The post Muchas verdades develadas, pero falta appeared first on VerdadAbierta.com.

“Fue precisamente en el Departamento de Antioquia, como de ello da cuenta la historia judicial que lo atestigua inocultablemente, en donde emergieron con abrumadora fuerza grupos armados ilegales, autodefensas o carteles de la droga, que culminaron por adherir a diversos actores políticos y desencadenaron en bandas o combos que aún a la fecha constituyen motivo de desestabilidad social”, se lee en la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte en su decisión contra Luis Alfredo Ramos Botero.

El fallo, que tuvo como ponente al magistrado Gerson Chaverra Castro, desarrolló un amplio contexto sobre el paramilitarismo en Antioquia, para sustentar lo ocurrido con Ramos Botero, a quien lo responsabilizó penalmente de aliarse con varias estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y del crimen organizado, como la llamada ‘Oficina de Envigado’, para impulsar su campaña electoral al Senado de la República para el periodo 2002-2006 a cambio de gestiones legislativas y para la Gobernación de Antioquia entre 2008 y 2011 con el fin de que influyera en las autoridades y “los dejara trabajar”.

Con esa decisión, el alto tribunal resolvió el recurso de apelación interpuesto por el connotado político antioqueño y su defensor contra la sentencia proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el 1 de octubre de 2021, y ratificó la condena a 95 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado con el fin de promover grupos armados ilegales. (Leer más en: Luis Alfredo Ramos: “congresista amigo de las Auc”)

En su análisis, hizo un recuento de las organizaciones armadas ilegales de corte paramilitar que tuvieron incidencia en el departamento y “ejercieron poder de facto”, resaltando los bloques Central Bolívar, Metro, Cacique Nutibara, Bananero, Héroes de Tolová, Héroes de Granada, Mineros y Elmer Cárdenas.

Asimismo, referenció a la llamada ‘Oficina de Envigado’, una antigua estructura del crimen organizado con asiento en el área metropolitana del Valle de Aburrá que articula narcotraficantes y combos, “que permearon […] también el poder político local y nacional hasta nuestros días. Este es un conocimiento prolijamente documentado”.

¿Y cuál fue su impacto?

Para la Sala de Casación Penal es claro que esas organizaciones armadas ilegales tuvieron una notable influencia en el departamento de Antioquia, convirtiéndolo en uno de los más martirizados por la violencia paramilitar, que dejó una estela de sangre y miles de víctimas.

Además de ello, el alto tribunal sostuvo que las estructuras paramilitares tuvieron “un influjo […] en los procesos electorales a lo largo y ancho del departamento de Antioquia”, que fue “notable a través de mecanismos de intimidación, compra de apoyos, así como mediante la complicidad de algunos miembros integrantes de la policía, las Fuerzas Militares y líderes políticos”.

Citando varias decisiones condenatorias contra otros congresistas, expuso que las organizaciones paramilitares, además de fusionarse “en determinados escenarios, con las fuerzas militares del Estado y con el narcotráfico”, también hicieron lo propio “con autoridades públicas del orden local, regional y nacional”.

De esa manera, insistió, influyeron “en forma preponderante en procesos electorales, mediante el apoyo directo o indirecto a aquellos candidatos afines a sus propósitos e intereses, a través de la compra de votos, propaganda, soborno a funcionarios, financiación subrepticia de campañas políticas [y] prácticas indebidas de presión a electores que llevaban implícita la mediación de pactos corruptos”.

Para sustentar esas afirmaciones, la magistratura también se respaldó en las declaraciones de los otrora jefes paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’: Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’; Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’; Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’; Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’; Hebert Veloza, alias ‘HH’; y Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’.

El fallo hace referencia a dos testimonios dados por alias ‘Don Berna’ el 1 de agosto de 2013 y el 26 de febrero de2014 desde su sitio de reclusión en Estados Unidos, a donde fue extraditado en mayo de 2008 junto a un grupo de antiguos jefes de estructuras paramilitares ligadas a las Auc. Para el alto tribunal no hay “margen a dudas, que dentro del ámbito de influencia de los paramilitares no existía oportunidad de que un candidato a elecciones lo fuera sin su beneplácito”.

De lo dicho por alias ‘Don Berna’ la Sala de Casación infirió que tanto el municipio de Medellín como el de Bello “estuvieron bajo el absoluto control de la Oficina de Envigado” y con relación a la capital antioqueña “aseguró que todos los políticos de Medellín de alguna manera u otra tenían relación con ellos, toda vez que había barrios a los que no se podía acceder sin su autorización”.

Si bien la sentencia precisó que los apoyos políticos no son en sí delictivos, lo ilícito se adquiere cuando “se ofrece por un grupo armado que controla y tiene poder general en un sector de potenciales electores” y, especialmente, cuando “el acceso a zonas determinadas de población o para hacer política, sólo era posible si el grupo armado lo permitía, o en todo caso con su aquiescencia”.

Aparece fachada

Un especial interés quedó evidenciado en el fallo condenatorio sobre la Corporación Democracia, organización no gubernamental creada en Medellín el 16 de enero de 2004 por desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara a la que luego se acogieron los reinsertados del Bloque Héroes de Granada, alcanzando cerca de 4 mil asociados. Ambas estructuras criminales, así como esa institución, seguían las directrices de alias ‘Don Berna’.

De acuerdo con el documento de constitución, esta corporación se creó con el objetivo de fortalecer social y económicamente el proceso de reincorporación de los exparamilitares desmovilizados bajo los acuerdos con el Estado colombiano, permitiéndole gestionar contratos, acuerdos y convenios con entidades públicas y privadas.

Su origen se gestó el 10 de diciembre de 2002 con la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y los reincorporados del Bloque Cacique de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ese documento fue rubricado por Fabio Acevedo Monsalve, Giovanni Marín y Jaime Oviedo Ávila, como miembros representantes de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara; el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo por el gobierno nacional; y como testigos, Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín (2000-2003); y Sergio Fajardo, alcalde electo (2004-2007).

Según estableció este documento, “el Gobierno Nacional reconoce a la organización no gubernamental denominada Corporación Democracia como la organización representante de los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara, con quien se mantendrá una interlocución permanente para el seguimiento, desarrollo y apoyo del proceso de reincorporación”.

No obstante, su trabajo y presencia en los barrios de Medellín fue cuestionada no sólo por las comunidades, sino por organizaciones defensoras de derechos humanos que veían en esa corporación una estrategia para mantener la hegemonía que lograron con el brazalete de las Auc.

Casi dos décadas después, la Sala de Casación Penal de la Corte retomó ese tema para reiterar que “la Corporación Democracia fue una fachada de la ‘Oficina de Envigado’” a través de la cual “se manejaban por igual los apoyos económicos y de otra clase a políticos, pero también se daban órdenes para la ejecución de actividades criminales y se proveían armas”.

Al cuerpo directivo de esa corporación pertenecieron dos antiguos miembros de la llamada ‘Oficina de Envigado’: Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, y Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’. Ambos le pusieron la impronta de esa organización criminal y fortalecieron sus prácticas ilegales. El primero fue desaparecido en 2006 y su cuerpo jamás hallado; y el segundo se entregó en 2008 a las autoridades norteamericanas para responder por delitos asociados al tráfico de drogas.

Esa caracterización de la Sala Penal de la Corte coincidió con la expuesta en abril de 2009 por la Fiscal 14 especializada de Bogotá, Berta Cecilia Díaz Neira. Durante la legalización de la captura e imputación de cargos ante un juez de garantías de José Leonardo Muñoz Martínez, conocido con el alias de ‘Douglas’, quien estaba al frente de la llamada ‘Oficina de Envigado’ en reemplazo de alias ‘Rogelio’, aseveró que la Corporación Democracia “era el brazo político” de esa estructura criminal.

Lo particular de este caso es que el primer presidente de esa corporación y su rostro más visible, Jovani Marín Zapata, nunca fue judicializado y desapareció de cualquier escenario público de reincorporación de las Auc. (Leer más en: El ocaso de la Corporación Democracia)

Detalles de la condena

Ramos Botero no es una figura marginal de la política antioqueña; por el contrario, es uno de sus más connotados representantes. Surgido de la empresa privada bajo el padrinazgo de Augusto López Valencia en Cervecería Unión, fue elegido para la Cámara de Representantes durante los períodos 1982-1986 y 1986-1990, así como al Senado de la República en los períodos 1990-1994 y 2002-2006.

Alternó los cargos de congresista con el de Alcalde de Medellín entre 1992 y 1994; Embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos entre 1998 y 2001; y Gobernador de Antioquia de 2008 a 2011.

Forjado políticamente en el Partido Conservador, creó su propio movimiento, llamado Equipo Colombia, impulsado por su figura y representatividad. Sus logros electorales al Senado de la República para el periodo 2002-2006 fueron destacables: obtuvo la mayor votación para esa corporación legislativa (217.952 votos) y con ello tres escaños (el suyo y el de Gabriel Ignacio Zapata Correa y Jaime Bravo Mota).

Adicional a ello, adhirió su movimiento a la campaña por la Presidencia de la República del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, quien a la postre ganó en primera vuelta para el periodo 2002-2006.

El éxito electoral de Ramos Botero se refrendó en las elecciones legislativas de 2006. Tras la fusión con el grupo orientado por el cacique político del Cesar Álvaro Araujo, crearon el movimiento ALAS-Equipo Colombia, obteniendo 418.124 votos y cinco escaños en el Senado de la República. Además, consolidaron su apoyo a la reelección de Uribe Vélez (2006-2010).

El político antioqueño renunció a su curul en 2007 y se candidatizó para la Gobernación de Antioquia para el periodo 2008-2011, ganando con solvencia: obtuvo 848.031 votos.

Lo que se vendría a saber después, con la comparecencia de varios exjefes paramilitares y narcotraficantes ante tribunales de justicia transicional, es que por varios años apoyaron económicamente las aspiraciones de Ramos Botero al Congreso de la Republica y a la Gobernación de Antioquia.

Al revisar la apelación de su caso, la Sala de Casación Penal de la Corte concluyó que, efectivamente, Ramos Botero se concertó con varias estructuras de las AUC y dándole validez a los testimonios en su contra, determinó que “se logró conocer que en forma directa o indirecta se produjeron apoyos personales o a sus campañas políticas por ser considerado afín a su causa”.

En su decisión, consignada en un documento de 154 páginas y divulgada el pasado miércoles, esta alta instancia judicial abordó dos temas centrales con respecto a Ramos Botero: los apoyos económicos brindados para financiar sus campañas políticas; y el respaldo que este cacique político le dio en el Senado de la República al trámite de una ley de alternatividad penal que les daría estatus político a los paramilitares, lo que les garantizaría un alto nivel de impunidad por los crímenes cometidos

Dinero ilegal

El alto tribunal consolidó información a partir de testimonios de exparamilitares y narcotraficantes sobre los aportes económicos a las campañas de Ramos Botero. Una de las primeras declaraciones la rindió en mayo de 2007 José Raúl Mira Vélez, quien integró el Bloque Metro desde los 13 años de edad.

Aseveró en una declaración que esa estructura armada ilegal, que consolidó un ‘cartel de la gasolina’, hurtando hidrocarburos de las tuberías de Ecopetrol en el Nordeste antioqueño, sostuvo contactos con el político desde finales del año 2000 hasta el 2003.

Mira Vélez aseguró que los acuerdos con Ramos Botero consistieron en intercambiar apoyo económico, razón por la cual le habrían entregado 500 millones de pesos y le ofrecieron “actividades de persuasión a electores”, para que, según la Corte, “las bandas o combos criminales (como La Terraza y La Pachelly) siguieran operando de manera ordenada en Medellín a efecto de limpiar la ciudad”.

Otro de los testimonios contra Ramos Botero fue el entregado a las autoridades judiciales por el exparamilitar y narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido en el mundo criminal con el alias de ‘El Tuso Sierra’, oriundo del municipio de Andes, suroeste antiqueño.

En una declaración dada en junio de 2010 desde su sitio de reclusión en Estados Unidos, donde purgaba en ese momento una condena por delitos asociados al narcotráfico, aseveró que aportó diez millones de pesos a la campaña de Ramos Botero a través de un hombre de confianza de ambos: Francisco Zapata Ospina, un antiguo funcionario de la Gobernación de Antioquia y exdiputado a la Asamblea de Antioquia por el movimiento Equipo Colombia. Ese testimonio fue ratificado en mayo de 2011.

En el proceso, la Sala de Casación Penal también le dio crédito a un testigo, Andrés Vélez Franco, quien detalló en versión entregada a fiscales y jueces en junio de 2011 y enero de 2015 que Ramos Botero hacía parte de una lista de políticos cercanos a las Auc que había que apoyar y que, efectivamente, uno de los aportes lo habría dado el entonces jefe paramilitar Miguel Arroyave, del Bloque Centauros, que operó en los Llanos Orientales.

“Estamos hablando antes de las elecciones y a Luis Alfredo Ramos, digamos el interés de Arroyave en Luis Alfredo Ramos era superior al de cualquier otro político, pues ya sabían que iba a ser senador y presidente del Senado. Recuerde que él fue el Presidente del Senado en el 2002. Eso ya estaba cocinado”, declaró Vélez Franco.

Si bien la defensa del cacique político antioqueño reiteró que “ningún dinero ilegal ingresó al partido político o a la campaña de Ramos Botero” y planteó como prueba la cotejación con los libros de contabilidad y los testimonios de quienes tuvieron a cargo la responsabilidad de llevar esas cuentas, la Sala de Casación Penal de la Corte estableció que se “parte de una premisa carente de una seria y válida ponderación, pues evidentemente ningún dinero ilegal es reportado en los libros con los que se pretende formalizar ante el Consejo Nacional Electoral los gastos de una campaña”.

¿Y qué se pretendía con esos apoyos? Franco Vélez fue claro en su declaración: “Todo este apoyo a estos políticos tenía un objetivo, esto me lo dijo Arroyave, que en la Ley de Justicia y Paz se diera el delito político, de sedición”.

Ley favorable

Con la llegada de Uribe Vélez a la Presidencia el 7 agosto de 2002, los entonces jefes paramilitares de las Auc comenzaron a pensar en acuerdos políticos para ponerle fin a la confrontación con las guerrillas y al desangre de las comunidades, y acogerse a un plan de reincorporación de sus integrantes a la vida legal.

Para ello requerían una legislación favorable que, entre otras cosas, les garantizara, además del delito de sedición, la no extradición a Estados Unidos para que respondieran por delitos asociados al tráfico de drogas, pues sobre varios de los jefes de las Auc pesaban peticiones del gobierno norteamericano.

El trámite de una ley bajo esas condiciones requería de todos aquellos senadores y representantes a la Cámara que recibieron apoyo de esa organización paramilitar, entre ellos, según el alto tribunal, Ramos Botero. Para hablar del tema, se reunió con varios jefes paramilitares en una finca de zona rural del municipio de Bello, de propiedad de Hugo Albeiro Quintero, un empresario del transporte público de pasajeros que fue procesado por sus nexos con grupos armados ilegales.

De acuerdo con varios testimonios, en ese encuentro, realizado en los primeros meses del año 2005, se discutió con Ramos Botero el trámite de la ley que crearía las condiciones normativas para enfrentarse a la justicia y lograr un alto nivel de impunidad y que ese momento estaba siendo discutida en el Congreso.

Después de muchas discusiones, finalmente se aprobó el proyecto que dio origen la Ley 975, expedida el 25 de julio de 2005. En su articulado se incluyó, como lo habían sugerido los jefes paramilitares, el delito de sedición, y la extradición sólo sería aplicable para aquellos que continuaran delinquiendo.

No obstante, en su revisión, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo que contenía el reconocimiento a los paramilitares como sediciosos “por vicios de procedimiento en su formación”, según la Sentencia C-370/06, proferida el 18 de mayo de 2006.

