilitares nos citaron en Papayal, donde tenían una base de entrenamiento. Nos dijeron que les mostráramos el plano de la tierra. Nosotros no lo teníamos; teníamos era la escritura. Nos dijeron que nos teníamos que ir”.
De esta forma, narran los Barbosa, fue como nuevamente se desplazaron y comenzaron a recabar los documentos para demostrar que las 300 hectáreas les pertenecían. Según relatan, en 2006 les quemaron el rancho que habían construido y en 2007, cuando un día se movilizaban en moto, fueron perseguidos por unos desconocidos. “Fui hasta el Incoder en Bogotá a pedir que me dejaran ver el libro original de las resoluciones de 1973 para conseguir el plano. Pero me entregaron fue un libro en papel nuevo. ¡Se notaba que eso no era del año 73! La información estaba perdida”, asegura Elías Barbosa.
La familia narra que nuevamente desplazados en la ciudad buscaron un abogado y viajaron de nuevo hasta Chingalé, hablaron con sus vecinos y les propusieron que juntos contrataran un topógrafo que levantara los planos del terreno. Los Barbosa indican que por razones económicas sólo lograron pagar impuestos por la tierra hasta el año 2008 y que tuvieron que recurrir a procesos reivindicatorios [cuando una persona o varias consideran que su propiedad está siendo usada, afectada o usurpada por otros] ante los Juzgados 1 y 2 Civil de Puerto Wilches. Ambos Juzgados les dieron la razón en 2012 y 2014, de forma respectiva, pero la decisión de desalojo no se ha cumplido.
“Nos presentan como los malos cuando estamos reclamando nuestra tierra. No entendemos por qué han pasado tantos años y no quieren cumplir con las órdenes de los juzgados”, repite Elías Barbosa. La familia relata que la primera vez que les avisaron que podían volver, ya por orden del primer juzgado, fue en 2013, pero que el retorno fue fallido. “Aplazaron la diligencia”, afirma Cenaida.
La mujer cuenta que la última vez que les dieron la palabra de cumplir esta vez con la orden de los jueces fue el 4 de marzo de 2015. Tramitaron un crédito de 5 millones de pesos para pagar transporte, combustible y alimentación, pero quienes manejan las chalupas se negaron a pasarlos por el río y la diligencia tampoco se realizó.
Los Barbosa repiten que no desconocen a sus vecinos, que ellos también tienen tierra y que no comprenden por qué nos les dejan disfrutar la de ellos. “La paz es esto, que podamos vivir y trabajar en nuestra tierra”, sostiene Cenaida y agrega que como víctima de desplazamiento recibió de la Alcaldía de Floridablanca una máquina de coser para sobrevivir de las confecciones: “Cada vez que enciendo la máquina me acuerdo de esos años en que cultivábamos la finca”. (Ver certificados de desplazamiento de Isaías y de Cenaida Barbosa).
La nueva Autoridad Nacional de Tierras tendrá la responsabilidad de solucionar historias tan complejas como la de Chingalé, donde cada parte asegura tener la razón. Los Barbosa reiteran que reconocen a sus vecinos y que esperan que las autoridades locales y nacionales escuchen sus argumentos. “Nosotros estamos reclamando nuestra tierra. Si no nos perteneciera, no lo haríamos”, concluye Priscila Barbosa.
