Por Daniela Acosta Célis

En la sala de su casa, Luz Herminda Velandia, mejor conocida como Jorleni, se toma un tinto mientras recuerda con algo de nostalgia cuando estaba en las filas de las Farc. No porque extrañe las armas, sino que allá en el monte, dice, sentía que recibía más respeto como mujer que ahora en la vida civil.

Revuelve el café mientras su hijo David, de tres años, corre a lado y lado en la casa que tiene dentro del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Georgina Ortiz, en el ​departamento de ​Meta. Reflexiona sobre las dificultades que ha sorteado por ser mujer y excombatiente, y afirma que en la vida guerrillera no se sentía discriminada, ni era constantemente insultada, a diferencia de la actualidad. “Es algo mucho distinto a la vida militar, al menos allá teníamos una igualdad y se respetaban al menos los derechos de las mujeres, hoy en día en la vida normal no”.

Un total de 3.750 mujeres estaban en proceso de reincorporación en ​ ​2023, representando alrededor del 29 por ciento de las personas que firmaron los acuerdos, según un informe de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz.

Jorleni, quien se reincorporó a la vida civil luego de​l​ Acuerdo de Paz del 2016 entre las Farc y el ​Estado colombiano, en cabeza del ​gobierno​ de Juan Manuel Santos​, sigue siendo líder entre sus camaradas, pero ella ha experimentado en su propio cuerpo cómo esos espacios ganados en la mata se están perdiendo.

No todas las mujeres en la guerrilla gozaban del respeto que tenía Jorleni. Muchas eran sujetas a violencias de género que iban desde la baja participación política, hasta violaciones sexuales y abortos forzados.

La Comisión de La Verdad realizó un informe especial en el que reúne relatos de mujeres hablando de su experiencia con la anticoncepción forzada y los abusos sexuales a los que fueron sometidas. Actualmente, la JEP está investigando el Caso 11, sobre violencia sexual y reproductiva, y otras violencias basadas en género o identidad sexual. Y aunque la Comisión de la Verdad estima que el número de las víctimas de violencia de género durante el conflicto alcanza a más de 30,000 personas, al 3 de ​​marzo del 2025, menos de 130 personas se han acreditado para participar en la investigación de la JEP del caso sobre violencia de género en el marco del conflicto.

En una entrevista hacia finales del 2024, el exjefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, reconoció que las violaciones sexuales se daban al interior de la extinta guerrilla, pero aseguró que “eso no era política de la organización” y que “se castigaban muy fuertemente”.

​​Pero para Según Jorleni y otras mujeres en proceso de reincorporación, el entorno de la guerrilla brindaba una sensación de respeto y equidad de género que las exguerrilleras cada vez encuentran menos en la vida civil. ​​​

​​​Las mujeres con mando durante el conflicto armado ocupaban posiciones de autoridad dentro de las Farc, participaban en operaciones militares, en la planificación estratégica y los procesos de toma de decisiones. La organización, por su estructura jerárquica y militar, promovía una igualdad relativa, donde hombres y mujeres eran juzgados y respetados por sus capacidades y porque existía un reglamento que tipificaba las faltas y los castigos para esas faltas.

La transición a la vida civil trajo algunos cambios muy difíciles para Jorleni. Poco después de instalarse en el ETCR, su excompañero sentimental empezó a violentarla física y verbalmente. “Eso sí fue un cambio muy, muy extremo, o sea, yo cuando estaba en la vida militar tenía un compañero que era amoroso, comprensible, compañerista, amable. Salimos a la vida normal y él ya se sintió como con esa libertad de hacer lo que él quería, de irse donde quería, llegar a la hora que quería, tomar, se volvió agresivo, grosero, de todo” dice.

Recuerda que la última vez que él la agredió fue un fin de año que iban a pasar juntos. El 31 en la mañana todo andaba bien, en la tarde llegó borracho, la insultó y la golpeó, Jorleni quedó sola en su casa y recuerda que se dijo “no puede ser más que yo conviva con una persona que me trate tan mal.”

“Yo tomo conciencia porque digo, estoy liderando un grupo de mujeres donde estamos combatiendo eso, acabar con el machismo, acabar con la violencia, pero pues si yo no lo pongo en práctica, que lo estoy viviendo en mi casa, de nada me sirve decirle a un grupo de mujeres: empodérese”, dice Jorleni, que ahora vive con una nueva pareja Yamith y su hijo David.

Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros refleja lo que vivió Jorleni y otras mujeres, explicando que, para las mujeres excombatientes, las dinámicas colectivas al interior de las Farc ya reflejaban una ruptura con los roles tradicionales de género. Esto incluía “una formación y socialización en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para hombres y mujeres”.

Y anota el estudio que “la reincorporación a la vida civil sin el apoyo adecuado del Estado puede conducir a la creación o fortalecimiento de condiciones adversas para las mujeres en proceso de reincorporación y retrocesos en la equidad de género, como dependencia económica, violencia basada en género, bajos niveles de participación política, entre otros”.

Según Manuela Marín, delegada del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), el proceso de reincorporación ha traído a las mujeres barreras adicionales a las que ya tienen que enfrentarse debido a la estigmatización de las personas exguerrilleras. “Aterrizamos en una reincorporación con una legislación que, si bien ha avanzado en estos últimos años, todavía carece de elementos que sobre todo prevengan y atiendan de manera inmediata a las alertas por violencias,” dice. “Entonces, ha sido muy difícil para nosotras abordar eso, sumado a que al final los hombres vuelven a la comodidad del patriarcado en el que tienen algunos privilegios. Nosotras enfrentamos las propias barreras que enfrentan todas las mujeres en Colombia”.

Jorleni, como muchas de sus compañeras, ha tenido que enfrentarse a la crudeza de un sistema patriarcal que constantemente pone en peligro la vida de las mujeres, mientras continúa trabajando por su comunidad y luchando contra la estigmatización en los territorios en los que comenzó su proceso de reincorporación. Frente a este panorama y ante la falta de pedagogía sobre el enfoque de género en la paz, la comunidad de su ETCR decidió desarrollar estrategias de autoprotección.

El ETCR donde vive Jorleni no cuenta con un protocolo como tal, pero sí existen unos mecanismos que ellos mismos crearon. Ella explica que la ruta comienza con el ​ ​​C​omité de ​C​onciliación y de ​G​énero, en dónde se les indica qué alertas se pueden activar en caso de ser violentada o violentado por su pareja. Si el caso es muy grave se pasa al ​C​omité de ​D​erechos ​H​umanos y si no hay forma de resolver, se ofrece la posibilidad de ir a la comisaría.

No obstante, para Claudia Durán, coordinadora de proyectos de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal Colombia), a pesar de los avances que han tenido las rutas de prevención y atención de violencias basadas en género, creadas por las comunidades desmovilizadas, por el gobierno o por la cooperación internacional, “las rutas de atención no están siendo tan efectivas”.

“Esta comunidad insiste en resolver las situaciones de violencias al interior de los espacios territoriales, a través de los comités de convivencia y en estos espacios, las situaciones de violencia se normalizan y siguen siendo del entorno privado como ‘situaciones de parejas que ellos tienen que aprender a resolver’”, dice Durán. Este tipo de procesos dificulta el registro de una cifra unificada sobre las violencias que sufren las mujeres firmantes.

​​​La posibilidad de transitar del comité de convivencia y la mala conducta, a la denuncia y la tipificación del delito, se ve aún más reducida cuando los funcionarios en prevención de violencias de género y atención a población firmante no tienen ese enfoque diferencial y terminan haciendo acción con daño, señala Durán.

Así también lo expresa Marín, de​ ​l​a​ CSIVI, cuando reflexiona sobre el apoyo estatal que han recibido. “Lo que hemos tenido hasta ahora en estos ocho años ha sido acción con daño, ejercicios de atención psicosocial que nos revictimizan, que quieren ponernos como mujeres violentadas, que no tenemos un carácter político, frases como que volver a vivir, como si el tránsito significara enterrar una vida a la que teníamos, dejarla de lado y empezar otra completamente distinta, y no es así. Entonces no ha habido una adecuación institucional que comprenda e interprete lo que significa el acuerdo de paz y eso para las mujeres sigue siendo una alerta muy grande”.

​​​Si la vida civil les ha demostrado a las mujeres exguerrilleras que es difícil resistirse a los mandatos patriarcales y las visiones tradicionales del hogar y los roles de género, a los hombres exguerrilleros les ha recordado con fuerza sus privilegios e insistido en conductas de dominancia, dice Jorleni.

“Yo siento que él ya se sintió una persona libre, no lo mandaba nadie, podía hacer lo que quiera”, dice de su expareja. “Yo siento que él sí se sintió como con esa libertad. Y pues esa libertad lo llevó a cometer muchos errores (de los) que hoy en día se arrepiente porque yo hablo mucho con él. Él dice que se arrepiente muchísimo de haber sido la persona que fue conmigo. Él dice, ​’​no, yo tomaba mucho trago, yo me dejaba influenciar por mis amigos​’​”, agrega.

Dice Jorleni que muchos hombres en proceso de reincorporación entienden las iniciativas de género como algo exclusivo de las mujeres. Por otro lado, las reconocen como una amenaza a este nuevo ejercicio de poder que ostentan en sus hogares. “El hecho de que un grupo de mujeres se declare de pronto independientes, mujeres empoderadas, eso significa que seamos objeto de burla. Yo siento que las mujeres en esta sociedad estamos corriendo un riesgo inmenso”, dice.

Frente a este panorama se han hecho muchos talleres enfocados a la construcción de masculinidades corresponsales y no hegemónicas, pero, como indica Marín, “la sensibilización no es suficiente, nuestra exigencia… es que los hombres también tramiten estos asuntos y conozcan y aprendan y desaprendan también.

“No es que nos vengan a ayudar o hacernos el favor de participar o hacernos el favor de involucrarse en estos asuntos, sino que es una responsabilidad política que tienen porque al final el proyecto de país que representamos o que estamos intentando construir significa también la transformación para las mujeres”.

Jorleni termina su tinto, alza en sus brazos a David y le sonríe. Más tarde en el día tiene que ir a clase, está terminando una carrera universitaria, y ya es hora de estudiar. David pasa a los brazos de su papá, mientras ella recoge las tazas de café de la mesa. La casa de Jorleni está llena de fotografías de su hijo, una por cada año y otros pares porque sí. Es la mejor forma de decorar su nuevo hogar, el primero construido con cemento y ladrillos, sólido, lleno de risas de una familia que está lista para un futuro.

* Foto de portada: Fabio Jiménez

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Hace poco más de un mes, el céntrico barrio La Soledad de Bogotá vivió horas de angustia tras una alerta de bomba. En plena Calle 37 con Carrera 26, un hombre arrojó una maleta debajo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transitaba por las calles de la ciudad. El artefacto no explotó y horas después las autoridades neutralizaron la amenaza.

#AEstaHora junto con @CarlosFGalan confirmamos la presencia de un artefacto al parecer explosivo en el barrio la Soledad, avanzamos en los protocolos de seguridad para detonarlo controladamente. pic.twitter.com/VSjtg9zm8k

— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 20, 2024

En la calle quedó el cráter de la explosión controlada, que afectó a una decena de viviendas del barrio y dejó sin luz a la comunidad por unas horas. Aunque la vía fue pavimentada en tiempo récord, el recuerdo de ese acto terrorista lo lleva la persona contra quien iba dirigido: el firmante del Acuerdo de Paz con las Farc, Germán Gómez Camacho.

#ACTUALIZACIÓN | Reportan estallido de mayor poder en Teusaquillo. El fluido eléctrico se interrumpió en la zona. Se trató de una contracarga para asegurar la detonación controlada por las autoridades.

Ampliación en https://t.co/4N47pmFbpd pic.twitter.com/L3cxCoDytF

— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) July 20, 2024

Conocido en la guerra como ‘Gabriel Ángel’, es actual director del Centro de Pensamiento y Diálogo Político (Cepdipo), una organización creada por excombatientes, que nació a partir del Acuerdo de Paz para realizar investigación sobre el conflicto, la verdad histórica y la implementación de lo pactado. Durante sus años en la guerra, ‘Gabriel’, como prefiere que lo llamen, jugó un papel de instructor y propagandista de las Farc. “Yo no fui propiamente un hombre de combate, de primera línea”, cuenta.

El Partido Comunes alertó que ese mismo día no fue el único hecho de riesgo que se presentó contra miembros de la organización: uno de los escoltas del abogado Camilo Fagua, coordinador de la defensa jurídica de los excombatientes, fue herido en un atentado.

En febrero de este año la Defensoría del Pueblo advirtió posibles riesgos por la presencia de diversos actores armados en la capital, entre ellos, las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Esa institución llama la atención por la aparición de videos en redes sociales, pancartas y comunicados en donde se manifiestan diferentes actividades de “legitimación social”, por parte de integrantes del Frente 33. “Según la información, en diciembre de 2023 este grupo armado entregó regalos a los niños y niñas, además de anchetas a sus familias en localidades como Los Mártires y Barrios Unidos”, precisa la Alerta Temprana 004-24.

El 13 de agosto se volvieron a prender las alarmas en la capital por la posible existencia de un plan para atentar con explosivos contra el Palacio de Justicia. Esa conclusión mantienen las autoridades tras la incautación de 60 cartuchos de fusil, 16 paquetes de explosivos y un chaleco tipo arnés de uso militar, junto a una maqueta del edificio en donde se encuentran las altas cortes.

Para ‘Gabriel’, las críticas que él ha realizado a los que continuaron o retornaron a la guerra lo han vuelto incómodo para las disidencias de las Farc. Este portal conversó con él para conocer detalles sobre su situación de riesgo.

VerdadAbierta.com (VA):  ¿Qué pasó el día del atentado? ¿Ocurrió algo fuera de lo normal ese día?

Gabriel Ángel (GA): Yo siempre en la guerrilla dije que si a uno lo matan, lo matan por confiado. Pero yo no voy a vivir paranoico y enfermo. 

Desde hace dos años que estoy trabajando acá y uno coge un horario. Ese 19 de julio salí de aquí como a las cuatro de la tarde, me monté en la camioneta y tomamos el recorrido habitual. En la Calle 39, recorriendo a coger las Américas y en una esquina antes de un semáforo, en el trancón apareció un sujeto con un maletín y lo mete debajo del carro y sale corriendo.

Nosotros oímos un golpecito leve, pero es que aquí en Bogotá uno se imagina de todo, que le quieren robar algo al carro, que aprovechan de un semáforo para hacerlo. La conductora vio al hombre correr y dijo: ‘Ese hombre le hizo (algo) al carro o se robó algo’. Cuando timbró el teléfono, era la camioneta del esquema que iba atrás con otros escoltas y dijo: ‘Un hombre metió algo debajo del carro’. ¡Una bomba!, pensamos. 

Movimos el carro unos metros adelante y la camioneta le sacó el cuerpo e hizo lo mismo. 

Después de revisar videos, fueron unos investigadores de la Policía a hablar conmigo y me hicieron el relato de los hechos: ‘Detrás del tipo que corrió, al momentico pasa una moto y se fueron’. Los investigadores también supieron que esa moto estuvo aquí (al frente de Cepdipo), como desde las dos de la tarde, dando vueltas, pero como esto es un parque, pues no lo advertimos. 

Entonces la conclusión es que a mí me estuvieron haciendo inteligencia desde tiempo antes: a qué hora llegaba, a qué hora salía, qué ruta tomaba. Y sobre esa base montaron un plan: ‘Vamos a volarlo’.  

VA: ¿Le explicaron por qué no explotó?

GA: Los de antiexplosivos tienen una consideración primaria, que es evitar que vaya a haber una tragedia. Entiendo yo que el protocolo indica que lo que hay que hacer es destruir ese explosivo antes de que haga cualquier daño. Entonces, al destruirlo, pues, se pierden muchas cosas.

