Bajo la pegajosa humedad del Urabá antioqueño, un grupo de excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc, trajeados de civil y comprometidos con la paz firmada hace más de cinco años, acudieron a una cita con representantes de las comunidades indígenas y negras del Bajo Atrato chocoano para escuchar los reclamos por sus acciones de guerra contra sus organizaciones y sus territorios.

No fue un camino fácil para llegar a esa reunión, celebrada en días pasados en un centro recreativo a las afueras del municipio de Apartadó, Antioquia, y a la que asistieron por lo menos cien personas. Por más de un año, unos y otros se reunieron de manera privada a instancias de varias organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de establecer las afectaciones de las que fueron víctima los pueblos étnicos y por las cuales responsabilizaron a los frentes 5, 34 y 57 de las extintas Farc, que operaron en esa región biodiversa de Chocó, irrigada por el río Atrato y sus afluentes.

Tras intensas discusiones, lideresas líderes étnicos se pusieron de acuerdo en reclamarles a los exjefes guerrilleros de esos frentes por las afectaciones que ocasionaron a los territorios, al gobierno propio y autonomía organizativa, y a las prácticas culturales, la economía tradicional y los modos de vida propios.

“Es un proceso muy inspirador”, dijo al respecto Patricia Tobón, comisionada de la CEV, quien estuvo presente en el encuentro. Ella resaltó que se llegó allí por “por voluntad de las víctimas y también por voluntad de los firmantes de Acuerdo después de un proceso largo, privado”, y se mostró esperanzada en que este proceso pueda continuar.

A través de un video el también comisionado Leyner Palacios envió un mensaje en el que recordó que el Bajo Atrato es “una región que ha sufrido de manera desproporcionada los impactos de la guerra” y agregó que “por su ubicación geoestratégica, su condición étnica y por los múltiples recursos naturales que existen ahí, se convierte en una región muy importante para el país, para el desarrollo y para consolidar la apuesta a una salida concertada del conflicto armado”. (Leer más en: El Atrato: dos décadas de guerra)

Esta región chocoana de 12.419 kilómetros cuadrados, está conformada por los municipios de Acandí, Carmen de Darién, Riosucio y Unguía, que fueron colonizados desde comienzos del siglo XX y en el que confluyeron comunidades indígenas y negras provenientes de zonas vecinas, como el sur del departamento y de Antioquia. Con el paso de los años, y afrontando los retos que imponía una geografía biodiversa, se fueron asentando y construyendo sus modos de vida propios.

Dada su privilegiada ubicación, con salida a los océanos Atlántico y Pacífico, así como a la vecina república de Panamá, la guerrilla de las Farc irrumpió en la región en la década de los años setenta y se convirtió en el actor armado hegemónico por varias décadas, imponiendo de manera arbitraria sus ‘normas’ de control social, territorial y económico. Su poder fue disputado desde mediados de los años noventa por las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y luego por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dejando en el medio a las comunidades indígenas y negras, y profundizando las transformaciones y afectaciones a sus territorios y costumbres.

Las intervenciones de líderes y lideresas de las comunidades indígenas y negras del Bajo Atrato chocoano dejaron en claro que, si bien ese acto público era importante en el proceso de reconocimiento de responsabilidades por parte de los exjefes guerrilleros de las extintas Farc, no se obtendría una verdad completa, aunque rescataron el esfuerzo realizado para lograr ese encuentro y detallar frente a quienes ejercieron un poder armado arbitrario e ilegal las afectaciones que ocasionaron a sus territorios, comunidades y prácticas ancestrales.

Contra el gobierno propio

Uno de los primeros reclamos sobre los daños ocasionados a las comunidades negras provino de Yilio Perea, delegado ante la CEV por los consejos comunitarios de la cuenca del río Truandó, quien calificó las afectaciones de gravísimas por cuanto los entonces guerrilleros de las extintas Farc, sin tener ningún derecho, suplantaron a las autoridades ancestrales.

“Y fueron suplantados porque ya la comunidad no obedecía a las órdenes que los líderes para en su momento daban, sino que obedecían era entonces a las órdenes de los comandantes, militares y políticos, de este grupo armado al margen de la ley”, explicó Perea.

Este líder recordó que para la época en la que las antiguas Farc ejercían su poder armado impusieron el orden en los territorios de comunidades negras y sus comandantes “decían qué se debía o tenía que hacer en los territorios”, en contra de la voluntad de sus pobladores.

“Fueron afectaciones graves para nosotros –agregó Perea– porque creemos que en esas decisiones no tenían por qué participar personas ajenas a esa gran asamblea que es la comunidad en pleno. Por eso, en esta apuesta, nosotros demandamos de ustedes la verdad hasta donde sea posible para generar esa satisfacción en nuestra gente”.

Y concluyó con una petición: “Queremos mirar cómo sanamos esas heridas y que reconozcan que fueron muchas las afectaciones, además de esta de gobierno propio y de formas organizativas, son muchas más las afectaciones que confluyen en todo el trasegar de ustedes en nuestro territorio”.

Otra de las voces en tono de reclamo que se escucharon en el evento fue la del líder indígena Julio César Salazar, del Resguardo Salaquí-Pavarandó. “Este proceso no ha sido fácil, pero hemos estado trabajando y hemos avanzado”, comentó a manera de preámbulo para, a renglón seguido, cuestionar a los exjefes de las antiguas Farc por los daños ocasionados al pueblo Embera Katío del Bajo Atrato chocoano.

“Ellos, las Farc, desconocieron nuestros cabildos, que son la máxima autoridad dentro de un resguardo indígena”, afirmó Salazar. “Ellos saben muy bien que los resguardos son territorios indígenas, pero desconocieron las funciones del cabildo, los reglamentos internos de las comunidades. Querían que nosotros hiciéramos lo que ellos nos dijeran”.

De acuerdo con el relato del líder del pueblo Embera Katío, los frentes guerrilleros presionaban a sus autoridades ancestrales porque los cabildos no aceptaban colaborar con esa organización alzada en armas. “Eso es un reglamento que nosotros tenemos. Pero cuando eso se hablaba, era porque ya nosotros éramos del Estado, porque ya nosotros éramos ‘torcidos’, Y de esa manera fuimos afectados”.

También fueron afectados en su control territorial y movilidad por cuenta de ese rechazo. Salazar recordó que los entonces guerrilleros de las Farc cuestionaban la vigilancia y el control social que ejercían los indígenas, así como las salidas de los nativos al municipio de Riosucio, donde se proveían de alimentos y enseres.

“Todo para ellos era incomodo. Pensaban que nosotros éramos un gran enemigo porque todo lo que ellos decían, nosotros lo rechazábamos. Se incomodaban porque un compañero de nosotros saliera dos o tres veces a Riosucio, decían que para qué tenía que estar saliendo, y si compraba un objeto de valor, preguntaban de dónde había sacado la plata.  Todas esas cosas nos afectaron en el proceso organizativo y en la autonomía”, reiteró Salazar.

Rememoró, además, un hecho ocurrido años atrás. “Una vez estuvimos en una reunión en Quiparadó y allí nos secuestraron. ¿Y por qué nos secuestraron? Porque un día antes había llegado una donación de 18 motores del PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) y todos los gobernadores se fueron estrenando motores a esa reunión. Y entonces a ellos (las Farc) no les pareció y nos cogieron esos motores. Nos preguntaban: ‘¿De dónde salieron todos esos motores? ¿Quién les estaba donando? ¿Por qué los estaban donando?’”.

La consecuencia de ese hecho no pudo ser peor, según detalló Salazar: “La organización se desmoralizó y no podía presentar proyectos para que las comunidades tuvieran beneficios, porque todo eso era una dificultad”. Y se acabó de complicar con la llegada esos territorios de estructuras paramilitares asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). “Cualquier cosa era que las Auc nos estaban dando”, recordó, afectando la autonomía del pueblo Embera Katío.

Despojados de su ancestralidad

Delia Casama, lideresa del pueblo Embera Dobida, del resguardo de Barranco, municipio de Riosucio, evocó el tiempo en el que la entonces guerrilla de las Farc sembró minas antipersonal en territorios indígenas en su guerra contra el Estado y otras organizaciones armadas ilegales, y los efectos que tuvo esa estrategia en las comunidades, especialmente, entre las mujeres.

“Nos decían que teníamos que estar ahí, quieticos, mientras hacían presencia de los grupos armados. Decían que no nos podíamos mover porque los territorios estaban minados”, relató Casama, configurándose un confinamiento obligado que impedía la práctica de sus labores ancestrales.

“Como mujeres nos asustábamos por nuestros hijos porque ellos, en nuestros resguardos, andaban a sus anchas, con mucha confianza, pero al venir nueva noticia sobre las minas que mochaban pies y manos, nosotros vivíamos asustadas”, recordó esta lideresa.

Faenas agrícolas como cortar plátano y rozar el maíz, así como cazar, pescar y hacer intercambios entre comunidades, fueron restringidas por las antiguas Farc con el argumento de la inseguridad, dada la presencia de otros grupos armados y de las minas antipersonal. De hecho, esos riesgos aún no han sido superados por la conflictividad que padece la región. (Leer más en: La continuidad de la guerra no permite desminado humanitario en Chocó)

“Todo eso era cosa nueva y como mujeres nos colocábamos a pedirle a Coré (una de sus deidades), que les tocara el corazón a esos grupos armados y se retiraran fuera de los resguardos”, contó Casama, pero sus peticiones no fueron escuchadas. La lideresa dijo que fueron aislados y, en ocasiones, desplazados en sus territorios, sin que el Estado se diera cuenta: “Vivíamos quietos, no podíamos ir de cacería y los niños chillando de hambre. Los hombres tampoco podían rozar el maíz para las gallinas. Vivíamos asustados”.

Lo paradójico es que algunos proyectos destinados a comunidades indígenas de Chocó no se aprobaban porque, según la lideresa indígena, les decían que en sus territorios había grupos al margen de la ley, lo que profundizaba las afectaciones económicas.

En una breve intervención, Yaniris Ramírez, vocera del consejo comunitario de comunidades negras de Bocas de Chicao, del municipio de El Carmen del Darién, recordó cómo el asesinato de sus líderes y los desplazamientos forzados que tuvieron que afrontar, sobre todo a finales de la década de los años 90 y comienzos de la del dos mil, ocasionaron la pérdida de sus prácticas culturales, entre ellas sus bailes tradicionales.

A los exjefes guerrilleros de las extintas Farc les reprochó no sólo el asesinato de varios de los miembros más representativos del consejo comunitario, sino la afectación a sus rituales mortuorios, una práctica ancestral entre las comunidades negras asentadas en el Bajo Atrato chocoano.

“Cuando asesinaban a nuestros líderes, nos obligaban a enterrarlos ahí mismo, sabiendo que nosotros, como pueblo negro, tenemos la costumbre de hacerle la novena a nuestros dolientes”, contó Ramírez. “También nos obligaban a que no los pudiéramos llorar y tocaba enterrarlo a la hora que ustedes dijeran. Y si nos decían que no lo podíamos recoger, la familia no lo podía recoger”, detalló esta vocera de las comunidades negras.

Reconocen afectaciones

Uno de los primeros exguerrilleros en responder los cuestionamientos de los pueblos étnicos del Bajo Atrato chocoano fue José Cleofás Mosquera, quien integró el Frente 57, donde era conocido con os alias de ‘Gabriel’ o ‘El Pana’.

“Nosotros hemos tomado la decisión de venir ante ustedes a darlo todo, a no ocultar nada. Las intervenciones de los líderes y lideresas nos ayudan a recordar y a reflexionar porque nosotros lo único que pensamos darles a ustedes es verdad”, introdujo Mosquera, y agregó que “el reconocimiento es un acto de aceptación de todos los errores y horrores que cometimos”.

Este firmante del Acuerdo de Paz reconoció la suplantación de las autoridades propias de las comunidades indígenas y negras: “Muchas veces nosotros llegábamos a las comunidades y planteábamos reuniones sin consultar con la directiva de la comunidad. Nosotros decíamos a tal hora es la reunión y hablábamos con una posición militar que afectaba a las personas”.

Admitió que desconocieron a los cabildos y sus reglamentos, y pese a que en algún momento de la guerra hicieron compromisos con organizaciones indígenas y negras, con el recrudecimiento de la confrontación armada esos pactos no se cumplieron. La situación era tan convulsionada, según Mosquera, que “no nos dimos cuenta en qué momento violamos esos acuerdos que habíamos hecho”.

Aceptó que con la presencia e injerencia de unidades guerrilleras en áreas de resguardos y consejos de comunidades negras desconocieron las autoridades propias. Una de las acciones más recurrentes impuestas por las extintas Farc fue la de restringir la movilidad entre unas comunidades y otras. “Creíamos que lo estábamos haciendo de buena voluntad o que era lo mejor que nosotros podíamos hacer, pero no caíamos en cuenta que estábamos afectando varias comunidades simultáneamente”, reconoció Mosquera, y suplantando a las autoridades propias y su autonomía.

Fancy María Urrego, una antigua combatiente de las extintas Farc conocida como ‘Érica Montero’, se sumó a esa aceptación y reconocimiento de responsabilidades por las afectaciones que le ocasionaron a las comunidades del Bajo Atrato chocoano.

“Se siente dolor, se conmueve uno”, expresó tras escuchar a líderes y lideresas de las comunidades indígenas y negras, y reconoció que en desarrollo del “plan estratégico de carácter político y militar que tenían las Farc, que se soñaba tomarse el poder por las armas, y que no fue posible, afectamos a la población”.

En su aceptación de responsabilidades, Urrego se mostró consciente de los daños y expuso algunos de ellos, como por ejemplo que cuando ocurrían combates en la zona escaseaban los alimentos: “No había comida en los platos de las comunidades porque no podían a levantar el trasmallo ni recuperar el anzuelo ni cortar el plátano. Y había que estar así hasta que cesaran los combates”.

En su intervención, esta exguerrillera recordó que los insurgentes intervinieron en la resolución de conflictos personales, familiares y comunitarios, suplantaron a las autoridades propias, no comprendieron la cultura ancestral, perpetraron homicidios, secuestros y generaron desplazamientos forzados, e interfirieron en sus procesos culturales al afectar los rituales funerarios y de duelo.

“Conscientes de los daños que les generamos al no medir las consecuencias de lo que podía ocurrir en aquel entonces, lamentamos profundamente la forma en la que fueron afectados y pedimos que algún día nos puedan perdonar”, pidió Urrego.

Compromisos a futuro

El líder negro John Freddy Córdoba tomó la palabra y planteó varias conclusiones y recomendaciones. Inicialmente dijo que lo dicho en este evento “no era la verdad total de lo que pasó en los territorios”, como lo dijo al inicio su homólogo Yilio Perea. “Estamos claros que lo que pasó aquí es un paso para que esa verdad total de lo que pasó, mañana se pueda dar”. Y les recomendó a los exjefes guerrilleros que se comprometieran con los pueblos negros e indígenas del Bajo Atrato a “seguir escudriñando esa verdad total”.

