La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor del pueblo indígena U’wa y sus miembros en el Caso 11.754, en el que se evaluaba la responsabilidad internacional de Colombia por la ejecución de una serie de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura, en perjuicio de los derechos del pueblo U’wa. (Descargar sentencia)

Después de analizar las alegaciones hechas por la parte peticionaria, que representa a 34 comunidades ubicadas en Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander, y las respectivas respuestas por parte del Estado colombiano, el día de hoy hizo pública su decisión, en la que concluyó que la nación le vulneró 13 derechos al pueblo indígena. Entre ellos están el derecho a la propiedad colectiva, el derecho de acceso a la información, el derecho a libre determinación de los pueblos indígenas, el derecho al medioambiente sano, el derecho a la vida digna, entre otros consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Para reparar a esta comunidad de manera integral, la Corte emitió 11 órdenes al Estado colombiano, tendientes a garantizar la permanencia en su territorio ancestral con garantías jurídicas; clarificar títulos de origen colonial que la Corona Española les otorgó; mitigar daños ambientales causados por proyectos minero energéticos y el conflicto armado; pedirle perdón; y crear un fondo de desarrollo comunitario a raíz de la afectaciones a la participación en la vida cultural, la vida digna y la integridad personal.

Entre las decisiones orientadas al pervivir de la comunidad bajo sus usos y costumbres, se destacan dos. La primera dicta que “el Estado involucrará al Pueblo U’wa en la administración y conservación en la zona de traslape del Parque Nacional El Cocuy con el Resguardo U’wa, de forma que su cosmovisión sea considerada y que existan beneficios tangibles para dicho Pueblo”.

Mientras que la segunda establece que “el Estado deberá realizar un proceso de participación respecto de los proyectos extractivos vigentes y que fueron objeto de análisis en la presente Sentencia, y deberá garantizar que aquellos ubicados en el Resguardo U’wa o en áreas adyacentes no generen impactos en el ejercicio del derecho a la participación en la vida cultural del Pueblo U’wa”.

En la mayoría de estas disposiciones la Corte no emite una fecha límite, tan sólo lo hace para tres de ellas. Y fijó que dentro de un año el Estado colombiano deberá rendir un informe de cumplimiento.

“Nosotros los U’was esperamos mucho tiempo para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ir a la declaración de la Corte fue una alegría para toda la Nación U’wa, desde las autoridades tradicionales, hasta niños, mujeres y jóvenes. Por fin podremos pedir que se nos respeten los derechos que nosotros tenemos como pueblo ancestral, y también hacer las declaraciones de todos los atropellos que se han cometido en contra nuestro”, declaró Daris María Cristancho, lideresa de la comunidad Guan-uwa Rauri-uwa.

Lucha jurídica

Según la misma comunidad, durante más de 30 años, los proyectos extractivos en su territorio han causado despojo de tierras, contaminación de ríos y pérdida de biodiversidad, por lo que han afectado tanto a la Nación U’wa como al equilibrio ecológico de la región. Además, la militarización, impulsada para proteger a las empresas, ha resultado en violencia e intimidación hacia la comunidad, limitando su movilidad y afectando su vida diaria.

Todo comenzó en 1992, cuando la multinacional estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy) firmó con Shell y Ecopetrol un contrato para la exploración del Bloque Samoré, en Norte de Santander. En 1994, el extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) emitió el Concepto Técnico No. 008 mediante el cual consideró viable la ejecución del programa sísmico del bloque.

En enero de 1995, en Arauca, se llevó a cabo una reunión de información y consulta con el pueblo U’wa para la realización del proyecto de adquisición sísmica en el Contrato de Asociación Samoré, celebrado entre Ecopetrol y Occidental de Colombia —sucursal de la Oxy—. Según detalla un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la exposición del proyecto, un líder indígena expresó que las comunidades indígenas de la etnia U’wa no sabían que existía dicho negocio.

“Hasta tanto no se discuta, consulte y apruebe las propuestas que se formulen … [solicitamos que] se pare lo proyectado por la Oxy para el futuro. Permitirlo sería destruir la naturaleza y en general la pérdida de nuestra cultura”, declaró. En el mismo año, el Ministerio de Medio Ambiente otorgó la licencia ambiental a la sociedad Occidental de Colombia  para la realización de las actividades de prospección sísmica del Bloque Samoré.

A finales de agosto de ese año, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y la sociedad Occidental de Colombia en representación del pueblo U’wa por otorgar la licencia sin consulta previa, pues afirmaba que las reuniones hechas en Arauca en enero de 1995 no deben ser consideradas como tal.

En 1997, la Corte Constitucional, como tercera instancia, mediante la Sentencia SU-039/97, declaró que sí se violó el derecho de la comunidad y ordenó que en los siguientes 30 días hábiles se efectuara la consulta. En el mismo año, los U’wa y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la  CIDH una petición alegando la vulneración de sus derechos colectivos.

Luego, el Ministerio del Interior expidió el Decreto N°1320 de 13 de julio de 1998, que regula la consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes para la explotación de recursos naturales dentro de sus territorios. A pesar de las dificultades legales, el conflicto en torno al Bloque Samoré no se resolvió, y los U’wa seguían rechazando la exploración en su territorio.

Al año siguiente, 1999, el área del Bloque Samoré se redujo y se convirtió en el ‘Proyecto Gibraltar’. También se creó el Resguardo Unido U’wa, área que no corresponde con la totalidad del territorio ancestral y que dejó por fuera el pozo Gibraltar, para evadir las consultas previas obligatorias, según la comunidad.

En el 2000, AsoU’wa, la organización que representa al pueblo U’wa, presentó una nueva acción legal para frenar las actividades en Gibraltar. La comunidad también se tomó el área en varias ocasiones de manera pacífica, pero el Estado bloqueó el acceso de alimentos, agua y otros suministros para forzar a los U’wa a irse. Aunque la comunidad continuó con su resistencia, las operaciones se reestructuraron en los Bloques Sirirí y Catleya.

En las siguientes décadas, el Estado otorgó concesiones mineras de carbón; otorgó una licencia para perforaciones exploratorias; declaró como zonas de reserva petrolera a tierras que hacen parte del territorio ancestral, sin consultar a los U’was; se otorgó una licencia para la construcción del gasoducto de Gibraltar – Bucaramanga, y se ignoraron las recomendaciones que habían hecho los U’wa para el funcionamiento del Parque Nacional Natural El Cocuy.

Además, los grupos armados ilegales hicieron ataques violentos de forma constante dentro de sus territorios, como en 1999, cuando las antiguas Farc secuestraron y asesinaron a tres defensores de los derechos indígenas estadounidenses que trabajaban en estrecha colaboración con los U’wa, o como en 2014, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo un atentado contra el Oleoducto Caño Limón-Coveñas, dentro de Resguardo Unido U’wa.

Asimismo, los habitantes denunciaron una fuerte militarización en tierra indígena, con la finalidad de brindar seguridad a las empresas y a los proyectos. Según ellos, esto ha dado pie a hechos violentos que han quedado en la impunidad, como homicidios, bombardeos e instalación de minas antipersonales. Aseguran que la presencia militar limita el tránsito dentro del Resguardo Unido U´wa, genera intimidaciones, desplazamiento forzado y confinamiento y hace inviable el proyecto de vida del colectivo indígena.

Durante todos esos años, las autoridades indígenas solicitaron al Estado colombiano en repetidas ocasiones que se garantizara el cumplimiento de sus derechos. Acudieron a las instancias nacionales en busca de justicia, pero sus demandas no fueron atendidas de manera satisfactoria, por lo que decidieron buscar justicia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 1997.

La ley de origen

Los indígenas U’wa rechazan los proyectos extractivistas en su territorio debido a su profunda conexión cultural y espiritual con la tierra. “Cuando Sira, nuestro Padre Creador, nos dio la vida en este planeta, nos mandó para que cuidáramos, protegiéramos y conserváramos nuestros territorios, para que hiciéramos el equilibrio natural de lo que hay en el planeta azul. Así mismo, a hacer el equilibrio espiritual de toda nuestra cosmovisión y a tener ese relacionamiento con la Madre Tierra, con todos los seres y los guardianes de cada una de las montañas, de cada uno de los ríos, de los animales, de todo lo existente”, explica la lideresa Cristancho.

Para los U’wa, el territorio no es sólo un recurso físico, sino un espacio de significado ancestral donde coexisten los elementos que sostienen su cosmovisión y su forma de vida. La extracción de recursos, especialmente de petróleo, es vista como una agresión directa a esta relación sagrada, pues implica la destrucción de lugares naturales que consideran hogar de los espíritus y la interrupción de los ciclos de vida de plantas, animales y cuerpos de agua, esenciales para su espiritualidad y sus prácticas culturales.

Además, la explotación petrolera trae consecuencias ambientales y sociales devastadoras para la comunidad. Las actividades de perforación y construcción generan contaminación en ríos y suelos, deforestación y pérdida de biodiversidad, afectando el acceso a fuentes de agua limpia y la salud de sus miembros.

La militarización del territorio, que acompaña a estos proyectos, también altera su vida cotidiana al imponer barreras de movilidad y generar riesgos de violencia. La comunidad teme que la continuidad de estos proyectos ponga en peligro su propia supervivencia, no sólo por las amenazas a su seguridad, sino por el daño irreversible que representa para su entorno natural y su cultura.

El fallo histórico

Después de recibir la petición presentada por la Asociación de Cabildos Mayores del Pueblo U’wa, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y la Coalition for Amazonian People and the Environment en 1998 y de aprobar el informe de admisibilidad en 2015; en 2019, la CIDH publicó el Informe No. 146/19 en el que ofrece su análisis del caso. Allí, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos del pueblo U’wa.

Desde ese momento, hizo recomendaciones al Estado colombiano, que incluyen adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la propiedad colectiva y la posesión del pueblo indígena U´wa, reparar integralmente las consecuencias de las violaciones declaradas, sobre todo, los daños provocados por la falta de saneamiento de su territorio ancestral, así como los daños causados por los proyectos y por la incursión de agentes estatales y de terceros a su territorio.

“Hay algunos daños que son irreparables. Fue tan grande el daño en la parte espiritual, el daño psicológico, que muchos murieron de tristeza de saber que nuestro pueblo estaba muriendo lentamente, que estaba siendo llevado a un exterminio”, declara Cristancho.

A pesar de esto, que la Corte IDH finalmente haya publicado el fallo a favor de los U’wa le genera esperanza. “Nosotros esperamos que nos entreguen nuestras tierras ancestrales; que se nos devuelva el derecho a vivir dignamente, sin ser atropellados; que podamos volver a hacer nuestros usos y costumbres de una manera tranquila. Pero también esperamos ser reconocidos como autoridades ambientales, que nosotros podamos tener el derecho a proteger, cuidar y conservar el Zizuma, que es el Nevado del Cocuy”, finaliza. Sobre esto último, la decisión de la Corte los respalda.

Tanto Cristancho, como el pueblo U’wa y sus defensores, piensan que este fallo establece un precedente jurídico significativo, no sólo para los U’was, sino para otros pueblos indígenas en toda América Latina. Esto reforzaría la jurisprudencia en torno al derecho a la consulta previa, la autodeterminación y la salvaguardia de territorios ancestrales. Además, podría impulsar al Estado colombiano a reconsiderar sus políticas de desarrollo, promoviendo un mayor respeto hacia los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas.

Fotos de portada: archivo pueblo U’wa.

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Los daños ambientales y la falta de inversión regional, producto de las actividades petroleras, derivó en lamentables enfrentamientos entre campesinos y agentes de la Policía. Pese a la tragedia vivida, voceros de las comunidades de Caquetá, Meta y Guaviare firmaron un nuevo acuerdo. ¿Se cumplirá lo pactado?

La contaminación de fuentes hídricas, la exigencia de inversión vial y la falta de proyectos productivos escalaron a lo que el país conoció hace dos semanas: el incendio de las instalaciones de Emerald Energy PLC; la muerte de un campesino y un policía; y el secuestro de 74 uniformados y nueve funcionarios de la petrolera en la inspección de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Los lamentables hechos llevaron a representantes del gobierno de Gustavo Petro a sentarse con voceros campesinos para encontrar soluciones a los reclamos que tenían por la actividad petrolera en la región y la frustración de ver cómo se llevan el oro negro de su territorio mientras las comunidades se quedan sin nada. Los acuerdos a los que se llegaron, de cumplirse, satisfacen buena parte de las luchas que históricamente se han dado gobierno tras gobierno desde hace varias décadas.