VA: ¿Qué supo del artefacto explosivo?

GA: El investigador que estuvo hablando conmigo y que estuvo ahí con los explosivistas, me dice que por el daño que hizo en el piso y todo lo que afectó a su alrededor, el cálculo es 30 kilos de pentonita, o sea, que era una bomba supremamente poderosa. No se sabe exactamente qué le hubiera podido hacer a un carro blindado.

La conclusión que se llega con todo es que efectivamente me iban a matar, con un plan que hace pensar en una organización armada.

VA: ¿Desde cuándo se agravó su situación de seguridad?

GA: Las disidencias comandadas por ‘Iván Mordisco’ empezaron a tratar a los firmantes de traidores y supimos también que ellos elaboraban unas listas de objetivos militares a los que había que cobrarles la traición. Y, claro, comenzaron con el Secretariado: Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada, Pastor; y tuve el ‘honor’ de ser incluido con ellos.

Además, yo tuve unas contradicciones muy fuertes con ‘Iván Marquez’, con Santrich y en general ese grupo que desertó. Fue el partido el que me dijo: ‘Usted, por el papel que jugó en La Habana, por las contradicciones que tuvo en la guerrilla, debe cambiar su situación’. Hicieron los trámites y me dieron un esquema de protección.

La verdad, yo no había sentido nunca un hostigamiento. Como unos dos años después de la UNP me llamaron y me informaron que tenían conocimiento de que las disidencias habían ido a distintos espacios de reincorporación buscando gente que había sido francotirador para ofrecerles que trabajaran con ellos y pedirles formalmente un trabajo: estaban buscando un francotirador para matar a ‘Gabriel Ángel’.

Entonces, más o menos en 2020, la UNP me reforzó el esquema, me dieron una camioneta con un blindaje más fuerte, tipo cuatro.

VA: ¿Cuáles fueron esas fricciones políticas que tuvo con quienes conformaron las extintas Farc?

GA: Yo publico una columna semanalmente en Las2Orillas y, por ejemplo, cuando se presentó el caso de Santrich, escribí una pidiéndole explicaciones a Santrich. Él nos viene a decir que hubo un montaje, se lo acepto; pero ¿por qué le pusieron ese entrampamiento? ¿En qué andaban metidos ustedes? ¿Por qué aparecer reunidos con gente mafiosa y otros enredos? 

Dentro del Partido Comunes eso generó una división, porque unos decían ‘nos van a poner a todo el partido a poner la cara y a pelear por ‘Ivan Márquez’, cuando algunos tenemos una serie de dudas’, que tampoco podíamos salir a expresarlas públicamente… bueno, de pronto yo sí lo hice y eso me valió una animadversión terrible, a mi mucha gente dejó de hablarme. 

Yo no descartaría por un lado a ‘los mordiscos’, pero tampoco descarto a ‘los marquetalianos’.

VA: ¿Por qué considera que es incómodo para ambas facciones de las disidencias?

GA: Yo creo que aquí lo que lo que debe jugar con cualquiera de esas dos disidencias son pasiones políticas, odios, porque yo los he contradicho abiertamente. Yo he criticado a la disidencia de ‘Mordisco’ y a la disidencia de ‘Márquez’. Seguramente eso les molesta, dirán ‘ese tipo tiene que estar siempre hablando mal de nosotros’, supongo yo. 

Por ejemplo en el año 2022, había unos payasos, digo yo: uno que se hacía llamar ‘Arturo’ y otro ‘Ernesto’ y que eran los comandantes de la disidencia del Décimo Frente de las Farc. Yo los conocí a los dos en la guerrilla y los conocí como desertores de las Farc; se llevaron un poco de plata e hicieron un poco de ‘bandideces’, es gente que de revolucionario no tiene nada. Entonces he escrito varias columnas haciendo estas críticas.

VA: ¿Después de estos hechos, qué ha pasado? ¿Ha pensado en bajar su nivel de confrontación pública con las disidencias o bajar su perfil?

GA: No, yo digo que uno es lo que es. ¿Qué hago? Yo hablo como pienso, escribo como pienso. 

Yo, cuando tenía 28 años, me fui para las Farc porque me iban a matar por ser de la Unión Patriótica, por pensar así. Y preferí irme para el monte, que dejar de pensar como yo pensaba. Igual ahora: yo no voy a dejar de pensar en lo que pienso porque me van a matar. Al fin y al cabo uno de algo se tiene que morir.

Ahora, me recomendaron que debía tener mayores medidas de seguridad, nunca tener rutinas y más indicaciones de autoprotección. La UNP me llamó a hacer un estudio de emergencia de medidas de seguridad con el objetivo de ver si me refuerzan las medidas, si me las rebajan y si me las quitan. Ya hace un mes que siguen haciendo ese estudio y todo sigue igual.

VA: ¿Cree que es suficiente las medidas que tiene? ¿Cree que funcionan? 

GA: Quién sabe qué sea suficiente. Yo voy con unos escoltas, pueden ir una o dos camionetas, pero está visto con el atentado: si hubiera estallado esa bomba esos esquemas de seguridad no hubieran podido hacer nada porque lo matan a uno de un bombazo. 

A mí me parece que igual conocen mis rutinas y eso me pone en riesgo. Para mí la seguridad debería prestarse de otra manera, que uno pudiera irse automáticamente a otra parte donde nadie lo conozca a uno o incluso dormir en diferentes lugares.

VA: ¿El atentado que sufrió qué mensaje cree que deja para la seguridad de Bogotá?

GA: A mí me dijo el investigador de la Policía con que estuve hablando que había una decisión de parte de las disidencias de meterse en Bogotá. 

El atentado contra mí es un indicio gravísimo de que la situación se puede complicar seriamente y de que hay grupos, bandas y decisiones criminales de empezar a operar aquí. Quién sabe qué otra gente tengan en la mira.

¿Quién es Gabriel Ángel?

‘Gabriel’ se graduó como abogado de la Universidad Nacional de Colombia en 1983 y unos meses después, tras enamorarse de una vallenata, se mudó a la capital de Cesar, en donde inició su activismo de izquierda. Empezó haciendo parte del movimiento Causa Común, un proceso social creado a mediados de 1985 por docentes, profesionales, así como obreros y campesinos, para trabajar por las comunidades marginales de Valledupar y municipios aledaños del departamento. 

Para la época, simultáneamente venía tomando fuerza la Unión Patriótica (UP), como una apuesta política de las extintas Farc tras el Acuerdo de La Uribe con el gobierno de Belisario Betancur. En 1986, la UP ya tenía presencia en 990 municipios del país y contaba con 190.269 ciudadanos carnetizados.

Muchos movimientos regionales que estaban buscando la participación política a nivel nacional se vincularon a la Unión Patriótica y uno de los casos más emblemáticos fue el de Causa Común. Al igual que la suerte de muchos miembros de la UP, contra los voceros de Causa Común se fraguó un plan de exterminio por parte de paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. ‘Gabriel Ángel’ no fue la excepción y tras los primeros perfilamientos contra él y las amenazas contra su familia, optó por ingresar a las filas de la guerrilla en agosto de 1987.

Así cambió su nombre a ‘Gabriel’, en honor a Túpac Amaru II —caudillo de descendencia Inca que abanderó la movilización peruana en la época de la Colonia—, e ingresó al Frente 19, José Prudencio Padilla, comandado por alias ‘Adán Izquierdo’. Esta unidad por algunos años fue reconocida por tener varios intelectuales y profesionales en diferentes disciplinas. ‘Gabriel’ era uno de esos que llevaba el título de ilustrado. 

Luego estuvo ocho años en el Bloque Magdalena Medio, en donde conoció a Pastor Alape. Durante los diálogos del Caguán hizo parte del Comité Temático de las Farc, que se encargó de realizar audiencias públicas para garantizar la participación ciudadana de ese proceso.

Continuó en las filas del Bloque Oriental hasta el año 2010, cuando fue asesinado Jorge Briceño, comandante de ese bloque. Un año después retornó al Bloque Magdalena Medio a trabajar con Rodrigo Londoño, entonces segundo al mando de la guerrilla. Cuando Londoño asumió la dirección de las Farc, tras la muerte de Alfonso Cano, ‘Gabriel’ se convirtió en el secretario personal del último comandante de la guerrilla, hasta su desmovilización con el Acuerdo Final de Paz.

Hizo la dejación de armas en el ETCR Juan Carlos Castañeda, en el municipio de Remedios, Antioquia, en junio del 2017. Desde hace dos años, es director académico del Centro de Pensamiento y Diálogo Político.

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“Para avanzar en la justicia social se tienen que cerrar los diques de la violencia”, afirma Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y una curtida defensora de derechos humanos, al referirse a las expectativas que tiene sobre el futuro de la paz en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que arrancará el próximo 7 de agosto.

Y para lograr ese cierre que propone Sánchez, un equipo de trabajo está concluyendo un documento que contiene los principales lineamientos de la política pública que se conocerá como Paz Total. Se trata de una hoja de ruta que, como la describe el senador Iván Cépeda, ofrecerá “una nueva visión de los problemas de la paz en el país y de su solución”.

Esa propuesta contempla la adopción de por lo menos diez estrategias, que contempla la creación del Ministerio de Paz y la Reconciliación, cuyos objetivos y funciones están en proceso de definición, y la adopción de un conjunto de acciones mediante las cuales se pretende lograr la pacificación del país de manera integral, con perspectiva territorial y fortaleciendo la seguridad humana.

Una de las ventajas de esta política es el origen de quienes serán la cabeza del gobierno: de un lado, está Petro, quien desde su militancia en el movimiento guerrillero M-19, ha creído firmemente en la búsqueda de la solución política al conflicto armado, así como ir más allá del silenciamiento de las armas y trabajar por la justicia social.

Y del otro lado está Márquez, una mujer negra que construyó su liderazgo al lado de las comunidades del norte de Cauca y quien, poco a poco, aún a riesgo de perder su vida, fue posicionando temas en la agenda nacional como la defensa del agua y de los territorios de comunidades étnicas. “Ella no será una vicepresidenta común y silvestre”, plantea Sánchez. (Leer más en: “¿Para qué sirve que me maten?”)

“Ella arrastrará a unos movimientos sociales y territoriales que harán que el gobierno tenga esa composición desde los territorios y desde movimientos sociales de afros, indígenas y campesinos”, agrega la defensora de derechos humanos. “Eso le genera una particularidad y un sello distinto a la Vicepresidencia” que, tradicionalmente, ha sido ocupada por personas que representan acuerdos con sectores políticos tradicionales.

¿Qué es?

La Paz Total, como política pública integral, pretende romper lo que el senador Cepeda llama la “fórmula fragmentaria y consecutiva” que se ha aplicado en el pasado en el país para resolver el conflicto armado con los grupos alzados en armas.

“El problema de esa fórmula fragmentaria y consecutiva —explica Cepeda— es que genera una especie de círculo vicioso. Por muy exitoso que sea el proceso de paz, siempre quedan disidencias, el Estado no cumple parcialmente el acuerdo y en los territorios se generan nuevas condiciones para la violencia, y entonces volvemos al ciclo: ya no es con el grupo que se desmovilizó, con el que se hizo los acuerdos, sino con los sucesores”. (Leer más en: El silencio de los fusiles duró poco)

Experiencias de negociaciones y desmovilizaciones de décadas atrás, como con las del M-19, el Ejército Popular de Liberación (Epl), disidencias del Eln y milicias urbanas de distintas tendencias, así como el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y otras estructuras paramilitares, son ejemplos claros de esa fórmula que plantea Cepeda.

De acuerdo con este congresista, quien hace parte de la bancada del Pacto Histórico, movimiento que apoyó a Petro y Márquez, la Paz Total que se pretende adoptar “es un proceso de paz global, simultáneo e integral, que resuelva en una sola etapa todos los problemas y factores de violencia y que, en su especificidad, porque cada proceso es distinto, encuentra una salida articulada a todo el problema”.

Esa ambiciosa política pública, que busca aplicar el artículo 22 de la Constitución Política (“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”), se propone partir de un Acuerdo Nacional. Se trata de una estrategia necesaria porque, en palabras de Cepeda, para que “haya un proceso de paz exitoso se requiere que las distintas fuerzas políticas, sociales y gremiales del país, estén de acuerdo de alguna manera en abordar esa solución, para evitar lo que ocurrió en el proceso de paz con las Farc”.

El senador hace referencia al Plebiscito por la Paz, convocado el 2 de octubre de 2016 para refrendar el Acuerdo de Paz alcanzado con las extintas Farc y cuyos resultados en las urnas no fueron favorables a las pretensiones de quienes apoyaban el Sí. (Leer más en: El veredicto final fue No)

A ese Acuerdo Nacional se sumará un plan de choque para fortalecer la implementación plena del Acuerdo de Paz suscrito en noviembre de 2016 con la antigua guerrilla de las Farc. Cepeda tiene claro que si no se atiende este asunto de manera rápida “será muy difícil que los grupos que no han transitado el proceso de paz se vean reflejados en un proceso que no ha sido exitoso y, por lo tanto, sientan desconfianza”. (Leer más en: El tortuoso camino de la implementación)

Datos al respecto respaldan la percepción del senador. Según el más reciente informe del Instituto Kroc, que le hace seguimiento periódico a la implementación del Acuerdo de Paz, su ejecución no se ha detenido, no obstante reconoce que “este proceso experimentó y continúa afrontando serios obstáculos tanto internos como externos” y planteó que “el ritmo de implementación aún no ha entrado, según las mismas mediciones, en una senda que garantice que una mayoría significativa de las disposiciones se completarán dentro del periodo de 15 años previsto por el Acuerdo Final”.

Y esa urgencia de construir confianza a partir de una efectiva implementación del Acuerdo de Paz se requiere en esta hoja de ruta de Paz Total para reanudar los diálogos con la guerrilla del Eln, que han tenido fluctuaciones desde febrero de 2017 cuando se instaló una mesa de conversaciones en Quito, Ecuador, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

Esos diálogos fueron suspendidos en enero de 2018 tras un ataque armado en la ciudad de Barranquilla, restablecidos dos meses después en La Habana, Cuba, y cancelados en enero de 2019 tras el ataque dinamitero a la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá. (Leer más en: Se reanuda formalmente la guerra contra el Eln)

Cepeda plantea que la reanudación de los diálogos con este grupo alzado en armas debe aprovechar “el punto en el que quedaron truncos e intentar a la mayor brevedad resolverlos” y seguir desarrollando la agenda a la que se había llegado durante el gobierno de Santos.

Entre las acciones a adoptar se reconocerán las actuales vocerías del Eln, radicadas en La Habana, se nombrará una delegación del gobierno nacional y se acordarán los garantes y acompañantes del proceso; además, se ambientará el proceso a partir de una política humanitaria y de desescalamiento,  y activar dinámicas que lleven a acuerdos humanitarios regionales, especialmente en departamentos como Arauca, Cauca, Chocó y Norte de Santander, donde este grupo armado tienen gran dominio territorial. (Leer más en: De Chocó a Venezuela, la peligrosa expansión del Eln)

Una efectiva implementación del Acuerdo de Paz buscará atraer a quienes integran las disidencias de las Farc, que se marginaron de lo pactado con el Estado colombiano, y pretende encontrar soluciones jurídicas al desmantelamiento y sometimiento de organizaciones armadas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las llamadas oficinas del narcotráfico.

Al respecto de estas últimas estructuras armadas ilegales, Cepeda aclara que “no se trata de un diálogo en una mesa de negociación, ni de un acuerdo de paz, se trata de un proceso de sometimiento o acogimiento a la justicia bajo la premisa de la experiencia que se ha acumulado en estas materias”.

La propuesta de Paz Total también incluye reformas a la Policía y a las Fuerzas Militares, así como cambios en la política antidrogas y el fortalecimiento de la normatividad que respalda la atención a víctimas. Estos temas están en proceso de perfeccionamiento para ser presentados ante el país en próximos días.

