Casi dos décadas después, el Estado colombiano admitió su participación en los crímenes contra el profesor Jorge Adolfo Freytter Romero, secuestrado y asesinado en 2001 por paramilitares y miembros del Gaula de la Policía Nacional. El acto de reconocimiento de responsabilidad se llevó a cabo hace dos semanas por medios digitales y estuvo liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

“Se le arrebató la vida en un acto violento y sin sentido que aún hoy nos resulta incomprensible y doloroso”, declaró Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia. “Las autoridades están para proteger a los ciudadanos y garantizar su seguridad, es inaceptable que su misión se desdibuje y deslegitime en favor de los violentos”.

La misión estatal se desdibujó al mediodía del 28 de agosto de 2001, cuando Freytter Romero fue secuestrado por paramilitares que lo interceptaron a la entrada de su casa en el barrio San Isidro, suroccidente de Barranquilla. Tenía 51 años de edad, era profesor pensionado de la Universidad del Atlántico, abogado y un reconocido representante sindical de extrabajadores de la institución de educación superior.

La alianza entre agentes de organismos del Estado con grupos paramilitares en el Atlántico para la ejecución del crimen está probada en los procesos penales seguidos a dos coautores materiales ya condenados por la justicia por cargos de tortura, desaparición forzada y homicidio: Carlos Romero Cuartas, alias ‘Montería’, desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y Rafael Mariano Silvera, exagente del Gaula.

Hay numerosa evidencia de que las muertes de Freytter y otros 29 miembros de la comunidad de la Universidad del Atlántico fueron parte de un ataque sistemático porque realizaban denuncias y se opusieron a que grupos de extrema derecha infiltraran el centro de enseñanza.

Señalamientos directos fueron expuestos ante fiscales y jueces de los tribunales de Justicia y Paz por alias ‘Montería’, quien señaló a altos directivos del centro educativo. (Leer más en: Los crímenes de la Universidad del Atlántico)

En el caso del profesor Freytter, la Fiscalía declaró su homicidio delito de lesa humanidad en enero pasado. Varios de los testimonios recaudados coinciden en que lo mataron porque cuestionó en público la corrupción en el alma máter, con énfasis en los dineros que debían destinarse para pagar las mesadas a los pensionados.

“En el momento en que están forcejeando con el fin de que se soltara de las rejas, lo golpearon y les decía que era profesor de la Universidad del Atlántico, pero sus agresores le contestaron: fuiste a hablar mierda a Bogotá”, señaló una testigo. (Leer más en: Asesinato del profesor Jorge Freytter, delito de lesa humanidad)

Al día siguiente, 29 de agosto, su cuerpo semidesnudo fue hallado con signos de tortura y disparos a un lado de la vía que conduce de Barranquilla al municipio de Ciénaga (Magdalena).

Capturar a coautores

A la ceremonia virtual asistieron familiares de la víctima, una abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representantes del Parlamento y la academia de la comunidad autónoma del País Vasco (España), y Antonia Urrejola, relatora para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En sus intervenciones, dos de los hijos del docente reclamaron al Estado colombiano comprometerse en investigar a fondo para que se conozca la verdad completa y en contexto de lo ocurrido y evitar que hechos como este se muestren accidentales o aislados, con responsabilidades difuminadas.

Jorge Freytter Franco, hijo mayor del representante sindical asesinado, no cree que la Universidad del Atlántico sea víctima, sino victimaria: “Treinta personas no pudieron ser asesinadas por la divina providencia. La divina providencia no permitió, financió y facilitó el ingreso de paramilitares y agentes de la seguridad del Estado a la Universidad para secuestros, torturas y asesinatos. Fue la alianza paramilitar con la corrupción en la Universidad. No lo digo yo: así lo reseñan diversos testimonios y artículos periodísticos”. (Leer más en: El paso macabro de las Auc por Atlántico)

Freytter Franco denunció que hace varios años tuvo que salir de Colombia por amenazas de muerte. “No puedo aceptar su perdón. Reconozco el gesto, pero no lo acepto. Máxime, cuando el paramilitar ‘Montería’ ni siquiera ha pedido perdón y cuando no se captura o se le da de baja a los autores materiales e intelectuales, porque así lastimosamente debe ser. Estos, al parecer, siguen delinquiendo como si fueran los dueños de la impunidad”.

Su hermano Jorge Freytter Florián se refirió al peso de “una triple victimización” por la destrucción familiar, el exilio al que también recurrió y el silencio de la soledad: “Me cuesta aceptar y creer en un reconocimiento abstracto, donde las voces de lo políticamente correcto y la diplomacia nos reúnen para recordar a nuestro padre”.

En nombre de su familia, Freytter Florián solicitó la captura de los autores intelectuales y que se investigue la cadena de asesinatos, amenazas y seguimientos contra integrantes de Uniatlántico. “¿Qué políticos, militares o administradores públicos dentro de la universidad avalaron este crimen? ¿Cómo ingresaron estructuras paramilitares? ¿Por qué la alianza con el Gaula y su complicidad con personas dentro de la universidad?”, preguntó.

