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Desde la oleada de violencia en Arauca tres años atrás, los catatumberos temían que, de igual manera, la situación humanitaria se agravara en su territorio. Desde la semana pasada, decenas de víctimas mortales, de un número aún por establecer, enseñan la peor cara del conflicto entre disidencias de las Farc y el ELN. Mientras naufragan los diálogos de paz, organizaciones sociales y firmantes de paz piden ser escuchados para direccionar el accionar institucional.

El pasado jueves en horas de la noche, Javier* se movilizaba por la vía que va del casco urbano de Tibú a La Gabarra, cuando a la altura de la vereda Km 25 las ráfagas de fusil sostenidas entre ‘elenos’ y disidencias de las Farc lo frenaron. La comunidad le advirtió que se resguardara porque ya iban varios muertos en el pueblo. “La gente muy atemorizada y de ahí para acá, mejor dicho…”, lamenta el líder.

A la mañana siguiente, en diferentes caseríos del Catatumbo, miembros del ELN fueron casa por casa sacando personas, que después fueron encontradas sin vida. El temor se propagó y ese mismo día, en caravana de motos y carros, ondeando banderas blancas, cientos de docentes salieron huyendo de El Tarra y Tibú.

Varios enfrentamientos se propagaron por la región los días posteriores, dejando una situación sin precedente en el departamento de Norte de Santander: al menos 80 muertos —de estos, cinco firmantes del Acuerdo de Paz— , 20 heridos, decenas de secuestrados y miles de desplazados, según informó este domingo el gobernador del departamento, William Villamizar.

Aunque se han presentado varios combates en los municipios de El Tarra, Convención, Hacarí, Ábrego y la zona norte de San Calixto, la situación es más aguda en Teorama y Tibú. Según datos entregados por la Defensoría del Pueblo, 11.000 personas han sido desplazadas en la región durante esta crisis, las cuales, en su mayoría, han llegado a la cabecera municipal de Ocaña y Tibú y la ciudad de Cúcuta.

Entre los cientos de desplazados que la administración municipal de Cúcuta acomodó en el estadio General Santander, Javier ahora se alista para volver a zona rural de Tibú, a pesar de la situación. “Yo tenía un tío que decía: ‘mejor vivir entre las balas y tener la comida, y no estar por ahí mendigando”, expresó, lamentando la manera en que se está atendiendo la crisis humanitaria del Catatumbo. Cansado de una guerra eterna.

A pesar de que disidencias con el ELN hacían presencia en todos los municipios del Catatumbo, líderes de la región señalan que las tensiones empezaron desde hace dos años, cuando con diferentes acciones cada uno fue declarando control sobre ciertas regiones y restringiendo la movilidad. Luego se presentaron retenciones de hombres de un grupo al otro. Después, empezaron a tener lugar las balaceras. Finalmente, los muertos en enfrentamientos.

El riesgo estaba ampliamente advertido, recuerda Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y director de la Fundación Progresar. “Las organizaciones de derechos humanos, en distintos espacios y mecanismos de interlocución que tenemos con el gobierno nacional hemos discutido el riesgo evidente de que se desencadenara una guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc”, expresó. “El gobierno nacional hizo muy poco para parar esto”, agrega.

En distintas Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo había advertido el riesgo que se asomaba para ocho municipios del Catatumbo. En la última de estas, fechada el 15 de noviembre del año pasado, llama la atención sobre la escalada de violencia que venía ejerciendo el  Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la expansión territorial del Frente 33 de las disidencias de las Farc, comandadas por ‘Calarcá’, hacia municipios de Santander y sur de Cesar.

El asesinato de líderes y firmantes de paz alertó la situación a nivel internacional. Algunos de ellos, optaron por esconderse ante el inminente riesgo de muerte. Es el caso de José del Carmen Abril, líder social fundador del municipio de Convención. “Hoy temo por mi vida, porque han ido a la casa a buscarme cuatro veces el ELN”, denunció en un video el líder.

En un segundo testimonio, su hijo, Dairo Abril, un firmante de paz, le imploró al gobierno que no dejaran que le arrebataran a su padre. Carmito Abril, como lo conocen en su comunidad, fue rescatado por el Ejército Nacional en una extracción aérea el pasado viernes. De la misma manera familias de excombatientes y líderes sociales han sido liberados y extraídos del territorio por el gobierno.

Gran parte de la responsabilidad de esta violencia se le ha atribuido al ELN, estructura con la que el gobierno suspendió diálogos de paz.

“Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, afirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X el pasado viernes. Este lunes, volvió a pronunciarse señalando al ELN de perder su rumbo revolucionario y ser un estructura ‘narcoarmada’. “El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el gobierno, estamos al lado del pueblo”, expresó.

Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más, del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas.

La acción de masacre cometida por el ELN con fuerzas traídas desde Arauca hasta el Catatumbo calca perfectamente el accionar de los…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2025

Unas horas después, Petro declaró conmoción interior y el estado de emergencia económica. La primera es una figura constitucional  que autoriza al presidente a adoptar medidas excepcionales en situaciones de crisis que amenazan la seguridad y el orden público.

Cañizares recuerda que exigirle al ELN que no se levantara de la mesa hacía parte de evitar que empezaran las confrontaciones con las disidencias.

Ya en los últimos días, el comandante General de las Fuerzas Militares, Francisco Hernando Cubides, había anunciado el fortalecimiento de las operaciones militares en la región. Cerca de 300 efectivos fueron dispuestos para fortalecer la seguridad del Catatumbo, según anunció el Ministerio de Defensa.

Antes de esta oleada de violencia, el país se había conmocionado por la masacre del dueño de una funeraria, su esposa y su bebé de seis meses el pasado 15 de enero. Les arrebataron la vida cuando un grupo armado abrió fuego contra el vehículo en el que se movilizaba la familia López Durán, en la vía que conduce de Cúcuta a Tibú. A la fecha, ningún grupo se ha atribuido la autoría y se endilgan la responsabilidad unos a otros.

Aunque varios expertos han apuntado a una relación de este hecho con la violencia que experimenta la región, lo cierto es que aún hay muchas preguntas y las familias siguen silenciadas por el fuego cruzado.

En un comunicado difundido el pasado domingo, el Frente de Guerra Nororiental del ELN señaló que el “fracaso” del Acuerdo de Paz ha conducido a cientos de excombatientes a vincularse a grupos armados ilegales “al servicio del narcotráfico, bandas, a los organismos de seguridad del estado”. Bajo esa idea, el grupo armado  acusa al Frente 33 de las disidencias de estar conformado por varios firmantes de paz que están actuando como combatientes y milicianos. De esa manera, el ELN justificó el asesinato de los firmantes de paz y del resto de población civil.

“Jugaban a dos bandos, por un lado ponían la cara ante la JEP para recibir prebendas y por otro integraban las filas del 33, prueba de ello son las armas, logística y cocaína decomisada en las operaciones contra estos sujetos”, se lee en el comunicado.

Una vocera del partido Comunes, que pidió la reserva de su nombre, expresó que estos señalamientos ponen en riesgo a toda la población firmante y a sus familias que, desde todas las orillas, los han catalogado como traidores a la causa revolucionaria. Camilo Fagua, abogado defensor de varios firmantes trae a colación las estadísticas de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que muestran que más del 90 por ciento de los excombatientes se mantiene en su proceso de reincorporación

“Asesinar, desplazar, amenazar firmantes es una manera de demostrarle al gobierno que un Acuerdo de Paz en Colombia es inviable. Es decirle: ‘no dejo las armas porque si dejo las armas, paso al lugar de ese tipo que ahora no se puede defender por sí solo’ y que tampoco la arquitectura de la implementación del Acuerdo tiene cómo responderle”, expresó la vocera de Comunes.

Sin salidas

“Estas son comunidades que han sufrido mucho el rigor del conflicto armado: grandes operaciones militares, el control estricto de grupos guerrilleros toda la vida, el paramilitarismo del 99”, lamenta Cañizares. Ahora, con la guerra entre disidencias y ‘elenos’, las familias actúan bajo el instinto que siempre han conocido: sobrevivir.

“Ambos actores tienen una responsabilidad política inmensa en la que están afectando gravemente a la población y hasta ahora, ante la historia, son responsables de una crisis humanitaria que no veíamos en 20 años”, expresó Juan Carlos Quintero, coordinador general de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

La violencia contra la población civil, según coinciden varios analistas, se centra en que para uno y otro bando los líderes sociales, firmantes de paz y población en general son el apoyo o “la base social” de su enemigo, por el simple hecho de vivir en un territorio controlado por dicho actor. En otros casos, por ser familiares de personas armadas del grupo enemigo.

“El tema financiero siempre es importante, pero lo que uno supone es que en el fondo hay una decisión de quedarse uno solo en el territorio. Así lo ha dicho ‘Richar’ —comandante de las disidencias de las Farc en el Magdalena Medio— , según un audio que estaban difundiendo, el hombre dice: ‘aquí no cabemos dos’”, explica Cañizares.

Juana Cabezas, investigadora de Indepaz, resalta que estos enfrentamientos están mediados por la reconfiguración armada de las estructuras ilegales que obedece no solo a la situación del Catatumbo, sino a una dinámica nacional de divisiones y reacomodaciones. Según explica, durante las negociaciones de paz que ha llevado el actual gobierno, el Frente 33 había venido afianzando su presencia en esta zona fronteriza con Venezuela. Con estos enfrentamientos, cree que distintas estructuras del Magdalena Medio se reacomodarán en la zona para apoyar las confrontaciones.

Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el ELN movilizó tropas ubicadas en el departamento de Arauca para lograr su violenta arremetida en el Catatumbo.

Está confirmado que integrantes del ELN fueron llevados de Arauca al Catatumbo y participaron en una expedición sanguinaria. Esto genera un fortalecimiento en esta zona que, por la acción de las @FuerzasMilCol, será transitorio. En la segunda fase, cuando despleguemos la… pic.twitter.com/R96iKhkuHz

— Mindefensa (@mindefensa) January 20, 2025

“Andrey (Avendaño) —jefe de las disidencias de las Farc— ya había advertido que el ELN iba a hacer una arremetida para sacarlos de la zona”, recuerda la investigadora. El escalamiento de las hostilidades en el que está vinculado el Frente 33, aunque no es una violación al cese al fuego con el Estado, para varios sectores sí desestima su voluntad de paz. “Más cuando quien los representa en la mesa es uno de los que comanda este Frente”, aclara Cabezas.

Sobre esto, a la vocera de Comunes que reservó su nombre le preocupa que en este momento la fuerza pública no puede entrar al Catatumbo a confrontar al ELN porque tienen “una mesa incipiente con los de ‘Calarcá’, entonces corren el riesgo de no saber si se van a enfrentar con los del Frente 33”, expresó.

“Como organizaciones, nos habíamos pronunciado múltiples veces, nos habíamos movilizado junto con las poblaciones campesinas, habíamos hecho incidencias frente a las delegaciones de paz en las mesas de diálogo de ambos actores, pero la conclusión que podemos sacar hoy es que ninguna de las dos partes hizo caso al clamor de las comunidades de que este tipo de enfrentamientos solamente va a generar mucho dolor y sangre en nuestro territorio”, lamenta Quintero.

La investigadora de Indepaz resalta que a la situación se suma la inestabilidad que atraviesa las relaciones políticas entre Colombia y Venezuela y las acciones que ha tomado el ELN para mantener el poder fronterizo sobre economías ilegales como las extorsiones al sector de hidrocarburos, el narcotráfico o la extracción de coltán y oro.

“Se viene una oleada de violencia que si no se atiende desde el gobierno puede generar una emergencia humanitaria gravísima en los próximos meses, muy parecida a la que vimos en 2022 en Arauca, cuando se tomaron el estado de Apure en Venezuela”, explica Cabezas.

Sobre esto concuerda Cañizares de la Fundación Progresar, quien recuerda que desde los hechos ocurridos en Arauca empezaron a correr rumores de que esa guerra se trasladaría al Catatumbo, en especial donde el control social y militar lo compartían ambas organizaciones armadas. “Lo preocupante es que se repita lo de Arauca… Esto que está arrancando no sabemos en que vaya terminar si no hay una actuación de la sociedad civil, las autoridades locales y el gobierno Nacional”, lamenta. (Leer más en Arauca, bajo un conflicto armado más allá de las drogas ilícitas)

Una fuente de una organización social que pidió la reserva de su nombre por seguridad recuerda que en el caso de Arauca, entre 2022 y 2023 esta guerra entre ambos actores dejó un saldo de 200 muertos del lado colombiano, pero con un número de víctimas sin establecer del vecino país. “Ahora en Catatumbo los homicidios parecen ser sistemáticos y tienen características de un plan sistemático de exterminio”, señala.

Comunicado a la opinión pública pic.twitter.com/qS1dWLNhaU

— Delegación de Paz del Gobierno de Colombia (@DelegacionGob) January 17, 2025

Buscando soluciones

Ante la posibilidad de declarar conmoción interior en Catatumbo, como lo esbozó el presidente Petro, líderes como Quintero ven con preocupación que se agudice más la situación. “Militarizar la cotidianidad de la sociedad catatumbera puede generar una situación muy compleja que la organización que yo represento, no compartimos”. Por el contrario, el líder considera que debe insistirse en habilitar diálogos sociales, el principal, el Pacto Social para la Transformación del Catatumbo, con la cual se vincule las visiones de diversos actores sociales del territorio.

Por su parte Cañizares crítica que para este gobierno las organizaciones de derechos humanos no han sido escuchadas. “El movimiento de derechos humanos, para este gobierno, no existe”, cuestiona. Según él, las 750 organizaciones sociales que hacen presencia en 27 territorios en conflicto en el país no han podido discutir con el presidente la lectura de lo que está ocurriendo en las regiones.

“Otty Patiño sólo se escucha a él, allá en el palacio (Casa de Nariño)”, asegura y agrega que “la forma en que han abordado el diálogo con los actores ilegales ha sido un fracaso porque no han protegido a nadie y todo el tiempo hemos gritado, porque no nos escuchan, que aquí el centro de toda estrategia, de toda política de paz y de diálogo, debe ser proteger a la gente donde hay emergencias humanitarias”, señala.

Por su parte, la vocera de Comunes que pidió la reserva de su nombre, resaltó que ese colectivo aún no termina de descifrar el compromiso de Petro con la implementación del Acuerdo de Paz y criticó la decisión de realizar  ceses al fuego con los actores armados en la estrategia de Paz Total, atando las manos a la fuerza pública y posibilitando la movilidad de varios de estos armados por el territorio. “Incluso con recursos del estado como esquemas de protección, camionetas”, reprocha.

Según explica, cientos de núcleos familiares en el espacio de reincorporación Caño Indio de Tibú, así como el resto del Catatumbo, permanecen en riesgo. Algunos de ellos siguen discutiendo cómo sacarlos de la zona, pero el gobierno no ha trazado los canales de interlocución para hacer labores articuladas. “Si hay un PMU (Puesto de Mando Unificado) con los ministros, ¿por qué no nos llaman a nosotros?”, reprocha.