Muchos de los campesinos que bloquearon la petrolera y se enfrentaron con la Policía en la inspección de Los Pozos hacen parte de las organizaciones que participaron en el Paro Nacional de 2021, plantando “puntos de resistencia” en Villavicencio (Meta), con más de 2.500 campesinos; y en Altamira (Huila), con más de 3.000 labriegos. Y precisamente, varios de los acuerdos pactados el pasado 5 de marzo hacen parte de los reclamos planteados durante la movilización de hace dos años.

“No somos ni disidencias ni terroristas. La sistemática violación de los derechos humanos en estos tres departamentos (Caquetá, Guaviare y Meta) nos ha llevado a adoptar medidas como la Guardia Ambiental Campesina”, señala Miguel Guevara, uno de los nueve voceros de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (COSCOPAAS). 

Esta organización, conformada por más de 40 organizaciones de Caquetá, Meta y Guaviare, fue la vocera de los procesos comunitarios que protestaban en la inspección de Los Pozos. Esta articulación, que empezó en septiembre de 2022, pretende impulsar las necesidades regionales de las comunidades campesinas, indígenas y negras; sin embargo, este portal conoció que en estos tres departamentos hay procesos sociales que no se han adherido a la Coordinadora por cuanto prefieren continuar con las luchas particulares de sus comunidades.

El objetivo de esta nueva organización es plantear de manera unificada las necesidades de las comunidades de estos tres departamentos al gobierno nacional. De esa manera, busca discutir las dificultades que enfrentan los pobladores de zonas de reserva forestal y parques nacionales; la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca para uso ilícito y las fallas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); las judicializaciones por el antiguo Plan Artemisa —operación de la Fuerza Pública contra  la deforestación—; las oportunidades para proyectos productivos; y la ganadería extensiva en la Amazonía.

Desde 2019, ya había una iniciativa que buscaba coordinar las agendas de la región, conocido como la Agenda Ambiental Campesina Étnica y Popular, un espacio en el que los procesos sociales de Caquetá, Meta y Guaviare discutieron sobre sus necesidades socioambientales a raíz de los enfrentamientos con la Fuerza Pública por los operativos en los que decomisaban ganado en San Juan del Losada, Meta.

“Al ver que es inoperativa la iniciativa de Agenda Ambiental en la interlocución con el gobierno, decidimos conformar COSCOPAAS, sobre la base de unas realidades”, expresó Michael, otro vocero de la Coordinación, el pasado 12 de febrero, cuando decenas de organizaciones de los tres departamentos amazónicos se reunieron en las sabanas del Yarí en la segunda asamblea del proceso para socializar qué iniciativas, necesidades y proyectos productivos están llevando a cabo en sus territorios. Para la fecha de ese gran encuentro, empezaba a formarse la protesta de Los Pozos. 

Años atrás, Michael le apostó a la paz y fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas Farc. Ahora es el líder del proceso de reincorporación del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Las Colinas, en el municipio de San José del Guaviare, Guaviare. 

COSCOPAAS ya había expuesto su agenda ante el nuevo gobierno. El 14 de diciembre del año pasado, voceros de la organización viajaron a Bogotá para reunirse con el ministro del Interior, Alfonso Prada; la directora de Derechos Humanos y DIH del MinDefensa, Diana Sánchez; el viceministro de Desarrollo Rural, Darío Fajardo; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; entre otros funcionarios. 

En aquella ocasión, los campesinos insistieron en que se cumplieran los acuerdos logrados tras el Paro Nacional del 2021 y se realizara de manera conjunta una hoja de ruta para disminuir la deforestación. Sin embargo, en las regiones quedaron temas pendientes por solucionar.

“La responsabilidad de esta situación es del gobierno nacional en cabeza de la Viceministra del Interior (Lilia Clemencia Solano Ramírez, Viceministra Nacional para el Diálogo Social) que la nombraron para resolver el problema y vino a mamarle gallo a las comunidades tres veces con el incumplimiento a lo que acordábamos”, reclama Guevara.

¿El Ejecutivo no escuchó?

El pasado 24 de enero, campesinos integrantes de Asoregional, Corpoayari, Asocampo, Ascal-G y Asopeproc, organizaciones comunitarias del Meta y Caquetá que hacen parte de COSCOPAAS, se juntaron para reclamarle inversión social a la empresa petrolera Emerald Energy, que opera en Los Pozos.

Según le contaron a este portal voceros de la Coordinadora, un grupo de líderes de la región dialogó con directivos de la compañía multinacional y les plantearon una “propuesta de contribución”: las comunidades le solicitaron a Emerald Energy invertir un millón de dólares anuales para desarrollar proyectos productivos en veredas de Caquetá y Meta. Esa petición no fue bien recibida por la empresa que opera con capital chino.

En redes sociales empezó a difundirse la idea de que los campesinos estaban pidiendo un millón de dólares en efectivo. En una nota periodística publicada por Valora Analitik, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), respaldó esa versión. 

“Nosotros lo que le estábamos planteando era que organizáramos unos proyectos, hasta le montamos una propuesta de construcción de algunos puentes, pavimentación de algunos tramos de vía y placa huella”, cuenta Raúl Ávila, representante legal de CORPOAYARI, y uno de los voceros de COSCOPAAS. 

“Como organizaciones o como comunidades nunca hemos visto la compensación hacia el territorio de parte de la empresa y, al mismo tiempo, de las entidades estatales que deben velar por el bienestar social de los campesinos”, recriminó Ávila. Una de las iniciativas era el mejoramiento de la vía que va de los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) a La Macarena (Meta).

“La petrolera nos manifestó que tenía un área de influencia, en este caso nos hablaban de 19 veredas aledañas a la empresa, y que con estas había venido cumpliendo algún tipo de compensación social, pero nosotros analizamos que no se habían visto reflejadas las necesidades de las comunidades aledañas”, continúa Ávila. 

El vocero de COSCOPAAS sostiene que la actividad petrolera ha generado afectaciones a las fuentes de agua que fluyen más allá del área de influencia de la petrolera. “La empresa está instalada en las cabeceras de las aguas: el caño El Águila, El Tigre, La Cristalina, La Viuda, Los Lobos, La Guadalosa y otros más pequeños. De estos nacimientos se conforman el río Tunía, el río Losada y el río Caguán”. Por eso, no sólo le demandaban compensación para las 19 veredas de influencia directa, sino para las casi 200 comunidades de las cinco organizaciones.

La petrolera ofreció algunas compensaciones, pero como no llenaban las expectativas que demandaban los líderes, las comunidades campesinas se organizaron para establecer un pequeño plantón sobre la vía que pedían se pavimentara, en un punto conocido como San Pablo, a 11 kilómetros de las instalaciones de Emerald Energy en la inspección de Los Pozos. Desde ese lugar, el 2 de febrero, comenzaron a impedir el tránsito de los vehículos de la petrolera, esperando que a la conversación se uniera el gobierno nacional. 

Unos días después, los líderes de la protesta hablaron con Luis Miguel Angarita, gerente de asuntos corporativos de la petrolera, “pero no hubo voluntad a una solución por parte del señor”, precisan en un comunicado.

El 11 de febrero, Lilia Clemencia Solano, viceministra Nacional para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del MinInterior, junto a un representante del Ministerio de Minas y Energía y otros entes territoriales, escucharon las peticiones de los campesinos. No se llegó a acuerdos específicos porque la funcionaria reconoció que las demandas del campesinado frente a la petrolera requerían la participación de otras instituciones del Estado.

Acordaron una nueva reunión para el 18 de febrero, en la que gobierno y directivas de Emerald Energy se sentaran a dialogar con las comunidades, pero ambas partes dejaron esperando a los voceros de las organizaciones. Los delegados del Ejecutivo cancelaron el encuentro la noche anterior. Ese incumplimiento provocó que los campesinos movieran la protesta hasta puertas del complejo petrolero y que las organizaciones convocaran a más campesinos de Caquetá, Meta y Guaviare. 

Al día siguiente, dos helicópteros de la Policía Nacional aterrizaron en las instalaciones de la petrolera y descargaron efectivos de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antiguo ESMAD). Esto tensionó a las comunidades que esperaban dialogar con el gobierno nacional. Así pasaron de ser decenas de campesinos que bloqueaban el tránsito en la vía San Vicente del Caguán-La Macarena a miles de personas haciendo presión alrededor del campo petrolero Capela, en la inspección de Los Pozos.

Algunos medios de comunicación radiales reportaron que la protesta campesina había retenido a 35 funcionarios dentro del campo petrolero. “Desde el inicio nos venían estigmatizando, diciendo que nosotros teníamos los empleados de la empresa secuestrados, que teníamos los conductores de las tractomulas secuestrados, cuando de ninguna manera era cierto. Únicamente le habíamos dicho a la empresa que ya no le íbamos a dejar sacar más el crudo”, cuenta Ávila y asegura que cuando conversaron con directivos de la petrolera, reconocieron que desde la gerencia de la empresa les dieron la orden de no abandonar las instalaciones de Los Pozos.

VerdadAbierta.com intentó contrastar esto con Emerald Energy, pero no se obtuvo respuesta.

Finalmente, se estableció una nueva fecha de reunión y esa vez voceros del gabinete ministerial y de la petrolera cumplieron. El encuentro se realizó el 23 de febrero y tras dialogar por varias horas, llegaron a algunos acuerdos y se planteó que se iba a instalar una mesa técnica el 28 de marzo para evaluar los costos de los proyectos productivos que pedían los campesinos de la región. 

Como gesto de buena fe, la viceministra Solano pidió que los campesinos dejaran salir los 52 vehículos que le servían a la petrolera. Y el gobierno nacional se comprometería a sacar a los miembros de la UNDMO.

Las comunidades cumplieron. Aquel 28 de febrero dejaron salir los carrotanques con un protocolo hecho junto con funcionarios de la Alcaldía de San Vicente del Caguán. Pero el Ejecutivo no cumplió: no llegó a la mesa a conformar el equipo técnico ni sacó al antiguo ESMAD. La reunión se programó nuevamente para el 4 de marzo, pero con las comunidades agolpadas alrededor del campo petrolero y los miembros de la policía cuidando las instalaciones de Emerald Energy, los días siguientes la tensión escaló hasta estallar.

El estallido

Según los campesinos, en horas de la madrugada del 2 de marzo, miembros del antiguo ESMAD lanzaron gases lacrimógenos y aturdidoras contra los manifestantes, ocasionando que la gente se abalanzara sobre los uniformados. Rápidamente, la situación se tornó violenta e incontrolable. En la revuelta, Reynel Arevalo, un miembro de la Asociación Campesina Ambiental Losada-Guayabero (ASCAL-G) fue impactado por un proyectil de arma de fuego, disparado, según cuentan los presentes, por miembros de la Policía Nacional. Eso hizo que las hostilidades se agudizaran. 

En la histeria del momento, algunos campesinos le prendieron fuego a las instalaciones de la petrolera y el subintendente de la Policía, Ricardo Arley Monroy Prieto fue asesinado con arma blanca mientras “se hallaba indefenso en poder de sus captores”, según trinó el ministro de Defensa Iván Velázquez. También, resultaron más de 40 heridos, según reportó la Gobernación de Caquetá.

En audios difundidos por redes sociales quedaron registradas las angustiosas dos horas que vivieron los uniformados a la espera de apoyo de la Fuerza Pública. En repetidas ocasiones, en comunicaciones por radiofrecuencia, un coronel les asegura a los policías hostigados que la ayuda se está coordinando, pero nunca llegó. 

“¡Central, ya se nos llevaron otro del ESMAD! ¡Dos horas para un puto apoyo”, renegó uno de los agentes, alterado. Y otro con desespero complementó: “¿Cuáles derechos humanos? ¡No existen! Ya tenemos un compañero muerto. Central, ¿qué estamos esperando, que nos acaben a todos acá. Central?”

En ese punto, los otros 73 miembros de la Policía se sintieron acorralados por los campesinos y decidieron parar de confrontarlos. Según cuentan voceros de COSCOPAAS, la dotación de la Fuerza Pública, incluidas sus armas, fueron confiscadas por los campesinos y quemadas.

“A la Guardia Campesina le tocó hacer un cerco de seguridad porque la gente estaba bastante enojada y querían seguir agrediendo al personal de la Policía”, cuenta Ávila. “Ahí hay que hacer una distinción: una cosa es la Guardia Campesina y otra los campesinos manifestados. Si no hubiera sido por la Guardia, los hechos hubieran sido más lamentables”, complementa Miguel Guevara, vocero de COSCOPAAS del departamento de Guaviare. Así, como se observa en videos que han circulado por Internet, la Guardia Campesina, usando sus bastones, rodeó a los uniformados. 