Con mirada optimista

Líderes y Lideresas sociales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, analistas y exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación a la vida legal tienen grandes expectativas con las propuestas en temas de paz que adoptará el gobierno de Petro y Márquez.

Hermes Quiñones, coordinador del equipo asesor de la Instancia Especial de Alto Nivel con los Pueblos Étnicos (IEANPE) del Acuerdo de Paz, sostiene que el nuevo presidente colombiano “no tiene que llegar a improvisar o a plantear temas estructurales como una Reforma Rural Integral porque eso ya está en el Acuerdo”.

Y agrega que será la población afro e indígena la que liderará esta nueva fase de la implementación del Acuerdo de Paz: “Eso nunca había pasado. La paz siempre era el tema de los señores”.

Al respecto, Yolvi Padilla, consultora independiente en temas de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, confía en que el presidente electo hará todo el trabajo de paz “entendiendo también las dinámicas territoriales” y expone por lo menos un reto fundamental en esta labor: “Mirar a los diferentes actores que están generando dificultades en los territorios y que están afectando de alguna manera la implementación, no solamente por los actores armados que hacen presencia en los territorios, sino también por las necesidades y la situación económica para la implementación”.

Para esas tareas, Padilla guarda esperanzas en que el próximo gobierno cuente con “el apoyo, acompañamiento, verificación y observancia que ha hecho la comunidad internacional. Esto va a ser muy importante para poder avanzar y concluir por lo menos con algunos de los puntos del Acuerdo de Paz”.

“Estamos en un momento histórico”, dice, por su parte, Pablo Cala, defensor de derechos humanos y vocero de la Fundación Hasta Encontrarlos. “Por primera vez en el país se llega a la Presidencia de la República desde un proceso distinto al poder que siempre han ostentado las familias poderosas de este país. Se hace desde un proceso distinto, popular, social, interétnico, interpolítico, intersocial que le da la posibilidad de pensarnos algo distinto”.

Cala confía en que la reconstrucción del Estado Social de Derecho permita avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, recuperar el tiempo perdido y, con base en ello, generar las bases para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y respaldar a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

“Petro mencionó más de tres ocasiones en su primera alocución como Presidente (el pasado 19 de junio) a las personas desaparecidas, así que consideramos que no solamente está en su discurso, sino también en su corazón y que va a haber frente a ellos una respuesta muy a la altura de lo que merecen los familiares de las víctimas de desaparición forzada y es hacer todo lo posible por encontrarlas”.

Jhoe Nilson Sauca, consejero del pueblo Coconuco del departamento de Cauca, asentado los municipios de Puracé, Sotará, Totoró, El Tambo y Popayán, expresa también sus expectativas ante el próximo gobierno, especialmente en temas agrarios.

“Siempre hemos planteado algo que hasta el momento no se ha cumplido: la reforma agraria. Tiene que ver con todos los puntos de la tenencia de la tierra, pero también con las posibilidades de vida digna en el campo, el asunto ambiental, la parte de garantías para reivindicar el campo colombiano”, dice este líder indígena.

Asimismo, sugiere que se impulse el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, “que desarrolló una generalidad en términos de derechos territoriales, económicos y culturales, que hemos planteado como pueblos indígenas”, y es uno de los temas con menos cumplimiento de la implementación. (Leer más en: El Capítulo Étnico está confinado en papel)

Con relación a los posibles diálogos con la guerrilla del Eln, Sauca también espera que se cierre el ciclo con ese grupo alzado en armas y, además, se encuentren caminos adecuados para lograr “la desmovilización de los grupos que resurgieron de las Farc y de las Auc, para dar un paso definitivo a la paz por medio del diálogo y de la capacidad de tener trabajo en las comunidades”.

Asimismo, considera “muy importante establecer los diálogos territoriales regionales y la administración de los territorios, ya que allí se han planteado reivindicaciones como los derechos del campesinado como un mecanismo de reconocimiento de sujetos de derecho colectivo. Antesala a eso, tenemos que establecer en esos diálogos un camino para no chocar entre comunidades por límites territoriales como zonas de reserva campesina, resguardos indígenas y títulos coloniales”.

Un nuevo comienzo

Representantes de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y de representación de víctimas también han valorado lo que significa la propuesta del nuevo gobierno en términos de paz e implementación del Acuerdo de Paz, entre ellos César Santoyo, director ejecutivo de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

“La victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez es, sin duda alguna, un nuevo comienzo para el Acuerdo de Paz y su implementación”, afirma Santoyo. “Se abre un camino bastante próspero e interesante en el que no solamente la alternancia, sino la profundización de ejercicios democráticos, van a permitir que haya una oportunidad mayor para que esas poblaciones se hagan mucho más diversas, mucho más amplias, mucho más informadas porque pues algo que queda claro con esta elección es que hoy tenemos un debate público y político bastante arraigado en la base electoral colombiana”.

Este defensor de derechos humanos cree que, con el alto nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, “se van a organizar sendas agendas que permitan al país desarrollar diálogos regionales, permitir y profundizar el pedido de paz, construir diálogos o por qué no negociaciones, que articulen y estimulen la realidad de cada uno de estos territorios”.

Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), considera que la paz fue la ganadora de la contienda electoral que llevó a Petro y a Márquez a la Casa de Nariño. Son varias las razones que expone para sustentar esa afirmación.

Una de ellas hace referencia a la coalición bastante amplia, que representa el Pacto Histórico, más todas las alianzas que han llegado en la última semana, y que tienen un fuerte compromiso con el Acuerdo de Paz. “Creo que, desde ese punto de vista, se abre camino una segunda etapa de implementación del Acuerdo de Paz en la medida en que este gobierno pueda lograr una buena coalición en el Congreso”, apunta Romero.

En ese escenario por ahora favorable, se podrán discutir de manera amplia asuntos como la reforma política, la jurisdicción agraria, la implementación de la reforma rural y los desarrollos de lo que es actualmente el sistema integral para la paz.

Todo ello, según este defensor de derechos humanos, genera un ambiente favorable para retomar a fondo la implementación del Acuerdo de Paz y la adopción de las recomendaciones que presentará este martes la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en su Informe Final sobre lo ocurrido en más de 50 años de guerra.

Otra de las razones de Romero está relacionada con la prioridad de este nuevo gobierno de desactivar aquellas dinámicas de guerra que persisten en el país, entre ellas ponerle fin a la confrontación con la guerrilla del Eln y de aquellos grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y los grupos herederos del paramilitarismo, así como cambiar el paradigma con el cual se han las economías ilegales.

“Creo que ahí también se abre una segunda oportunidad de hacer entendimientos humanitarios en el corto plazo, de búsqueda de una salida política con otros grupos armados, que permitan cerrar estos ciclos complejos de violencia, que muchas veces en la historia larga del país han terminado ahogando los resultados de acuerdo anteriores”, expone el director de Codhes.

Al igual que Sánchez, de Minga, Romero valora la presencia de la vicepresidenta Márquez en este nuevo gobierno: “Es determinante porque esta ha sido una nación que no ha reconocido los pueblos que la conforman y tenemos problemas de discriminación estructural que se empiezan a resolver en la medida en que el pueblo afrodescendiente y los pueblos indígenas, las mujeres van empoderándose”.

En ese sentido, este activista considera que en las garantías no repetición que consigna el Acuerdo de paz es fundamental que sectores sociales diversos tengan capacidad de representación, de participación, de hacer valer sus intereses en la agenda pública; además, “que haya mecanismos de negociación eficientes, que el Estado empiece a cumplir lo que firma y lo que promete, y que haya entendimientos de diálogo social conducentes a lograr esos caminos de reconciliación”.

“Obviamente, existirán grandes dificultades —reconoce Romero— y seguramente habrá sectores que mantengan una oposición a toda costa, pero creo que, aun así, se avecina un periodo muy importante y una gran oportunidad para consolidar la paz de Colombia”.

Camilo González Posso, director de Indepaz, propone garantizar la continuidad de aquellos programas que han sido eficaces en la implementación del Acuerdo de Paz y darle fuerza a los que están débiles, así como preparar con carácter de urgencia el Plan Nacional de Desarrollo y un paquete legislativo que incorporen el Acuerdo de Paz y una sólida política de construcción de paz.

Con respecto a reanudar las conversaciones con la guerrilla del Eln y con otros grupos armados ilegales, González plantea que con el primero “debe adelantarse una negociación política y con los segundos, conversaciones de subordinación a la justicia”.

Además, sugiere definir rápidamente la política de seguridad: “El gobierno de Iván Duque mantuvo una seguridad sobre el supuesto de situación de guerra y es fundamental una estrategia de seguridad humana, con un componente territorial muy importante en todo el país”.

Con respecto a posibles diálogos regionales, este activista considera que “es una estrategia muy importante para convocar a la gente y desarticular grupos macrocriminales” y espera que estén acompañados de inversiones con el objetivo de desactivar las causas de la violencia. “En ese sentido, el papel de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debe ser clave”, agrega.

Esta instancia interinstitucional fue incluida en el Acuerdo de Paz y creada mediante el Decreto 154 del 3 de febrero de 2017. Su objetivo fundamental era diseñar y hacerle seguimiento “a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas de que trata el citado Acuerdo que amenacen la implementación del mismo y la construcción de la paz”.

En esa Comisión tienen asiento el Fiscal y la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, las Fuerzas Armadas y el gobierno, acompañados de representantes de la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil.

Su propósito de generar consensos no fue tenido en cuenta por el gobierno del presidente Duque, quien, al margen de ese mandato, estructuró su propia política de seguridad y defensa, basada en la lucha contra las drogas, a pesar de que hace tres años se le presentaron documentos con propuestas para darle un nuevo enfoque a esa política y lograr el desmonte de todas las dinámicas de violencia.

“Creo que será una buena oportunidad con la administración de Gustavo Petro de darle vida a esas instancias, que son de Estado, pero que deben ser dirigidas por el propio Presidente de la República. Esperamos darle vida con la posesión del nuevo gobierno. Hemos preparado unos documentos para que sean considerados en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de garantías de seguridad”, explica González Posso, quien hace parte de esa Comisión, como representante de la sociedad civil.

¿Y los reincorporados de las Farc?

Pastor Alape, exjefe de la antigua guerrilla de las Farc y quien lidera el proceso de reincorporación de cerca de 12 mil excombatientes, considera que el gobierno de Petro y de Márquez “es el gobierno de la paz y la cosecha del Acuerdo de Paz de La Habana y, por tanto, esperamos que potencie el Acuerdo en su integralidad y realice los ajustes institucionales normativos que no se han podido implementar”.

Este exmiembro del Secretariado le propone varios énfasis a la administración que comenzará el próximo 7 de agosto en su plan de adelantar una implementación integral del Acuerdo de paz, entre los que se destacan garantizar el funcionamiento de algunas instancias pactadas en La Habana, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), integrada por exmiembros de las antiguas Farc y funcionarios del gobierno nacional; el Consejo Nacional de Reincorporación; la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección adscrita a la Unidad Nacional de Protección; y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Además, plantea la necesidad de garantizar la constitución del programa especial de acceso a la tierra para los proyectos productivos, colectivos e individuales, de los reincorporados, y de vivienda rural y urbana en los Espacios Transitorios de Concentración y Reincorporación (ETCR) y centros poblados, así como en las nuevas áreas de reincorporación, para la sostenibilidad del proceso de reintegración a la vida legal.

Y sugiere “hacer los ajustes presupuestales y financieros para la estabilización de los 118 proyectos productivos colectivos que hemos aprobado en el Consejo Nacional de Reincorporación y que suman 3.873 firmantes asociados para su estabilización. Al día de hoy ninguno garantiza sostenibilidad porque la mayoría son de enfoque agropecuario y la tierra está en arriendo”.

Por último, Alape le pide al nuevo Presidente de la República implementar todas las acciones que contenidas en la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el 27 de enero de este año el estado de cosas inconstitucional en relación con las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, 312 de los cuales han sido asesinados desde noviembre de 2016.

El alto tribunal respaldó su decisión en “el bajo nivel de cumplimiento en la implementación del componente de garantías de seguridad a favor de la población signataria del Acuerdo Final de Paz en proceso de reincorporación a la vida civil, de sus familias y de quienes integran el nuevo partido político Comunes”. (Leer más en: La deuda letal con los integrantes de las Farc que le apostaron a la paz)

Las excombatientes de las extintas Farc también expresan su optimismo por el inicio de un gobierno de izquierda en el país. “Pensamos que nos puede ayudar mucho en la implementación del Acuerdo de Paz y a que nos cumplan. Petro fue guerrillero, también se desmovilizó y conoce todos los incumplimientos que este tipo de procesos genera”, indica María Noelba Quiróz, conocida en las filas del extinto Frente 18 como ‘Sorangie’

Esta mujer en proceso de reincorporación valora la presencia de Francia Márquez en la Vicepresidencia de la República y asegura que ella también las representará a quienes, en el pasado, tomaron las armas: “La vemos con optimismo y sabemos que ya estamos empoderadas, hemos dado pasos gigantes, y ahora necesitamos ayudar a muchas más que no han podido dar esos pasos. Sabemos que con Francia nos vamos a seguir empoderando aún más”.

¿Negociar con quiénes?

Durante más de tres décadas, distintos gobiernos han intentado adelantar procesos de diálogo con la guerrilla del Eln con el fin de alcanzar una solución negociada a la confrontación armada sin resultados concretos. Ahora se abre una nueva ventana con el nuevo gobierno de Petro y Márquez a partir de su concepto de Paz Total. De hecho, una vez conocidos los resultados en las urnas del pasado 19 de junio, este grupo alzado en armas anunció su “plena disposición para avanzar en un Proceso de Paz que dé continuidad a la Mesa de Conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017”.

Pero, ¿qué tan factible que se abra un nuevo ciclo de conversaciones que conduzcan a una solución negociada? Eduardo Álvarez Vanegas, investigador en temas de conflicto y paz, mira con optimismo estas nuevas intenciones, no obstante, dice que no será un proceso fácil.

“Con el Eln hay una tensión que parece que el país no ha comprendido y es la tensión entre diálogos y negociación. El Eln jamás ha negociado con el Estado colombiano y con ningún gobierno. Ha mantenido diálogos desde la década de los años noventa con diferentes gobiernos”, aclara.

Y agrega que la demanda de continuar el modelo de los diálogos que comenzaron en Quito en febrero de 2017 “supone inmensos retos en términos de avanzar eficazmente como lo ha dicho Petro en diferentes momentos” y desde su perspectiva, no cree que el nuevo gobierno “vaya a desgastarse en unos diálogos eternos con otro grupo armado” pues, a su juicio, tiene un gran capital político “que no echará en una sola bolsa de diálogos con alta incertidumbre de si se transforman en negociaciones cuando hay presión para mostrar victorias tempranas y las agendas y propuestas que se dieron durante la campaña están referidas a temas estructurales como la corrupción, la pobreza, el desempleo, la salud”.

En las conversaciones en Quito, por lo menos en 2017, se lograron varios avances importantes, como el de la participación de la sociedad civil en el proceso, ceses al fuego temporales y una agenda de trabajo, pero todo se fue al traste con ataques de ese grupo guerrillero a la Fuerza Pública en 2018 y 2019. (Leer más en: Sociedad civil construye modelo de participación en la mesa con el Eln)

Frente a esta nueva ventana que se abre, Álvarez Vanegas tiene varias inquietudes al respecto, entre ellas si los órganos directivos del Eln aceptarán la propuesta del nuevo gobierno y “ya con un sentido de pragmatismo político frente al Eln, ¿está todo el Eln dispuesto a eso o lo que se viene es negociar con los Eln que sí quieran negociar y tratar al resto de la organización de una forma diferente? Eso es una situación que me genera muchas preguntas. Hay un gran optimismo frente a esto, pero a la hora de la realidad política no sabemos muy bien, en términos de la unidad de mando, si todo el Eln se sumaría a unos diálogos y, en consecuencia, negociaciones”.