Cañizares también llama la atención sobre la responsabilidad militar. “Aquí también hay gente dentro de la fuerza pública y el Estado que ha jugado a dejar que se maten entre ellos, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la guerra entre el EPL y el ELN. Era una cosa descarada: el alto mando militar salía a decir que se estaban matando entre bandidos”, expresó el defensor de derechos humanos.

Se refiere a la guerra entre estos dos grupos que estalló en 2018 y según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 109 personas civiles fueron asesinadas por grupos armados en el Catatumbo. (Leer más en En Cesar y Norte de Santander temen confrontación entre el Eln y el Epl)

Juana Cabezas, desde Indepaz, señala que, además de atender la situación humanitaria de manera integral, el gobierno debe llegar al Catatumbo más allá de la acción militar y garantizar su presencia para quitarle el poder a los actores armados. “Hemos visto cómo el Frente 33 en los últimos meses ha inaugurado obras o construcciones viales, dejando de lado el control que debería tener el Estado”, explica. Incluso, en un video que circula por redes en diciembre del año pasado, se observa a hombres repartiendo regalos en un barrio de Cúcuta y dicen hacerlo a nombre de ‘Jhon Mechas’, ‘Richard’ y ‘Andrey’, comandantes de las disidencias.

El vocero de Ascamcat se pregunta si ambos grupos van a volver a respetar las reglas de la guerra. “Aquí lo que hay son crímenes de guerra, hay una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, independiente (de) si hay acusaciones o no. Hay unos juicios apriori a pena de muerte a gente desarmada”.

En esto coincide la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien precisó que hay una vulneración generalizada del principio de distinción. “Hay ataques indistintos a excombatientes y a personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas”, expresó a través de un video de X.

Según precisó Ortíz, a partir de reuniones con las organizaciones sociales y autoridades territoriales de la región, las exigencias que le hacen a los armados se centran en el respeto a la vida y el DIH, la libertad de los secuestrados y la necesidad de establecer corredores humanitarios para evacuar a las familias en riesgo, ingresar alimentos y extraer los cuerpos de las personas asesinadas.

También solicitaron a los grupos armados que levantaran las restricciones a la movilidad en todo el territorio, así como que cesaran la estigmatización de la población y las autoridades que son acusadas de colaborar con alguno de los grupos, evitando cualquier tipo de represalia contra ellas.

“Que las garantías no sólo sean para los grupos, sino también para nosotros los campesinos del Catatumbo”, expresó Javier antes de volver a su tierra asediada por las balas.

*Nombre cambiado por seguridad.

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En una reciente decisión de la justicia transicional en el caso que investiga el exterminio de la Unión Patriótica, se confirma la responsabilidad de las Convivir en la expansión y consolidación del proyecto paramilitar y la fuerte relación con sectores de la fuerza pública que, directa o indirectamente, forjaron una alianza que propició las más deleznables acciones contra civiles perfilados como subversivos.

El pasado 22 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)ordenó compulsar copias contra 51 exmiembros de la fuerza pública, varios de los cuales comparecen ante ese tribunal, así como contra varios civiles, por sus presuntos vínculos y apoyos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión la tomó el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado en movilidad de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR),  a partir de la investigación que realizó como parte del macrocaso 06, en el cual se revisan los crímenes cometidos contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP) para establecer quiénes fueron los responsables de tanta atrocidad. (Leer más en: Fuerza Pública, políticos, empresarios y paramilitares se aliaron contra la UP)

Según el Auto de más de 600 páginas, desentrañar las afectaciones perpetradas contra la UP en el Urabá antioqueño, y de manera conexa, en el departamento de Córdoba, así como en otras regiones del país, hacen parte del esclarecimiento de las alianzas de grupos paramilitares, agentes del Estado y asociaciones Convivir que derivaron en el proceso de victimización de esa organización política.

Por eso, la más reciente decisión tomada por la SRVR, respalda las compulsas de copias con un riguroso contexto sobre el origen y la consolidación del paramilitarismo de la mano de agentes del Estado y las Convivir. Según esta sala, es imposible comprender las dinámicas criminales contra la UP y otros movimientos políticos y sociales en el Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba sin tener claras esas alianzas.

“Este binomio inseparable (paramilitares y fuerza pública) contó con el respaldo de otras instancias estatales, como el DAS y la Fiscalía, y más allá, con el respaldo del poder regional, en especial de la gobernación de Antioquia, así como con el apoyo decidido de una parte de empresarios bananeros, ganaderos y comerciantes”, reza el auto.

La estigmatización basada en tendencias políticas jugó un papel determinante para catalogar  a las víctimas, muchas de ellas integrantes o simpatizantes de la UP, como miembros activos de las Farc y, de esta manera, clasificarlas como parte del “enemigo interno” — en consonancia con la Doctrina de la Seguridad Nacional— a las  tendencias políticas de izquierda. Esta doctrina marcial derivó en diversas expresiones de violencia contra sindicalistas, campesinos, líderes sociales y agrupaciones estudiantiles.

Tras la creación de la UP como resultado de los acuerdos suscritos por el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la guerrilla de las Farc, suscritos en 1984, y el considerable éxito político durante los comicios regionales posteriores, “dicha conquista electoral constituyó un detonante adicional del particular ánimo de destrucción del partido y de un número abrumador de sus miembros”, señala la JEP. (Leer más en: El saldo rojo de la Unión Patriótica)

Así, sectores de la fuerza pública, junto a estructuras paramilitares, con el apoyo de las Convivir, asesinaron, desaparecieron, amenazaron, desplazaron, detuvieron o exiliaron a cientos de simpatizantes de la UP. Sobre estos hechos, la SRVR ha concentrado su análisis en lo ocurrido en cuatro regiones, una de ellas Córdoba, Urabá y Atrato entre los años 1994 a 2001.

En su exhaustiva investigación, la magistratura señaló en el Auto que los aportes a la verdad de los militares retirados que comparecen a la JEP “lejos de coadyuvar en la reconstrucción de los hechos constitutivos de crímenes de notable gravedad, dan cuenta de constantes evasiones, imprecisiones, negativas, afirmaciones genéricas y difusas”, lo que muestra la tendencia a seguir el camino de los juicios adversariales, más que continuar en un proceso de diálogo  y aceptar la responsabilidad en los crímenes contra la UP.

Patrones sobre las Convivir

A partir de 13 testimonios de testigos; 10 inspecciones judiciales a diversas entidades estatales; y de la revisión de sentencias y decisiones de Justicia y Paz; de la justicia ordinaria; y de altos tribunales como el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia y un ejercicio de georreferenciación, la SRVR estableció nueve postulados o patrones a través de los cuales queda claro lo que significaron las Convivir en la estrategia de apoyo al paramilitarismo y, en consecuencia, a afectar profundamente a la UP.

En el marco de la instrucción del macrocaso que investiga la SRVR, se estableció que, antes de unirse a los grupos paramilitares y de autodefensa, varios desmovilizados y posteriormente postulados a la Ley 975 de 2005 ejercieron roles como directivos, miembros, afiliados, empleados o patrulleros en las Convivir, especialmente en la región del Urabá antioqueño y el departamento de Córdoba. (Leer más en: Convivir en Urabá eran de las Auc: Tribunal Superior de Antioquia)

A finales de los años 80, las autodefensas promovidas por los gobiernos del Frente Nacional se transformaron en un aparato de violencia y guerra sucia, producto de una compleja alianza entre militares, narcotraficantes, políticos y sectores económicos. Según la Comisión de la Verdad, en el apartado No matarás del Informe Final, a pesar de que Cesar Gaviria, como ministro de Gobierno de Virgilio Barco, denunció la impunidad de estas estructuras, “no deja de ser paradójico, por tanto, que haya sido Gaviria quien luego como presidente promoviera la seguridad privada y abriera la compuerta para volver al viejo esquema”. (Leer más en: Así se gestó un engranaje de soporte bélico llamado ‘Convivir’)

A partir de una base de datos con información detallada de 36 asociaciones de Convivir —16 de Urabá y 20 de Córdoba—, la SRVR identificó a 248 de sus integrantes. Esa base, se lee en el Auto, contiene información detallada sobre la creación legal de estas asociaciones y su coordinación con entidades militares y estructuras paramilitares, así como detalles sobre áreas de operación. De esta manera, se pudo establecer que de las 248 personas, 57 de ellas pertenecieron o estuvieron vinculadas con estructuras paramilitares.

Sin embargo, en muchos casos fue imposible identificar con certeza a muchas de las personas que hicieron parte de las Convivir, en parte, por el mal manejo de las gobernaciones en el debido registro de los miembros directivos y operativos de esas asociaciones, “una omisión y negligencia inexplicables y difíciles de sustentar en momentos de tan alta violencia”, advierte la magistratura.

Entre 1995 y 1997, las gobernaciones de Antioquia y Córdoba impulsaron la creación, organización, legalización y operación de las Convivir ignorando los riesgos y las advertencias expuestas por diversos sectores sociales, políticos y humanitarios, tanto nacionales e internacionales. Además, asegura la SRVR, que esos entes territoriales no implementaron controles ni mecanismos de supervisión que evitaran que esas asociaciones fueran cooptadas por organizaciones paramilitares. Y destaca que existen pruebas suficientes que vinculan a servidores públicos de ambas gobernaciones con grupos paramilitares.

Los testimonios y sentencias corroboran la relación entre las Convivir y los paramilitares, señalando que fueron usadas como fachada legal para financiar y expandir el proyecto paramilitar, con respaldo de exjefes como Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Norte; Córdoba y Catatumbo de las AUC; Hébert Veloza García, alias ‘HH’, quien tenía el mando de los Bloques Bananero y Calima; y Raúl Hasbún, comandante del Frente Arlex Hurtado, y quien impulsó la creación de Convivir en el Urabá antioqueño.

En diversos estrados judiciales, estos exjefes paramilitares confirmaron que las Convivir sirvieron para operaciones de inteligencia, patrullaje y como mecanismo de financiamiento mediante “cobros legales”, facilitando actividades ilegales bajo una cobertura legal. Asimismo, han explicado cómo las estructuras paramilitares tuvieron un rol protagónico en la creación y coordinación de las asociaciones Convivir, de manera directa o por personas interpuestas.

De acuerdo con el exjefe paramilitar Raúl Hasbún, una vez se conoció la propuesta de las Convivir “se decidió constituir una asociación de esas como estrategia para con el propósito inicial de acceder a armas de uso civil y de uso privativo, así como para cubrir las acciones de la organización paramilitar bajo su mando”, resalta el Auto en uno de sus apartes.

Las asociaciones fueron constituidas con el apoyo de brigadas militares y coordinadas por oficiales de alto rango, según las investigaciones de la SRVR. Así, el acceso a radios, armas y una amplia financiación permitió a los paramilitares establecer un control territorial y social en las zonas en las que operaban.

Según los elementos de prueba recopilados por este tribunal, las Convivir no sólo adoptaron la estrategia de suministrar información a la fuerza pública sobre la presencia de grupos subversivos en zonas rurales y urbanas, sino que también participaron en acciones ofensivas, principalmente en asesinatos, contando con la complicidad de la fuerza pública y el respaldo de grupos paramilitares.

“Ese carácter ofensivo se gestó, además, en medio de una constante estigmatización generada por servidores públicos y empresarios contra sectores políticos alternativos, como la Unión Patriótica y sindicatos agroindustriales y de maestros”, precisa el Auto.

Las Convivir y la masacre de Mapiripán

La consolidación del “laboratorio paramilitar” establecido en el Urabá antioqueño durante buena parte de la década de los 90 se replicó en varias zonas de Antioquia y tuvo el apoyo de la fuerza pública. “Este Despacho considera demostrado que, durante 1996 y 1997 mandos de la I División, Brigada XVII y Brigada XI, así como, específicamente, de los Batallones Vélez y Contraguerrillas 35, desarrollaron una estrategia conjunta con los grupos paramilitares, especialmente con la Casa Castaño”, precisa el Auto. (Leer más en: Las Convivir y la omisión que fortaleció a los paramilitares)

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) incluso llegaron a incursionar en territorios del sur, como el Guaviare y el Meta, con las masacres de Mapiripán (julio de 1997) y Caño Jabón (mayo de 1998). Sobre la primera acción criminal, según ha establecido la justicia, el 12 de julio de 1997, un comando paramilitar viajó en avión desde pistas aéreas del Urabá antioqueño —que estaba controladas por la Brigada XVII del Ejército—, y llegó a San José del Guaviare, donde, sin dificultad en los retenes militares, las tropas de las ACCU llegaron por tierra al departamento del Meta y realizaron una incursión armada en el casco urbano de Mapiripán entre el 15 al 20 de julio, asesinando a por lo menos 49 personas y desplazando a unas 500 familias.

De acuerdo con un testigo entrevistado por la SRVR, el grupo paramilitar “llevaba un listado de la población civil a asesinar, y contaron con la ayuda de informantes que señalaban a las personas a ejecutar”. Además, fueron avisados del momento en que debían retirarse porque  el Ejército iba a ingresar a Mapiripán.

El papel que jugaron las Convivir en esta masacre se conoció a partir de versiones de exjefes paramilitares. Inicialmente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del 24 de septiembre de 2015, proferida contra Edilberto de Jesús Cañas Chavarriaga, recoge una versión de Hébert Veloza, alias ‘HH’, según la cual el traslado desde el Urabá antioqueño del comando paramilitar que perpetró la masacre habría sido coordinado entre el exparamilitar Raúl Hasbún y Alberto Osorio Mejía, representante legal de la Convivir Punta de Piedra.

“Mientras figuraba legalmente como representante de la Convivir, debidamente autorizada, Osorio Mejía coordinó con Hasbún la logística para que aviones trasladaran a un grupo de ‘paras’ del Urabá antioqueño al departamento del Meta, en el otro extremo del país, para que hicieran la masacre de Mapiripán”, recoge, en la sentencia de Justicia y Paz, el testimonio de ‘HH’. (Leer más en: Las Convivir, motor de la guerra paramilitar)

Sin embargo, en la reciente decisión, la SRVR precisó que la participación de las Convivir en esa masacre fue más allá: con dineros recaudados por esas asociaciones del Urabá antioqueño, agrupadas en la Convivir Papagayo, se financió la preparación militar del comando paramilitar que perpetró la masacre en Mapiripán.

El testimonio reservado de un exjefe paramilitar, que detalló su participación en los hechos, reconoció ante la SRVR que con parte de los recursos que les llegaban a las Convivir “se financió el entrenamiento del grupo de las ACCU que viajó a Mapiripán y cometió la cruenta masacre”. Y precisó: “Nunca para la masacre, pero sí para el entrenamiento de esa gente”.