Luego, como también se observa en videos, entre burlas e insultos de los campesinos, los agentes de la Policía desfilaron uno detrás del otro en dirección a un camión. Los hicieron subir a la parte de carga del vehículo y los trasladaron hasta una caseta comunal. Allí también estuvieron retenidos nueve empleados de la petrolera. 

“Nosotros consideramos que eso no es secuestro. Nosotros lo que hicimos en ese momento fue proteger a ese personal. Si no lo hubiéramos hecho, seguro las cosas hubieran sido mucho más graves… Como estaban las cosas, tres mil personas bravas, se sale de control”, dice Ávila y agrega que el objetivo de la Guardia Campesina no fue tener a los policías como prenda de garantía para negociar con el gobierno nacional y que “por todos los medios tratamos de que se fueran de ahí”. 

Según versión de los voceros, a los delegados de la Defensoría del Pueblo y de la personería municipal de San Vicente del Caguán que estuvieron en el lugar les solicitaron que hicieran la intermediación con los órganos del gobierno nacional para que los policías fueran liberados. Este portal buscó al defensor Regional del Pueblo de Caquetá, Edwin Fabián Leal Hernández, para conocer más detalles de estos hechos, pero no se obtuvo respuesta.

Días más tarde, el presidente Gustavo Petro aclaró por su cuenta de Twitter que él ordenó que el Ejército no interviniera en la revuelta para, según explicó, evitar una masacre.

La orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comadante de las Fuerzas militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2023

A las 12 del mediodía del siguiente día, 3 de marzo, empezó la sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU), liderado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, en el que se buscaron mecanismos para la liberación de los policías. Al final de la tarde de ese día, los uniformados recuperaron su libertad. 

Esa fue una de las condiciones impuestas por el gobierno nacional para instalar una mesa de diálogo y tratar las demandas de los campesinos. Esa noche, 71 de los policías retenidos fueron trasladados a la ciudad de Neiva, Huila, en donde se encontraron con sus familias. Un teniente y un patrullero se quedaron en Caquetá. 

“A todas las familias de los agentes detenidos un saludo muy especial. La Fiscalía deberá investigar e individualizar quiénes fueron las personas que mataron en estos acontecimientos, quiénes son los asesinos que tendrán que ser juzgados”, expresó el presidente Petro en un video que publicó por sus redes sociales.

Según le informó la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía de Neiva a este portal, de los 71 policías, 44  están “excusados por sanidad”, mientras se recuperan de los hechos. VerdadAbierta.com intentó obtener una versión oficial de la Policía Nacional sobre lo ocurrido, pero no fue posible. También se intentó entrevistar a algunos de los policías secuestrados para conocer detalles del enfrentamiento en la plataforma Capella, pero la institución insistió en que por el momento están siendo atendidos por proceso social con psicólogos y doctores.

A voceros de COSCOPAAS que este portal entrevistó les preocupa que sobre ellos haya recaído una fuerte estigmatización. También les inquieta que videos en los que se observa formando, marchando y haciendo ejercicios de entrenamiento han sido utilizados para señalar que ese proceso organizativo fue dirigido por disidencias de las extintas Farc. 

“La Guardia Campesina es una figura organizativa de los campesinos. No tiene que ver con ningún actor armado, somos campesinos neutrales rotundamente dentro de los actores armados”, dice Raúl Ávila. 

De acuerdo con diversos registros de organismos de seguridad del Estado y organizaciones no gubernamentales que analizan el conflicto armado armado en el país, en la región donde ocurrieron los hechos hacen presencia grupos que surgieron tras la dejación de armas, tales como la llamada ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘Frente 62 Miller Perdomo’. 

La negociación

Del 3 al 5 de marzo, 18 voceros de COSCOPAAS —9 principales y 9 suplentes— y delegados del presidente Petro discutieron las demandas de los campesinos en la inspección de Los Pozos. Varias de las cuales ya estaban consignadas en los acuerdos que habían pactado con el gobierno del entonces presidente Iván Duque (2018-2022) tras las movilizaciones de Villavicencio (Meta) y Altamira (Huila).

La primera noche de los diálogos, reunido con los campesinos de Los Pozos, el ministro Prada, acompañado por la ministra de Minas, Irene Vélez, sostuvo la frase más polémica de la negociación: “Me pidieron mucho en que declarara si esto era un secuestro o no era un secuestro. Yo quisiera defender ante el país y ante la opinión pública que aquí hubo, efectivamente como ocurre en muchas partes del país, una movilización social de campesinos. Esa movilización social de campesinos hizo un cerco humanitario que impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa”.

El 5 de marzo, el gobierno nacional hizo público un documento titulado “ACUERDO LOS POZOS”. Allí quedaron consignados los 10 compromisos suscritos y que permitieron que la movilización campesina llegara a su fin.

Algunos de los principales puntos indican que se realizará una comisión para analizar los casos de campesinos judicializados por la protesta social; la pavimentación en un año de la vía San Vicente del Caguán -Los Pozos  Las Delicias; la participación de las comunidades en la explotación de materiales de construcción; el descongelamiento de los recursos de regalías por municipio productor; la suspensión de la Resolución 7067 de 2022 del ICA hasta el 31 de marzo de 2024, con la que se prohibía la vacunación bovina dentro de Parques Nacionales; y atender la deforestación.

En las fotos que han circulado en redes sociales se observan a políticos de la región acompañando los diálogos, como Herson Lugo Saldaña, exasesor de Paz de la Gobernación de Caquetá, quien ha mediado en la resolución de conflictos en la región y declarado su intención de postularse a la Alcaldía de San Vicente del Caguán; y John Fredy Núñez Ramos, quien se quedó con una Curul de Paz en el Congreso de la República y es cercano a políticos del Centro Democrático. Algunas fuentes con las que este portal conversó cuestionan las jugadas políticas que rodearon la negociación de Los Pozos.

Otro punto neurálgico era qué iba a pasar con la Emerald Energy en la región. En el documento se lee que “el Gobierno Nacional desde la firma del presente Acuerdo revisará las líneas jurídicas frente a la solicitud de la cancelación del contrato de explotación de hidrocarburos de la empresa Emerald Energy, y realizará conversaciones del más alto nivel con la Embajada China y la empresa para buscarle una salida al conflicto”. 

En concordancia con ello; el Ejecutivo está revisando la solicitud de suspensión que tras los hechos de Los Pozos presentó la petrolera y conocer si su intención es cancelarla.

Petrolera china

Cuando estallaron los enfrentamientos entre campesinos y policías en San Vicente del Caguán, el 2 de marzo, Emerald Energy le había enviado una carta a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informando que, por la situación de orden público, había cancelado su operación en Caquetá, a lo cual, la ANH le pidió aclarar su posición en cuanto a sus obligaciones contractuales. Es cuando, unos días después, la petrolera le solicitó a la ANH la suspensión del contrato de exploración y producción del bloque petrolero Ombú, ubicado entre los departamentos de Caquetá y Meta, y que había sido adjudicado hace más de 23 años.  

Emerald Energy PLC fue constituida a finales de 1993 en Isla de Man, un paraíso fiscal concebido como una dependencia de la Corona Británica, situada entre las islas de Gran Bretaña e Irlanda. Sin embargo, la empresa llevaba funcionando 13 años bajo el nombre de Kinster Investments Limited, fundada en 1980 en el mismo estado insular. 

El 17 de octubre de 1996, la empresa abrió una sucursal en Colombia, según la escritura pública 3626 del circuito notarial de Bogotá, para la exploración, explotación, refinamiento, distribución, venta y exportación de hidrocarburos. De esta manera empezó a operar en el país Emerald Energy Plc Sucursal Colombia.

La Junta Directiva de la casa matriz Emerald Energy aprobó un acuerdo de esquema de venta con la multinacional china Sinochem Group el 2 de octubre de 2009. Así, la compañía china, dedicada a la producción de productos químicos y la industria petrolera, a través de Sinochem Resources UK Limited —una filial que constituyó en Inglaterra el 13 de julio de 2009— adquirió las acciones de Emerald Energy PLC.

En mayo de 2021, el emporio Sinochem se reestructuró. El 100 por ciento de las acciones de Sinochem Group Co., Ltd. y China National Chemical Corporation Ltd se agruparon en la empresa Sinochem Holdings Corporation Ltd. Esta compañía es una de las principales empresas estatales bajo la supervisión de la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado (SASAC), una agencia especial del Consejo de Estado de la República Popular China. Es decir, el gobierno chino en últimas es el accionista controlador final de Sinochem y, por tanto, de Emerald Energy. 

Actualmente, la empresa tiene cinco contratos de exploración y producción en Caquetá, específicamente en los bloques Cardón, Ceiba, Nogal, VSM32 y Ombú. Tres de esos contratos están suspendidos y de los dos que se mantienen activos sólo Ombú se encuentra en fase de producción.

El bloque Ombú le fue adjudicado a la petrolera el 15 de diciembre de 2006. A través del Contrato 043, la ANH le entregó a Emerald Energy cerca de 29.900 hectáreas de los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y La Macarena (Meta). En septiembre de 2008, la petrolera anunció el hallazgo de hidrocarburos dentro del campo petrolero Capella, creado dentro del bloque Ombú. Los años siguientes inició labores de producción.

Ese mismo año, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le otorgó licencia ambiental para el área de perforación Ombú-Durillo y en el 2010 para el área de perforación Sur-Durillo. (Leer más en Buscando petróleo en tierras de las Farc)

¿A cuánto ascienden los pagos por regalías que han generado las actividades petroleras de Emerald Energy para el país? A través de la oficina de comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), VerdadAbierta.com intentó entrevistar a Tania Guzmán Pardo, subdirectora General del Sistema General de Regalías (SGR), para responder esa pregunta, así como obtener detalles sobre la asignación de cada uno de los fondos de SGR que ha hecho a Meta y Caquetá, y qué seguimiento se ha hecho a esos dineros cuando son girados a los entes territoriales, pero no se obtuvo respuesta.

Conocer los detalles de la inversión de los recursos por regalías es esencial para contrastar los reclamos de los campesinos que protagonizaron las protestas contra Emerald Energy. Según el Artículo 361 de la Constitución —modificado tras la expedición de la Ley del Sistema General de Regalías— los municipios y departamentos donde se explora y explotan recursos no renovables “tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como a ejecutar directamente estos recursos”. La inspección de Los Pozos y los municipios de San Vicente del Caguán y La Macarena tendrían ese derecho de asignación directa de regalías y compensaciones que busca mejorar las condiciones sociales de la población.

Si se tiene en cuenta los registros de producción de petróleo de la ANH, para diciembre de 2022, Emerald Energy extraía crudo de nueve campos petroleros en cinco departamentos del país: Casanare, Huila, Putumayo, Meta y Caquetá. Este portal revisó las bases de datos públicas de producción de barriles promedio por día de crudo y encontró que Capella es el campo petrolero del que Emerald Energy más crudo extrae.

“Las regalías están represadas. Ni San Vicente ni La Macarena han recibido plata de esas regalías. Ese millón de dólares que estaban pidiendo los campesinos no es fortuito. Es que no se han desembolsado el pago de regalías de esa región”, señala Karla Diaz, coordinadora del área de Territorio y Democracia Ambiental de la Asociación Ambiente y Sociedad.

En los últimos ocho años, esta organización le ha seguido la pista a Emerald Energy a través de sus líneas de investigación sobre empresas y derechos humanos, y el seguimiento de inversiones chinas en América Latina. Y hasta 2019 estuvo en Caquetá conociendo sobre la situación socioambiental de las comunidades afectadas por la petrolera.

La investigadora llama la atención sobre las fallas en la etapa de licenciamiento ambiental, que para el caso de la reciente lucha en San Vicente del Caguán es clave por las compensaciones que la petrolera debería gestionar para compensar el impacto sobre las vías de la región. “Todas las petroleras dicen ‘ahí ya había una vía’, pero ¿en qué condiciones estaba la vía? Normalmente son trochas. Con la excusa de ‘ahí ya había una vía’ y que no van a generar impacto, no generan compensación”. 

El problema radica en que “no hay información de base suficiente para generar medidas de compensación, mitigación realmente robusta para garantizar que se pueda hacer minería o sacar petróleo responsable. Eso hoy en Colombia es imposible”, reprocha Diaz.

Se repiten luchas y daños ambientales

Tras el incendio en la plataforma Capella, la Alcaldía de San Vicente del Caguán prendió las alarmas por posible contaminación a las fuentes hídricas de la zona que se pudieron ver comprometidas por los derrames de sustancias químicas que manipulaba Emerald Energy. 