Con respecto a otras organizaciones armadas ilegales, sobre las cuales la propuesta de Paz Total aborda con la perspectiva de desmantelamiento y sometimiento, Álvarez Vanegas dice que es clave que el próximo gobierno quiera avanzar rápido en ese tema: “No se les da estatus político, pero se les reconoce como un problema político y, por tanto, requieren decisiones políticas”.

Para lograr avances concretos, se van a requerir reformas normativas porque lo que se necesita hacer, y lo ha sugerido el presidente electo en varios de sus discursos, “es que el sometimiento de estas organizaciones multicrimen, como las llama él, no se limita al desmantelamiento del aparato armado, sino justamente el sometimiento y desmantelamiento de todos sus vínculos políticos, sociales y económicos del país”.

Esas modificaciones normativas deberán incluir, sugiere el analista consultado, garantías de seguridad para quienes se sometan a la justicia y, más allá de eso, “para que puedan hablar y contar bajo principios de vedad y colaboración de la justicia de esos vínculos”.

Por ahora la política integral de Paz Total está en el papel, pero sus cimientos tendrán que comenzar a quedar sólidos desde el próximo 7 de agosto. No transitará por caminos apacibles, por el contrario, enfrentará dificultades y tropiezos, pero los esfuerzos deberán apuntar a satisfacer las expectativas de quienes confiaron en Petro y Márquez. Sólo el tiempo dirá si cumplieron a cabalidad lo propuesto.

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Por: Keka Guzmán / @kekaguzman_

En el municipio de Miranda, ubicado en el norte de Cauca, se encuentra la finca La Elvira, que da vida a una de las Nuevas Área de Reincorporación (NAR), lugares que surgieron en 2020 de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Allí se ubica el Centro de Promoción del Desarrollo (Ceprodet), una cooperativa sin ánimo de lucro creada por exguerrilleros que actualmente ejecuta tres proyectos productivos: porcicultura, piscicultura y ganadería. 

El desarrollo de esas iniciativas inició en enero de 2020, dos meses antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia del Covid-19 y  el gobierno Iván Duque decretara la cuarentena general para Colombia. El nuevo coronavirus representó una amenaza para las apuestas de los excombatientes debido a las restricciones de movilidad que impidieron la llega de la asistencia técnica que les proveería la Agencia de la Reincorporación y Normalización (ARN) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para desarrollar sus apuestas agropecuarias. 

Ricardo Moreno García, reincorporado y vicepresidente de Ceprodet, asegura que resultaron afectados por no implementar el proyecto como estaba planteado, pero siguieron adelante en la ejecución por su cuenta. Además, Lorenzo Heredia, administrador público y secretario de Cepodret, cuenta que no podían esperar porque sabían que la pandemia se extendería a lo largo del tiempo.

Una de las consecuencias más grandes de que no llegara la asistencia técnica fue la pérdida de aproximadamente dos toneladas de peces porque no se tenía claridad sobre el cambio de agua de los estanques. Asegura el vicepresidente de Cepodret que aunque fue una pérdida económica grande, los pescados se regalaron para el consumo de la comunidad. “Se intentó realizar la asistencia técnica virtual y no funcionó. No había paso; aprendimos del ensayo y error. Algo debíamos aprender del Covid”, resalta Ricardo.

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Por: Keka Guzmán / @kekaguzman_

Hace calor. 

Golpea en la piel los rayos fuertes del sol.

La entrada es colorida, hay un mural de Simón Bolívar, uno del mapa de América que da la bienvenida a la biblioteca y otro de unas manos labrando la tierra. 

Alrededor hay casas, unas construidas en ladrillo y otras con adobe, guadua y latas de zinc. Fueron construidas por exguerrilleros de las Farc. Ahí viven. 

Y, justo al fondo se ve una laguna, majestuosa, rodeada de patos, gallinas y perros. 

Y, más hacia adentro, hay estanques de peces, una marranera, un establo y más casas de ladrillo, de adobe y más hombres y mujeres que le apuestan a la paz..

— Parece que esa marrana va a parir —dice Ricardo Moreno García, excombatiente y vicepresidente de la Corporación Centro de Promoción del Desarrollo (Ceprodet).

— Sigan, sigan, al fondo están las cocheras. Nos tocó traerlas pa’cá. 

Ricardo es un hombre tranquilo. Es alto, flaco y habla poco. Siempre está ocupado. Siempre está haciendo algo. Dice que disfruta su tránsito a la vida civil, que le gusta trabajar la tierra, que se divierte con los cerdos, que la piscicultura es complicada y que le preocupa la ganadería.

— Acá están los marranitos, son muy limpios, con este sistema que tenemos ellos no se ensucian. Esta marrana parece que va a parir, yo creo que es hoy —dice Moreno, señalando a una cerda de cría que tiene 8 años, pesa más de 140 kilos y cada 4 o 5 meses pare de 10 a 15 lechones. 

La marranera es bastante amplia y queda al fondo de La Finca La Elvira, en miranda, Cauca, en el espacio que ahora es una Nueva Área de Reincorporación (NAR), lugares que surgieron hace dos años de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en donde los firmantes de paz dejaron las armas. Desde ahí opera la Ceprodet, una cooperativa creada por reincorporados que actualmente ejecuta tres proyectos productivos: porcicultura, piscicultura y ganadería. 

Cuenta Moreno García, que la corporación nace en la dinámica de reincorporación económica para los excombatientes y su apuesta es convertirse trabajadores en su paso a la vida civil, de integración con la sociedad, aportando en lo productivo, cultural, social y político y, por supuesto, de la mano con los proyectos productivos.

— Ayúdenme a acomodar la marrana. Quién puede con ella —dice intentando mover a la marrana que está a punto de parir y sonríe. Ricardo siempre está haciendo un gesto con la boca, la frunce y se queda un rato mirando a la nada y vuelve y sonríe. Es un hombre amable, uno lo ve y parece que caminara con el viento. Entre risas dice que quiere a la marrana.

— Listo, bro, ahí queda lista para el parto —le dice Ricardo a su hermano que quedó lleno de lodo por ayudar a acomodar a la marrana, él se ríe y comenta que la marrana lo mandó a bañar y que quiere ver nacer a los lechones, pero Moreno le contesta que aunque cree que será pronto, no se sabe la hora exacta, que mejor lo acompañe a alimentar a los peces. 

***

Los proyectos productivos en un comienzo se desarrollaron en Los Samanes, un predio cercano de 21 hectáreas en el que los miembros de Ceprodet pensaban que a futuro podrían continuar con los proyectos y comprarlo. En diciembre de 2019 el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) les desembolsó 304 millones de pesos y en enero de 2020 inició el desarrollo de los proyectos productivos. Adecuaron dos lagos en tierra para la tilapia, compraron 10 cerdas de cría, 13 vacas y 14 terneros.

En los recursos desembolsados para implementar la iniciativa estaba contemplado un año de arriendo en ese predio. Asegura Moreno que en el contrato se estipulaba que ellos tomarían en alquiler el predio con opción de compra al término de ese año; es decir, que el gobierno nacional compraría la tierra.

Y en medio de esos planes irrumpió la pandemia del Covid-19. La cooperativa de excombatientes fue apoyada por el Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas (PBF), con un proyecto para la transformación de lácteos, pero, cuando cumplieron el año de arrendamiento en enero de 2021, el gobierno nacional dijo que no compraría el predio y puso freno a la continuidad del desarrollo de los proyectos.

Por eso, ante esa situación de incertidumbre, la Asociación Pro-Constitución de la Zona de Reserva Campesina (Asprozonac), les cedieron 10 hectáreas de la finca La Elvira, durante una década. Gracias a ese gesto solidario, excombatientes en proceso de reincorporación que hicieron parte del Sexto Frente y de la Columna Móvil Gabriel Galvis de las Farc, pudieron seguir desarrollando sus proyectos productivos. 

Trasladaron el producido de tilapia y el proyecto porcícola; los lagos para la piscicultura y las adecuaciones para la cría de cerdos quedaron en Los Samanes y el proyecto ganadero también fue trasladado a La Elvira, a pesar de que no cuenta con el terreno necesario, lo cual ha provocado la pérdida de varias vacas. Actualmente, siembran tilapia y crían cerdos y ganado en asocio con la Reserva Campesina.

***

— Entramos a confinamiento y la asistencia técnica no pudo llegar para ninguno de los tres proyectos, entonces nos tocó arrancar con los conocimientos empíricos; las calles estaban cerradas, nadie podía pasar, eso fue bien complicado —dice Moreno García y añade que les afectó bastante no poder implementar el proyecto tal como estaba formulado.

Cuando se decretaron las medidas de aislamiento social para contener el contagio de Covid-19, los proyectos productivos liderados por colectivos de excombatientes de las antiguas Farc también sufrieron sus efectos y tuvieron que adaptarse. Dice Ricardo que el coronavirus dejó aprendizajes porque lograron sacar adelante sus emprendimientos, que fallaron en cosas, pero ganaron en otras. 

Cuenta Moreno que para su comercialización, en un comienzo, tuvieron que ir de puerta en puerta, sobre todo por la producción de los peces que había comenzado en enero de 2020. Y, también, asegura que ya tenían convenios con algunas personas para su venta porque era temporada de Semana Santa y no se pudo realizar.

Por su parte, Lorenzo Heredia, administrador público y secretario de Cepodret, dice que tuvieron que desarrollar los proyectos sin asistencias técnicas, sin algunos equipos y enfatiza que no podían esperar porque sabían que la pandemia se iba a demorar.

— Una afectación negativa fue arrancar, sobre todo sin la asistencia. Doloroso todos los peces que se perdieron porque no se sabía cómo intervenir —aseguró.

Se perdieron aproximadamente dos toneladas de peces porque no se tenía claridad sobre el cambio de agua de los estanques, cada tonelada tiene alrededor de 3 mil peces. Un kilo son entre dos o tres peces, depende del peso y en pandemia llegó a costar 9 mil pesos un kilo, actualmente su valor es de 12 mil pesos. Asegura el vicepresidente de Cepodret que aunque fue una pérdida económica grande, los pescados se regalaron para el consumo a la gente de la comunidad.

— Se intentó realizar la asistencia técnica virtual y no funcionó, no había paso. Aprendimos del ensayo y error. Algo debíamos aprender del Covid —, dice Ricardo. 

Y, con respecto a la situación vivida por el virus, comenta Heredia que de los 38 reincorporados que se encuentran en La Elvira, ocho resultaron contagiados porque presentaban los síntomas, pero de ellos sólo dos confirmados a través de la prueba, quienes estuvieron graves en el hospital pero lograron superar la enfermedad producida por el virus. 

— Por acá hemos sido más bien sanos, algunos tuvimos los síntomas; la mayoría no nos hemos hecho prueba, tomamos la medicina tradicional con hierbas y a veces con pastillas. En un comienzo teníamos protocolos de bioseguridad, ahora no tanto, a veces uno se pone el tapabocas, donde lo pidan. No todos se han vacunado, algunos les toca por exigencia de que son escoltas, algunos han querido, pero la mayoría no, la cultura rural de nosotros, la vida en la selva, en el monte, nos ha llevado a no consumir tanta cosa y pues a nadie le ha pasado nada grave, aquí estamos. Es más preocupante el asesinato de nuestros compañeros desde la firma que todo esto del virus — asegura Moreno.

Ceprodet siguió adelante con el proyecto de piscicultura. En un comienzo los reincorporados consiguieron unas jaulas y armaron las estructuras para criar pescados en el lago de La Elvira que tiene alrededor de 12 mil metros cuadrados. Luego, los fortaleció el  Programa Mundial de Alimentos con un capital, así consiguieron otras jaulas, las mejoraron y después, se unió La Agencia Catalana para la Paz, una organización española que nació para ayudar y fortalecer en el Proceso de Paz, los proyectos productivos y su implementación, quienes dieron un impulso importante en la parte administrativa.

Además, juntaron los 8 millones del capital semilla de los excombatientes ($304 millones), compraron ganado (14 vacas de doble propósito y 16 terneros), seis cerdas de cría de alta genética y 5 mil peces.

— El proyecto de piscicultura hasta el momento cuenta con seis estanques de geomembrana con capacidad de 5 mil pescados y otros estanques que son en tierra, pero también forrados en geomembrana con capacidad de 5 mil a 8 mil peces cada uno —dice Ricardo Moreno.

Asegura el vicepresidente de Ceprodet que en la pandemia lo más difícil fue con los peces porque son muy delicados y también cuenta que crían tilapia roja, negra y cachama, que la comercializan en la cabecera municipal de Miranda y en zonas aledañas; además, que actualmente cuentan con un nuevo espacio de comercialización llamado Mercapaz (Mercado Alternativo de Paz), un proyecto de Ceprodet y Asprozonac, que tiene como objetivo fortalecer las economías locales y la integración social de la comunidad.

De acuerdo con el Informe del Secretario de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia de diciembre de 2021, el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó nueve proyectos productivos colectivos nuevos, en los que participan 113 excombatientes (77 hombres y 36 mujeres). 

La ARN aprobó otros 481 proyectos individuales, que benefician a 574 excombatientes (429 hombres y 145 mujeres). Hasta el momento se han beneficiado de proyectos productivos el 54 por ciento de los excombatientes acreditados. En particular se trata de 99 proyectos colectivos, que benefician a 3.478 excombatientes ( 2.512 hombres y 966 mujeres), y 3.190 proyectos individuales, que benefician a 3.849 personas (2.968 hombres y 881 mujeres). 

Todavía no se han desembolsado fondos para 15 proyectos colectivos aprobados anteriormente, y es importante resaltar, que la tenencia de la tierra sigue siendo clave para la sostenibilidad de los proyectos productivos, en especial los relacionados principalmente con la agricultura, de los cuales el 79 por ciento se están implementando en tierras arrendadas, como es el caso de los excombatientes de Ceprodet.

Asegura Heredia, que el tema con la ganadería ha sido bastante complicado porque no cuentan con la tierra necesaria para su desarrollo. Dice que la idea del proyecto era que fuera doble propósito, con ganadería lechera, y por ahora no tienen producción de leche, ni mucho menos de ganado. Por falta de tierras, las vacas se han muerto. 

Por esa razón, explica que necesitan aproximadamente unas cinco hectáreas para acondicionar unas 10 cabezas de ganado porque ellas se van a ir reproduciendo y en esa dinámica, desean tener algo demostrativo y que no afecte el medio ambiente y afirma que esa es la idea en toda su línea de producción, disminuir los efectos ambientales nocivos.

Actualmente desean estabilizar la producción para tener todo el tiempo una oferta al mercado. Por ahora tienen producción local pero quieren llegar a lo regional y tener productos todo el año. Las cerdas de cría se demoran casi cuatro meses en parir los lechones, luego se debe esperar cinco o veinte días para que nuevamente entre en calor. Quieren manejar esas dinámicas para siempre tener producción. 

En la actualidad existen 155 cooperativas de excombatientes en todo el país, de las cuales 31 están dirigidas por mujeres y 13 están integradas exclusivamente por mujeres. Estas asociaciones productivas, asegura el Secretario General a través del informe, han recibido asistencia técnica de múltiples actores, incluidas entidades nacionales e internacionales. Sin embargo, el 80 por ciento de ellas operan en zonas rurales remotas, lo que las hace particularmente vulnerables a la inseguridad. 

Desde abril de 2021 se han producido demoras persistentes en el suministro de alimentos a los 24 antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación debido a la subida del precio de los alimentos y al cambio del proveedor de servicios. 