La preparación tuvo lugar en la base paramilitar que las ACCU instalaron a finales de 1996 en la vereda El Guineo, entre Apartadó y San José de Apartadó. Para 1997, en este espacio, se desarrollaron cursos de entrenamiento a un grupo de 89 hombres, dentro de los que se encontraban Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, y Elkin Orlando Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’. Desde el aeropuerto de Carepa, bajo control de la Brigada XVII del Ejército, se embarcaron las tropas en dos aviones hacia el departamento del Meta y cometieron la masacre de Mapiripán como preámbulo de la constitución del Bloque Centauros.

Entre los paramilitares que viajaron a Mapiripán se encontraba Arnoldo Vergara Trespalacios, quien para la fecha de construcción de la Convivir Costa Azul, el 15 de julio de 1996, figuraba como el revisor fiscal. Antes de esto, fue uno de los fundadores de la organización paramilitar “Los Güelengues”, base del Bloque Elmer Cárdenas de las ACCU. Vergara fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán.

El testigo reservado también aclaró que las dos aeronaves en las que se movilizaron a los hombres de las AUC de Urabá a Guaviare fueron aportadas por Francisco Cifuentes Villa, un narcotraficante cercano a las ACCU.

Compulsa de copias

La decisión del magistrado Salazar Arbeláez ordena poner en conocimiento sus hallazgos y continuar su investigación en tres macrocasos de ese tribunal: el Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado; el Caso 04, sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos en la región de Urabá y el Caso 08, por crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y agentes del Estado, algunos en asociación con estructuras de las AUC.

Los comparecientes obligatorios referidos en la decisión son 51, y pertenecían a la Primera División del Ejército; a las Brigadas XVII y XI; al Batallón de Contraguerrilla No. 35; al Batallón Junín; al Batallón de Fuerzas Especiales, al Batallón de Infantería No. 35, Jaime Diaz; al Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos; y al Batallón de Infantería No. 33, Batalla de Junín.

También se ordenó compulsar copias del Auto a la Fiscalía General de la Nación contra dos personas terceras no comparecientes ante la JEP: Herman Arias Gaviria, exsuperintendente de Vigilancia y Seguridad Privada y Eduardo Duque Becerra, excontratista de la Gobernación de Antioquia .

La magistratura pidió a la Fiscalía investigar a Arias Gaviria porque durante su gestión entre 1995 y 1996 se promovieron y constituyeron las asociaciones Convivir , que fortalecieron los grupos paramilitares, “sin que hubiese un efectivo control sobre los integrantes de aquellas ni sus operaciones, lo que permitió que fueran cooptadas por grupos paramilitares, especialmente por las ACCU en la región del Urabá antioqueño y en el departamento de Córdoba”, destaca el Auto.

En el caso de Duque Becerra, la magistratura presume que mientras fungió como asesor en seguridad de la Gobernación de Antioquia, del 23 de septiembre a 31 de diciembre de 1996 y 13 de enero a julio de 1997, tuvo alianzas con los mandos de las ACCU, tanto en Medellín como en Córdoba, con el fin de gestionar asuntos de armas y contactos ante la IV Brigada del Ejército, y apoyar sus actividades criminales.

Este caso empieza con dos contratos en los que la Gobernación de Antioquia vinculó a Duque Becerra  para coordinar los trámites relacionados con la constitución de las Convivir, según se lee en los documentos obtenidos por la JEP. Sin embargo, Duque Becerra, escuchado en audiencia por la SRVR, negó que haya tenido que ver con la constitución de las cooperativas, y sostuvo que no era invitado a las reuniones relacionadas con ese tema y aclaró que quienes tenían que ver con este asunto era el secretario de Gobierno Departamental de la época, Pedro Juan Moreno Villa,  y dos de sus subalternos.

Pero su nombre no era desconocido en las filas paramilitares. En indagaciones realizadas por la SRVR se encontraron las declaraciones del exjefe paramilitar Hébert Veloza García y  Rodrigo Alberto Zapata Sierra sobre una persona a la que se le conocía con el sobrenombre de ‘Pavarotti’. El despacho estableció que la persona conocida con ese apodo era  el excontratista Duque Becerra, quien admitió que así lo llamaban, pero negó que se hubiera reunido en algún momento con paramilitares e insistió que su apodo tenía un origen lejos de la ilegalidad.

Su nombre tampoco era desconocido para las autoridades judiciales. Años atrás, la Fiscalía 20 Delegada ante Justicia y Paz ya había compulsado copias para que Duque Becerra fuera investigado, abriendo en su contra un expediente por el delito de concierto para delinquir. Dentro de la investigación en la justicia ordinaria, el exparamilitar Zapata Sierra declaró que el excontratista de la Gobernación de Antioquia era amigo personal de Vicente y Carlos Castaño, ante quienes, según él, “presumía sobre sus contactos en la Cuarta Brigada de Medellín y de coordinar con Pedro Juan Moreno Villa las Convivir de Antioquia”.

La justicia continúa aportando a la verdad de los hechos sobre las alianzas paramilitares. El camino para encontrar los responsables y su papel en la guerra aún es largo y requiere de las acciones de todos los tribunales del país. El capítulo de las Convivir es uno de ellos.

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Escrito por: Carlos Mayorga Alejo – @CarlosMayorgaA

“Nosotros lo que queremos es que esos grupos le digan a la gente qué fue lo que pasó”, pide, embargado por el dolor y la ira, un líder de la región que pidió la reserva de su nombre. Como la mayoría de las comunidades del sur de Bolívar, teme por su vida. “Queremos que pare esta guerra. No queremos más grupos en nuestros territorios, estamos cansados. Hoy fueron ellos, ¿mañana quién sigue?”, se lamenta.

La comunidad de la vereda Lejanías, en el sur del municipio de Cantagallo, Bolívar, sigue consternada tras el asesinato de sus líderes el pasado 30 de septiembre. Las imágenes del vehículo de platón, utilizado por la comunidad para el transporte escolar, destruido por los impactos de fusil, resumen la suerte de las víctimas.

Del saldo de cinco muertos, cuatro víctimas eran de la vereda: Licimaco Zamudio Vanegas, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC); Johanny Patricia Sepúlveda, secretaria; Yonatan Pérez Hueso (Yon, como era conocido por su comunidad), presidente; y Luis Eduardo Pérez Triana, el papá de Yon. Las autoridades ofrecieron hasta 500 millones de pesos por información que ayude a determinar a los autores de la masacre.

Todo parece indicar que los hechos se dieron en represalia de uno de los grupos armados que hace presencia en la región y los líderes de Cantagallo, empujados a cumplir con órdenes de otro grupo, quedaron en la mitad. Y la herida sigue abierta porque, a pesar de que la Mesa Humanitaria del Magdalena Medio ha pedido el reconocimiento de los hechos, ninguno de los actores armados que se disputan la región ha atribuido la autoría de los hechos.

En la región opera el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, a través del Frente 37, grupo que en su proceso de expansión ha llegado a presentarse como Frente 4 y 24, a través del cual “anuncian recomponer el Bloque Magdalena Medio”, según el análisis de un experto que pidió la reserva de su nombre. También hace presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

“El ELN a finales del año estuvo a punto de perder el control de la minería ilegal en el sur del departamento por la incursión de las AGC. La solución que el ELN acordó para poder mantener el control fue aliarse con las disidencias de las Farc”, señaló en entrevista con este portal Manuel Berrío, secretario de Seguridad de la Gobernación de Bolívar.

Otros expertos señalan que esta alianza va más allá del control sobre las rentas ilegales y su objetivo principal es frenar la expansión del grupo de origen paramilitar por el Magdalena Medio. “Esta alianza, teóricamente, está en la zona de la Serranía de San Lucas y en el Nordeste”, precisa Ramón Abril, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos).

El mensaje en que coincidieron ambas fuentes es que los grupos armados deben respetar a la población civil, sacarla de las confrontación armada y la obligue a realizar mandados. Así mismo, realizaron un llamado al gobierno Petro para que se mire hacia la región con un proyecto integral de inversión. “Nosotros no vemos que el gobierno nacional esté priorizado el Magdalena Medio para nada. Esto parece una tierra de nadie… aunque nosotros sí decimos que aquí hay un control generalizado de las AGC”, en palabras de Abril.

Brutal ataque

Desde el domingo 29 de septiembre, a inmediaciones de la vereda Lejanías, en el municipio de Cantagallo, el grupo de orígen paramilitar mantenía confrontaciones con lo que serían tropas de las disidencias de las Farc o del ELN o de ambas. En la confrontación es herido un miembro de las AGC.

Hay varias versiones de lo que ocurrió al día siguiente. De un lado, el funcionario de la Gobernación señaló que, en horas de la tarde, hombres de las AGC obligaron a Yon, conductor de la ruta escolar de Lejanías y quien también era el presidente de la JAC, a llevar al herido hacia Barrancabermeja, Santander, donde pudiera ser auxiliado. En otras versiones que circulan dentro de la comunidad, se asegura que el integrante del grupo paramilitar ya estaba muerto y la orden era llevar el cuerpo a un sitio específico para entregarlo a sus familiares.

Ante el constreñimiento de los armados, Patricia Sepúlveda, secretaria de JAC; Licimaco Zamudio, vicepresidente de la JAC y Luis Eduardo Pérez, padre del presidente de la JAC no dejaron que Yon fuera solo y decidieron acompañarlo. “Esta gente no era base social de los ‘gaitanistas’, esta gente no fue voluntariamente”, precisa Abril, de Credhos.

La comitiva salió ese 30 de septiembre en horas de la tarde y después de cerca de una hora de trayecto, en el corregimiento Las Palmas, del municipio de Yondó, Antioquia, a la altura de una zona conocida como “La Y”, el vehículo fue emboscado y hombres armados aniquilaron a los ocupantes con un desmesurado ataque con armas de fuego.

La comunidad se enteró de lo ocurrido ese día, pero la orden que le dio los armados a los líderes de la región fue no transitar por la vía que va hacia Yondó, incluso, voces de la región le aseguraron a este portal que el grupo dio la orden de retirar el planchón ubicado en la vereda Puerto Argelia, que la comunidad utiliza para, en el trayecto desde Cantagallo a Barrancabermeja, atravesar el río Cimitarra. Sólo hasta el día siguiente la comunidad se pudo dirigir al lugar y se encontró con la escabrosa escena.

Sobre el trayecto de la camioneta vuelven a haber versiones divididas. De un lado, dicen que hombres armados de las AGC se montaron en el platón de la camioneta escolar con los líderes a los que habían obligado a realizar el transporte, pero se bajaron en un punto determinado antes de incursionar en ‘zona guerrillera’ y los dejaron con el occiso o herido de ese grupo. La otra versión dice que no había más ocupantes sino las cinco víctimas del carro.

En todo caso, lo que se especula es que algún informante civil de esa facción del ELN o las disidencias de las Farc que vio algo de lo que pasó en la ruta escolar, informó que en el vehículo transportaban o iban paramilitares. “Por versiones que nos han dado, se señala a los ‘elenos’, pero donde ocurrieron los hechos, aunque todos los grupos transitan por ahí, esa zona es de influencia del Frente 24 de las disidencias, es el corredor de ellos”, señala Abril. Sin embargo, también se ha llegado a indicar que se pudo tratar de una acción conjunta entre ambos grupos ilegales.

Según conoció VerdadAbierta.com, antes de que ocurriera la masacre, algunos campesinos que transitaban por la zona fueron retenidos minutos antes cerca del lugar de los hechos por el actor armado, pues se encontraban haciendo un retén a la espera de que llegara el carro escolar de la vereda Lejanías. Una vez pasó el tiroteo, los labriegos retenidos no les permitieron llegar a sus casas en el sur de Bolívar y fueron obligados a devolverse a Barrancabermeja. Según versiones conocidas por la comunidad, el grupo armado se presentó ante los campesinos retenidos como miembros del ELN.

El 1 de octubre se instaló un Puesto de Mando Unificado y el gobernador de Antioquia, el alcalde de Cantagallo, el alcalde de Yondó y la Fuerza Pública ingresaron a la zona hacia el mediodía. La comunidad reprochó que el Estado tardó en llegar a atender la situación. “La información que tenía el Ejército era que el hecho había ocurrido en una zona que se conoce como La Rompida y habían trasladado tropas para allá. Después supieron que era en Las Palmas, entonces les tocó hacer el movimiento de las tropas a pie”, respondió el secretario de Seguridad de Bolívar.

Según explicó el funcionario, las minas antipersonal que han sembrado los grupos armados en la zona han condicionado el camino para la Fuerza Pública en la región, “tanto así que la semana pasada, en Santa Rosa del Sur cayó un soldado en una mina de estas y perdió una de sus extremidades. Esto ralentiza mucho más la marcha de los soldados, porque deben ir verificando que no hayan minas en el trayecto”, concluyó.

Otro factor que debe tenerse en cuenta de la zona rural en donde ocurrieron los hechos es que, si bien la vereda Lejanías pertenece al municipio de Cantagallo, la comunidad está más conectada con Yondó y su proximidad a Barrancabermeja, pues para llegar al casco urbano de Cantagallo los habitantes de Lejanías tienen que recorrer un largo trayecto por río que, además, es más costoso. Por eso mismo, la respuesta militar, debe coordinarse entre la gobernación de Antioquia y Bolívar.

Credhos ha denunciado que en la región del Magdalena Medio ha habido convivencia entre paramilitares y estructuras de la Fuerza Pública. “La expansión de las AGC se da en medio del aumento del pie de fuerza militar en el Nordeste Antioqueño y otras regiones del país, tras la creación del Comando Conjunto No. 5 en octubre del año 2023. Sin embargo, se ha denunciado la omisión, complacencia y connivencia del Ejército Nacional con las estructuras paramilitares que aumentaron el control territorial y de las economías ilícitas en la región”, señala esta organización en un comunicado a mediados del pasado mes de septiembre.

Cantagallo, olvidado y en riesgo

“Son muy pocas las incursiones que hemos tenido en cabeceras municipales, casi nulas. Se han tratado de atentados rápidos y se retiran”, explica el secretario de Seguridad de Bolívar.  La realidad de la zona rural del sur de Bolívar es otra. El funcionario explicó que en la región los grupos armados se han fijado en el control de la minería ilegal y por ello han aumentado las confrontaciones.

Cantagallo, el último municipio del departamento de Bolívar, se ubica de manera estratégica sobre la rivera del río Magdalena y del río Cimitarra, en una especie de isla. Así se constituye en un corredor de movilidad desde los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches en Santander; y Yondó en Antioquia. Cantagallo es reconocido por la presencia de economías petroleras, que en la práctica no se ha traducido en el desarrollo de las comunidades de la región y en algunos casos ha estado en la mira de los actores armados para imponer vacunas y permisos.

Además, el crecimiento del municipio se ha visto afectado por la corrupción local. Algunos  escandalosos elefantes blancos han enseñado irregularidades en la construcción de proyectos como la planta de tratamiento de aguas residuales o el hospital municipal.