El pasado jueves —tras una inspección ocular con Bomberos, Defensa Civil Seccional San Vicente del Caguán y Batallón de Operaciones Terrestres 2— la Alcaldía confirmó que la emergencia por derrame de sustancias químicas estaba controlada y en la zona se habían realizado labores de recolección y limpieza ambiental. 

Los impactos ambientales sobre el territorio y las tensiones entre la empresa petrolera y las comunidades campesinas de la Amazonía no son nuevas. “Las reivindicaciones alrededor de la defensa territorial y antipetrolera no nacen en San Vicente. La fuerza más grande la han tenido las comunidades del sur de Caquetá que han hecho, por ejemplo, que hasta ahora el bloque el Nogal no tenga los impactos y haya empezado producción como lo ha tenido el bloque Ombú”, precisa la investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad. 

Una situación similar a las recientes confrontaciones de Los Pozos, San Vicente del Caguán, se vivió hace más de siete años. En julio de 2015, durante dos meses, campesinos de los municipios de Florencia, Milán, Morelia y Valparaíso se plantaron en un pequeño puente de Valparaíso e impidieron el tránsito de empleados y contratistas de Emerald Energy. Esa vez protestaban por las afectaciones al agua que las actividades extractivistas causaban en la región. (Leer más en: ¿Por qué no quieren exploración petrolera en Caquetá?)

Se trató del resurgimiento de movimientos sociales en Caquetá en contra de las acciones petroleras que desde inicios de la década del 2010 había intentado tomar forma, pero que a raíz de la presencia de actores armados ilegales no continuó. Fruto de los reclamos sociales de 2015 se creó la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio. 

Ese año también terminó mal la protesta. La Policía lanzó gases lacrimógenos para mover a los campesinos del punto de protesta, pero esa acción exacerbó los ánimos y ocasionó fuertes confrontaciones que dejaron más de una docena de heridos.

Los ánimos se volvieron a caldear en territorio caqueteño en 2017. En abril de ese año, Emerald Energy le solicitó a la ANLA una licencia de exploración para el bloque petrolero Nogal, cuya área de influencia afectaba a 21 veredas de los municipios de Morelia, Milán y Valparaíso, en el piedemonte de la cordillera Oriental.

Un informe de 2019 realizado por la Asociación Ambiente y Sociedad al que este portal tuvo acceso recoge varios procesos sancionatorios que se le impusieron a la petrolera. “Desde el año 2012 la empresa Emerald Energy viene en constante incumplimiento de las licencias ambientales, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y los Programas de Beneficio a las comunidades (PBC), causando daños irreparables a la naturaleza y a las comunidades que se ven directamente afectadas por el proyecto”, se lee en el documento. 

Ese año, la ANLA impuso medidas preventivas ordenando el cierre de las operaciones de la empresa y abrió un proceso sancionatorio. La lista de daños ambientales e incumplimientos es larga, pero resalta la alta captación de aguas de la quebrada La Guadualosa, el vertimiento de aguas residuales industriales al suelo y a riachuelos, la reutilización de aguas contaminadas, la contaminación por mala disposición de residuos sólidos y líquidos en cada uno de los pozos, incumplimiento de los compromisos de restauración de ecosistemas en la zona y protección de fauna y la construcción de instalaciones fuera de licencia ambiental.

A través de la Resolución 0723 del 4 de julio del 2014, la ANLA sancionó monetariamente a Emerald Energy por la construcción de obras civiles no autorizadas en la ronda de la quebrada Aguazul, instalar dos motobombas en el lecho de la quebrada La Guadualosa y realizar quemas no autorizadas.

“Surgen preguntas sobre lo oportuno de la sanción impuesta más de dos años después de los daños causados, sin estudios precisos sobre los impactos que pudieron generar a corto, mediano y largo plazo, las afectaciones a la salud humana y los animales que consumen las aguas contaminadas por residuos tóxicos, los impactos sobre el suelo y las aguas subterráneas”, llama la atención el documento.

En 2014, a través de una acción de grupo, se denunció la contaminación de la quebrada la Nutria y el suelo por el abandono de material químico a cielo abierto, la muerte de animales por consumo de agua contaminada y el abandono de residuos tóxicos cerca de una represa. Los cargos fueron comprobados por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), que encontró en las muestras que realizó en territorio agentes contaminantes como plomo, mercurio, molibdeno y mucho más.

“Corpoamazonia se dio cuenta de todo esto y nunca hizo nada. La Corporación se lava las manos diciendo que es una licencia que nada tiene que ver con ellos, pero ellos son la primera autoridad ambiental que se ha hecho la de la vista gorda alrededor de esto”, señala Diaz.

“Frente a todos estos daños ambientales y sociales se esperaría la suspensión del contrato, a la que daría lugar un incumplimiento de la licencia ambiental de forma tan flagrante. Por el contrario, a la empresa Emerald Energy se le otorga una nueva licencia ambiental en la zona para la perforación exploratoria del bloque Chipo”, reprocha el documento de la organización ambiental.  

Lo sucedido en Los Pozos fue la consumación de un incendio cuyas llamas fueron alimentadas por años de abandono estatal, promesas incumplidas y falta de retribución a los territorios por las regalías que produce la explotación de los recursos de su subsuelo. En medio de ellas, la falta de acción oportuna del actual gobierno nacional fue la chispa que prendió el fuego. Este caso es un llamado de alerta, pues en diferentes regiones del país hay conatos de nuevas conflagraciones de comunidades cansadas, ya que sus reclamos no son atendidos y están optando por las vías de hecho para hacerse sentir y lograr acuerdos.

Nota del editor: VerdadAbierta.com envió un cuestionario a Emerald Energy PLC Sucursal Colombia para conocer sobre la compensación que ha realizado en San Vicente del Caguán y La Macarena, su versión sobre los impactos ambientales y cómo se vio afectada con las recientes protestas en la inspección de Los Pozos; sin embargo, no se recibió respuesta.

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Decenas de plataformas petroleras no le han generado bienestar a las comunidades de Putumayo; al contrario, impactan negativamente el medio ambiente y el tejido social. En paralelo, crecen las plantaciones de hoja de coca para uso ilícito y las acciones de grupos armados ilegales que, a sangre y fuego, se disputan las rentas ilícitas. De todo ello fue enterada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Putumayo es la casa de decenas de toninas que surcan el río Putumayo. A lado y lado de la imponente fuente de agua que nace en Puerto Asís, jaguares y dantas se escabullen entre la espesa selva. Como una pieza de la Amazonía, en el departamento abunda la biodiversidad, pero la fauna y la flora han quedado de un lado entre las manos que arañan el departamento por intereses económicos, legales e ilegales.

Con la incidencia de grupos armados, a lo que se suman los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y los proyectos petroleros, las comunidades del departamento amazónico se enfrentan a la división de sus procesos organizativos, la violencia contra sus líderes y la afectación ambiental a sus territorios. Mientras, las necesidades sociales y económicas de centenares de familias empeoran.

Tras asistir en Bogotá a una cita con Soledad García Muñoz, relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y exponerles sus preocupaciones, voceros de varias organizaciones sociales del municipio de Puerto Asís conversaron con VerdadAbierta.com sobre la situación de sus territorios.

Entre disidencias y coca

Putumayo fue escenario de cruentas disputas entre frentes de la guerrilla de las Farc y facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a finales de la década de los años noventa y comienzos de la del dos mil, que dejó graves afectaciones a la población civil.

Luego de la desmovilización y desarme de las Auc en 2006, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, se registró una reconfiguración armada en el departamento que mantuvo en zozobra a sus pobladores por varios años.

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, en noviembre de 2016, las comunidades del Putumayo disfrutaron de un año de calma. Y esa esperanza alcanzó para que 20.350 familias de ese departamento le apostaran a erradicar la hoja de coca para uso ilícito con el fin de iniciar proyectos productivos legales. (Leer más en: El silencio de los fusiles duró poco)

En municipios como Puerto Asís se registró el según mayor número de familias inscritas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en La Habana, como una estrategia para superar esa actividad ilegal. Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), para el 31 de diciembre de 2020, 2.931 familias erradicaron sus cultivos ilícitos. Confiaban en un pronto retorno a la legalidad. 

“Pero después de un año empezaron a llegar los que se llamaban Sinaloa – La Mafia”, recuerdan líderes del Putumayo que prefieren mantener su nombre en reserva por cuestiones de seguridad. “Luego se hicieron llamar Comandos, a los tres meses cambiaron el  nombre  por Comandos de Frontera, y actualmente se denominan Comandos Bolivarianos de Frontera”.

Y agregan: “Ellos mismos —Comandos de Frontera— dijeron que dentro de sus filas tenían mafia, tenían excombatientes de las Farc que estuvieron dentro del Acuerdo, excombatientes que no firmaron el Acuerdo, exmilitares y exparamilitares”.

Diversas fuentes del sur del país afirman que los autodenominados Comandos Bolivarianos de Frontera están conformados por disidentes de los frentes 32 y 48 de las antiguas Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz, y su pretensión es controlar las rutas del narcotráfico en este territorio fronterizo con el vecino país de Ecuador.

Ese posicionamiento se comenzó a sentir en 2020 en Puerto Asís, en plena expansión de la pandemia del Covid-19, cuando empezaron a presionar a las comunidades para que nuevamente cultivaran hoja de coca para uso ilícito. El terreno estaba abonado, pues las familias firmantes del PNIS padecieron los incumplimientos del gobierno nacional y por ello muchas retornaron a las actividades ilegales. (Leer más en: PNIS, un programa ejecutado a cuentagotas)

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), Puerto Asís es el municipio de Putumayo que encabeza el listado de mayor cultivo de hoja de coca para uso ilícito. Para 2020 se estimaron 5.701 hectáreas sembradas.

Los líderes consultados recuerdan que pasado un año de la firma del Acuerdo de Paz los grupos armados empezaron a reclutar a personas de la comunidad, siendo los jóvenes las principales presas, a quienes les ofrecían hasta dos millones de pesos mensuales por realizar trabajos de vigilancia o llevar información. 

“Esa cantidad de dinero en un municipio como Puerto Asís con pocas oportunidades de trabajo legal es una ganancia que no se ve sino con la coca”, concuerdan los líderes y agregan que en este momento “han llegado a ofrecer hasta tres millones”. 

La situación de orden público se agravó con la irrupción del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las extintas Farc que, según denuncias, le responde al Frente 1, la primera estructura que se apartó del Acuerdo de Paz. Esa situación tiene intranquilas a las comunidades porque auguran un nuevo capítulo de sangre. (Leer más en Disidencias, el nuevo motor de la violencia de Putumayo y Radiografía de los 30 grupos surgidos tras el desarme de las Farc)

Tanto Comandos Bolivarianos de Frontera como el Frente Carolina Ramírez resonaron tras operativos desarrollados por las Fuerzas Militares el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, del vecino municipio de Puerto Leguízamo. Esas acciones acabaron con la vida de por lo menos once personas que, según la comunidad, eran campesinos inocentes quienes estaban realizando un bazar con el fin de recoger fondos para diversas actividades. (Leer más en El desamparo ronda a las familias del Alto Remanso y Temo por mi vida y la vida de mi familia”: Argemiro Hernández)

“Ojalá este gobierno —del presidente Petro— logre concertar en realidad una paz porque donde suba el Carolina Ramírez, donde no se pacte algún acuerdo, las muertes no van a ser directamente de los cabecillas de los grupos armados, sino que van a ser de las mismas personas que, de una forma u otra, por necesidad o por lo que haya sido, se han vinculado poco a poco a estos grupos por el pago que están haciendo”, advierte uno de los líderes. 

Varios de ellos fueron amenazados tras resistirse a las presiones de este grupo armado y por promover entre las comunidades que debían presionar al gobierno nacional para que cumpliera los acuerdos de sustitución de hoja de coca para uso ilícito y buscar otras opciones para implementar proyectos productivos legales.  

Además, los disidentes convocaron a las comunidades y ordenaron que ciertos procesos sociales de Puerto Asís debían dejar de funcionar y luego continuaron con amenazas por escrito a través de panfletos que distribuían de manera subrepticia.

Putumayo es el sexto departamento del país con más asesinatos de líderes sociales. De acuerdo con registros del Programa Somos Defensores, entre 2002 y el pasado mes de marzo, fueron asesinados 71. Esta semana ocurrieron dos homicidios más, los de Rigo Alape y Ferney Morales, ambos miembros de la Asociación de trabajadores campesinos del Mecaya (ASTRACAM). Además, las amenazas de muerte por medio de panfletos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, también son frecuentes.