***

— Bro, vamos a ver si ya parió la marrana —dice Moreno García a su hermano un poco entusiasmado. Ya se hizo de noche, muy de noche y hay poca luz por el camino a la marranera. Ricardo pasa unas botas blancas a cada uno de los que irán a ver a los nuevos lechones, coge una lámpara descargada y empieza a caminar con ese ritmo al viento.

Apenas se está acercando a la cochera, empiezan los cerdos a gritar, desesperados, parecen una escena de una película del estudio de animación Ghibli. Gritan fuerte, mucho más fuerte que cuando los apuñalan para el consumo. Entonces, empieza Ricardo a darles comida y agua y el concierto se disipa. Al fondo, de última, está la cerda de cría más grande, tirada, exhausta, con más de 15 lechones intentando encontrar la leche de su madre. Es impresionante el tamaño de esa marrana. Es gigante. Dice Ricardo que muchas veces ella misma mata a sus lechones porque no los ve y los aplasta. 

— Estuvo bueno el parto, toca ponerse a vacunarlos y a cortarles el cordón umbilical —, susurra Moreno.

— Estar con los marranitos es chévere. Me gusta mucho, lo disfruto. ¿Quiere vacunarlo? — dice Ricardo entre risas a su hermano.

—Lástima, esos dos se ven débiles, se van a morir. Cuando se mueren uno los tira al pasto y se lo comen los perros o los gallinazos y la placenta también se la comen—, cuenta Moreno.

— Y listo, toca empezarlos a cuidar y en poco tiempo se venden.

Apaga la luz y sale de la cochera.

***

Hace poco, apoyados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrollaron la identidad de la marca de sus productos y al final eligieron mediante asamblea: Productos Aldea, calidad para la vida. 

— El nombre de Aldea surge como una idea productiva, cultural y demostrativa que recoge el proceso de la corporación. Esta Aldea también es demostrativa, porque queremos mostrar a la sociedad que nosotros, aunque venimos de un conflicto armado, tenemos la capacidad de salir adelante, de trabajar en armonía con el medio ambiente y hacerlo de la manera que lo hace el campesino, la comunidad, ya no como una organización en conflicto con el Estado —, comenta Ricardo Moreno.

Desde Ceprodet aseguran que después de la pandemia los precios de los alimentos son muy elevados, al igual que el costo de los concentrados. Lamentan que los costos de producción no se compensan con las ventas.

— Los concentrados para los pescados son muy caros. Después de la pandemia subió mucho el precio y sigue subiendo. Uno compra un bulto hoy en 100 mil pesos y la otra semana ya está en 110 mil pesos. Entonces no hay una estabilidad económica en lo que son los precios de los insumos que nosotros requerimos para la producción — dice el vicepresidente y asegura que con los cálculos que hacen es poco la rentabilidad por los elevados precios no solo de los alimentos sino de los medicamentos que necesitan los animales. 

— Nosotros hemos tenido la ayuda de la coperación internacional, nos han financiado y nos siguen financiando parte importante de todo eso. Si no fuera por ese apoyo, hace rato hubiéramos quebrado. Uno le hace al trabajo y trata de economizar en costos de producción lo que más se pueda sin ir a afectar la evolución de los pescados o de los marranos, pero de todas maneras hay una dependencia — manifiesta Ricardo y concluye diciendo que en su paso a la vida civil, busca y lucha por transformar las condiciones sociales que hoy existen y mejorarlas desde los espacios productivos, sociales y culturales.

Esta producción fue realizada gracias al apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y del Caribe, coordinado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios, y a la alianza periodística entre VerdadAbierta.com, Co.marca Digital, Radio Campesina de Inzá y la Escuela de Cine y Televisión Étnica de Santander de Quilichao.

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En el departamento de La Guajira, golpeado por el abandono estatal y el conflicto armado, se está dando un proceso de reconciliación entre pobladores, excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública, que años atrás era impensable contemplar.

Un camino empolvado, cubierto de la tierra amarilla que abunda en suelo guajiro, se extiende como un brazo desde el municipio de Fonseca hasta Pondores. El territorio está custodiado por la Serranía del Perijá, un monte imponente que fue el escenario de múltiples asentamientos guerrilleros y de temporadas desoladoras, donde el fuego cruzado entre distintos grupos armados era consecuencia de la disputa por el poder en la frontera colombo-venezolana. En el valle que rodea esta cumbre se ubica el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Amaury Rodríguez, un poblado de 52 alojamientos, en el que habitan firmantes del Acuerdo de Paz desde hace 6 años.

El sol abrasador del mediodía cae sobre las fachadas coloridas del caserío y en una de ellas se lee “Pondores es reconciliación”, una frase que resume en gran medida lo que ocurre en este espacio, pues en este AETCR hoy transitan en sandalias y ropa holgada los hombres y mujeres que alguna vez caminaron con fusil al hombro y camuflado. El contexto de paz en que se encuentra esta zona del país le otorga al visitante una visión histórica, difícil de creer hace seis años: los uniformados que procuran la seguridad del territorio se reúnen en la tienda comunitaria del Espacio Territorial con algunos reincorporados cuando la Policía Nacional hace su visita de rutina.

Allí  dialogan juntos un rato y se ríen como si los años de hostilidades hubieran recibido el perdón y el olvido de ambas partes, dado que en Pondores se relacionan con respeto e, incluso, con afecto mutuo, miembros de la Unidad Básica de Carabineros y Seguridad Rural  (UBICAR) No. 25 y los excombatientes de las antiguas Farc, que hoy llevan una vida pacífica.

Para llegar a este punto, la Unidad para la Edificación de la Paz (UNIPEP) ha llevado a cabo distintas iniciativas para fortalecer los lazos y procurar la reconciliación de los exmiembros de las Farc y las comunidades. Cuando los excombatientes llegaron a este espacio en 2017, muchos de ellos eran miembros de los frentes 19, 41 y 59, este último era uno de los más fuertes del Bloque Caribe que operaba en la frontera desde mediados de los años noventa.

La Serranía del Perijá, por su ubicación estratégica, siempre ha sido un territorio disputado por diversos grupos armados que buscan el control de sus rutas internas, puesto que los espesos bosques montañosos de este ramal de la cordillera de los Andes conectan a La Guajira con los departamentos de Norte de Santander, Cesar y el estado venezolano del Zulia. Sus recovecos y caminos intrincados fueron importantes para la siembra y el transporte de marihuana durante la Bonanza Marimbera, que se dio entre 1974 y 1985, aproximadamente. Esos antecedentes atormentaron a los pobladores de este territorio durante décadas, puesto que, mientras las botas y los fusiles de diversos actores del conflicto andaban por estos caminos, las comunidades cercanas vivieron el miedo y el destierro.

Los desplazamientos y el despojo de tierras eran tan frecuentes que, en 2011, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), realizó un conversatorio con representantes de diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo para hablar de la situación humanitaria que vivía La Guajira y, especialmente, el municipio de Fonseca. Tras el encuentro, esta agencia concluyó que había una fuerte presencia de grupos paramilitares y guerrilleros en la zona, que ocasionan ataques a la población civil y a la Fuerza Pública. A su vez, en este territorio también han hecho presencia, y algunos todavía se mantienen, otros grupos al margen de la ley, entre ellos la guerrilla del Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’, los Conquistadores de La Guajira y organizaciones delincuenciales creadas en diferentes zonas del país. Por tal motivo, el miedo ha imperado siempre en el sur de este departamento.

Durante décadas, la única opción para las comunidades fue el exilio: las amenazas de limpieza social, la desaparición forzada y las tomas constantes de los centros urbanos mantenían aterrada a la población. Desde la violencia derivada de la Bonanza de la Marimba y de la lejanía del Estado y sus instituciones, Fonseca era territorio de nadie y por eso las comunidades nunca estaban seguras.

La vereda El Confuso, del municipio de Fonseca, se encuentra muy cerca del AETCR de Pondores. Al ser este un territorio bajo el dominio de las antiguas Farc, la comunidad adquirió fama de “pueblo guerrillero”; algo similar ocurrió con el corregimiento de Conejo. Por esta razón, sus pobladores estaban a merced de otros grupos armados contrarios al ideal insurgente.

Con el paso de los años el estigma ha disminuido, pero todavía persiste en algunos la memoria de la guerra. Aunque ahora son menos los actores enfrentados, este pueblo y las 18 veredas del municipio de Fonseca todavía experimentan los vestigios del conflicto con nuevos grupos que tomaron los terrenos dejados por las extintas Farc. Sin embargo, que ya no exista dicho grupo como organización guerrillera le ha otorgado a estas comunidades un sentido de tranquilidad relativo, que les ha permitido soñar con un territorio reconstruido y en paz, y llevar a cabo proyectos en los que excombatientes y miembros de las comunidades trabajan juntos.

Dalia del Carmen Molina, lideresa social y mujer afrocolombiana, ha vivido toda su vida en este territorio, que ha sido el escenario de sus logros y tragedias más profundas. Creció correteando entre calles empolvadas, protagonizando sus propias rebeliones, y muy temprano se encontró con que su vocación estaba en el servicio a este pueblo abandonado donde solo había llegado la guerra.

Hoy es una mujer reconocida por liderar múltiples iniciativas para el mejoramiento de su comunidad. Estas actividades, que le han llenado el corazón de esperanza, también han constituido un peso difícil de sobrellevar, por la amenaza que los grupos al margen de la ley le han hecho a su labor. Desde la firma del Acuerdo de Paz, ella es una de las que le ha apostado todo al proceso y se ha reconciliado con la sombra de esos años oscuros que a veces la atormentan.

Una historia similar vivieron los líderes comunitarios y los habitantes del corregimiento de Conejo, quizá uno de los más afectados por la violencia en la zona, quienes aún recuerdan como un museo de imágenes bárbaras, el miedo que se respiraba fuera de sus casas.

Allí llegaron el 17 de febrero de 2016, los exjefes guerrilleros ‘Jesús Santrich’, ‘Joaquín Gómez’ e ‘Iván Márquez’, dos líderes y un negociador de las Farc, para explicarles a la comunidad los avances de los diálogos en La Habana, Cuba. El diario El Tiempo registró que “500 personas participaron de este encuentro, entre ellas unos 150 guerrilleros”. Aunque el evento ocurrió sin mucha preparación, constituyó el primer peldaño de la implementación del acuerdo que iba a firmarse en noviembre de ese mismo año de forma definitiva en el Teatro Colón, de Bogotá.

Desde ese acto histórico, este municipio ha cambiado positivamente. Según reconocen Carlos Julio Chincha Rosado y Luz Míriam Vanegas, dos líderes del corregimiento de Conejo, todavía sus habitantes mantienen vivos en la memoria los vejámenes del conflicto, pero miran con esperanza el presente que les ha otorgado el proceso a ellos y a sus familias, que esperanzadas en este nuevo panorama, han vuelto a habitar la tierra de sus ancestros.

Primeros retos de la paz

La firma del Acuerdo de Paz fue tan solo el primer peldaño de una pendiente difícil de transitar, que a pesar de sus múltiples traspiés, ha contribuido considerablemente con la construcción de un país más pacífico en los espacios donde imperó el conflicto. Uno de los primeros retos para los habitantes del municipio de Fonseca y sus alrededores fue la adecuación de la vereda de Pondores como una de las zonas de transición y normalización donde debían residir los excombatientes en calidad de civiles en proceso de reincorporación a la vida legal.

A esta vereda de tan sólo cuatro hectáreas, que se encuentra a un kilómetro de Fonseca, llegaron cerca de 278 personas. El espacio no tenía casas construidas y el sol inclemente del valle guajiro era menos confortable que la frescura de la selva del trópico; por lo que los reincorporados tuvieron que adecuar sus propias viviendas con los insumos y la asesoría de funcionarios del Estado.

Por aquel entonces había mucha incertidumbre sobre la presencia de los reincorporados en este punto y su repercusión en el territorio,  aún así, la esperanza de que dichos lugares iban a facilitar el desarme y la reincorporación a la vida civil de los excombatientes, según lo pactado en el Punto 3 del Acuerdo de Paz,  constituyó un aliciente para las comunidades.

Otro era el panorama que vivían los excombatientes ante el peligro de sentirse en territorio ajeno y sin el arma que había constituido su única forma de defensa frente a otros grupos armados. Aunque quienes se sumaron a este proceso lo hicieron reconociendo una voluntad conjunta de ponerle fin al conflicto, los años de vida en la guerra fueron suficientes para que tuvieran temores profundos sobre su seguridad.

Desde las discusiones en los campamentos y las socializaciones que se hicieron internamente, ese era uno de los aspectos que más temor les ocasiona, y no en vano, porque los años transcurridos hasta ahora ya dejan, según las antiguas Farc, una amarga lista de 297 excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz.

El AETCR de Pondores es excepcional en este aspecto. El acompañamiento de la UNIPEP ha sido fundamental para sus pobladores puesto que les ha permitido, cinco años después, desempeñar sus labores sin el temor constante que acecha otras zonas de reincorporación. Allí viven Elkin Sepúlveda, Marinely Hernández y Marcos Martínez, tres líderes de distintas iniciativas productivas y comunitarias, que estuvieron unidos al momento de la firma del Acuerdo de Paz por la misma vacilación y que ahora ven con buenos ojos el trabajo conjunto con la UNIPEP.

Elkin Sepúlveda es un excombatiente que representa a las personas con discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades de alto costo entre la población fariana de Pondores. Estuvo inmersa en el conflicto desde la infancia, pues su madre fue combatiente; por eso la rutina de la guerra constituía el único sistema de vida posible para él. Aunque la violencia y la pérdida constante de amigos y compañeros no hacían llevadera su permanencia en las filas, la estigmatización, la falta de oportunidades, el temor de enfrentarse a la justicia y la amenaza persistente de otros grupos armados imposibilitaba el sueño de coexistir de otra forma sobre esta tierra. En sus experiencias de guerra vio morir a muchos compañeros y, a su vez, fue damnificado por el conflicto cuando una mina antipersonal le recortó el brazo derecho a la altura del codo y le afectó los dedos de su mano izquierda.

Por eso, a pesar del temor que le ocasionaba su indefensión,  asumió el reto de confiar en lo pactado con el Estado colombiano por la oportunidad de labrarse un futuro distinto. Hoy, cinco años después de ese traslado histórico, reconoce entre risas que acostumbrarse a los pormenores de la vida como civil ha sido quizá más desafiante que haber “dejado las armas”, pero disfruta como nunca tener el control de su porvenir y recuperar los lazos con su familia. En los momentos de quietud que le otorgan su nueva vida, ha contemplado el nacimiento de un nuevo sueño: “Yo anhelo el momento en el que no se hable de comunidad Farc, de comunidad Conejo, sino de una sola comunidad, sin distingos”.

Esa prevención inicial al desarme, aunque en menor medida, también le ocurrió a Marinely Hernández, actual lideresa de distintos proyectos productivos del antiguo espacio territorial gestionados por mujeres, que estuvo apoyando desde las filas las conversaciones y los acuerdos internos de las Farc para lograr el Acuerdo de Paz.

Su naturaleza femenina jamás fue un limitante para que ella desempeñara sus funciones y tuviera voz y voto, al contrario, estaba realizando una labor pedagógica cuando sus compañeros fueron trasladados para su desarme. Al regresar, reconoció en su nueva realidad que, aunque las armas eran una herramienta para acompañar la lucha revolucionaria, este nuevo comienzo estaba más cercano al objetivo político que tenían como organización y, por ende, valía la pena vivirlo.

A su vez, Marcos Martínez, excombatiente y uno de los gestores del proyecto “Autoconstrucción de vivienda asistida”, implementado por la Cooperativa Multiactiva Para La Paz De Colombia (Coompazcol), también compartió los temores de sus compañeros. Cuando fueron trasladados a las zonas veredales, reconoce que había desconfianza y prevenciones mutuas entre los uniformados y los excombatientes, sin embargo, con el tiempo estas tensiones se difuminaron debido a que los funcionarios de la UNIPEP demostraron conocer el Acuerdo de Paz y desempeñar respetuosamente sus funciones.