También les sugirió a los firmantes de Paz que se comprometieran con los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador (TOAR) impuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que contienen un conjunto de actividades sociales en áreas afectadas por su confrontación armada. “Queremos pedirles que se comprometan con la implementación de los TOAR al interior de las comunidades negras e indígenas”.

Además, Córdoba le solicitó a los exguerrilleros que contribuyan con la ubicación de las personas desaparecidas por su accionar en el Bajo Atrato. “Nosotros como consejos comunitarios y resguardos indígenas, tenemos cantidades de personas desaparecidas por el accionar de las Farc en nuestros territorios”, enfatizó.

Y, por último, les pidió que no se volvieran a alzar en armas para irse nuevamente en contra de las comunidades negras e indígenas y que mantengan ese compromiso como firmantes del Acuerdo de Paz suscrito en noviembre de 2016 en Bogotá.

Finalmente, Narel Tapi, vocero de la organización Orewa, que agrupa a los pueblos indígenas, Embera Dóbida, Katío, Chamí y Tule, recomendó no seguir mirando el presente bajo la óptica de buenos y malos, y recordó que este evento es un primer paso: “Esto no se va a cerrar hoy, es el primer paso para continuar dialogando”.

La comisionada Tobón retomó la palabra para destacar este encuentro por lo que ha significado la guerra para el Bajo Atrato chocoano y comunidades. “Esto es un hecho histórico, estos temas no se podían tocar y creo que este proceso nos está abriendo estas puertas y estas ventanas”, y reiteró que esto es un comienzo ante “la ausencia de verdad y esclarecimiento”. La comisionada se mostró esperanzada en que este proceso pueda develar “muchas situaciones que han constituido la realidad del conflicto territorial, económico, político y armado”.

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Su hablar es pausado, tal vez por los años de sufrimiento y dolor que ha tenido que soportar, pero quizás, también, porque su corazón, “acostumbrado a las penas”, ya ha perdonado a quienes la golpearon con tanta fuerza a ella y a su familia.

“Yo a los de las Farc y los de las Auc los perdono”, expresa Libia Rosa, convencida del sentimiento que la embarga, pese a que no sabe quién asesinó a sus hijos. “Al mayor me lo mataron en el 2001, y a los otros dos en 2011. Yo no sé quién los mató, yo no vi, por eso yo no los puedo calumniar así, ni a las Farc ni a las Auc”. Los hechos ocurrieron en la vereda La Poza, de Cantagallo, en el sur de Bolívar.

Su voz fue una de las escuchadas durante el evento “Encontrémonos por la Reconciliación”, que reunió en el coliseo del municipio de Remedios, el pasado sábado, a un centenar de víctimas que sufrieron con rigor los embates de la confrontación armada. Allí se encontraron con exjefes guerrilleros de las Farc y de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a instancias de la Mesa Departamental de Reincorporación de Antioquia, Naciones Unidas y de autoridades civiles locales.

“Estoy muy contenta en este evento, la verdad yo creo que, a según mi corazón, se nos va a renovar la vida, yo creo que Dios quiera que la paz siga así”, asevera Libia Rosa. “Es una alegría estar con todos ellos, que se están comprometiendo a no hacer más daño y a que la guerra termine”.

Su optimismo y su profundo sentimiento de perdón lo irradia entre decenas de mujeres que, como ella, padecieron los estragos que dejó la guerra en aquellas zonas del nordeste antioqueño desde mediados de la década del ochenta. “A mí me parten el corazón todas estas mujeres que perdieron sus hijos, por eso estoy con ellas”, afirma, convencida, además, de que la eficacia de este tipo de iniciativas: “Yo quisiera que estos eventos se dieran a diario, para nosotros estar más motivadas”.

Esa alegría opaca otra de sus afectaciones, de la cual Libia Rosa habla poco: “En estos momentos estoy despojada de mi tierra, la tierra donde crie a mis hijos se la quedó el Estado. Y yo no he tenido ayuda del gobierno de nada”.

A unos pasos de ella estaba Braulio Enrique Gracia, un curtido líder social, quien, junto con sus vecinos y amigos de la vereda Lejanías, en Remedios, fundaron en 2004 la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), a través de la cual decidieron enfrentar la crisis humanitaria y de derechos humanos que agobiaba a las comunidades rurales de ese municipio y de los vecinos de Segovia.

Al igual que Libia Rosa, este hombre de tez morena no ocultaba su satisfacción de estar presente en un lugar donde se respiraba un ambiente de reconciliación. “Que el pueblo se siente a dialogar con victimarios y las víctimas les den su palabra de perdón es un adelanto muy grande”, dice Braulio.

La guerra a este hombre le quitó su tierra. “Perdí todo lo que tenía con esto de violencia, mi tierrita, y no puedo volver a ella”. Su predio, según narra, está en la vereda Caño Baúl, del municipio de Cimitarra, en Santander. “No puedo volver, no, no, no”, insiste. “Esas tierras por allá pasaron a los paramilitares y no se sabe qué hicieron ellos con eso”. Su drama continúa, además, porque no se ha registrado ante las autoridades como víctima de despojo de tierras.

No obstante, se declara un animador de la paz: “Yo vine aquí a promover la paz en los territorios, que nos reconciliemos y que no nos miremos con odio. Lo bonito es que aquellos que nos sacaban corriendo de nuestras tierras nos digan que ya acabó todo”.

Ejemplo de las consecuencias de la tranquilidad se vive, según Braulio, en su vereda Lejanías y en sectores aledaños: “No vamos a decir que es la mejor, pero sí está muy apaciguado, usted puede movilizarse por donde quiera, eso quiere decir que está bajando el perfil de la violencia”. Por ello, afirma este líder social, “si Colombia quiere seguir así, como sea tiene que seguir este proceso de paz”.

Otro de los asistentes fue Jhonatan Osorio, un inquieto joven líder de Cahucopana, que padeció a sus diez años de edad, junto con su familia, la crueldad de grupos paramilitares cuando llegaron a la vereda Puerto Nuevo Ité, de Remedios. “La vereda fue quemada, ultrajada, violentada, por más de 200 paramilitares”, recuerda. “Ese día llegó un muchacho gritando ¡llegaron los paramilitares! y mamá lo que hizo fue cogernos, así como estábamos vestidos, y corrimos hacia la montaña”. La incursión armada inició el 21 de diciembre de 1996 y culminó seis días después, dejando una estela de sangre de y destrucción.

“No todos pudieron salir”, continúa Jhonatan “Unos fueron asesinados y arrojados al río Ité, y pues desde ese año salí desplazado a Barrancabermeja, allá me reporté como víctima, con la familia, y ahora regreso a la región y trabajo en Cahucopana”.

Pese a tener cerca a exjefes paramilitares de las Auc, su pasado no le afecta la manera cómo asume su presencia en este evento de reconciliación. “Aquí estamos viendo algo muy importante, histórico, que se sienten las Farc y las Auc que hicieron mucho daño en el territorio, es algo que lo llena a uno”, afirma. “Esas son cosas que pensamos que nunca se iban a ver, pero por medio del proceso de paz se está evidenciando que las cosas cambian. Es muy importante dejar el rencor, reconciliarnos y seguir adelante”.

Pero no todos en el encuentro de Remedios estaban tan convencidos de la reconciliación. Rosa Elvira Taborda era una de ellas. Su historia está asociada a la guerrilla de las Farc que hace 33 años la obligó a ella y a su familia a abandonar la vereda El Pescado, de Remedios, porque a juicio de los insurgentes, no les querían colaborar. Y fueron a parar a Segovia.

“Ellos nos persiguieron mucho. A donde llegábamos nos hacía ir porque nos decían que no querían ‘sapos’ en el territorio, entonces nos tocaba con los hijos andar de un lado para otro”, recuerda Rosa Elvira. “A lo último, se propusieron engañar a las niñas mayores que para llevárselas, entonces yo le dije a mi esposo que nos teníamos que volver a ir porque no me iba a dejar quitar mis niñas, esa fue la causa por las cuales nos fuimos de Segovia y regresamos a Remedios”.

La salida de Segovia, en medio de la presión de las Farc, los obligó a dejar sus heredades: “Allá teníamos una tierra, cultivos, gallinas, pero todo, todo, se perdió. Nosotros no volvimos por allá, porque nos decían que si volvíamos nos mataban. Y uno por una tierra no se va a hacer matar”.

Como si fuera poco, hace ocho años, cuenta la señora, desmovilizados de grupos paramilitares atacaron a una de sus hijas, “me la abalearon, pero sobrevivió”. Y narra que también ha sufrido persecuciones por parte de la administración local de Remedios, que impidió hace seis años, con un operativo del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), que un grupo de víctimas lideradas por ella se tomaran un predio donde pretendían adelantar un proyecto de vivienda. “Nos envió el Esmad y nos quemó todo. Por eso yo digo que hemos sido víctimas de las Farc, los paramilitares y el mismo Estado”.

Su trágica historia la ha llenado de escepticismo. Pese a estar rodeada de un ambiente de reconciliación, no lograba dejar de preguntarse: “¿Esta gente si estará haciendo todo esto de corazón? ¿Será que sí garantizan esa paz que tanto queremos? Yo tengo todo esto en duda, porque hay muchos que se desmovilizan y siguen haciendo daño por debajo de cuerda”.

¿Y la Fuerza Pública?

Si algo sabe Miguel Ángel González Huepa, un veterano campesino, fundador de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) y gestor de la Zona de Reserva Campesina de esa región, es de persecuciones de las autoridades y afectaciones a su vida familiar. Tras un proceso penal, que incluso está demandado, fue capturado el 20 de enero de 2008, acusado de varios delitos asociados a la subversión, y a los 8 días de su detención, su hijo, un aserrador, fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por tropas del Batallón Calibío del Ejército en zona aledaña de Puerto Nuevo Ité.

“Yo estuve 16 meses preso injustamente y luego salí libre de eso, por eso tengo demandado al Estado”, cuenta Miguel Ángel. En su condición de doble víctima del Estado y de líder de la Acvc asistió al evento de Remedios con un pensamiento distinto. Si bien, como él mismo lo reconoce, “este tipo de encuentros son muy importantes”, lo que debe hacerse es mirar hacia el futuro.

“En estos eventos no se trata de decir a mí me hicieron eso o aquello, sino de mirar cosas gruesas, como la inversión social, el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, que haya democracia, que haya solución a las víctimas, así como justicia, reparación y no repetición”, dice con tono claro el líder de la Acvc.

Sin dejar de reconocer que la situación de orden público ha mejorado en la región de Cimitarra después de la firma de los acuerdos con la guerrilla de las Farc, estima que la paz tiene que ver con muchas más cosas que la tranquilidad: “Paz es educación, salud, vivienda, tierra para el campesino y garantías para trabajarla”.

Y también con verdad, agrega Miguel Ángel, aquella que no sólo deben reconocer exguerrilleros y exparamilitares, sino la Fuerza Pública: “Su ausencia de estos eventos, revela que no hay voluntad de paz, yo lo veo así. Y deberían estar aquí, así como hicieron los otros señores”.

Al evento de reconciliación llegó el sacerdote jesuita Francisco De Roux, presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, creada bajo los acuerdos de La Habana con la guerrilla de las Farc. Ante las inquietudes del líder de las Acvc, admite que, en este tipo de encuentros, más locales, debería estar, por supuesto, la Fuerza Pública. “Hay que invitarlos”, asegura. “Por lo que he visto en estos días, no tendría duda que de haber sido invitados estarían presentes”.

Y para ratificar su afirmación, alude a las tareas que adelanta la Comisión con diversos representantes de la Fuerza Pública: “Tengo que decir si algo nos ha sorprendido son las conversaciones, ya bastantes con la Fuerza Pública, y la voluntad que ponen de contribuir al esclarecimiento de la verdad con absoluta transparencia, eso me ha llamado mucho la atención”.

A De Roux lo acompañó el también comisionado Carlos Guillermo Ospina Galvis, mayor retirado del Ejército, quien también reconoce que a este tipo de eventos se debe invitar a la Fuerza Pública, pero fue más preciso en sus declaraciones.

“Son pasos que se tienen que se van a dar”, dice, y aclara que si bien han asistido a algunos es porque ha habido una decisión judicial que los obliga. “Pero esos pasos se están dando. He hablado con algunos generales y me dicen que ellos están prestos a participar activamente en todos estos eventos, así no sean ellos responsables, para estar presentes y sellar esa paz que tanto quieren los colombianos. Me han dicho que no tienen ninguna reserva ni ninguna restricción en participar en este tipo de encuentros de reconciliación”.

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“Queremos expresar a través de la música parte de lo que nos ha pasado, pero también invitar a Colombia a que acabe con el conflicto armado, y la mejor manera para hacerlo es recordando y perdonando. Y para eso, la música es una herramienta muy efectiva”, cuenta Nani, cantadora y coordinadora de Amanecer Guapireño.

Esa agrupación, nacida en 2003 y conformada actualmente por diez habitantes del municipio caucano de Gaupi, se dio a la tarea de investigar parte de las secuelas que dejaron los diferentes grupos armados que han transitado por sus ríos y comunidades. “Todos los grupos que han venido nos han maltratado mucho. La comunidad quedó en medio de un conflicto ajeno que nos llegó de un momento a otro y nos tocó vivir con miedo”, dice la cantadora.

Sin embargo, ella y otros pobladores de diferentes rincones del Andén Pacífico encontraron en sus tradiciones y ritmos ancestrales las herramientas necesarias para hacerle frente a situaciones para las que nunca estuvieron preparados. “Cuando escribes algo, vas a plasmar lo que has vivido y la forma de resistir es expresarlo, y nosotros lo hacemos a través del canto, porque por medio de sus mensajes las personas pueden llegar al perdón y la reconciliación”, cuenta con entusiasmo.

Ese mensaje que plantea Nani será parte central de la vigésima segunda versión del Festival Petronio Álvarez, que se realizará entre el 15 y el 20 de agosto en Cali. Tradicionalmente, en ese festival musical participan decenas de agrupaciones del Pacífico y se premia a la mejor canción inédita en las modalidades de marimba, chirimía, violines caucanos y agrupación libre, pero este año tendrá una premiación adicional para la mejor canción inédita sobre memoria y reconciliación.

Yamileth Cortés, directora del festival y subsecretaria de Cultura de Cali, explica que en esta ocasión el Petronio Álvarez busca resaltar la memoria de quienes han sufrido a causa del conflicto armado y recordar el pasado violento para que no se repita, “significando la vida de las víctimas y rescatando el gran potencial de las comunidades del Pacífico, para que tengan la posibilidad de contar las historias que tienen sobre lo acontecido en sus territorios”.

