Si a algo se dedicó Rito Alejo Del Río durante su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue a resaltar su labor, a mencionar cuáles fueron las grandes dificultades que tuvo a su paso por el Ejército Nacional y a recordar la relación de cercanía y confianza que tenía con las comunidades. Pero, lo que se supone que debió hacer en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, fue, justamente, lo que no hizo: reconocer responsabilidad.

El general “se ha mostrado como una especie de héroe para la gente de Urabá, que gracias a él se acabó la situación de violencia en la zona. Ha sido una cosa completamente sui géneris. El hombre se ha dedicado a mostrarse como el súper militar que calmó a Urabá y la dejó como la mejor zona de Colombia”, le dijo Eduardo* a VerdadAbierta.com, un conocedor de todas las declaraciones de Del Río y del impacto que tienen en las víctimas.

A su juicio, el general en retiro no sólo no ha hecho aportes de verdad a la JEP sino que no ha planteado qué acciones de reparación hacia las víctimas llevará a cabo, lo que podría causar que éstas soliciten su expulsión de la justicia especial.

Pablo*, una víctima indirecta del genocidio de la Unión Patriótica (UP), considera que Del Río “quiere tergiversar la historia, la realidad, donde los hechos ya han sido confesados, altamente documentados y comprobados. En ese orden de ideas, no estaría cumpliendo con la verdad (…) Él quiere cambiar la historia de lo vivido, quiere demostrar una realidad que no sucedió, pero no la que se vivió acá en la zona, que fue de muerte, de miedo, de terror”.

Esa situación ya había sido en parte prevista por el defensor de derechos humanos Abilio Peña. “No sentimos que haya suficientes garantías de la JEP para que la verdad sea dicha de manera completa”, dijo en 2017.

Del Río fue llamado por la JEP, en desarrollo de los Casos 04 y 06, para explicar el papel que desempeñó como comandante de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa y jurisdicción del Urabá antioqueño entre 1995 y 1997; y el porqué de su sobrenombre de ‘El Pacificador del Urabá’, con el que se le conoce públicamente.

El Caso 04 está dedicado a esclarecer y sancionar 1.054 hechos victimizantes, como muertes violentas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas, entre otros; ocurridos en diez municipios del Urabá antioqueño y chocoano. 

Y el Caso 06 se enfoca en la victimización de los miembros de la UP, que fue crítica, entre otros momentos, cuando Del Río estuvo al frente de la Brigada XVII, pues dos de los años en los que se registraron más actos violentos fueron 1996, con 504 casos, y 1997, con 347 casos. Además, según registros de la JEP, Urabá es una de las regiones en donde más ocurrieron ataques contra integrantes de ese movimiento político.

El Urabá de Rito Alejo Del Río

A través de un recorrido geográfico y temporal, Del Río describió las circunstancias que se vivieron cuando él estaba al frente de la guarnición militar en Urabá. Recordó que recibía información sobre la situación de violencia tanto por parte de civiles, pese a que se sentían atemorizados, como de alcaldes y personeros municipales, con quienes dijo tener encuentros frecuentes.

– General, ¿usted vino a hacer lo que siempre hacen las tropas? Porque aquí han venido muchas unidades, nos prometen y se van. Si nos deja tropas le colaboramos, si no nos deja tropas haga de cuenta que usted no vino aquí.

– Les prometo que voy a dejar tropa permanente.

– Ahora sí vamos a hablar. Vamos a explicarle cuál es la situación aquí: nosotros estamos subyugados porque aquí en el día patrulla la Policía, por la noche patrulla las Farc.

Esa fue una conversación que mantuvo el general en retiro, posiblemente en julio de 1997, con uno de los líderes del municipio de Riosucio, Chocó. Sobre la presencia de grupos armados diferentes a las Farc en ese lugar, Del Río aseguró que se sabía que estaban entrando “bandidos de otra clase”, como “paras, narcos y demás”, pero que estos no estaban establecidos allí, sino que arribaban desde Bojayá. 

Pablo narró que para cuando Del Río comandaba la Brigada XVII, diariamente se encontraban 12 personas muertas en las vías que llevaban de Turbo, donde nació y vivió, a Chigorodó y Apartadó, siendo así el asesinato el acto violento, a su percepción, más común.

Junto con los cuatro municipios ya mencionados, Carepa, Mutatá, Dabeiba, El Carmen del Darién, Unguía y Acandí, hacen parte de la zona que se priorizó para el Caso 04 en Urabá. 

Sin embargo, la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Nadiezhda Natazha Henríquez, le dijo a VerdadAbieta.com que luego de escuchar diferentes versiones voluntarias se identificó también a Necoclí como un sitio altamente afectado, pero no fue incluido en el caso porque las investigaciones de la Fiscalía mostraban cifras de violencia bajas.

¿El pacificador?

Del Río dedicó gran parte de su segunda versión voluntaria a resaltar su trabajo en Urabá. Según contó, cuando su labor inició, las extorsiones y los secuestros cesaron. “La gestión no fue de puro plomo como muchos piensan. Allá se hicieron planes, por ejemplo, con los estudiantes. El índice más alto de falta de escolaridad era Urabá. Afortunadamente, y yo tengo que decirlo claramente, (el entonces gobernador de Antioquia Álvaro) Uribe en eso sí le metió el hombro”, añadió. 

En esto coincide el representante legal y presidente de la Asociación de Víctimas de Antioquia (ASOVIMA), Ciro Abadía. “Yo tengo mi concepto muy claro: que defendió causa, defendió institución (…) Sí, ese señor hizo trabajos interesantes. Pudo haber cometido errores, pero ese señor fue uno de los que sacó la región de Urabá adelante”, dijo.

El oficial en retiro también señaló que la exportación de banano aumentó, en promedio, de 48 a 65 millones de cajas al año, debido al despliegue de tropas que llevó a la comunidad a sentirse confiada para salir a trabajar. “El año 95 fue el año de las peores masacres, entonces el trabajador estaba atemorizado de ir a las fincas”, argumentó.

Sin embargo, datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, contenidos en el informe “Los registros estadísticos del conflicto armado colombiano”, muestran que en 1996, 1997 y 1998 el número de masacres en el país fue mayor que en 1995. Esto pone en duda que el temor por las masacres se hubiese reducido, como lo afirmó Del Río.

Incluso, en otro informe del CNMH, denominado ‘Basta ya’, se expone que entre 1996 y 2002 se cometieron la mayor cantidad de masacres, con 1.089 casos y 6.569 víctimas, lo que se relaciona directamente con la expansión y consolidación de los paramilitares. 

Justamente, la relación con esa organización armada ilegal es uno de los temas más controvertidos que rodean al general en retiro. Él la señaló como un grupo “al margen de la ley, que opera muy sagazmente de acuerdo a las oportunidades” y la consideró como un enemigo, pero en 1996 se le vinculó con ella en un informe revelado por uno de sus subordinados, el coronel Carlos Alfonso Velásquez. (Leer más en: El informe que advirtió de los nexos de Rito Alejo del Río con los ‘paras’)

Según Del Río, durante su labor en la Brigada XVII, recurrió a “la misma estrategia que se empleaba para los diferentes actores armados” contra los paramilitares, pues “todos eran delincuentes”. No obstante, cuando la magistrada Henríquez, quien dirigió el segundo interrogatorio, le pidió especificar una operación militar contra esa estructura armada ilegal, se mostró dubitativo, argumentando que varias de estas no tenían nombre y no estaban dirigidas a un grupo en particular. Lo que sí señaló fue que en Riosucio, donde dijo que sólo había presencia esporádica de paramilitares, se estableció un batallón de fuerzas especiales.

En cuanto a la protección de comunidades indígenas y afrodescendientes, Del Río mencionó una ocasión en la que se desarrolló un plan de erradicación de hoja de coca para uso ilícito y en la que estas comunidades se sentían inseguras.

– Es que a nosotros nos tienen amenazados si tumbamos una mata de coca.

– Reemplacen eso y nosotros les ponemos seguridad.

– Pero no queremos que la tropa se meta en nuestras tierras.

– No se van a meter, vamos a estar a los alrededores.