Nunca estuvo entre sus cavilaciones la posibilidad de que hoy su casa recibiera a un miembro de la Policía Nacional, pero los años de convivencia le han permitido ver en ellos a otros ciudadanos que comparten una condición humana sobre la cual caben muchos matices, y donde hay más similitudes que diferencias ante la inequidad y el dolor de la guerra.

Para los miembros de la UBICAR N. 25 de Pondores, la convivencia con los excombatientes también ha impactado profundamente su percepción sobre la naturaleza del conflicto. Al momento del traslado de los reincorporados, en la vía que conduce de Fonseca a Pondores se construyeron dos bases, una de la Policía y otra del Ejército, para facilitar la seguridad de los exmiembros de las antiguas Farc.

Poco o nada se relacionan las fuerzas militares con los excombatientes, pero su relación con la UNIPEP es completamente distinta, puesto que la Unidad se centró en el desarrollo de actividades conjuntas en pro de la construcción de paz, para facilitar la cercanía de estos hombres y mujeres con las comunidades.

El subintendente Johan Urrego, quien lidera el grupo de carabineros de la UNIPEP con sede en Pondores, asegura que desde el comienzo se ha procurado por integrar a los excombatientes con las comunidades vecinas a través de distintas actividades que fortalecen la convivencia como jornadas deportivas, charlas sobre derechos humanos y construcción de paz y espacios pedagógicos para la prevención de la violencia y el consumo de sustancias en niños y jóvenes, con el fin de procurar un futuro distinto a las nuevas generaciones.

Entre las estrategias implementadas que han generado un impacto positivo en las comunidades está el proyecto de Enfoque de Género en el Servicio de Policía, el cual incluye el Equipo Móvil de Atención (EMA), que consiste en el desarrollo de actividades para prevenir y atender los casos de violencia basada en el género en Fonseca y sus veredas aledañas, como el corregimiento de Conejo.

Ese mismo modelo se implementa en otras zonas apartadas del país, gracias a la articulación de UNIPEP, la Alianza para la Paz (APAZ) e Interpeace, con el apoyo financiero del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y asistencia técnica de ONU Mujeres. Dicho proyecto ha sido positivo para la disminución de barreras en el acceso de las rutas de atención de las personas víctimas de este flagelo.

“Vienen con la intención de hacer un acompañamiento, de hacer una socialización, de hablar sobre los temas de violencia y de hablar de las leyes que habría que identificar sobre esos temas y sobre temas de seguridad”, dice Marinely Hernández, quien a su vez reconoce que la comunidad fariana ha recibido de forma positiva los talleres y los espacios de capacitación que han realizado los miembros de la UNIPEP en el AETCR, pues las mujeres son un eje indispensable para la construcción de paz en este espacio.

“Sin nosotras el proceso de paz no sería efectivo, siempre se va a necesitar de la mujer”, dice Marinely. Para ella es fundamental que las excombatientes y las mujeres de las comunidades sean tomadas en cuenta en los procesos de transformación de conflictos porque solo ellas pueden identificar sus necesidades para el fortalecimiento de la paz.

Ese espíritu hace parte de una de las tantas revoluciones de las mujeres que integraron las extintas Farc, quienes durante el conflicto se desempeñaron en igualdad de condiciones que los hombres, y ahora anhelan que aquellas que no han vivido esta liberación, se sientan dueñas de sí mismas y del momento histórico que están viviendo. Es por esto que en el AETCR se fortalecen especialmente las iniciativas productivas de ellas y toda actividad que pueda ser provechosa para los niños, pues en ellos está el futuro de la paz.

Aunque Hernández sabe que la implementación de los acuerdos no ha sido perfecta, reconoce que lo más importantes es que también la comunidad fariana y la Unidad han podido desarrollar estrategias conjuntas para el empoderamiento de las mujeres y la concientización sobre las distintas formas de violencia, producto de las costumbres sociales del territorio,  que suceden en Pondores y en otras veredas o corregimientos: “Hemos tratado de coordinar para ver cómo esos temas los hacemos con las comunidades, que entre los dos actores que en su momento fuimos enemigos, ahorita nos podamos volcar hacia las comunidades”.

Gracias a estas acciones, este territorio que alberga a más de 100 excombatientes se ha convertido en la esperanza del municipio y del país para soñar un futuro diferente. La gran mayoría de excombatientes que están en este espacio tienen orígenes campesinos y, aunque hace algunos años decidieron pertenecer a las filas de las antiguas Farc por diferentes razones, hoy reconocen sus similitudes con las comunidades y procuran darles la mano o aceptar su apoyo en los proyectos productivos que se han planeado en el AETCR.

“El mensaje está muy claro: nos hemos ahorrado muchas vidas, una guerra que, a parte de que deja miseria y destrucción, no nos conviene porque no deja que progrese un país como tal y creo que es un paso muy importante que se ha dado, yo creo que se debería ser más optimista, tener un sentido más humanista y decir que el destino de Colombia no puede ser la guerra”, dice Wilfran Martínez, un excombatiente que, como muchos de sus compañeros, sueña con llevar la tranquilidad que se vive en Pondores a todos los territorios, con el fin de demostrar que, con tiempo, voluntad de perdón y muchas ganas se puede iniciar una vida mejor.

Otro de los proyectos importantes son los talleres de prevención de la drogadicción y el abuso sexual a menores de edad en el corregimiento de Conejo y la vereda El Confuso, donde los niños y sus familias aprenden sobre los efectos nocivos de las sustancias psicoactivas, las rutas de atención de la Policía Nacional en casos de abuso y las acciones de autocuidado para niños y adolescentes.

Estos talleres también se replican en otro de los proyectos esenciales de la UNIPEP en el municipio de Fonseca: el proyecto Carabineritos, a través del cual la Policía capacita a los niños en estrategias de convivencia y resolución de conflictos, además de facilitarles espacios sanos para el esparcimiento y el aprendizaje.

Fortaleciendo los lazos

Ese proceso de acercamiento no tuvo mayores inconvenientes, según sostienen algunos excombatientes como Elkin Sepúlveda y Marinely Hernández, pues las antiguas Farc ya había hecho presencia en los territorios que circundan Pondores y muchos de ellos no eran extraños para los habitantes de la zona.

No obstante, el verdadero reto de este proceso estuvo en convencer a los campesinos y a las mujeres de estos territorios de la viabilidad de la paz. Aunque por el estigma y la amenaza de otros grupos armados existió temor en los miembros de algunas comunidades para trabajar con los excombatientes, su voluntad y lucha pacífica de estos últimos cinco años, les permitió volver a confiar en ellos.

Dalia del Carmen Molina y Luz Miriam Vanegas, por ejemplo, son dos lideresas de la vereda El Confuso y el corregimiento de Conejo, respectivamente, que han reconocido en el Acuerdo de Paz una oportunidad para acercarse a los reincorporados, conocer sus motivaciones, miedos y esperanzas, y unir fuerzas con entidades como la UNIPEP, para trabajar a favor del municipio.

En la vereda El Confuso, por ejemplo, la seguridad y el orden han mejorado, a pesar de que todavía siguen presentes otros grupos al margen de la ley que pretenden adueñarse de las zonas y las rutas abandonadas por las Farc. Aunque Dalia ha sido víctima de amenazas por su liderazgo y su voluntad para apoyar y creer en los procesos que llevan a cabo los excombatientes, esta experiencia le ha cambiado la vida de muchas formas y le ha permitido encontrar aliados que creen en la paz como las organizaciones internacionales que respaldan el acuerdo y la UNIPEP: “A mí me resucitó como el ave fénix (la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la) ONU y ellos, los policías carabineros de Pondores, porque siempre vienen y nos alegran”.

El corregimiento de Conejo también vivió su propia transformación: la plaza principal, donde ocurrieron tomas, masacres y atentados, hoy es un espacio tranquilo que la comunidad procura mantener limpio y en orden. Los miembros de la UBICAR N. 25 coordinan con ellos jornadas de limpieza y actividades al aire libre que facilitan la integración y el sentido de pertenencia de sus habitantes, los cuales han aumentado en los últimos años por el retorno inminente de los antiguos pobladores ante la esperanza de la paz. También, los lazos con la institución han mejorado, pues, aunque la Policía también sufrió hostilidades en el pasado, los uniformados hoy pueden transitar con calma este espacio y apoyar a las comunidades.

El fortalecimiento de la economía del sur de La Guajira es uno de los cambios importantes en esta zona del país, pues la inversión en agricultura e iniciativas innovadoras no paran de crecer. A su vez, en Pondores, un gran número de proyectos productivos se han desarrollado gracias a las iniciativas desarrolladas de manera autónoma por los excombatientes, que se encuentran apoyadas por organizaciones internacionales y van desde el cultivo de alimentos, hasta la crianza de animales, las confecciones, la gastronomía, el turismo y la construcción.

Estos proyectos han mejorado la economía del municipio de Fonseca a pesar de que no han contado con el apoyo suficiente luego de las primeras etapas de implementación. Sin embargo, muchos de ellos son una fuente de empleo para los firmantes de la paz y las comunidades cercanas.

Una de las iniciativas más destacadas por su aporte trascendental a la construcción de paz y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias en proceso de reincorporación es el proyecto de Autoconstrucción de Vivienda Asistida, conocido como “Constructores de Paz”, cuyo apoyo proviene de la Unión Europea y del SENA, con el que se pretende edificar la primera ciudadela de la paz, es decir, un poblado que contará con 350 vivienda.

La idea, detrás del proyecto, es que los excombatientes elaboren sus propios ladrillos para la construcción de las casas y se provean a sí mismos de los materiales que necesitan. Aunque la iniciativa ha ganado adeptos en distintas organizaciones, llevarlo a cabo no ha sido sencillo porque la estigmatización hacia esta población ha afectado el apoyo que les brinda otras entidades no gubernamentales.

Aun así, los firmantes de Pondores han diversificado sus proyectos productivos y han incluido la siembra de melón y plantas aromáticas en la Granja San Luis, donde se concentra una de tantas iniciativas agropecuarias que cada día saca alrededor de 2 mil kilos de melón. Esto impulsa la economía local ya que muchos campesinos o tenderos compran y exportan este producto a otras regiones del país.

También se está gestando otro proyecto financiado a través de un apoyo a la reincorporación socioeconómica de integrantes Farc con enfoque comunitario, de género, étnico y poblacional del Fondo de la ONU para la Consolidación de la Paz (PBF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), conocido como Dama Verde. Este proyecto está liderado por el grupo de género del AETCR, en el cual trabajan 39 mujeres y 2 hombres. La iniciativa consiste en la siembra y el procesamiento de plantas aromáticas y medicinales para hacer té.

En cuanto al tema turístico, los excombatientes han diseñado la “Ruta Fariana” que emprende un recorrido por la Granja Nueva Colombia, donde los turistas pueden conocer de primera mano cómo era un campamento de las Farc, visitar el AETCR y los nuevos proyectos que desarrollan en la legalidad, ingresar a la Casa de la Memoria y realizar caminatas por los senderos de la Serranía del Perijá. A estas experiencias se les suman la visita al granero que vende insumos agrícolas, los servicios de restaurante, la venta de artesanías y el alojamiento al interior del AETCR.

Todas estas iniciativas productivas han sido acompañadas por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, que tiene un equipo local en el municipio de Fonseca para hacerle seguimiento a la reincorporación social, política y económica de los excombatientes de las Farc, al tiempo que se ocupa de vigilar las garantías de seguridad de la comunidad y los líderes sociales.

Frances Charles, jefe regional de la Misión ONU de Fonseca durante el 2021, ve en el esfuerzo mancomunado de los reincorporados, las comunidades y la Fuerza Pública, un ejemplo de reconciliación. “Yo puedo sentir la intención de mucha gente, no sólo excombatientes o la Fuerza Pública, o el gobierno, pero mucha gente quiere ver la paz, quieren hacer cualquier cosa para llegar a una situación cuando tengamos una paz sostenible y durable, y eso se nota”, dice.

Mientras el tiempo avanza y se siguen superando los retos, las comunidades del municipio de Fonseca que han protagonizado esta historia de paz pretenden seguir encaminadas en superar los dolores del conflicto y armarse únicamente con valor para mejorar las condiciones del territorio. Los avances se ven cada día, según dice Frances Charles: “En una reunión entre Fuerza Pública y excombatientes que, literalmente lucharon entre ellos durante el conflicto y ya están en la mesa, hablando, tomando un tinto juntos, yo veo progreso diariamente acá”.

Por su parte, los miembros de la UBICAR N. 25 de Pondores seguirán cumpliendo sus funciones, realizando el acompañamiento y velando por la seguridad de los habitantes del municipio, pues  ellos también reconocen que todo ha sido un trabajo común: “Siempre resaltamos que lo que se hizo, se hizo con el aporte de ellos (los excombatientes) y esa es la idea, que tanto la comunidad y nosotros trabajamos de la mano y resaltar esas diferentes actividades que se vienen haciendo”, dice el subintendente Urrego.

El paso de los años habrá de darle la razón a la paz, pero mientras eso ocurre los excombatientes siguen soñando: “Yo creo que nuestra tarea es construir eso, que las nuevas generaciones encuentren un país distinto. Que mis hijos se puedan encontrar con los hijos de los que fueron paramilitares y no les afecte el conflicto porque no lo están viviendo”, dice Wilfran, uno de los reincorporados que ahora camina por la Granja San Luis cuando se pone el sol e imagina, con la Serranía del Perijá en el fondo, una Colombia donde el pasado no impida la unión de su pueblo.

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Luego de que 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias decidieran desplazarse del corregimiento que los acogió durante los últimos tres años en su proceso de reincorporación a la vida civil, 150 personas que viven en el caserío y las casi mil asentadas en las veredas aledañas, temen que se repitan los hechos de violencia que padecieron 20 años atrás, cuando comandos paramilitares quemaron varias casas y obligaron a sus pobladores a abandonar la región

En el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del corregimiento de Santa Lucía se quedaron siete reincorporados de las antiguas Farc y sus familias, quienes, por voluntad propia, no quisieron trasladarse al nuevo sitio de concentración, en zona rural del municipio de Mutatá, sur del Urabá antioqueño, y ocuparon las viviendas de la parte central del predio, a donde llegaron en 2017 en busca de un lugar para iniciar una vida distinta a la de la guerra. (Leer más en: Reubicación de excombatientes en Mutatá, un reto para el gobierno nacional)

Quien ha alzado su voz a nombre de los campesinos y los pocos reincorporados que quedaron en Santa Lucía es el sacerdote Yonay Tuberquia Agudelo, párroco de la iglesia del corregimiento. Sus preocupaciones se centran en la desprotección en la que quedaron, luego del desplazamiento de los 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias por razones de seguridad.

El prelado aseveró que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) dio la orden de desmontar las construcciones de la parte baja del predio que tenían arrendado y que hacía parte del ETCR de Santa Lucía.

El sacerdote Yonay pertenece a la Diócesis de Santa Rosa de Osos, lleva cinco meses como párroco en Santa Lucía y en ese poco tiempo ha tenido bastante cercanía con los excombatientes y la comunidad. “Desde la Diócesis hemos seguido todo el proceso de paz”, le dijo a este portal.

Tropas del Ejército y agentes de la Policía aún están en el corregimiento; sin embargo, el sacerdote teme que después de un tiempo se vayan: “Ituango tiene 124 veredas y ellos tienen que andar por todas. Hablé con el comandante de Policía hace poco y me dijo que no tienen la orden de salir, pero que si los necesitan en otro lado tendrían que irse”.