Pistas de algunas de las respuestas reclamadas por los hijos del profesor, abogado y sindicalistas se encuentran en la extensa sentencia proferida a comienzos del año pasado por tribunales de Justicia y Paz contra Edgar Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, uno de los exparamilitares que estuvo al frente de las acciones criminales en el departamento del Atlántico. (Leer más en: ‘Ojitos Azules’, el verdadero poder del paramilitarismo en Atlántico)

La otra petición la dirigió al excomandante del Bloque Norte de las Auc, Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’, quien el lunes anterior regresó deportado al país desde Estados Unidos, tras purgar una condena por narcotráfico.

“Que hable sobre cómo organizaron los diferentes asesinatos en las universidades públicas y, especialmente, la Universidad del Atlántico. Necesitamos destapar todo este entramado criminal. ¿Quiénes dieron las órdenes y de dónde salió la financiación de estos delitos de lesa humanidad?”, reclamó el hijo del docente.

Freytter Florián advirtió que otros dos presuntos coautores están identificados y tienen medidas de aseguramiento de la Fiscalía con requerimientos internacionales: el exteniente de la Policía y exmiembro del Gaula, Flover Torres Sánchez, y el patrullero Germán Sáenz Cuesta. “Hasta el día de hoy no se sabe nada de sus paraderos”.

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Por Francisco Cortés Rodas*

Amenazas y agresiones registradas en marzo de este año configuran el atentado más grave al Alma Mater que se ha producido desde finales de los noventa

La Universidad de Antioquia ha vivido en distintos momentos de su historia situaciones difíciles de violencia y terror. En la década de los ochenta, bajo el imperio de las mafias de la droga y de agentes paraestatales, fueron asesinados más de una decena de estudiantes y profesores: Leonardo Betancur, Luis Felipe Vélez, Héctor Abad Gómez. En 1998, las autodefensas universitarias, ligadas a las Autodefensas Unidas de Colombia, intervinieron en la universidad asesinando a profesores y estudiantes, y establecieron, en consonancia con lo que hacían en el país, un régimen de terror. Mataron a Jesús María Valle, destacado defensor de  Derechos Humanos, Hernán Henao, director del Instituto de Estudios Regionales y Gustavo Marulanda, estudiante de Filosofía. Estos dos últimos crímenes los ordenó Carlos Castaño y fueron ejecutados por actores internos de las autodefensas universitarias.

Los atentados contra la comunidad universitaria se redujeron notablemente durante el proceso de negociaciones de paz,  como también sucedió con las acciones de militancias políticas que utilizaban la violencia. Pero así como el proyecto de pacificación de la sociedad está en una seria crisis, se está viniendo abajo en el campus universitario la armonía que permitía que la universidad desarrolle su proyecto educativo.

El lunes 1 de marzo difundieron en la Universidad de Antioquia un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), amenazando a profesores, sindicatos y organizaciones estudiantiles. Pocos días después fue atacada con puñal y herida en un pulmón la profesora Sara Fernández, quien es Secretaria de la Asociación de Profesores, una de las organizaciones amenazadas.

Este acto, el más grave atentado al Alma Mater que se ha producido desde finales de los noventa, conduce nuevamente a la universidad al dominio de la violencia. Así, se ha puesto en marcha un proyecto de violencia puramente destructiva contra la comunidad universitaria que persigue atacar a quienes expresan su inconformismo por las injusticias, la corrupción y la pobreza.

Esta situación estuvo precedida por la equivocada decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien mediante el “Protocolo de Reacción contra Explosivos en Universidades”, autorizó el 22 de febrero la entrada del ESMAD al campus universitario con el fin de impedir el uso de explosivos por parte de los capuchos, capturarlos y judicializarlos. Nada de esto se produjo. El alcalde mostró que no tiene ni astucia política ni conocimiento objetivo para tomar decisiones responsables. Si por razones extremas la fuerza pública debe entrar a la universidad, debe hacerlo respetando los derechos humanos y la integridad de los universitarios. El alcalde se estrelló con algo que no se había imaginado: enfrentar un actor violento que se camufla dentro de una comunidad universitaria enfurecida por la intromisión de la bota militar en el campus. Y desató así fuerzas telúricas que han traído de nuevo la violencia destructiva a la universidad. El alcalde es entonces responsable políticamente por las consecuencias dañinas que ha generado su decisión precipitada e inconsulta.

Pero debo decir que todo esto no es el Alma Mater de Antioquia. A pesar de esta historia de violencia, la universidad está más allá de lo que la irracionalidad de la violencia pueda causarle, violencia que no pertenece a su naturaleza, ya que en su esencia está ser esencialmente humanística y en sus ideales está realizar un gran proyecto de inclusión orientado a superar, por medio de la educación, algunas de las desigualdades sociales existentes en el país.

La universidad es un espacio del pensamiento en el cual los profesores y estudiantes deben valerse de la razón para argumentar, discutir, controvertir. La racionalidad se refiere a la capacidad de las personas para desarrollar procesos de justificación, seguirlos y poder hacer uso de ellos. Un universitario es ante todo una persona que argumenta, un jugador del juego de dar y pedir razones.