Una de las organizaciones que han intentado callar ha sido la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), que surgió del proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina, reconocida mediante la Resolución 0069 del 18 de diciembre del año 2000 y conformada por 24 veredas, para fomentar la economía campesina y la ocupación de tierras sujetas a políticas de conservación del medio ambiente, según la Ley 160 de 1994 que lo ordena y el Decreto 1777 de 1996 que la reglamenta.

Los líderes de ADISPA también se han enfrentado a los proyectos petroleros y por ello también han recibido presiones: “Inicialmente, Comandos de Frontera realizaron reuniones diciendo que iban a acabar con nosotros porque directamente éramos opositores número uno al desarrollo que tenía la empresa petrolera proyectada para la región”.

La empresa que opera la mayoría de bloques petroleros en Putumayo es Amerisur, hoy controlada por una multinacional chilena. La compañía, por su parte, ha rechazado públicamente que tenga vínculos con grupos al margen de la ley para adelantar sus actividades operativas en Putumayo. 

Petróleo inquieta a las comunidades

Día y noche los mecheros de los pozos petroleros permanecen prendidos en Puerto Asís. La mayoría de los contratos de concesión para explorar y producir los tiene la compañía Amerisur, en una región que, históricamente, se ha debatido entre la hoja de coca para uso ilícito, los grupos armados y el petróleo como los mejores caminos para fortalecer la economía de las familias campesinas.

Según el libro Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), desde 1942 hasta 1944, la Texas Petroleum Company (Texaco) empezó exploraciones en el oriente de Putumayo, en lo que entonces era el pueblo de Puerto Asís. 

En 1957, esa empresa realizó exploraciones hacia el occidente del pueblo y según el investigador de la universidad de La Amazonía, Roberto Ramírez, en 1959, la petrolera y el Estado “realizaron un contrato de concesión para la exploración y explotación de petróleo en una zona al occidente del Putumayo, por un lapso de 30 años, conocido como la Concesión Orito”, se lee en el texto Explotación de Petróleo y Desarrollo en la Amazonía Colombiana: el Caso de Orito.

Ese mismo año entró en vigencia una norma que reñiría con el proyecto extractivista: la Ley 2 de 1959, la cual buscaba regular la Economía Forestal de la Nación y Conservación de Recursos Naturales Renovables. En la Amazonía se instauró una de las más importantes Zonas de Reserva Forestal, la cual incluyó, completa o parcialmente, el territorio de lo que hoy está delimitado en 11 departamentos del sur del país y Putumayo fue abarcado en su totalidad. 

Unos años después, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) emitió la Resolución 128 de 1966 mediante la cual sustrajo de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía 1.286.911 hectáreas en Puerto Asís y Puerto Guzmán para regularizar la colonización de campesinos y, de una vez, dar vía libre a la explotación Petrolera. Esto último incentivó aún más su ocupación.

Texaco administró el distrito petrolero de Putumayo (Distrito Sur) desde 1963 hasta 1981, años recordados por experimentar una bonanza petrolera en el bajo Putumayo, sin que esto representara el bienestar de la población. A inicios de los años ochenta los pozos petroleros pasaron a ser operados por la empresa estatal Ecopetrol y los años siguientes la producción bajó. Para entonces la hoja de coca para uso ilícito se posicionó como un negocio lucrativo.

De Ecopetrol pasó a manos de Amerisur. La multinacional británica Amerisur Resources, a través de su filial Amerisur Exploración Colombia Ltda., comenzó a hacer presencia en Putumayo en la década del dos mil. 

Según la organización Crudo Transparente, uno de los primero registros de actividades de la petrolera empezó en 2009 con la Resolución 2531 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, que le dió a la petrolera “Licencia Ambiental Global con el fin de avanzar en el proyecto “Área de Exploración de Hidrocarburos Platanillo””. 

Según exalta en la página de la empresa, Amerisur es la operadora de 12 bloques petroleros en Putumayo. Algunos de esos proyectos los maneja con participación de empresas como Occidental Petroleum Corporation (OXY) y Gran Tierra Energy.

Una parte del Bloque Platanillo se encuentra dentro de la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica y limita con el resguardo indígena Siona Buenavista del pueblo Siona. La petrolera ha tenido tensiones con ambas comunidades por desencuentros socioambientales. (Leer más en: La larga lucha de los Siona en defensa de su territorio ancestral)

Desde 2010, los campesinos han realizado fuertes denuncias sobre las afectaciones ambientales al territorio, una de ellas por la construcción de una vía que llega hasta el resguardo indigena de Buenavista, que en vez de rodear un importante humedal de la región, atravesó el ecosistema para llegar hasta la proyectos petroleros. 

“En la parte de la Zona de Reserva Campesina donde hay vías es donde están las petroleras. ¡Cuando nosotros vamos a abrir una vía eso es qué problema con CorpoAmazonia!”, dicen. 

La gravedad de las denuncias sobre las afectaciones ambientales llegaron hasta el punto que en 2020 la organización campesina instauraron una demanda, acompañados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Leigh Day, una firma de abogados del Reino Unido, en la que aportaron estudios de la calidad de las aguas, las cuales según la comunidad se encuentran comprometidas por las labores extractivistas. En su momento el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ordenó congelar temporalmente los activos de Amerisur.

“Antes tú ibas por la orilla de la carretera y se veían las manchas de petróleo por toda parte. Luego la petrolera empezó a limpiar y en todos esos caños botaron buchón —una planta acuática flotante, reconocida por sus facultades absorbentes—, pero uno se metía en el humedal o lo que fuera y las manchas de crudo salían. Y los peces… se sacaron peces deformes”, dicen líderes campesinos.

Según los labriegos, en algunos territorios, tras dejar los cultivos de hoja de coca mediante la acción militar, Amerisur le dió opción de trabajo a las comunidades en labores obreras o de mantenimiento. “Los dueños de las fincas y todo eso que era coca lo hicieron potreros y metieron ganado. Y viven solamente del ganado más los 28 días que trabajan en la petrolera y te pagan prácticamente lo que te ganas en tres meses”, sostiene uno de ellos. 

Ese movimiento de dinero ha afectado la convivencia dentro de las comunidades: “Pusieron en contra los unos con los otros, la gente se pelea por los turnos de la petrolera. Incluso entre los líderes hay una especie de ruptura, llaman a unos y los convencen”, explican, a modo de denuncia.

De igual forma, los indígenas del pueblo Siona advierten que sus fuentes hídricas han sido contaminadas producto de los proyectos petroleros de Amerisur y que han desconocido su presencia en el territorio formalizado y por formalizar, pues desde 2017 esta comunidad indígena presentó una solicitud de ampliación de su territorio ancestral ante un Juzgado de Restitución de Tierras, que  aún no ha sido resuelta. (Leer más en Indígenas logran principio de acuerdo en lío de restitución de tierras en Putumayo)

“Hemos denunciado el continuo hostigamiento y presión al que la empresa Amerisur Exploración Colombia nos ha mantenido sometidos en su pretensión de avanzar en la Implementación de actividades de exploración y explotación de los proyectos PUT 12 y PUT 9, desconociendo nuestro derecho a la autodeterminación. violentando nuestras disposiciones internas y poniendo en riesgo nuestra Integridad física, cultural”, señaló en un comunicado la comunidad indígena. 

Desde 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de las comunidades indígenas y en agosto de ese años el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, dictó medidas cautelares sobre el área solicitada en ampliación por los Siona y le ordenó a la empresa petrolera “abstenerse, de manera inmediata, de realizar acciones encaminadas a la ejecución del proyecto sísmica para el bloque PUT-12”. (Leer más en: Petrolera Amerisur quiere conversar con el pueblo Siona)

A inicios de 2020, Amerisur fue adquirida, por un valor cercano a los 314 millones de dólares, por Geopark Limited, una petrolera chilena. Desde entonces se presenta en el territorio como “la nueva Amerisur”. 

Este año, las comunidades campesinas e indígenas denunciaron la alianza entre GeoPark y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que buscaba implementar una estrategia integral de reactivación económica territorial en tres departamentos en los que la petrolera hace presencia, entre ellos, Putumayo. Para ADISPA y el resguardo de Buenavista, el PNUD estaba contribuyendo a lavarle la imagen a la petrolera por encima de las denuncias que las comunidades hacían. (Leer más en Admiten denuncia contra PNUD-Colombia por alianza con petrolera)

“Ahora están pasando un plan de manejo ambiental para que se los apruebe la ANLA para abrir nuevos pozos petroleros en la región”. Se trata de dos Áreas de Perforación Exploratoria en las que desde hace cuatro años la petrolera viene trabajando: Bienparado y Nyctibius. Ambos en el Bloque PUT-8 de Aguazul, región en donde está la mayor parte de la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica.

La proyección petrolera crece frente a la motivación de las comunidades de cuidar el medio ambiente. A través de la iniciativa Amazonía Sostenible para la Paz las comunidades están reforestando y dejando la coca como la única opción rentable en un municipio en el que no hay vías de penetración y el transporte de productos del agro por el río es costoso.

Los campesinos de La Perla Amazónica han conformado un grupo de más de 30 promotores ambientales de las comunidades para fortalecer actividades de apicultura, reforestación, observación de fauna, entre otras.

“Nosotros estamos que no sabemos cómo hacer para que el ANLA no les vayan a dar la licencia. Uno, porque nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo del tema de conservación bien grande: estamos reforestando, estamos implementando sistemas silvo pastoriles, metiendo árboles maderables en vía de extinción, estamos tratando de conectar corredores biológicos para recuperar la naturaleza, se está haciendo monitoreo de animales”, cuentan los líderes consultados, quienes buscan posicionar su proyecto ambiental a contracorriente de la coca, el petróleo y los grupos armados ilegales.

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Más de año y medio después de llevar un litigio ante los estrados, este líder social de Casanare, reconocido por oponerse a los proyectos de hidrocarburos en su territorio y que fue capturado por supuestos vínculos con el Eln, está a punto de cerrar negociaciones con la Fiscalía para posiblemente llegar a un preacuerdo que termine en una sentencia favorable para él y su familia.

A 300 metros en línea recta del centro poblado de la vereda Plan Brisas, en el municipio de Aguazul, Casanare, se extrae gas y crudo liviano del pozo Liria YW12. Desde 2020, Ecopetrol había iniciado exploraciones para encontrar petróleo en esa plataforma y a finales de 2021 confirmó el hallazgo e inició la explotación de hidrocarburos.

Deslice la barra para ver el cambio del territorio:

Las tierras en donde se alza el proyecto le pertenecieron a la familia Rocha, una de las más antiguas de la región. En el centro del predio cercado por una reja metálica, en el lugar en donde estaba el taladro que llegó hasta el yacimiento, está instalado un colector de gas y crudo que bombea y aumenta la presión de extracción. Largos tubos llevan los hidrocarburos a tanques de almacenamiento y, luego, siguen por más oleoductos.

Por fortuna para las comunidades de la región, los mecheros no están prendidos todo el día, ahora pasan meses enteros sin que las chimeneas negras despidan fuego, solo las encienden cuando se necesita hacerle mantenimiento o pruebas de gas a los proyectos.

YW se convirtió en la cuarta plataforma de explotación de combustibles fósiles que influye directamente sobre las comunidades que hacen parte de la Asociación de Veredas de Cunamá (ASOVEC), conformada por seis veredas del municipio de Aguazul. Las otras tres plataformas que al día de hoy continúan extrayendo petróleo y gas en esa zona son YR, YT y YZ – Recetor, las cuales, según recuerda la comunidad, están siendo aprovechadas desde inicios de la década del 2000, produciendo miles de millones de pesos para las petroleras. Dinero que en la región no se ve plenamente representado.

Aunque estos proyectos de hidrocarburos están cerca a las Instalaciones Centrales de Procesamiento (CPF por sus siglas en inglés) de Cusiana (Tauramena) y Cupiagua (Aguazul), dos de los más importantes yacimientos petroleros del país, las vías de la vereda Plan Brisas permanecen destapadas, son trochas polvorientas.  

“Para que Ecopetrol invierta un recurso hay que hacerle manifestación”, lamenta Milton Barrera, líder con más de 15 años en la región, quien, además, trabaja como obrero en los proyectos petroleros de la zona. 

“Las petroleras —continúa— se han servido mucho de nuestro territorio. Esta es una de las regiones que más produce para Aguazul y Casanare y es uno de los sectores olvidados por el departamento, por el municipio y por las petroleras. Solo miran a nuestro territorio para explotar, no se ve un proyecto que genere impacto, que, cuando se terminen las petroleras, digan: ‘De esto van a vivir las comunidades’”. 

Solo hay dos pedazos de la vía pavimentados: el primero, conformado por tres kilómetros de capa asfáltica tan pronto se sale de la Marginal de la Selva —que va de Yopal a Aguazul— para tomar la vía que lleva a esas veredas; le sigue una trocha de seis kilómetros y luego el segundo tramo pavimentado de 3,5 kilómetros. 