“Se establecieron medidas de asegurar con tropa en determinados sitios, hacer operaciones en los alrededores. Y le cuento una cosa, que los indios de Caimán Alto y Caimán Bajo a mi ni me decían general, me decían era Rito”, comentó Del Río, quien, mostrando su cercanía a la población, tampoco dudó en hablar sobre otro momento en que le dijo directamente a los habitantes de la región: “Trabajen porque yo en poco me voy. Trabajen para que esto se consolide, porque si hay una recaída a Urabá no lo para nadie, porque cuando se consigue cierto índice de seguridad, de progreso y demás, y luego se hunde, la gente se desencanta”.

Operación Génesis

Uno de los hechos más notorios con el que se relaciona a este exoficial del Ejército es la Operación Génesis, desarrollada entre el 24 y el 27 de febrero de 1997. Esa acción militar tenía como objetivo atacar a la guerrilla de las Farc, para así capturar a integrantes del Bloque José María Córdova y del Frente 57, y rescatar a diez infantes de marina secuestrados, según documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante ese mismo órgano, personas afrodescendientes en condición de desplazamiento presentaron, en 2012, un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas donde se expone que el operativo fue “coordinado y desarrollado de manera conjunta con paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)”, pues el grupo paramilitar desarrolló la denominada Operación Cacarica de manera simultánea a la Operación Génesis. (Leer más en: Estado no protegió a comunidades durante Operación Génesis)

En el juicio a Del Río por el homicidio del campesino Marino López, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Accu, dijo que el entonces general se reunió en 1996 con él y con Raúl Hasbún, otro excomandante paramilitar, para hablar sobre el operativo liderado por el Ejército. “Para finales de 1995 y parte de 1996, cuando yo era comandante en la zona de Urabá, se coordinaron operativos con tropas de la Brigada XVII”, aseguró Rendón.

Por su parte, el soldado y exparamilitar Carlos Arturo Furnieles, que operó en el Bajo Atrato chocoano y el Urabá antioqueño, insinuó que el Ejército no combatió a los grupos paramilitares con la misma dureza que a las Farc y que, de haber sido así, éstas no se habrían fortalecido en esas regiones.

Pero estas no son las únicas declaraciones que vinculan a Del Río con el paramilitarismo en Urabá. En el proceso penal abierto en su contra en enero de 1999 por los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión, durante el periodo en el que fue comandante de la Brigada XVII, se recogen la declaración del soldado Oswaldo Yepes.

“Rito Alejo del Río (…) nos dijo que teníamos, ahí en Urabá, que ser el mejor batallón a nivel del Ejército (…) Él nos dijo que teníamos que trabajar con los paramilitares, que porque ellos eran el ochenta por ciento de colaboración para nosotros poder dar bajas. Y desde allí empezamos a operar con paramilitares”, declaró en su momento Yepes.

Para el mismo proceso se recaudó el testimonio de Velásquez, quien aseguró que Del Río no se mostró inclinado a actuar en contra de los paramilitares, ni se refirió a ellas como un problema durante las formaciones o reuniones semanales del Estado Mayor. 

Incluso, la población notó esa falta de acción para evitar hechos violentos. “Acá se percibía como que eran los mismos”, confesó Pablo, refiriéndose al Ejército y a los paramilitares. 

Respecto a lo declarado por Del Río ante la JEP sobre la Operación Génesis, Eduardo contó que el militar sólo dijo que “ha habido un copamiento por parte de grupos guerrilleros (…) No ha reconocido que la Operación Génesis la realizó el Ejército en connivencia y con ayuda de grupos paramilitares. Lo negó completamente”.

La violencia enmarcada en esas operaciones paralelas dejó 3.550 personas desplazadas, según indica la Defensoría del Pueblo en el documento “Las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs Colombia”.

Del Río aseguró que recibió compañía de la Policía Militar para brindar apoyo y seguridad a las personas afectadas por ese hecho. Del mismo modo, afirmó que “el gran desplazamiento lo presionó la guerrilla (…) Todos esos negritos dijeron: no, a nosotros nos desplazaron con fusil en la nuca, fueron fulanos de tal, y ahí están los nombres de todos, a quienes desplazaron y a quienes mataron. Es que yo creo que de pronto la Fiscalía no ha aportado toda esa cantidad de documentos que son contundentes para demostrar esto. Pero eso de que nos echan la culpa es lo mismo que las muertes de la UP”.

Esa fue sólo una parte de las consecuencias del conflicto en Urabá, pues, de acuerdo con la JEP, 504.933 habitantes de la región declararon ser víctimas de la guerra, es decir más del 67 por ciento. Pero únicamente 35.174 víctimas han sido acreditadas en el Caso 04.

La magistrada Henríquez explicó que la amplia diferencia entre el número de víctimas identificadas y el número de víctimas acreditadas por la JEP se debe a inconsistencias en los datos, por provenir de diferentes fuentes, y a la alta magnitud del desplazamiento forzado, que llegó a afectar a pueblos y comunidades enteras. Sin embargo, afirmó que se estima que la acreditación que se ha hecho es significativa.

La togada señaló que, además del desplazamiento, fueron críticas las muertes violentas. Una de ellas fue el asesinato, el 27 de febrero de 1997, de Marino López, sobre el cual Del Río tampoco ha aceptado responsabilidad, pese a que por ese hecho fue condenado por el Juzgado 8 Especializado de Bogotá, en agosto del 2012, a 25 años de cárcel.

Un año antes, el entonces fiscal Elkin Ricardo Vega Beltrán dijo que la muerte de López fue de conocimiento del general en retiro, y la Procuraduría General de la Nación consideró que las tropas bajo su control no actuaron para impedir el actuar violento generalizado de los paramilitares en Cacarica. Con todo, en 2017 Del Río quedó en libertad debido a beneficios otorgados por la JEP. (Leer más en: Rito Alejo Del Río y el asesinato de Marino López)

Victimización de la UP

Según datos de la Fiscalía General de la Nación y del CNMH, en el Caso 06 se registran 1.620 víctimas fatales de hechos ocurridos en por lo menos 27 departamentos del país y 367 municipios. De otro lado, la Corporación Reiniciar registra un total 6.613 víctimas entre 1984 y 2002. Asimismo, reporta que 2.094 personas sobrevivieron al desplazamiento forzado, exilio, amenaza, tentativa de homicidio, detención arbitraria, tortura, judicializaciones infundadas y violencia sexual.

En la penúltima versión voluntaria de Del Río en la JEP, el magistrado Gustavo Salazar expuso un hecho ocurrido, según el CNMH, en Campo Capote, donde “60 paramilitares del MAS (Muerte A Secuestradores) torturaron, desaparecieron y asesinaron a miembros de la UP”.

Además, se narró que, un día antes de esos hechos, ocurridos en marzo de 1986, 30 paramilitares estuvieron en Puerto Parra y Puerto Nuevo, en Santander, buscando a líderes de ese movimiento, lo que dejó a ocho personas asesinadas, siete desaparecidas y cinco heridas. Esto sucedió pese a que miembros de la Brigada XIV del Ejército, a la cual pertenecía el Batallón Rafael Reyes, comandado por Del Río, estuvieron en los municipios. El general  en retiro dijo que no recordaba que para ese momento se hubiesen cometido masacres, aunque Salazar insistió en que existían evidencias de lo contado.

 “Hay algunos eventos que sucedieron mucho antes de que yo llegara (…) Yo tenía casi mil y pico de hombres, tenía cada batallón su jurisdicción y cada uno operaba en su jurisdicción. Que hubiera casos aislados que estuvieran comprometidos… yo no podría decir si sí o no, pero que yo sepa nunca llegaron esas denuncias a la brigada, porque siempre que a mi me llegaba algo inmediatamente lo remitía a la Fiscalía”, dijo más tarde Del Río sobre señalamientos hacia 98 miembros de la Brigada XVII como responsables de crímenes contra la UP.

Pablo contó que se actuó en contra de los miembros UP con la “excusa” de que estos tenían ideologías políticas de izquierda y porque se presumía que eran el brazo político de las Farc. “En el 96 fueron 22 asesinados sólo en el municipio de Turbo. Y sí se escuchaban de varios procedimientos y arbitrariedades de la fuerza pública en zonas rurales, de la zona de Urabá. Por ejemplo, homicidios y desapariciones… que sacaban a la gente de las casas con la excusa de que eran guerrilleros”.

Esa versión es confirmada por la CIDH, que, según la JEP, en su “Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, dice que “elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, grupos paramilitares específicos y algunas Convivir, consideran que personas civiles que viven o han vivido en territorio actualmente o previamente controlado por grupos armados disidentes o que sospechan que son simpatizantes de estos grupos disidentes son por ello objetivos militares y como tales han sido atacados”.