La universidad debe tener autonomía para poder alcanzar su función más propia, que es alcanzar la verdad. De la autonomía se sigue la libertad de cátedra, de investigación y, en general, de opinión. Los derechos a la libertad de cátedra, enseñanza y asociación, y a la libertad de pensamiento, son derechos de los profesores, establecidos en la Constitución, que deben ser garantizados por las autoridades universitarias.

Esta idea de universidad sufre en este momento la violencia destructiva de las AGC que intervienen brutalmente para atacar a militancias políticas de izquierda que no necesariamente lideran los tropeles. Los encapuchados, a partir de una romantización de la protesta violenta, han terminado siendo parte de un proceso de violencia destructiva contra la universidad. Es inaceptable entonces tanto el enaltecimiento de los manifestantes violentos como la solución paraca de las AGC. Son dos asuntos distintos, pero inadmisibles. La autonomía universitaria debe ser defendida a ultranza, y no debe ser amenazada nuevamente por la violencia. Esta amenaza la destruye.

* Filósofo y profesor de la Universidad de Antioquia.

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Según declaraciones a la Fiscalía 12 de Justicia y Paz de Barranquilla, Carlos Romero Cuartas, alias ‘Montería’,  empleados de la Universidad del Atlántico, entre los que se encuentra el exrector Ubaldo Meza, participaron en el homicidio de varios estudiantes, profesores y sindicalistas de este centro de educación superior.

Alias ‘Montería’ aseguró que el exrector es el autor intelectual de varios asesinatos ocurridos durante su gestión al frente de la universidad, entre 1997 y 2000, junto con extrabajadores de esta institución educativa como Carlos Palma, quien para la época trabajaba en la Oficina de Admisiones, y Ricardo Sevilla,  antiguo miembro del sindicato de la universidad.

Son diversos los señalamientos por parte de varias víctimas, en los que se le adjudica directa o indirectamente de influir en los asesinatos de varios líderes estudiantiles que fueron críticos con su gestión, sobre todo aquellos que hacían denuncias por corrupción y desvío de dineros por medio de facturas falsificadas.

“Ellos tenían unos proyectos pequeños a los que le llamaban ‘muñecos’ ¿Qué es un ‘muñeco’? Yo decía vamos a traer un conferencista que dé una charla por dos días y con viáticos son 5 millones de pesos, pero de esa charla el conferencista nunca se enteraba. Sacaban los tiquetes y todo para demostrar, pero esa plata iba para otro lado”, le explicó a VerdadAbierta  Javier Castro*, un estudiante que hizo parte del sindicato estudiantil de la época y que conoció como era el manejo administrativo de la universidad, actualmente vive en el exterior debido a las amenazas que recibió en su contra.

Este líder estudiantil también nombra a  Estrella Pérez, esposa de Ubaldo Mesa, de estar también detrás de algunos de los asesinatos dentro de la institución. “En una reunión ella me pregunta: ¿Tú con quien estas, con las FARC o con el ELN? Y yo le dije: yo estoy con ustedes. Me dice: Ah bueno porque ya nosotros arreglamos eso y a todo el que haya estado o colabore con la guerrilla lo van a matar.”

Verdadabierta.com trató de comunicarse con Meza para escuchar su versión de la historia pero no  tuvo respuesta por parte del ex rector, pero retomando una entrevista que concedió al portal Zonacero.info él niega estos señalamientos, atribuyendo estos ataques “a un plan macabro orquestado por su lucha en contra de las anomalías”.

Los homicidios
Los acusaciones que recaen sobre Ubaldo Meza lo señalan  como el responsable de  filtrar una ‘lista negra’ con los nombres de sus opositores a organismos de seguridad como el DAS donde se les identificaba como miembros simpatizantes de la guerrilla.

Según alias ‘Montería’, el DAS, la Policía y el Ejército les ayudaban en la labor de inteligencia y son varios los casos en donde primero  a las víctimas se les capturaba adjudicándoles cuentas pendientes con la justicia, pero por falta de pruebas se les dejaba libres. Para Yessika Hoyos, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo estas detenciones no eran más que una excusa para poder realizar un perfil de las víctimas e identificarlas plenamente, para luego empezar a hacerle un seguimiento que finalmente terminara con la muerte.

Tal es el caso de Reinaldo Serna López y Humberto Contreras Sereno, ambos estudiantes de Derecho y ampliamente conocidos en la universidad por sus denuncias contra la corrupción y los malos manejos que se le estaba dando al plantel educativo, que luego fueron detenidos por agentes de la Sijín acusados ser guerrilleros y de haber sido responsables de  una explosión dentro de un aula de la universidad  que les causó la muerte dos estudiantes,  el 4  de febrero del 2000,  y a los pocos días fueron liberados por falta de pruebas en contra de ellos.

Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP ambos estudiantes habían recibido amenazas por sus denuncias en contra de la universidad y sus nombres  estaban escritos en una lista negra que  circulaba al interior de la Universidad del Atlántico.