Otro factor son los intereses de los armados sobre los cultivos de coca. El año pasado, el gobernador de Bolívar alertó sobre el incremento de laboratorios de procesamiento de cocaína en la región. Según datos del Observatorio de Drogas de Colombia, para 2022, en cuatro municipios del sur de Bolívar se registraba el 81 por ciento de los cultivos de coca en la región, entre ellos en el municipio de Cantagallo. Estas economías ilícitas se movilizan en un corredor que se conecta con el Catatumbo y Antioquia, y sale hacia los puertos del país o la frontera con Venezuela.

Varios expertos señalan que en la parte alta del sur de Bolívar, en donde se encuentran municipios como Barranco de la Loba, persiste una mayor consolidación de las AGC. En la parte media, entre Morales y Simití, el ELN y las AGC se disputan economías de la minería ilegal. Y en la parte baja de la subregión, en Cantagallo y San Pablo, a la confrontación territorial entre las AGC y el ELN se suma las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc. Incluso, en estos dos municipios, se habla de una alianza entre el ELN y las disidencias para frenar la expansión paramilitar.

Esta dinámica de confrontación entre los tres grupos se ha replicado con la región colindante del Nordeste antioqueño. Así, en el posicionamiento de las AGC en la margen occidental del Magdalena Medio, Ramón Abril de Credhos asegura que el grupo paramilitar ha consolidado una “tenaza”, que deja a los integrantes de los grupos postFarc y del ELN concentrados en los municipios de Yondó, Cantagallo y algunas veredas de San Pablo. Según Credhos, la expansión de las AGC en la región se agudizó tras la captura de ‘Otoniel’, en octubre de 2021. (Leer más en Cayó ‘Otoniel’, el hombre de las tres guerras)

Esa organización ha documentado que, desde 2023, el Frente Edgar Madrid Benjumea del Bloque Erlin Pino Duarte de las AGC, al mando de ‘Alias Katin’ o ‘Gamba’, incursionó en varias veredas de Cantagallo, en donde ejecutaron asesinatos. A mediados de este año, el grupo se habría instalado en la vereda Lejanías, desde donde ha emprendido acciones contra las comunidades de las 16 Juntas de Acción Comunal del corregimiento de San Lorenzo. Por la incursión paramilitar, durante el fin de semana del 14 y 15 de septiembre los líderes del corregimiento salieron desplazados forzadamente de su territorio, llegando a registrarse alrededor de 19 familias afectadas.

Pero no sólo las comunidades han estado en riesgo por la tensión del posicionamiento paramilitar en la región, antes de la masacre del 30 de septiembre y de la expansión de las AGC, en Cantagallo habían sido asesinados tres líderes: en mayo de 2021, Jair Adán Roldán Morales, integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC); y en abril de 2022, Erminson Rivera Henao, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Esperanza, y José Obdulio Sánchez, miembro de esa JAC y vocero de proyectos de cultivos de uso ilícito.

“Causa especial preocupación que el amplio despliegue militar de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Marte, no se redirija a confrontar la expansión de este grupo armado. Frente a los constantes enfrentamientos entre el ELN y las AGC, las comunidades han denunciado una clara pasividad de las fuerzas militares y, como un hecho sumamente grave, su aquiescencia y connivencia con el grupo paramilitar”, señala Credhos en su comunicado de septiembre.

El secretario de Seguridad de Bolívar resaltó que en la búsqueda de la seguridad del departamento las acciones militares se han visto condicionadas por los compromisos adquiridos en las conversaciones de paz que cursa el actual gobierno con varios de estos grupos armados: la mesa con el ELN, que está suspendida tras el atentado a la base militar de Puerto Jordán, Arauca; y la mesa con una parte del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, pues en abril de este año se rompieron las negociaciones con las facciones lideradas por ‘Iván Mordisco’ que operan en el sur y suroccidente del país. Además, el pasado 5 de agosto el Gobierno Petro anunció formalmente que iniciará diálogos sociojurídicos con las AGC, según ordenó mediante la resolución 257 del 8 de julio de 2024.

Según el funcionario, al menos siete mil efectivos militares están dispuestos para proteger a las comunidades del departamento. “A principio de año el señor gobernador le hizo el reclamo al ministro de Defensa, le solicitó apoyo y fue escuchado. Nos llegaron 10 nuevos pelotones que están en el sur del departamento de Bolívar, nos llegaron dos armas con mira computarizada y un alcance de 42 kilómetros de distancia, nos llegaron cuatro vehículos blindados y artillados para salvaguardar la seguridad de las vías del departamento, pero nada hacemos con capacidades instaladas si no se pueden utilizar”, señaló.

Para Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, aunque existe una directriz clara por parte del Ministerio de Defensa, la coexistencia de varios frentes de negociación, algunos activos y otros suspendidos, está generando confusión en el terreno. Para el experto, la implementación de los lineamientos e instrucciones del sector defensa, tanto para las Fuerzas Militares como para la Policía, debería ser coordinada y reforzada también desde los niveles subnacional y regional. Es en estos ámbitos donde la ambigüedad en las órdenes y la interpretación de las mismas persiste, lo que a su vez afecta la ejecución efectiva de las operaciones militares y de seguridad.

“Es fundamental que haya una mayor claridad en la comunicación y una alineación estratégica entre el gobierno central y las autoridades locales para evitar discrepancias en la interpretación de los acuerdos de paz y los términos de los ceses al fuego. Esto no sólo fortalecería la capacidad de respuesta de los organismos de seguridad y justicia, sino que también contribuiría a reducir la incertidumbre que prevalece en el manejo de las distintas facciones armadas en el territorio”, explica.

Berrío hizo un llamado a los actores armados que hacen presencia en el territorio para que respeten a la población civil y se acojan a la apuesta del gobierno para acabar con la guerra e iniciar su proceso de reincorporación. “Aquí lo que se necesita es una decisión política que sólo puede tomar el presidente de la República. Una decisión que defina si vamos a combatir a estas personas o si por el contrario nos vamos a sentar en una mesa de negociación, pero como debe ser: aceptando todas las condiciones de parte y parte. Necesitamos que hoy el Ejército tenga las manos libres para que pueda actuar”, concluyó.

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El término masacre está grabado en la memoria de ciertas generaciones y poblaciones que vivieron las épocas más convulsionadas del conflicto armado. Entre la década de los 90 y los primeros años del nuevo milenio eran frecuentes. Hoy, las masacres siguen ocurriendo pero se diferencian ampliamente de las que ocurrían en el pasado. 

Antaño, esos crímenes implicaban grandes movilizaciones de tropas de grupos armados ilegales, ocurrían en apartadas regiones marginadas y rurales, dejaban decenas de víctimas e inmediatamente eran reivindicadas por sus autores para enviar diferentes mensajes con el fin de castigar a comunidades o imponer su control territorial. 

De ese modo, fueron cometidas las masacres de El Salado, Mapiripán, El Naya, Mampuján, Macayepo, Chengue, El Aro, Barragán, Alaska y Trujillo, entre otras. (Leer más en: Masacres: la ofensiva paramilitar) 

El panorama en los últimos años ha cambiado: actualmente hay nuevos victimarios, diferentes a los protagonistas históricos del conflicto armado interno, y las razones por las que implementan esta violenta estrategia no son las mismas. VerdadAbierta.com ha destacado el fortalecimiento de bandas urbanas como protagonistas principales en las masacres en Colombia, junto con los grupos armados ilegales. Estas compiten por el dominio territorial en ciudades y zonas que representan puntos estratégicos para actividades económicas ilícitas.

Entre 2019 y lo corrido de 2024 este portal ha documentado 439 masacres. Tienen en común que en la mayoría de los casos fueron asesinadas entre tres y cuatro personas, por lo general ningún grupo armado o del crimen organizado se atribuye la autoría de esos crímenes, y se repiten con frecuencia en algunos departamentos.

Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Atlántico, Putumayo, Magdalena, Bogotá y La Guajira, son las regiones con más casos. Y durante los últimos tres años la cantidad de masacres perpetradas en ellos fluctúa en rangos similares.

Salvo Bogotá, los nueve departamentos de ese listado históricamente han sido golpeados directamente por diferentes actores del conflicto armado. Lo anterior supondría que, al revisar los casos a escala municipal, aparecerían en los primeros lugares municipios de regiones como el Bajo Cauca antioqueño, Urabá, el Catatumbo, el norte de Cauca y el Andén Pacífico.

Sin embargo, la realidad es otra, y deja entrever que en la actualidad hay nuevas dinámicas y actores ejecutando ese repertorio de violencia con distintos fines.

Entre los municipios con más masacres en los últimos cinco años se encuentran cinco ciudades capitales, entre ellas la capital de la República, Bogotá.

Por otro lado, la temporalidad muestra que las masacres casi se duplicaron entre 2019 y 2020; disminuyeron en tres casos para 2021, pero a partir de allí crecieron constantemente, aunque con pocos casos. Lo anterior significa que esos niveles de violencia se han estabilizado y que diferentes gobiernos nacionales no han podido encontrar soluciones.

Paula Tobo, investigadora del Área de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que el aumento tan brusco después de 2019 se debe a que los grupos armados cada vez le tienen menos miedo las acciones del Estado y la Fuerza Pública. “No es de gratis que los actores armados decidan cometer ese tipo de crímenes”, sugiere Tobo. “Ellos perciben la inefectividad de las estrategias de seguridad nacionales y locales y sienten la facilidad de cometer este crimen”, finaliza.

Masacres en zonas metropolitanas

A lo largo de los últimos años, hubo una ‘urbanización de la violencia’, según afirma Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, que defiende los derechos humanos en Cúcuta y sus alrededores, en Norte de Santander. 

Mientras en los años 90 las disputas entre grupos armados se limitaban a zonas rurales en las cuales la violencia tradicionalmente estaba vinculada a la adquisición de tierras y a proyectos de infraestructura, hoy en día se han trasladado a zonas urbanas donde el control del territorio permite a estos grupos controlar rutas de microtráfico y narcotráfico.

Así, desde el Acuerdo de Paz, ocurrida el 24 de noviembre de 2016, se ha ido reconfigurando el panorama de los grupos armados ilegales en los vacíos dejados por la extinta guerrilla de las Farc, y se afirman bandas delincuenciales violentas en las zonas urbanas del país. 

De acuerdo con Tobo, de la FIP, ahora las masacres son un fenómeno propenso a ocurrir en cualquier espacio afectado por la criminalidad, a nivel local o nacional. Ejecutar una masacre es una herramienta que está al alcance de cualquier grupo criminal y es efectiva para amplificar la percepción de las capacidades del grupo o del control que ejerce. Por eso, al menos en el tiempo reciente, ocurren tanto en zonas urbanas como rurales.

También aclara que el aumento de las masacres en sectores urbanos se debe al empeoramiento de la situación de seguridad en las ciudades capitales que, principalmente, se ha atribuido a la emergencia de bandas locales que se multiplican en ciudades como Cúcuta o que multiplican sus disputas como en Barranquilla. 

Cúcuta, la capital más afectada

La incidencia de 17 masacres desde 2019 en esa capital es un indicador claro de la gravedad del problema, que también se extiende a su zona metropolitana . Sólo en 2023 se perpetraron cuatro masacres, todas en la zona urbana de ese municipio. Así, Cúcuta es la capital departamental más afectada. 

Cañizares destaca que la violencia en el departamento se ha focalizado especialmente en la zona metropolitana de Cúcuta en los últimos tres años. Además, señala que aunque las masacres no son tan comunes en el departamento, cuando ocurren, suelen ser perpetradas por bandas delincuenciales que luchan por el control territorial de barrios de la ciudad. De acuerdo con las autoridades locales, se enfrentan cuatro bandas con capacidad local y transnacional identificadas como Los Porras, Los AK47, Los Lobos y el grupo de ‘Carlos Pecueca’. 

Por otro lado, según un análisis hecho por InSight Crime, esta ciudad se ha convertido en un lugar ideal para los grupos criminales venezolanos y su interés para establecerse en ella se debe principalmente a dos factores vinculados con Norte de Santander: el flujo migratorio y la variedad de economías ilegales en la frontera. Si bien en un inicio la aparición de estas bandas provocó enfrentamientos con el Eln, con quien competían por el control de los pasos fronterizos irregulares conocidos como trochas, hoy han logrado expandir su influencia en Cúcuta.

En esta capital, buena parte de las disputas entre bandas criminales están relacionadas con el control del microtráfico. Por ejemplo, según las autoridades policiales, el 27 de junio del año pasado, hombres armados asesinaron a tres miembros de una familia en su propia casa, que hacían parte de la misma red de microtráfico.

Barranquilla y Soledad, otro lío de bandas

Con 12 masacres desde 2019, en Barranquilla, capital de Atlántico, también se ha disparado la violencia por las bandas urbanas. Si bien las masacres prácticamente se duplicaron cada año desde 2021 en el departamento, las nueve masacres registradas en 2023 fueron perpetradas en su zona metropolitana, que incluye los municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia y Malambo. En el conteo de VerdadAbierta.com esa docena de casos sólo corresponde a los ocurridos en Barranquilla y no los municipios aledaños.

El puerto marítimo de Barranquilla es uno de los territorios más afectados por las disputas entre grupos por el control de rutas de paso de narcotráfico y puntos estratégicos para el contrabando de armas y otros ilícitos, como es la salida hacia La Guajira, por la troncal del Caribe. 

A organizaciones criminales históricas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc o Clan del Golfo) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), se suman otras que tienen más influencia sobre las zonas urbanas, conocidas como Los Costeños y Los Pepes, según explica Luis Fernando Trejos, investigador en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

Soledad es otro municipio fuertemente afectado por ese repertorio de violencia. Y su situación cambió vertiginosamente en 2023: pasó de ser el escenario de una sola masacre en 2020 y en 2022, a cinco durante el año pasado. Lo anterior lo convirtió en el municipio con más casos en 2023, las cuales dejaron un saldo de 15 víctimas. 

El origen de esas muertes se debe a la expansión de Los Pepes de Barranquilla hasta Malambo. Como consecuencia de los enfrentamientos con otras bandas ya presentes en el territorio, las masacres en Soledad, que se encuentra justo en el medio de ambos municipios, aumentaron significativamente el año pasado. 

Paralelamente, Los Costeños se adjudicaron la masacre del 29 junio en Puerto Colombia. Asesinaron a tres miembros del Clan Vega Daza: Rafael Julio Vega -conocido como Kike Vega-, el padre de esa organización ilegal, y sus hijos Ray Jesús y Ronald Iván Vega Daza. Según el diario El Colombiano, ‘Kike Vega’ era conocido por ser un sicario de grandes narcotraficantes y dirigir un gran grupo criminal que se dedicaba al microtráfico y otros delitos. A este atentado sobrevivió Roberto Vega Daz, quien huyó a España y fue asesinado allá el 28 de febrero de este año.