Para la Sala de Casación Penal de la Corte, aquella reunión en zona rural del municipio de Bello fue “un acto secreto, furtivo, indudablemente clandestino e ilegal, sólo explicable por supuesto por la índole de los sujetos, el momento y el objetivo que entrañaba; esto es, dirigido a promover a los integrantes de esa delincuencia organizada, concediéndoles un reconocimiento y un status que no podían tener, por las actividades al margen de la ley a las que se dedicaban”.

La decisión contra Ramos Botero se suma a once sanciones penales proferidas contra políticos antioqueños entre los años 2007 (cuando se dictó la primera sentencia) y abril de 2022. Los fallos condenatorios cobijan a los congresistas Rocío Arias Hoyos; Humberto de Jesús Builes Correa; Rubén Darío Quintero Villada; Ramon Antonio Valencia Duque; Mario Uribe Escobar; Cesar Augusto Andrade Moreno; Jesús Enrique Doval Urango; Manuel Darío Ávila Peralta; Etanislao Ortiz Lara; Oscar de Jesús Suarez Mira; y Guillermo León Gaviria Zapata.

A instancias internacionales

La revisión de su expediente permite establecer que tuvo todas las garantías procesales, pues fue juzgado bajo la doble instancia de juzgamiento, creada a partir del Acto Legislativo 01 de enero de 2018, mediante el cual se estableció que el primer juez para los aforados es la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte y la apelación quedaba bajo la tutela de la Sala de Casación Penal del alto tribunal, cuya decisión es de segunda instancia y definitiva.

Hasta antes de esa modificación, los fallos contra los llamados ‘parapolíticos’ eran de única instancia e inapelables, lo que generó un fuerte debate internacional que terminó con la adopción de cambios constitucionales para ofrecer mejores garantías procesales a los imputados.

Pese a ello, Botero Ramos considera que es un “perseguido político” y a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados rechazó el fallo de la Corte indicando que “se han violentado y cercenado todas sus garantías judiciales internacionalmente reconocidas”, argumentando, entre otros aspectos, que el alto tribunal hubiese permitido que se “filtrara a los medios de comunicación proyectos no discutidos de sentencias condenatorias”, lo que habría ocasionado que se le vulneraran sus “derechos fundamentales al debido proceso y la presunción de inocencia”.

El político y sus abogados reiteraron que el proceso se basó en testimonios de personas que “se encuentran imputadas por la Fiscalía por el delito de Falso Testimonio y que hacen parte de un carrusel de falsos testigos”. Cabe destacar que dos de los testigos fueron asesinados: Carlos Enrique Areiza Arango y José Raúl Mira Vélez.

Finalmente, esa firma de abogados informó a través de su cuenta en la red social Twitter que acudirán “a todas las instancias nacionales e internacionales necesarias” para exponer lo que calificaron de “injusta condena”.

Más allá de las reacciones de Ramos Botero y sus defensores, la Corte Suprema de Justicia impuso nuevamente la tesis de que este tipo de alianzas, como las que pactó el político antioqueño para obtener beneficios electorales a cambio de trámites legislativos favorables a la causa paramilitar, “refleja como correlato de su parte, el patrocinio, impulso o promoción de la organización, pues como ha quedado en claro, dicha connivencia terminó necesariamente fortaleciendo, consolidando y afianzando la estructura ilegal”.

The post “Influjo de paramilitares en procesos electorales en Antioquia fue notable” appeared first on VerdadAbierta.com.

El afán del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) de lograr a través de sus influencias políticas una ley que les reconociera estatus político y no pagaran ni un día de cárcel los llevó a buscar “congresistas amigos” y en ese camino se encontraron con el exsenador de la República y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.

Los detalles de esas relaciones fueron explicados en la sentencia proferida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, contra Ramos Botero, mediante la cual lo condenó a siete años y nueve meses de prisión por el delito de concierto para delinquir con finalidad de promover grupos armados ilegales.

Teniendo en cuenta testimonios de exparamilitares y de exmilitares, la Corte concluyó que esa relación de “amistad” de Ramos con las Auc se construyó a comienzos del siglo XXI, cuando expresó su interés por participar en la campaña al Senado; se consolidó cuando alcanzó la curul con una amplia votación; y continuó en su carrera a la Gobernación de Antioquia en el 2007, siendo elegido en las urnas para ocupar el primer cargo del departamento durante el periodo 2008-2011.

Ramos, formado en Derecho, es un líder político surgido del seno del Partido Conservador en su natal municipio, Sonsón. Su carrera comenzó muy joven, como concejal de su pueblo en la década del setenta y gracias a sus habilidades y contactos llegó a ser diputado de Antioquia (1974-1976), Contralor General de Antioquia (1976-1978) y Secretario de Hacienda de Medellín (1978-1980).

De manera paralela a su curul como Representante a la Cámara por Antioquia (1982-1990), ocupó, durante una década (1980-1990), el cargo de Secretario General de Cervecería Unión, una filial de Bavaria y la productora de la famosa cerveza Pilsen.

Su pulsión política lo llevó a presentar su nombre para las elecciones al Senado de la República, donde ocupó una curul entre 1990 y 1991, para luego postularse como candidato a la Alcaldía de Medellín, elecciones que ganó ocupando ese cargo entre 1992-1994.

En la hoja de vida de Ramos Botero aparece que fue Ministro de Comercio Exterior en 1996, durante el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998); y Embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos en el gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002).

Luego volvió a la contienda electoral y se presentó a las elecciones para el Senado de la República en 2001, resultando elegido para el periodo 2002-2006 y luego de terminar su periodo en el Legislativo, arrancó su carrera para la Gobernación de Antioquia, ganando ese proceso electoral para el periodo 2008-2011.

Los entendidos en política le reconocen a Ramos Botero su habilidad para trabajar y congraciarse con los electores. De hecho, nunca perdió una contienda electoral. Ganó en todas aquellas a las que se presentó y antes de que fuera vinculado al proceso penal que acabó en una sentencia en primera instancia, se perfilaba como uno de los más fuertes candidatos presidenciales avalado por el partido Centro Democrático.

Los malos pasos

Según se desprende de la sentencia proferida por la Corte, basada en testimonios de exintegrantes de las Auc y del Ejército Nacional, las alianzas de Ramos Botero con altos mandos de ese grupo armado ilegal habrían iniciado a comienzos del nuevo siglo, cuando esa estructura criminal consolidó su presencia armada y política en varias regiones del país.

En lo que respecta a Antioquia, la presencia de las Auc era notable en todo el departamento, tanto en áreas rurales como urbanas. Se trataba, según han dicho varios de los exjefes paramilitares ante estrados judiciales, de contrarrestar el dominio de las guerrillas e imponer un orden contrainsurgente.

Para comienzos de la década del dos mil, operaban en este departamento los bloques Metro, Cacique Nutibara, Minero, Bananero, Elmer Cárdenas y el Central Bolívar, entre otros. Estructuras que no sólo tenían un dispositivo militar, también contaban con células políticas encargadas de las alianzas locales, regionales y nacionales.

Según los testimonios escuchados durante el juicio, los primeros nexos del político antioqueño con las Auc se dieron a través del llamado ‘Cartel de la Gasolina’, integrado por hombres del Bloque Metro, comandado por el exparamilitar Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doblecero’. Por varios años, extrajeron el combustible de los poliductos que cruzaban por el nordeste antioqueño, donde tenían su base de operaciones.

El exparamilitar José Raúl Mira Vélez, testigo en este proceso, le explicó a la Corte que entre los años 2000 y 2003, Ramos Botero “tuvo vínculos con el Bloque Metro y el cartel de la gasolina, con quienes realizó acuerdos consistentes en que se comprometía a permitir que las […] bandas o combos trabajaran de manera organizada en Medellín y Bello sin oposición de la fuerza pública, a cambio de que se le consiguieran votos y financiaran sus campañas”.

Los acuerdos en ese sentido se habrían sellado durante una reunión sostenida a finales de 2000 en un reconocido centro comercial de la capital antioqueña entre Ramos Botero, integrantes del Bloque Metro y “un general (de la Policía) de apellido Carrillo”.

De acuerdo con Mira Vélez, en ese encuentro se pactó organizar “a todos los combos de Medellín […] y enseñarles un entrenamiento militar, formarlos y entregarles y colaborarles con una fusilería que no era tan buena que se les dio, pero se organizaron esos muchachos”. Esas instrucciones las habría dado el oficial de Policía.

¿Y quién era el “general Carrillo”? Si bien la información no es muy precisa, se trataría del entonces coronel Rubén Darío Carrillo Vanegas, quien estuvo en la comandancia del Departamento de Policía Antioquia entre finales de 1998 y junio de 2000, cuando fue relevado de ese cargo y trasladado a Bogotá, donde ocupó varios cargos. Luego, en noviembre de 2003, fue designado como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El testigo también hizo referencia en sus declaraciones a las alianzas electorales de Ramos Botero con el Bloque Metro y detalló que los apoyos, al parecer también económicos, fueron brindados por los exparamilitares John Jairo Franco, alias ‘Jota’, y César Gómez Giraldo, alias ‘El Panadero’, quien estaba a cargo de la extracción de gasolina en la zona de San Roque, nordeste de Antioquia.

Mira Vélez, un exparamilitar que trajinó por varias estructuras de las Auc y que se entregó en 2006 a las autoridades en la ciudad de Cúcuta, fue clave en este proceso y otros más que involucraron a políticos de los departamentos de Meta y Casanare con esa organización paramilitar, fue asesinado en Bogotá el 17 de mayo de 2008, donde residía en una casa dispuesta para protección de testigos.

La credibilidad que le dio la Corte al testimonio de Mira Vélez fue respaldada en otro testigo, Carlos Enrique Areiza, un policía retirado que trabajó para Albeiro Quintero, un reconocido empresario del transporte en el municipio de Bello, norte del área metropolitana, y uno de los aliados de las Auc en Antioquia.

Areiza le dijo al alto tribunal que había presenciado varias reuniones entre jefes paramilitares con narcotraficantes, empresarios, políticos antioqueños y miembros activos y e inactivos de la Policía y el Ejército. En varias de ellas, realizadas entre los años 2001 y 2002 en uno de los predios rurales de Quintero en el municipio de Bello en las que habría participado Vicente Castaño, el poder detrás de las Auc, “con el propósito [de] apoyar la campaña” de Ramos Botero al Senado de la República.

En entrevista para este portal, Areiza afirmó haber conocido a Ramos, ya que le pidió dinero para borrar un video el cual dejaba en evidencia las reuniones del exgobernador y los exjefes paramilitares.

“Le dije: ‘Vea, yo vengo acá porque existe un video y nosotros lo grabamos en esas reuniones’. Y el man me dijo: ‘¿Y usted lo tiene?’. Sí, yo lo tengo. ‘Ah bueno, ¿y qué necesita?’. No, pues qué me ofrece. ‘Ah, que le doy tanto por mirarlo a ver qué es lo que tiene’. Le dije: Muéstreme a ver. Y me dio cuatro millones de pesos. Me dijo: ‘Y si me lo trae, le doy 400 más’. Yo: Listo, voy a hablar con la otra persona para ver qué hacemos”, contó.

Este testigo también fue asesinado el 14 de abril de 2018 mientras gozaba de su libertad desde febrero de ese año luego de pagar condena por extorsión agravada. Los hechos ocurrieron en Medellín, cuando sicarios atentaron en su contra mientras visitaba un centro comercial de la ciudad. En una entrevista concedida a este portal en 2013, reconoció que estaba amenazado y, de alguna manera, sabía que lo iban a matar. (Leer más en: Carlos Areiza sabía que lo iban a matar)

La reunión más cuestionada por la Corte ocurriría a comienzos de 2005 en una finca del empresario Quintero en Bello, cuando Ramos Botero, en su condición de Senador de la República, se encontró con varios jefes paramilitares con el fin de hablar de los avances de la ley que les abriría el camino para su comparecencia ante la justicia. En aquella cita estuvo acompañado por los entonces congresistas Óscar Suárez Mira, Óscar Arboleda Palacio y Manuel Ramiro Velásquez, afines al Partido Conservador en la línea del movimiento Alas-Equipo Colombia.

Asistieron por parte de la Auc, Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’; Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar¡; y Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’.

El objetivo de este encuentro, según la Corte, “fue que Duque Gaviria transmitiera el mensaje remitido por Vicente Castaño, a quienes consideraba sus amigos, el aforado [Ramos Botero] y Oscar Suárez, para que colaboraran con sus gestiones en el Congreso de la República para que la ley de justicia y paz se expidiera acorde a sus intereses”.

Ramos Botero admitió que asistió a esa reunión, pero aclaró que fue a finales de 2004 y que se reunió con Duque Gaviria, quien para esa época fungía como representante de las Auc reconocido por el gobierno nacional, razón por la cual no estaba en la ilegalidad y podía movilizarse por todo el país, sin problema alguno.

“Además -reseña la Corte-, sostuvo que compareció como simple invitado y manifestó que los paramilitares debían acogerse a lo decidido por el gobierno nacional y cumplir con la institucionalidad. Aceptó carecer de autorización del Gobierno para asistir, aduciendo que por su fuero como Senador interesado en saber lo que pasaba con la desmovilización, que fue el tema ventilado, podía estar allí. Desechó que en la reunión se hubiese celebrado algún acuerdo”.

Varios testimonios, incluido el del congresista Arboleda Palacio, precisaron que la reunión se realizó en abril o mayo de 2005, controvirtiendo así a Ramos Botero y estableciendo que ese encuentro se dio en medio de las discusiones en el legislativo de la Ley de Justicia y Paz, a través de la cual se juzgarían a los paramilitares desmovilizados bajo los acuerdos alcanzados en julio de 2003 entre las Auc y el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

“Para la Sala es claro que al encuentro fueron convocados los amigos y allegados de la organización paramilitar, por la preocupación que tenía de que el texto de la ley los favoreciera”, se lee en la sentencia.

Los jefes paramilitares buscaban que en la nueva ley recibieran tratamiento de sediciosos, lo que les daba un carácter político y, de esa manera, podrían librarse de pagar cárcel. De acuerdo con la versión que entregó Duque Gaviria a la Corte, “fue el mismo Vicente Castaño quien refirió que los doctores Luis Alfredo Ramos y Oscar Suárez eran amigos suyos y estarían dispuestos a colaborar, a escuchar y hacer algún acuerdo”.

Y efectivamente, la norma aprobada en julio de 2005, conocida como Ley 975, o de Justicia y Paz, incluyó dos beneficios: de un lado, la rebaja de paz; y de otro, la equiparación del delito de concierto para delinquir al delito de sedición, “es decir homologando un delito común a un delito político”.

Sometida a control de constitucionalidad, la Corte Constitucional declaró inexequibles los dos artículos que incluían esos beneficios mediante la sentencia C-370, proferida el 18 de mayo de 2006, tras consideran que se habían cometido errores de procedimiento por cuanto se habrían introducido de manera irregular en su trámite legislativo.

Tras valorar las pruebas, la Corte reiteró que “los hechos demostrados sobre el origen y objeto de la reunión, la escogencia del procesado para asistir a la misma, dada su condición de congresista amigo de las Auc y los señalamientos de integrantes de las autodefensas sobre apoyos previos, así como su cercanía con algunos dirigentes de la organización al margen de la ley confluyen para estructurar la asociación para delinquir”, concluyó el alto tribunal.

“Dineros sucios”

De acuerdo con las pruebas allegadas a la Corte, esa amistad de Ramos Botero con sectores de la ilegalidad vinculados con las Auc se habría forjado a finales de la década de los años noventa, cuando, según las evidencias, recibió los primeros aportes en dinero para su campaña.

La sentencia detalla que uno de los primeros aportes fue el narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como ‘El Tuso Sierra’, quien le habría dado al político antioqueño 10 millones de pesos para fondear su actividad electoral de cara a los comicios de 2001.

Otro de los aportantes fue el entonces jefe paramilitar de los llanos orientales Miguel Arroyave, alias ‘El Químico’ o ‘El Arcángel’, quien comandó el Bloque Centauros de las Auc. Según el expediente, aportó 800 millones de pesos a la campaña de Ramos Botero.