Ese esfuerzo es producto de una sinergia entre organizaciones locales, agencias de cooperación internacional y entidades estatales, bajo la organización de la Alcaldía de Cali. “Este año nos articulamos con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, y vimos que las temáticas de memoria, paz y reconciliación siempre han estado presentes el festival, pero no había una manera de promoverlas, por eso este año tomamos la decisión de articularnos para reconocer esas historias”, señala Cortés.

Rocío Gutiérrez, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de la capital de Valle del Cauca, cuenta que esa propuesta, que parte de la base de que la música es un referente de transformación de realidades, hace parte de la apuesta de la administración municipal de construir el Museo Regional de la Memoria y Reconciliación, “en donde se concentrarán las prácticas culturales del Pacífico y todas sus herramientas que han ayudado a resiliencia y la reivindicación de un pueblo que ha sido muy golpeado por el conflicto armado”. Está proyectado que abra sus puertas en diciembre del próximo año y se articule a una Ruta de Memoria conformada por los muesos de Medellín, Bogotá y otras regiones del país.

Además, Rodríguez destaca el nuevo rumbo que tomó este año el Petronio Álvarez para promover la reconciliación, puesto que Cali es una ciudad receptora de víctimas del conflicto armado y de excombatientes: “En este momento hay 203 mil víctimas registradas, es una cifra que ha ido creciendo constantemente y no se puede desconocer que la ciudad históricamente ha sido receptora de víctimas, donde el 80 por ciento son desplazados y provienen en su mayoría del Pacífico colombiano”.

En cuanto a excombatientes las cifras varían, afirma la funcionaria, “porque esta es una ciudad de tránsito, en donde han pasado alrededor de mil, y en este momento han llegado aproximadamente 150 tras la firma del acuerdo de paz con las Farc”. (Ver más en: Cali ‘siembra’ mil semillas de paz y reconciliación)

Para la vigésima segunda versión del Festival Petronio Álvarez se inscribieron en total 138 agrupaciones y cien de ellas aspiran al premio de memoria y reconciliación, pero sólo 44 se clasificarán a las finales que se realizarán en agosto, tras superar las audiciones que se celebrarán durante los dos próximos meses en Buenaventura, Guapi, Tumaco, Quibdó, Santander de Quilichao, Cali y Bogotá.

Otra de las agrupaciones inscritas es Remanso Pacífico, creada en 2009 en Guapi por personas que posteriormente tuvieron que desplazarse por el accionar de actores armados ilegales. “En un momento llegaron desmovilizados de grupos paramilitares a extorsionar y seguir delinquiendo. Pensando en conservar nuestra cultura y para evitar que reclutaran a nuestros jóvenes, nos tocó irnos a la ciudad, porque esos paramilitares llegaron a extorsionar y reclutar pelados. Si una persona se ganaba un chace de 20 mil pesos, ellos se quedaban con 10 mil o 15 mil pesos… Nos fuimos bastantes, nos tocó venirnos de nuestro pueblo natal para no caer en ese conflicto”, cuenta Alexis Montaño, su coordinador.

Las motivaciones que los llevaron a participar en esta nueva categoría del Petronio Álvarez, con un currulao, son sencillas y dicientes: “Queremos manifestar de manera cantada lo que nos sucede cotidianamente y que los grandes mandatarios se den cuenta de nuestro sufrimiento, porque hay que darle una mano grande al Pacífico; que por medio de nuestras canciones se dan cuenta de cómo ha sido afectado el Pacífico”. (Ver más en: Las ‘grietas’ del Andén Pacífico rumbo al posconflicto)

Y la intención de Alexis y sus demás compañeros musicales encuentra eco en esta versión del festival, pues su temática será la oralidad, la cual da cuenta de “los ríos de historias y mares de saberes” que existen en los cuatro departamentos que componen la región del Pacífico colombiano.

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Alrededor de 8.300 combatientes y milicianos de las Farc dejaron las armas en las 26 zonas de creación que se crearon en el país. Foto: archivo Semana.La experiencia internacional en reintegración de los excombatientes a la vida legal enseña el camino no es fácil y se requiere un alto nivel de compromiso de todos los sectores sociales para lograr resultados exitosos. A esa conclusión se llega luego de escuchar los testimonios de quienes participaron en este tipo de procesos en diversos países que padecieron confrontaciones armadas.

Aspectos como la atención psicosocial, las relaciones con el Estado y las comunidades, la pertinencia de los programas de formación, la eficacia de los proyectos productivos, el enfoque diferencial de género y la proyección a largo plazo de todos estos procesos hacen parte de las tareas que, a juicio de protagonistas y especialistas, se deben realizar para evitar el retorno a la guerra de quienes luchan por salir de ella.

Ese menú de acciones surgió tras múltiples errores cometidos luego de la firma de acuerdos para poner fin a las confrontaciones entre los gobiernos y las fuerzas alzadas en armas: desajustes en los programas, falta de voluntad política y fallas en los procesos de verdad y reconciliación, hacen parte de las equivocaciones cometidas.

Para conocer un poco más de ellos y extraer lecciones para el caso colombiano, VerdadAbierta.com habló con expertos de Irlanda, Sudáfrica, El Salvador, Filipinas y Ruanda, quienes visitaron el país recientemente en desarrollo de la VI Gira de Cooperación Técnica Sur-Sur, organizada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Sus lecciones se escucharon en un ambiente adverso para el proceso de paz firmado con las Farc, donde resaltan las demoras en la implementación de lo acordado y la intensa discusión en el Congreso de la República sobre la aprobación de normas clave para darle solidez a lo pactado, entre ellas la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Irlanda del Norte: “Fallamos en la ayuda psicológica”

Patrick Colgan en su calidad de director de implementación de los acuerdos de paz entre el Ejército Republicano Irlandés (IRA), y el gobierno del Reino Unido, advierte que este tipo de procesos tienen muchos problemas, pero que sin lugar a dudas “valen la pena”. Foto: oficina de comunicaciones de la ARN. El conflicto armado en este país involucró a las guerrillas urbanas del Ejército Republicano Irlandés (IRA) y a las fuerzas de seguridad del Reino Unido. Un conflicto que se extendió por 29 años. Tras múltiples negociaciones, se logró la firma del “Acuerdo del Viernes Santo”, el 10 de abril de 1998, que le puso fin a la confrontación armada y e inició el proceso de reincorporación de los excombatientes del IRA.

Para Séanna Walsh, exmiembro del grupo armado irlandés, uno de los grandes problemas que afrontaron fue la falta de apoyo psicosocial: “Cuando llegó el proceso de paz muchos de nuestros camaradas llegaron a sus casas y comunidades, pero sus vidas habían cambiado por completo, ya no tenían más ese proyecto al cual entregarse las 24 horas. Entonces una de las cosas que encontramos es que no vimos con detenimiento cómo la lucha puede impactar el bien psicológico de la gente”.

De igual manera, Patrick Colgan, director de implementación de los acuerdos de paz entre el IRA y el gobierno del Reino Unido e Irlanda, asegura que el error fue tratarlos como casos individuales y no como un grupo o colectivo: “en el año 2000 comenzamos con programas más estratégicos, trabajando con los grupos, con asociaciones formadas, ayudándoles en la formación de organismos, cooperativas, ayudándolos también de acuerdo con el rol y papel que ellos pudieran desempeñar en sus comunidades”.

Hoy en día, explica Walsh, los excombatientes están organizados en asociaciones que se dedican a hacer lobby para resolver los problemas que afrontan como colectivo. “Tenemos a Coiste, una asociación de exprisioneros del IRA de la cual soy miembro. Su misión es hacer lobby para lograr un mayor bienestar de la comunidad de exprisioneros ante gobiernos, agencias estatales y la Unión Europea; también tomamos casos legales contra personas que discriminan a los exprisioneros”, precisa este exintegrante de IRA.

El otro problema que afrontó la reincorporación fue la relación entre el Estado y las comunidades, pues era inexistente. Colgan explica que para superarlo se trabajó en un programa de cinco pilares que consistió en abordar institucionalmente las causas del conflicto; crear relaciones positivas entre las comunidades, pues el país estaba totalmente polarizado; trabajar con grupos de víctimas de todos los actores armados; construir una visión compartida de la sociedad; y trabajar en el cambio de la cultura y actitudes a largo plazo.

“En cuanto a la relación con el Estado, para nosotros la transformación del servicio de la fuerza policíaca era el tema más importante, y nos llevó casi 7 años después de la firma del acuerdo concretarlo; finalmente, tuvimos un servicio policiaco al que todas las comunidades podían dar su apoyo. Y no fue hasta 2007 que se creó, por primera vez en Irlanda del Norte, un departamento de justicia reconocido por todos los partidos, sobre todo por los republicanos miembros del IRA”, comenta Colgan.

No obstante, la violencia no desapareció instantáneamente después de los acuerdos, hubo nuevas disidencias y nuevos brotes de violencia. En 2007 se firmó un nuevo acuerdo que reconocía las falencias del anterior pacto político. “Estoy hablando a 20 años, y aquí hasta ahora vamos para un año del acuerdo, entonces les digo ¡ánimo!, esto vale la pena”, enfatiza Colgan al referirse a los acuerdos firmados con la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.

Sudáfrica: “No es tiempo de dormir”

Shirley Renee Gunn, directora ejecutiva de Human Rights Media Centre, y ex integrante del Congreso Nacional Africano, asegura que la sociedad civil no debe frenar en su movilización para garantizar que lo acordado se cumpla, en especial al tema de justicia y verdad. Foto: oficina de comunicaciones de la ARN. Shirley Renee Gunn hizo parte del Congreso Nacional Africano (ANC), antiguo grupo armado liderado por Nelson Mandela, que luchó contra la segregación racial en ese país durante varias décadas hasta lograr la caía del Apartheid, la legalización de la ANC y la convocatoria a elecciones libres en 1994. Actualmente es la directora ejecutiva de Human Rights Media Centre, organización sudafricana encargada de la promoción de los derechos humanos.

Tras los logros alcanzados en aquel año, ya con Mandela en libertad luego de un largo periodo en la cárcel, comenzó un largo proceso de asimilación de lo logrado, que no fue fácil. “Nuestro proceso de paz fue de 1990 a 1994, y se logró el levantamiento de la prohibición del Congreso Nacional Africano, del Congreso Pan Africano, del Partido Comunista Sudafricano, la liberación de prisioneros y el retorno de los exiliados. Pero llegaron los compromisos y tuvimos que vivir con sus contradicciones, por más difícil que sea de digerir. El sacrificio más grande que tuvimos que hacer durante el proceso de negociación fue la aceptación de la estructura económica, un modelo capitalista contra el que luchamos y por el que muchos murieron”, cuenta Gunn.

En cuanto a la verdad, justicia y reparación, la exguerrillera y activista explica que el proceso fue planteado de manera muy cortoplacista y que muchos de los agentes del gobierno que cometieron las peores atrocidades, como torturas y desapariciones, resultaron impunes, pues en los dos años que duró este proceso no fue posible abordar todos los casos, y cuando estos fueron trasladados a la Fiscalía se perdieron totalmente.

“Cientos de casos fueron investigados por la Fiscalía y ahí fue cuando ‘el perro se fue a dormir’; nada pasó, no sabemos qué casos se están investigando. Es muy desgastante litigar buscando sobre las muertes de algunos que perdieron la vida bajo la custodia de la Policía. Hay pocos casos que han salido a la luz”, asevera Gunn.

Con respecto a los programas para los excombatientes, no llegaron a sus destinatarios o no fueron cumplidos, reconoce esta activista. Resultado de lo que ella denomina como el principal error de su organización, pues le entregaron el poder representativo trabajado durante años a los exiliados y exprisioneros, quienes habían perdido contacto con las bases, lo que terminó por cortar el impulso para su implementación.

“Las masas que estaban en esa lucha dieron un paso atrás en vez de adueñarse de ese momento, mantener el empuje, y eso se debió a que había una gran esperanza sobre nuestra nueva democracia, y que con el liderazgo de Mandela las cosas iban a pasar”, narra Gunn, pero no todo salió como se esperaba: “El consejo o la lección de eso es que no hay que sentarse y esperar que todos los puntos del acuerdo van a cumplirse así no más, se requiere de una sociedad organizada para asegurarse de que esos puntos se cumplan, no es tiempo de dormir”.

Tales falas crearon una grieta mayor: la reconciliación de la nación. “Se trata sobre verdad, justicia, reparación y después sí reconciliación. Decir que somos una nación reconciliada y de perdón, y que el gran Mandela logró abrazar a sus torturadores, es un error, es un proceso incompleto que no ha finalizado”, reconoce Gunn, apesadumbrada.

El Salvador: “La paz es barata”

Como lo explica Javier Martínez, ex combatiente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y asesor del ministerio de gobernación y desarrollo territorial de El Salvador, el enfoque comunitario de un proceso de reincorporación es vital, más allá de uno individual. Foto: oficina de comunicaciones de la ARN. El proceso de reincorporación resultado del acuerdo de paz en este país centroamericano, firmado el 16 de enero de 1992, entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), concibió programas de reintegración tanto para los exguerrilleros como para las fuerzas militares estatales.

“Una particularidad es que había desmovilización de ambos bandos, porque los batallones élites que se habían creado en misión de la guerra, y los cuerpos de seguridad Policía Nacional, Policía y Defensa, y Guardia Nacional, desaparecieron para crear una nuevo cuerpo policial, entonces había dos grupos de desmovilizados, por lo cual tocaba ver los programas de reinserción de ambos”, comenta Antonio Javier Martínez, excombatiente del FMLN, quien actualmente se desempeña como asesor del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Para la reincorporación de los excombatientes se creó una agencia nacional, en la que gobierno y voceros del FMNL se sentaron a planificar los programas. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tuvieron que afrontar fue el incumplimiento estatal con lo pactado, por lo que gran parte de las iniciativas tuvieron que ser desarrolladas a través de organizaciones no gubernamentales apoyadas con recursos de la cooperación internacional.

“No se pudieron ver todos los programas porque en eso le faltó desarrollo a los acuerdos de paz, sólo el tema de tierras lo montaron, el resto nos tocó con ayuda de Ongs, e inclusive diseñarlo después de los acuerdos. Uno de los errores graves que cometimos fue no ver de fondo el problema de la reinserción. Y 24 años después, hemos tenido que luchar para que el Congreso apruebe una ley para beneficio de veteranos y excombatientes”, asegura Martínez.

La situación para los exmiembros de las fuerzas de seguridad del Estado fue peor. Tras el fin del conflicto, sólo recibieron una indemnización económica y los dejaron por fuera de muchos programas de reintegración social. Esta falta de compromiso estatal también afectó los sistemas de justicia transicional y se le responsabiliza de crear las condiciones que derivaron en el surgimiento de nuevas violencias urbanas, asociadas a pandillas, las que, Martínez estaban ocultas.