Masacres en la capital

Bogotá acumula una docena de masacres desde 2019. En 2022 y 2023 ocurrieron la mayor cantidad de ellas, cuatro en cada año y todas en la zona sur.

La violencia en Bogotá está profundamente enraizada en las disputas territoriales entre diferentes bandas armadas, conocidas, entre otros, como Los Villegas, Los Yayas, Los Maracuchos, el Tren de Aragua y  Las Bandas de Satanás. 

En particular, los corredores entre zonas como Bosa, Soacha, Ciudad Bolívar y Usme son críticos para controlar áreas estratégicas de la ciudad con el fin de alimentar el flujo de tráfico de armas y drogas. Así, las masacres se concentran en las áreas más pobres de la capital, donde la población es más vulnerable y los grupos criminales ejercen mayor dominio. 

En este contexto, al ‘urbanizarse’, la violencia se ha vuelto más selectiva, con masacres y homicidios múltiples que a menudo están relacionados entre sí. Los jóvenes y los líderes sociales son objetivos principales: los primeros para enviar un mensaje de control; y los segundos para amedrentar y desarticular la cohesión social, explica David Jiménez, investigador en seguridad y derechos humanos.

Cali y una herencia mafiosa

Con ocho masacres desde 2019, la capital de Valle del Cauca es la cuarta capital regional con más masacres. 

Cali es una ciudad receptora de víctimas del conflicto armado por ser la ciudad más grande de la región Pacífico y arrastra una tradición de violencia desde el furor de los extintos carteles del narcotráfico. El departamento de Valle del Cauca sirve como puente entre el norte de Cauca, el sur de Chocó y el océano Pacífico, lo que ha convertido su capital en un enclave para el crimen organizado.

El corredor hacia Buenaventura es un punto estratégico crucial por ser el principal puerto del país. No sólo es vital para la economía legal del país, sino que también juega un papel significativo en las economías ilícitas, como el tráfico de drogas y armas. 

La presencia de grupos armados, en específico el Estado Mayor Central (Emc), en zonas rurales cercanas como los Farallones y en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) como Pradera, exacerba la situación de violencia en las áreas urbanas de Cali. De hecho, con redes de apoyo en la ciudad se facilitan las operaciones de estos grupos que buscan extender su control territorial hacia el entorno urbano. 

Por otro lado, a nivel local, el legado mafioso que dejaron los carteles de Cali y del Norte del Valle, los cordones de miseria que genera el conflicto armado con desplazados de diferentes regiones, la corrupción y la falta de oportunidades en sectores vulnerables, generaron la proliferación de diversas redes de crimen organizado. Una investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicada en septiembre de 2019, documentó que en esa ciudad hay 182 empresas delincuenciales, que no tienen cabezas visibles de mando y tercerizan sus crímenes.

“En Cali no se han establecido diálogos con las bandas urbanas en el proceso de Paz Total”, explica Jorge Mantilla, investigador de conflicto y crimen organizado. “En Medellín, en cambio, hay una conversación de paz urbana abierta con La Oficina de Envigado y sus principales bandas que dominan la ciudad”, finaliza. Esto sugiere que, a diferencia de otras ciudades que han logrado avances significativos en términos de diálogos de paz con grupos armados, Cali enfrenta desafíos únicos en este frente.

Medellín, el caso atípico

El caso de Medellín es contrario al de las ciudades capitales del país. Sólo se han presentado dos masacres en los últimos cinco años. En la última, ocurrida el 22 de marzo de 2022, tres hombres de nacionalidad venezolana fueron asesinados en el barrio Robledo, al noroccidente de Medellín. Hay muchas versiones sobre la razón de esta masacre; una de ellas, contemplada por la Policía, es que podría tratarse de una retaliación entre bandas criminales. 

La anterior masacre se remonta al 15 de febrero de 2020, cuando cuatro personas fueron asesinadas mientras departían en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 13. Según El Colombiano, integrantes de la banda La Agonía estaban vengando el intento de asesinato de uno de sus integrantes apodado ‘César’, a manos de Los Peñitas. Apenas una de las víctimas tenía relación con la disputa. 

El hecho de que sólo se registren estas dos masacres desde 2019 llama la atención, pues Medellín se encuentra entre los primeros lugares de otras expresiones de violencia. En 2023, según Medicina Legal, la capital antioqueña fue el quinto municipio con más homicidios (345), por detrás de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena. Según Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, esto se debe al modelo de gobernanza ilícita que hay en Medellín. 

La gran estructura criminal que domina la ciudad es La Oficina de Envigado, también conocida como ‘La Oficina del Narcotráfico’. A esta organización pertenecen alrededor de 12 bandas criminales que a su vez regulan los llamados ‘combos’, un conjunto de más o menos 400 grupos pequeños que están en todo Medellín. La división del territorio ya está establecida, por lo que tampoco hay competencia o enfrentamientos entre las bandas. 

El control de territorio y población es una fuente importante de legitimidad para estas bandas criminales. Al contrario de las organizaciones criminales en otras ciudades, estas sólo usan la violencia para casos excepcionales con el objetivo de enseñar una lección sin llamar la atención de las instituciones gubernamentales y generar confrontación. Por eso, las masacres no son un recurso utilizado en esta ciudad. 

“Desde 2003 no hay presencia insurgente territorial en la ciudad”, explica Yuri. “El nuevo paramilitarismo, que devino en los grupos del narcotráfico, se caracteriza por la búsqueda de control social, pero sin el objetivo de eliminar blancos políticos sociales, por lo que ninguna modalidad se expresa en indicadores de violencia abierta y muchos menos en masacres”, finaliza. 

En teatros ‘tradicionales’ del conflicto

Esta tendencia de violencia urbana se suma al histórico conflicto armado que ha azotado ciertas regiones desde hace décadas. En el país hay dos situaciones contradictorias, reporta la FIP en un análisis del 13 de febrero de 2024: por un lado, los grupos armados se han fortalecido en ciertas zonas; por otro, las disputas que tienen entre ellos por el control social y territorial han aumentado de manera significativa. 

En algunos territorios las masacres todavía son utilizadas para ejercer control sobre poblaciones, economías ilegales e, incluso, violencia intrafilas. Un caso que representa esa situación es el asesinato de cuatro menores de edad indígenas ocurrido el 17 de mayo de 2023 en Putumayo, quienes intentaron desertar de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, tras ser reclutados de manera forzada.  

Antioquia, el departamento más masacrado

En Antioquia las masacres todavía hacen parte del panorama de violencia. Los grupos armados aún utilizan esta estrategia para controlar los territorios del departamento, lo que lo convierte en el que más casos registra en los últimos años: VerdadAbierta.com documentó 66 masacres con 244 víctimas.

En Antioquia tienen injerencia y control los frentes 18 y 36 de la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central (Emc), las Agc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln). Hay territorios controlados por un sólo grupo, otros donde hay coexistencia, alianzas y zonas con enfrentamientos. En particular, las comunidades del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, quedan atrapadas entre los enfrentamientos del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez de las Agc, contra los frentes 4, 18, 24 y 36 del Emc, que están aliados con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln. 

Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), explica que la minería ilegal es uno de los principales negocios de los que se están lucrando los grupos armados por lo que los enfrentamientos son por el control de alrededor de 13 minas ilegales en la región. A partir de las investigaciones del IPC se descubrió que las masacres perpetradas en Cáceres (el 24 de agosto) y en Santa Fe de Antioquia (el 3 de diciembre de 2023), fueron por esta disputa; cada una dejó el saldo de seis personas asesinadas.

Sobre el último caso, la Policía reportó que un grupo de hombres robó $2.000 millones en oro que pertenecía a las Agc, pues fue extraído de sus socavones ilegales. Por eso, los líderes del grupo armado capturaron a los supuestos ladrones antes de que huyeran de la región con el jugoso botín. Después los torturaron, los asesinaron y abandonaron sus cuerpos en dos tandas en la zona rural del municipio. 

Zapata explica que este es uno de los tres escenarios en los que se presentan las masacres en Antioquia. El segundo tiene que ver con la disputa por la expansión del microtráfico en las fincas cafeteras, donde se pueden emplear más de 100 o 200 personas en épocas de cosecha y la mayoría es adicta al bazuco.

Las masacres de 2023 perpetradas en Ciudad Bolívar (el 28 de enero y el 14 de febrero) y en Venecia (el 17 de diciembre) responden a esta dinámica. “Si llega un nuevo traficante a la zona, busca asesinar al distribuidor actual y si cae también el administrador de la finca o los consumidores, no importa”, precisa Zapata. 

En el tercer escenario se enfrentan guerrillas y paramilitares y las zonas más afectadas son las que tienen municipios vinculados al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Por la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, los lugares que han sido especialmente afectados por el conflicto armado debían ser prioridad para convertir el campo en un escenario de reconciliación y transformación estructural. 

Sin embargo, Zapata explica que el Estado no ha sustituido la presencia de los grupos armados y, por eso, continúan la violencia que puede expresarse en masacres. En algunos casos, un grupo armado hace un atentado contra alguien que supuestamente hace parte de otro grupo y a partir de ahí mueren más personas. 

Cauca, el conflicto al rojo vivo

Este es el segundo departamento con más masacres. En el último quinquenio fueron cometidas 61, promediando 12 por año. Tiene dos municipios entre los primeros cuatro lugares con más casos: Santander de Quilichao (12) y El Tambo (10). Y otros como Argelia, Corinto, Suárez y Balboa, superan en cantidad a municipios de otros departamentos.

En este territorio actualmente tienen presencia el Emc, la Segunda Marquetalia y el Eln. Actualmente el gobierno nacional suspendió el cese al fuego con el grupo de ‘Iván Mordisco’ en ese departamento tras múltiples incumplimientos y el asesinato de líderes indígenas, razón por la que las confrontaciones entre ese grupo armado ilegal y la Fuerza Pública han aumentado. También rondan panfletos de grupos surgidos tras la desmovilización de las Auc como las Águilas Negras y las Agc, aunque las autoridades señalan que no tienen presencia en esta región.

Esta región es zona de disputa tanto por la minería ilegal como por la siembra de cultivos de denominado uso ilícito (coca, amapola y marihuana). También por su ubicación geográfica, por tener conexión con los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Huila, a la par de salida al Pacífico, con los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi.

Norte de Santander, centro de masacres urbanas

Este departamento cuenta con una particularidad: ocupa el cuarto puesto como el departamento con más masacres, pero ahora se concentran en su ciudad capital y no en el Catatumbo, pues 17 de las 33 registradas por VerdadAbierta.com ocurrieron en ella. Lo anterior no significa que ya no ocurran en los ocho municipios que conforman esa región, pues en el último quinquenio se perpetraron nueve en Tibú, Ocaña y El Carmen.

Cañizares, de la Fundación Progresar, explica que durante los últimos cinco años la región del Catatumbo ha estado marcada por el rearme y fortalecimiento de las disidencias de las Farc. En el marco del posacuerdo surgieron tres estructuras: los frentes 33 y 41 del Emc, y la Segunda Marquetalia, que se suman a las alrededor de diez estructuras del Eln y los rezagos que persisten del Ejército Popular de Liberación (Epl). Estos grupos armados pelean por economías ilegales y el copamiento de los territorios abandonados por las extintas Farc. 

A pesar de las disputas, el analista de la Fundación Progresar asegura que durante los últimos cinco años las masacres no han sido empleadas por los grupos armados como antaño. 

Nariño, donde la guerra no cesa

Con 30 casos y 123 víctimas, este es el quinto departamento de Colombia con mayor cantidad de masacres ocurridas entre 2019 y 2023. El municipio más afectado por este tipo de violencia es Tumaco, donde se registraron 12 casos.

Así como el resto de Colombia, en 2020 las masacres aumentaron drásticamente: de dos casos en 2019 subieron a nueve, cifra que se mantuvo en 2021. En 2022 se redujeron a cuatro. 

“Podemos decir que es una de las disputas más activas en el conflicto armado”, declara Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia de International Crisis Group. Explica que en este departamento está presente el Frente Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, el Eln, el Emc e incluso las Agc. Los combates entre estos grupos por el control de las rutas del narcotráfico son constantes y la población siempre queda en medio, por lo que las masacres son inevitables. 

Putumayo, disputa entre disidencias

Durante los últimos cinco años, VerdadAbierta.com registró 21 masacres que dejaron 85 víctimas en ese departamento ubicado en la Amazonía colombiana, lo que lo convierte en el sexto con más casos.

Putumayo es un departamento con altos niveles de desigualdad e insuficiente presencia integral del Estado, lo que genera una ventaja para los grupos armados y un desafío para que haya paz en el territorio. 

Actualmente tienen presencia dos grupos armados inmersos en un conflicto: el Frente Carolina Ramírez del Emc y los Comandos de la Frontera (Cdf), un grupo adscrito a la Segunda Marquetalia, conformado por disidencias de las Farc y La Constru (desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)), que busca mantener el control sobre el narcotráfico en el bajo Putumayo y la frontera con Ecuador.

La violencia sigue latente en todo el departamento, pero ha disminuido su expresión en forma de masacres. Putumayo es uno de los tres departamentos del país en los que hubo un leve decrecimiento entre 2022 y 2023: pasaron de ocho a cinco. De acuerdo con el investigador  Mantilla, esa reducción se debe a un ‘empate técnico’ entre los Cdf y el Emc, que quedó replegado en el vecino departamento de Caquetá. 

Además, sugiere que después de que se perpetraron violentas masacres en la región, hubo atención mediática que recalcó la necesidad de actuar frente a este fenómeno y hubo una atención del Estado. 

El 17 de mayo de 2023, cuatro adolescentes del pueblo indígena Murui-Muina, comunidad de Guaquirá, de Puerto Leguízamo, fueron asesinados por integrantes del Frente Carolina Ramírez del Emc. Los menores, que habían sido reclutados forzosamente por el grupo armado, intentaron huir para volver a su comunidad, pero cuando se encontraban en la comunidad de El Estrecho, en los límites entre Amazonas y Caquetá, los asesinaron. 

Ese caso conmocionó al país y no sólo generó rechazo en diversos sectores sociales y políticos, incluyendo una fuerte declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino que también fue el detonante para que el presidente Gustavo Petro ordenara el fin del cese el fuego con este grupo en esa región. 

Masacres en municipios PNIS y PDET

El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) es una herramienta creada en 2016 por la firma del Acuerdo de Paz para implementar de manera prioritaria los programas de la Reforma Rural Integral y otras políticas del posconflicto. Se escogieron 170 municipios que se agrupan en 16 subregiones en las que se busca garantizar la presencia del Estado, la provisión de bienes y servicios públicos y la disminución de conflicto armado y pobreza. 

Junto al PDET, se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), como una estrategia para promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en 56 municipios y, así, superar las condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que subsisten ellos. En total, 46 hacen parte de ambos programas. 