Sobre las Convivir, Eduardo le dijo a VerdadAbierta.com que cuando Del Río dio su primera versión voluntaria, el 25 de marzo, negó haber otorgado conceptos favorables para la creación de algunas de ellas en la región del Urabá, y luego cambió su testimonio, cuando la JEP puso en evidencia documentos firmados por él, demostrando no sólo que dio su consentimiento sino que, además, hizo una solicitud de armamento para dichas cooperativas de vigilancia.

Ese tema volvió a salir a colación en las declaraciones del 14 de mayo, cuando Salazar presentó pruebas determinantes que demostraban que Del Río solicitó dos subametralladoras, cuatro pistolas, cuatro revólveres y diez escopetas de repetición.

“Comedidamente me permito enviar al señor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, los documentos correspondientes a la asociación convivir Covitur con el fin de que se le dé trámite correspondiente, se active legalmente de acuerdo a lo establecido con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, dice el requerimiento. (Leer más en: Negación de nexos de Fuerza Pública con paramilitares: “farsa que no vale ni una moneda de cinco centavos”)

“Usted señalaba que no se trataba de organizaciones armadas, claramente no sólo estaban armadas sino que usted solicitaba el apoyo de las armas”, le objetó Salazar a Del Río.

La JEP seguirá requiriendo a Del Río para que de su testimonio las veces que lo considere necesario y, dependiendo del reconocimiento de verdad, continuará con el trámite dialógico o lo remitirá a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para iniciar un trámite adversarial. En todo caso, el material probatorio recogido por la Sala de Reconocimiento puede ser utilizado por la UIA con el fin de verificar las conductas del general.

¿No entregó listas?

Otro de los temas polémicos sobre los cuales Del Río no admitió responsabilidad alguna fue en la elaboración de las llamadas “listas negras”, que incluían a miembros, simpatizantes y colaboradores de la UP, para que los paramilitares los ejecutaran.

Sobre este tema la magistrada Henríquez fue directa en su pregunta: “¿Tiene usted conocimiento o participó en la elaboración de listas negras respecto a personas que participaban como miembros de la Unión Patriótica?”.

Del Río respondió que “nunca”. Y agregó: “Lo único es que cuando se sabía la actuación de una persona, viniese de donde viniese, se informaba a la Fiscalía para que ellos tomaran en sus manos lo que les correspondía hacer”.

El exoficial reconoció que entre el Ejército y la Fiscalía había una fuerte articulación para actuar contra quienes presumiblemente eran guerrilleros y todo ello partía de la expedición de las órdenes de captura. 

“Cuando se producían (las órdenes de captura) era porque nos pedían a nosotros la colaboración, porque la Policía prácticamente con lo que tenía era incapaz de cumplir con ese cometido”, explicó Del Río. “Yo decía: pero por qué a mí si esa no es la misión institucional mía, pero entendí que había que colaborar”.

Esa versión contrasta con las declaraciones que rindió ante fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz el exjefe paramilitar Hebert Veloza Garcia, conocido con el alias de ‘HH’, quien comandó los bloques Bananero, que operó en el Urabá antioqueño, y el Calima, con presencia en el Valle del Cauca.

Una de esas versiones, entregada el 26 de noviembre de 2007, alias ‘HH cuestionó el papel del Estado, en particular los organismos de seguridad del Estado, en la guerra padecida en el Urabá antioqueño. 

“Sus fuerzas legales constituidas también tienen que asumir la responsabilidad porque fueron tolerantes y en algunos casos participaron suministrando listas o simultánea información para que nosotros lleváramos a cabo las acciones. Entonces tienen igual o más culpa. ¿Más culpa por qué? Porque ellos  pertenecían a una fuerza legalmente constituida en un Estado”, afirmó el exparamilitar.

En esa audiencia de versión libre, alias ‘HH’ implicó a un sargento del B2 de la Brigada XVII, al que solamente llamó Beto, quien era un miembro de la sección de inteligencia de esa guarnición militar: “nos suministraba información o listas de personas para que las ejecutáramos”.

Para la época en que Del Río fue comandante de esa unidad militar, estaba al frente del B2 el entonces coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, conocido en el mundo del paramilitarismo como ‘Don Diego’, con quien los paramilitares supuestamente coordinaron las operaciones Génesis y Cararica. (Leer más en: La huella del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo en Urabá)

A Plazas Acevedo también se le sindica de participar en el crimen del humorista y periodista bogotano Jaime Garzón y de los  investigadores del Cinep Mario Calderón y su esposa Elsa Alvarado.

Por lo pronto, Del Río disfruta de su libertad, pero sus versiones sobre la guerra en Urabá dejan mucho que desear entre las víctimas. Su verdad y el reconocimiento de los hechos al parecer aún están muy distantes de la realidad.

*Nombres cambiados por razones de seguridad.

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La noticia no podía ser más explosiva: tres excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc enviaron una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que reconocieron la autoría, como grupo insurgente, del homicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado y de cinco personas más, perpetrados en distintos momentos de la década del noventa y comienzos de la del dos mil.

El anuncio lo hizo la presidenta de la JEP, Patricia Linares, en la mañana del pasado sábado. Su declaración conmocionó al país: “La Jurisdicción Especial para la Paz informa que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR), después de una reunión celebrada el 25 de septiembre, ha recibido una carta en representación del antiguo Secretariado de las Farc-EP, en la cual se ofrece aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad en los siguientes casos”.

Y procedió a enumerarlos: Álvaro Gómez Hurtado (2 de noviembre de 1995); Hernando Pizarro León-Gómez (25 de febrero de 1995); José Fedor Rey (30 de junio de 2002); Jesús Antonio Bejarano (15 de septiembre de 1999); Fernando Landazábal Reyes (12 de mayo de 1998); y Pablo Emilio Guarín (15 de noviembre de 1987).

Varias horas después de ese anuncio, ocho exintegrantes de lo que en el pasado se conoció como el ‘Secretariado del Estado Mayor Central’, encabezados por su máximo vocero, Rodrigo Londoño, difundieron una declaración, titulada “Aportamos verdad de cara al país”, mediante la cual respaldaron lo dicho por Linares y reiteraron que “de esta manera, ratificamos nuestro compromiso indeclinable con la paz de Colombia, con las víctimas y sus familiares”. (Carta FARC)

Se trata de seis personas, de distintos orígenes y representatividad, que obsesionaron por diversas razones al grupo guerrillero en su confrontación contra el Estado colombiano. Si bien algunos de esos hechos permanecieron en secreto durante más de 25 años, como los de Gómez Hurtado y Bejarano, documentos internos del antiguo grupo armado alzado en armas arrojan luces sobre las razones que habrían tenido para cometer esos homicidios.

Una de las características de los comandantes de este grupo armado durante su existencia como grupo armado ilegal fue su disciplina para escribir largos textos de reflexión y análisis sobre sus políticas internas, su accionar político y militar, y sobre la coyuntura nacional e internacional. Su objetivo era que todo ese material fuera leído por las bases guerrilleras en su proceso de formación.

Varios de esos documentos, conocidos por Verdadbierta.com, hacen parte del Informe Génesis, un compendio de archivos documentales de las antiguas Farc preservados y compilados por el Grupo de Reconstrucción Documental Histórica del Ejército, bajo la coordinación de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación.

Por ello no todo fue tan secreto en la extinta guerrilla de las Farc, sobre todo cuando se trataba de acciones militares que acabaron con la vida de aquellos que llamaban “sus enemigos”. A través de la lectura de informes a las distintas conferencias guerrilleras, máxima instancia de discusión de este grupo desmovilizado, se pueden observar rasgos de sus obsesiones por algunos de los asesinados, las pruebas de que sí los habrían ejecutado y las razones de esas acciones armadas.

Obsesión paramilitar

Desde comienzos de la década de los ochenta, el grupo insurgente expresaba en las reuniones de mando y en sus documentos de análisis el creciente fenómeno del paramilitarismo en territorios donde hacían presencia, especialmente en la región del Magdalena Medio boyacense y cundinamarqués, ligado a poderosos narcotraficantes asociados al Cartel de Medellín.