“Aquí en Colombia es más complicado porque tienen una violencia del narcotráfico y de los paramilitares. La guerra se lleva la mayor propaganda, pero cuando se apaga, se empieza a conocer todo el problema de robos, drogadicción. Yo una vez vine aquí y les dije tengan cuidado, no vayan a creer que solo toca cumplir por un compromiso. Una vez que se firman los acuerdos hay cooperantes, después nadie quiere ayudar, la paz es barata”, concluye Martínez.

Filipinas: “Tenemos problemas con el juego político”

Para Romina St.Clara, subdirectora de programas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Filipinas, el proceso de reintegración debe tener en cuenta el factor desplazamiento pues el proceso con estas comunidades también debe ser asumido. Foto: oficina de comunicaciones de la ARN. El caso de este pequeño país del sudoeste asiático quizás sea el más parecido al colombiano, pues se trata de un conflicto de 45 años y con una variedad de grupos que han firmado acuerdos de paz en diferentes momentos. Según Diosita Andot, directora ejecutiva de la Oficina Presidencial Asesora del Proceso de Paz, uno de los pactos, firmado en 1996 con el Frente Nacional por la Liberación Mora (MNLF, por sus siglas en inglés) está ya en fase final de implementación.

Un acuerdo adicional se firmó el 27 de marzo de 2014 con el Frente Islámico por la Liberación Mora (MILF, por sus siglas en inglés), una disidencia del MNLF que tiene presencia en la región sureña de Mindanao, donde pretendieron buscar mayor autonomía para el territorio, compuesto en su mayoría por musulmanes. Este proceso se encuentra en una etapa de normalización, a la espera que se apruebe una ley en el Congreso para adelantar la reincorporación.

“Uno de los retos es con los políticos porque no estamos seguros de sí todos ellos van a votar por esta ley. Hace dos años, después de la firma del acuerdo, el Congreso frenó la firma de la ley. El sentimiento de la gente era muy negativo contra el MILF, también sucedió en el 2008 y eso causó el rebrote de la violencia y la guerra a gran escala. Por eso ahora somos muy cuidadosos. Estamos haciendo todo lo posible para que todos los miembros del Estado participen en la creación del borrador de esta ley y pidiendo por éste en todos los sectores, para tener una movilización que lo apoye”, comenta Andot.

Otro obstáculo para la reincorporación que se ha presentado radica en la situación de seguridad en las áreas de influencia de este grupo armado, pues como son de mayoría musulmana ha abierto la puerta a la llegada de organizaciones internacionales de extremistas. Al respecto, Andor asegura que “los extremistas han entrado a nuestro país, y quieren ganar influencia en las áreas donde se está llevando el proceso de paz. Hay una combinación de grupos locales y externos armados, ese es nuestro mayor reto”.

Por otro lado, si bien con el MNLF ya casi el proceso finaliza, el proceso de reintegración aún no está completo, pues falta comprender la dimensión comunitaria de toda la diáspora que salió del país o de las regiones en conflicto. “La reintegración no ha parado, es un proceso para las organizaciones armadas, pero también para las comunidades donde se ha dado el conflicto”, explica Romina Sta. Clara, subdirectora de programas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Filipinas. “Y eso toma tiempo porque los desplazamientos han ocurrido por muchos años, entonces para muchas familias volver a su comunidad no es posible, hay una gran diáspora en las Filipinas, es un gran problema en términos de reintegración”.

Ruanda: “Se debe comenzar en la comunidad”

En los procesos de reincorporación de Irlanda y El Salvador, fue necesario re plantear la relación entre los ex combatientes y las fuerzas de seguridad, inclusive reestructurar la policía, y en el caso salvadoreño realizar programas especiales para ex combatientes militares. Foto: Carlos Julio Martínez revista Semana. A juicio de especialistas internacionales, el genocidio en este país africano ha sido una de las mayores atrocidades perpetradas a finales del siglo XX en el mundo. En tan sólo cinco meses fueron asesinadas cerca de un millón de personas.

La dramática pugna entre las etnias Hutu, mayoría en ese país, y Tutsi se profundizó tras el derribamiento del avión en el que viajaba el entonces presidente Juvénal Habyarimana, de la etnia Hutu, el 6 de abril de 1994. Una vez se conoció el hecho, extremistas Hutu comenzaron a recorrer ciudades y aldeas en busca de los Tutsi. Se calcula que por lo menos el 85 por ciento de esta población perdió la vida.

Dos hechos detuvieron el desangre ruandés: la reacción de la comunidad internacional y la autorización al gobierno de Francia para llevar orden y seguridad; y el avance del Frente Patriótico Ruandés (FPR), de la etnia Tutsi hacia la capital, Kigali, lo que origina el éxodo de más de dos millones de Hutus hacia Zaire, incluidos los líderes políticos,

Lo que vino después fue un proceso judicial que pretendió esclarecer las responsabilidades del genocidio. Los problemas que afrontó este proceso se relacionaron con la magnitud de los procesos de verdad, justicia y reconciliación que debían tratarse.

“Hubo muy pocos juicios porque eran demasiados”, reconoce Ndeye Sow, quien está al frente del programa de África de International Alert, organización internacional que trabaja con personas envueltas en conflictos armados. “Según varios expertos tomaría 500 años si se organizan juicios justos. Entonces ahí se dio la ‘Gacaca’, ese fue el sistema de justicia transicional, un mecanismo tradicional para la resolución de conflictos”,

La “Gacaca”, que significa “hierba” en el idioma nacional kinyarwanda y hace alusión al sitio donde tradicionalmente se reunían las comunidades para resolver sus conflictos locales, fue establecido en 2001, con el fin de resolver la sobrecarga del sistema de justicia convencional, y, oficialmente, fue clausurado en diciembre de 2011. Estuvieron supervisados por el gobierno y combinaron el derecho penal moderno con procedimientos comunitarios más informales y tradicionales.

A juicio de Sow, este tribunal comunitario ayudó a traer algo de justicia, no obstante, este mecanismo no fue suficiente porque se cayó en círculos de venganza y los crímenes de guerra cometidos por el FPR nunca fueron juzgados, lo que causó serias fracturas al proceso de reconciliación, razón por la cual aún se siente una especie de tabú étnico, pues nadie quiere hablar de lo sucedido; además, se han removido de las tarjetas de identificación la etnia, a pesar de que en la realidad esas identidades se mantienen.

“Ruanda y Colombia son probablemente diferentes, pero seguro han sucedido las mismas atrocidades, entonces estoy segura de que aquí hay mucho trauma, por eso la construcción de la paz no puede ser desde arriba. Al final del día lo que pasó fue en comunidad, como el genocidio de Ruanda, ciudadanos ordinarios, vecinos contra vecinos, ahí es donde se debe comenzar”, recomienda Sow.

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‘Timochenko’, será el candidato presidencial del partido Farc, mientras que ‘Iván Márquez’ encabezará la lista del Senado, y ‘Jesús Santrich’ la de la Cámara de Representantes. Foto: León Darío revista SemanaLos candidatos de la Farc tendrán que hablar en plaza pública, hacer proselitismo político y buscar votos en medio de la resistencia que genera entre las víctimas la posibilidad de que sean elegidos en las urnas sin pasar por los estrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) para reconocer sus acciones criminales y responder por ellas.

El tema se agitó esta semana cuando los voceros de la Farc anunciaron que para las próximas elecciones tendrán como candidato presidencial a Rodrigo Londoño Echeverri, conocido anteriormente como ‘Timoleón Jiménez’, y, además, seis candidatos al Senado y cinco a la Cámara de Representantes, quienes participarán en los comicios electorales de 2018.

“Ahora en vez de ir a la plaza pública a pedirnos perdón, se van a dedicar a hacer lo mismo que los otros políticos, a tratar de convencer a la gente que vote por ellos”, afirma Magdalena Ramírez, una campesina de 67 años de los Montes de María, quien aún espera que los mandos del otrora grupo insurgente vayan a su pueblo, Chalán, “a pedir perdón por nuestros niños reclutados y por los que mataron cuando estallaron el burro-bomba (el 13 de marzo de 1996). Ese perdón ya no va a llegar de manera voluntaria”.

Lo que temen, incluso, varias asociaciones de víctimas es que los exguerrilleros terminen pidiendo perdón por orden de los jueces y no por voluntad propia, circunstancia que califican de irresponsable y falta de principios con las comunidades afectadas por la guerra.

Lideresas como Gloria Ramírez, presidenta de la asociación de víctimas del municipio de Granada, Antioquia (Asovida), la participación en política era algo que estaba previsto en los acuerdos firmados entre las Farc y el gobierno nacional, pero estima que debería ir acompañado de actos de perdón o de acciones en pro de la verdad, la justicia y la reparación. No obstante, asegura que es mejor tenerlos hablando que haciendo daño.

“Las víctimas en el país, son las que deciden por quién votar afortunadamente. Ellos no van a llegar allá por su propia pretensión, ni con la opinión de ellos, la llegada de ellos allá tiene que ver mucho con la sociedad, con la comunidad colombiana”, dice Ramírez.

Una opinión similar esgrime Martha Luz Amorocho, víctima del atentado al club El Nogal del 7 de febrero del 2003, quien establece que así las circunstancias se hayan dado de esta manera, no por eso el gobierno debe bajar la guardia; por el contrario, debe exigirles a los exguerrilleros la verdad y la reparación a las víctimas una vez se implemente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Las circunstancias hacen que sea el momento en el que ellos tienen que aparecer, y no dentro de cuatro años. Por eso, independientemente del momento, ellos tendrán que responder a la justicia. Si dicen mentiras ya está previsto qué pasa, entonces simplemente hay que seguir los pasos de manera rápida porque tampoco nos podemos parar a esperar años a que se resuelva esto”, relató Amorocho.

Sin embargo, no son todos los grupos de víctimas que creen que pese a la irrupción política de la colectividad más adelante vaya haber justicia y reparación. Para Jaime Restrepo, representante de víctimas de la guerrilla de las Farc, es inconcebible que cualquier grupo armado de izquierda o derecha pueda tener candidatos a cargos de representación pública luego de haber cometido crímenes de lesa humanidad. A su juicio, una cosa es lo respetar en contenido político de lo acordado y otra que ello viole lo jurídico.

“Desde lo jurídico, los acuerdos y la JEP violan y conculcan la Convención de Viena sobre derechos de los tratados de 1969 en su artículo 27 donde los Estados están obligados a cumplir con los tratados internacionales. En ese orden de ideas, los acuerdos violan el Estatuto de Roma en los preceptos de justicia y no impunidad”, señaló el abogado.

La insistencia por parte de un sector de víctimas de la guerrilla de las Farc de que primero es el proceso judicial transicional y luego el ejercicio de la política viene desde antes de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, rubricado en Bogotá el 24 de noviembre del año pasado. Ahora temen que una vez se concentren en la actividad electoral, se privilegien los derechos políticos de los excombatientes y se desechen los reclamos de quienes fueron afectados por sus acciones militares.

Se espera que la próxima semana los miembros de la cúpula del antiguo grupo guerrillero, que aspiran a los cargos de elección popular, suscriban sus actas de compromisos para comparecer ante los jueces de la JEP, la cual todavía está a la espera de que el Congreso de la República apruebe su ley estatutaria para entrar en funcionamiento.

A la posición de las víctimas se sumaron sectores políticos que se opusieron al Acuerdo Final con las Farc y continúan calificando la actividad política de los jefes del nuevo movimiento político como una violación a los derechos de éstas y una injusticia a quienes votaron por el No en el plebiscito.

Fueron varias las voces de protesta ante la postulación de los candidatos de las Farc, entre esas la de Carlos Holmes Trujillo, pre candidato presidencial por el Centro Democrático. Foto: archivo Semana.“La llegada de la Farc al Congreso de la República hay que verla como una amenaza, un insulto a la Nación y un desconocimiento de las obligaciones del Estado colombiano con su pueblo”, le dijo a VerdadAbierta.com el precandidato presidencial Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático. A su juicio, el aterrizaje de la Farc a la contienda democrática viola las obligaciones que adquirió el Estado cuando firmó el Estatuto de Roma al priorizar el paso por el sistema político que por el de justicia.

A pesar de los actos de reconocimiento temprano que ha hecho la organización que dejó las armas y se embarcó en la lucha política sin armas, diversos sectores sociales y políticos creen que la su participación electoral opaca el camino para esclarecer los hechos de estos 50 años de confrontación armada.

Lo paradójico es que en la última encuesta de favorabilidad realizada por la firma Gallup Pol, que midió las percepciones de los consultados durante octubre, arrojó que la Farc duplicaron en imagen positiva a los partidos tradicionales. Los datos señalan que el nuevo grupo político alcanzó 17 puntos, nueve puntos más que sus oponentes, que solo llegaron a 8.

No es la primera vez que ocurre en el país un caso como estos. Luego de la desmovilización de la guerrilla del M-19, Carlos Pizarro, su máximo comandante, aspiró a la Presidencia de la República por el partido político Alianza Democrática M-19, pero las pretensiones se vieron frustradas tras su asesinato el 26 de abril de 1990.

De igual manera ha ocurrido en otros acuerdos de paz en el mundo, como la presidencia obtenida por el líder sudafricano Nelson Mandela en 1994, luego de acordar la paz entre la guerrilla del Congreso Nacional Africano y el entonces Partido Nacional Sudafricano; así como la participación en las elecciones presidenciales de 1994 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FFMLN), dos años después de haber dejado las armas y firmado la paz con el entonces gobierno de El Salvador.

Los anteriores casos fueron posibles debido a que no estaba en vigencia el Estatuto de Roma, el cual fue adoptado el 17 de julio de 1998 en la capital italiana.

Otros caminos

Varias organizaciones representantes de víctimas han expresado su rechazo a la participación política de los jefes de las Farc sin antes haber pasado por los mecanismos de justicia. Foto: archivo Semana.“La contienda electoral que se viene es especial en varios aspectos, entre ellas que será la primera después del proceso de paz”, afirma en diálogo con este portal ‘Pablo Catatumbo’, miembro de la dirección nacional y jefe del departamento de organización de la Farc. “El surgimiento de nuestro partido, como opción alternativa propondrá soluciones reales al país, tendrá que ir acabando paulatinamente la eficacia de las campañas del miedo para pasar a una de debate de ideas”.

De acuerdo con ‘Catatumbo’ en los próximos comicios electorales se caerá la “cortina de humo” que por décadas fue la organización insurgente y el fin de la confrontación armada pondrá en el plano electoral temas de carácter nacional como la lucha contra la corrupción y el acceso a la salud, vivienda y educación: “Ya dejará de ser una prioridad la guerra y nosotros la excusa para todos los males”.