Al respecto de esos aportes, la Corte reiteró que “[…] el procesado no fue un instrumento utilizado por otras personas para la obtención de los fines que tanto él como las organizaciones paramilitares perseguían, fueron actos planeados que se gestaron a través de distintas reuniones consolidadas durante varios años a partir de 2001 conforme lo dieron a conocer los testigos de cargo analizados”.

Ramos encabezó la lista del extinto partido político Alas-Equipo Colombia para las elecciones celebradas el 10 de marzo de 2002. Sus resultados fueron contundentes: obtuvo 217.952 votos, el más alto en esa contienda electoral. Una vez concluyó su periodo legislativo, se presentó a las elecciones regionales y ganó la Gobernación de Antioquia con 836.526 votos.

En una reflexión adicional, el alto tribunal determinó que “la valoración conjunta de los medios de prueba efectuada, evidencia sin lugar a dudas los acuerdos a los que llegó el acusado con comandantes de grupos de autodefensa, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado de la República y a la Gobernación de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como ocurrió cuando se desempeñó como Senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007”.

Al igual que Ramos Botero, otros congresistas del movimiento Alas-Equipo Colombia fueron procesados y condenados por sus nexos con las Auc. Se trata de Óscar Suárez Mira, Óscar Arboleda Palacio y Álvaro Araujo Castro. (Leer más en: Círculo político de Alfredo Ramos se cierra aún más por la ‘parapolítica’)

Investigaciones adelantadas por este portal arrojan que por lo menos 96 congresistas, entre Senadores y Representantes a la Cámara han sido condenados entre 2007 y 2021 por sus nexos con las Auc. Unos y otros sacaron provecho político y económico de esas relaciones.

Justicia lenta

El proceso contra Ramos Botero ha sido uno de los más lentos en resolverse en la Corte Suprema de Justicia dentro del fenómeno de la llamada ‘parapolítica’. Le tomó poco más de una década cerrar este proceso, que apenas surtió la decisión en primera instancia.

La investigación contra el exsenador y exgobernador antioqueño se originó en las declaraciones entregadas por alias ‘El Tuso Sierra’ a la Fiscalía de Justicia y Paz en las que señaló a varios políticos de contar con el respaldo político y económico de las Auc. (Leer más en: Luis Alfredo Ramos investigado por ´parapolítica’)

Con base esas declaraciones y las de otros testigos, la Corte abrió el expediente contra Ramos Botero el 1 de febrero de 2011, iniciando la investigación previa, y el 27 de agosto de 2013, ordenó su apertura formal y emitió orden de captura en su contra para que respondiera por el deliro de concierto para delinquir agravado. Desde esa época, la defensa de Ramos Botero ha señalado a los testigos de cambiar sus versiones y organizar un montaje en contra de su apoderado.

La orden de detención truncó la precandidatura a la Presidencia de la República avalada por el partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que buscaba competir en la contienda electoral contra la reelección del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), que terminó ganando las elecciones.

Ramos Botero recobró su libertad el 23 de noviembre de 2016 cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento y ordenó su libertad, bajo el argumento de “que la conducta procesal que ha revelado Ramos Botero, no permite inferir que exista riesgo de que evada la justicia estando en libertad, dado que siempre ha evidenciado respeto por la actuación y la autoridad judicial que adelanta la misma”.

El proceso de juzgamiento tuvo un traspiés a comienzos de 2018, cuando un noticiero de televisión reveló el sentido del fallo que se había proyectado en este caso, que para ese momento era condenatorio. Ramos Botero cuestionó esa filtración e instauró una acción de tutela argumentando que su derecho al buen nombre había sido vulnerado.

Esa situación coincidió con la reforma a la justicia que creó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, una medida que surgió del intenso debate alrededor del caso del exministro Andrés Felipe Arias, quien fue condenado por ese alto tribunal en una única instancia, así como muchos otros políticos aforados.

El caso quedó en manos del magistrado Ariel Augusto Torres Rojas. Y ocurrió de nuevo: la ponencia de fallo condenatorio se filtró nuevamente a los medios de comunicación y Ramos Botero utilizó el mismo mecanismo para desestimar el proceso: la tutela. Mediante ese recurso, solicitó quitarle el caso a este togado.

No obstante, la medida finalmente no prosperó y el caso continuó en el despacho de Torres Rojas, quien sentenció, en primera instancia, al político antioqueño a 95 meses de prisión y le impuso una sanción de inhabilidad vitalicia en cualquier cargo público. Además, deberá pagar una multa por más de 7 mil millones de pesos. Y, en cuanto a su detención, se especifica que “no son procedentes la condena de ejecución condicional ni la prisión domiciliaria”.

Ante la decisión, Ramos Botero insistió en su inocencia a través de un video divulgado en la red social Twitter, dijo ser víctima de “falsos testigos” y anunció la apelación a la sentencia en su contra, lo que abrirá una nueva puerta en este prolongado caso que ajusta ya una década sin poderse definir plenamente.

Foto de portada tomada de la cuenta de Twitter del exsenador y exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero.

The post Luis Alfredo Ramos: “congresista amigo de las Auc” appeared first on VerdadAbierta.com.

Artículo cedido por Priscila Zúñiga y César Molinares, de 360-grados.co

A pocos meses de que regrese al país el exjefe paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo, después de haber cumplido en Estados Unidos su condena por delitos asociados al narcotráfico, se hace evidente con la divulgación de un video de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como ‘los Pachenca’, que este grupo intenta mostrarse activo y que sus hombres tienen bajo su  dominio esta región del norte del país, que, tradicionalmente, fue controlada por ‘El Patrón’. (Ver video)

En el comunicado, ‘los Pachenca’ no solo aseguran que tienen el dominio sobre la Sierra, sino sobre otras zonas a través de frentes en La Guajira (‘Renacer’), Barranquilla (‘Metro’), Santa Marta (‘Urbano Cacique’) y en la Zona Bananera (‘Bananeros’); además, reafirman que tienen el control de la Sierra a través del comando ‘Cóndor de la Sierra’.

Como una muletilla, insisten en que son el reflejo del abandono del Estado y el producto de la complicidad y el entrenamiento de la Fuerza Pública. “Somos soldados campesinos preparados por las fuerzas del Estado”, dice el vocero del grupo armado ilegal en un aparte del video.

También se reconocen como empresa y, a la vez, como organización. Hacen un recuento de las necesidades de la región, señalando que la falta de oportunidades hace que cada día se engrose más las filas de su organización criminal, pero descartan que estén reclutando menores, una práctica que era habitual cuando Giraldo lideraba en la Sierra su grupo armado ilegal.

Además, intentan dar la impresión que tienen unidad y estructura de mando, en la que hay dos cabezas, un primer y un segundo comandante militar  (que no se identifican), que sucedieron en el mando a Jesús María Aguirre, alias ‘Chucho Mercancía’, muerto el 17 de junio de 2019, y a Deimer Patiño Giraldo, alias ’80’, abatido el 16 en junio de este año, durante operativos adelantados por agentes antinarcóticos de la Policía Nacional.

A pesar del recuento que hacen de sus comandantes en su pronunciamiento, nunca mencionan a Norberto Quiroga Poveda, alias ‘Beto’ o ’55’, recientemente capturado en Barranquilla y a quien las autoridades le atribuyen estar al mando de las Acsn.

Alias ’55’, un antiguo paramilitar del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ha sido señalado por fuentes de inteligencia como el responsable del negocio del narcotráfico, pero su omisión en el video-comunicado de las Acns estaría relacionada con la intención de desmarcarse del tema narco.

¿Sometimiento?

‘Los Pachenca’ anunciaron, además, que están dispuestos a someterse a la justicia colombiana y solicitan al presidente de la República, Iván Duque, que nombre una comisión para entregarle las pruebas de las denuncias expuestas en el video. Pero ese ofrecimiento tiene una condición: que se contemple e incluya a todos los miembros de la organización que están presos.

Esta propuesta es similar a la que intentaron en 2018 las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2018), que impulsó una ley que serviría como marco jurídico para su desmovilización y que finalmente no tuvo luz verde. Ahora, el gobierno de Duque ha establecido una política de desmovilización individual que difiere con la propuesta por las autodefensas de la Sierra Nevada.

En su mensaje, confirman que, como ocurrió en el pasado, el principal motor del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta es el narcotráfico, y que ellos sólo controlan una parte de las rutas y la zona, que disputan con otros grupos de narcos que también tienen presencia o apoyo militar en la región.

Pero también dejan en evidencia que han retrocedido de zonas de los departamentos de Cesar y Bolívar, donde, según informes de la Defensoría y de inteligencia de la Fuerza Pública, intentaron competirle el control de las rutas del narcotráfico a los ‘gaitanistas’.

En este sentido, tratan de desmarcarse de las sindicaciones de las autoridades que los han señalado como uno de los principales carteles del narcotráfico en la Costa Caribe, y resaltan que solo se limitan a garantizar la seguridad del tránsito de la mercancía, sobre lo que -paradójicamente- no ofrecen mayor información.

Las Acsn reducen el tema a que gran parte de su fortaleza se debe a que mantienen vínculos con narcos, de los que dicen pagan peajes por la utilización de vías principales, pero eluden hablar de la producción y de los embarques; además, confirman los nexos con empresarios y políticos, y aseguran que obligaron a comerciantes del mercado y a los habitantes de las zonas como Guachaca a votar masivamente a la Alcaldía por el entonces candidato Carlos Caicedo en 2011.

Se desmarcan de la antigua práctica impuesta por alias ‘Chucho Mercancía’, señalado como el responsable de financiar el grupo a través de la extorsión, recalcando que con la llegada al mando de alias ’80’ a la jefatura de las Acsn, ese mecanismo de recaudo de dinero fue proscrito, como lo han dejado ver en panfletos que han repartido en la Troncal del Caribe y en Santa Marta. También afirman que no asesinan.

Sin embargo, en Santa Marta, durante lo corrido de este año, se han cometido 90 homicidios, a los que en diferentes oportunidades las autoridades señalan como responsables a ‘los Pachenca’, en particular, aquellos de miembros asesinados acabando de salir de la cárcel. O el atentado que tuvo lugar en una avenida principal de la capital samaria, donde fueron acribillados tres personas pertenecientes a la estructura de Elkin Javier López, alias ‘La Silla’, que hizo rememorar a los  samarios los enfrentamientos que se daban entre familias de la época marimbera durante la década de los setenta.

En el video sostienen que son una organización que tiene nexos con políticos y con sectores de la Fuerza Pública, ratificando su participación en el robo del armerillo de la Policía de Santa Marta en 2016, en la que se perdieron 234 armas de todo tipo, que dicen fueron a dar a sus manos, y en las que aseguran participó la actual secretaria de Seguridad de Santa Marta, la coronel retirada de Policía Sandra Vallejos Delgado, quien era la entonces comandante de esta institución en esta ciudad.

Por este hecho, fue destituido el director de la Sijin de la capital del Magdalena, el mayor Rolando Pinzón, quien señaló durante una entrevista al medio Opinión Caribe (link) a Vallejos de haber omitido iniciar una investigación por este robo que le costó el cargo y un proceso penal ante la Fiscalía, que recientemente fue declarado como nulo.

En el video, los Pachenca dicen tener pruebas sobre el supuesto pago que le hizo Chucho Mercancía a la actual secretaria de Seguridad por “300 millones de pesos”, dinero que le enviaron a través de miembros de la Policía. Además, aseveran que con ella se hizo un pacto para reducir los índices de criminalidad durante el tiempo en el que Vallejos fue comandante de la Policía en Santa Marta. “No se acuerda del trato que se dio para dar con objetivos de enemigos y generar capturar que se dieran para favorecerle y calmar los ánimos de las investigaciones de la DIJIN tras la pérdida de las 234 armas del armerillo”, dice el vocero de este grupo paramilitar.

También reconocen que personal de la Policía ha sido el que les ha “vendido” no solo armas sino también material de intendencia.

En este sentido, llama la atención que la información que ofrecen sea sobre Caicedo y Vallejos y no sobre sus aliados narcos, tanto en el Magdalena como en La Guajira y el Atlántico, en donde dicen tener conexiones.

Caicedo denunció a mediados de 2020 que ‘los Pachenca’ estaban fraguando un plan para asesinarlo; sin embargo, en este video lo niegan y agregan que no van a atentar contra ningún líder social de la región.

Al respecto, fuentes de la Gobernación del Magdalena confirmaron que el mandatario regional no se pronunciaría sobre estos señalamientos y alegaron que ven este tipo de videos como una difamación que tiene fines políticos. Una fuente de los organismos de inteligencia señaló que “el asunto es que todos creían que ya estaban acabados”, pero que con videos como éste demuestran que aún tienen poder militar en la región.

Las Acsn también sostienen que no tuvieron injerencia en el asesinato del ambientalista Alejandro Llinás, ocurrido el 23 de abril de este año, y sindican a dos familiares de alias ’80’, los hermanos Gerson, alias ‘Checheo’, y Destin García Arévalo, alias ‘El Negro’, de haber estado detrás de este crimen que conmocionó a la sociedad magdalenense, de quien dicen que son los responsables del cobro de extorsiones en el corregimiento de Minca, clave en el tema de turismo y de producción cafetera.

The post La reinvención del clan Giraldo appeared first on VerdadAbierta.com.

“El objetivo era ir a Cañaveral a sacar el ganado, las bestias de pura sangre, como nos dijo ‘Doble Cero’, que eso era del señor Álvaro Uribe Vélez, el expresidente”, narró el exparamilitar Néstor Abad Giraldo Arias, alias ‘El Indio’, ante los tribunales de Justicia y Paz para explicar la incursión armada en la vereda Cañaveral, del municipio de Remedios, ocurrida el 7 de julio de 2001.

Giraldo Arias hizo parte del comando armado del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que perpetró la acción armada en aquella región del nordeste antioqueño y mató a 12 campesinos tras señalarlos, de manera arbitraria, de ser “colaboradores de la guerrilla”.

Por esa declaración, dada el 28 de noviembre de 2013 en ese escenario de juzgamiento transicional, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le ordenó a la Fiscalía que amplié la diligencia rendida por alias ‘El Indio’ con el fin de recabar “sobre el posible compromiso de Álvaro Uribe Vélez en la incursión armada a la vereda de Cañaveral […] de tal suerte que de encontrar alguna implicación del citado ciudadano, el ente acusador, como titular de la acción punitiva del Estado, deberá iniciar la investigación penal que corresponde”.

Esa orden está contenida en la sentencia condenatoria, de primera instancia y de carácter parcial, proferida por ese tribunal el pasado 12 de febrero contra Javier Alonso Quintero Agudelo, alias ‘Manguero’; Diego Armando Villada Villa, alias ‘El Ciego’; Luis Carlos Cardona Gallego, alias ‘Bamban’; ‘Carlos Mario Lotero Espinosa, alias ‘El Chusco’; Juan David Sierra Ocampo, alias ‘Bomba’; Edison Payares Berrío, alias ‘Lázaro’; Néstor Abad Giraldo Arias, alias ‘El Indio’; John Darío Giraldo, alias ‘Canelo’, El Flaco o El Mono’; y Carlos Alberto Osorio Londoño, alias ‘Rungo’, exintegrantes del Bloque Metro de las Accu.

Los nueve exparamilitares fueron juzgados y condenados, en promedio, a ocho años de prisión en cumplimiento de la pena alternativa consagrada en la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, en su calidad de postulados a los beneficios de esta norma transicional, aplicada a quienes se desmovilizaron de manera individual y colectiva bajo los acuerdos logrados en el con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), actual senador de la República por el Centro Democrático.

La decisión, de 2.243 páginas, hace un pormenorizado recuento de la génesis del Bloque Metro desde su creación, en 1998 en el nordeste antioqueño, asociándola a la cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida en la región como Convivir El Cóndor, que estuvo representada por Luis Alberto Villegas Uribe, un viejo socio de la familia Uribe Vélez, y apoyada por el confeso narcotraficante y financiador del paramilitarismo Santiago Gallón Henao.