En los documentos preparatorios y en las conclusiones de la Séptima Conferencia Guerrillera, realizada entre el 4 y el 14 de mayo de 1982, los insurgentes consideraban que el llamado Estatuto de Seguridad impulsado bajo la Presidencia de Julio Cesar Turbay (1978-1982), era “la encarnación de la teoría neofascista de la Seguridad Nacional a cargo de los monopolios financieros del capital internacional con sede en los Estados Unidos, con disposiciones y  medidas de alta policía que dan carta blanca a organizaciones de torturadores y asesinos como el MAS (Muerte a Secuestradores) y otras agencias del crimen con cargo a los altos mandos militares”. (Leer más en: Muerte a secuestradores MAS: Los orígenes del paramilitarismo)

Para enfrentarse a esa estrategia de seguridad, se plantearon en octubre de 1983 dos tareas: de un lado, una acción política a nivel nacional e internacional para denunciar de constante los atropellos de agentes del Estado y del paramilitarismo; y de otro, la creación de una estructura guerrillera en el Magdalena Medio “para librar una ofensiva de comandos contra las fuerzas represivas”, la cual debería coordinarse con los distintos frentes guerrilleros que operaban en la región.

Once años después, el tema volvió a ser motivo de discusión en las filas insurgentes, esta vez en desarrollo de la Octava Conferencia Guerrillera, celebrada entre el 27 de mayo a 3 de abril de 1993. En uno de los informes preparados para este encuentro, se insistió en relacionar el fenómeno del paramilitarismo con la concepción de la Seguridad Nacional, que a juicio de los insurgentes, “causó estragos irreparables al Partido Comunista, a la Unión Patriótica y a otras organizaciones democráticas y de izquierda”. (Leer más en: Exterminio de la UP fue un genocidio político)

Y agregaron que “sectores del ejército coaligados con narcotraficantes y esmeralderos pusieron en marcha un plan de exterminio físico de la oposición en Colombia que contó con el aval del silencio del gobierno. El objetivo era descabezar el movimiento revolucionario con métodos de guerra sucia”.

En reacción a esa situación, y teniendo en cuenta que el fenómeno paramilitar se había enquistado en Puerto Boyacá y desde allí se irradiaba a la región y al país, las Farc actuaron en consecuencia a lo determinado años atrás.

“Como respuesta contundente de nuestra parte a esta política, además de las acciones militares contra las Fuerzas Armadas oficiales, logramos entre otros, el castigo ejemplar a Pablo Emilio Guarín Vera, máximo jefe de las autodefensas de Puerto Boyacá”, se lee en un informe presentado en la Octava Conferencia Guerrillera.

A renglón seguido plantearon que “en el momento actual debemos trabajar con energía para desvertebrar los focos paramilitares que aún quedan, combinando para el efecto, procedimientos militares, de disuasión y políticos y muchas otras formas que culminen en su destrucción o su neutralización definitiva”.

Lo que catalogaron como “castigo ejemplar” no fue otra cosa que su asesinato, perpetrado por sicarios poco antes del mediodía del 15 de noviembre de 1987 en la vía que de Tunja conduce a Chocontá, en el departamento de Boyacá. Los agresores lo atacaron desde un vehículo en marcha y pese a que viajaba con tres escoltas y uno de sus hijos, Guarín, quien para esa época se desempeñaba como Representante a la Cámara por el Partido Liberal, fue el único que perdió la vida.

Para las Farc representaba un líder que conducía en aquellos años el germen de lo que sería el paramilitarismo en Colombia en las siguientes décadas. Sus posturas anticomunistas, su apoyo a los líderes de las autodefensas de Puerto Boyacá, considerada desde 1984 “la capital antisubversiva de Colombia” y su aversión al grupo guerrillero motivó su supuesta persecución y muerte.

Las posturas de Guarín tenían amplia resonancia y se apoyaba no sólo en sus intervenciones públicas, sino en un periódico que contribuyó a fundar, llamado Puerto Rojo, de amplia circulación en el Magdalena Medio. En esas páginas defendió el derecho de los campesinos a armarse contra la guerrilla.

Durante un recuento histórico sobre el origen de las Autodefensas de Puerto Boyacá, un fiscal de Justicia y Paz expuso en una audiencia realizada el 26 de octubre de 2011 que Guarín hacía parte de la “dirigencia política” de esa estructura paramilitar.

Pero el reconocimiento de responsabilidad sobre este asesinato por parte de los antiguos miembros del ‘Secretariado del Estado Mayor Central’ se enfrenta a otras versiones recogidas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en desarrollo de los llamados Acuerdos de la Verdad, en aplicación de la Ley 1424 de 2010.

Esa norma promovió la reintegración de exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que no fueron cobijados por la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) y le ofreció una solución a su situación jurídica al ofrecerles beneficios penales siempre y cuando contaran la verdad de su paso por la guerra.

Y justo un informe del CNMH sobre las autodefensas de Puerto Boyacá, publicado en diciembre del año pasado, recoge la versión de militares y paramilitares de esa época que arroja una explicación muy distinta a la que proyectan darle a la JEP los exjefes de las antiguas Farc.

En síntesis, en ese informe se plantea que fue asesinado por los propios paramilitares, entre ellos uno de sus escoltas, por orden del narcotraficante Rodrigo González Gacha, a quien no le gustaban las opiniones de líder político sobre el narcotráfico y su influencia en las nacientes autodefensas, que derivarían luego en el proyecto paramilitar.

Infiltración, otra obsesión

Una de las mayores preocupaciones de las extintas Farc era que sus fuerzas irregulares fueran infiltradas por “el enemigo” y “los destruyeran desde dentro”. En diversos documentos internos expresaron sus inquietudes y sus errores, sobre todo en el relajamiento de las políticas de reclutamiento, que incluía a menores desde los 15 años de edad. (Leer más en: Reclutamiento en las Farc estaba reglamentado desde 1966)

Para finales de los ochenta y comienzos de los noventa, el temor de este grupo alzado en armas era que se fraccionaran y se diluyera su proyecto insurgente. Y esa tensión se hizo más fuerte cuando se creó en el norte del departamento de Cauca una disidencia que se conoció como el Frente Ricardo Franco, comandada por José Fedor Rey, conocido en las filas como ‘Javier Delgado’, y Hernando Pizarro Leongómez, hermano de Carlos, máximo jefe del movimiento guerrillero M-19.

La explicación esbozada por los entonces comandantes de las Farc fue que una de sus redes urbanas resultó infiltrada por ‘Delgado’, quien ingresó a las filas guerrilleras en 1973 y de donde desertó casi diez años después llevándose una fuerte suma de dinero con la cual financió su disidencia.

Al disidente lo señalaban de estar al servicio de la Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) en desarrollo de la política de doctrina de la Seguridad Nacional. Así lo planteó la dirigencia de la organización guerrillera en un comunicado difundido en septiembre de 1985, en el que calificaron al Frente Ricardo Franco como un grupo paramilitar “al que la CIA le impuso la misión de asesinar dirigentes revolucionarios desarmados” y que estaba siendo comandado por un “sicópata”, aludiendo a ‘Delgado’.

Y esos temores se hicieron realidad dos meses después, cuando el disidente inició una purga interna en las filas del Ricardo Franco que acabó con la vida de por lo menos 169 guerrilleros a los que acusó de ser infiltrados del Ejército, en lo que se conoce como la Masacre de Tacueyó, pues ocurrió en esta región del municipio de Toribío, norte de Cauca.

Se estima que esa matanza se prolongó hasta enero de 1986 y al frente de ella estuvieron ‘Delgado’ y Pizarro Leongómez, razón por la cual fueron cuestionados por las Farc. En informes expuestos en la Octava Conferencia Guerrillera, en 1993, se refirieron al tema: “Tuvimos que afrontar no pocas complicaciones como las generadas por Javier Delgado en su empresa fraccionalista contra las FARC”.

Lo que nunca le perdonaron a ‘Delgado’ y su segundo al mando fueron sus propósitos divisionistas y de aislamiento de las Farc, el fortalecimiento de sus alianzas con otras fuerzas guerrilleras como el Eln, el M-19 y el Epl, entre otros, y que esas labores hubieran calado en el gobierno cubano. Al respecto, escribieron: “Los cubanos, que habían creado el Departamento América para atender todo lo relacionado con las organizaciones revolucionarias y armadas, resultaron en consecuencia involucrados en pronunciamientos, abiertamente desfavorables a las FARC”.