Tan pronto termina el asfalto del segundo tramo, a un lado de la vía se asoma una casa de paredes lila y vidrios azules. A un costado, Miguel Yesid Daza Galindo alimenta a sus perros, gallinas y cerdos; vistiendo una camisa tipo polo como la que usaba el día en que lo capturaron. Lejos de parecer una cárcel, desde hace meses, Daza permanece en esa casa en prisión domiciliaria por orden de un juez. Una finca ubicada a 3,5 kilómetros en línea recta del Pozo Liria YW12.

“Que les quede claro que esto es un montaje de la Justicia”, fueron las palabras del líder cuando lo capturaron en febrero del año pasado. Según él, su labor de defensa de derechos humanos se volvió incómoda, en un contexto de conflicto armado y un territorio rico en hidrocarburos, en el que la Fuerza Pública y la Justicia le brinda servicios que garanticen las actividades extractivistas a las petroleras.

“Ellos —los militares— están es para cuidar esos pozos petroleros: YR, YW, YZ, YT”, cuenta Mariana Daza, hija de Miguel, mientras a sus espaldas bombea el pozo YW12. “Ellos no están muy lejos de los pozos, deben estar ahorita en Volcán Blanco, otro pozo. Ellos no están para cuidar a la población civil. Ellos están contratados por Ecopetrol directamente para cuidar los pozos”.

“Eso sí: hacer un control para que no hayan robos, no lo hacen. Acá prácticamente cualquier malandro puede entrar y las tropas como si nada. Acá han habido hurtos y no pasa nada”, dice Milton Barrera y una mujer de la comunidad complemente: “Aquí uno no puede pasar después de las cinco de la tarde porque lo roban”.

Desde 2005, Daza le ha hecho oposición a algunos proyectos de hidrocarburos, pero se hizo más visible con la llegada de Ecopetrol y especialmente con el inicio del proyecto Liria YW12. Durante todo ese tiempo el líder ha realizado exigencias a las petroleras que se llevan el oro negro de su territorio y dejan grabes afectaciones a las comunidades por el ruido que genera la maquinaria y las acciones de perforación; la luminosidad; el riesgo por movilización de cargas pesadas y los impactos a las fuentes hídricas. 

“Las aguas de lavado, contaminadas con productos químicos, son vertidas directamente a las escorrentías que van a los caños. Hay fincas que deben consumir esas aguas, principalmente del caño El Tigre y la quebrada Cunamá”, explica Daza. 

Daza, otro líder casanareño judicializado

El 23 de febrero de 2021 fue capturado el líder social Miguel Yesid Daza Galindo en la vereda Plan Brisas del municipio de Aguazul, acusado de concierto para delinquir y rebelión. El operativo estuvo encabezado por la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, desde el primer momento organizaciones sociales del departamento denunciaron que se trató de un montaje judicial. (Leer más en ¿Fiscalía “implantó” pruebas para capturar a líder social de Casanare?) 

Desde hace más de 20 años, Daza ha abanderado la defensa de derechos humanos en el municipio de Aguazul, varios relacionados con procesos comunitarios. En los últimos años ha desarrollado su liderazgo a través de organizaciones campesinas como la Asociación de Veredas de Cunamá (ASOVEC), la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), la Asociación de Mujeres Campesinas Brisas de la Esperanza (ASMUC), Congreso de los Pueblos y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC).

El tortuoso momento por el que atraviesa el líder y su familia es el segundo proceso judicial en el que fue involucrado. El primero ocurrió en 2002, cuando varios habitantes de Plan Brisas, fueron capturados por supuestamente pertenecer al Frente 56 de las Farc. Dicha investigación fue precluida y Daza y otros reconocidos líderes de la región, como lo son Édgar Rodríguez (de la vereda Cunamá) y Arsenio Moreno (de la vereda Retiro Milagro), recuperaron su libertad. “Siempre la estrategia del Estado ha sido vincular a los líderes con organizaciones insurgentes”, señaló Daza en entrevista con este portal. 

Desde los ños 80, el piedemonte casanareño de la cordillera Oriental ha sido un corredor para las guerrillas de los frentes 28 y 38 de las Farc y los frentes Efraín Pabón Pabón y José David Suárez del Eln. Según la Defensoría del Pueblo, en su Informe de Riesgo N° 036-17, “los corregimientos Cupiagua – Plan Brisas y El Morro en particular, tienen un carácter estratégico porque favorece la movilidad hacia los municipios de la Provincia de la Libertad en Boyacá, específicamente Labranzagrande, Pisba y Paya, donde se dio una mayor incidencia de las FARC EP”. Para finales de los 90, Plan Brisas era cuartel de la insurgencia. Tropas de hasta 200 hombres de las Farc patrullaban los potreros de la vereda.

La expansión de esa guerrilla en la región coincidió con el inicio de la explotación petrolera. La British Petroleum (BP) llegó al país desde los años 20 y solo fue hasta 1986 que hizo presencia en la región comprando terrenos en el piedemonte llanero. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), una de las acciones que BP implementó para garantizar la operación petrolera en la región, de cara a la delicada situación de orden publico en el marco del conflicto armado, fue contratar Fuerza Pública colombiana: “El New York Times publicó un informe donde se señaló que la BP contrató a 500 soldados y 150 oficiales del Ejército colombiano para intensificar y asegurar las instalaciones petroleras a lo largo del país”, se lee en el libro Casanare: Exhumando el genocidio y señala que desde entonces la petrolera destinó importantes sumas de dinero para tener protección privada.

“La Fuerza Pública acá ha sido agresiva con las comunidades, en parte por el conflicto armado. Han involucrado a civiles y líderes, porque estando las petroleras, el que protesta en las zonas en las que hay guerrilla es guerrillero”, expresó Milton Barrera. La comunidad recuerda que en los años 90 y los 2000 los uniformados pillaban cosas de las pequeñas tiendas o retenían a las personas en los puntos de control militar bajo el argumento de que eran guerrilleros, incluso, los niños que iban hacia la escuela. 

A inicios de los 2000, el municipio de Aguazul fue azotado por el accionar de los paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). Estas tropas que se presentaban como contrainsurgentes se llevaron por encima a la población civil del municipio en su guerra contra la subversión. (Leer más en Así fue la guerra en Aguazul, Casanare)

Sin embargo, no solo fueron los paramilitares quienes asesinaron a civiles en la lucha contrainsurgente. Una de las cicatrices de los peores años del conflicto en la región la dejaron miembros de la Fuerza Pública con la ejecución de ‘falsos positivos’. 

La comunidad de Plan Brisas y de las veredas de la región recuerda compungida la sucesión de asesinatos extrajudiciales en la vereda El Triunfo (Aguazul) de Hugo Édgar Araque Rodríguez (2005), Fredy Alexander Pérez Sanabria (2006), Daniel Torres Arciniegas (2007) y Roque Julio Torres Torres (2007) a manos del grupo especial Delta 4 de la Brigada XVI del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, la cual era Comandada desde el 10 de diciembre de 2005 por el Mayor General (r) Henry William Torres Escalante, hoy sometido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (Leer más en En medio de incertidumbre, expediente contra general Torres llega a la JEP)

Bajo esa dinámica, por años las comunidades que habitaban las áreas de influencia de los inmensos proyectos petrolíferos aprovechados por BP fueron estigmatizadas y marcadas como insurgentes. Según la Defensoría del Pueblo, “la presencia de los grupos guerrilleros en la región “han sido interpretadas por algunas autoridades de forma errónea como relaciones de cooperación entre las comunidades y el grupo insurgente”.

Tras la firma del Acuerdo de Paz entre las extintas Farc y el Estado colombiano, el 24 de noviembre de 2016, el Eln fortaleció su accionar en el departamento “para mantener el control sobre las áreas de presencia histórica en la Cordillera Oriental que en el pasado estuvieron bajo influencia de las dos guerrillas”, precisa la Defensoría del Pueblo. Desde entonces, en Plan Brisas haría presencia el Frente José David Suárez.

En 2017 se desarrollaron acciones militares de parte de la insurgencia que denotaban la presencia del Eln en Plan Brisas, según las autoridades. Como por ejemplo, los explosivos que pusieron contra un carro de la Policía, destruyéndolo completamente y dejando muertos y heridos; o el haber explotado un oleoducto entre las plataformas YZ y YT en la vereda Volcán Blanco.

Miguel Daza dice ser víctima de estigmatización y en los últimos años explica que al involucrarse en varios procesos sociales y al volverse un líder tan visible fue blanco de una segunda judicialización.

“Desde el año 2018 hacia acá no ha habido ningún tipo de acción por parte de insurgencia, ni de ELN ni de FARC. ¿Qué ha habido? cosas como supuestas extorsiones a nombre de esas organizaciones, pero que las investigaciones arrojan que son otros tipos de grupos que utilizan los nombres de los grupos guerrilleros”, sostiene Daza y con eso cuestiona los millonarios convenios celebrados por las empresas petroleras con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación que buscan proteger militarmente y judicializar el apoderamiento de hidrocarburos y atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y energética.

Según documentos obtenidos por La Liga contra el Silencio y Rutas del Conflicto, disponibles en el especial Convenios de Fuerza y Justicia, Ecopetrol celebró el Acuerdo de Cooperación Derivado No. 16-2018 con el Ministerio de Defensa para que siete divisiones del Ejército Nacional le prestarán una “especial atención” a las instalaciones de la petrolera en varias regiones del país.

“El EJÉRCITO NACIONAL de acuerdo con su competencia funcional, legal y constitucional desplegará en los sitios de interés de LA EMPRESA, los “Dispositivos de Personal” que a su juicio considere necesarios para garantizar el desarrollo del Objeto del Acuerdo Derivado, para lo cual contará con el apoyo de la Gerencia de Seguridad Física y los Coordinadores de Seguridad de la EMPRESA”, se lee en el documento. 

El acuerdo se realizó entre el 14 de noviembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 por un monto de $16.769.613.800 de pesos. En las plataformas petroleras que inciden en Plan Brisas y las veredas aledañas se acordó que la Octava División prestaría el servicio de protección por un valor, a través de la Brigada XVI. Por ese acuerdo, la Octava División recibió por esos servicios en esta y más regiones $1.200.000.000 de pesos. Así como este acuerdo con el Ejército, hay otros con la Fiscalía General de la Nación en Aguazul que se mantienen vigentes al día de hoy.

Tras pasar por las manos de Equion Energia Limited, hoy, en la vereda Plan Brisas la operadora de las explotaciones de hidrocarburos es Ecopetrol y en el territorio tiene contratadas a las empresas petroleras Weatherford Colombia Limited, Schlumberger Surenco S. A. y Petrex S.A (de la empresa italiana Saipem SpA) para brindarle servicios petroleros y Adecc Ltda para realizar obras civiles.  

Desde el primer día que Ecopetrol se convirtió en el operador de las plataformas, en 2016, Daza plantó su preocupación y reclamos a los proyectos de explotación por los impactos ambientales a la tierra y las fuentes hídricas, así como al tejido social que empieza a girar en torno a las tareas que les sean útiles a las petroleras, perdiendo la identidad campesina.

Muchos de los trabajos que las comunidades han preferido desempeñar en la región son conducir camionetas para movilizar funcionarios de las petroleras, labores obreras o prestar servicios de vigilancia o mantenimiento de los pozos.

“Ha habido un desprendimiento del tejido social bastante bárbaro porque entre nosotros mismos empezamos ‘este turno es mío’, ‘no, pero yo tengo más la necesidad’, ‘entonces yo meto una camioneta a trabajar en la compañía’… se nos olvidó de dónde veníamos. La economía campesina: la ganadería, los cultivos”, lamenta Mariana Daza, hija del líder Miguel Daza.

Según Daza, uno de los principales argumentos que ha presentado la Fiscalía contra el líder es una gresca que tuvo lugar en Plan Brisas para el año 2017. Según relata, lo acusan de haber organizado una asonada para evitar la captura de un jóven de la comunidad que el Ejército Nacional pretendía realizar sin presentar en el lugar la orden de captura. La Fuerza Pública realizaba ese operativo argumentando que el joven era alias ‘Hidalgo’, un integrante del Eln buscado por la muerte de dos policías. 

También, usando fotografías de Daza en una marcha por los Derechos de la Mujer, el 8 de marzo, el ente acusador argumenta que el líder estaba organizando movilizaciones y paros armados contra las petroleras. Además, el líder recordó que, como lo documentó VerdadAbierta.com tras su captura el año pasado, él había denunciado que miembros del CTI le habrían implantado unos panfletos alusivos al Eln al momento de hacer el allanamiento de su casa.