Si la Fuerza Pública es trasladada, como temen en Santa Lucía, se generará mayor vulnerabilidad en una región donde disidencias de las antiguas Farc, estructuras surgidas tras el desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, organizaciones del narcotráfico articuladas con carteles internacionales y la guerrilla del Eln gravitan en la región, sin un control efectivo por parte de las autoridades, razón por la cual se generó el desarraigo de los 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.

La voz del sacerdote

VerdadAbierta (VA): ¿Qué expectativas tenían los campesinos frente a la reincorporación de los excombatientes en Santa Lucía?

Yonay Tuberquia Agudelo (YTA): La gran expectativa era la esperanza de paz, vivir una vida más tranquila. Es una comunidad que lleva más de 40 años afectada por la guerra y sin embargo la gente tenía esa perspectiva de perdón. Saben que les hicieron mucho daño, pero ahora ya ellos han dado el paso y la comunidad los recibió para hacer un cambio juntos.

Ahora con la salida de ellos, llega otra vez la incertidumbre; qué va a pasar en el territorio y si se llevan la fuerza pública, mucha más es la preocupación.

VA: En mayo pasado hubo amenazas tanto a excombatientes como a la comunidad, ¿eso cómo ha evolucionado?

YTA: Sí, incluso hubo un desplazamiento corto de la comunidad de Santa Lucía hacia el ETCR. Fue un desplazamiento ilógico, lo vemos de esa manera, porque no tiene sentido salir de la casa a 100 ó 200 metros de donde vivían los excombatientes. Los grupos armados enviaron el mensaje de que si el Ejército o la Policía no se retiran, entonces van a haber desplazamientos y enfrentamientos. Esas amenazas a lo último no llegaron a término, por ahora.

VA: Pero con la salida de los excombatientes sí se cumplieron las amenazas.

YTA: Los excombatientes salieron por temor, porque claro, hay presencia de grupos armados en la zona. Hay presencia de disidencias, de paramilitares y debido a eso, los excombatientes ya no se sentían tan seguros. Por eso decidieron irse para otro lugar.

VA: ¿Cuál fue la reacción de la comunidad campesina tras el desplazamiento de los reincorporados?

YTA: Hay unos sentimientos de todo tipo. La gente nunca olvida el mal que les hicieron cuando estaban en la guerra. En esa zona se mantenía la guerrilla y ahí mismo decidieron quedarse para reparar un poco el daño causado. En esos días previos a la salida, hubo nostalgia de los excombatientes al dejar un lugar al que se habían arraigado y que querían seguir.

VA ¿Qué pasará con la infraestructura física del ETCR?

YTA: Estamos tratando de hablar con la ARN a ver si hay posibilidades de que eso quede para la gente. Lo que la comunidad quiere es que esas construcciones se queden ahí tal cual para que sean un servicio para ellos mismos. En la comunidad tenemos familias que no tienen hogar y quisiéramos que esas casas las pudieran usar.  Sin embargo ya está la orden de desmontar la parte baja.

VA: ¿Qué cree que pasó con el Acuerdo de Paz en esa zona?

YTA: Creo que hubo errores de parte y parte. Los excombatientes se quejaban de que el gobierno nacional no les ha cumplido los Acuerdos y eso es evidente. Uno estando en la zona, se da cuenta que de cierta manera el gobierno falló en el cumplimiento de algunos puntos, como en la seguridad y las tantas muertes de los excombatientes aquí, a pesar de que ahí estaba la Policía y el Ejército.

Pero tampoco se desconoce que los excombatientes también fallaron en el cumplimiento, por ejemplo, que las disidencias se hayan rearmado supremamente rápido y que todavía hubieran quedado armas encaletadas, que tal vez tenían la intención de entregarlas, pero algunos rápidamente volvieron a cogerlas.

VA: ¿Qué acompañamiento gubernamental ha recibido la comunidad de Santa Lucía?

YTA: Hemos hablado con el señor alcalde de Ituango y él nos ha manifestado la intención de seguir preocupado por esta comunidad. En Santa Lucía se necesita muchísimo progreso, mejor educación, porque los jóvenes solo estudian hasta noveno y de ahí se tienen que ir hacia otra vereda a terminar el bachillerato.

Aquí no hay acceso a la información y la comunicación, la población no cuenta ni con una antena para señal de celular. Hablando también de la seguridad de estas personas, se hace muy complicado dar aviso al alcalde, a la zona urbana de alguna eventualidad que pase en la zona. No hay acueducto, la Pastoral Social con la misma comunidad ha hecho unos filtros caseros para potabilizar el agua, pero no es lo suficiente.

VA: ¿Qué intereses ilegales hay sobre Santa Lucía?

YTA: Este es un lugar montañoso y es un corredor estratégico para los grupos armados que se están disputando el territorio, eso no es desconocido para el gobierno ni para la comunidad. Por eso la comunidad no quiere que se lleven la Fuerza Pública, porque quedarían totalmente desprotegida, sería como decirles a los grupos ilegales, nuevamente bienvenidos al corregimiento. Se perdería todo lo que se ha avanzado hasta ahora.

VA: ¿Económicamente cómo se sostiene el corregimiento

YTA: La comunidad de Santa Lucía es totalmente campesina. El café es el mayor producto que se da en la zona y en general la actividad agrícola. Cuando llegó el ETCR, muchos campesinos se unieron a trabajar con los excombatientes en actividades de cuidado de ganado, cerdos, gallinas; es decir, en los proyectos productivos fruto del Acuerdo de Paz, lo que amplió las labores y la producción.

VA: En medio de la inseguridad, se expandió el virus COVID-19. Al respecto, ¿qué cuidados adoptó la comunidad para prevenir su llegada dado que uno de los focos de contagio es la zona de construcción de la central hidroeléctrica Hidroituango?

YTA: En esta contingencia, las comunidades se han acogido a los protocolos nacionales.  En el campo, la pandemia no ha afectado a nadie, nos cuidamos mucho, no salimos al centro urbano y nos quedamos dentro de la misma vereda para no contagiarnos con el virus.

VA: Finalmente, como iglesia católica, ¿cuál es la responsabilidad que tienen con Santa Lucía?

YTA: Acompañarlos. Y eso es lo que ha hecho la Diócesis de Santa Rosa de Osos, antes del proceso de paz, durante el proceso y ahora en la implementación. Esta comunidad lleva más de 40 años edificada en la zona y han tenido la presencia de un sacerdote. La tarea es acompañarlos mediante la guía espiritual como también en lo social, ayudarles para que sean atendidos por el Estado, al que le digo que no abandone a estas personas: también son colombianos y necesitan que los apoye y ayude.

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No es una tarea fácil la que comienza esta tarde con el traslado de 93 excombatientes de las extintas Farc y 14 menores de edad desde la vereda Santa Lucía, de Ituango, en el norte antiqueño, hacia la vereda La Fortuna, de Mutatá, en Urabá. Es un reto grande si se tienen en cuenta las restricciones que impuso la expansión del virus COVID-19 en el departamento y el país.

Ese grupo de reincorporados y sus familias tomaron la decisión de trasladarse de lugar debido a las difíciles condiciones de inseguridad que padecieron por tres años en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), empotrado en las montañas de Ituango, y las dificultades para fortalecer sus proyectos productivos.

A mediados de marzo pasado, cuando el gobierno nacional decretó el Aislamiento Preventivo Obligatorio, para contrarrestar la pandemia generada por la expansión del virus, los exguerrilleros asentados en Ituango alertaron que estaban siendo hostigados por grupos armados ilegales. Para ese momento, 12 de sus integrantes ya habían sido asesinados. (Leer más en Excombatientes de Farc buscarán seguridad en Mutatá)

Detrás de esa movilización del grupo de personas y sus menajes estará la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), agencia estatal que tiene bajo su responsabilidad los procesos de retorno de los excombatientes a la legalidad, el acompañamiento de los procesos productivos, individuales y colectivos; y las estrategias de formación que adelanten para lograr una efectiva inserción en la sociedad.

Desde enero pasado, cuando los firmantes de la paz tomaron la decisión de abandonar el ETCR de Santa Lucía, la ARN, junto con otras agencias estatales y las mismas Farc, comenzaron a tramitar todo el engranaje que permitiera concretar ese propósito, que se consolidó al ubicar dos predios, que en su conjunto suman 138 hectáreas, en zona rural del municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño.

En entrevista para este portal, Andrés Estapper, director de la ARN, confía en que todo este proceso acabe de la mejor manera. De acuerdo con la oficina de prensa del partido Farc, el traslado comenzará hoy a las tres de la tarde.

Ante los temores que genera un traslado de esta magnitud en medio de la pandemia, Stapper aseguró que de donde saldrán los excombatientes no se han identificado casos positivos de Covid-19 y agregó que “contrataremos unos kit de bioseguridad para que esas personas puedan viajar con los elementos necesarios para proteger su salud”.

Abandonan Santa Lucía

Verdad Abierta (VA): ¿Cuáles fueron las razones por las que los excombatientes del ETCR Santa Lucía decidieron trasladarse a Mutatá?

Andrés Stapper (AS): Decidimos presentar una serie de recomendaciones a unos espacios (ETCR) que por ciertas condiciones, tanto de seguridad como de accesibilidad, reincorporación económica, acceso a la oferta pública estatal y capacidad de los municipios de absorberlos como ciudadanos, era necesario buscar una zona que les permitiera un carácter mucho más permanente, incorporado a los territorios.

Para el caso de Ituango, en el primer trimestre del 2019, de manera conjunta ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), componente Farc, Gobierno y acompañamiento de la Misión (de Verificación de Naciones Unidas), viajamos a la zona hablamos con los colectivos y presentamos las recomendaciones.

En ese momento hubo una negativa por parte de los excombatientes. Cuando propusimos toda la oferta estatal, ellos nos manifestaron que querían mantenerse en el municipio en dos predios para que el gobierno les iniciara el proceso de compra y todo el tema de transición de esas zonas a espacios mucho más permanentes en el territorio.

Dada la situación de seguridad, en enero (de 2020) solicitaron el traslado de este espacio territorial. Como gobierno, hacemos unas comisiones conjuntas, vamos en el marco de la mesa técnica de seguridad al municipio de Ituango, nos reunimos con el consejero de seguridad de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas; el consejero Emilio Archila; Ejército; Policía Nacional y la Defensoría. Y ahí es cuando nosotros llegamos a uno acuerdos de trasladar el ETCR.

VA: ¿Cuáles son esos acuerdos?

AS: Concertamos la compra de un predio en el municipio de Mutatá muy cercano a este proceso colectivo que lidera Rubén (Joverman Sánchez) en San José de León. A una media hora. Es muy colindante. Ahí se ubicaron cuatro predios, de los cuales el compromiso de Estado es adquirir dos de ellos, que suman unas 138 hectáreas, pero como en las acciones iniciales nosotros arrendamos el predio, ya firmamos el contrato de arrendamiento con el propietario por un año.

VA: Y con los otros dos predios, ¿qué sigue?

AS: Quedamos con el componente Farc que, de manera conjunta, podríamos buscar o gestionar recursos con algún cooperante, algún privado o a través de la posibilidad de que se van a utilizar los 8 millones que tienen ellos asignados como capital semilla, para la compra del predio, para poder gestionar la compra de otras dos porciones para sumar un terreno de 198 hectáreas.

Esa gestión la avanzó muy rápido el componente Farc, a través de una fundación que se llama Confraternidad Carcelaria que también les había dispuesto en el municipio de Ituango la compra de un terreno de cien hectáreas para el proyecto de ganadería que les fue desembolsado por el gobierno nacional.

VA: ¿Cuántos reincorporados se van a Mutatá?

AS: A la fecha, son 93 los excombatientes los que se van a trasladar. Otros siete manifestaron el interés de no trasladarse. Y ahí estamos ajustando todas las líneas para ver cómo podemos seguir apalancando la reincorporación de estas personas, tanto las que se van a trasladar a Mutatá como las que se piensan quedar en el municipio de Ituango.

Camino a Ituango

VA: ¿Qué proyectos productivos se estaban llevando en Ituango y a cuántas personas beneficiaba?

AS: En Ituango teníamos dos proyectos productivos que vinculaban a unas 129 personas. El desembolso de estos proyectos era por casi 194 millones de pesos. Tenían dos componentes fundamentales y transversales. Uno súper innovador, de televisión e internet, proveído por la misma cooperativa de excombatientes. Ese proyecto va a seguir funcionando desde la cabecera municipal de Ituango con los excombatientes que se quedan.

El otro es un proyecto de ganadería. Nos hemos apoyado muy de la mano con la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), con todos los profesionales técnicos y con el componente Farc y los liderazgos en el territorio.

Empezamos a hacer la revisión del proyecto productivo para hacer todo el tema de vacunas y de sellos para realizar el traslado. La decisión tomada por parte de la cooperativa de excombatientes es vender esos animales y con esos recursos comprar animales que estén mucho más acondicionados al terreno al cual se van a trasladar.

VA: ¿Qué ocurrirá con la infraestructura del ETCR apenas salgan los 94 reincorporados que viajarán a Mutatá?

AS: Se desmonta. El compromiso del gobierno nacional, igual que lo tenemos con los excombatientes, también lo tenemos con los propietarios de estos bienes, es entregar la tierra en las mismas condiciones o mejor de lo que fueron adquiridas. Dentro de este proceso también se contemplan los recursos de adecuación de este espacio.

VA: ¿Cómo se hará el traslado del grupo de excombatientes a Mutatá, dadas las restricciones que impone la pandemia de Covid-19 y qué apoyos hay para dicho traslado?

AS: Hemos venido haciendo un plan que se ha socializado con los liderazgos del antiguo espacio territorial de Santa Lucía y con los representantes de Farc ante el Comisión Nacional de Reincorporación sobre la logística del transporte, alimentación, contratación de los camiones para el traslado de los enseres de estas personas, traslado de los proyectos productivos.

En este momento, en esta parte del municipio de Ituango, no se ha identificado personas que estén infectados con esta enfermedad. Por parte de la Agencia, contrataremos unos kit de bioseguridad para que esas personas puedan viajar con los elementos necesarios para proteger su salud.

VA: ¿Está resuelto el tema de la vivienda en Mutatá para los excombatientes que saldrán de Ituango?

AS: Se van a trasladar 93 excombatientes, de ellos 46 mujeres y 47 hombres, además de 14 niños. Para las mujeres y los niños se van a disponer unos espacios para su ubicación en el punto colectivo en San José de León, que es liderado por Rubén (Joverman Sánchez), y los hombres se van para el predio. En este predio contamos con tres viviendas que van a ser adecuadas por parte de la Agencia y se van a comenzar a hacer unas obras de infraestructura para ir comenzando con todo el proceso de construcción de las viviendas provisionales.

En perspectiva nacional

VA: ¿Qué balance tiene del proceso de reincorporación de excombatientes de las extintas Farc en todo el país?

AS: En este momento, llevamos más de 57 proyectos productivos de carácter colectivo, que vincula a 2.700 personas en proceso de reincorporación, e inversiones cercanas a los 30 mil 500 millones de pesos. Además, llevamos 1.387 proyectos individuales, que benefician a unas 1.630 personas y son inversiones por 12 mil 950 millones de pesos.

Este proceso, en Colombia, es uno de los que tiene mayores garantías en materia de atención a excombatientes en el mundo. Y nosotros hemos tratado de priorizar el fortalecimiento de habilidades y competencias a la población, más que procesos de carácter asistencialista como se pueden dar en otras latitudes.

VA: En ese sentido, ¿cuáles son las cifras sobre capacitación de los excombatientes?

AS: La capacitación es lo que hace que el proceso sea sostenible en el tiempo, no sólo en materia económica sino en todo el proceso de la legalidad. Para mí, los procesos educativos y formativos tienen un gran valor y un gran impacto.