VerdadAbierta.com registró 178 masacres en municipios PDET y 86 en municipios PNIS en los últimos cinco años. La lectura de esas cifras coincide con la tendencia nacional del país, pero tiene un matiz diferenciador: las masacres prácticamente se duplicaron entre 2019 y 2020, pero a partir de 2021 se han reducido considerablemente.

Para Dickinson, del International Crisis Group, esa disminución se debe entonces más a una “decisión estratégica por parte de los grupos armados en el contexto de los diálogos de Paz Total para no llamar la atención”. Y plantea que el repunte de ellas en los años anteriores se debe a que “ninguna región PDET alcanzó cambiar las condiciones estructurales más rápidamente que el conflicto se reconfiguró”.

Pero dado que los programas PDET y PNIS fueron diseñados como una estrategia a largo plazo, el impacto tangible en la reducción de esas masacres está por venir. 

¿Qué debe hacer el gobierno nacional?

En este contexto de aumento general de las masacres en Colombia, Carlos Zapata concuerda con Indepaz, señalando que los ceses al fuego con grupos armados ilegales y las treguas acordadas entre bandas delincuenciales han disminuido algunos eventos violentos contra la población y han generado un poco de esperanza con que se apacigüen los conflictos en algunas regiones. 

Sin embargo, los expertos consultados por VerdadAbierta.com, en general, afirman su escepticismo en cuanto al descenso o desescalamiento de la violencia para el año 2024. En particular, Mantilla advierte que no se debe bajar la guardia porque sugiere que, ante un declive real, “podríamos estar presenciando un apaciguamiento momentáneo de los grupos armados, que podrían estar consolidando su control territorial para sentar su control en las comunidades, esperando el desenlace de las conversaciones en curso”. 

Para realmente invertir la tendencia, sugiere que el gobierno nacional debe tomar dos medidas cruciales: avanzar y converger en diálogos regionales de paz, pese a posibles crisis en la mesa con el Eln, y establecer ceses al fuego multilaterales en zonas donde estén presentes el Emc y el Eln, ambos en procesos de paz. 

De igual manera, Trejos insiste en que es importante que desde la Casa de Nariño se mantengan estrechas relaciones con todos las administraciones locales afectadas por el conflicto y no sólo con las que están alineadas con su ideología o partido político, porque esta dinámica deja excluidas del panorama de la Paz Total a muchas ciudades del país como Barranquilla y Santa Marta, que también necesitan su atención para disminuir la violencia.

Además, los expertos coinciden en que el trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación no ha sido suficiente para procesar a los responsables de las masacres. Debido a que las autoridades sólo actúan sobre hechos probados, estos crímenes quedan impunes. Las limitadas respuestas institucionales hacen que las víctimas se queden sin justicia, perpetuando un ciclo de violencia e impunidad, pues a los grupos armados y las organizaciones criminales les queda el camino fácil para seguir cometiendo masacres.

El Ministerio de Defensa reportó que en los primeros 21 días de este año ocurrieron seis masacres, que dejaron 18 víctimas. A la fecha de publicación de esta investigación (18 de abril de 2024), este portal ha verificado 18, con 52 víctimas, en los departamentos de Bolívar, Cauca, César, Chocó, Huila, Magdalena, Risaralda, Bogotá y Valle del Cauca. Este último departamento sigue siendo de los más violentos, pues ya registra tres masacres. 

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“Nos siguen matando”. Esa frase ilustra la portada del informe ¿La Última Esperanza para la Paz? Informe sobre violencia política contra los pueblos indígenas en 2022. El documento, realizado a partir del monitoreo del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, señala que finalizada la fase de reconfiguración del conflicto armado iniciada en 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc, la “violencia política” aumentó de manera alarmante en Nariño, Chocó y La Guajira.

Para esta Comisión, la violencia política “se traduce en hechos violentos y sistemáticos a través de los cuales se busca debilitar el movimiento indígena y sus procesos organizativos autónomos en torno a la defensa de la vida y el territorio, por  medio del exterminio a los liderazgos y el uso del miedo y el terror como dispositivos de poder para alcanzar unos intereses concretos y de control territorial”.

De ese modo, los homicidios de integrantes de comunidades indígenas son vistos como la máxima manifestación de la violencia política que sufren en el país, los cuales, “en años recientes se han incrementado como consecuencia de la falta de implementación del AFP (Acuerdo Final de Paz) y la reconfiguración del conflicto armado interno”.

Además, el año pasado tuvo una intensa actividad electoral en la que, por primera vez en su vida republicana, la jefatura del Estado quedó en manos de gobernantes de izquierda, con la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez, como presidente y vicepresidente de la Nación. Ese proceso tuvo eco en la violencia contra los pueblos indígenas: “Por otra parte, junio, julio y agosto que corresponden al final de la carrera electoral por la presidencia y vicepresidencia del país, y la posterior posesión del gobierno Petro Urrego-Márquez Mina, dan muestras de la relación existente entre los hitos electorales y el ‘recrudecimiento generalizado de la violencia en el país’”.

Los registros del observatorio de la CNTI, que datan de 2017, dan cuenta de que cada cuatro días una persona de comunidades indígenas es asesinada en Colombia. “Esta cifra es una desafortunada muestra del riesgo inminente que corren los pueblos indígenas, quienes vienen denunciando el genocidio al que se enfrentan ‘en tiempos de paz’, ante la firme negativa a permitir la incursión en sus territorios de actores externos con intereses económicos ligados al narcotráfico y procesos extractivistas o de explotación intensiva de la tierra, que van en contravía de su ley de origen y derecho propio”, detalla el documento.

Al revisar los 108 asesinatos por distribución territorial, se encuentra que ocurrieron en 10 departamentos y 39 municipios de Colombia. La mayor cantidad de ellos, el 72 por ciento, se concentró en la región suroccidente, en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

Lo anterior está relacionado, según la CNTI, “con la consolidación de esta región como un corredor estratégico para las economías ilegales y grupos armados, y da cuenta del impacto diferenciado que las dinámicas de violencia territorial tienen en los ejercicios de organización y resistencia adoptados por los pueblos indígenas allí asentados”.

Sin embargo, hay un quiebre en las tendencias de años anteriores en esa región, pues Nariño, con ocho víctimas más que en 2021, pasó a ser el departamento con más indígenas asesinados; situación contraria sucedió en Cauca, que tuvo 22 víctimas menos, entre 2021 y 2022.

Al respecto, el informe indica que esa “variación en las cifras de homicidios indígenas encuentra explicación en la intensificación de la situación de violencia en Nariño, particularmente en la región del Pacífico que por su doble condición de corredor hacia el mencionado océano y frontera con Ecuador, se ha vuelto particularmente estratégica para las economías ilícitas”.

Otros departamentos en donde la violencia aumentó drásticamente son Putumayo y La Guajira. Con relación a 2021, los asesinatos se incrementaron un 216 por ciento en el primero, y un 200 por ciento en el segundo. Para la CNTI, esa situación está relacionada con “el escalonamiento del conflicto armado en estas regiones de la mano de la consolidación de intereses económicos extractivistas sobre los territorios y el consecuente impacto sobre los pueblos indígenas asentados en estos”.

Los 108 asesinatos perpetrados en 2022 afectaron a 15 pueblos indígenas, lo cual representa otro aumento frente a 2021, que tuvo 13 pueblos atacados. Los más afectados el año pasado fueron los Awá, los Nasa, los Wayúu y los Embera.

Lo anterior refleja una tendencia marcada desde la firma del Acuerdo de Paz, pues esos cuatro pueblos son los “más afectados por la violencia homicida, debido a su asentamiento en regiones fuertemente impactadas por el conflicto armado interno y a las presiones que existen de los actores armados sobre sus territorios ancestrales u ocupados tradicionalmente”. Aunque es la primera vez que ese listado lo encabezan los Awá y no los Nasa.

La CNTI recalca que 14 de los 15 pueblos afectados, cuentan con medidas de protección por parte de la Corte Constitucional, en seguimiento a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado derivado del conflicto armado interno.

Por ello, lamenta que, “a pesar de que en Autos de seguimiento como el 004 de 2009, el 382 de 2010, el 174 de 2011, el 266 de 2017 y el 620 de 2017, la misma Corte ordenó la formulación e implementación de planes de salvaguarda étnicos para los pueblos indígenas, para prevenir y atender las situaciones derivadas del impacto del conflicto armado, a la fecha no se encuentra en fase de implementación ningún plan de salvaguarda ni las medidas de protección”.

En cuanto al perfil de las víctimas, el 17 por ciento de ellas estaba relacionada con roles de autoridad en comunidades indígenas o defensa de los derechos humanos. Además, fueron asesinados 13 guardias indígenas, la mayoría en Cauca (53 por ciento), Nariño (30 por ciento) y Chocó (15 por ciento).

Sobre los presuntos responsables de los asesinatos, como suele ser frecuente, se desconoce quiénes son. Para el año pasado, la CNTI señala que se desconoce la autoría en el 57 por ciento de los casos, situación que está a la par con el promedio registrado entre 2016 y 2021.

Lo anterior “da cuenta de un contexto de violencia caracterizado por la impunidad y la vulnerabilidad que enfrentan a causa de las constantes disputas con actores armados en respuesta a los intereses económicos sobre los territorios indígenas, lo que ha desencadenado desarmonías territoriales y desajustes en las prácticas culturales y espirituales fundamentales para su pervivencia”.

Masacres

El informe también realiza un análisis de las masacres ocurridas el año pasado, en la que también les fue arrebatada la vida a integrantes de comunidades indígenas. De los 108 asesinatos, 34 ocurrieron en once masacres, perpetradas en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

Esa situación sitúa a 2022 como el año en el que más indígenas fueron asesinados en medio de masacres. “Entre 2017 y 2022 se registraron en el país 29 masacres, cuyas víctimas fueron indígenas; de las cuales el 40% sucedió durante este último año”, señala el informe.

Y prosigue: “En cuanto a la tendencia de ocurrencia de masacres contra población indígena, en el periodo mencionado se evidenció el exabrupto de una tasa de crecimiento del 1.000% respecto de 2017, lo cual deja a 2022 como el año de mayor ocurrencia de este hecho violatorio de los derechos humanos en lo que va de corrido de la firma del AFP (Acuerdo Final de Paz)”.

Por lo tanto, la CNTI insta a crear una alerta sobre las masacres como hechos de violencia sistemática en contra de la población indígena del país, dada la tendencia a su incremento durante los últimos seis años.

“Ante la profundización del conflicto armado después de la firma del AFP, las masacres han sido empleadas como dispositivos de poder y coacción en contra de los pueblos indígenas y su movimiento colectivo y organizativo, con la clara intención de romper el tejido social fundamental para su pervivencia física y cultural”, plantea el documento.

De acuerdo con la información consolidada por el observatorio de la CNTI, las masacres se concentraron entre 2017 y 2021 en Cauca, con el 44 por ciento de los casos; Nariño, con el 28 por ciento; Putumayo, con 11,11 por ciento; y Caldas, La Guajira y Valle del Cauca, cada uno con un respectivo 5,5 por ciento.

En 2022 las masacres ocurrieron en Putumayo (tres), Chocó (tres), Nariño (dos), La Guajira (dos) y Cauca (una). En cuanto a víctimas en esos eventos, Nariño tiene la mayor cantidad de víctimas: diez, seguido por La Guajira con nueve, Chocó con siete, Putumayo con cinco y Cauca con tres.

La CNTI llama la atención sobre la situación de Chocó y La Guajira, ya que, comparados con los promedios de masacres ocurridas entre 2017 y 2021, el año pasado tuvieron un aumento del 200 y del 100 por ciento, respectivamente. Por ello, enciende las alarmas, ya esa situación “parece indicar que el ejercicio de la violencia directa en contra de los pueblos indígenas se ha ido dispersando y profundizando en varios puntos del territorio nacional después de la firma del AFP”.

Y recalca: “La violencia ya no se concentra únicamente en una zona sino que, con el pasar de los años, se ha ido reproduciendo en lugares donde anteriormente no había registros, o estos eran bajos en comparación con los territorios con mayor número de masacres: norte del Cauca y el Pacífico nariñense, en el acumulado 2017-2021”.

También pone la lupa en la situación del pueblo Awá, pues nueve de los diez asesinatos que padeció el año anterior, ocurrieron en contextos de masacres.

Finalmente, el informe hace una llamado a la Justicia: “Sobre esta situación es preciso resaltar el nivel de impunidad e incertidumbre alrededor de las masacres, pues en el ciento por ciento de los casos se desconoce sus autores mediatos e inmediatos, de manera que en el departamento de La Guajira se reproduce la situación de violencia e impunidad que viene ocurriendo en otros como Cauca y Nariño desde años anteriores”.

Como lo muestra la evidencia, a pesar del cambio de gobierno nacional, que además está adelantado negociaciones con grupos armados de diversas naturalezas para construir una Paz Total, a los pueblos indígenas los “siguen matando”. Este diagnóstico y cinco más serán presentados esta tarde en el Museo Nacional de Bogotá, como un llamado de atención, otro más, que hacen estos pueblos originarios para vivir sin violencia y en armonía en sus territorios

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El CINEP realizó una radiografía sobre diferentes factores que han perpetuado la guerra en este departamento. Los factores van desde la corrupción y la presencia de actores armados, legales e ilegales, hasta los megaproyectos y la propiedad de la tierra.

Para el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el departamento de Chocó puede ser leído como una gran paradoja. Por un lado, la enorme riqueza en recursos naturales y el aporte que hace a la economía del país contrasta con la pobreza, la discriminación, marginalidad y desigualdad en la que se encuentra sumida sus habitantes. La gran mayoría de su población es étnica: el 90 por ciento de sus habitantes pertenecen a las negritudes y el cinco por ciento a comunidades indígenas. 

“Las condiciones paupérrimas en las que viven estas poblaciones no son producto de la pobreza únicamente, sino que presentan un componente racializado”, se advierte en el informe ¿Por qué continúa la guerra en el Chocó? que presentó hoy esta organización no gubernamental.

En 2020, en promedio, una persona en Chocó vivió con 10.918 pesos colombianos diarios, que equivale a menos de la mitad del ingreso a nivel nacional. Para ese año, la situación se agravó por la crisis sanitaria que generó la expansión del Covid-19. En ese año, más del 60 por ciento de su población estaba en situación de pobreza monetaria y el 36 por ciento vivía en pobreza multidimensional, siendo más aguda la situación en zonas rurales de los municipios de Quibdó, Istmina, Carmen del Darién, Riosucio y Alto Baudó.

Chocó había puesto sus esperanzas en la paz para que sus necesidades básicas fueran atendidas, para ver crecer el campo y tener oportunidades fuera de la dinámica de la guerra. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), de 297.026 personas habilitadas para votar en ese departamento, casi el 80 por ciento de los votos (75.257) estuvieron a favor de los Acuerdo de Paz en el plebiscito de 2016. Hoy, lamentan, que sus esperanzas siguen frustradas.