La postulación de los candidatos se da tras el aval otorgado por el Consejo Nacional Electoral (CNA) de y un proceso de discusión interna encabezado por el Consejo Político Nacional y la militancia del partido, que resolvió concentrar los esfuerzos electorales en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander, y apoyar el trabajo de los sectores políticos cercanos y el movimiento social en las demás regiones. Con ello se cumple el mandato de lo acordado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto, en lo que concierne al punto dos sobre participación política, una de las columnas vertebrales de lo pactado.

Como quedó consignado dentro de la plataforma política del partido, la colectividad buscará contribuir a la construcción de un nuevo poder político y social basado en un orden de democracia real, avanzada y profunda, “promoveremos e impulsaremos formas de poder “desde abajo” ya existente y la producción de nuevas surgidas del movimiento real de los trabajadores y de las gentes del común”, se lee en uno de sus documentos.

A la luz de la vieja estructura militar del grupo armado, cada uno de los aspirantes a los cargos de representación, a excepción de la fórmula vicepresidencial Imelda Daza, responden a la comandancia de cada uno de los extintos bloques guerrilleros.

Para Jairo Quintero, uno de los coordinadores del Consejo Nacional de Reincorporación (CNC) y aspirante a la Cámara de Representantes por el departamento de Santander, el partido se concentrará en regresarle la esperanza a los colombianos que ya no cree en los partidos tradicionales.

“Nuestra dinámica va a ser muy cambiante, y va a ser una dinámica que nos va a permitir todos los días de acuerdo a las experiencias que hagamos en el proceso de interlocución que vamos a tener con todas las comunidades va a ser una dinámica muy renovadora, muy constructiva”, asegura el candidato.

Ahora bien, según explicaron a este portal, algunos integrantes del Consejo Político Nacional, las candidaturas al Congreso de la República se harán basadas en el reconocimiento de la cultura ancestral, los pueblos étnicos y el respeto en la relación de los pueblos originarios con la naturaleza y la tierra. De allí que hayan elaborado una plataforma política un acápite sobre el respeto a la cultura y biodiversidad.

Según la plataforma política del partido político las candidaturas serán trabajadas en conjunto con los sectores sociales más excluidos, las “capas medias” y todos los sectores que se quieran vincular a la construcción de un país en paz con justicia social. El reto es más que grande, para empezar, la colectividad debe recuperar la confianza que los asesinatos selectivos y combates les quitaron con la población civil y, en aquellas regiones donde sentaron influencia social generar un capital político que les permita consolidar el proyecto de país que han trazado.

“La gente del común y todos los que sueñan patria nueva, tendrán su propia representación y contarán con una alternativa política para disputar la Presidencia. Damos el paso a la lucha política legal en un contexto en el que las grandes mayorías esperan pasar definitivamente la página de la guerra con la implementación de los acuerdos en La Habana y la concreción de un acuerdo de paz con el Eln”, concluyó ‘Iván Márquez’, consejero político de la organización, durante la rueda de prensa del pasado primero de noviembre.

Sin alianzas ni coaliciones

El anuncio de los candidatos de las Farc se da en el marco de la discusión de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional que se encargará de juzgar a los miembros de las Farc. Foto: archivo Semana. Como ya lo había contado este portal, tras el lanzamiento del partido político un nuevo espectro para la izquierda colombiana podría emerger del resultado de alianzas políticas y programáticas de cada uno de los sectores y organizaciones políticas. No obstante, por el momento ningún partido político ha manifestado querer hacer alianzas con la Farc, por el contrario, en su mayoría han anunciado que no habrá cualquier tipo de contacto con la colectividad.

Gustavo Triana, secretario general del Polo Democrático, calificó de positivo el ingreso de la nueva colectividad a la democracia, a su juicio, para poder sostener al ex grupo armado dentro de la legalidad se deben cumplir los acuerdos a cabalidad y garantizar un mínimo de respeto para quienes representen en el Congreso al exgrupo armado.

“Qué candidatos propongan o qué pasos den ellos para conformar sus listas, eso es de la autonomía de ellos, y nosotros tenemos como Polo Democrático Alternativo nuestro propio proyecto, y nuestro propio proyecto hoy en día está coincidiendo con la coalición por Colombia que estamos intentando con la Alianza Verde, y Compromiso Ciudadano”, concluyó el secretario general.

Por ahora, el único candidato presidencial que no se ha rechazado una posible coalición con el nuevo partido es el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, las demás colectividades cerraron la puerta a eventuales alianzas políticas o estrategias programáticas.

Para Andrés Camacho, vocero distrital de la Marcha Patriótica, el nuevo partido se va a enfrentar a una campaña de odio y desprestigio: “se deberán enfrentar al escarnio público y a la política sucia con la que ahora se ataca al contrincante político, de seguro saldrán a relucir hechos de la guerra de cada uno de los aspirantes a las curules”.

Aun así, para este ingeniero, es positivo el impacto para la democracia que causó la irrupción del nuevo partido, a su juicio la colectividad abrirá el espectro democrático a sectores que históricamente han estados excluidos desde el bipartidismo.

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En Pereira, la OACP reunió docentes, periodistas, indígenas y líderes sociales. Foto: Cortesía de Germán Moreno – OACP“Las Farc dejaron las armas hace cuatro meses y este país no se removió. Estábamos esperando esa noticia hace 60 años, ese momento histórico que debió ser motivo de fiesta, de celebración. Pero es tal el nivel de odio que hay, que Colombia no vibró. Preocupados por eso, decidimos apostarle a una gran construcción colectiva de narrativas de paz”.

Así resume Diego Cancino, asesor de Paz Territorial y Pedagogía de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), la nueva apuesta política de esa entidad para impulsar movilizaciones regionales que apoyen el momento de transición que vive el país por cuenta de la desaparición de las Farc como organización insurgente y al desescalamiento de la guerra entre el gobierno y el Eln, que decretaron un cese bilateral del fuego hasta el 9 de enero de 2018.

Un grupo de funcionaros de la OACP acaba de terminar su gira por seis municipios en la que reunió a artistas, líderes religiosos, autoridades indígenas, periodistas independientes, académicos y líderes sociales de los 32 departamentos de Colombia, agrupados en regiones que denominó Andina Oriental, Andina Occidental, Amazonía, Pacífico, Caribe y Orinoquía. En ellas, los dirigentes sociales diseñaron una acción colectiva por cada regional, basada en la intervención del espacio público y en la movilización ciudadana, que será financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). (Lea más: “La paz no puede hacerse con desconfianza”: Campo Elías de La Cruz)

El último de estos eventos se realizó en Pereira y reunió a líderes de Risaralda, Antioquia, Quindío, Caldas y Tolima, quienes acordaron crear una campaña masiva llamada “Tengo un pálpito”. La iniciativa incluye acciones comunicativas en redes sociales, instituciones educativas y espacios rurales y urbanos, con las que se buscará motivar la participación ciudadana en torno a la implementación de los acuerdos de paz. El proyecto contempla la instalación de módulos interactivos que permitirán conectar en tiempo real personas del campo y de las ciudades. (Lea más: Con rap y filosofía, jóvenes de Norte de Santander hablan de posconflicto).

La campaña, sin embargo, se desarrollará en un escenario adverso; en los cinco departamentos involucrados triunfó la opción del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, con el que el gobierno nacional buscó refrendar los acuerdos de paz que firmó con las Farc en La Habana. En Risaralda ganó con el 55% de los votos; en Caldas, con el 57%; en Tolima, con el 59%; en Quindío, con el 60%; y en Antioquia, con el 62%, según datos de la Registraduría Nacional. En todos, la abstención rondó entre el 59 y el 61%, en consonancia con la abstención nacional, que promedió el 62%.

El Eje Cafetero y Tolima son, al mismo tiempo, el hogar de un número significativo de víctimas del conflicto armado. En los cinco departamentos se han registrado dos millones 408 mil personas, de un total nacional de ocho millones 554 mil, de acuerdo con el Registro Único de la Unidad para las Víctimas.

Apuesta por la reconciliación

Los encuentros duran tres días e incluyen espacios de concertación por mesas. Foto: Cortesía de Eduardo Mejía.El profesor de la Universidad de Manizales Andrés Noreña, quien asistió a la reunión de Pereira, reconoce que la defensa de los diálogos de paz en la región se vio duramente golpeada por los resultados del plebiscito: “Los que votamos por el Sí queríamos hacer una épica, declarar la victoria. Pero perdimos, y ese Sí se convirtió en una apuesta por seguir trabajando por la paz, con todas las dificultades que implica la implementación de los acuerdos. Es un trabajo largo, lento, por lo que tenemos que seguir preparados para el desencanto y la frustración”.

Noreña opina que, por esa razón, y en medio de la polarización política que vive el país, es necesario construir nuevos imaginarios para la paz, tal como busca la campaña: “La guerra tiene épica; victorias, héroes, batallas, y en el país hay una exaltación de eso. Como la paz no entra dentro de la épica, y nos es desconocida, podemos empezar a pensar que algo propio de esta nueva etapa puede ser lo prosaico, que es la vida corriente, en tranquilidad, donde yo no me tenga que defender, ni armar”.

Esa tranquilidad se siente en varios pueblos de la región, en los que las Farc operaron durante décadas. En el sur de Tolima, donde nació esa guerrilla, las comunidades reconocen los efectos del fin de la guerra. Miguel Ángel Villa, un artista escénico que integra las Unidades Móviles de Atención a Víctimas en esa zona y que también asistió al encuentro en Pereira, cuenta que “las personas de la región ya no sufren miedos asociados a que amaneció un campesino muerto en una carretera, los boletearon (extorsionaron), llegaron hombres armados a sus casas o pasó el Ejército bombardeando”. Y agrega que “eso ha permitido que la región empiece a desarrollarse económicamente. Por ejemplo, ahora mismo, en Planadas, tuvimos la primera cosecha de café en 50 años en la que los campesinos no tuvieron que pagarles extorsión a las Farc”.

Lo mismo opina Fernando Doval, líder de Innovación Social del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el Bajo Cauca antioqueño. Él dice que en esa zona, donde operaban unidades del Bloque Iván Ríos de las Farc, “el silencio de los fusiles ha permitido una dinámica más activa en los territorios rurales, que es donde sentía con mayor fuerza el ímpetu del conflicto. Ahora hay más tranquilidad, se pueden desarrollar acciones más fuertes en el tema de la consolidación de las organizaciones sociales y de base, que se sienten con mayor libertad para generar dinámicas de desarrollo a partir del empoderamiento de las comunidades”.

En ese escenario, Doval advierte que “estas acciones culturales, simbólicas y de innovación social ayudan a minimizar los procesos adversos que el conflicto causó en la región y pueden generar espacios de consolidación de la paz. También vemos estas apuestas como oportunidades para que a las regiones se nos escuche sin necesidad de gritar, y para expresar nuestro compromiso y nuestro sentir en la construcción de la paz”.

El artista Villa insiste en que los nuevos esfuerzos del gobierno nacional y la sociedad civil deben estar enfocados en la difusión de los acuerdos y en la reconciliación, incluyendo a los excombatientes de las Farc, que en Tolima habitan los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de la vereda La Fila, de Icononzo, y la vereda El Oso, de Planadas. De hecho, varios participantes de la reunión convocada por la OACP pidieron involucrar en la acción colectiva a los exguerrilleros, ahora integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Acciones ante escenario complejo

Los participantes también manifestaron la necesidad de avanzar en la implementación del Acuerdo Final, particularmente en los puntos de desarrollo rural y participación política. Foto: Cortesía de Eduardo Mejía.A la campaña diseñada en Pereira, que corresponde a la región Andina Occidental, se suman otras cinco en todo el país. En el Pacífico, por ejemplo, cantantes, dirigentes afro y docentes pondrán en marcha una caravana con destino Tumaco (Nariño) para “rechazar la violencia que vive el municipio”, donde fueron asesinados ocho cultivadores de coca el pasado 5 de octubre en medio de una protesta contra la erradicación forzada de los denominados cultivos de uso ilícito. En las otras cuatro regiones habrá fogones comunitarios, encuentros de autoridades indígenas, paros y acciones itinerantes por tierra y agua. (Lea más: En Tumaco se debe sanear primero la propiedad de la tierra y luego pensar en la sustitución).

Para cada una de esas apuestas Usaid destinará 100 millones de pesos, que serán complementados con recursos donados por administraciones municipales, instituciones privadas y comerciantes, según Cancino, asesor de la OACP. De acuerdo con el funcionario, esa manera de conseguir e invertir recursos está relacionada con la apuesta política de la Oficina: “Nosotros habríamos podido llamar a una empresa publicitaria y pagarle varios cientos de millones para hacer una campaña, pero lo que queremos es una transformación política y cultural que derive en un cambio de narrativas colectivas, dado el momento de transición que estamos viviendo”.

Sin embargo, generar apoyos en torno a la implementación en la actual coyuntura será tarea difícil. En las áreas rurales avanza a paso lento la puesta en marcha de los puntos de reforma agraria integral, sustitución al problema de las drogas ilícitas y participación política que pactaron el gobierno nacional y las Farc en el Acuerdo Final que firmaron en noviembre de 2016 en Bogotá.

La desazón por los tiempos de la implementación se suma a las dilaciones del gobierno nacional para dar cumplimiento a los acuerdos del Paro Nacional Agrario de 2013, por lo que organizaciones sociales que integran la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo se declararon en paro el pasado 23 de octubre.

Asimismo, organizaciones indígenas que hacen parte de la Mesa Permanente de Interlocución anunciaron una masiva movilización nacional desde este lunes para protestar por el asesinato de líderes sociales y el incumplimiento de distintos acuerdos firmados con el gobierno nacional, incluyendo el desarrollo del Capítulo Étnico del Acuerdo Final pactado con las Farc. (Lea más: En rojo, saldo del gobierno nacional por reparación de indígenas y afros)

Al respecto, la concejal de Planadas Leonoricel Villamil, quien participó en el encuentro que la OACP convocó en Pereira, asegura que “los caficultores, los campesinos, las mujeres, no estamos pidiendo que nos regalen nada; estamos exigiendo lo que está contemplado en los acuerdos. El llamado que hacemos es: no nos ilusionen más, no le digan a la comunidad: ‘le vamos a dar’. Accionen, porque la gente lo necesita y lo reclama”. Y agrega que “la acción simbólica debe ir de la mano con la implementación de los acuerdos, porque qué nos ganamos con hacer la movilización, darle el respaldo a la paz y el ‘sí’ a la vida, si lo pactado no se está cumpliendo”.

Ante ese panorama, Cancino reconoce que las iniciativas de movilización ciudadana por la paz que impulsa la Oficina enfrentan serios desafíos. “Desde el gobierno debemos escuchar, pasar del escritorio al territorio, asumir un mea culpa y co-construir”, admite y agrega que “en ese sentido, queremos tejer nuevos gestos de confianza entre la institucionalidad y la sociedad civil, que tiene desconfianzas absolutamente legítimas”.