Posteriormente a Humberto Contreras lo asesinaron el 23 de abril de 2001 y a Reinaldo Serna lo mata un sicario que se movilizaba en una moto color azul el 9 de noviembre de 2002, en Barranquilla.

Jorge Adolfo Freytter Romero

Otro caso en el que esta vez la justicia logró comprobar que agentes del Gaula colaboraron con las estructuras paramilitares del Bloque Norte fue en el secuestro y asesinato del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero y por el cual alias ‘Montería’ fue condenado a 18 años y seis meses de prisión.

Jorge Freytter para la época era abogado de del sindicato Asojua (Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico) y constantemente denunciaba la falta de pago de las pensiones por parte de la universidad.  Una semana antes de ser asesinado el señor Freytter  fue detenido por agentes de la SIJIN explicándole que tenía que responder por una supuesta demanda de alimentos, e igual que los casos antes nombrados, fue puesto en libertad por faltas de pruebas.

Una semana después, según datos del Banco de Datos del CINEP,  es secuestrado el 28 de agosto de 2001 en una camioneta Toyota roja  en momentos en que llegaba a su casa en Barranquilla. Su cuerpo es encontrado al otro día en la vía hacía Ciénaga, Magdalena, con signos de tortura que luego el desmovilizado confirmaría. Contó que la víctima fue asesinada en una bodega donde lo torturaron para sacarle información y luego  lo asfixiaron con una bolsa.

Según las declaraciones de alias ‘Montería’, quién  ejecutó al profesor Freytter, fue Oscar Orlando Ortiz, alias ‘Moncho’, quien para la época era el comandante del frente José Pablo Díaz, con la colaboración de  dos agentes del Gaula, el teniente Flover Argeny Torres y  Julio César Pacheco, alias ‘La cacha’.

Al preguntársele a ‘Montería’ el motivo por el cual asesinaron al profesor Freytter, él afirma que lo confundieron con un comandante de las FARC. Información que contrasta con las declaraciones tomadas por los investigadores del CTI, “a eso de las 13:15, cuando el bus se estacionó, unos sujetos aprovecharon el momento, llamaron por su nombre al profesor, éste al percatarse salió corriendo y fue tomado por sus captores y conducido por la fuerza sin rumbo conocido”, dijo un testigo que presenció el secuestro.  Además agrega que quién encañona a Freytter le grita “¡Tú eres un sapo! ¿Qué fue lo que fuiste a decir a Bogotá?”, suponiendo que él hizo denuncias en contra de la administración  de la universidad semanas antes que lo secuestraran.

El caso de Jorge Freytter es de los pocos en los que la justicia ha avanzado hasta encontrar los culpables, pero aún quedan muchos casos en los que la impunidad ha reinado como el del también profesor Lisandro Vargas, quién fue Vicerrector de la Universidad de Atlántico y hacía parte de la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU. El profesor Vargas antes de ser asesinado venía realizando fuertes denuncias en contra del entonces rector Ubaldo Meza por la corrupción que se venía presentando en la institución y dicen que tenía pruebas en contra de Meza que desaparecieron luego de que los paramilitares lo asesinaran  el 23 de febrero de 2001.

No fueron hechos aislados
Para defensores de los Derechos humanos, los asesinatos que ocurrieron en la Universidad del Atlántico no fueron hechos aislados. En el computador de  Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, los investigadores hallaron una carpeta nombrada como ‘amigo DAS’,  que contenía varias listas donde se encontraban nombres de sindicalistas, líderes de oposición y defensores de derechos humanos de la costa, junto con sus direcciones comprobando así los nexos de las estructuras paramilitares con las agencias de seguridad del Estado.

Y no solo eso. Las declaraciones del ex jefe de la Unidad de Informática del DAS, Rafael García involucran al entonces director del DAS, Jorge Noguera, como colaborador de las AUC, especialmente con ‘Jorge 40’ y el Bloque Norte, al que –afirma- le filtraba estas ‘listas negras’.

Investigaciones del Colectivo  de Abogados José Alvear Restrepo apuntan a que la incursión del Bloque Norte de las Autodefensas en la Universidad del Atlántico hacía parte su plan de expansión, no solamente para evitar que la guerrilla se tomara las instituciones de educación públicas, sino también porque para las AUC las universidades de la costa les servían como financiadoras de su proyecto.

Su plan fue controlar estas instituciones  públicas, como lo pudo comprobar la Fiscalía en la Universidad de Córdoba, donde Salvatore Mancuso ayudó a llegar a la rectoría a Víctor Hugo Hernández y con su complicidad se ordenaron asesinatos de profesores y estudiantes por el simple hecho de pertenecer a sindicatos y organizaciones sociales.  “Víctor Hernández es un hombre que conocíamos y lo apoyamos  a la rectoría”, declaró el ex jefe paramilitar en versión libre  del 15 de enero de 2007 ante la Fiscalía. Plan que, según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo  se emuló por las  diferentes universidades de la costa, incluyendo a la del Atlántico.

*El nombre fue cambiado por seguridad de la fuente.