‘Delgado’ fue ‘enjuiciado’ por las Farc y condenado a muerte, pero huyó y se refugió en la ciudad de Cali, donde fue capturado por las autoridades el 8 de febrero de1985, luego fue procesado y condenado a 19 años de cárcel por la llamada Masacre de Tacueyó. El 30 de junio de 2002 lo encuentran muerto en su celda del penal de Palmira. Inicialmente se informó que se había suicidado, pero una llamada a un noticiero local de televisión esbozaría otra realidad: que fue asesinado por hombres al servicio del grupo guerrillero.

El interlocutor, quien habló a nombre del Frente Arturo Ruiz de las Farc, explicó la acción criminal: “Somos los responsables de lo que ocurrió a ‘Javier Delgado’. La justicia tarda, pero llega. Lo asesinamos por la serie de injusticias que cometió en nuestra organización”.

Con respecto a Pizarro Leongómez las versiones son más confusas. Luego de huir de Cauca tras lo ocurrido en Tacueyó y refugiarse en Bogotá, fue detectado por hombres armados en el barrio Alta Blanca, en el norte de la ciudad, quienes lo asesinaron en la vía pública en la noche del 25 de febrero de 1985 luego de sacarlo a la fuerza de su residencia.

En este caso, la versión que prometen los excomandantes de las Farc se enfrentará a una realidad judicial diametralmente opuesta. En un principio, fue condenado a 40 años de cárcel Gustavo Sastoque Alfonso, exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, quien fue señalado por tres supuestos testigos de participar en el operativo que acabó con la vida de Pizarro Leongómez.

Pese a que Sastoque purgó 11 años de cárcel y salió libre por cumplir buena parte de su condena, su caso fue revisado y se encontró que fue inculpado por tres falsos testigos, uno de los cuales, Olga Esther Guevara, estaba vinculada laboralmente al Fondo Rotatorio del Ejército. Su hermana, Magdalena, también señaló al exfuncionario del CTI, al igual que Germán Ramírez, un vendedor ambulante.

A los tres falsos testigos se les llevó a juicio en 2012 por haber inducido al error a la justicia y procesar a un inocente. Diversas versiones indicaron que el crimen había sido un montaje del Ejército.

Contra la élite política

En la historia del surgimiento de las Farc está enquistada la figura del líder político del Partido Conservador, Álvaro Gómez Hurtado, a quien catalogaban de “incendiario” por haber promovido la guerra contrainsurgente y anticomunista e incitado el ataque a las colonias campesinas de región de Marquetalia, en el sur de Tolima, en mayo de 1964, que derivó en el alzamiento en armas y posterior conformación del grupo guerrillero.

En un acalorado discurso pronunciado por el entonces senador Gómez en sesión del 25 de octubre de 1961, y en un franco cuestionamiento al presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), aseveró que “no se ha caído en la cuenta que hay en éste país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado”; además, se fue lanza en ristre contra el mandatario advirtiendo que “el Señor Presidente Lleras va a pasar a la historia como un fundador de cinco Repúblicas, Independientes, porque la soberanía nacional se ha quebrantado”

Gómez concluyó con una frase lapidaria: “Lo que ocurrió fue que este gobierno, como esos emperadores decadentes del Bajo Imperio Romano, ha resuelto pagarle un tributo a los bárbaros”, al hacer referencia a cinco colonias campesinas asentadas en las regiones de El Duda, Ariari, Guayabero, Pato, Riochiquito y Marquetalia.

La insistencia del Senador en recuperar esas zonas y desalojar a las autodefensas campesinas comunistas se concretó el 18 de mayo de 1964, cuando el entonces presidente Guillermo León Valencia ordenó un masivo ataque, que se denominó la Operación Marquetalia, y que fracasó en su intento de reducir a los 48 guerrilleros que comandaban ese incipiente grupo insurgente, liderados por ‘Manuel Marulanda Vélez’. (Leer más en: ‘Operación Marquetalia’, bajo la mirada de archivos de inteligencia)

Lo que engendró ese ataque, y que ha sido motivo de sendas reflexiones internas, fue un odio profundo contra las élites políticas, que se expresa en numerosos documentos de las Farc, que, incluso, quedó consignado en su documento fundacional, el Programa Agrario, proclamado el 20 de julio de 1964.

“Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen. Pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas ‘Repúblicas Independientes’ y como somos revolucionarios que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía: la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder”, se lee en el documento.

En la instalación de los diálogos de paz, en San Vicente del Caguán, Caquetá, el 7 de enero de 1999, bajo el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), el máximo comandante del grupo armado ilegal, ‘Manuel Marulanda’, aseveró que Gómez Hurtado promovió la represión contra los campesinos asentados en las colonias agrícolas.

“Motivados por el doctor Gómez, el congreso facultó al Presidente y a los altos mandos militares, para que nos pasaran la cuenta de cobro por haber enfrentado las dictaduras de Laureano Gómez y el general Rojas Pinilla, a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por una ley del parlamento. Huyendo a la represión oficial, nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia (Tolima), donde el estado nos expropió fincas, ganados, cerdos y aves de corral”, se quejó ‘Marulanda’, en esa ocasión.

Para ese momento, ya el líder político conservador había sido asesinado, cuatro años atrás, a la salida de la Universidad Sergio Arboleda, donde era catedrático. El crimen, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, conmocionó al país, pero a pesar de las promesas por resolver el caso, aún permanece en la impunidad.

Sobre esa acción criminal se han tejido distintas hipótesis, entre ellas que habría sido un crimen de Estado en medio de una inestable situación política provocada por las denuncias de infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña de quien luego sería el Presidente de la República, Ernesto Samper (1994-1998).

Si bien se han reseñado cruces de cartas que indicarían que el asesinato fue ordenado de manera secreta por ‘Marulanda’, la versión que esperan entregar los exmiembros del llamado ‘Secretariado del Estado Mayor Central’ tendrá que superar dos décadas de investigaciones para desvituar lo poco que se ha sabido y probar que, efectivamente, sí fueron ellos, que supieron de las intenciones de su máximo jefe y que tienen conocimiento de los detalles.

“Un fascista”

Para la guerrilla de las Farc, el general Fernando Landazábal se había convertido en una obsesión por sus posturas radicales en torno a fortalecer la solución militar en la confrontación del Estado contra esa organización insurgente. En los documentos internos siempre lo catalogaron de fascista.

Con una vida militar de más de 36 años, que lo llevó a ser ministro de Defensa bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), sus férreas posturas antisubversivas le granjearon un profundo odio en las Farc, que se expresaron en documentos de análisis expuestos en la Séptima Conferencia Guerrillera, de 1982.

Al hacer un análisis del contexto electoral de ese año, que llevaría a la Presidencia a Betancur, advirtieron de una “feroz campaña antidemocrática, anticomunista y anti-FARC encabezada por los generales fascistas Landazábal Reyes, Lema Henao, Camacho Leyva y otros”.

De acuerdo con la percepción del grupo guerrillero, estos altos oficiales del Ejército representaban la línea dura de las Fuerzas Militares y mientras ellos estuvieran en sus cargos, la confrontación no tendría una solución pacífica. En las elucubraciones de los mandos superiores de las Farc se calificaba a Landazábal Reyes como el cerebro de una campaña golpista en medio del proceso electoral.

“Esa escalada terrorista de que hablamos está ligada directamente con los planes golpistas de un grupo de generales que no esperan sino una coyuntura favorable para tomar el poder”, apuntaron las Farc en 1982. “Esos generales son Fernando Landazábal Reyes, Rodrigo Botiva, Miguel Antonio Guerrero Paz y Forero Delgadillo (José)”.

En un lado diametralmente opuesto, los alzados en armas ubicaban a dos generales, Nelson Mejía Henao y Gustavo Matamoros D’acosta, quienes, según las Farc, bloquearon “en varias ocasiones el golpe que organiza Landazábal, es decir, que se pone en evidencia la pugna de los dos grupos principales”.

A juicio de los insurgentes, esa supuesta división debería ser aprovechada por ellos para avanzar en su propósito de tomarse el poder: “Hay en el seno de las Fuerzas Armadas serias contradicciones que si todavía no se han puesto de manifiesto, se pondrán, cuando la lucha de clases se ahonde y radicalice, y agregamos: No todos los altos mandos son fascistas y mucho menos toda oficialidad de rango intermedio ni la suboficialidad en su conjunto”.