En educación, entre los años 2019 y 2020, hemos vinculado 5.745 personas a la oferta institucional disponible. Con el Sena tenemos una oferta con unos 17 mil cupos en diferentes procesos educativos, cursos cortos, donde se han vinculado 9.421 personas. En salud, el 89 por ciento de la población está afiliada al régimen de salud subsidiado. Tenemos acompañamiento sicosocial a más de 11 mil personas.

VA: Una de las principales quejas de los excombatientes es que no hay tierras para realizar los proyectos. ¿Cómo va el proceso de adquisición de tierra para ellos? Hasta ahora, ¿cuánto terreno han adquirido?

AS: Este gobierno dispuso de 16 mil millones de pesos, a través del Decreto Ley 902, para la compra de tierras en desarrollo de diferentes procesos en materia de reincorporación. Con base con eso, estamos comprando todos los predios sobre los cuales se basa la estrategia de transformación de los distintos espacios territoriales, aproximadamente 27 predios. Ya uno de ellos fue comprado, el antiguo espacio de Colinas, en Guaviare, de 71 hectáreas.

Hay seis predios en avalúo técnico por parte del Agencia Nacional de Tierras, que suman unas 359 hectáreas, que están en Charras, también en Guaviare; Llanogrande en Antioquia; y La Variante, en Nariño. A cada uno se le va a titular su casa en cada uno de esos espacios territoriales.

En Antioquia tuvimos un gran ejemplo del apoyo con el sector privado donde Proantioquia viene estructurando todo un compromiso con los empresarios de la región, quienes compraron un predio de 270 hectáreas en el municipio de Dabeiba, que va a impactar a 1.300 excombatientes en el desarrollo de cinco unidades productivas.

VA: Algunos excombatientes afirmaron que dentro de la ruta de reincorporación no quedó incluido Ecomún. ¿Qué puede decir al respecto?

AS: En la Resolución 4309 en la cual se define el proceso de reincorporación de largo plazo, dentro del componente de sostenibilidad económica, está claramente definida en los artículos 11 y 12. Dentro de los criterios de cumplimiento hay uno específico que se refiere a los procesos colectivos. Lo voy a leer textualmente: “Pertenece o perteneció a una forma asociativa que ha recibido acompañamiento para el fortalecimiento de sus capacidades”.

La pregunta para ellos es si querían que quedara expresamente Ecomún como la única forma asociativa de los excombatientes, que es una cuestión diferente, porque puede ser el querer o sentir de algunos. Nosotros lo que privilegiamos en la resolución es que pueden ser las formas asociativas que ellos dispongan, llámese Ecomún, Construpaz o cualquier tipo de empresa que trabaje en el modelo económico de la población.

VA: ¿Se trabaja en proyectos directamente con Ecomún?

AS: En este momento estamos terminando una formulación de un proyecto para Ecomún en el marco de las iniciativas económicas en la región; es un proyecto por 9,4 millones de euros para el fortalecimiento de esta cooperativa y de 4 o 5 nodos económicos en diferentes regiones. Con esto se pretende impactar a 3.600 personas y lo venimos construyendo de la mano con la Unión Europea y con el componente Farc.

VA: ¿Cuántos excombatientes en vía de reincorporación son de comunidades afro e indígenas?

AS: A 30 de junio del año 2020, teniendo en cuenta las 12.773 personas que están en el proceso de reincorporación y la caracterización que nosotros hicimos a través del Recurso Nacional de reincorporación, el registro nos dio que 2.091 personas se auto reconocen como pertenecientes a comunidades étnicas. 1.379 son pertenecientes a pueblos indígenas, 630 a negros mulatos, afrodescendientes y 82 pertenecientes a raizales y gitanos.

VA: ¿Todos ellos volvieron a sus territorios o están en los espacios dispuestos para los demás firmantes del Acuerdo de Paz?

AS: En cuanto a su ubicación encontramos que 526 personas de estas se encuentran ubicadas en antiguos espacios territoriales y 565 de ellas se encuentran ubicados fuera de estos.

Hay un espacio en particular que es el de Caldono, Cauca, que se encuentra al interior de un territorio Nasa. El 95 por ciento de esta población es perteneciente al pueblo Nasa y con ellos ya hicimos todo un proceso de concertación para la permanencia del espacio territorial, frente a la construcción de los manuales de relacionamiento intercultural, frente a las personas que no pertenecen al pueblo Nasa, pero sí desean permanecer allí.

La creación del Acuerdo dispuso un proceso de armonización étnica de la ruta y del proceso de reincorporación. Eso lo incorporamos en el marco de las metas trazadas por el Presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, concertado con los pueblos étnicos, para comenzar la construcción de este programa de armonización, con las consultas previas.

Para eso se dispuso un presupuesto de 1.500 millones de pesos, para contratar los asesores, para la construcción del modelo, ahora tenemos un gran reto en el marco de esta pandemia para poder iniciar los procesos de consulta, pero sí venimos trabajando con los grupos étnicos en la Agencia en ver cómo podemos construir decretos, para no llegar a instancias tan largas y poder avanzar en la construcción de modelos de atención y armonización.

VA: ¿Cuántos excombatientes han abandonado el proceso de reincorporación y qué ha pasado con ellos?

AS: A la fecha, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, al 30 de junio ha certificado unas 13.511 personas. Después de hacer todo un proceso de depuración de las bases de datos, la población beneficiaria de la política de reincorporación es de 12.773 personas.

De esas 12.773 tenemos unas 2.790 que viven en los antiguos espacios territoriales; otras 9.345 personas se ubican en 588 municipios de todo el país; y con unas 638 personas estamos es un proceso de búsqueda activa porque no se ha tenido ningún registro de asistencia de ellas.

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Se van a Mutatá el próximo 15 de julio. La vereda La Fortuna será el nuevo espacio para recibir 93 firmantes de la paz que viajarán con sus familias, sumando 107 personas. Vivirán cerca de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) San José de León, donde antiguos compañeros suyos hacen una nueva vida, lejos de las armas, desde hace más de dos años.

Aún sin definir cuánto terreno podrán adquirir, los excombatientes de las antiguas Farc que saldrán de Ituango, norte de Antioquia, hacia el sur del Urabá, continuarán su proceso de reincorporación asentados en dos predios que arrendó la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), la entidad responsable de este tipo de procesos.

Atrás dejarán a siete firmantes y sus familiares, la mayoría nativos de este municipio, que optaron por quedarse en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, pese al riesgo que significa vivir en una región alterada por la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos disidencias que no se acogieron al Acuerdo de Paz.

A mediados de marzo pasado, cuando el gobierno nacional decretó el Aislamiento Preventivo Obligatorio, para contrarrestar la pandemia generada por la expansión del virus COVID-19, los exguerrilleros ubicados en Ituango alertaron que estaban siendo hostigados por grupos armados ilegales. Para ese momento, 12 de sus integrantes ya habían sido asesinados.

Pese a las denuncias, la violencia continuó angustiando la vida de los reincorporados. El pasado 17 de mayo, en medio de la pandemia, recibieron una amenaza por parte de grupos armados ilegales, que les advirtieron que si en siete días no salían la Policía y el Ejército de la vereda Santa Lucía, los excombatientes debían desalojar el ETCR y los campesinos, la vereda. El miedo se generalizó, pero resistieron y se quedaron. (Leer más en: La angustia de excombatientes de las Far: entre confinamientos y amenazas)

Uno de los últimos crímenes contra los reincorporados ocurrió el pasado 6 de junio, cuando fueron asesinadas tres personas, entre ellos Camilo Sucerquia, de 15 años de edad, hijo de la excombatiente y firmante de paz Nidia Sucerquia. Los hechos se registraron en la vereda Quebrada del Medio, a unos pocos kilómetros del ETC de Santa Lucía.

Sin tierra

Además de los riesgos para su seguridad personal y colectiva, los reincorporados carece de tierra suficiente para continuar con sus proyectos de vida. Las empinadas montañas que los rodean no están disponibles y la comercialización de los productos, resultado de los proyectos, también es una falencia que los desmotiva, pues no es recompensado el esfuerzo de cultivarlos. Lo único que ha salido de allí es Café del Paramillo, una de las iniciativas prósperas.

“Ante la falta de garantías por parte del Estado, el colectivo en proceso de reincorporación del municipio de Ituango se vio obligado a desplazarse a sembrar la semilla de la paz en otro lugar del departamento de Antioquia. De la mano del Gobierno y el Partido Farc, venimos preparando el traslado”, afirmó Félix Antonio Muñoz Lascarro, delegado de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) al Consejo Nacional de Reincorporación, en una rueda de prensa virtual realizada el pasado viernes.

Este exjefe guerrillero, quien en la guerra era llamado ‘Pastor Alape’, dijo también que ante la necesidad de acompañamiento “se ha venido sumando la Gobernación de Antioquia, a través de su Gerencia de Paz y la Alcaldía de Ituango ha mostrado toda la disposición de seguir aportando a los compañeros, que de una u otra manera, tienen iniciativas productivas en el municipio”.

Adicional a ello, La Organización de Naciones Unidas (ONU) también estará presente como garante en todo el proceso de traslado y reubicación de los exguerrilleros en Mutatá.

Desde mediados de marzo pasado, Gustavo Rivera, conocido en la guerra como ‘Agustín Ramírez’ y encargado del ETCR de Santa Lucía, veía con tristeza y preocupación la situación que estaban viviendo allí. Hoy dice que siente nostalgia; sin embargo, agrega que “la gente está contenta y con ganas de salir ligero”.

Aunque aún falta más de una semana para que el traslado sea una realidad, quienes decidieron partir de Santa Lucía ya están empacando sus pertenencias y despidiéndose del lugar que los albergó durante tres años.

Comunidad, desprotegida

Santa Lucía es una vereda que queda a dos horas en carro de la cabecera municipal de Ituango. Es una de las puertas de entrada al Nudo de Paramillo, una región de amplia diversidad natural que abarca una extensa área de los departamentos de Antioquia y Córdoba, constituida en Parque Nacional en 1977 con una delimitación de 540.014 hectáreas.

Desde la década del ochenta, las antiguas Farc conformaron varias estructuras con presencia en el Nudo de Paramillo. Por su ubicación estratégica para fortalecer actividades ligadas al narcotráfico, desde la siembra de hoja de coca hasta la cristalización del clorhidrato de cocaína, se convirtió a finales de los noventa en una región en disputa por la facilidad que ofrece para llegar al océano Atlántico.

La vereda Santa Lucía fue epicentro de esas disputas. El 30 de noviembre del año 2000 un comando paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) incendió todas las casas de este caserío y la mayoría de sus habitantes salieron desplazados, otros lograron esconderse en el monte y salir después de varios días.

En esa ocasión, acusaron a sus pobladores de hacer parte de la guerrilla o colaboradores y los amenazaron con asesinarlos sino abandonaban la región. Lo paradójico es que esa amenaza se repitió casi 20 años después.

A los pocos meses de aquel fatídico de noviembre de 2000 varias familias que no soportaron la vida en situación de desplazamiento regresaron y reconstruyeron sus casas. En el 2012 llegó la electricidad a la vereda y para el 2017 ya eran 380 personas allí. Con la llegada de excombatientes a Santa Lucía a crear un Punto Transitorio de Normalización, la gente se esperanzó con que la guerra iba a terminar.

Entre todos construyeron la zona veredal donde se instalarían los exguerrilleros. La misma comunidad mejoró su vereda, se hicieron nuevas casas y se ilusionaron con la idea de que la vida les iba a cambiar. Y así sucedió durante un tiempo, pero luego empezaron nuevamente los hostigamientos, los asesinatos y las estigmatizaciones.

En el 2017, Héctor Giraldo, quien era concejal en Ituango en ese entonces y oriundo de Santa Lucía, veía que la estigmatización seguía como en años anteriores: “Ya los medios, las instituciones y los malintencionados dicen que son zonas independientes, que aquí no hay sino guerrilla. Por el hecho de ser de estos cañones nos investigan todo, hasta la comida”.

Hasta ahora no se ha presentado ningún desplazamiento de la comunidad, pero sí está el temor de que en cualquier momento suceda, entre otras razones porque, al parecer tanto la Policía como el Ejército abandonarán la zona. “No queda nada de la seguridad que ha habido para el ETCR”, sostuvo Rivera.

En el ambiente queda la sensación de que el Estado incumplió la parte del Acuerdo de Paz en la que se comprometió a fortalecerla seguridad y proteger la de quienes abandonaran la guerra y se acogieran a los procesos de reincorporación a la vida legal.

“Uno no se explica cómo en una zona tan militarizada haya tanto asesinato. Toda la seguridad de la población que queda en Santa Lucía es total responsabilidad del Estado”, recalcó Omar Restrepo, congresista del partido Farc, en la rueda de prensa del pasado viernes.

Los excombatientes que decidieron quedarse en Santa Lucía estarán dentro del ETCR mientras consiguen dónde vivir. Dentro del caserío, los reincorporados tienen un proyecto de venta de internet que mantendrán. Igual que la marca Café del Paramillo, que se quedará en Ituango. El proyecto ganadero sí lo trasladarán a Mutatá apenas estén ubicados y las restricciones impuestas por la expansión de la COVID-19 lo permitan.

Con respecto a la infraestructura construida en el ETCR, será recibida por la ARN, precisó Rivera, una vez sea abandonada en su totalidad por los exguerrilleros y sus familias.

Este portal buscó conocer la posición de los funcionarios de la ARN al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.

Desde que los excombatientes de Ituango manifestaron la necesidad de salir de allí, plantearon que esas instalaciones debían quedar para la comunidad, quienes estuvieron aportando en su construcción y vivieron la guerra en todas sus dimensiones. Al indagar a Rivera por el sentir de la población por la salida, dijo: “hay preocupación, la seguridad en todo el municipio es compleja. A la gente le da nostalgia ver salir a quienes acogieron por mucho tiempo”.

Del Norte al Urabá

Viajar de Santa Lucía a Mutatá tomara poco más de un día. La primera jornada se hará hasta el casco urbano y la segunda los llevará hasta la vereda La Fortuna, y se ubicarán al lado donde se instalaron, en junio de 2018, los excombatientes que llegaron del ETCR de la vereda Gallo, en Tierralta, Córdoba, abandonada también por razones de seguridad.

Los 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias decidieron trasladarse a esta región del sur del Urabá antioqueño porque, según Rivera, “fue en la parte donde se pudo conseguir el terreno. Hay acceso a la tierra y central para el comercio de lo que se produzca”. Además, estarían apoyados por los excombatientes que ya están instalados allí.

“Ese traslado lo veo bien, frente a los asesinatos y en defensa de la vida hay que hacer lo que toque. Lo veo complicado sino hay voluntad del gobierno o por las medidas del Covid-19 también”, le dijo a este portal Joverman Sánchez, conocido en la guerra como ‘Manteco’, y quien es el encargado del NAR San José de León en Mutatá. (Leer más en:
El Paramillo, un nudo difícil de deshacer)

Este reincorporado aseveró que “ahora no importa tanto de si le gusta o no le gusta (el traslado), o que piensen en proyectos productivos, aquí lo que prima es la vida, la seguridad de la gente, la tranquilidad”. Y aseveró que el tema de seguridad en este municipio del Urabá antioqueño es estable y no existen amenazas por el momento.

Desde el pasado 3 de julio, la cooperativa de excombatientes de Ituango inició una campaña a través de redes sociales para recoger fondos y financiar el traslado e instalación en su nuevo lugar, así como la consecución de un predio, donde esperan alcanzar la paz que soñaron tras dejar las armas y abandonar la lucha violenta contra el Estado.

Por su parte, el partido FARC espera que este proceso se consolide y, además, que se detengan los asesinatos contra sus miembros en todo el país. El último de ellos ocurrió hace dos días en zona rural de la vereda Tallambí, municipio de Cumbal, en el sureño departamento de Nariño. Con este homicidio ya van 215 excombatientes asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.

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