El fiscal que solicitó la orden de allanamiento y captura y que por varios meses llevó el caso contra Miguel Daza es Herles Max Cortés Rodríguez, minetras estuvo alfrente de  la Fiscalía 113, adscrita a la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales de Villavicencio, sin embargo Cortés  fue trasladado a la Fiscalía EDA 117 de Arauca. Quien asumió los procesos que llevaba Cortés es Jhon Alexander Pacheco Bautista, ahora encargado de la Fiscalía 113 de Villavicencio.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han llamado la atención sobre el papel de Cortés como fiscal pues estuvo relacionado desde el ente investigador en los procesos penales de los ocho de San Luis de Palenque, así como líderes de Asonalca.

Alrededor de nueve meses estuvo preso Daza en instalaciones del Batallón No. 44 Ramón Nonato Pérez de Tauramena y la cárcel La Guafilla de Yopal. Hoy, tras una larga pugna, permanece en detención domiciliaria en su finca en Plan Brisas y está tranzando un acuerdo con la Fiscalía para aceptar ciertos puntos del pliego de cargos. ¿Qué lo llevó a tomar ese camino cuando siempre ha sostenido su total inocencia? La situación, según el líder, lo llevó a sopesar entre su buen nombre y su familia.

Con la Ley 1908 del 9 julio de 2018 se modificaron las medidas de investigación y judicialización de organizaciones criminales. Así, los procesados que son relacionados con  Grupos Armados Organizados (GAO), como lo son la guerrilla del Eln, pueden estar privados de la libertad de 24 a 30 meses a la espera de que la Fiscalía aporte las pruebas que demuestran su vinculación a esa organización alzada en armas.

“Pensando en eso hay que buscar el camino corto y menos doloroso, entonces en eso estamos, en aceptarle una complicidad a la Fiscalía. (…) pero no porque yo lo deba, simplemente porque tengo que hacerlo pensando en mi familia y pensando en mí porque el tiempo no se recupera”, dice el líder.

Así podría llegar a una sentencia que ordene cinco años de cárcel, sin embargo, la modalidad de detención lo tiene en vilo, pues, si el juez de conocimiento lo considera puede solicitar que la pena la cumpla en una cárcel.  

“Eso sí me entristece un poco. Aunque se supone que nadie es indispensable en ninguna parte, esos temas coyunturales y traumáticos que quizás generan un impacto negativo sí entorpecen bastante el trabajo organizativo y social. Genera temor, genera pasividad en las personas”, palabras con las que Miguel Daza lamenta que los liderazgos y acciones de exigibilidad de derechos hacia las petroleras se hayan acallado.

Mariana Daza le contó a este portal que después de que capturaron y empezó el proceso de judicialización de su papá llegó una tropa a intimidarla a ella, a su familia y a varios miembros de la comunidad; según cuenta, los uniformados los provocaban refiriéndose a Miguel Daza como “el guerrillero ese”. “Sentimos ese repudio hacia los militares porque sabíamos básicamente que ellos estaban ahí para identificar esas cabezas de líderes”, expresó.

Para esas fechas la comunidad de Plan Brisas convocó un consejo de seguridad. El Ministerio Público no estuvo presente, sólo llegó el Ejército, la Alcaldía y la Personería. “Nosotros le dijimos que nosotros éramos conscientes de que el Ejército estaba era para cuidar los pozos y no para cuidarnos a nosotros, pero eso no les daba el derecho de venir a intimidar al campesino, porque ya no eran esos tiempos. Ellos, fuera de que vienen, intimidan, estigmatizan a las comunidades… porque el que baja de acá —las veredas de Asovec— al pueblo, es guerrillero”, concluyó Mariana.

***

Este reportaje se realizó con información recogida en el departamento de Casanare en una misión de prensa coordinada por el Programa Somos Defensores.

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El año pasado fueron asesinados 65 colombianos por defender la biodiversidad y sus ecosistemas. Esa fue la cifra más alta en el mundo, situación que también ocurrió en 2019, según los registros de la organización internacional Global Witness. Que proteger al medio ambiente en Colombia es un gran factor de riesgo ya no es un secreto a voces: es el país más peligroso en el mundo para defender esa bandera.

Su vasta riqueza natural, que se encuentra al asecho de mafias criminales y de utilidades empresariales; la debilidad del Estado para tener presencia integral en los territorios más alejados; el abuso de grupos armados en la periferia; la valentía de activistas y comunidades para defender a la Madre Naturaleza; y la ‘cultura’ de resolver los problemas por medio de las armas, son algunas de las razones de ese tormentoso panorama para los activistas.

“El país tiene una biodiversidad y ecosistemas enormes por proteger, pero también tiene unos recursos minerales y de hidrocarburos que, para quien tiene el dinero por encima de todo, sólo le representa ganancias y no le importa el daño medioambiental que pueda causar”, plantea Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, como una de las principales causas de la violencia que padecen los promotores de causas ambientales.

Santiago hace parte de una red que agrupa a decenas de organizaciones y activistas que se oponen a la práctica no convencional del fracking, un sistema que utiliza grandes cantidades de agua a presión para fracturar el subsuelo y extraer petróleo. Sus integrantes han sufrido toda clase de agresiones por proteger la herencia verde del país, que van desde amenazas y persecución judicial, hasta atentados y asesinatos.

A su juicio, la dramática coyuntura por la que están atravesando, se debe al despertar de conciencia por el medio ambiente, en medio de la emergencia y los desastres que está produciendo el cambio climático. “Eso ha hecho que más personas asuman esta defensa”, precisa.

Por otro lado, Santiago plantea que la falta de espacios de participación y toma decisiones de las comunidades sobre la suerte de sus territorios ante el desarrollo de megaproyectos, es un gran factor que propicia violencia contra quienes se oponen a la explotación desaforada de recursos naturales. En octubre de 2018, la Corte Constitucional dejó sin validez las consultas populares para decidir sobre la explotación minera de sus tierras.

“Hace unos años la gente quería pronunciarse y votar si permitía esos proyectos. El gobierno y la Corte cerraron todos los espacios para la participación e incidencia de las comunidades, pero eso no frenó el activismo: por el contrario, hizo que la gente buscara otros mecanismos y siguiera oponiéndose ante la imposibilidad de tomar decisiones sobre su territorio”, detalla.

Y el mayor peso de esa responsabilidad recayó sobre organizaciones y activistas, aumentando su escenario de riesgo: “Como no hay mecanismos para tomar decisiones e impedir esos proyectos, y las comunidades y sus lideres se siguen oponiendo, los intereses oscuros, ligados a sectores económicos y políticos, buscan sacar del camino a quienes se oponen. Y eso implica ser amenazados, desprestigiados, perseguidos y, si es necesario, asesinados”.

Los hechos parecen darle la razón a Santiago porque, tras la decisión de la Corte Constitucional contra las consultas populares, en 2018, en los siguientes años aumentaron los asesinatos de las cabezas visibles de la lucha por el medio ambiente. Así lo ha señalado Global Witness: en 2019 fueron asesinados 64 y el año pasado 65.

A pesar de esa mortal cuesta arriba, en la Alianza Colombia Libre de Fracking no desisten de su lucha y su activismo tiene un amplio repertorio: el litigio, la incidencia ante el Congreso de la República, campañas de concientización en medios de comunicación y acompañamiento a organizaciones locales, son algunas de ellas.

Óscar Sampayo, de la Corporación Regional Yareguíes -afiliada a la Alianza-, que defiende la ciénaga de San Silvestre, ubicada en Barrancabermeja, Santander, ha recibido amenazas de muerte y desde 2018 cuenta con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección.

Se tuvo que acostumbrar a realizar su labor con escoltas, lleno de incertidumbres y panfletos en los que las llamadas ‘Águilas Negras’ lo amenazan de muerte. No baja los brazos porque hacerlo sería una traición con su comunidad. “A pesar de que la actividad extractiva impone sus dinámicas e intereses, creemos que este territorio es más que petróleo y la falsa ilusión que genera la actividad extractiva”, responde sin dudar.

La organización a la que pertenece ha denunciado irregularidades en la extracción de áreas protegidas del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Ciénaga de San Silvestre, para la instalación de un relleno sanitario y la exploración de yacimientos de crudo.

“Si nosotros desistimos y no defendemos lo que tenemos, sería una traición contra lo que somos. Es lo mínimo que podemos hacer al tener el privilegio o la maldición, al identificar que la corrupción y el clientelismo dan para intervenir la naturaleza, para otorgar licenciamientos a proyectos como un basurero en un área protegida o que se perfore en un complejo de humedales”, explica.

Mientras los países de primer mundo están en alerta y buscan soluciones a las emergencias producidas por el calentamiento global, los activistas ambientales en Colombia no sólo deben encontrar soluciones para ese enorme desafío, también tienen que hacerlo resguardar sus vidas a diario.

Consulte otras entregas de la campaña #EsConmigo:

– “Un indígena sin territorio no es indígena”

– “Nuestra lucha es por equidad”

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La noticia se anunció con bombos y platillos: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia firmó una alianza con la petrolera GeoPark con el fin de unir esfuerzos técnicos y financieros para implementar una estrategia integral de reactivación económica territorial que impactará positivamente la calidad de vida de los habitantes de los departamentos de Casanare, Meta y Putumayo.

Esa alianza se suscribió el 21 de abril de este año en Bogotá como parte del proyecto Sector Privado y Agenda 2030, y fue comunicada a la opinión pública nacional e internacional por Norma Sánchez, directora corporativa de Naturaleza y Vecinos en GeoPark, y Javier Pérez Burgos, gerente del área de Reducción de Pobreza e Inequidad del PNUD en Colombia.

“Es una apuesta que va a generar beneficios importantes en siete municipios y 28 comunidades en tres departamentos […] y estamos convencidos que esto redundará en el bienestar que las comunidades siguen requiriendo y por el cual recibiremos de parte de ellas mucha aceptación y participación en este proceso”, dijo Sánchez.

Por su parte, Burgos afirmó que esta iniciativa, que contaría con 1,9 millones de dólares aportados por GeoPark, era la primera que lanzan de manera conjunta con la empresa privada en aras de apoyar el proceso de reactivación económica y social en el país.

“Unidos por la reactivación territorial representa una estrategia clara, importante, para mitigar los efectos de corto y mediano plazo de la pandemia, a través de la generación de oportunidades de empleo, oportunidades de recuperar el aparato productivo en cabeza de las comunidades, las organizaciones, las micro, pequeñas y medianas empresas, y por supuesto de las poblaciones que hoy más lo necesitan”, afirmó el vocero del PNUD. (Ver video de lanzamiento)

Reacción adversa

Lo que no se esperaban tanto en el PNUD como en GeoPark fue la reacción adversa a esa alianza por parte de indígenas y campesinas del departamento del Putumayo, especialmente de la comunidad Siona del Resguardo Buenavista, así como por la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica (Adispa), que impulsa la zona de reserva campesina de La Perla Amazónica.

Con el apoyo de la organización internacional Amazon Watch, Amazon Frontlines y Healing Bridges, tanto indígenas como campesinos llevaron el caso hasta Oficina de Cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales (SECU, por sus siglas en inglés), un órgano interno del PNUD encargado de investigar supuestos incumplimientos de las normas sociales y ambientales que rigen a esta agencia multilateral.

Tras valorar la información aportada por el PNUD en Colombia y los indígenas y campesinos, la SECU decidió admitir la denuncia contra la oficina de país de esta agencia multilateral y someter a estudio su actuación con el fin de establecer si a través de esa alianza con la petrolera GeoPark se habría violado algunas reglas en la ejecución de los proyectos “Amazonía Sostenible para la Paz” y “Sector Privado y Agenda 2030”.

El problema de fondo es la pérdida de confianza que enfrenta la oficina del PNUD en Colombia entre la comunidad indígena del pueblo Siona, que, incluso, ha devuelto dineros de programas financiados por esta agencia por cuanto no considera coherente continuar ejecutando recursos en proyectos que ahora tienen un manto de duda.

Fuerte tensión

En una primera reacción, las autoridades del resguardo indígena Siona Buenavista y de la asociación campesina Adispa, le enviaron el pasado 26 de abril una carta a la entonces representante del PNUD en Colombia, Jéssica Faieta, en la que expresaron su rechazo a la alianza estratégica de esa agencia con GeoPark.