A Landazábal se le señalaba desde distintas instancias sociales y políticas de aprovecharse de su cargo como alto oficial del Ejército y, posteriormente, como Ministro de Defensa, de estar detrás de la llamada “guerra sucia” contra sectores de izquierda y críticos de la doctrina de Seguridad Nacional, que se expresó en capturas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y promoción de los nacientes grupos paramilitares.

Luego de que el presidente Betancur se embarcara en la idea de buscarle una salida negociada a la confrontación armada, el general Landazábal, posesionado como ministro en enero de 1983, expresó su molestia porque, a su juicio, el mandatario “creyó más en las directivas de la subversión”, y renunció a esa cartera de gobierno a comienzos de 1984.

Ya por fuera de las filas militares, el exministro Landazabal se dedicó a escribir y en un ataque sicarial mientras caminaba de su oficina a la casa, en el norte de Bogotá, fue asesinado el 12 de mayo de 1998. El crimen no fue reivindicado por las Farc y durante varios años se tejió la hipótesis de que había sido responsabilidad de la guerrilla del Eln.

Ahora, ante la JEP, los exjfes de las Farc tendrán que aportar las pruebas necesarias para demostrar que, efectivamente, fue este grupo alzado en armas que sí fue responsable del homicidio.

Bejarano, en la mira

Uno de los homicidios sobre los cuales los excomandantes de las Farc es el del economista Jesús Antonio Bejarano, abaleado en predios del campus de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá al final de la tarde del 15 de septiembre de 1999. Un certero disparo en la cabeza acabó con su vida.

Era un año convulsionado. En San Vicente del Caguán avanzaban con tropiezos los diálogos con los voceros del presidente Pastrana; mientras tanto, los distintos frentes guerrilleros atacaban poblados, bases militares y estaciones de Policía; y los grupos paramilitares atacaban a todos aquellos que estaban bajo sospecha de ser de izquierda.

De hecho, un mes antes del ataque a Bejarano, había sido acribillado el crítico humorista bogotano Jaime Garzón, muy temprano en la mañana, antes de que llegara a la emisora radial para la cual prestaba sus servicios.

Bejarano era un experto en temas de negociación de paz. En 1990 fue nombrado Consejero de Paz y en sus funciones firmó los acuerdos de paz con los grupos guerrilleros Prt, Epl y Quintín Lame. En 1991 encabezó los diálogos con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en Tlaxcala, México, y Caracas, Venezuela, que fracasaron. Después de ocupar varios cargos diplomáticos en El Salvador y Guatemala, regresó al país, se dedicó a la academia y al análisis de coyuntura, además de presidir la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC).

Reportes de prensa indican que en agosto de 1998 conversó con el entonces fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y le contó que pesaban amenazas contra su vida que provenían del llamado ‘Secretariado del Estado Mayor Central’ de las Farc, porque lo consideraban “un informante del Ejército”, luego de que establecieran que en 1995 había prestado servicios de consultoría para las Fuerzas Militares.

En su obsesión por eliminar a quienes eran potenciales enemigos habrían ejecutado a Bejarano en un espacio simbólico: el campus de la Universidad Nacional de Colombia. El Estado colombiano fue condenado dos veces por el Consejo de Estado por no haber protegido con debida diligencia al economista.

¿Qué sigue en el proceso en la JEP? Muy seguramente los exmiembros del llamado Secretariado de las Farc se respaldarán en sus archivos documentales para ratificar ante esta instancia de justicia transicional el reconocimiento de estos seis homicidios, pero el reto para este escenario de justicia transicional creado bajo el Acuerdo de Paz será corroborar o descartar la versión que entreguen los exguerrilleros. No será una tarea fácil y se tendrá que hacer bajo la presión de sectores que no creen en la “verdad” prometida.

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Poco antes de ser extraditado, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, escribió en su celda en la cárcel de Itagüí el borrador de un diario de 152 páginas que tituló “Mi vida como autodefensa”.

El diario fue incautado en una memoria USB justo antes de su extradición a Estados Unidos por narcotráfico en mayo de 2008. Hasta ahora era inédito y aunque algunos apartes habían sido publicados por los medios, es la primera vez que el público conoce la totalidad de su contenido.

El escrito empieza el 4 de julio de 1995, cuando se reúne con alias ‘Luis’, un hombre de Salvatore Mancuso, y concluye tres años después, cuando ya Tovar Pupo se vuelve ‘Jorge 40’ y asume la cabeza del Bloque Norte. Aunque no alcanzó a narrar años posteriores, cuando sus hombres cometieron centenares de masacres, se tomaron las rentas públicas e infiltraron la política, en el diario ya se puede ver cómo los ‘paras’ asesinaban al azar, tenían a muchas autoridades en el bolsillo y crecieron con la ayuda de narcotraficantes, contrabandistas, políticos y empresarios de la Costa.

‘Jorge 40’ cuenta además, y en detalle, cómo empezó de miliciano civil clandestino en su tierra, cómo se terminó volviendo paramilitar de tiempo completo, narra su primer combate y cómo se logró evadir en las ocasiones en que lo arrestaron, pues contaba con la ayuda de jefes policías amigos. También describe la reunión donde los principales jefes paramilitares fundaron, bajo la batuta de los hermanos Castaño, las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997. (Descargue aquí: Mi-vida-como-autodefensa-Jorge-40)

Reuniones con Francisco Santos

Tovar Pupo es sospechosamente selectivo a la hora de dar nombres de empresarios o políticos que se reunieron con ellos. Menciona a algunos que ya están muertos, como el coronel de la policía Danilo González. Por eso llama la atención que la única persona de relevancia nacional que menciona con nombre y apellido y lo escribe con mayúsculas sea el hoy vicepresidente de la República Francisco Santos.

Dedicó casi 15 páginas a ofrecer una versión más adornada de las reuniones que dice que tuvo con Santos, de las que ya habían hablado en sus confesiones a la justicia tanto él como Mancuso.  La saña de ‘40’ con el entonces jefe de redacción de El Tiempo (aunque omite este dato clave) es protuberante: dice que toma whisky compulsivamente y hace énfasis en que era de contrabando.

Sostiene que en un Festival Vallenato de 1997, Santos le pidió que lo llevara a donde Mancuso, a quien saludó de abrazos y lo llamó “Monito”. Describe luego, una contorsionada propuesta que les presentó Santos. Supuestamente, el periodista, fundador de País Libre, organización no gubernamental dedicada a auxiliar a las víctimas de secuestro, les dijo que liberaran a un secuestrado para “arrancar con pie firme en Valledupar”, y “que así lograría matar tres pájaros de un solo tiro: la liberación de una persona y la tranquilidad de la familia, el posicionamiento de País Libre en la región y hablaría de la voluntad de  Paz de las Autodefensas”.

Lo que no cuadra con esta versión es que País Libre fue fundado en 1991, ya era ampliamente conocido en el país y no tenía necesidad alguna de hacer semejantes alianzas para posicionarse en Cesar o en otra región.

Asegura ’40’ que después de que verificaron que el secuestrado en cuestión había sido asesinado por los paramilitares y no podían acceder a la petición de Santos, éste se despidió y “él les deseó a los comandantes éxitos en su guerra y prudencia en las acciones”.

Después cuenta ‘Jorge 40’ que Castaño lo envió en agosto de 1997 a Bogotá a llevarle una razón a Santos y describe el supuesto encuentro que tuvo con él en el restaurante Carbón de Palo, del que ya se ha hablado. La razón que da el ex jefe paramilitar era la siguiente: “Que, por ser la capital de la República, no podía mandar una fuerza con cualquier comandante al frente; que estaba buscando la persona ideal; que ya tenía lista la tropa y apenas tuviera el hombre indicado entraría a operar en la Capital y en el Departamento”.

Santos declaró ante la Fiscalía y los medios que sí se reunió con Mancuso y ‘Jorge 40’, pero que los encuentros fueron en desarrollo de su labor como presidente de la Fundación País Libre, pues en efecto los paramilitares habían secuestrado a personas en Cesar y otras regiones;  y como jefe de redacción de El Tiempo en entrevistas periodísticas.

Los arrestos de ‘Jorge 40’

En su diario el ex jefe del Bloque Norte da detalles sobre cómo fue capturado en dos ocasiones por la policía, en mayo de 1997 y en febrero de 1998, ambas veces por llevar gran cantidad de armas.