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En el Atlántico, los paramilitares de ‘Jorge 40’ y ‘Don Antonio’ asesinaron, desaparecieron, extorsionaron y desplazaron a sindicalistas, académicos, estudiantes, políticos y comerciantes para imponer su “ley”.

Entre 2003 y 2006, el Bloque Norte de las Auc incursionó en el departamento del Atlántico como parte de una estrategia de expansión que orquestó el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ con el objetivo de ampliar su control sobre las rentas públicas de la salud y la educación, además de manejar a su antojo negocios ilegales como el narcotráfico y otros legales a través de testaferros y cómplices.

Para lograr su propósito, el paramilitar envió a la región al ex mayor del Ejército José Pablo Díaz, quien fue asesinado en2003 en la carretera troncal del Caribe. En su reemplazo, asumió el ex capitán del Ejército Édgar Ignacio Fierro, conocido con el alias de `Don Antonio’, quien llevó a cabo la tarea propuesta con macabra eficacia.

A comienzos del nuevo siglo, el departamento del Atlántico parecía mantenerse al margen del conflicto armado que padecía el litoral Caribe, pese a que su capital, Barranquilla, era punto de llegada de miles de desplazados de la región. La situación comenzó a complicarse en el año 2003, cuando llegaron los paramilitares a la ciudad.

Según un informe de la Procuraduría General de la Nación que se conoció durante la audiencia, el arribo de los paramilitares comandados por ‘Don Antonio’, jefe del Frente José Pablo Díaz en Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre y Córdoba, influyó en el aumento de los homicidios en todo la región.

Solo en 2004 en el Atlántico ocurrieron 730 asesinatos, mientras que en 2005 y 2006, aunque bajaron un poco, la cantidad de homicicios siguió siendo alta, con 637 y 609 casos respectivamente. Barranquilla fue la ciudad más afectada con la presencia paramilitar con 1664 asesinatos entre 2003 y 2006, seguida por Soledad con 572 y Malambo con 116.

Durante la etapa de juicio contra alias ‘Don Antonio’, la fiscal Daicy Jaramillo, de Justicia y Paz, logró esclarecer cientos de crímenes que enlutaron a la región y que fueron cometidos por los paramilitares por el simple objetivo de entrar a una zona que no presentaba los síntomas del conflicto armado que se vivió en el Caribe.

Pero más que combatir a la guerrilla, los paramilitares buscaban apoderarse, fundamentalmente, del negocio del narcotráfico. Por lo menos así lo establecieron varios informes de entidades estatales como la Policía, el Ejército, la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo.

Si bien el negocio ilegal estaba bajo el dominio desde la década de los ochenta por grupos como el Cartel de la Costa, del extraditado Alberto Orlandez Gamboa, alias ‘El Caracol’, el Clan Nasser Arana y los Mellizos Mejía Múnera, el jefe paramilitar Jorge 40’ encargó a Miguel Villareal Archila, alias ‘Salomón’, subintendente retirado de la Policía, para que controlara todo el narcotráfico que saliera entre las ciudades de Barranquilla y Cartagena.

Fue así como entre 2003 y 2006 los narcotraficantes, según un informe de la Dijin, “lograron sacar más de 100 toneladas de cocaína con permiso de miembros de la Policía del Atlántico, que se cobraba por transitar por (el) territorio bajo su control”; además, se logró establecer que en esos años los paramilitares lograron cobrar 2 millones de dólares de “impuestos” a los embarques de narcóticos que pasaban por el Atlántico.

Este grupo también inició una mal llamada “limpieza social” a través de asesinatos de vendedores y consumidores de droga, y miembros de bandas armadas ilegales, entre otras acciones, como una manera de tomar el control de la criminalidad de Barranquilla y sus alrededores.

Otra de las estrategias que aplicaron ‘Jorge 40’ y ‘Don Antonio’ fue extorsionar a todo el comercio legal que existiera en el Atlántico.

Además de intentar controlar todos los ámbitos económicos legales e ilegales de esta región, las Auc golpearon con fuerza a las organizaciones sociales. El Frente José Pablo Díaz empezó una ofensiva contra defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, políticos, comerciantes, ganaderos, líderes sindicales y comunitarios, miembros de las comunidades LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y transexuales) a quienes amenazaron, desplazaron y asesinaron, para encubrir la verdadera razón de su presencia en el Atlántico.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2003, la estigmatización de los paramilitares contra los miembros de los sindicatos llegó a tal punto que amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelca, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagricola, Sintrago y Fecode.

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo expuesto en la audiencia, entre 2005 y 2006 los paramilitares amenazaron a 890 sindicalistas, estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico. En este último año los paramilitares asesinaron a 3 sindicalistas.

Para lograr esa afectación, y como se conoció tras la captura de ‘Don Antonio’ en marzo de 2006 en Santa Marta y la incautación de su computador personal, los paramilitares contaban con el apoyo de miembros de organismos de seguridad como el DAS y la Policía para identificar a sus víctimas y posteriormente obligarlas a desplazarse o asesinarlas. En esencia, esa macabra integracion, llevó a los paramilitares a hacer el trabajo “sucio” contra líderes sociales en Barranquilla y el Atlántico.