Frente a la persistencia del conflicto armado en varias regiones chocoanas tras la desmovilización de las extintas Farc, distintas organizaciones sociales se articularon en agosto de 2017 alrededor de la propuesta Acuerdo Humanitario ¡Ya!, en la que identificaron los principales problemas del departamento para llevarlos a la mesa de diálogo que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) adelantaba con la guerrilla del Eln en Ecuador. Espacio que no prosperó.

Investigadores del CINEP se concentraron en estudiar el periodo comprendido entre 2011 y 2020, que representa la primera década de vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

El análisis se realizó con la salvedad de subregistros: uno, por el ineficiente conteo de  hechos victimizantes en territorios donde el Estado no tiene el control territorial y la institucionalidad es débil; y, dos, “aquellos hechos victimizantes que no son denunciados por las víctimas debido al temor a las represalias de los actores ilegales presentes en los territorios”.

Desangrada por la corrupción

Concierto para delinquir, prevaricato y delitos por narcotráfico son algunos de los cargos por los que han sido procesados políticos de Chocó. Los hechos muestran que entre 2010 y 2017 fueron capturados 15 concejales de los municipios de Riosucio, Nuquí, Istmina, Juradó, Litoral de San Juan y Quibdó; y que entre 2012 y 2015 hubo cuatro gobernadores, debido al rifirrafe que declaró nula la elección de Luis Gilberto Murillo Urrutia por inhabilidad para ocupar cargos públicos. 

Uno de los casos más recordados tuvo lugar a inicios de 2010, cuando el entonces gobernador Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue condenado por peculado culposo por la Corte Suprema de Justicia. Los hechos están relacionados con un doble pago en un contrato de salud cuando fue alcalde de Quibdó (2001 – 2006). A raíz de eso, entre 2010 y 2011, el departamento tuvo cuatro gobernadores. 

El poder de la familia Sánchez Montes de Oca es ampliamente reconocido en Chocó y los escándalos no solo se han quedado en corrupción. Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), aseguró que destinó grandes sumas de dinero a la carrera política de Odín Sánchez Montes de Oca. (Leer más en La paradójica figura del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca)

El poder del clan político volvió a ser cuestionado en las elecciones de las Curules de Paz, creadas por el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc para que víctimas del conflicto armado representaran a 16 regiones del país en el Congreso de la República. Según voces de la región, quien quedó en el escaño, James Hermenegildo Mosquera Torres, es cercano a la casa Sánchez Montes de Oca. (Leer más en Curules de paz: víctimas sienten que les robaron su espacio)

Según analizó el CINEP, el área de la salud es el sector en donde se presentan mayor número de casos de corrupción. En 2007 estalló el escándalo de la Lotería de Chocó que llevaba tres años presentando pérdidas sin girar recursos de ley al sector salud. 

También son recordadas las distintas intervenciones por las que ha atravesado el Hospital de Quibdó, que actualmente adeuda una suma de 17 mil millones de pesos, o la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría al gobernador Ariel Palacios por presuntas irregularidades en un contrato para dar capacitaciones de prevención sobre el coronavirus por más de dos mil millones de pesos.

Le siguen los escándalos por incumplimiento en obras, uno de ellos, los siete años que ha tardado la construcción de la vía El 18-Ciudad Bolívar (Antioquia). Para 2019 se habían pavimentado 40 kilómetros de los 110 que tiene ese tramo, un promedio de 5,71 kilòmetros por año; o el detrimento de más de 19 mil millones de pesos por la no construcción del Sistema de Masificación de Gas Natural en los municipios de Tadó, Unión Panamericana, Condoto, Istmina, Certeguí, Novita, Bagadó, Andagoya y Cantón de San Pablo.

“Todo lo anterior denota la debilidad institucional, que se evidencia en el alto número de casos de corrupción que se presentan tanto en las elecciones como en la ejecución de contratos públicos, en particular en los relacionados con el sistema de salud e infraestructura”, concluye el CINEP.

Círculos de violencia

Entre 2011 y 2020, el 89 por ciento de las víctimas registradas a nivel nacional en el Registro Único de Víctimas (RUV) han sufrido desplazamiento. En Chocó, 462.550 personas han sido desplazadas forzosamente, eso equivale al 88 por ciento de la población y entre 2011 a 2020, 166.7398 fueron víctimas de este flagelo, siendo 2012 a 2014 (60.460 víctimas) el periodo con los índices más altos, mientras que 2018 (8.980) el más bajo.

En los últimos años la situación no ha mejorado. Según la organización CODHES, entre enero y noviembre de 2021, se registraron 9.857 víctimas de desplazamiento en Chocó. Muchos de esos casos están relacionados con la disputa territorial y el control de las rentas ilegales que libran el Eln , las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y, en menor proporción, las disidencias de las Farc; grupos armados que tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se lanzaron a ocupar las zonas abandonadas por las extintas Farc. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)

“En 2011 el control de las Farc-EP y de las AGC se generaba en el 83% de los municipios (25 de 30) y el ELN solo en un 40% (12 de 30). En 2021, tras 6 años de desmovilización como resultado del Acuerdo, las disidencias Farc-EP hacen presencia en un 20% de los municipios (6 de 30), las AGC siguen controlando el 80% de los municipios (24 de 30) y el ELN se ha expandido a un 80% de los municipios del Chocó (25 de 30)”, precisa el documento.

Otro asunto que llama la atención del CINEP es el fortalecimiento del Eln casi a la par de la dejación de armas de las extintas Farc. En el 2011 solo estaban presentes dos frentes: el Ernesto Che Guevara y el Resistencia Cimarrón. “En el 2021, se evidencia una presencia consolidada del Frente de Guerra Occidental conformado por 6 estructuras: el Frente Manuel Hernández “El Boche”, Frente Cacique Calarcá, Frente Ernesto “Che Guevara”, el Frente Resistencia Cimarrón, el Frente Omar Gómez y la Compañía Néstor Tulio Durán”.

En Alto Baudó (12,4%), el Litoral del San Juan (11%), Quibdó (10,7%), Riosucio (8,6%) y el Bajo Baudó (8,4%), se concentran los índices más altos de desplazamiento, esto, analiza el informe, a raíz de las constantes disputas de grupos armados legales e ilegales que han “convertido a la población negra, mestiza e indígena en objetivo militar y a sus territorios en botín de guerra aptos para el cultivo, el procesamiento y la comercialización de drogas ilícitas, la expansión de la frontera agrícola, la explotación de recursos minerales, la transformación del paisaje y la construcción de una infraestructura adecuada para atraer la inversión de capital”.

En los cinco municipios más afectados, el pico de desplazamiento ocurrió en un año distinto: En Bajo Baudó fue en 2012; Quibdó, en 2013; Litoral del San Juan, en 2016; Riosucio, en 2017; y Alto Baudó, en 2020.

Para Juan Pablo Guerrero, subdirector del CINEP y uno de los investigadores del informe, hay dos hechos claves subregionales sobre desplazamiento en Chocó: la de Bajo Atrato en septiembre de 2017 y la de Alto y Medio Atrato en marzo de 2022, especialmente en Bojayá.

En el Bajo Atrato, en las cuencas de los ríos Truandó, Domingodó, Curvaradó y Jiguamiandó, las comunidades dejaron sus tierras a razón de las confrontaciones entre Eln y las Agc por copar territorios de las antiguas Farc y controlar economías extractivas, rentas ilícitas y corredores geoestratégicos. Para este investigador, la situación del Bajo Atrato es una “crisis humanitaria sostenida” que permanece en silencio. “Pregúntale a un líder de Truandó si puede ingresar a su Consejo Comunitario. Incluso, ni la misma Iglesia puede ir. Debe solicitar permiso de uno u otro”, dice. 

Por otro lado, el año pasado, por la expansión de las Agc, las comunidades de Napipí, Pogue, Opogodó y Bojayá se vieron afectadas con el confinamiento de 3.700 personas. Sin embargo, Guerrero hace un llamado para ver la situación de Chicó como una crisis humanitaria departamental: “Acá urge de manera imperiosa convocar la Mesa Humanitaria del Chocó y sesionar a nivel subregional, convocar a variados actores y especialmente entidades públicas a examinar el qué pasa”. 

El recrudecimiento del conflicto armado pasa también por el aumento de los asesinatos. Desde el año 2011, la tasa de homicidios en este departamento ha estado por encima de la tasa nacional y presenta el mayor índice de homicidios en el país: 1.909 homicidios entre 2011 y 2020. En los últimos ocho años, Quibdó ha estado entre las tres primeras ciudades capitales con mayores tasas de homicidio en el país. Para 2020, la capital chocoana alcanzó un pico alarmante: 115,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi cinco  veces la tasa nacional.

Esa aguda situación se ha reflejado en aumento del reclutamiento forzado de menores y toques de queda por enfrentamientos. Quibdó es botín de guerra del Frente Ernesto Che Guevara y la Compañía Néstor Tulio Durán del Eln; los grupos delincuenciales los “Los Mexicanos” y “Los Palmeños”; y las Agc.

Entre 2011 y 2016, las principales víctimas de homicidio en Chocó eran jóvenes entre 19 y 30 años, pero a partir de 2016 pasaron a ser adultos entre 30 y 60 años. En muchos casos, las muertes de jóvenes están relacionadas con el involucramiento en dinámicas de violencia.

De acuerdo con el estudio de CINEP, la fuga de jóvenes hacia la guerra se debe a “la desescolarización y el desempleo, que contribuyen a la vinculación de los jóvenes a grupos armados ilegales, en particular en las zonas urbanas de Quibdó, Istmina, Tadó y Riosucio”.

Cuatro municipios concentran el mayor número de homicidios: Quibdó (875 casos) que es tránsito obligatorio por parte de los actores armados; Istmina (137), caracterizado por el alto flujo económico derivado de la explotación minera; Riosucio (92), con dificultades frente a la propiedad sobre la tierra; y Bahía Solano (77), con disputas territoriales en relación a la comercialización y transporte de hoja de coca para uso ilícito.

Dentro de ese espectro, un daño contundente que recae sobre las comunidades es cuando silencian a sus líderes. Según el Programa Somos Defensores, desde 2011 hasta hoy, han sido asesinados 48 líderes y lideresas sociales en Chocó. Y según el CINEP, los “municipios donde se han presentado asesinatos a líderes/as tienen en común su ubicación costera —Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó—, y su cercanía con polos de desarrollo económico y extracción minera —Alto, Medio Baudó, Nóvita, Bagadó, Cértegui y Quibdó—”.

El accionar de los grupos armados tiene patrones subregionales. En el Bajo Atrato y Darién, las Agc tienen condicionada a la población, después de haberse disputado a sangre y fuego el territorio con el Eln, por eso, esa guerrilla se replegó hacia el Alto y Medio Atrato. Esa situación ha derivado en desplazamientos forzados y el confinamiento de alrededor de cuatro mil personas en los últimos años, “siendo los indígenas los principales afectados por la situación de orden público”, y en donde los mayores afectados han sido las comunidades de Uva–Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Río Napipi en el municipio de Bojayá–Bellavista.

En el Litoral Pacífico, las Agc y el Eln hacen presencia casi por igual, se trata de una disputa reñida. Por los intereses económicos sobre los cultivos de hoja de coca y la minería ilegal, en la subregión del Baudó, particularmente los municipios de Alto y Bajo Baudó, y el municipio del Litoral del San Juan, ambas estructuras armadas buscan del control territorial de los corredores de movilidad del narcotráfico con salida al océano Pacífico y a Centroamérica.

Mientras, en el San Juan la mayor presencia es del Eln, hegemonía disputada por las Agc y las disidencias de las Farc. La situación humanitaria se agudizó desde septiembre de 2021, cuando los ‘Gaitanistas’ rompieron el acuerdo de no agresión que había pactado con los ‘Elenos’. Desde entonces, la población negra e indígena ha sufrido fuertes confinamientos y desplazamiento, que en el último año, según el informe del CINEP, dejó más de 2.500 desplazados. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y Denuncian etnocidio en la región del San Juan)

Este centro de investigación prende las alarmas en esta región por las restricciones a la movilidad que han impuesto el Eln y las Agc, donde se obliga a las comunidades a permanecer en sus viviendas a partir de las 6 de la tarde; se condiciona el acceso a bienes y servicios esenciales; y se continúa vinculando a niños, niñas y adolescentes por parte de las estructuras armadas ilegales que controlan el territorio.

La presencia estatal a través de la Fuerza Pública se activó desde 2014 cuando entró en operaciones la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército. Sus operativos no han llenado las expectativas de las comunidades étnicas, que le han exigido mayor presencia en caseríos controlados por el Eln y las Agc. 

“Me llama la atención por ejemplo el número de Policías en Riosucio:12 para casi 40 mil personas y todos los actores armados ilegales en disputa. Por ello es que desde las 6 de la tarde están en acuartelamiento total”, señala Guerrero. “No desconozco que la Séptima División del Ejército haya generado operaciones militares donde se hayan generado bajas, capturas en flagrancia, entre otros. Pero es claro que la Fuerza Pública y la Policía no tienen la capacidad de brindar seguridad en los territorios étnicos del Chocó”. 

Frente al papel del Ejército, al investigador le llaman la atención tres puntos: uno, la connivencia entre algunos militares y miembros de las Agc para actividades relacionadas con la siembra y comercialización de hoja de coca. “Ellos saben dónde está sembrada, de dónde sale y por dónde entra”, dice el investigador de CINEP. Dos, que en territorio ha conocido testimonios que aseguran que una parte de los integrantes de las Agc son reservistas o soldados profesionales retirados. Y tres, que en variados espacios internos de seguridad se menciona que no tienen suficientes unidades.

“En últimas, en Quibdó, Riosucio o Istmina, el Ejército como la Policía conoce donde están los centros de operaciones tanto de Eln como de las Agc, saben quiénes son los ‘puntos’ y no pasa mucho”, concluye Guerrero.

Intereses sobre el territorio

El informe muestra al Chocó como un botín, en especial los territorios poblados por comunidades negras e indígenas, y revela cuatro situaciones que lo afectan: cultivos de hoja de coca para uso ilícito, minería, megaproyectos y restitución de tierras.

Los cultivos de hoja de coca para uso ilícito requieren atención bajo el entendimiento de la situación de vulnerabilidad de las comunidades, pues es en esta economía que se soportan familias enteras, aunque riña con el sostenimiento de la diversidad biológica y cultural de este departamento. 

Las cifras indican que desde 2014 el país venía experimentando un incremento en las superficies hectáreas cultivadas de coca, siendo 2016 (146 mil hectáreas) y 2017 (171 mil hectáreas), los años de mayor cultivo, tiempo que coincide con la formalización e implementación del Acuerdo de Paz. 