La primera vez cayó con Mancuso y otros ocho hombres, en un retén en la Guajira y fue encarcelado por una noche y alcanzó a ser interrogado por un fiscal. Dice que por gestiones de Castaño con el entonces oficial de la Policía Danilo González, los liberaron. El oficial llegó al sitio donde los tenían y dijo que “venía con una orden del comandante de la Policía para dejarnos ir”. También dijo que sobornaron a los fiscales con “30 ó 50 millones, no me acuerdo”.

Danilo González, asesinado en 2004, formó parte del grupo élite que armó la Policía para cazar a Pablo Escobar. Era experto en operaciones encubiertas, rastreos electrónicos y rescate de secuestrados. Con los contactos que empezó a tener con Carlos Castaño y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, antiguos miembros del grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), terminó trabajando para los narcotraficantes del norte del Valle y los paramilitares, que había combatido con tanto brillo.

El segundo arresto de ‘Jorge 40’ fue en una vía de Codazzi a Valledupar, y en esa  ocasión asegura que, después de cuatro días de encierro, salió por “decir la verdad y andar con todo en regla”, pues pudo comprobar que los fusiles R-9 que llevaba estaban amparados por una Convivir. Él estuvo muy nervioso porque la Policía alcanzó a anunciar que con esa captura quedaban desbaratadas las autodefensas del Cesar, y él estaba de ‘para’ clandestino y temía que al descubrirsele su familia pudiera sufrir rerpesalias.

El señalamiento público que le hizo la Policía como jefe ‘para’ en el Cesar fue, según él, lo que lo terminó de convencer de entrar a la clandestinidad y volverse comandante, pues “ya podía comprar la lápida y el frac de caoba”, refiriéndose a que tenía graves amenazas de muerte.

Los primeros colaboradores de ‘Jorge 40’

En su diario, ‘Jorge 40’ se refiere en varias ocasiones a personas y autoridades que le colaboraron. Aunque sólo cita con nombre y apellido a Jorge Gnecco, ya muerto y a Santander Lopesierra, extraditado y condenando en Estados Unidos, y encubre a muchos como “empresarios que no tenían nombre”, muestra que los ‘paras’ entraron a Cesar con la ayuda de narcotraficantes, contrabandistas, políticos y el Ejército.

Jorge Gnecco, según ‘Jorge 40’, fue uno de los apoyos fundamentales de los ‘paras’ en sus inicios en el Cesar. Prestó sus fincas para bases con decenas de hombres, aportó salvoconductos de porte de armas, les pasaba información gracias a sus contactos y cubrió de un manto de legalidad a los primeros paramilitares del Cesar gracias a su Convivir, Sociedad Guaymaral fundada en enero de 1996, cuando ‘Jorge 40’ y Mancuso cometieron sus primeras masacres.

Gnecco dominó en los años noventala política del Cesar, al llegar a la Asamblea Departamental y llevar a sus hermanos Lucas Gnecco a la gobernación y a  ‘Pepe’ Gnecco al Senado. Un reportaje de la revista Semana dice que la familia Gnecco amasó una fortuna durante el auge del contrabando y la bonanza marimbera y que Jorge Gnecco fue socio de importantes narcotraficantes en el Caribe. Varias versiones señalan que Gnecco fue asesinado en 2001 por ‘Jorge 40’ en su cuartel general de Sabanas de San Ángel, Magdalena, presuntamente por un enfrentamiento por un envío de coca y su ingerencia en el conflicto entre el Bloque Norte y las autodefensas de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta.

El otro colaborador de los ‘paras’ citado por ‘Jorge 40’ es Samuel Santander ‘Santa’ Lopesierra que reunió a varios empresarios guajiros con él y con Mancuso en mayo de 1997.

‘Santa’ Lopesierra, conocido como ‘El hombre Marlboro’, fue elegido senador por el Partido Liberal en 1994. En la época ya era señalado como el zar del contrabando y según Semana movía cada año cerca de 70 millones de dólares en licor y cigarrillos. En 2003 Lopesierra fue extraditado a Estados Unidos y en 2007 condenado a 25 años de prisión por narcotráfico por exportar más de 2.000 kilos de cocaína.

‘Jorge 40’ también menciona la colaboración del Ejército en varias oportunidades, pues según dice “siempre fui una persona muy cercana a las instituciones armadas”. En uno de las primeras acciones de los ‘paras’ logran transitar sin problemas gracias a insignias del Batallón de la Popa, que opera en Cesar.

En el Batallón de la Popa se registraron varios casos de “falsos positivos” y el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, que comandó la unidad entre 2002 y 2004 fue llamado a juicio por presuntos nexos con ‘paras’. El juicio ha sido muy traumático con amenazas de muerte a los testigos, y la justicia aún no ha fallado sobre la inocencia o culpabilidad de Mejía.

‘Jorge 40’ dice además que el Comando Operativo Número Siete del Ejército, basado en el Cesar, le ayudó para conseguir “permisos especiales para portar armas de largo alcance”.

 La fundación de las Auc

‘Jorge 40’ también menciona que participó en octubre de 1997 en una de las reuniones donde se fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en una finca de los Castaño en Urabá. Ahí dice que asistieron empresarios, políticos y además de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, los siguientes jefes ‘paras’:

–    ‘Rodrigo Doble Cero’, alias de Carlos Mauricio García, ex militar e ideólogo de las Auc.
–    ‘Adolfo Paz’, alias de Diego Murillo Bejarano, ‘Don Berna’.
–    ‘El Alemán’, alias de Freddy Rendón Herrera.
–    ‘Pedro Ponte’, alias de Raúl Hasbún, empresario y ex jefe de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Ver artículo: “Las confesiones de Raúl Hasbún“) .
–    ‘Carlos Correa’, alias de Carlos Ardila Hoyos, jefe ‘para’ en Urabá, acusado de robarle tierras a campesinos de Necoclí, Antioquia.
–    Un sobrino de Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, que delinquía en el sur del Cesar.
–    Un representante de Ramón Isaza de las Autodefensas del Magdalena Medio.
–    ‘Camilo Morantes’, alias de Guillermo Cristancho Acosta jefe de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar
–    Clodomiro Agamez que representa a los Carranceros, grupo ligado al zar de las esmeraldas Víctor Carranza. Agamez es señalado como autor de la masacre de 11 miembros del CTI en San Carlos de Guaroa, Meta, el 3 de octubre de 1997.

VerdadAbierta.com publica la totalidad del diario de ‘Jorge 40’ titulado “Mi vida como autodefensa”, con la advertencia de que allí hay verdades y mentiras, como cualquier otra versión de los ex jefes paramilitares que buscan justificar sus crímenes. ‘Jorge 40’, hasta donde ha podido probar la justicia, es responsable de 333 masacres en la Costa Caribe. Sin embargo, este diario, como muchos aportan piezas sueltas al rompecabezas de cómo se construyó el imperio paramilitar y cómo pudo delinquir con tanta impunidad.

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En breve: En su nueva comparencia de versión libre ante la Fiscal 48 de la Unidad de Justicia y Paz, Fredy Rendón Herrera, alias ‘el alemán’, explicó la génesis del conflicto armado en el Urabá antioqueño y algunos aspectos que rodearon el accionar del jefe paramilitar Carlos Castaño. Paramilitares mencionados: Carlos Castaño Lugares mencionados: Bogotá, Medellín, Urabá antioqueño Funcionarios públicos nombrados: Gustavo de Greiff y Miguel Maza Márquez

Alias ‘el alemán’ se desmovilizó el 15 de agosto de 2006 en Unguía, Chocó.

En la planeación del operativo que tuvo como objetivo accionar un carro bomba con más de 500 kilos de explosivos contra las instalaciones centrales del DAS en Bogotá, que a la postre se llevó a cabo el 6 de diciembre de 1989 y que dejó por lo menos 50 muertos, más de 600 heridos y graves daños materiales, participó el jefe paramilitar Carlos Castaño.

Así lo aseveró este lunes en Medellín Fredy Rendón Herrera, alias ‘el alemán’, ex comandante del bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) durante una nueva audiencia de versión libre ante la Fiscalía 48 de Justicia y Paz.