Una vez constituido, comenzó su expansión hacia diversas regiones de Antioquia con el fin de atacaar a las guerrillas de las Farc y del Eln, logrando una presencia y dominio en 45 municipios de las regiones del nordeste, norte y oriente del departamento, incluida Medellín y el área metropolitana. Por guerras entre mandos paramilitares, buena parte de sus hombres, incluido alias ‘Doble Cero’, fueron asesinados y la estructura exterminada a finales de 2004. (Leer más en: El hombre que creó el bloque Metro y lo exterminó)

La creación de esta estructura armada, que desde su comienzo estuvo comandada por Carlos Mauricio García Fernández, exoficial del Ejército Nacional, conocido con los alias de ‘Rodrigo Doble Cero’, ‘Doble Cero’ o ‘Rodrigo Franco’, ha sido una larga sombra que ha cobijado a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez tras ser señalados por antiguos exparamilitares de haber participado en su creación facilitando para ello la Hacienda Guacharacas, de su propiedad, situación que hasta el momento no ha sido definida por la justicia. (Leer un amplio contexto en: Bloque Metro, el fantasma que ronda a Álvaro Uribe Vélez)

La sentencia también hace alusión a la presión que ejerció ese bloque paramilitar en las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002, que dejó como ganador a Uribe Vélez en representación del movimiento político Primero Colombia, quien luego creó el partido Centro Democrático y aspiró al Congreso de la República.

Tragedia en Cañaveral

Los hechos por los cuales se pide corroborar si el senador Uribe tuvo algún tipo de responsabilidad revelan la barbarie con la que actuaron los hombres del Bloque Metro de las Accu en su supuesta guerra contrainsurgente.

Las primeras descripciones de la atroz matanza quedaron registradas un día después de la incursión armada en las declaraciones entregadas por varios testigos y sobrevivientes en la estación de policía del casco urbano del municipio de Remedios.

La sentencia de la Sala de Justicia y Paz reseña el testimonio del campesino Leonel de Jesús Álvarez Guerra, quien vio asesinar a uno de sus familiares: “Estando reunidos los uniformados nos sacaron uno por uno a preguntarles cosas como que si la guerrilla estuvo ahí y cosas referentes a la guerrilla y cuando le tocó el turno a él, lo llevaron y le preguntaron, no sé qué contestó y cuando vi uno de ellos sacó una pistola y le disparó en la cabeza y cuando cayó le pegó tres tiros más y luego nos mandaron para la casa”.

Uno de los momentos más dramáticos y tristes lo vivió en aquel fatídico 7 de julio de 2001 el labriego José Aníbal Cartagena. En declaraciones dadas seis años después a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, detalló la muerte de su esposa, Abigail Úsuga Goez, y de su hijo por nacer. Al momento de la incursión armada, la señora se encontraba en trabajo de parto, por lo que su familia le solicitó a los paramilitares que la dejaran llevar hasta un lugar donde recibiera atención médica, pero no lo permitieron, “aludiendo que prefieran matarla que dejarla salir de la zona”, se lee en el fallo.

El esposó narró lo sucedido: “Ese día al verla tan enferma la bajamos en hamaca y cuando llegamos al camino, ya venía la tropa matando los arrieros que iban bajando, nos dejaron pasar con la enferma hasta el caserío pero de ahí ya no nos dejaron salir hasta el otro día… El niño nació el domingo 08 de Julio en la madrugada pero nació muerto y ella murió el 08 de Julio como a las 10 de la mañana… Ella fue enterrada en el cementerio del caserío en un ataúd de madera junto con otros que murieron ese día”.

La decisión judicial también contiene el testimonio entregado por Gloria Cecilia Jiménez Gil a la Fiscalía, un año y medio después de lo sucedido, en el que detalla cómo murió su padre, Ramón Ángel Jiménez Gil y uno de sus amigos: “Un señor arriero de nombre Alfonso Arenas iba con mi papá, ellos se encontraron con un señor Marcos que es un paramilitar y los detuvieron y le dijo a mi papá que si ya lo había jubilado las Farc y que lo iban a matar, mi papá les dijo que mejor preguntaran primero y el señor Marcos le dio un tiro en el cuello y ahí dejaron los cadáveres hasta el otro día que los recogieron y yo no reclamé a mi padre por temor a que me mataran”.

La tragedia también enlutó el hogar de Ofelia del Carmen Restrepo Gómez, esposa del arriero Rodrigo de la Cruz Arismendi Tobón, a quien mataron delante de sus dos hijas en uno de los caminos veredales. La campesina detalló en su declaración ante Justicia y Paz, en mayo de 2013, que aquel día de la incursión asesinaron a 17 personas más.

“Hubo familias que enterraron a sus víctimas, otros los sacaron al pueblo. Después de los homicidios, los paramilitares reunieron la gente nuevamente y dijeron que los habían asesinado por colaboradores de la guerrilla y la gente empezó a desplazarse por temor, robaron los animales y hurtaron pertenecías de las personas, a mi esposo le robaron una plata y hasta los zapatos. Yo me quedé viviendo en la casa de una cuñada como 20 días y después me vine para Medellín. Al año vendí la Finca regalada”, declaró la mujer.

Versión de exparamilitares

De acuerdo con la confesión de alias ‘El Indio’, en la incursión armada participaron cerca de 150 combatientes que conformaban cinco grupos de contraguerrilla del Bloque Metro y su preparación se hizo la noche anterior en una vereda conocida como La Brava, de Remedios. El propósito era realizar una masacre contra los pobladores de Cañaveral, a quienes acusaban sin fundamento de ser supuestos “colaboradores de la guerrilla”.

Para aquellos años trasegaban por esa región el Frente 4 de las antiguas Farc, que tenían amplio dominio de algunas regiones del nordeste y del Magdalena medio antioqueños; y los frentes Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago, del Eln.

Luego de concertar los detalles, ese nutrido grupo de paramilitares, dotado con armas cortas y largas, y vistiendo prendas de uso militar, partió hacia la vereda en dos camiones hasta un punto del camino, donde se bajaron y caminaron por cerca de tres horas hasta llegar al caserío de Cañaveral. La incursión iba comandada por John Jairo Restrepo Marín, alias ‘Marcos’.

“El objetivo era ir a Cañaveral a sacar el ganado, las bestias de pura sangre, como nos dijo ‘Doble Cero’, que eso era del señor Álvaro Uribe Vélez, el expresidente”, precisó alias ‘El Indio’ durante una diligencia de versión libre rendida el 28 de noviembre de 2013 ante fiscales de Justicia y Paz, como uno de sus aportes a la verdad para lograr beneficios judiciales.

Una vez en la vereda, “tomaron posición, aseguraron los puntos más altos y empezaron a distribuirse por todo el lugar; luego, procedieron a reunir a toda la población y apartaron los hombres de las mujeres. Los criminales les hacían preguntas relacionadas a la supuesta colaboración o simpatía de estas personas con organizaciones subversivas”, detalla la decisión judicial.

Luego de controlar el sitio, continúa la sentencia, “y siguiendo órdenes de alias ‘Marcos’, los criminales empezaron a asesinar a miembros de la comunidad, la mayoría de ellos, arrieros y trabajadores de la tierra que, a esa hora, ya había iniciado su jornada laboral”. De acuerdo con alias ‘El Indio’, “las víctimas no fueron torturadas, la orden era matar a lo que encontráramos matar a todo mundo, el motivo era porque eran colaboradores de la guerrilla”.

Una vez finalizada la matanza de campesinos, los paramilitares del Bloque Metro reunieron a los sobrevivientes para explicarles las supuestas razones de la masacre, los conminaron a ignorar a la guerrilla y les dieron la orden de no recoger los cadáveres hasta el día siguiente; asimismo, “les prohibieron el desplazamiento masivo, indicándoles que debían continuar trabajando ‘como si nada’”; no obstante, 31 familias se desplazaron de la zona, dejando atrás sus pertenencias y sus muertos.

De acuerdo con lo consignado en la sentencia, que recoge testimonios de víctimas y victimarios, “en su retirada y a manera de intimidación, los homicidas prendieron fuego a varias viviendas, entre ellas la casa donde funcionaba la Asociación de Plataneros, para finalmente advertirles a los ciudadanos que, si llegaban a ver miembros de la subversión, volverían y realizarían una nueva masacre. También hurtaron ganado, mulas y caballos de paso fino”.

Uno de los aspectos que llama la atención de este fallo, con relación a las víctimas de la matanza, es que algunas de ellas aún sigue enterradas en la zona: “Advirtió la Fiscalía de la causa, que varios de los cadáveres de las víctimas de homicidio fueron inhumados por los propios moradores del lugar en fosas comunes, no siendo posible aún su exhumación y consecuente identificación plena”.

Votos a favor de Uribe

De acuerdo con los análisis realizados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, una vez que el Bloque Metro consolidó su poder militar y dominio territorial, “infiltran las administraciones municipales y departamentales, apropiándose de recursos, a través de contrataciones, contando a la par con el apoyo de algunas instituciones estatales”, logrando “un control en todos los campos en sus lugares de asentamiento; situación que facilitó el desplegar delictivo en contra de los civiles ajenos al conflicto armado”.

Con relación a la influencia electoral, particularmente en las elecciones presidenciales del 26 de mayo de 2002, el fallo cita versiones dadas el 15 de septiembre de 2011 por el exparamilitar Luis Adrián Palacio Londoño, alias ‘Diomedes’, a fiscales de Justicia y Paz.

Preguntado en esa ocasión si el Bloque Metro tuvo alguna injerencia “en la elección de alcaldes, concejales, diputados de congresistas, de presidente de república, que hubiesen presionado a la población civil, exigido de votar por A, B o C candidato”, el exparamilitar contestó que sí.

“A mí me tocó en las elecciones de presidencia de 2001 o de 2002 me parece que fue, eso fue para presidente del doctor Álvaro Uribe, y nos tocó presionar todo el Nordeste para que votaran el nombre del señor Álvaro Uribe, porque esa era la orden de Rodrigo ‘Doble Cero’”, explicó alias ‘Diomedes, y agregó que a “todo patrullero que tuviera la cédula inscrita y quisiera votar que tenía que votar por Álvaro Uribe”.

El exparamilitar puso como ejemplo de esa injerencia electoral lo ocurrido en el municipio de Gómez Plata: “A la comunidad se le obsequiaba mercados, sumas de $150.000 a las familias muy pobres para que depositaran su voto al señor Álvaro Uribe”.

En su versión ante la justicia, este exparamilitar indicó que las votaciones de aquel 26 de mayo de 2002 en las zonas donde el Bloque Metro tuvo injerencia fueron masivas: “El doctor Uribe era el más opcionado, el socio y el amigo del que nos iban a legalizar. Ese era el pago a todos, que nos iban a legalizar […] como al Ejército o a la Policía, personas legales, ese fue el dicho que llegó al Bloque Metro y por eso se hicieron tantas cosas para presionar la gente para que votara por el doctor Álvaro Uribe”.

Finalmente, el candidato Uribe Vélez, quien fue avalado por el movimiento Primero Colombia, ganó las elecciones con un 54,51 por ciento de los votos, superando con una amplia ventaja al segundo, que sólo logró sumar el 32,68 por ciento de los sufragios. En su primer periodo de gobierno, logró un acuerdo de desmovilización y desarme con el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que aglutinó a las distintas estructuras paramilitares del país, que se concretó entre diciembre de 2003 y agosto de 2006.

Mayor investigación

Dado que en otras sentencias relacionadas con el juzgamiento de exparamilitares en Justicia y Paz se han realizado sendas compulsas de copias a la Fiscalía para que sean investigados cientos de políticos, militares, policías y civiles que habría favorecido la causa contrainsurgente, en este nuevo fallo reclamó mayor atención al respecto. (Leer más en: Sala de Justicia y Paz pedirá investigar al expresidente Uribe por paramilitarismo y La sentencia del Tribunal de Medellín: más allá de Uribe)

A la Fiscalía la requirió para que “amplié las versiones libres de los desmovilizados, declaraciones de expostulados y víctimas” sobre la supuesta “relación que existió entre el Bloque Metro y varios políticos, servidores públicos y ciudadanos”, con el fin de que “en futura vista pública presente a la Sala la relación que tuvieron las personas allí enunciadas con la organización delincuencial, y compulse las copias a que haya lugar, en caso de que no se haya desplegado”.

En ese mismo sentido, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín exhortó “a la Procuraduría General de la Nación para que conforme una agencia especial, así como a la delegada de la Fiscalía General de la Nación y se efectué de manera pronta y eficaz un verdadero seguimiento a las compulsas de copias efectuadas, ello en aras de garantizar una correcta impartición de justicia y la investigación efectiva de todos los implicados con el conflicto armado interno, así como los derechos de las víctimas y la sociedad”.

Finalmente, y dado que el fallo proferido es de carácter parcial, ya que aún queda más por investigar en el proceso del Bloque Metro, se exhortó a la Fiscalía para presente ante la Sala de Justicia y Paz “un informe completo y detallado de la actuación delictiva orquestada entre algunos miembros del Estado y el Bloque Metro, de cara a estudiar y develar el fenómeno delictivo de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’; el cual se requiere para robustecer el presente pronunciamiento judicial”.

The post Masacre en vereda Cañaveral, de Remedios, nuevo fantasma de Álvaro Uribe appeared first on VerdadAbierta.com.

“En desarrollo de una rigurosa indagación previa realizada en los últimos meses por la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que la condujeron a abrir investigación formal” contra los dos políticos, anunció el alto tribunal mediante un comunicado expedido esta tarde.

Los hechos por los que se serán investigados habrían ocurrido después del 16 de febrero pasado, cuando la Corte se abstuvo de abrir instrucción contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, por los delitos de abuso de la función pública, calumnia y fraude procesal, y por el contrario compulsó copias contra el denunciante Álvaro Uribe.

“Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el pasado 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los senadores Uribe y Prada deberán responder por los mencionados delitos”, asegura la Corte.

Uno de los aspectos que llama la atención del comunicado es la referencia al caso del hermano del senador Uribe, Santiago, quien está siendo investigado por nexos con grupos paramilitares. El alto tribunal anunció que le remitió copias a la Fiscalía General de la Nación ara que investigue “algunas interceptaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, exfuncionaria que se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez”.

Al conocer la decisión, el senador Uribe anunció a través de su cuenta en Twitter la renuncia al Senado: “Me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”.

Ese mismo día, la Sala de Casación Penal de la Corte emitió dos autos firmados por los magistrados José Barceló Camacho, Fernando Alberto Castro Caballero y Luis Antonio Barbosa, en los que ordena tomar la declaración de 29 personas, practicar testimonio a otras seis, ampliar la declaración de tres más y asigna tareas al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. (Ver Auto 52.601 y Auto 52.240)

Sospechas de impunidad

El pasado 20 de febrero, este portal publicó un análisis sobre la sentencia que absolvió al senador Cepeda y en la que se tomó la decisión de compulsar copias para que el senador Uribe fuese investigado, pues se recabaron evidencias que lo comprometían en la manipulación de testigos. Ahora que fue llamado a indagatoria, actualizamos el informe.

Más allá de la polarización nacional que profundizó la decisión del alto tribunal de abstenerse de abrir investigación penal contra el senador Iván Cepeda tras ser denunciado por Álvaro Uribe por los delitos de abuso de la función pública, calumnia y fraude procesal, lo que revela el fallo es una grave impunidad que, al parecer, ha favorecido a empresarios señalados de crear y financiar el proyecto paramilitar, particularmente en el nordeste de Antioquia.