En ese contexto, y de acuerdo con los planes de la OACP, en marzo de 2018 ya deberán haberse ejecutado las seis acciones colectivas. Los líderes regionales esperan que, a la par de promover la reconciliación, el gobierno nacional cumpla lo pactado con las Farc, el movimiento campesino y las comunidades étnicas.

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Jornada de la experiencia Haciendo compresiones de paz, de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero.

Yeraldine Alvarado no ha podido continuar con sus estudios de secundaria. No obstante, se diferencia del resto de los jóvenes de su edad en sus actividades: desde el Catatumbo trabaja en iniciativas propias e impulsadas por colectivos y maestros para reconstruir la historia de su territorio, pero también para cuestionar, debatir y proponer cómo pueden ser la generación del llamado posconflicto, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.

Mientras busca la oportunidad de terminar sus estudios para cumplir con su sueño de estudiar Lenguas, esta chica de 17 años de edad trabaja con comunidades en aquella región transfronteriza, integrada por once municipios. “Hago rap. Soy catatumbera y empecé en la música a los 12 años. Quise llevarle la música a las comunidades más vulnerables. El arte transforma vidas”, dice la joven mientras narra su experiencia.

En aquella convulsionada región, según datos de la Unidad Nacional de Víctimas, el conflicto armado desplazó a 212 mil personas de esta región entre 1985 y el 1 septiembre de 2017. No es un territorio fácil.

Yeraldine explica que empezó a recorrer los municipios sola, pero desde que conoció a La Quinta, un colectivo que promueve el arte del rap, el grafiti y la danza entre los jóvenes, se unió a esta iniciativa. “Todos los años hay un festival alrededor de la música. El más reciente fue titulado Del Norte, bravos hijos, que hace alusión al himno del departamento. Participé con una composición de rap en el festival Artesanos de Paz, llevando el mensaje de que la historia está viva, que podemos cambiarla”, dice.

Esconderse, donde tu respiración no se sienta
pronunciar un Padre Nuestro porque las balas aterran
estallando el silencio que ha dejado el miedo
sobrevivir a esta guerra es lo que queremos en mi Catatumbo
en medio de la montaña se siembra la esperanza de esa paz tan anhelada…

La estrofa hace parte de las frases que a puño y letra ha redactado esta inquieta joven. “Mi forma de escribir tiene que ver con lo territorial. Qué es lo que hemos vivido y que los medios de comunicación nacional no muestran. El rap es una forma de narrar la resistencia campesina, de los indígenas Bari, de las abuelas y las hijas… no aceptamos que nos maten más líderes, que es lo que está ocurriendo”, cuenta.

Su resistencia tiene un triste asidero en la realidad: entre 2002 y 2016, en la región del Catatumbo han sido asesinados 9 líderes sociales, según datos de la organización no gubernamental Somos Defensores, que hace un riguroso seguimiento a esos homicidios.

Yeraldine, quien junto a otros jóvenes buscan formar el colectivo El Faro del Catatumbo, cuenta que por medio del arte han hecho visible y de manera critica las realidades de su región, como los procesos de memoria, el acceso a oportunidades educativas y laborales, y la oferta institucional frente a las necesidades de campesinos e indígenas.

“La propuesta educativa del Sena [Servicio Nacional de Aprendizaje] no llena nuestras expectativas. Queremos opciones para que los estudiantes se queden en el territorio; para que el campesino pueda hacer productiva la tierra; y para que los indígenas no tengan que ‘adaptarse’ a un modelo educativo que no es el suyo”, dice Yeraldine, quien en un futuro cercano espera combinar la música con estudios de Lenguas para seguir trabajando en el Catatumbo. “El proceso de paz requiere de confianza, que la gente sienta que hay unión”, afirma, esperanzada en aportar algo desde sus propias iniciativas.

Hacer las paces

En la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, de Cúcuta, los maestros implementan un modelo pedagógico basado en la lectura crítica. Su rector, Óscar Omar Aldana, considera que esta habilidad es clave para es posacuerdo.A los cuestionamientos de Yeraldine sobre el presente de los jóvenes y su futuro, se suman los maestros de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, de Cúcuta, para quienes la filosofía no debe ser interpretada por los estudiantes como una materia de “relleno”, de esas en las que un profesor puede tardar horas hablando sobre sus principales exponentes, intentanto que sus pupilos memoricen reflexiones y cuestionamientos para lograr un buen puntaje en las Pruebas del Saber.

Óscar Omar Aldana, rector de este colegio que acoge en cinco sedes a 3 mil estudiantes que viven en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad y barrios periféricos, explica cómo la pedagogía puede influir positivamente en los jóvenes. “Hemos decidido trabajar en una metodología de la enseñanza para la comprensión. Que haya una lectura crítica sobre la paz y la reconciliación, que los jóvenes trabajen a partir de preguntas y reflexionen, que no traguen entero”, afirma Aldana.

Jorge Enrique Ramírez tiene 25 años años de experiencia docente y es el profesor de las asignaturas de Filosofía y Ciencias Sociales. “Desde las clases invitamos a los jóvenes a tener conciencia de sí mismos, de encontrarse en el contexto que viven; que realicen un ejercicio de recuperar la memoria personal, de identificación a partir del cuerpo, de encontrar esos momentos o circunstrancias que los han marcado y de revisar de qué forma la sociedad influye en sus proyectos de vida”, explica el educador.

Las clases de filosofía, de Jorge Enrique Ramírez, incorporan ejercicios de memoria histórica, juegos de roles y reflexiones sobre el proyecto de vida de los jóvenes.Para este docente, la ‘médula’ de su ejercicio pedagógico se basa en “el cuento de la paz imperfecta y la filosofía para hacer las paces”, estudiando la fenomenología de la vida cotidiana y construyendo la experiencia Haciendo comprensiones de paz.

“Esta propuesta recupera algunas metáforas universales como la de los griegos, como Irene, que significa paz, de hacer la paz en nuestra casa; o el Ubuntu, propio de los africanos, que es “soy porque somos”, de manera que si soy cultura de paz es porque somos producto de esa cultura en la que estoy viviendo. También recuperamos la construcción de una pirámide de justicia que les permita a los muchachos ir creciendo desde el diálogo personal hasta la comprensión del proceso de restauración cuando se hace daño a otro”, relata Ramírez.

El profesor, quien hace parte de la Red Nacional de Docentes por la Memoria y la Paz de Colombia, cuenta que esta experiencia pedagógica está nominada al Premio Compartir al Maestro y al Premio Santillana. En clase los estudiantes han realizado además ejercicios sobre memoria, reconstruyendo la historia sobre masacres ocurridas en el departamento, identificando las víctimas, los actores armados, el contexto, y las posturas y reacciones frente a estos crímenes.

El profesor Luis Eduardo Royero realiza el piloto del Proyecto Ser Humano, en la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero, promoviendo el desarrrollo de competencias sobre resolución de conflictos y habilidades productivas. También realizaron un ejercicio de retos y roles durante el Foro Intercolegiado de Filosofía, con ponencias de los estudiantes como Filosofía para hacer las paces y La paz imperfecta. “Estos procesos han sido muy interesantes en una región donde precisamente ganó el No tras el plebiscito”, dice el profesor recordando los resultados de la consulta a los colombianos sobre si aprobaban el Acuerdo de Paz firmado en Cartagena en septiembre del año pasado por el gobierno nacional y la entonces guerrilla de las Farc tras cuatro años de negociaciones.

El modelo implementado en la Institución Educativa Julio Pérez Ferrero está inspirado en el Proyecto Ser Humano, formulado por Luis Eduardo Royero. “Se trata de un modelo que promueve la defensa de los derechos humanos a partir del proyecto de vida, así como del desarrollo de competencias relacionadas con la resolución de conflictos y las habilidades productivas. Creemos que el proyecto mejora la actividad de los maestros y al aprendizaje de los estudiantes”, indica el maestro.

“Cuando hay lectura crítica, hay esperanza”, reitera Aldana, rector del centro educativo, recordando la importancia que tiene la pedagogía en tiempos de transición hacia una paz estable, duradera e incluyente.

Las experiencias de Yeraldine Alvarado y de los docentes en Norte de Santander se suman a otras en la región andina-oriental, donde la Ofician del Alto Comisionado para la Paz promueve el diseño de una acción colectiva a favor de esa transición que vive el país, con la participación de maestros, artistas, comunicadores y gestores culturales.

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Cristian Palacios. uno de los organizadores de la campaña de Cartas por la Reconciliación. Foto: VerdadAbierta.com.

El pasado 14 de febrero, tres universitarios crearon la campaña Cartas por la Reconciliación, para que a través del intercambio epistolar entre los habitantes de algunas ciudades y los guerrilleros de las Farc que se encontraban concentrados en las Zonas Veredales y Sitios Transitorios de Normalización, se empezara a arar el camino que requiere la reconciliación nacional tras el fin de una guerra que desangró al país por más de 50 años.

Luego de la dejación de armas de ese grupo guerrillero y de la desaparición de las zonas de concentración ocurrida el pasado martes, esos jóvenes, que conforman actualmente una red a la que están integrados 150 integrantes y que recogió 3.200 cartas de la ciudadanía y 452 de excombatientes, decidieron seguir apoyando el proceso de paz, pero desde la orilla de la pedagogía.

Ante ese cambio de perspectiva, VerdadAbierta.com habló con Cristian Palacios, uno de los fundadores de la iniciativa, que cursa estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana de Cali. Este es el balance de la primera fase de la campaña y su proyección.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Después de medio año que les deja esta experiencia?

Cristian Palacios (CP): En estos seis meses pudimos ver la realidad de las ciudades y del campo, de los excombatientes y de las víctimas, entre otras, que nos dejaron la enseñanza de que hay que buscar un eje articulador para alcanzar la paz. Si bien Colombia está muy dividida, podemos construir algo entre todos juntos, puesto que estamos en un país demasiado polarizado. Hemos visto muchas realidades y por eso decimos que el país necesita jóvenes líderes que empiecen a construir paz desde los territorios y convivencia ciudadana. Es algo muy complejo que requiere mucho tiempo, pero Colombia lo necesita.

VA: ¿Alcanzaron los objetivos que se trazaron con la campaña?

CP: Sí, fueron dos. El primero, que las personas que estaban en las zonas veredales, conocieran un poco de la realidad de las ciudades y la opinión de sus habitantes: si bien entregábamos cartas de aliento, también había cartas de odio, en donde se expresaba rencor e incredulidad en el proceso de paz. Ellos las leían y algunos respondían. Les sirvió para ver que todo no es color de rosa, pero que el ambiente no es tan malo como pensaban. El segundo fue hacer ese tránsito, para que las personas pudieran expresar lo que pensaban y abrir un camino para la reconciliación.

VA: ¿Cómo quedaban los guerrilleros tras recibir las cartas?

CP: La posición de ellos fue muy abierta y quisieron leer todas las cartas, sin importar si eran de reconciliación o de odio. Si bien nosotros estamos en la ciudad y no conocemos muchas realidades, lo misma pasa con ellos frente a la sociedad. En este momento nos dicen que quieren seguir recibiendo cartas; vamos a ver si podemos articularnos con un tercer para mantener ese flujo constante de comunicación, aunque así sea en una sola zona. Quieren mantener esa comunicación porque es algo que en 53 años no tuvieron: una conversación con el país y que se les escuchara en las ciudades. Siempre hemos recalcado que esto no se trata de ir a creer en una ideología, sino simplemente de abrir el espacio de diálogo, porque la conversación es la base de la reconciliación.

VA: ¿Sí es posible que la reconciliación se dé por medio del diálogo?

CP: Cuando elegimos el nombre de Cartas por la Reconciliación lo hicimos con esa idea. Con base a ello, vimos que es necesario un diálogo abierto, pero antes es necesario escuchar al otro y que el otro me escuche. Es un proceso recíproco, complejo, largo y arduo, pero es el pilar fundamental para una reconciliación real. Escucharnos para sacar conclusiones y encontrar un punto de convergencia.

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VA: ¿A cuántas zonas veredales fueron?

CP: Fuimos a dos zonas veredales tres veces. A Caldono el 17 de marzo y a La Elvira el 1 de mayo; después fuimos invitados a la entrega del segundo 30 por ciento de armas. Después de ir a Caldono, ellos nos mandaron cartas por 15 días; después enviamos a La Elvira cartas con una tercera persona.

VA: Para ustedes, como jóvenes que aún están cursando sus estudios universitarios, ¿qué significó asistir a la dejación de armas en La Elvira?

CP: Fue sorprendente, cinco personas de la campaña tuvimos la oportunidad de presenciarla. Vimos a sectores tan diferentes de la sociedad trabajando juntos. Fue una satisfacción muy grande porque nos invitaron y lo vimos como un reconocimiento a nuestro trabajo. Presenciar ese acto fue muy emotivo porque años atrás nunca pensé que sería posible.

VA: ¿Qué harán ahora que dejaron de existir las zonas veredales?

CP: Al ver que se acaba el espacio jurídico de las zonas veredales, Cartas por la Reconciliación toma un nuevo trasfondo y hará dos cosas: mostrarle a la ciudadanía lo que hicimos en estos seis meses y hacer pedagogía de paz. Lo haremos no el objetivo de convencer para que la gente crea en el proceso de paz, sino para que construyan su propia idea de lo que significa la paz, con base en las realidades de Colombia.

También queremos seguir recogiendo cartas durante las jornadas de pedagogía y buscar una tercera entidad para que se las entregue a las Farc. Estamos pensando en la Cruz Roja o una entidad similar, para que lleve y nos devuelva las cartas. No sería un intercambio tan directo, pero seguiría una comunicación constante sin perder el objetivo de la campaña.

VA: Ya se acabaron las zonas veredales, ¿qué los impulsa a seguir con Cartas por la Reconciliación como una cátedra itinerante?

CP: Hace unos días se conmemoraron 18 años del asesinato de Jaime Garzón y una de sus frases más populares es que si los jóvenes no tomamos las riendas del país, nadie vendrá hacerlo por nosotros. Nos sentimos en el deber y en la obligación de hacer cosas en pro del país, de una mejor sociedad, de construcción de paz. Si no somos nosotros, quizá lo haga una persona, pero no queremos darnos a la suerte; no queremos decirles a nuestros nietos que no hicimos nada y que nos quedamos criticando desde la comodidad de nuestras casas. La construcción de país es entre todos.

El 19 de agosto, en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, se realizó el cierre simbólico de la campaña. Debido a las lluvias, las cartas recolectadas no pudieron ser exhibidas. Foto: cortesía Cartas por la Reconciliación. VA: ¿Cuál es el intercambio de cartas que más les impactó?