“Consideramos [que] esta Alianza es un acto que atenta contra la legitimidad y la confianza en el PNUD, pues resulta incoherente con la posibilidad efectiva de protección ambiental y territorial que se esté pactando justamente con la Empresa que más amenaza la fragilidad de la Amazonía”, se lee en la misiva. (Ver carta)

De acuerdo con ambas organizaciones, desde el 2009 se desarrollan en territorios indígenas y campesinos actividades de exploración y producción de hidrocarburos desconociendo las decisiones de las autoridades tradicionales y el movimiento campesino.

“La imposición por la fuerza de una visión de desarrollo contraría (sic) los planes de vida, planes de desarrollo, el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado [y] la libre determinación”, van contra el resguardo indígena Siona Buenavista y Adispa, que tiene asiento en el municipio de Puerto Asís.

Las operaciones petroleras están hoy bajo responsabilidad de la firma chilena GeoPark desde enero de 2020, cuando adquirió la petrolera británica Amerisur por 314 millones de dólares, empresa que tenía a su cargo la exploración y producción en Putumayo y también en Meta.

“La adquisición de Amerisur aporta un vagón lleno de beneficios a corto, medio y largo plazo: producción de petróleo ligero, reservas probadas, flujo de caja de bajo umbral de rentabilidad, oportunidades de desarrollo de bajo riesgo, importantes recursos de exploración, nuevas superficies estratégicas, perforaciones de exploración realizadas, un oleoducto transfronterizo, nuevas asociaciones industriales y atractivas sinergias operativas y comerciales”, dijo, en su momento,  James F. Park, cofundador de GeoPark y director general de la compañía. (Ver comunicado)

Esa visión optimista del empresario petrolero riñe con la defensa del territorio que desde hace más de una década plantean indígenas y campesinos. Es por ello que en su carta al PNUD en Colombia insistieron en rechazar esa alianza y le exigieron a su representante en el país “su inmediata retractación como expresión de coherencia y posibilidad de continuar con el entendimiento y ejecución de actividades comunitarias con el Resguardo Indígena Siona Buenavista y la [zona de reserva campesina] La Perla Amazónica”.

Un día después de remitida la carta desde Puerto Asís, el PNUD en Colombia respondió explicando, inicialmente, que ante la crisis generada por la expansión del virus Covid-19, esta agencia se había propuesto “apoyar diversas estrategias de reactivación económica que permitan recuperar una senda de desarrollo sostenible para las comunidades y habitantes de los territorios en Colombia. Este es el contexto del proyecto de reactivación económica territorial en el departamento del Putumayo”.

No obstante, y en consonancia con los principios de imparcialidad, transparencia y construcción de confianza que rigen al PNUD, Faieta les informó la decisión de “suspender por ahora las actividades de este proyecto en el municipio de Puerto Asís para conocer con detalle sus preocupaciones y compartir el alcance de las acciones que el PNUD ha planteado desarrollar en el territorio”. (Ver carta)

Para acabar de zanjar las diferencias, el 29 de abril se hizo una reunión a través de medios digitales entre autoridades indígenas y líderes campesinos con la representante del PNUD en Colombia. En un resumen del encuentro, el resguardo Buenavista informó que, en mayor medida, había intervenido Faieta, “para intentar justificar, de manera lamentable, las acciones llevadas a cabo para captar recursos privados, en clara inobservancia de criterios mínimos de ética corporativa y debida diligencia”.

Un aporte a esa distensión lo generó el PNUD en Colombia al informar, el pasado 12 de mayo, que habían decidido “cancelar la alianza que recientemente había establecido con la compañía GeoPark, planteada para desarrollar estrategias integrales de reactivación económica a nivel territorial, enfocada en mejorar las condiciones de vida de las personas más afectadas por la crisis del Covid-19 con un enfoque multidimensional y multiactor”.

Adicionalmente, esta agencia multilateral ratificó el “compromiso con los Pueblos Indígenas y el desarrollo sostenible en Colombia, como lo hemos venido haciendo a través de diferentes y amplios programas que implementamos con el pleno involucramiento, apropiación y liderazgo de los actores del territorio”. (Ver comunicado)

Pese a la cancelación, el Resguardo Indígena Siona Buenavista no quedó satisfecho con la decisión por cuanto según sus autoridades, ese comunicado sólo había sido enviado a su correo y no se difundió plenamente, como sí se hizo con el anuncio de la alianza con GeoPark.

“Reiteramos: no nos es suficiente con que PNUD cancele actividades con la empresa petrolera. La confianza, la legitimidad y el respeto que teníamos las organizaciones de la sociedad civil en el Sistema de Naciones Unidas y particularmente en el PNUD se encuentran resquebrajada”, plantearon desde el resguardo en un nuevo comunicado, fechado el pasado 17 de mayo.

En ese pronunciamiento, los indígenas Siona calificaron como “una muestra de mala fe” el hecho de que a pesar de haber anunciado en la reunión del 29 de abril que no continuarían ejecutando recursos del PNUD en Colombia hasta tanto esta agencia “definiera públicamente su posición frente a los acuerdos con Geopark”, se les hubiese desembolsado, dos días después, 52 millones de pesos a una de las cuentas del cabildo.

Además de calificar esa consignación como “una muestra de mala fe”, la interpretaron como un factor de presión para darle “continuidad y ejecución de actividades que incluyen acceder a información privilegiada del territorio cuya custodia no confiamos no vaya a terminar en manos de la empresa”.

Los indígenas del pueblo Siona del resguardo Buenavista insistieron en cuestionar al PNUD en Colombia por su aparente incoherencia en “pretender una efectiva protección ambiental y territorial de la Amazonía, cuando se pactan acuerdos con la empresa que más ha amenazado la fragilidad ecosistémica y que ha intentado la fragmentación organizativa de las comunidades incluso oponiéndose jurídicamente en el proceso de restitución de derechos territoriales”.

Al respecto de la restitución de derechos territoriales, este portal adelantó en agosto de 2019 una investigación sobre las peticiones de restitución y ampliación del Resguardo Buenavista, en la que quedó retratada la tensión con la empresa petrolera. (Leer más en: La larga lucha de los Siona en defensa de su territorio ancestral y Petrolera Amerisur quiere conversar con el pueblo Siona)

Por último, los Siona le exigieron al PNUD en Colombia que se manifestara “públicamente sobre las decisiones finales adoptadas, que GeoPark elimine de su página web el respaldo, logo y alianza con el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, y que la señora Jessica Faieta en su calidad de Representante Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia se disculpe públicamente el Resguardo Buenavista por haber ignorado una lucha de defensa de la vida, el territorio y la dignidad, dándole prevalencia a los intereses que contaminan los territorios, acaban con la Amazonía y ponen en riesgo la vida de las comunidades”. (Ver comunicado)

En una nueva comunicación conocida por este portal, fechada el pasado 6 de julio, el resguardo indígena Siona Buenavista le comunicó a la representante del PNUD en Colombia la terminación del acuerdo de subvención que tenía desde octubre de 2020 con esa agencia multilateral por 126 millones de pesos y devolver los 52 millones de pesos consignados de manera inconsulta y sin su consentimiento.

Esa decisión, anunciada por Luis Eliseo Ocoguaje, gobernador del Resguardo, se tomó en asamblea comunitaria realizada un día antes de informarle a Faieta y en reacción a lo que calificaron como “falta de respuesta pública del PNUD sobre las decisiones adoptadas con la empresa Geopark”.

“Esperamos que para futuras vigencias y con un cambio en el contexto de acuerdos corporativos que no vulneren los derechos de los pueblos indígenas, podamos seguir contando con el Sistema de Naciones Unidas y con el PNUD para otros proyectos”, concluyó la misiva. (Ver carta)

Argumentos de la admisión

A la par de esas conversaciones y comunicados, la organización internacional Amazon Watch presentó el 11 de mayo de este año una denuncia ante la SECU a nombre de las comunidades indígenas del departamento del Putumayo.

El argumento de esa denuncia se fundamentó “en la creencia de las comunidades de que el reciente acuerdo del PNUD en Colombia con GeoPark para la ejecución de proyectos entraba en conflicto con el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, planteaba amenazas para los derechos de las comunidades, socavaba la confianza que las comunidades habían depositado en el PNUD en Colombia y, además, violaba las normas sociales y medioambientales del PNUD”.

Para respaldar la denuncia, se expusieron cuatro razones: la primera, que fue inadecuada la ejecución del proceso de diligencia debida del sector privado por parte del PNUD “dada la gran cantidad de acusaciones de vulneraciones de los derechos humanos y de la normativa medioambiental cometidas por GeoPark en el departamento colombiano de Putumayo y en otros lugares”, así “como la oposición de larga data de las comunidades frente a las actividades de prospección, exploración y extracción de petróleo en las tierras comunitarias llevadas a cabo por GeoPark (y por su predecesora Amerisur)”.

La segunda se enfocó en la que el PNUD en Colombia “no informó a las comunidades denunciantes sobre el proyecto Sector Privado y Agenda 2030, ni garantizó que dichas comunidades dispusieran de la información relativa al proyecto antes de su aprobación”.

La tercera razón, relacionada con la anterior, estableció que “el PNUD Colombia no consultó a las comunidades indígenas ni obtuvo su consentimiento para las actividades del proyecto Sector Privado y Agenda 2030 que pudieran afectarlas”.

Y la cuarta razón se dijo que “los esfuerzos del PNUD por aliarse con GeoPark eran incoherentes con el proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, para el cual las comunidades denunciantes se habían asociado con el PNUD Colombia y a través del cual las comunidades proporcionarían información confidencial”.

De acuerdo con la información recopilada por la SECU, el PNUD en Colombia firmó el 26 de enero de este año el documento del proyecto Sector Privado y Agenda 2030, previsto para concluir en diciembre de 2022.

“Se trata -afirma la SECU- de un proyecto en modalidad de ejecución directa […] que cuenta con el PNUD Colombia como asociado en la ejecución. El número de proyecto en Atlas es 132303. La financiación total del proyecto, que asciende a 1.962.967,30 dólares de los Estados Unidos, procede de GeoPark y su administración corresponde al PNUD Colombia”.

De acuerdo con las directrices de la SECU, para que una denuncia sea admisible ante esa instancia interna debe cumplir tres criterios: 1) estar relacionada con un proyecto o programa apoyado por el PNUD; 2) plantear problemas reales o potenciales relativos al cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales del PNUD; y 3) reflejar que, como resultado del incumplimiento por parte del PNUD de sus compromisos sociales y ambientales, los denunciantes han sufrido o podrían sufrir daños.

Con base en los argumentos y las pruebas presentadas por las organizaciones internacionales en representación de los indígenas del pueblo Siona y de la comunidad campesina de Adispa, así como con la información aportada por el PNUD en Colomba, la SECU determinó que la denuncia es admisible para ser sometida a examen de la conformidad social y medioambiental”.

“La investigación -se lee en el documento de admisibilidad- se centrará en la intersección entre los dos proyectos, en identificar el posible incumplimiento de las normas sociales y medioambientales y en recomendar una vía adecuada para tratar de recuperar la confianza de las comunidades indígenas en el departamento colombiano de Putumayo”. (Ver documento)

¿Qué responden en el PNUD?

Desde hace varias décadas, el PNUD hace presencia en Colombia con el fin de contribuir “en la búsqueda de la paz, el desarrollo y el bienestar colectivo a través de acciones, programas, iniciativas y proyectos” que giran alrededor de líneas estratégicas como desarrollo, paz y reconciliación; fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; lucha contra la pobreza y por la equidad; y energía y protección del medio ambiente.

Por ello no es extraña la presencia del PNUD en departamentos como Putumayo, donde no sólo hay una precariedad en diversas esferas sociales, sino una fuerte organización civil que propende por mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

Dado el debate generado en torno a la alianza con Geopark, este portal le consultó a la oficina del PNUD en Colombia sobre el proyecto “Sector Privado y Agenda 2030” para entender la génesis de ese acuerdo.

Al respecto, respondió que con ese proyecto se “buscaba facilitar las contribuciones del sector privado a la Agenda 2030 y la reactivación económica posterior a la pandemia Covid-19 en Colombia, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Sobre por qué la empresa Geopark aparecía como la única donante de ese proyecto, explicó que “fue la primera en suscribir un convenio para aportar al objetivo del proyecto, con el propósito de implementar una estrategia para la reactivación económica territorial en los municipios de Meta, Casanare y Putumayo”.

Y al aludir a la admisión de la denuncia ante la SECU, informó que la “la Oficina de PNUD Colombia seguirá de manera atenta todas las recomendaciones que se puedan dar en el marco del proceso, de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD”.

Por lo pronto, las comunidades indígenas del pueblo Siona y la organización campesina de Puerto Asís, en Putumayo, están a la expectativa de lo que ocurra con su denuncia y con el camino que debe recorrerse para restablecer la confianza perdida.

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