Así quedó en evidencia una vez se analizaron los contenidos del computador de ‘Don Antonio’. La máquina tenía decenas de archivos con información del bloque paramilitar, entre ellos cómo funcionaban las diez comisiones que se implementaron en la región, detalles de todas las actividades delictivas del frente, listas de sindicalistas, supuestos guerrilleros, políticos, académicos y funcionarios que fueron asesinados por los hombres de ‘Don Antonio’.

Este computador, más las confesiones hechas por ‘Don Antonio’ a la Fiscalía, permitieron iniciar numerosas investigaciones contra cómplices de las Auc en esta sección del país y esclarecer cientos de crímenes cometidos por el ex jefe del José Pablo Díaz y sus hombres, en especial contra personas inocentes sin ninguna justificación, entre ellas los sindicalistas, tanto de base como directivos.

De acuerdo a su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Fierro Flórez se reunió en una oportunidad con Rafael García, ex funcionario de informática del DAS, con el fin de conocer la información clave que éste tenía sobre presuntos colaboradores de la guerrilla en el Atlántico.

Al parecer se trataba de listas con información de líderes sindicales, profesores, estudiantes universitarios y activistas de izquierda elaboradas por el organismo de inteligencia para ser entregadas al Bloque Norte de las autodefensas. Según “Don Antonio”, el ex funcionario del DAS contaba con las hojas de vida de estos líderes sociales a quienes el DAS presuntamente había identificado como miembros del Partido Comunista Clandestino (PC3) de las FARC.

El momento culminante del incidente ocurrió cuando varias de las víctimas le pidieron a ‘Don Antonio’ que les explicara las razones para asesinar a sus familiares. El paramilitar solo atinó a decir que no había justificación de lo hecho por él y sus hombres.

Ante la insistencia de las víctimas, la magistrada que conducía la audiencia dijo que “no hubo ninguna razón o motivos para asesinar a nadie. La única razón fue que eran delincuentes al margen de la ley. Nadie tiene derecho de matar a nadie. Esta facción armada al margen de la ley no tenía autorización ni legitimidad para matar a nadie. Los argumentos que dan los postulados son argumentos irresponsables.”

El temor que infundieron los paramilitares fue tal que durante las primeras jornadas de la audiencia de reparación de ‘Don Antonio’, varias de las víctimas, quienes tenían la posibilidad de hablar de forma directa al paramilitar y a la juez del caso, se negaron a decir su nombre en público o utilizar su derecho a la palabra.

La fiscal séptima de Justicia y Paz Deicy Jaramillo dijo al Tribunal que el exparamilitar “deberá comprometerse a no volver a repetir estos delitos, a pedir un perdón público, a restaurar el buen nombre de las víctimas y para ello deberá tenerse en cuenta lo pedido por la Delegada de la Procuraduría y por cada una de las víctimas, como se presentó en desarrollo de esta audiencia”.

Al final, según lo documentó la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el grupo paramilitar comandado por ‘Don Antonio’ fue responsabilizado, entre otras cosas, de la comisión de 245 asesinatos selectivos, del desplazamiento forzado de por lo menos 592 personas, así como de reclutamiento forzado y de concierto para delinquir, todo esto sin que en ese departamento se haya dado un solo combate entre las Auc y la guerrilla. Además, se declaró que todos estos crímenes fueron cometidos en razón del conflicto armado interno y se constituyeron graves violaciones de derechos humanos, crímenes guerra y delitos de lesa humanidad.

Una vez superado el incidente de reparación, lo que viene ahora dentro del proceso de justicia transicional es el fallo de los magistrados de Justicia y Paz, programado para el 7 de diciembre de este año y en el que se dictará  sentencia contra de ‘Don Antonio’ y se dictaminará el monto y la formas de reparación a las víctimas.

Delitos emblemáticos
A continuación se detallan algunos de los principales delitos que cometió el Frente José Pablo Díaz y que documentaron la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría:

Finanzas
El grupo paramilitar tuvo varios músculos económicos, siendo el narcotráfico su principal fuente de financiación.

El Frente José Pablo Díaz heredó a principios de 2000 las rutas del Cartel de la Costa, luego de su desarticulación a finales de 1998. En su reemplazo, el exjefe paramilitar creó una nueva estructura delictiva que bautizó Comisión al Mar y encargó de ella a Miguel Villarreal Archila, alias ‘Salomón’, un subintendente retirado de la policía que delinquió con los paramilitares.

En versión libre, alias ‘Salomón’ admitió que en complicidad con la policía los narcotraficantes sacaron por los puertos del Atlántico más de 100 toneladas de coca entre 2003 y 2006; además aseguró que los paramilitares les cobraron por cada kilo un impuesto que osciló entre 50 y 75 dólares. De esta forma, el exparamilitar calculó que cada año este frente de las Auc logró recaudar dos millones de dólares.

La segunda fuente de recursos fueron las extorsiones. En versión libre, Jairo Rodelo Neira, alias ‘Jhon 70’, confesó que cobró ‘vacunas’ a todos los finqueros y comerciantes ubicados entre el corregimiento de Palermo y el puente de Aguas Negras.