Según el paramilitar el propio Carlos Castaño Gil le contó la historia, por lo que pudo concluir que Castaño jugaba a dos bandos: de un lado tenía vínculos con el cartel de Medellín y con Pablo Escobar Gaviria; de otro, era muy cercano a su hermano Fidel, quien integraba la organización ‘Perseguidos por Pablo Escobar’, conocida como ‘Los Pepes’, creada a finales de la década de los ochenta en la que confluyeron miembros de la Fuerza Pública, el cartel de Cali y de las nacientes estructuras paramilitares para someter al capo del cartel de Medellín.

“Yo me sentaba con el señor Castaño muchas veces y me contaba muchas historias, muchas infidencias. Y me contó cosas como éstas: que había participado directamente en el atentado del DAS con una gente del cartel de Medellín”, relató el ex jefe paramilitar, quien operó en el Urabá antioqueño y chocoano entre 1995 y el 15 de agosto 2006, cuando se desmovilizó con sus hombres en el municipio de Unguía, Chocó.

La teoría de ‘El alemán’ para explicar el doble rol de Castaño Gil en este caso tenía que ver con la presión que de tiempo atrás se le venía haciendo a Maza Márquez para que apoyara a ‘los pepes’.

“Maza Márquez no quería sumarse a la guerra contra Pablo Escobar, pese a que Castaño me decía que era muy cercano al cartel de Cali”, dijo Rendón Herrera y contó que meses antes del carro bomba se le había hecho un atentado para que aceptara. La acción dinamitera ocurrió el 30 de mayo de 1989 en el sector de Chapinero, en Bogotá, y de ella salió ileso. Vino entonces el ataque contra la sede del organismo de inteligencia, el 6 de diciembre de ese mismo año, y de acuerdo con ‘El Alemán’, luego de esa acción, el funcionario se sumó al grupo gubernamental que apoyaba la guerra contra Escobar y se integró a ‘los pepes’.

¿Pero, quiénes eran ‘los pepes’? La respuesta también tuvo ambiente de cuento: “El señor Castaño, por ejemplo, me contó en algún momento, tal vez con tragos, en un cerco, tocando una guitarra, cómo se había conformado el grupo de ‘los pepes’ y cómo el Ejército, la Policía, y el mismo Fiscal General de la Nación de la época (Gustavo De Greiff) avalaron la creación de ese grupo”.

Y continuó hablando en su estilo: “en estos días, buscando por acá y por allá, encontré una curiosa listica, que seguramente en el transcurso de la semana la voy a aportar, una listica a mano del señor Castaño donde decía quiénes eran los miembros de ‘los pepes’. No figura seguramente el fiscal De Greiff, pero Castaño me contaba que se reunían con él”.

Según la versión expuesta por este ex comandante paramilitar, se requería una guerra irregular para acabar con Pablo Escobar, quien para finales de 1989 adelantaba ataques terroristas contra edificaciones públicas y privadas, y pagaba a sicarios para asesinar a agentes de Policía, porque no aceptaba la extradición. Para esa época se decía que los narcotraficantes considerados extraditables “preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.

“Esa guerra irregular no la podía hacer ni la Policía ni el Ejército ni el DAS”, aseveró ‘El Alemán’ y agregó que la persecución contra el capo del cartel de Medellín dejó por lo menos 100 muertos de su círculo familiares y de personas cercanas. “Nadie pagó por ello, simplemente fueron ‘Los Pepes’”.

El tema surgió este lunes durante la versión libre luego de que el postulado hiciera una amplia exposición del contexto en el que surgieron los grupos paramilitares en la región del Urabá antioqueño a finales de la década del 80. En sus reflexiones, el ex jefe paramilitar advirtió que esa organización criminal fue la causa del “principio del fin de la autodefensa como ideológicamente había sido concebida”. Según él, permitió que el poder del narcotráfico se aferrara a las entrañas de ese movimiento “haciendo que cambiara su rumbo y aumentara su poder de expansión”.

En Urabá, dijo, “permaneció una parte de lo que fue la autodefensa original, lo que conllevó a atomizar la organización, que prácticamente se dividió en dos: los puristas, con su convencimiento de la lucha contrainsurgente; y los de la nueva corriente, convencidos de que el fin justifica los medios”.

En esta nueva comparecencia ante la Unidad de Justicia y Paz, y en cumplimiento de nuevas disposiciones proferidas por la Corte Suprema de Justicia, los versionados deben ofrecer nuevamente y en orden un relato pormenorizado no sólo información de las actividades paramilitares y de sus víctimas, sino sobre su génesis,motivaciones, contexto, relaciones y mecanismos de financiación.

En tal sentido, ‘El Alemán’ le entregó al fiscal que lleva su caso un índice temático que contiene por lo menos siete capítulos y los cuales comenzó a leer este lunes, iniciando con el tema Visión de Urabá: importancia  histórica, geopolítica y geoestratégica. Pero más allá de la información histórica que contiene su relato, ‘El Alemán’ aprovechó varias pausas en la lectura no sólo para referirse a ‘los pepes’, sino para quejarse del ambiente que rodea a los paramilitares cada vez que son indagados en versión libre.

“Sinceramente hoy estamos nosotros sentados aquí y cuando hacemos referencia a lo que pasó en Urabá, los empresarios, los militares, los políticos, siempre dicen que nosotros estamos mintiendo”, expresó Rendón Herrera, pero agregó que los grupos paramilitares en esa subregión del Urabá antioqueño surgieron como reacción de la gente a lo que él llamó “el sometimiento de la guerrilla”.

Y continuó con su queja: “en 1995, en Urabá no había un solo ciudadano ni un solo empresario de la industria bananera y platanera, las Fuerzas Militares y de Policía, la clase política y los ganaderos, que no fuera un miembro más de la autodefensa. Pero hoy ninguno los vio, ninguno los conoció; los que fuimos en una época miembros de autodefensa y que la salvamos de caer en las garras de la guerrilla hoy no nos conocen”.

‘El alemán’ también expuso una realidad que ha sido reiterada por varios desmovilizados paramilitares, tanto jefes, como mandos medios y patrulleros: “el apoyo brindado por amplios sectores estatales y particulares permitió que el proyecto de las autodefensas se fortaleciera, se estructurara militar y políticamente, y se expandiera como pólvora por todo el territorio nacional”.

Pero no sólo reclamó responsabilidades de aquellos dirigentes gremiales, empresarios, ganaderos, políticos, militares y policía que tuvieron relación con las Accu y la Auc, sino con las adquiridas al patrocinar los llamados Comandos de Alternativa Popular, estructuras armadas surgidas en agosto de 1995 por ex guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (Epl) desmovilizados en 1991, quienes fueron reiteradamente atacados por las Farc tras considerar su decisión de dejar las armas como “una traición a la causa de la revolución”.

En un pronunciamiento divulgado el 13 de agosto de 1995, esta nueva organización armada ilegal anunció su creación: “Ante el  incontenible avance de los grupos guerrilleros en Urabá y la incapacidad del Gobierno nacional y las autodefensas campesinas de evitar que esta región del país quede en manos de la guerrilla, hemos tomado la determinación de crear una organización de carácter militar denominada Comandos de Alternativa Popular, integrada por ex guerrilleros, ex paramilitares y habitantes de Urabá afectados por la guerrilla”.

De acuerdo con la versión de ‘el alemán’, la justicia debe indagar los crímenes cometidos en esa época pues a su juicio hoy se pretende responsabilizar de ellos a las Accu y Auc; además, se preguntó “¿dónde están quienes crearon los Comandos de Alternativa Popular?, ¿dónde están los dirigentes políticos y los miembros de la Fuerza Pública que patrocinaron su creación?”

Al ser interpelado tanto por el representante de la Procuraduría General de la Nación presente en la sala de audiencias, como por la Fiscal  para que diera nombres concretos de políticos, empresarios, comerciantes y miembros de la Fuerza Pública, el ex jefe paramilitar fue persistente en advertir que algunos de ellos los daría en audiencias posteriores, que otros solo los sabía por rumores y quedesconocía algunos más.

Se espera entonces que durante los próximos cuatro días que siguen de versión libre, este postulado, quien siempre recurre al juego de imágenes y a la retórica para referirse a su pasado criminal, realmente le dé a las autoridades los detalles necesarios para establecer los nexos del paramilitarismo con los empresarios, comerciantes, políticos y miembros de la Fuerza Pública, y respondan ante la ley por sus hechos.

Además la justicia deberá investigar la veracidad o no de sus afirmaciones.

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