En las entrelíneas del fallo gravita un tema que aún está pendiente por resolver en el país y es identificar, procesar y juzgar a quiénes favorecieron con recursos de diversa índole la creación de una estructura armada que se conoció como Bloque Metro y que se articuló a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en su proyecto de atacar la insurgencia en diversas regiones de Antioquia y, posteriormente, del país, a través de una gran confederación paramilitar agrupada bajo la sigla Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Tratar de saldar esa deuda le ha costado al país decenas de muertos, desaparecidos, exiliados y desplazados, entre los que se cuenta un puñado de funcionarios de organismos de seguridad del Estado comprometidos con el cumplimiento cabal de la ley, quienes, poco a poco, fueron asesinados o, en el mejor de los casos, desterrados, porque establecieron que detrás de esa máquina de guerra llamada Bloque Metro había gente económica y políticamente poderosa, considerada intocable en el departamento y el país. (Leer más en: Sergio Parra, asesinado tras descubrir finanzas de las Accu)

La sombra de impunidad, impuesta violentamente, se mantuvo por más de una década y protegió a varios empresarios que aparecen citados en el fallo del alto tribunal, entre los que se destacan Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, capturado hace unas semanas en la ciudad de Cúcuta por delitos asociados al tráfico de drogas hacia Europa. (Leer más: ¿Quién protegió en la Fiscalía a Santiago Gallón Henao?)

Pero Villegas Uribe y Gallón Henao no son los únicos beneficiados. Sendas investigaciones judiciales, que fueron archivadas sospechosamente a finales de los noventa y comienzos del dos mil, dejan en evidencia que esa impunidad en Antioquia que también favoreció a otros empresarios, ganaderos y comerciantes valiéndose de la cooptación de entidades del Estado encargadas de la judicialización y castigo de los criminales. No de otra manera pudiera entenderse que, a pesar de las pruebas existentes, entre documentales y testimoniales, los expedientes terminaran archivados.

Juan Guillermo Villegas Uribe tampoco es un desconocido para la política regional. Este empresario, cuyo número celular fue interceptado de desarrollo de las investigaciones del proceso que enfrenta a los senadores Cepeda y Uribe, fue diputado por el Partido Liberal a la Asamblea de Antioquia entre los años 1980 y 1992. Posteriormente presentó su candidatura a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2002 por una coalición de movimientos del Nordeste antioqueño. Su votación llegó a 17.525 votos y los obtuvo en los municipios de Remedios, Cisneros, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó, Caracolí, Maceo y Medellín, pero no le alcanzaron para lograr una curul en esa célula legislativa.

Impunidad expresa

Lo que revela el fallo de la Corte Suprema de Justicia es que esos mecanismos de impunidad aún están activos e impiden que aquellos presuntos responsables de constituir y respaldar económicamente a grupos paramilitares sean llevados ante los estrados judiciales. El caso más emblemático es el de Juan Guillermo Villegas Uribe.

Su nombre no es nuevo para las autoridades judiciales. Desde finales de los años noventa diversos testimonios lo han vinculado con la creación de un grupo armado ilegal en una amplia zona del nordeste antioqueño que va del municipio de Cisneros al corregimiento de San José del Nus, de San Roque. Uno de ellos es el de Julio Cesar Acosta Cortizo, un exguerrillero del Eln que se desvinculó del grupo subversivo y se convirtió en guía del Ejército en esa región.

“En San José del Nus, allí hay un señor que financia grupos paramilitares, que operan en esa región, ese señor le compró la finca Guacharaca al Gobernador de Antioquia, se llama Luis Guillermo, no me acuerdo el apellido [ ] un hermano de él está vinculado con la misma organización, se llama Luis Alberto [ ] Luis Guillermo [ ] financia los grupos paramilitares para que le cuiden la finca La Guacharaca y patrocina las Convivir al mismo tiempo en San José del Nus, él les da plata y armamento, los financia de todo, cuando hablamos de financiar, es porque les da todo, material logístico, botas, armas y el pago”, declaró Acosta ante la Fiscalía el 19 de mayo de 1998.

El 9 de noviembre de ese mismo año, el exguerrillero volvió a declarar y en esa ocasión se reafirmó en lo que había dicho: “Yo sé que el grupo paramilitar le propuso a la familia Villegas que si le conseguía un armamento para el grupo, que el grupo paramilitar le cuidaba la zona, eso fue más o menos como en mayo o junio del 97; no sé cuántos fusiles pidieron, yo sé que trajeron como cuarenta fusiles, eso lo trajeron en helicóptero”.

Pero esa no fue la única declaración en contra de Villegas Uribe. Para mediados de la década del noventa y valiéndose del Decreto 356 de febrero 11 de 1994, expedido por el entonces presidente de la República, César Gaviria (1990-1994), comenzó a operar en esa misma región una asociación de vigilancia y seguridad privada llamada El Cóndor, aprobada por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez (1995-1997), pero ciudadanos de la zona comenzaron a denunciar sus atropellos.

“¿Será posible de que goce de legitimidad una cooperativa de esta naturaleza cuando quien escoge a las personas que la conformarán y le prestan la asesoría de la violencia son grupos paramilitares que también como la guerrilla están al margen de la ley? ¿Por qué los paramilitares que andan como Pedro por su casa en San José del Nus y Maceo citan a los comerciantes y obligan a que éstos y todos los hogares paguen una cuota para sostener la Convivir?”, razonaba un ciudadano en una misiva anónima enviada a las autoridades y fechada el 2 de abril de 1997.

Las Interceptaciones autorizadas por la Corte Suprema de Justicia a un teléfono móvil de Juan Guillermo Villegas Uribe no fueron las primeras contra él. Con la información recaudada a finales de los años noventa, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía interceptó, también legalmente, la línea telefónica de un local comercial en Medellín llamado Lácteos El Paisa, a través de la cual los investigadores judiciales determinaron que desde allí tanto él como su hermano Luis Alberto coordinaban desde la consecución de armas y municiones, hasta la provisión de recursos económicos a partir del cobro de cuotas a diversas personas del nordeste antioqueño para sostener una célula de las Accu que, a la postre, era el Bloque Metro.

Lo particular de este caso es que todo ese material probatorio fue utilizado sólo contra Luis Alberto Villegas Uribe, quien fue detenido el 4 de junio de 1998. No obstante, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, en decisión tomada el 16 de noviembre de 1999, lo absolvió sustentando su argumentación en la duda probatoria. Lo particular del caso es que la Fiscalía no apeló la decisión y el caso se cerró. Posteriormente fue asesinado por paramilitares del Bloque Central Bolívar. (Leer más en: ‘Julián Bolívar’ admitió asesinato de Luis Villegas Uribe)

La pregunta que surge entonces es: ¿por qué no se ha llevado a los estrados judiciales a Juan Guillermo Villegas Uribe, de quien se tienen referencias desde mediados de la década del noventa en procesos judiciales como supuesto gestor, junto con su hermano Luis Alberto, de haber financiado una estructura armada ilegal en el nordeste antioqueño? (Leer más en: Revelaciones del caso Villegas)

Otro de los aspectos que no se ha investigado hasta el momento son las actividades de narcotráfico a las que, según diversas fuentes, se dedicó Luis Alberto Villegas Uribe, quien al parecer tuvo un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Minas de Vapor del Municipio de Puerto Berrío. ¿Los recursos de esas actividades le llegaban a su hermano Juan Guillermo? Esa arista delictiva nunca fue abordada por la Fiscalía.

De Convivir a Bloque Metro

Tal como lo han destacado fiscales de Justicia y Paz, las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, se convirtieron en el rostro legal del paramilitarismo. La Asociación El Cóndor, coordinada por los hermanos Villegas Uribe, no fue la excepción.

Documentos judiciales conocidos por este portal, basados en declaraciones del exparamilitar Álvaro Sepúlveda Bueno, alias ‘Julián’, dadas en 2009, indican que el funcionamiento del Bloque Metro “se acompañó transitoriamente de personal de El Cóndor, pero su apogeo se debió más al ingreso de personas de las Accu provenientes de Urabá que cooptaron a exintegrantes de la Convivir y paramilitares locales, más o menos entre 1996 y 1997”.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía, la primera acción militar como Bloque Metro fue realizada en el corregimiento Providencia, de San Roque, a mediados de 1996. Según testimonio del exparamilitar John Jaime Cárdenas, a esa zona ingresaron 15 paramilitares y atacaron, supuestamente, una célula urbana de la guerrilla del Eln, dejando varias personas muertas.

Tras esa acción, el Metro se instaló en zona rural del corregimiento Cristales. Desde allí fue comandado por Carlos Mauricio García Fernández, conocido con los alias de ‘Doblecero’. Este militar de formación, fundador de las Accu, fue encargado por los hermanos Vicente y Carlos Castaño de crear el bloque, organizar su sistema de finanzas, las redes de colaboración y estrategias de guerra. El impulso que tuvo lo llevó a extenderse a las regiones del Oriente y Suroeste de Antioquia, así como al Valle de Aburrá.

La delegación de ese mando en ‘Doblecero’ no fue casual. Durante su paso por el Ejército adelantó operaciones militares en el nordeste antioqueño y durante su niñez visitó con frecuencia el corregimiento El Jordán, de San Carlos, donde su abuelo tenía una finca, por tanto, conocía el avance guerrillero del Eln y de las Farc.

Diversas versiones de desmovilizados indican que esta estructura paramilitar amplió su radio de acción gracias a que recibía el apoyo financiero de empresarios, ganaderos, transportadores y comerciantes. De hecho, diversos testimonios de exparamilitares indican que parte de las tareas del Bloque Metro estaban ligados a la protección de “bienes y vidas de grandes propietarios, comerciantes y ganaderos de la región dada la debilidad del Estado y sus fuerzas armadas para garantizar seguridad”.

Una de las dificultades que tiene la reconstrucción de la historia de este bloque paramilitar es que casi todos sus integrantes fueron asesinados tras una cruenta guerra desatada en su contra por estructuras armadas lideradas por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien no compartía las críticas alias ‘Doblecero’ sobre la infiltración del narcotráfico en el proyecto contrainsurgente, que lo llevó a no articularse a los acuerdos de desmovilización suscritos en junio de 2003 entre el estado mayor de las Auc y el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). (Leer más en: “Don Berna’ dio la orden de matarlo”: ‘Doblecero’)

Todo ello desató una persecución a sangre y fuego por los bloques Calima, Central Bolívar y Mineros, contra el Metro, lo que obligó a que alias ‘Doblecero’ abandonara el corregimiento Cristales, de San Roque y huyera de la región. En mayo de 2004 fue asesinado en Santa Marta. (Leer más en: La cuota de ‘HH’ en el exterminio del Bloque Metro)

¿Protección a largo plazo?

La decisión de la Corte Suprema de Justicia contiene las declaraciones de Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, y de Juan Guillermo Monsalve, quienes sumaron información sobre los orígenes del Bloque Metro e involucraron a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao como sus gestores y financiadores. Tales señalamientos se sumaron a la información que ya reposaba en los anaqueles judiciales desde mediados de la década del noventa sin que la justicia antioqueña obrara.

Tales declaraciones llevaron a la Fiscalía a iniciar el 25 de noviembre de 2011 una investigación penal, bajo el radicado 1060051 y asignada a Fiscalía 32 Especializada de Medellín, en la que se sindica de concierto para delinquir a Luis Guillermo Villegas Uribe, Juan Guillermo Uribe, Santiago Gallón Henao y Santiago Uribe Vélez. Sin embargo, más de seis años después, las investigaciones parecen no avanzar.

Pero el asunto ha ido más allá. Según denunció el senador Cepeda en plenaria de la Cámara de Representantes el 12 de mayo de 2012, “se habría realizado una reunió en la Hacienda Guachararas (San Roque), liderada por Juan Guillermo Villegas Uribe, en la cual habrían participado miembros de grupos paramilitares, a quienes supuestamente se les dieron instrucciones para contrarrestar estas denuncias”.

Esas denuncias se refieren no sólo a lo sostenido por los exparamilitares Sierra y Monsalve, sino a los señalamientos que hizo el senador Cepeda en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia realizado el 11 de abril de ese año, en el que reiteró los señalamientos contra los Uribe Vélez por su supuesta participación en la conformación del Bloque Metro. (Leer más en: Debate Cepeda-Uribe: polarización a fondo)

Lo que también revela el fallo de la Corte Suprema de Justicia es que esa protección histórica de prestantes empresarios y políticos se mantiene. No de otra forma se entiende las aparentes fallas del sistema de interceptación de algunas de las llamadas claves realizadas por Juan Guillermo Villegas Uribe al padre del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en marzo de 2015 con el fin de evitar que declaran en contra del senador Uribe.

El papel de Villegas Uribe en este entramado fue definido claramente por la Corte: “Las llamadas […] dejan al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe, y otros, han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario, un complot, como lo señaló el defensor del congresista, para desprestigiar su labor legislativa”.

Tras analizar todas esas piezas procesales, la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al senador Álvaro Uribe y a quienes actuaron a su favor para enlodar no sólo al senador Cepeda sino a quienes han hablado del origen del Bloque Metro, muchos de los cuales afectaron a la población civil. Se espera que esta vez la justicia colombiana sí actúe, determine de una vez por todas la responsabilidad de aquellos que promovieron una máquina de guerra que actuó sin piedad en buena parte de las montañas de Antioquia y sea capaz de demostrar que las garantías de impunidad llegaron a su fin.

The post A indagatoria Álvaro Uribe por caso de falsos testigos appeared first on VerdadAbierta.com.

Carlos Areiza sabía que lo iban a matar. Ese era uno de los motivos para ir ventilando la información que tenía como si fuera un gotero. Se medía porque creía que era su seguro de vida. Pero también usaba lo que sabía para su provecho. Cuando le concedió esta entrevista, hasta ahora inédita, a Juan Diego Restrepo y César Molinares, editores en ese momento de VerdadAbierta.com, purgaba una condena de nueve años, diez meses y un día por extorsión agravada en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia.

La entrevista, realizada el 31 de octubre de 2013, no fue publicada antes porque se esperó que terminara de testificar ante la Corte Suprema de Justicia contra varios políticos implicados en el escándalo de nexos con el paramilitarismo en Antioquia. También, que hiciera llegar a VerdadAbierta.com un video en el que, según afirmaba, registraba varias reuniones del exgobernador Luis Alfredo Ramos, en su calidad de congresista, con varios jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), entre ellos Vicente Castaño.

Dos años atrás, el 13 de diciembre de 2011, este pistolero, que se forjó bajo la sombra del empresario del transporte Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘el patrón de Bello’, había escapado de unos guardas del Inpec que lo custodiaban durante una cita médica. Dos días después regresó a la cárcel, acompañado por el congresista Iván Cepeda, a quien pidió como garante, y explicó que su fuga se produjo porque, según él, dos sicarios lo iban a asesinar. Luego de ello, siguió colaborando con la justicia, pero continuaron los devaneos sobre sus versiones ante los magistrados.

En esta entrevista, Areiza justifica la forma en la que testificó por miedo. Dice que no sólo atentaron contra su vida en varias oportunidades, sino también contra su familia. Según su versión, sicarios fueron a la casa de sus parientes para amenazarlo y a raíz de esa visita su padre, quien los atendió, enfermó y murió varios días después.
Por esas razones se quedó un año sin declarar. “Me mandaron una carta que le entregué a la Fiscalía que decía: ‘Quédese así, que así está muy bien. Así no le pasa nada’”, aseguró.

El testimonio de Areiza siempre generó controversia. Durante el juicio en la Corte Suprema contra Ramos se retractó varias veces, por lo que fue procesado y condenado por falso testimonio.

Este hombre adquirió relevancia en el expediente que se le abrió a Cepeda tras ser denunciado por el senador Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, ya que parte de sus confesiones fueron utilizadas como prueba en un debate en el Congreso de la República sobre parapolítica en Antioquia, realizado el 14 de septiembre de 2014. (Leer más en: Debate Cepeda-Uribe: polarización a fondo)

Al final, como un bumerán, la denuncia contra Cepeda fue desestimada por la Corte y determinó que quien debía ser investigado era Uribe Vélez, pues las pesquisas del alto tribunal, que incluyeron interceptaciones telefónicas, evidenciaron que el senador antioqueño estaría presionando, a través de viejos amigos suyos, a algunos testigos que debían comparecer al juicio de Santiago Uribe Vélez, quien es juzgado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conformación de grupos paramilitares. (Leer más en: ‘Los Doce Apóstoles’: la sombra de Santiago Uribe)

El uribismo siempre ha cuestionado el testimonio de Areiza. Una de las razones más fuertes es que sus señalamientos apuntaron contra Ramos, uno de los alfiles más importantes del Centro Democrático y quien, si no fuera por su proceso por parapolítica, se perfilaba como uno de sus más seguros candidatos a la Presidencia de la República. Y otro motivo es que su hijo, Luis Alfredo Ramos Maya, es senador por esa colectividad, lo que le imprime un alto grado de sensibilidad al tema.