CP: Cuando un guerrillero le pidió perdón a una víctima. Un joven de Buga escribió una carta contando que las Farc le asesinaron a uno de sus abuelos y una de las personas que estaba en la zona veredal de La Elvira le pidió perdón a nombre de las Farc. Cuando le llevamos la carta, el joven se puso a llorar y dijo que cuando escribió su historia nunca pensó que le fueran a responder y mucho menos a pedir perdón. Percibimos que él recibió una especio de alivio, no sabemos si perdonó o no, no le preguntamos porque es un proceso íntimo.

Esta campaña ha servido para eso: para que la gente vea que el proceso de paz va en serio. El objetivo no es que las Farc convenzan de su ideología a través de las cartas, sino que las personas vean la realidad del campo y del proceso de paz. También sirve como proceso de construcción de memoria histórica, porque hay muchas personas plasmando sus historias.

VA: ¿Por qué le apuestan ahora a hacerle pedagogía del proceso de paz?

CP: Dentro de la exposición de lo que estábamos haciendo, al mismo tiempo empezamos a hacer pedagogía. Le decimos a la gente qué se acordó, cómo y por qué. En Qinchía nos pasó algo curioso con los estudiantes de noveno, décimo y undécimo grados: les preguntamos si creían en el proceso de paz y todos respondieron que no. Es impresionante que Colombia no crea que las armas se entregaron, sabiendo que lo confirmó la ONU y no cualquier entidad de garaje.

Empezamos a explicarles sin el ánimo de obligarlos a creer; les explicamos que las armas se entregaron gradualmente y el tema de las caletas. ¿Qué pasó? Al final, la mayoría de los estudiantes no salió creyendo del todo, pero sí con una mirada más amplia, en la que reconocen algunos logros como las vidas que se han salvado, y varios se animaron a escribirles cartas a los guerrilleros porque están cumpliendo con el Acuerdo Final.

VA: ¿Creen que esa estrategia es efectiva para derrotar el escepticismo y la polarización?

CP: Si bien el Acuerdo Final se aprobó el acuerdo en diciembre, sigue sin haber una pedagogía efectiva. Las personas no saben qué se firmó, que se trató y a qué acuerdo de se llegó. Si bien el gobierno saca muy buenas estadísticas sobre los cambios y las mejoras que se han logrado, no existe una pedagogía sobre el acuerdo, y por qué la paz no sólo es una firma entre él y las Farc, sino una construcción diaria de la ciudadanía.

Por eso nosotros nos ponemos en la tarea de hacer este tipo de cosas, porque no nos podemos quedar con ver el punto en la pared blanca; no nos podemos quedar criticando que el gobierno no está haciendo pedagogía efectiva y que hay un sector de la sociedad difamando y diciendo mentiras.

VA: ¿Qué se viene ahora para ustedes?

CP: Seguimos hasta que encontremos la forma de incidir más en la sociedad; se viene una larga jordana de recorrer la mayor cantidad de instituciones y regiones para mostrar lo que hicimos y hacer pedagogía de paz. También estamos buscando cómo explicar fácilmente el Acuerdo Final por redes sociales; si bien por ellas sale información errónea, vamos a sacar información real. Explicar con infografías y videos lo que va pasando.

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Al final del encuentro, exjefes paramilitares y miembros del Secretariado de las Farc acordaron trabajar por la verdad integral del conflicto armado colombiano. Foto: Cortesía

Esclarecer responsabilidades que aún no son del todo claras; develar nombres que aún permanecen ocultos tras la sombra de la impunidad; suscribir un compromiso nacional y sincero para que la tragedia de la guerra nunca más vuelva a sacudir campos, veredas y ciudades; y construir un relato lo más completo posible que permita responder el interrogante que ronda en la mente de más de siete millones de víctimas del conflicto armado: ¿por qué tanta brutalidad?

Así se resumen las peticiones que hacen organizaciones sociales y diversos movimientos de víctimas en el país tanto a los excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como a los comandantes de las Farc quienes sostuvieron una reunión el pasado 19 de julio en Bogotá. Ese día, en la Casa Provincial de los Jesuitas, exjefes paramilitares y miembros del Secretariado en tránsito a la vida legal dialogaron durante poco más de tres horas sobre el pasado que los enfrentó en una guerra fratricida, el presente jurídico que afrontan unos y otros, y el futuro que le depara sin armas.

Allí estuvieron presentes por las antiguas Auc Fredy Rendón Herrera, Edwar Cobos Téllez e Iván Roberto Duque. Por parte de las Farc hicieron presencia Iván Márquez, Jesús Santrich y Pablo Catatumbo, acompañados por el sacerdote jesuita Francisco De Roux, el mediador Álvaro Leyva Durán y el abogado Diego Martínez. Aunque aún no han trascendido mayores detalles sobre el contenido de la reunión, el resultado de este encuentro quedó consignado en comunicado público en el que se expuso que la intención de trabajar por la verdad integral y la reparación a las víctimas.

“Las partes asumieron el compromiso de hacer de la verdad plena el hito fundamental del proceso de reconciliación nacional en atención a las víctimas y a la urgencia de acompañar a la nación colombiana y al gobierno nacional en la búsqueda de los caminos que permitan lograr la reconciliación y garantizar el logro de la paz estable y duradera”, reza el comunicado en sus apartes.

La verdad integral, propósito de exparas y guerrilleros de las Farc

EnBojayá, optimismo moderado

Y verdad plena es justo lo que esperan desde hace una década los pobladores del Bajo Atrato chocoano, región donde la confrontación armada entre los Frentes 5 y 57 de las Farc, y el Bloque Elmer Cárdenas de las Auc dejó una larga estela de dolor y muerte, así como una profunda crisis humanitaria cuyos efectos aún se sienten. Una versión de ocurrido quedó consignada en la sentencia proferida el 27 de agosto de 2014 por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín contra ocho postulados de ese bloque paramilitar.

La comunidad de Bojayá espera que tras el ambiente de reconciliación, los paramilitares que propiciaron la masacre les pidan perdon. Foto: archivo Semana.

Según lo documentó ese tribunal, entre 1996 y 2003 se registraron poco más de 15 incursiones paramilitares a regiones como Curvaradó, Jiguamiandó, Riosucio, Murindó, Caño Manso y Belén de Bajirá, entre otros. Todas ellas con el pretexto de romper corredores de movilidad de las Farc. Quizás la más recordada de ellas es la Operación Cacarica, incursión paramilitar que comenzó el 23 de febrero y según precisó Fredy Rendón Herrera ante fiscales de Justicia y Paz, finalizó el 5 de marzo. Su desarrollo se hizo de forma paralela a la Operación Génesis, del Ejército Nacional, liderada por el entonces general Rito Alejo del Río, comandante para la época de la Brigada 17. Por los desmanes cometidos en esta incursión contra las comunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano y el oficial paga una condena de 25 años.

Las incursiones, así como los intensos combates, motivaron un éxodo masivo de comunidades negras. Cifras de la Fiscalía de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz) señalan que por lo menos unas ocho mil personas abandonaron sus tierras entre los años 1996 y 2003. Los municipios más afectados fueron Carmen del Darién, Riosucio, Ungía y Bojayá (Chocó), así como Vigía del Fuerte y Murindó (Antioquia).

Pero sin duda el hecho que refleja la crudeza lo que fue la confrontación entre guerrilleros y paramilitares en el Bajo Atrato es la tragedia de Bojayá: 79 personas perdieron la vida al quedar en medio de un intenso fuego cruzado entre combatientes de las Farc y tropas bajo el mando de Rendón Herrera. De ahí que no haya pasado inadvertida entre los líderes de la comunidad de Bojayá la noticia del “cara a cara” entre los guerreros que ese 2 de mayo de 2002 llevaron la confrontación armada al límite de la barbarie.

“Nosotros vimos las imágenes de la reunión, pero no sabemos qué se discutió ni tampoco la profundidad del compromiso de cada una de las partes. De todas formas, nosotros vemos con buenos ojos este tipo de reuniones”, señaló Leiner Palacios, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Él espera que este encuentro genere un compromiso real de no repetición por parte de cada uno de estos dos actores del conflicto armado.

“Hay una realidad y es que en nuestras comunidades el conflicto sigue, se ha agudizado y en algunos actores no hay acciones concretas de no repetición”, agregó Palacios. “Las Farc hicieron un acto público de reconocimiento de responsabilidad en Bojayá, pero no ha pasado eso con los paramilitares. Y el nivel deagresión del paramilitarismo en el Bajo Atrato fue muy fuerte y aún no han reconocido su responsabilidad por todos estos hechos. Muchas víctimas sienten que esto fue un show, pero ojalá que, más que discursos, surjan verdaderos actos de reconciliación con la gente que tiene tanto dolor”.

Farc reconocen frente a víctimas daño causado en Bojayá

En Montes de María, víctimas bajo estigma

Sin duda alguna, los Montes de María, que comprende municipios de Sucre y Bolívar, fue otra de las regiones colombianas donde la guerra entre paramilitares y guerrilleros se libró sin tregua ni cuartel. Quienes llevaron la peor parte fueron las comunidades campesinas. Por la fuerza de las circunstancias debieron convivir con los guerrilleros de las Farc desde principios de la década del ochenta, cuando arribaron los primeros insurgentes a municipios como Mampuján, Carmen de Bolívar, Ovejas y Chalán, entre otros.

Las comunidades de la región de los Montes de María consideran que la verdad de lo ocurrido debe saberse, pero de manera integral. Foto: Cortesía

Allí intentaron imponer su revolución a punta de fusil, cooptaron líderes campesinos e infiltraron juntas de Acción Comunal. Al iniciar la década de los noventa, y tras consolidar su presencia en la región a través de los Frentes 34 y 35, las Farc iniciaron una campaña de extorsiones a ganaderos y terratenientes; luego vinieron los secuestros de políticos y empresarios. Para 1994, el departamento de Sucre era uno de los más afectados por este flagelo.

El conflicto armado en la región de los Montes de María se agravó a partir de 1996, cuando arribaron los primeros contingentes paramilitares enviados por Salvatore Mancuso desde Córdoba, a solicitud de ganaderos, políticos y empresarios agobiados por la violencia ejercida por la guerrilla.

Lo que siguió fue una espiral de violencia incontenible. Las Farc arreciaron sus ataques contra la escasa infraestructura de la región, asesinó reconocidos líderes y políticos locales e intensificó los secuestros a ganaderos y empresarios; mientras, del otro lado, los paramilitares sembraron el terror en veredas y corregimientos masacrando campesinos inermes acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. Mampujan, Chengue, El Salado, Macayepo fueron algunas de las muestras de sevicia a las que llegó el paramilitarismo en los Montes de María.

¿Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María?

Una alta dosis de responsabilidad de la tragedia humanitaria que generó esta confrontación armada recae en dos personajes que el pasado 19 de julio sellaron su compromiso de apostarle a la reconciliación nacional con un apretón de manos: Edwar Cobo Téllez, jefe político del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc; e Iván Márquez, quien llegó a comandar el Bloque Caribe de las Farc luego de su paso por Urabá antioqueño.

“Causa gran sorpresa ver que dos personas que fueron enemigas estén hablando. Es sorpresivo, pero es un buen mensaje”, manifestó Jairo Barreto, integrante de la Mesa de Víctimas delChengue, masacre perpetrada por los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María el 17 de enero de 2001 y que dejó 28 muertos. “Aquí, el paramilitarismo, la guerrilla y hasta el Estado tuvieron culpa, todos tienen responsabilidad en lo que pasó. Por eso sería muy bueno que todos trabajen juntos para que salga una verdad más completa”, declaró el líder.

Y es que, a juicio de Barreto, pese a la comparecencia de varios comandantes de los bloques Norte y Héroes de los Montes de María ante los estrados de Justicia y Paz, buena parte de lo que allí ocurrió, así como los nombres de militares y políticos que coadyuvaron con esa tragedia humanitaria, siguen siendo un misterio para las víctimas de la Costa Norte.

“Sobre lo que pasó en Chengue, El Salado y Macayepo, no se ha contado nada. Hay muchas verdades ‘tapadas’. Ellos (los paramilitares) contaron unas mínimas cosas en Justicia y Paz para obtener unos beneficios, pero las víctimas no quedamos para nada conformes con eso. Porque siguen diciendo que se trató de una comunidad auxiliadora de la guerrilla, que nos mataron por guerrilleros y eso no es así. Por eso vemos con buenos ojos que la iniciativa de contar la verdad salga de ellos, porque eso es lo que estamos pidiendo las víctimas hace rato”.

En el Cauca piden garantías de no repetición

En regiones como el Oriente antioqueño, que en el pasado fue escenario de fuertes confrontaciones entre las guerrillas del Eln, las Farc y las Auc, tampoco pasó desapercibido el encuentro entre los exjefes del paramilitarismo y los dirigentes ‘farianos’. Según pudo establecer VerdadAbierta.com, el próximo 2 de agosto, un grupo de organizaciones víctimas de esta región se reunirán en el municipio de Marinilla para estudiar a fondo sus implicaciones definir una postura común de cara a lo que será la reconstrucción de memoria histórica, la reconciliación y las garantías de no repetición.

Y a cientos de kilómetros de allí, el pueblo indígena del Cauca, que ha sentido como ningún otro la crudeza del conflicto armado, también siente que es un buen mensaje que dos de las partes que atizaron un conflicto armado que desangró al país, hoy estén sentados frente a frente sin más armas que sus palabras.

“Es la primera vez que se reúnen los extremos de la guerra. Y eso es importante. Que entre todos se construya la paz”, dijo por su parte Aida Quilcué, vocera del pueblo Nasa e integrante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

Para Quilcué, habrá que darle “tiempo al tiempo” para ver cómo se materializa el discurso de trabajar mancomunadamente por la verdad histórica y la reconciliación nacional. Mientras ello pasa, solicitó que ambas partes también trabajen por consolidar verdaderas garantías de no repetición.

“El pueblo indígena y los sectores sociales estamos muy preocupados porque se han recrudecido las amenazas por parte de grupos paramilitares. Y ha habido muertos. Son estas situaciones las que no queremos volver a repetir. Y si ese tipo de diálogos contribuyen a esa no repetición y a la construcción de la verdad, pues nos parece importante que esos pasos se estén dando en Colombia”, concluyó la dirigente indígena.

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En el auditorio Los Alamendros los 37 exguerrilleros de las Farc que se capacitaron en la Zona Veredal del municipio de Buenos Aires, Cauca, recibieron sus certificados de estudios. Foto: VerdadAbierta.com.

El acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno nacional y el grupo subversivo más antiguo del país sigue dejando escenas inéditas que hace algunos años hubieran sido inimaginables.