Undeco calculó que en 2005 los comerciantes en Barranquilla, incluidos los vendedores ambulantes, fueron obligados a pagar un ‘impuesto’ de $50 mil pesos semanales. Ese año, esta agremiación, que asocia a los tenderos de la ciudad, calculó que la suma que habrían recibido los ilegales pudo alcanzar 3 mil millones de pesos mensuales.

El tercer brazo financiero fue la infiltración en la economía legal. En el computador de alias ‘Don Antonio’ las autoridades encontraron que los paramilitares controlaron la Cooperativa de Leche Coolechera con dos fines: de un lado, como fachada para lavar el dinero que ganaban por impuestos al narcotráfico; de otro, como un medio logístico para delinquir en la región.

En los recursos públicos, el Frente José Pablo Díaz vio otra forma de controlar el poder económico de la región. La justicia, por ejemplo, encontró culpables a los exalcaldades del municipio de Soledad, Rosa Stella Ibáñez y Alfredo Arraut, de haber entregado dineros públicos a los paramilitares y de dejarlos incidir en el Hospital Materno Infantil y la Oficina Jurídica de las Alcaldía.

Sindicalistas
Los líderes de sindicatos y trabajadores afiliados a organizaciones obreras se convirtieron en el principal blanco de los paramilitares dirigidos por alias ‘Don Antonio’. En Justicia y Paz, el exjefe paramilitar aceptó que ordenó asesinarlos con el pretexto de que las víctimas presuntamente eran afines a la guerrilla o a los movimientos políticos de izquierda. Uno de los crímenes más emblemáticos fue el cometido contra Adán Alberto Pacheco Rodríguez, ex presidente del Sindicato de Electrocaribe.

Según un informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo de diciembre de 2004, para ese año los paramilitares amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), así como integrantes de Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelcal, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagrícola, Sintrago y los educadores de Fecode. Ese mismo año, la Vicepresidencia de la Republica advirtió que 107 personas, entre sindicalistas, profesores y estudiantes, fueron amenazados. Cuarenta de ellos abandonaron la región por miedo.

En la audiencia, la Fiscalía narró como el Frente José Pablo Díaz asesinó entre 2001 y 2003 a Ricardo Orozco, Carlos Barrera Jiménez, Luis Torres, integrantes  de Anthoc; a Carlos Barrero, activista de Anthoc y ex trabajador del Hospital de Barranquilla, y a José Mendivil Cárdenas, miembro de la cooperativa de transportadores Cootrab y de Amnistía Internacional.

Otro de los crímenes fue el del abogado Miguel Antonio Espinosa, quien se había caracterizado por su trayectoria en organizaciones sociales, ocupando los cargos como el de Presidente del Sindicato del Dane, presidente de la CUT, militante de la UP y presidente ad honorem de la Liga del Usuario de Servicios Públicos Domiciliarios. Como abogado había ayudado a víctimas de desplazamiento que vivían en el barrio La Pradera, y al sindicato Anthoc.

El profesor Alfredo Correa, asesinado por los paramilitares en complicidad con el DAS. Foto César Molinares Dueñas

Universidad del Atlántico
La principal universidad pública del departamento también estuvo en la mira de alias ‘Don Antonio’ y sus hombres. Con la excusa de tildarlos de ser presuntos colabores de la guerrilla o afines a movimientos políticos de izquierda, el Frente José Pablo Díaz envió amenazas a trravés de panfletos contra sindicalistas, estudiantes y profesores.

Según informes de riesgo de la Defensoría Regional, los años 2005 y 2006 fueron los más críticos, con 300 personas y 590 personas amenazas de forma respectiva.  La Vicepresidencia de la República advirtió en un informe de 2006 que ese año fueron asesinados tres sindicalistas.

En versiones libres y en el juicio que adelantó la Corte contra el ex director del DAS Jorge Noguera, alias ‘Don Antonio’ confesó que los paramilitares se aliaron con el organismo de inteligenciadel Estado para perseguir y asesinar a personas que fueran consideradas un obstáculo para las Auc. El caso más emblemático, por el que Noguera fue condenado a 25 años de prisión, fue el asesinato de Alfredo Correa de Andreis, un profesor de la Universidad del Atlántico que investigaba los desplazamientos masivos en la Costa Caribe.

Quienes defendieron a la población desplazada fueron considerados “objetivos militares” por parte de las Auc. Foto archivo Semana

Defensores de derechos humanos
Así como ocurrió con los sindicalistas y miembros de la Universidad del Atlántico, alias ‘Don Antonio’ y sus cómplices persiguieron a las organizaciones sociales, líderes, comunidades religiosas y académicos que trabajaban en defensa de la población desplazada.

Según la Comisión Nacional de Juristas, entre 2000 y 2005 se registraron cinco casos de violaciones de derechos humanos contra defensores sociales. Aunque la Procuraduría General advirtió en su informe que no existen registros de un gran número de asesinatos contra esta población eso no significó que no fueran amenazados y limitados para defender los derechos humanos.