Pero esos cuestionamientos quedaron en duda luego de que la Corte revelara que una ficha del uribismo contactó a Areiza en la cárcel de Itagüí a través de Jaime Restrepo Restrepo. Se trata de un abogado, acérrimo defensor del senador y expresidente Uribe, quien admite que visitó al testigo cuatro veces, entre febrero y marzo de 2014.

En diálogo con VerdadAbierta.com, Restrepo explicó que estos encuentros se dieron luego de que Areiza llamara a la sede en Bogotá de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, fortín ideológico del uribismo, en busca de José Obdulio Gaviria.

“Me llamó Fernando Alameda, director de la Fundación, el 21 de febrero de 2014, un viernes, y me dijo que a la oficina había llamado un personaje, que se identificó como Carlos Enrique Areiza Arango, y dijo que necesitaba hablar con José Obdulio, que tenía una información muy importante y a pie juntillas dijeron que no le iban a poner a José Obdulio a hablar con él, entonces que si me podía comunicar con el hombre para ir a entrevistarme con él. Y dije que con mucho gusto”, narra Restrepo.

El primer encuentro se dio el 27 de febrero. De acuerdo con este abogado, en esas conversaciones Areiza hizo referencia a un cartel de falsos testigos del congresista Cepeda contra el uribismo. “Y me entrega unos documentos donde él hace alusión a ese tema precisamente”, recuerda y, además, le dijo que “estaba muy arrepentido de haber declarado contra Luis Alfredo Ramos”.

Areiza luego le diría a la Corte que de esas reuniones surgieron pruebas falsas, entre ellas un documento de varias páginas que, según él, firmó en blanco, y que luego convirtieron en una supuesta carta que incriminaba al congresista Cepeda, pues en ella decía que le había ofrecido 100 millones de pesos para testificar contra Ramos, los hermanos Uribe Vélez y Gaviria.

Restrepo se defiende y asegura que el detenido sí le entregó un documento y una memoria. Al respecto, se pregunta: “¿por qué no le hacen un experticio grafológico a esos documentos que dan fe que están hechos a puño y letra de Carlos Enrique Areiza, firmados por él y con sus huellas?”.

Camino a la Corte

La explicación que dio en esta entrevista refleja una doble condición, de testigo y de extorsionista. Inicialmente aceptó que buscó a Ramos y le pidió dinero a cambio de un video que lo incriminaba con exjefes paramilitares de las Auc, pero también aprovechó ese encuentro para documentar que Ramos lo quiso callar.

“Le dije: ‘vea, yo vengo acá porque existe un video y nosotros lo grabamos en esas reuniones’. Y el man me dijo: ‘¿Y usted lo tiene?’. Sí, yo lo tengo. ‘Ah bueno, ¿y qué necesita?’. No, pues qué me ofrece. ‘Ah, que le doy tanto por mirarlo a ver qué es lo que tiene’. Le dije: Muéstreme a ver. Y me dio cuatro millones de pesos. Me dijo: ‘Y si me lo trae, le doy 400 más’. Yo: Listo, voy a hablar con la otra persona para ver qué hacemos”, contó.

Esta puede considerarse la versión inicial de Areiza sobre lo que él vio durante una reunión de la que aseguró participaron Vicente Castaño y Hugo Albeiro Quintero para entregarle “800 millones de pesos” a Ramos. El testigo también asegura que ese no fue el único encuentro de Ramos con excomandantes de las Auc.

Ramos siempre ha cuestionado y tildado de falso el testimonio de Areiza, aunque también ha reconocido que la reunión con ‘Ernesto Báez’ sí se dio pero como parte del proceso de desmovilización y sometimiento a la justicia por parte del gobierno de Uribe Vélez, justo cuando se discutía la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se juzgaría a los desmovilizados de las Auc que dejaron sus armas bajo los acuerdos con el gobierno nacional.

Pero, ¿cómo llegó Areiza a la Corte? La frustración de no poder obtener nada a cambio por las pruebas y un atentado que le hicieron cuando se dirigía a Urabá lo llevaron a buscar ayuda para que le allanaran el camino a las autoridades en Bogotá para exponerles lo que con tanto celo guardó y que, al parecer, en últimas le costó la vida.

En la entrevista Areiza da un dato revelador: después de que se reúnen Ramos y los jefes paramilitares, recurrió al entonces gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria para que le hiciera puente con la Fiscalía General para denunciar la financiación que le estaban dando al entonces candidato a la gobernación de Antioquia.

Según dijo, contactó al mandatario departamental porque creyó que era la única persona en Antioquia a la que “Albeiro no le podía llegar”, refiriéndose a que no tenía vínculos con ilegales. Gaviria entonces delegó esa gestión en su secretario de Gobierno, Jorge Mejía, quien confirmó esta versión a VerdadAbierta.com.

Tras esa reunión es que Areiza empieza a declarar ante fiscales delegados por la Corte Suprema y aseguró en esta entrevista que la fiscal Martha Luz Hurtado fue quien le filtró a Ramos sus declaraciones ante la justicia.

“Llevaba este señor dos, tres meses de posesionado, cuando el escándalo de la revista Semana… que les habían filtrado una información de que se habían reunido (Ramos) con paramilitares, entonces todos los fiscales delegados ante la Corte presentaron la renuncia. La única a la que le aceptaron fue a esta señora Martha Luz Hurtado. Y resulta que nosotros investigando nos dimos cuenta de que yo apenas terminé de hablar con esta señora ella comenzó a contarle todo a Luis Alfredo Ramos”, dijo.

Areiza también aseguró que en una reunión en el Urabá antioqueño los jefes paramilitares le ordenaron seguir al entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien fungía como investigador principal de la parapolítica en su calidad de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Para aquellos años se había desatado una persecución contra Velásquez con la que se pretendía socavar su autoridad y evitar que continuara afectando a congresistas y excongresistas que tuvieron nexos con las Auc. No obstante, Areiza dijo que aprovechó la oportunidad para acercarse a él y empezar a colaborar con la justicia. (Leer más en: El gran complot)

Sus otras historias

Areiza, como él mismo cuenta, tenía otras historias, más allá de lo que había dicho contra Ramos; de acuerdo a lo narrado en esta entrevista, conocía a fondo la relación entre las bandas que controlaban Bello, sus nexos con paramilitares, sectores de la Fuerza Pública, políticos antioqueños y el narcotráfico. Y, asimismo, la forma en la que a través de la empresa Bellanita de Transportes se hacía el puente entre unos y otros. (Leer más en: Óscar Suárez: el cacique que se alió con los ‘paras’)

Fue justo en la calles de este municipio, considerado uno de los más peligrosos de Antioquia y del país, donde fue asesinado Areiza el pasado 14 de abril, un testigo al que la Corte Suprema de Justicia había solicitado proteger, pero que, como él mismo lo reconoció en esta entrevista, sabía que tarde o temprano lo iban a asesinar por todo lo que sabía.

*Juan Diego Restrepo es director de VerdadAbierta.com y César Molinares dirige Colombiacheck.com

The post Carlos Areiza sabía que lo iban a matar appeared first on VerdadAbierta.com.

“Paramilitares y las Convivir se confunden en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan”, afirmó, sin vacilaciones, Jesús María Valle Jaramillo en un emotivo discurso pronunciado el 25 de agosto de 1997, durante la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de los docentes y defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Felipe Vélez.

Decirlo así, en aquellos años, era un gran riesgo: la maquinaria paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) ya estaba articulada con sectores de la Fuerza Pública y sus huestes avanzaban a sangre y fuego atacando todo aquello que afectara los intereses de quienes ostentaban los poderes económicos y políticos.

Su voz era escuchada con nitidez en el recinto del Paraninfo de la Universidad de Antioquia, pleno centro de Medellín, por decenas de espectadores que concurrieron a aquella disertación conmovidos por el recuerdo de la muerte de tres personajes ilustres de la academia, que dieron su vida por los más humildes.

Aquel día, Valle Jaramillo, quien presidía el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, estaba inspirado en el dolor que le generó la ausencia de sus amigos, pero también en la angustia que le producía la soledad de los campesinos ante la arremetida paramilitar en Antioquia y, sobre todo, en Ituango, su tierra natal. Le afectaba el poder que estaban adquiriendo.

“Ya la Fiscalía tiene que pedir permiso a esos personajes que aparecen extrañamente en los municipios, para poder hacer un levantamiento de cadáveres. Y los inspectores que hacen esos levantamientos de cadáveres son asesinados para destruir la prueba, para impedir los sistemas de investigación judicial”, dijo, con tono de amargura.

Con toda razón, la investigadora María McFarland lo llamó “El Profeta”, en su libro There Are No Dead Here: A Story of Murder and Denial in Colombia (Aquí no hay muertos: una historia de asesinato y negación en Colombia), que será lanzado esta noche en New York. (Leer más en: “Jesús María Valle representa a miles que sacrificaron sus vidas por contar la verdad”: María McFarland)

Hubo un plan

Aquel 25 de agosto, el insigne abogado aprovechó la ocasión para rendir un informe sobre la situación de derechos humanos en el departamento. En un breve contexto, hizo alusión a la senda de desarrollo que traía Antioquia desde 1983, año en el que, por primera vez, se presentó un plan de desarrollo, respaldado por una ordenanza, que integraba las regiones y posibilitaba una mayor inclusión social y económica.

“Ese plan se fijó una meta: que fuese un mecanismo en un proceso de paz, que lográramos vincular a todas las regiones y a todos los municipios, que tuviéramos un ciudadano más laborioso y participativo”, detalló Valle Jaramillo, a quien ese proceso lo animó a pensar en un departamento con mayor justicia social, sobre todo con el fortalecimiento que se dio entre 1989 y 1993. “Antioquia estaba proyectando un desarrollo que penetrara más en lo regional y en el ente territorial denominado municipio. Y nos comprometimos en el plan de desarrollo con muchos sectores poblacionales e íbamos a los concejos, a las entidades comunitarias”.

Pero algo pasó, hubo una fractura en ese camino trazado, ocasionada por grupos armados ilegales que se propusieron acabar con las guerrillas. “Entonces aparecieron unos hombres armados en las regiones que cometían una seria de tropelías y asesinatos y hábilmente desaparecían de la zona”, recordó.

El clima de terror que se impuso, sobre todo en el campo, poco a poco fueron minando las ilusiones que había generado en Valle Jaramillo la posibilidad de concretar, con las comunidades y las autoridades locales, un plan de desarrollo más incluyente.

“Un clima de zozobra empezó a desintegrar lo que habíamos construido durante muchos años”, dijo, y detalló las consecuencias que comenzaban a generar esas estructuras armadas, sobre todo en temas tan esenciales como la educación, la salud y el desarrollo agropecuario.

“Aquellos maestros que protestaron por esos asesinatos y masacres fueron perseguidos, desaparecidos y asesinados. Entonces se empezó a desintegrar todo ese sistema educativo”, aseveró el jurista. “Y los médicos que iban a las veredas y a los corregimientos a atender a los enfermos con mucho esfuerzo, también fueron perseguidos, intimidados, amenazados, desaparecidos, y el sistema de salud empezó a degradarse”.

Sobre los efectos en el campo, que para Valle Jaramillo era un asunto vital, agregó: “Y los programas agropecuarios, las Umatas en Antioquia, cuando soñábamos con remplazar el café, cuando soñábamos con un dominio del paisaje y de la agricultura, se desintegraron”.

Y en medio de su angustia, percibía efectos funestos sobre las comunidades: “Y ese tejido solidario del campesino se fue desintegrando y se empezó a consolidar la zozobra al lado del temor, mientras se perdían los proyectos culturales, artísticos, artesanales”.

Para aquellos años ya esa máquina de guerra contrainsurgente, que veía supuestos enemigos en todos lados, estaba a toda marcha. Tan sólo en entre 1993 y 1995 se habían perpetrado 37 masacres en el departamento, dejando 257 muertos. Y ese modelo macabro, según Valle Jaramillo, se estaba copiando en otros departamentos.

“Estamos exportando, a través de una concepción equivocada del orden público, violencia para departamentos pacíficos como los de la Costa y Chocó. Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, a todo el país”, afirmó.

Su informe sobre la situación de derechos humanos en Antioquia no era alentador y su relato se basó no sólo en fríos reportes, sino en su experiencia personal: “Lo han visto mis ojos, lo he presenciado con gente de mi pueblo, de mis veredas, de mis corregimientos. A esas personas que yo vi nacer, con esas personas con quienes escuché silbidos de miseria en las montañas, han sido asesinadas”.

En aquella ocasión expresó también su dolor por el silencio de las autoridades: “Y he ido a todas partes invocando derechos de petición para la población campesina, y no he recibido respuesta positiva”.

Sus denuncias

Dos meses antes de aquel célebre informe, Valle Jaramillo acudió a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación a denunciar con detalle lo que venía ocurriendo en buena parte del norte del departamento y a ofrecer detalles de lo ocurrido tras una cruenta incursión paramilitar, donde perdieron la vida Jairo Sepúlveda Arias, Graciela Arboleda, William Villa y Héctor Ortega.

“Todos ellos fueron asesinados por un grupo de hombres armados que se hacían pasar por Autodefensa y para poder cometer el delito hicieron un recorrido, de Caucasia a la Nueva vía, de la Nueva vía a San Andrés de Cuerquia, de San Andrés de Cuerquia al Valle, del Valle al perímetro urbano de Ituango, y de Ituango en un trayecto de dos horas al corregimiento La Granja”, le explicó a la Fiscalía el 13 de junio de 1997.

En su declaración se mostró preocupado por la falta de diligencia de las autoridades policiales locales y el desconocimiento en la Gobernación de Antioquia: “En Ituango en esa época había comando de Policía y había Ejército. Desconcierta que tres asesinatos de esas tres personas en La Granja y el asesinato del profesor Sepúlveda en el municipio de Ituango se hubiesen hecho sin que la Policía y el Ejército se hubiesen dado cuenta y al mes sin que el que Secretario de Gobierno Departamental, doctor Pedro Juan Moreno, se hubiese dado cuenta”.

El abogado y defensor de derechos humanos fue dando cuenta de las infructuosas gestiones que había hecho ante la Gobernación de Antioquia y la Cuarta Brigada del Ejército para que se protegiera a Ituango, su tierra natal, de la presencia de comandos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), quienes, a su juicio, eran apoyados por ganaderos, comerciantes y políticos locales. Lo que obtuvo a cambio de sus denuncias fue un sospechoso silencio.

“Por ello yo considero que el gobernador de Antioquia (Álvaro Uribe Vélez) ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el doctor Pedro Juan Moreno, en un comportamiento omisivo que raya en lo delictual”, aseveró en su denuncia. Para el momento de su declaración, según el jurista, se contabilizaban 150 personas asesinadas.

Pero no se quedó sólo en ese señalamiento. Con base en distintas pruebas que aportó, solicitó que se enviara “toda esa documentación a la honorable Corte Suprema de Justicia para que esa entidad vea si se amerita dictar un auto de cabeza de proceso contra el gobernador de Antioquia, el doctor Pedro Juan Moreno, por el delito de prevaricato por omisión”. (Descargar declaración)

Defensa institucional

Pero Valle Jaramillo luchaba contra corrientes institucionales muy poderosas, entre ellas la Federación Antioqueña de Ganaderos (Fadegan). Unos de sus directivos, Jaime Tobón Villegas, era un defensor de la seguridad privada como estrategia para combatir a los grupos subversivos. Así lo advirtió en una carta que le envió al entonces ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, el 17 de junio de 1997, en reacción a un mensaje que enviaron varios jefes guerrilleros dos días antes, durante la entrega a una comisión de personalidades nacionales e internacionales de 70 soldados que mantenían retenidos tras las incursiones en Las Delicias (Caquetá) y Juradó (Chocó) en que propusieron el desmonte del paramilitarismo y las Convivir.