En la tarde de ayer, ante la mirada y aplausos de parte de la comunidad académica de una de las universidades privadas más grandes del país, de representantes de la industria vallecaucana, de funcionarios de diferentes estamentos del Estado, de miembros de agencias de cooperación internacional, de la comunidad jesuita, de líderes de comunidades étnicas y de sus familiares, un puñado de excombatientes de las Farc que dejaron sus armas en la Zona Veredal de La Elvira, Cauca, recibieron un diploma que representa el comienzo de una nueva vida.

Los discursos de quienes intervinieron en la ceremonia de graduación coincidieron en señalar que ese encuentro es una muestra más de que la guerra con las Farc se acabó, y que sienta las bases para que se repliquen escenarios de reconciliación y construcción de paz territorial. Lo anterior no sólo por el hecho de que hombres y mujeres que se formaron para la guerra en antaño, ahora lo hicieron para trabajar por la construcción de paz, sino porque en un mismo espacio convergieron de manera fraternal diferentes actores de la sociedad.

El primero en tomar la palabra fue el rector de la Universidad, el padre Luis Felipe Gómez Restrepo, quien, tras explicar el propósito y los alcances del diplomado, resaltó el compromiso de las Farc para cerrar el conflicto armado por la vía del diálogo y destacó sus compromisos desde el cese unilateral al fuego hasta la dejación de armas.

Acto seguido, les dio un mensaje de aliento a los graduados: “Estamos aquí para decirles bienvenidos a la paz, la guerra ya terminó… Por eso estamos aquí para animarlos y apoyarlos. No están solos en su empeño de ponerle fin a la guerra y de construir la paz territorial. Hoy, simbólicamente, queremos darles la bienvenida a la sociedad, lo hacemos aportando en su formación y capacitación, con nuestro grano de arena, al esfuerzo que todos debemos hacer para continuar la marcha hacia la paz, contribuyendo al desarrollo rural integral con enfoque territorial”.

El rector de la Javeriana Cali, se refiere a su compañero de la Compañía de Jesús, el padre Francisco de Roux, quien en la semana anterior participó en el encuentro que sostuvieron exjefes paramilitares de las Auc y miembros del Secretariado de las Farc. Foto: VerdadAbierta.com.Asimismo, resaltó que quienes intervinieron en las capacitaciones fueron testigos de un proceso de transformación personal. “A la audacia que implica la decisión de hacer la paz, la valentía de cambiar el método de las luchas políticas, se sumó en nuestros estudiantes durante este diplomado y proceso de preparación para el bachillerato, el compromiso con su formación, la capacidad para reflexionar sobre sus concepciones previas y la apertura para establecer diálogos con los profesores y los estudiantes de la Universidad que participaron en este proceso”, señaló el rector, concluyendo que se debe permitir que “nuestra democracia sea abonada por el perdón, la verdad y la reparación, para que nos podamos reconocer todos, para que Colombia sea una casa en donde todos podamos convivir en armonía”.

La verdad integral, propósito de exparas y guerrilleros de las Farc

Tras recibir los diplomas que representan la culminación de casi cuatro meses de estudios en los que cada fin de semana parte de la Zona Veredal de La Elvira se convirtió en un aula de clases universitaria, ‘Clara Zetkin’ tomó la vocería de sus compañeros de estudios: “Hoy la Universidad Javeriana de Cali da una enorme muestra al país de cómo concretar la voluntad de aportar a la transformación de la sociedad, de cómo dejar atrás los miedos y obstáculos que impiden encontrarse y trabajar juntos por un mismo objetivo”.

Además de agradecerle a la Universidad, aprovechó la oportunidad para destacar la importancia del cumplimiento de los acuerdos de paz, especialmente los relacionados con la reincorporación de los excombatientes, quienes necesitan “procesos de formación y de homologación de saberes: son esenciales y representan uno de los mayores retos que como organización asumimos tras la decisión de transitar hacia la legalidad”.

Otra persona que tuvo palabras de agradecimientofue Jorge Torres Victoria, más conocido como ‘Pablo Catatumbo’, jefe del recientemente desaparecido Bloque Occidental y miembro del Secretariado de las Farc: “Lo que ustedes hacen, muchachos y muchachas, es ejemplo para todas las Farc. Muchísimas gracias, y continúen así. Finalmente, de nuevo quiero agradecer sinceramente a la Universidad Javeriana por su disponibilidad para la reincorporación educativa de las Farc-Ep. En un escenario tan complejo en el que vivimos, en el que la institucionalidad se caracteriza por el incumplimiento y la lentitud, es de admirar que una universidad privada asuma con total disposición y entrega parte de la educación de los guerrilleros. Hechos como este, nos permiten conservar la esperanza en una patria nueva, dialogante, eficiente y constructora de futuros”.

Valiéndose de la ascendencia que tiene sobre las mujeres y los hombres que dirigió cuando estuvieron alzados en armas, también señaló que necesitan “del compromiso de cada compañera y compañero que hoy finalizan este proceso, para continuar disciplinadamente el tránsito por el camino que hoy abrimos: camaradas, la consigna hoy es capacitación; estudio, estudio y más estudio. Con este acto las Farc también queremos demostrarle al país y al mundo que estamos cerrando una página de la historia y empezando a construir la de la paz”.

Visión de los constructores de paz

El padre De Roux le entrega a ‘Boris Guevara’ su diploma tras haber tomado las 160 horas de capacitación del diplomado. Foto: VerdadAbierta.com.‘Boris Guevara’, quien lleva 17 años en las Farc y es uno de los miembros más activos de su equipo de comunicaciones, no pensó que la capacitación de la Javeriana fuera a tomar las dimensiones que alcanzó e inicialmente la vio como un deber que debía cumplir en medio de la formación de los excombatientes. “Es la primera vez que una universidad, especialmente privada, asume la responsabilidad, frente a la opinión pública y en un momento tan difícil por la polarización, de capacitarnos, darnos un diploma y traernos a su sede”, le dijo a VerdadAbierta.com tras terminar la ceremonia de grado.

Considera que ese curso lo ayudó para autocriticarse, cambiar y actualizar el discurso: “Desde la academia asumes cifras y estudios con los que refuerzas muchas ideas que uno tiene. La realidad en Colombia no se puede negar: las cifras y los estudios dejan ver la desigualdad absoluta que hay, una absoluta negligencia del Estado frente a hacer análisis en el terreno y no imposiciones centralistas que desconoce lo que sucede en los territorios. Eso refuerza mucho más lo que uno ha tenido en la cabeza, pero le da más forma y contenido para justificar lo que uno dice con argumentos creíbles”.

‘Amanda Ríos’, quien también tiene 17 años de militancia en las Farc, piensa poner el conocimiento que adquirió en el diplomado para la construcción de paz territorial y compartirlo con sus compañeros de la zona veredal: “Le vamos a meter con más fuerza a la capacitación de toda nuestra militancia fariana con el fin de que podamos aportarle al país lo mejor de nosotros”.

Para Tania Nijmeijer, quien es más conocida como la holandesa de las Farc, el diploma que cargaba con una enorme sonrisa, implica un compromiso para empezar a hacer política desde los territorios desde un diálogo intercultural: “Tenemos las puertas abiertas para empezar a hacer política y esa política tiene que venir desde los territorios, no puede ser desde arriba para abajo”.

Tanja Nijmeijer, quien cambió o adaptó su nombre a Tania, graduándose como gestora de diálogo social intercultural, planeación territorial y construcción de paz. Foto: VerdadAbierta.com.Jonathan Murillo, uno de los jóvenesque se capacitó para validar el bachillerato, quien ingresó a las Farc cuando tenía 13 años porque “no había oportunidades” en el Medio San Juan, Chocó, sólo tiene palabras de agradecimiento porque les “abrieron las puertas para conocernos como personas, aún teniendo una fama desgarradora”. Hoy, a los 19 años, desea cursar estudios en mecánica automotriz.

Sobre qué les depara el futuro, estos excombatientes tienen muchas incertidumbres. El próximo 1 de agosto las zonas veredales dejarían sus propósitos de servir como puntos de concertación de las Farc y sus armas, y se convertirían en zonas de capacitación y reincorporación. Sin embargo, debido a los múltiples retrasos en el acondicionamiento de dichas zonas, se reprogramó para quince días después.

“Tenemos muchas incertidumbres porque el gobierno de cierto modo ha incumplido muchas cosas, y a través de la fuerza guerrillera hemos tratado de ser positivos y de imponernos frente a los obstáculos, pero siempre llega un momento en el que nos cuestionamos qué va a pasar. Creemos en la dirigencia de las Farc, en la capacidad de inventiva del pueblo colombiano y de que rodeen el proceso de paz”, señala al respecto ‘Guevara’, y agrega que “estamos tratando de no dispersarnos como ha ocurrido con muchas fuerzas guerrilleras, que es una estrategia del Estado para tratar de dividir fuerzas; queremos espacios laborales y de capacitación como éste para de nuestros compañeros”.

‘Pablo Catatumbo’ y Henry Acosta, quienes iniciaron los diálogos exploratorios que derivaron en la agenda que se negoció en La Habana por más de cuatro años, estuvieron presentes en la primera fila del auditorio. Foto: VerdadAbierta.com.En un sentido similar se pronuncia Tania Nijmeijer al ser preguntada sobre qué pasará con las Farc cuando dejen de existir las Zonas Veredales y los Sitios Transitorios de Normalización: “Somos una familia, seguimos siendo una gran familia y creo que la mayoría lo siente así. No falta el que vaya a coger por su lado, porque al lado de ese proyecto colectivo también hay uno individual, eso es incuestionable. Se quieren seguir los dos caminos y no perder esa gran familia fariana”.

Las cuentas de ‘Amanda Ríos’ indican que las zonas veredales irán hasta mediados de octubre, y al mismo tiempo le surge la gran pregunta de qué pasará después. “Esperamos que realmente se cumplan todos los puntos pactados en el Acuerdo, necesariamente los que tienen que ver con nuestra reincorporación. Para ese entonces estará constituido nuestro partido político y nos dedicaremos a lo que nos hemos convertido: a trabajar de forma abierta por la paz en Colombia”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Por otro lado, Henry Acosta, el empresario que fungió como intermediario para que el gobierno nacional y las Farc se sentaran a dialogar, considera que la reincorporación de los excombatientes de las Farc finalmente inició con la clausura del diplomado de la Javeriana, en un acto que nunca se llegó imaginar, y resaltó que “ellos van a ser los que lideren la reincorporación y la reconciliación de más de 200 excombatientes y 500 campesinos en La Elvira”.

Paz territorial, el epicentro

Un coro de Desepaz, uno de los sectores más vulnerables de la capital vallecaucana, entonaron varias canciones alusivas a la paz al cierre de la ceremonia. Foto: VerdadAbierta.com.Manuel Ramiro Muñoz, director del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana Cali, que estuvo a cargo del diplomado que inició el pasado 3 de abril, explica que siguiendo con la misión esa institución, desde tiempo atrás el rector tomó la “decisión audaz” de adoptar a los territorios Caldono y de La Elvira, pues serán epicentros de construcción de paz y de implementación de los acuerdos.

“Preocupados por los incumplimientos, los atrasos, la incapacidad del Estado en lo local y la polarización política, dijimos vamos a rodear a esos territorios. Y hemos ido a conversar con las comunidades desde hace meses y a prepararlas para que sean las protagonistas de la reincorporación de los guerrilleros”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Asimismo, explica que el diplomado no fue dictado “para que la Universidad muestre que está a favor de las Farc, no. Está a favor del fin del conflicto armado, y allí les damos la bienvenida. Trabajaremos con las Farc, no para las Farc”. Y en ese sentido, lanzaron otros seminarios para que líderes de las comunidades étnicas y campesinas del norte de Cauca, al igual que oficiales de la Fuerza Pública, se capaciten en las materias de diálogo intercultural, planeación territorial y construcción de paz.

El primero inició con los cabildos indígenas de Caldono, en donde existe un punto de concentración de las Farc. “Es una misión plural, no sólo con las Farc; es con el Ejército y las comunidades campesinas, afro e indígenas de los territorios. El tema del fortalecimiento de capacidades para pasar la página de la guerra es un compromiso de las universidades en general, y de la Javeriana en particular”, plantea Muñoz.

Alcibiades Escué, alcalde de Toribío, el municipio más afectado por las tomas y hostigamientos de las Farc, junto a Sneyder Gómez, el exgobernador del cabildo de Toribío que participó en el juicio indígena a varios miembros de las Farc en noviembre de 2014, también fueron invitados a la ceremonia. Foto: VerdadAbierta.com.Y agrega que “estamos convencidos de que el fin del conflicto armado es una gran oportunidad para las comunidades. Para que eso sea real, la gente tiene que estar preparada y fortalecerse; quienes tienen que liderar el proceso de construcción de sus territorios, con la ayuda del gobierno y de las Farc, son las comunidades. Esa es una apuesta fuerte y dura que están haciendo la Universidad Javeriana y el Instituto de Estudios Interculturales”.

Para Rodrigo Ante Meneses, uno de los investigadores del Instituto de EstudiosInterculturales que participó en la coordinación del diplomado, ese curso es de vital importancia para las demandas de la implementación del Acuerdo Final, pues “Las Farc en su tránsito de actor armado a actor político y social, va a entrar en el marco de la complejidad de actores que existen en una región como el norte de Cauca, que es muy diversa porque existen autoridades étnicas territoriales desde lo indígena, lo campesino y lo afro”. Sobre todo, resalta que fue una apuesta muy importante trabajar para “entender esas diferentes figuras jurídico-territoriales y que se deben generar espacios de interlocución en el marco de la implementación de los acuerdos para respetar los derechos de esas comunidades”.

Crónica de un juicio en las entrañas del Cauca

Por último, Muñoz señala que los estudios comparados de paz muestran que el fin del conflicto armado es un asunto del gobierno y de las guerrillas, pero la construcción de paz depende del nivel cualificado de participación de la sociedad y de las comunidades: “A mayor nivel de participación cualificado, mejor reincorporación, mejor tránsito de la guerra a la paz; con menos participación, podríamos tener desastres como los de El Salvador y Guatemala, en donde la violencia mutó de política a delincuencia común. Es un asunto de responsabilidad de toda la gente que cree que este país se merece un mejor futuro”.

Y esa es una apuesta más que surge desde Cali, que como capital-región, que le está metiendo fuertemente el hombro a la reconciliación y a la construcción de una paz territorial estable y duradera. Al esfuerzo de la Universidad Javeriana se suman diversas iniciativas como la de la Alcaldía de crear un programa de gestores de paz que reúne a pandilleros, víctimas del conflicto armado y excombatientes de diversos grupos; el de la Gobernación Departamental de otorgarle dos cupos a las Farc en su Consejo de Paz; el de unos universitarios que crearon una campaña para que por medio de cartas se amenice la reconciliación con los subversivos que están en las zonas de concentración y las ciudades; entre otras.

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