Entre los casos más emblemáticos estuvieron los asesinatos de José Castillo Bolívar, ex candidato a la Alcaldía de Soledad; Nelson Mejía Sarmiento, ex alcalde de Santo Tomás; y las amenazas contra Carlos Zambrano, ex alcalde de Baranoa.

Población LGBT
Los paramilitares del Bloque Norte incluido el Frente José Pablo Díaz, persiguieron y asesinaron a cualquier persona que perteneciera a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

“La mayoría de violaciones a los derechos humanos de la población LGTB por parte de la autodefensas se encuentran ligadas a este tipo de prejuicios y creencias que subrayan las actitudes u orientaciones sexuales diversas como comportamientos inmorales que deben ser rechazados en cualquier orden social”, señaló el reciente informe que la Procuraduría General le envió al Tribunal de Justicia y Paz para que en su sentencia contra alias ‘Don Antonio’ tenga en cuenta el daño colectivo que perpetró el Frente José Pablo Díaz contra estas comunidades.

Superar miedos y desesperanzas
Según las víctimas, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, los daños causados por el Frente José Pablo Díaz a las comunidades del Atlántico desde el año 1999 hasta el 2006, generaron un impacto psicológico que  exige una reparación colectiva  y un acompañamiento de las instituciones para superar las huellas de la violencia paramilitar en la región.

Durante la conciliación para la reparación material, el Fondo Nacional de Reparación estableció que la cifra de indemnización  sería de 40 salarios mínimos, es decir  21 millones por delito. Igualmente, anunció que aquellas víctimas que, por el concepto de ayuda humanitaria ya habían recibido algún estipendio del Gobierno, iban a ser excluidas del actual proceso de reparación.

En su intervención durante la conciliación, ‘Don Antonio’ dijo no tener más bienes materiales para reparar a las víctimas una camioneta Toyota Blindada, un campero Mitsubishi Montero, una motocicleta, una cabaña ubicada en la vía que de Santa Marta conduce al aeropuerto de dicha ciudad y ciento cuatro millones de pesos en efectivo.“La reparación por mi ofrecida toca otros aspectos no menos importantes que lo material: la verdad, la entrega de varios restos humanos y la reparación simbólica”, agregó el jefe paramilitar.

Según el informe de la Procuraduría, la reparación simbólica depende del reconocimiento de  afectación psicológica a las comunidades. La incursión del Frente en la región hizo que la sociedad civil se adaptara a la presencia del grupo paramilitar y a sus estrategias de terror que convirtieron al miedo en su forma de vida. El daño emocional interrumpió también las prácticas culturales y políticas cambiando las dinámicas normales de las comunidades, pues las fiestas populares casi se extinguieron mientras la participación política despareció.

En los municipios de Soledad, Malambo, Sabanalarga, Sabanagrande, Sitionuevo, Luruaco, Ponedera y Palmar, las llamadas ‘limpiezas sociales’ empezaron a ser justificadas por las comunidades que adoptaron los principios morales que impusieron los paramilitares. Los niveles de intolerancia aumentaron y cualquier persona o grupo que no cumpliera con sus leyes era discriminado y, en la mayoría de los casos, atacado por la misma población civil. Así fue como se creó una sociedad que creía en la violencia como mecanismo legitimo para solucionar las diferencias y los conflictos.

Son claras las consecuencias sociales de las acciones del Frente, por eso es necesario iniciar el proceso de reparación  simbólica.

La primera exigencia de las víctimas fue la solicitud pública de perdón por parte de los jefes paramilitares, particularmente del procesado Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, comandante del Frente.

Según la Procuradoría, este acto solo es efectivo si se complementa con la creación de programas de acompañamiento psicosocial que permitan reconstruir el tejido social de las comunidades que aún viven en un estado de “dolor, terror, miedo, angustia, desamparo y desesperanza”.

Asimismo, el Ministerio Público sugirió iniciar procesos de reconstrucción de memoria y reparación simbólica, como la construcción de un parque conmemorativo para las víctimas, que le permita a las comunidades afectadas recordar y rechazar la violencia a la que se habían acostumbrado.

Para la CNRR, recuperar las prácticas políticas y la confianza en las instituciones, que desparecieron bajo el régimen paramilitar por los ataques contra sindicalistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, depende de la implementación de un programa de liderazgo comunitario y una estrategia encabezada por el Consejo Nacional Electoral que promueva la cultura de la legalidad, el control a los recursos públicos y el diálogo para la protección ciudadana.

Finalmente se exigieron acciones claras de la justicia frente a las autoridades políticas y miembros de las Fuerzas Militares que por más de 7 años se habían aliado con el paramilitarismo en sus acciones de terror.

En este sentido, la CNRR solicitó una aclaración acerca de las filtraciones del DAS que facilitaron la persecución a los  líderes sindicalistas así como un pronunciamiento frente a la desviación de recursos públicos, principalmente del sector salud, para financiar las actividades del Frente José Pablo Díaz de las Auc.
Ver Acciones del Frente José Pablo Díaz en el Atlántico en un mapa más grande

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