“No pueden aceptarse tales condiciones simplemente antes de negociar. Ellas son motivo de conversaciones”, escribió Tobón Villegas. “Lo que pretenden las Farc es suspender todos los controles del Estado para defender la sociedad y poder continuar el conflicto sin Seguridad, sin Paramilitarismo, sin las Convivir, sin los decretos de orden público, etc., como quien dice que el Gobierno y la Sociedad se crucen de brazos para que la guerrilla prosiga a sus anchas para ir ganando espacios en todo el territorio nacional”. (Descargar carta completa)

Pero no era el único que tenía esas posturas. Meses atrás, el 20 de marzo de 1997, el entonces secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno, le envió una extensa carta a José Miguel Vivanco, “director ejecutivo de Human Rigths Watches” (sic), con el objeto de aclarar la legalidad de las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, en reacción a unas críticas declaraciones que dio Vivanco a un noticiero de televisión el 9 de marzo de ese mismo año.

En esa misiva, el funcionario defendió las políticas de seguridad que se implementaron en la Gobernación de Antioquia y aseguró que “el Señor Gobernador dentro de la concepción de autoridad firme ha utilizado los recursos y medios necesarios que la Constitución pone a la mano para hacerlo”, refiriéndose, entre otras cosas, al Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, expedido por el entonces presidente de la República, César Gaviria Trujillo, mediante el cual se crean las asociaciones de seguridad y vigilancia privada.

No faltaron, en su exposición, alusiones a los críticos que, como Vivanco, cuestionaban a las Convivir: “Nuestros intelectuales de izquierda están condenados a ser una minoría desubicada y anacrónica en este país”.

Pero su punto central fue concretar la intención que impulsó la Gobernación de Antioquia durante ese periodo, apalancándose en normas de carácter nacional: “Si […] resulta urgente superar el estado de inteligencia del Ejército y la Policía, ¿por qué ha de tildarse de ‘guerrista’ a quien de veras asume el liderazgo en la reivindicación civil de la acción militar?”.

Líneas más adelante volvió a fustigar a quienes promovían salidas negociadas a la confrontación armada: “El Señor Gobernador, con su política de fortalecimiento de la seguridad, está propiciando el diálogo con una mayor eficacia que toda la retórica empalagosa de los pacificas desubicados”.

Y al abordar el tema de las asociaciones de seguridad y vigilancia privada, no dudó en defenderlas. “Tienen una base ética legal y ética indiscutible”, aseveró. “Fueron constituidas con el propósito altruista de interrelacionar la población civil con las autoridades legalmente constituidas y crear entre la ciudadanía de bien, una conciencia de colaboración con las instituciones del Estado”. (Descargar carta completa)

Valle tenía razón

“Paramilitares y las Convivir se confunde en los uniformes, en las sedes, en los vehículos que utilizan”, dijo el jurista y defensor de derechos humanos aquel 25 de agosto, muy en contravía de lo que decían en la Gobernación de Antioquia y sectores económicos como Fadegan.

Lo que se vino a corroborar, más de una década después, a través de los testimonios de exparamilitares que se desmovilizaron bajo los acuerdos firmados con el gobierno nacional y se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que los comprometía a decir la verdad sobre sus actividades en la guerra, es que, efectivamente, lo que denunció tempranamente Valle Jaramillo era cierto. Y lo ratificaron diversos tribunales.

Así, por ejemplo, quedó consignado en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 21 de noviembre de 2013, al condenar al Ministerio de Defensa por la desaparición forzada de ocho personas en el municipio de San Roque, Antioquia, ocurrida el 14 de agosto de 1996. En esta decisión se precisó: “La Sala reitera que en estos eventos la responsabilidad del Estado se ve comprometida de forma especial y particular, toda vez que, precisamente, la administración pública –y especialmente en el departamento de Antioquia– fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados ‘Convivir’ cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad a un fenómeno de paramilitarismo cuyo objetivo era exterminar los grupos subversivos”.

La sentencia contra José Barney Veloza García, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 31 de enero de 2012, estableció que “las Convivir, fueron el motor para el sostenimiento y crecimiento de las autodefensas”, basándose en las declaraciones del empresario bananero y exjefe paramilitar Raúl Hasbún y de Hebert Veloza García, alias ‘HH’.

Ante jueces y fiscales, Hasbún narró que en alguna ocasión visitó al secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno, quien le sugirió crearan una Convivir en el Urabá antioqueño y la idea cogió tanta fuerza que en poco tiempo se constituyeron doce, una de las cuales, llamada Papagayo, fue utilizada por la estructura paramilitar para canalizar los recursos económicos aportados por las empresas bananeras y ganaderas.

Alias ‘HH”, por su parte, detalló que las Convivir en el Urabá antioqueño, desde su conformación, estuvieron al servicio de las Accu, siendo encargado Raúl Hasbún, “quien las creó para legalizar dineros que entraban a las autodefensas por los aportes de sectores de la economía legal de la región”.

La Fiscalía General de la Nación también sumó investigaciones al respecto. Durante una audiencia realizada en abril de 2011, la Fiscal 17 de Justicia y Paz aseguró que “Raúl Hasbún fue la parte administrativa fundamental de las Convivir”, y agregó que éste aprovechó su condición de empresario y su cercanía con los empresarios bananeros y ganaderos de la zona para captar recursos para estas asociaciones. De acuerdo con el ente acusador, en Antioquia se constituyeron por lo menos 87 Convivir, la mayoría de ellas durante la gobernación de Álvaro Uribe, entre los años 1995 y 1997.

En esa audiencia, alias ‘HH’ detalló que las confesiones que venían haciendo sobre las Convivir les habían generado presiones a él y a José de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’, un exparamilitar del Bloque Calima de las Auc que sabía del tema.
De acuerdo con ‘HH’, a Pérez Jiménez le ofrecieron 200 millones de pesos para que guardara silencio y, según dijo, detrás de esa oferta estaban el llamado excanciller de las Auc, Rodrigo Zapata, el abogado Sergio González y el hoy senador José Obdulio Gaviria. (Leer más en: Convivir eran fachada del paramilitarismo en Urabá)

Lo dramático de este caso es que Pérez Jiménez, el primer desmovilizado en recuperar la libertad tras saldar sus cuentas con la justicia, fue asesinado en el barrio Moravia, de Medellín, el 6 de junio de 2015, tan sólo 22 días después de recuperar su libertad.

Denunciar la relación de las Convivir con las estructuras paramilitares implicaba riesgos. Así lo vislumbró Valle Jaramillo en aquel discurso del 25 de agosto de 1997, luego de anunciar que aparecía en “las listas de Carlos Castaño”, máximo jefe de las Accu en aquel tiempo: “Desde esa fecha estoy esperando el golpe, porque me hice el propósito de denunciar esas 150 muertes de personas de mi pueblo y yo sigo creyendo que muy lentamente, muy tardíamente, que, con muchos años de atraso, la Fiscalía y el órgano judicial adelantará esta investigación”.

Y su afirmación fue premonitoria. En sentencia de segunda instancia fechada el 25 de noviembre de 2017, más de 19 años después de su discurso, el Tribunal Superior de Medellín sostuvo que “las Fuerzas Militares, de Policía, de Seguridad, la Gobernación de Antioquia, grupos de ganaderos, comerciantes, industriales y muy buena cantidad de personas que fueron víctimas de las acciones de la guerrilla, se aliaron con los grupos de autodefensa o paramilitares en orden de combatir a esos grupos insurgentes”.

De acuerdo con las pruebas evaluadas por ese tribunal, existía un alto interés del secretario de Gobierno Departamental, Pedro Juan Moreno, de silenciar al defensor de derechos humanos. “Fue el principal promotor de ese hecho, reiteramos, en la idea de impedir que se diera a conocer la alianza entre los mandos institucionales y de Autodefensas. A más por cuanto eran también responsables de la cantidad de homicidios y desplazamientos y en general de la ejecución de la política orientada al exterminio de las guerrillas, sus simpatizantes y auxiliadores”.

La decisión, que ratificó la condena de 30 años contra los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, coautores del homicidio del abogado y defensor de derechos humanos, también ordenó compulsar a la Fiscalía para que se investigue al senador, expresidente y exgobernador Álvaro Uribe Vélez; al general Carlos Alberto Ospina, comandante para aquella época de la Cuarta Brigada del Ejército; al entonces comandante del Batallón Girardot, coronel Germán Morantes Hernandez; y a varios oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía.

Varios sectores sociales leyeron la decisión con algo de esperanza, tal vez pensando en aquellas palabras de Valle Jaramillo pronunciadas en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia en Medellín: “En ninguna parte del mundo ha vencido la criminalidad organizada a la judicatura”.

The post El ambiente hostil que rodeó a Jesús María Valle antes de su asesinato appeared first on VerdadAbierta.com.

Luis Fernando Almario, en el Congreso de la República, durante su etapa de representante a la Cámara. Foto: archivo Semana.Luego de casi cuatro años de que se ordenara su captura, la Corte Suprema de Justicia aseguró que el exrepresentante a la Cámara, Luis Fernando Almario, se alió con los paramilitares que hicieron presencia en Caquetá para beneficiarse política y electoralmente entre 2001 y 2006. Por tal razón, lo condenó a una pena de 120 meses de prisión y una multa de 11.000 salarios mínimos.

La Sala de Casación Penal del Alto Tribunal probó la alianza del político con dos grupos paramilitares: el Bloque Caquetá, primer grupo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) que en 1997 enviaron los hermanos Carlos y Vicente Castaño al departamento; y el Frente Sur Andaquíes, agrupación que se creó luego de que los Castaño le vendieran la franquicia paramilitar al narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

La incursión paramilitar al Caquetá

“De acuerdo con los hechos comprobados en el expediente, los ex militantes de estos dos  grupos de autodefensas convinieron con Almario Rojas promocionar dichas organizaciones como estructuras de poder que ejercían dominio en la zona, para lograr notoriedad como  consecuencia de su expansión, someter a la población y ganar espacios sociales y políticos”, dice el comunicado de la Corte. Y agrega que esto se dio a cambio de contraprestaciones pactadas con los ‘paras’ en varias reuniones.

¿Qué han dicho los ‘paras’?

Almario, del partido Movimiento de Participación Popular, ha sido señalado por los exparamilitares, Carlos Fernando Mateus, alias ‘Paquita’, exjefe del Frente Sur Andaquíes, y José Germán Senna, alias ‘Nico’, jefe político de este mismo grupo paramilitar.  Tanto alias ‘Paquita’ como ‘Nico’ han asegurado en Justicia y Paz que Almario recibió el apoyo político, electoral y militar del Bloque.

¿Se destapa la parapolítica en Caquetá?

De acuerdo con la versión de varios desmovilizados, dentro de los acuerdos, los políticos apoyados por Almario se comprometieron a entregar parte del presupuesto de las gobernaciones y alcaldías a cambio del apoyo de las autodefensas. Almario no solo se alió con los paramilitares para las elecciones parlamentarias, sino también para elegir a sus socios políticos en las elecciones locales.

De acuerdo con un testimonio que la Fiscalía le entregó a la Corte Suprema, Almario se reunió con alias ‘Chiqui’ en un apartamento en Bogotá donde se pactó la colaboración que los paramilitares presuntamente entregaron a su “ahijado” político, Juan Carlos Claros, para las elecciones a la gobernación de Caquetá en el 2004.

“Los políticos del Caquetá nos utilizaron”: alias ‘Paquita’

Según sus declaraciones, Almario se reunió también en varias ocasiones con el máximo jefe del Bcb, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, uno de los jefes más poderosos de las Auc, para definir la forma en que su bloque paramilitar iba a financiar la campaña de Claros.

Fue así como alias ‘Chiqui’, por órdenes de ‘Macaco’, presuntamente entregó 20 millones de pesos para apoyar la campaña de Claros y se comprometió a intimidar a la población del departamento para que votara por él.

Según dijeron los postulados a la ley de Justicia y Paz, la presión contra los electores se hizo más fuerte en el municipio de Morelia, también en veredas como La Liberia, Fuente Hermosa, Puerto México, y la Rochela, en el corregimiento de Bolivia, donde Luis Francisco Cuellar, candidato opositor de Claros para las elecciones, tenía gran acogida.

Después de la elección de Juan Carlos Claros como gobernador en el 2004, según dijeron los testimonios,  el político entregó grandes tajadas del presupuesto del departamento a los paramilitares.

A esto se suma al vínculo que se da por los lazos familiares entre Jhon Eduard Monje, quien fuera asesor de la unidad legislativa de Almario durante su gobernación, y su hermano Juan Carlos Monje, quien se desmovilizó en Valparaíso como jefe de la autodefensas que dominaban esa zona.

Por estos señalamientos, en octubre de 2012, la Procuraduría General inhabilitó al político por 15 años para ejercer cargos públicos. En su momento el ministerio público ratificó la versión de que Almario se había reunido con el ex paramilitar  alias ‘Paquita’, con quien coordinó el apoyo que recibió de las autodefensas.

Inhabilitan a ex congresista Luis F. Almario por nexos con ‘paras’

Sobre el excongresista Almario pesa otra investigación por su presunta responsabilidad intelectual en los asesinatos del representante a la Cámara Diego Turbay Cote, su madre y cuatro personas más realizado por las Farc en el 2000 en Caquetá. Por ese caso, Almario recobró su libertad en mayo de 2009 después de que el juez especializado de Bogotá, Carlos Enrique Tobón, ordenara su libertad tras considerar que se vulneró su derecho al debido proceso. El juez decidió que el expediente de Almario se devolviera a la fase de instrucción y por ello el proceso sigue abierto.

The post Luis Fernando Almario condenado por ‘parapolítica’ appeared first on VerdadAbierta.com.

Soberbia. Con esa palabra se pueden describir las primeras declaraciones judiciales de Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que cuando llegó al Congreso en 2004 dijo: “el cese de hostilidades no nos exime de la responsabilidad de defender a las poblaciones de los ataques de las guerrillas”. O, luego de entregar las armas en 2005, cuando le preguntaban por las miles de víctimas del paramilitarismo, respondía con un: “yo fui el Estado”.

Su testimonio, sin embargo, ha sido uno de los más valiosos, pues desde los años 90 creó su propio grupo paramilitar en Córdoba con ayuda de la Brigada XI del Ejército. En 1994 se unió a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, donde conoció de primera mano algunas de las reuniones más importantes que sostuvieron Carlos y Vicente Castaño con altos mandos militares y políticos para extender su proyecto paramilitar en todo el país. Él mismo llevó estos grupos a Cesar, Magdalena, los Montes de María, La Guajira y Norte de Santander.

Han pasado diez años desde que se expidió la ley de Justicia y Paz, de la que fue el primero en la lista de postulados que el gobierno le envío a la Fiscalía. En los últimos videos conocidos de Mancuso, se ve a un hombre agotado que casi mecánicamente acepta su responsabilidad, luego de que el fiscal le relata los miles de crímenes atroces que hombres bajo su mando cometieron en casi todo el país. Un hombre que pide perdón a las víctimas con impotencia, porque pocas veces tiene respuesta para sus preguntas. Varios funcionarios judiciales que han seguido su paso por la justicia aseguran que este no es el mismo Mancuso que conocieron.

El Dossier de Salvatore Mancuso

En una década, y tras cientos de tropiezos, no solo Salvatore Mancuso ha cambiado sus declaraciones, también la Fiscalía encontró nuevas fórmulas para investigar crímenes masivos y los magistrados de Justicia y Paz han sentado su voz en importantes sentencia contra este postulado.

Como parte del especial ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz? VerdadAbierta.com hace un detallado repaso sobre del proceso judicial más ambicioso que hasta ahora ha enfrentado el país en materia de justicia transicional.

Un mal comienzo

“Nadie sabía qué estábamos haciendo. Todos veníamos acostumbrados a la justicia ordinaria y nadie nos formó: los fiscales, los investigadores, los magistrados y, por su puesto, nosotros los abogados”, recuerda Jaime Paeres, defensor de Salvatore Mancuso en Colombia.

De hecho, en los primeros años, Mancuso y su grupo de abogados le dieron más importancia a los juicios de parapolítica en la Corte Suprema, donde el desmovilizado declaró en contra de 52 políticos que hoy en día están condenados. La Corte avanzaba a paso rápido, mientras el sistema judicial especial que había creado el Estado para juzgar a los exparamilitares se estaba adaptando.

“Se versionaban al día 3 o 4 delitos y luego ante los magistrados se nos iba todo un día de audiencia imputando 20 hechos, mientras mostraban todas la necropsias y leían una a una las actas de defunción. Eso no es sostenible si hablamos de miles de crímenes”, asegura un asistente a los primeros juicios. Mancuso llegó a decir que Justicia y Paz era una cadena perpetua, pues si seguían a ese paso iba a tardar más de 200 años en contar toda la verdad.

Al comienzo fue difícil que hablara de sus crímenes, sobre todo de sus aliados, pues siempre aludía a posibles represalias contra su familia. Las versiones más complicadas, como sucedió con otros jefes paramilitares, fueron las que versaban sobre las irregularidades en la desmovilización. Al interior de la Fiscalía fue una dura pelea saber que quién no permitió el desarme de los menores de edad en las filas de las Auc fue Luis Carlos Restrepo, el entonces comisionado de paz.

El torpedeado comienzo empeoró con su extradición a Estados Unidos en mayo de 2008, junto a otros 13 jefes paramilitares. Durante casi un año, el proceso de Justicia y Paz quedó suspendido. Desde el primer día hasta hoy, Mancuso ha repetido que lo enviaron a otro país para callarlo.

En los estrados judiciales

Mancuso aceptó haber convocado el Pacto de Ralito en junio de 2001, una reunión de más de 100 políticos de la Costa Caribe y funcionarios públicos con la idea de crear un movimiento nacional. Foto: archivo Semana. A mediados de 2012, luego de tires y aflojes conla Fiscalía, siete años después de haberse desmovilizado, Mancuso llegó por fin ante una magistrada de Justicia y Paz para ser condenado. Desde una cárcel de Virginia, Estados Unidos, acudía a la audiencias vía videoconferencia.

El ente investigador documentó 110 delitos cometidos en Norte de Santander por el Bloque Catatumbo. Un grupo paramilitar que se creó en 1999, luego de que Mancuso eligiera a más de 270 hombres entrenados en Urabá y los embarcara en siete camiones que recorrieron cuatro departamentos del país hasta llegar a Tibú. En ese momento comenzó la peor matanza vista hasta ahora en Norte de Santander.

“El propósito inicial de esta audiencia fue conocer quiénes fueron las redes de apoyo que permitieron esa entrada tan brutal en el Catatumbo. Desde la Sala hubo mucha presión para que Salvatore Mancuso contara lo que no había contado ante la Fiscalía”, dice Alexandra Valencia, la magistrada que estuvo a cargo de la audiencia.

Durante las primeras sesiones Mancuso aseguró tener toda la verdad, decía que la entrada de los paramilitares no habría sido posible sin la ayuda de agentes del Estado, pero se rehusaba a dar nombres argumentando que la seguridad de su familia estaba en riesgo. En duros pronunciamientos, la magistrada le recordó que su compromiso era con la verdad y que de no hablar, tendría que ser excluido del proceso. Como ocurrió con la mayoría de los postulados, este fue el escenario en el que Mancuso se encontró de nuevo con la justicia colombiana que años atrás fue omisiva.

La audiencia se sostuvo durante por lo menos tres meses sin interrupciones. Mancuso se refería a militares que ya estaban fallecidos o salpicaba a alguien cuando su vinculación era evidente. Por ejemplo, decidió hablar de las reuniones entre Carlos Castaño y el General Mauricio Santoyo,  jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, solo días después de que este fuera ido extraditado a Estados Unidos.

“Santoyo trabajó con Carlos Castaño”: Mancuso

Poco a poco el tono se fue suavizando y parte de la verdad salió a la luz. En audiencia se habló de los miembros de la fuerza pública como el general (r) Iván Ramírez que, según varios desmovilizados, no solo permitió la entrada de los paramilitares, sino que planeó la expansión junto a Carlos Castaño. Se nombraron otros militares retirados como Víctor Hugo Matamoros a quien la justicia absolvió.

Participaron también excongresistas condenados por parapolítica como Eleonora Pinera y Miguel de la Espriella para aclarar que el expresidente Álvaro Uribe sabía que contaba con el apoyo de los paramilitares y, especialmente, de Salvatore Mancuso en las elecciones. Fueron miembros del Fondo Ganadero de Córdoba a hablar de la supuesta intermediación que hizo José Felix Lafourie de Fedegan para la elección del fiscal Mario Iguarán.

Se habló de la Fiscalía seccional de Cúcuta, donde después de matar y amenazar a varios de los fiscales, los paramilitares se aliaron con la nueva directora Ana María Flórez, prófuga de la justicia. También se mencionó el apoyo de empresas como Ecopetrol y federaciones como Fedegan al Bloque Catatumbo.

Pero tal vez el punto más álgido de la audiencia fue cuando Salvatore Mancuso delató a su propio primo, a quien consideraba casi un hermano: Doménico Mancuso. Fue el encargado de hacer los contactos entre el Bloque Catatumbo y los miembros de la fuerza pública para asegurar la entrada en cada uno de los municipios de Norte de Santander. A raíz de esas confesiones Doménico fue capturado. A puerta cerrada, como pocas veces ocurre, Mancuso habló también de sus primeros encuentros con Álvaro Uribe y el alcance que el antiguo DAS tuvo en el entrenamientos de los grupos paramilitares.

Doménico Mancuso: enlace de las Auc con el Ejército en el Catatumbo

“Mientras eso pasaba, todo seguía funcionando normalmente. La guerra no ocurre porque dos grupos se enfrentan, sino porque grupos de poder lo permiten”, dice la magistrada y todo esto la llevó a pensar que más allá de un concierto para delinquir, algunos de los agentes del Estado habían servido funcionalmente a la llegada y expansión del grupo paramilitar. Por tal razón, debían responder como “el hombre de atrás” de los crímenes. “Pero esta postura no fue acompañada por los demás magistrados de la sala”, dice.

De acuerdo con Valencia, uno de los grandes aprendizajes del proceso contra Salvatore Mancuso es que en la justicia transicional, a diferencia de la ordinaria, es seguro que se va a terminar en sentencia condenatoria. Por eso el peso no debe ponerse en el fallo, sino en el proceso.

La priorización

Los cuatro bloques paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso desplazaron a más de 72 mil víctimas, de acuerdo con la información recogida por la Fiscalía. Foto: archivo Semana. En diciembre de 2012 se reforma la ley de Justicia y Paz con los cambios que ya al interior de la Fiscalía se estaban dando. El tiempo se estaba agotando, los postulados comenzaban a cumplir sus ocho años máximo de prisión y solo había algo más de diez sentencias. Se sabía que no se podía seguir investigando y juzgando uno a uno los hechos.

Bajo ese contexto a comienzos de 2013 se planteó una segunda audiencia que contemplaba 1.400 crímenes cometidos por cuatro Bloques: Córdoba, Montes de María, Norte y Catatumbo. “Todos estos fueron fundados por Mancuso bajo las mismas directrices y aunque siempre había alguien a cargo del grupo, en últimas todos le rendían cuentas a él”, cuenta uno de los fiscales que trabajó en el caso. Este proceso quedó en manos de la magistrada Léster González.

Para lograr ese objetivo tuvieron que unirse 7 despachos de la Fiscalía que habían trabajado por separado haciendo contextos y versiones libres por su lado. “Fue necesario que juntáramos toda la información, que nos alejáramos del caso a caso y que hiciéramos un análisis macro de qué era lo que realmente había pasado en el país. No fue una tarea fácil”, recuerda el fiscal.

Decidieron así construir los patrones por crímenes. Eligieron desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento de menores y violencia basada en género. Existía una directriz clara de su accionar con algunas diferencias regionales, por ejemplo, que todos los bloques incineraron los cadáveres ya fuera en hornos crematorios (como sucedió en Norte deSantander) o introduciéndolos en llantas que luego quemaban (así lo hicieron en gran parte de la Costa Caribe), los arrojaban a los ríos o en el caso particular del Bloque Catatumbo, los arrojaban por abismos.

Organizar esta información para crear dichos patrones y presentarlos en audiencia requirió la participación de más de 200 funcionarios. Por primera vez, los fiscales juntaron los contextos que cada uno había creado en su región e hicieron un solo relato a varias voces que presentaron ante los magistrados. “Nos dimos cuenta de que hay que dejar de lado esas envidias con la información para lograr algo más grande. Acá la información era de todos”, cuenta una fuente de la Fiscalía.

El trabajo hecho en los primeros años sirvió para que se documentara con detalle en la sentencia más de 90 masacres, algunas de las más grandes cometidas en la Costa Caribe como la del Salado o la de Playón de Orozco. También algunos hechos de impacto regional como el asesinato del personero de Villanueva que se atrevió a encarcelar a Mancuso y a ‘Jorge 40’.

Las verdades de la nueva condena contra Mancuso

Con la reforma a ley de Justicia y Paz se eligieron también a unos jefes paramilitares. El objetivo era priorizar su proceso judicial para que una vez obtenida su sentencia, quienes fueran su subalternos no tuvieran que someterse a un proceso judicial, sino acogerse a una sentencia anticipada y así agilizar el proceso. En un comienzo Mancuso se rehusaba a aceptar tal cantidad de crímenes, pues aseguraba que él desmovilizó solamente al Bloque Catatumbo y que cada uno de los Bloques tenía sus propios jefes. Los postulados de rangos menores no estaban tampoco contentos con la decisión. Creían que solo beneficiaban a los jefes y que les iba a retrasar su libertad.

Sucedió algo similar con los 175 delitos de género documentados por la Fiscalía que incluían la esclavitud sexual, el aborto y la esterilización forzada. Esta sentencia, proferida en noviembre de 2014, es la que más más víctimas de este flagelo ha reconocido. “Ante la justicia ninguno de los patrulleros ni mandos medios quería aceptar violencia sexual. Les daba más vergüenza contar eso que reconocer un homicidio”, dice el abogado Jaime Paeres. Los defensores de los postulados recogieron la información en las cárceles y se la llevaron a Estados Unidos a Mancuso, quien decidió aceptar los cargos y exigir a sus antiguos subalternos que respondieran ante las víctimas.

Al final, todos se pusieron de acuerdo y sacaron adelante la primera macro-sentencia de Justicia y Paz.

Aunque esta macro-sentencia contra Salvatore Mancuso no entra en mayores detalles sobre los terceros involucrados con el grupo paramilitar, controvierte la decisión tomada por la magistrada Alexandra Valencia.  “El paramilitarismo no constituyó en sí mismo una política estatal que tuviera proyección en el tiempo ni que fuera diseñada expresamente por algún órgano constitucional ni legítimo”, reza la sentencia. La magistrada González agregó que aunque hubo participación de miembros del Estado, se deben resaltar los esfuerzos estatales que se adelantaron durante la expansión del paramilitarismo a fin de fortalecer la Fuerza Pública.

Los enredos en la reparación de las víctimas de Salvatore Mancuso

La sentencia fue apelada por varias de las víctimas, pues varias de ellas no quedaron reconocidas en el fallo. Esta es la primera sentencia en la que un magistrado acepta todos los patrones de macro-criminalidad presentados por la Fiscalía y por eso hay tanta expectativa sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema, pues su respuesta podría darle el visto bueno a esta metodología u ordenar cambios radicales.

Cara a cara con las víctimas

En una sola sentencia se documentaron 94 masacres cometidas por hombres bajo el mando de Salvatore Mancuso, la mayoría en la Costa Caribe. Foto: archivo Semana. “Al comienzo la Fiscalía era muy desconfiada. Acercarse a hablar con las víctimas en un espacio no judicial era casi como un crimen”, dice Jaime Paeres. Poco a poco las barreras fueron bajando y fueron las víctimas, familiares de desaparecidos, las que buscaron a los excombatientes para obtener información más precisa. “Es difícil, pero a veces esa comunicación del postulado con la víctima es necesaria para reconstruir episodios más puntuales y son espacios que no siempre se pueden dar en una audiencia”.

La interacción con las víctimas es, para la magistrada Valencia, el punto de quiebre de los postulados. “No sé si sea solo una percepción mía, pero yo noté un cambio del postulado desde el comienzo hasta el final de las audiencias. De comenzar con un discurso muy a favor del paramilitarismo termina por denunciar lo que ellos mismos habían cometido. Entra en conciencia de lo que son los excesos de la guerra”.

Recuerda en particular el caso de un menor en Cúcuta, que luego de ser testigo presencial del asesinato de cuatro miembros de su familia a los 7 años, desarrolla una extraña enfermedad dermatológica en sus uñas que le impide manipular cualquier elemento con sus manos. El joven pedía como reparación un tratamiento médico. Frente a la mirada de todos, Salvatore Mancuso rompió en llanto y apagó la cámara. “Cuando se confronta con los huérfanos y viudas, ve otra parte de la guerra. Con esa segunda realidad entra un discurso de arrepentimiento muy fuerte”, dice la magistrada.

Dicho contacto en distintas zonas del país, les ha demostrado que, contrario a lo que estipula la ley, existen tantas formas de reparación como personas. Algunas víctimas aseguran sentirse reparadas con un sentido pedido de perdón, otras necesitan las coordenadas de un cuerpo, un cupo en una universidad o un tratamiento psicológico. Pocas sienten que el dinero que les están entregando a cambio, equivale a una verdadera reparación.

¿Qué falta?

Aunque los postulados han sido reacios a confesar delitos sexuales, pues decían que estaba prohibido en los estatutos, la macro-sentencia de Mancuso documentó 175 casos de violencia sexual en ocho departamentos. Foto: archivo Semana.“El cierre de la estructura del postulado Salvatore Mancuso está proyectado de aquí a tres años”, dice Carlos Villamil, Director de Justicia Transicional de la Fiscalía. Primero se presentará ante los Tribunales de Justicia y Paz el cierre de todos los hechos documentados del Bloque Córdoba, Contrainsurgencia Wayuu (que delinquió en La Guajira) y Resistencia Tayrona.

En una segunda fase se cerrarán los delitos que no se han llevado a juicio de los Bloques Norte, Montes de María y Catatumbo. La mayoría de los postulados ya está saliendo en libertad aunque no tenga una sentencia condenatoria y se espera que estos procesos cobijen a los miles de excombatientes que hicieron parte de estos grupos.

En Estados Unidos Mancuso fue condenado a 15 años y diez meses de prisión, de los cuales ya cumplió 7. Luego de esta sentencia fue trasladado a otra prisión en Virginia, con mayores libertades carcelarias, pero le impiden la comunicación vía videoconferencia con Colombia, lo que ha retrasado el proceso. Se está estudiando si es posible versionar por escrito.

Para diciembre de este año se programó la audiencia en la que Mancuso solicitará la libertad en Colombia. Aunque no va a estar efectivamente libre hasta que no cumpla su condena en Estados Unidos, la decisión del tribunal puede marcar un precedente para los demás extraditados que aún no tienen claro si su estadía en Estados Unidos cuenta como parte del pena que deben cumplir en Justicia y Paz.

The post Mancuso: lecciones para juzgar a un criminal de alto calibre appeared first on VerdadAbierta.com.