Al compararlo con la situación de los departamentos del Pacífico (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), Chocó ocupó el cuarto y último puesto en cultivos de hoja de coca en ambos años.

Pero la situación cambió en los años siguientes. Según cifras del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), para 2021, el Chocó registró la más alta extensión de cultivos ilícitos en décadas: 5.060 hectáreas, posicionándolo en el tercer puesto como departamento del Pacífico en producción por encima del Valle del Cauca.

Una mirada panorámica a este fenómeno revela que entre 2011 y 2021 se cultivaron 25.175 hectáreas de hoja de coca para uso ilícito en el Chocó.  A nivel local, en el municipio de Istmina se registra más del 21 por ciento de esos sembradíos ilegales.

De otro lado, la ubicación estratégica de Chocó hace que, además, “los grupos armados ilegales usen los ríos, carreteras y la salida al mar para traficar y movilizar  la coca producida en otras regiones del país”, explica el documento del CINEP. Es el caso de Bahía Solano, en donde en los últimos 10 años no se ha registrado cultivos de coca, pero hace parte de la cadena del narcotráfico, al ser una zona de importante tránsito y comercialización.

El 70 por ciento de la hoja de coca sembrada en el departamento (15.278 hectáreas) entre 2011 y 2018 se encontraba en tierras colectivas de comunidades negras y el cinco por ciento en territorios ancestrales de pueblos indígenas (1.095 hectáreas). Hecho que ejerce poder sobre los territorios de las comunidades étnicas, “violando la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

En las comunidad negras, el primer lugar lo ocupa el Consejo Comunitario General del San Juan con 7.247 ha (47,4 por ciento del departamento), seguido del Consejo Comunitario del Río Baudó con 2.594 hectáreas (17 por ciento) y del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita con 2.295 hectáreas (15 por ciento). 

En relación con los resguardos indígenas en el Chocó, los de mayor número de hectáreas sembradas son: los Resguardos Catrú, Dubasa, Ankosó (Alto Baudó) con 298,2 hectáreas (1,3 por ciento), los Resguardos Bellavista–Unión Pitalito (Medio Atrato) con 145,59 (0,66 por ciento) y los Resguardos Ríos Torreido y Chimani (Bajo Baudó) con 124,98 hectáreas (0,5 por ciento).

Otro factor que convierte en botín al Chocó es que, literalmente, vale oro. En la actualidad, el departamento es el segundo mayor productor de oro en el país y en 2012 llegó a ser el mayor productor, según análisis del CINEP. Alto, Medio y Bajo San Juan han sido las regiones de mayor actividad aurífera y aunque desde 2012 la actividad minera por el metal precioso ha descendido en el departamento, otros minerales son codiciados.

Según el informe, el 16 por ciento del departamento está solicitado para la explotación de recursos, con un área total de 769.651,66 hectáreas: “Dentro de los solicitantes de los títulos mineros en el Chocó, la empresa Anglo American Colombia Exploration S.A. con 16 solicitudes es la que tiene mayor número, equivalente al 3,8% del total de las solicitudes con 37.387 ha; le sigue la empresa Anglo Gold Ashanti con 13 solicitudes que equivale al 3% del total de las solicitudes con 22.769 ha”.

Además, las solicitudes con mayor número de hectáreas las ha pedido Negocios Mineros S.A. con 10.282 hectáreas, localizadas en los municipios de Bagadó, Mistrató y Pueblo Rico; la empresa Alicanto Colombia S.A.S. con 10.179 hectáreas, ubicadas en el municipio del Litoral del San Juan; y a la empresa El Trapiche SOM con 10.123 hectáreas, situadas en el municipio de Carmen del Darién.

De otro lado están los títulos ya otorgados. A la fecha de publicación del informe, en Chocó había 170 títulos mineros. El 21 por ciento (36) están en etapa de construcción y montaje, el 54 por ciento (92) en etapa de exploración y el 24 por ciento (41) en etapa de explotación. Y son Exploraciones Chocó Colombia S.A.S y Anglo Gold Ashanti las empresas que tienen mayor control sobre los títulos mineros vigentes en el departamento.

VerdadAbierta.com había investigado a la empresa Exploraciones Chocó Colombia S.A.S por las tensiones que giraban en torno al antiguo proyecto Mandé Norte con la comunidad indígena de Uradá Jiguamiandó (Carmen del Darién y Riosucio). Este portal encontró que esta empresa hace parte de un grupo empresarial de cuatro corporaciones en Colombia, todas controladas por una empresa canadiense. (Leer más en: Proyecto minero inquieta a comunidades indígenas del Bajo Atrato)

“Siendo un territorio rico en recursos renovables y no renovables, la economía se ha concentrado en actividades extractivas lideradas por empresas que no han dejado capacidad instalada en la población, perpetuando así las condiciones de pobreza, marginalidad y desigualdad”, analiza el informe y concluye que los intereses sobre el territorio de las empresas pone en tensión las visiones de desarrollo de las comunidades ancestrales.

Sin embargo, la minería es una de las principales fuentes económicas de las comunidades negras de Chocó, por eso, existen 35 títulos en los que los consejos comunitarios se benefician de esta actividad, de los cuales 27 de estos están en manos del Consejo Comunitario mayor de Condoto Iró con un total de 19.918,04 hectáreas.

El caso del Consejo Comunitario de Condoto es reflejo de que la comunidad se beneficia efectivamente de la minería. En 2013 estas comunidades recibieron por parte de la Agencia Nacional de Minerías (ANM) títulos mineros para formalizar la minería artesanal, bajo esquemas de responsabilidad social y ambiental. 

“En esta zona existe el Programa Oro Verde, con certificados Fairtrade y Fairmined —sellos  que certifican oro de organizaciones mineras artesanales— para oro ecológico. Por esto, me atrevería a mencionar que se hace explotación con prácticas de preservación desde la sabiduría ancestral e identidad cultural”, dijo el subdirector del CINEP. 

El informe llama la atención sobre cuatro megaproyectos: El Puerto de Tribugá, la vía férrea hacia el Puerto de Tribugá, la Hidroeléctrica Talasá y la vía al mar Las Ánimas - Nula. En los cuatro casos de proyectos advierte riesgo de desplazamiento forzado. Sin embargo, la solicitud de concesión portuaria de Tribugá, impulsada por la Sociedad Portuaria Arquímedes S.A. (SPA), fue desestimado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en octubre de 2020. 

Comunidades en territorio, centros de investigación y organizaciones ambientales se habían opuesto a la megaobra, advirtiendo daños irreparables contra la biodiversidad pues con el proyecto se afectaba la Unidad Ambiental Costera Pacífico Norte Chocoano y el Parque Nacional Natural Utría. (Leer más en Nuquí, un paraíso donde se resiste bajo el imperio del miedo).

El Puerto de Tribugá iba a ser conectado con una vía férrea que tendría 92,43 kilómetros de longitud, 2 túneles y 7 puentes; por un costo de 34 mil millones de pesos. La vía afectaría a 400 mil personas de dos resguardos indígenas y cuatro consejos comunitarios. También se le une la vía conocida como “Las Ánimas - Nuquí”, un proyecto de 130 km que tendría los mismo impactos sociales que la vía férrea.

Sobre el proyecto que busca construir tres plantas hidroeléctricas en el río Atrato en jurisdicción del municipio Carmen del Darién, con la capacidad de producir cuatro veces la energía que hoy consume todo Chocó, conocido como Hidroeléctrica de Talasá, el CINEP señala que afectaría los territorios del cabildo El Fiera y del cabildo Sabaletas, además de la población campesina, mineros artesanales y habitantes tradicionales. 

A raíz de que la mayoría de estos proyectos cuentan con inversión extranjera, el CINEP advierte que la rentabilidad quedaría en manos de empresarios fuera del país, “y si bien cuentan con programas y proyectos para las poblaciones que los habitan, la percepción de los pobladores es que dicha contraprestación no es proporcional ni equitativa con las ganancias que podrían generar ni con los impactos que tienen sobre el medio ambiente y sus pobladores”. 

Cuando estos proyectos afectan territorios colectivos de comunidades negras o resguardos indígenas, la consulta previa es una obligación. Sin embargo, el informe ha identificado que en distintos casos, las empresas se acercan a las comunidades solo con el ánimo de cumplir con el requisito, y no abordan el derecho a la consulta previa como una garantía de participación efectiva en la discusión sobre las visiones de desarrollo sobre los territorios ancestrales.

Otro punto coyuntural es la tierra. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) registra 128 procesos de restitución de derechos territoriales en Chocó. De los que 78 procesos (61 por ciento) son de  pueblos indígenas y 50 (39 por ciento) de comunidades negras, agrupando 39.038 familias étnicas del departamento. La subregiones del Litoral del Pacífico y el bajo Atrato han sido afectadas por estrategias de despojo violento. Allí se concentra el 67,18 por ciento de los procesos de restitución de derechos territoriales.

Uno de los casos más recordados es la Operación Génesis. En diferentes versiones dadas en los tribunales de Justicia y Paz se contó cómo a inicios de 1997 las Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, adscritas a la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa (Antioquia), se aliaron con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) para atacar al Frente 57 de las Farc. Y en el proceso se desplazaron al menos cuatro mil personas de comunidades étnicas de Riosucio. (Leer más en Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis: ‘el Alemán’ y “Vivimos en el territorio, pero no es nuestro”: mujeres del Bajo Atrato)

La extensión total del departamento de Chocó es de 4 millones 653 mil hectáreas, de las cuales 1 millón 272 mil hectáreas se han inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en procesos étnicos. El 77 por ciento es reclamado específicamente por comunidades negras.

De estos, solo ocho casos están en posfallo y 30 en fase judicial. La mayoría (82 casos), se encuentran en fase administrativa, lo que equivale al 64 por ciento. “El hecho de que la mayoría de los procesos se encuentren en la fase administrativa, supone que la Unidad de Restitución de Tierras debe asumir el liderazgo y la responsabilidad”, explica el CINEP.

Sobre las comunidades que han sido beneficiadas con fallos de restitución hay varias anotaciones. Una de ellas es que las ocho sentencias han favorecido a pueblos indígenas, pero la que más llama la atención del CINEP es la baja implementación de las órdenes emitidas por los jueces. Las cuatro decisiones favorables que obtuvieron las comunidades Embera Katío, Embera Dobidá, Cuna y Tule en el municipio de de Unguía tienen un promedio de implementación del 35 por ciento, según otro estudio realizado por este centro de investigación.

¿Y el fin de la guerra?

Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido para el Chocó más de 30 alertas tempranas, 4 advertencias y 2 informes de riesgo. 16 de esas alertas aún están vigentes con alrededor de 400.000 personas en riesgo. 

“La Paz Total requiere mucho más que fusiles en silencio. Es necesario transformar la realidad socioeconómica y política del Chocó para alcanzar una paz estable y duradera”, considera Guerrero. “No es posible pensar en una Paz Total sin transformaciones territoriales regionales e incluso sin una real implementación del Acuerdo Farc – Capítulo Etnico. Si es así, la brisa del Atrato se llevará lejos lo construido”. 

En el marco de la Ley de Paz Total, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha adelantado diálogos con el Eln para conseguir el silenciamiento de los fusiles. Sin embargo, eso no ha llevado a la suspensión de la guerra en regiones como el San Juan, en donde las Agc y el grupo guerrillero se disputan el territorio. Alias ‘Pablo Beltrán’, segundo comandante del Eln y jefe del equipo negociador, dejó claro en entrevista con Colombia +20 que los diálogos con el gobierno nacional no significan que esa organización alzada en armas esté en cese al fuego multilateral y por tanto deje de enfrentarse a las Agc.

Según el subdirector del CINEP, La Paz Total tiene  muchas preguntas y dudas en los territorios, especialmente con las decenas de procesos sociales con quienes la organización de investigación ha trabajado por décadas. (Leer más en: Carácter político, la ‘zona gris’ del proyecto de ley para someter a las bandas)

“Un Acuerdo Humanitario, ya por decir algo, es parte fundamental del éxito, pero en concreto ¿qué significa la participación de estas organizaciones étnico-territoriales y sociales en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego (MVMV) para la consolidación de la Paz Tota’?”, se pregunta el investigador. 

Guerrero considera que es urgente que el gobierno nacional convoque a las organizaciones sociales y las escuche: “Ahora ¿somos nosotros los que debemos convocar o el mismo Gobierno quien debería tener la iniciativa? Esa pregunta siempre me resuena. Por nuestra parte estamos dispuestos a hacerlo ¿tendremos la respuesta de ellos? Falta ver”.

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Entre el 7 de agosto y el pasado viernes, en el país se cometieron 13 masacres que dejaron a 43 víctimas mortales; fueron asesinados 12 líderes sociales; dos periodistas y un excombatiente de las Farc en vía de reincorporación. Entre esos ataques se encuentra la emboscada a una patrulla de la Policía Nacional en zona rural de Huila, en donde fueron asesinados siete uniformados.

Paralelamente, el presidente Gustavo Petro, ministros y congresistas de la bancada de gobierno, han hecho múltiples anuncios con el fin de superar el capítulo de la violencia armada. Estos van desde construir una nueva política de paz, suspender la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca para uso ilícito, plantear ceses al fuego multilaterales, cancelar los bombardeos aéreos de la Fuerza Pública y hasta plantear la suspensión del servicio militar obligatorio, entre otros.

La principal apuesta del nuevo mandatario de los colombianos y de su equipo de trabajo es la denominada Paz Total, una arriesgada apuesta a múltiples bandas para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz; la reanudación de diálogos con la guerrilla del Eln; la búsqueda de salidas jurídicas a las disidencias de las antiguas Farc; el sometimiento de estructuras del narcotráfico; reformas a la Policía y las Fuerzas Militares; y un cambio de paradigma en la política antidrogas. (Leer más en: Paz Total: el reto del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez)

Adicional a esas medidas, el gobierno nacional adelanta una estrategia de choque basada en la instalación de Puestos de Mando Unificados por la Vida en por lo menos 65 municipios afectados por la violencia. Se trata, con esa medida, de proteger la vida de líderes y lideresas sociales, y contener la ocurrencia de masacres.

En declaraciones entregadas a Caracol Radio, el viceministro del Interior, Gustavo García, explicó que se trata de “un proceso con medidas de emergencia para la protección de la vida de los líderes y las comunidades en Colombia. Vamos a empoderar las regiones, a los alcaldes para que ellos convoquen a todas las entidades para buscar las soluciones de manera focalizada”.

Por su parte, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, envió un extenso mensaje a las tropas en el que da varias instrucciones sobre las operaciones en terreno, acotadas a los lineamientos de seguridad planteados desde Presidencia. El documento fue revelado por el portal La Silla Vacía.

De acuerdo con la publicación, se mantendrán los bombardeos a los campamentos de grupos armados ilegales, pero con protocolos más ajustados y enfocados en blancos legítimos; se fortalecerán las operaciones contra la guerrilla del Eln; se unificará el concepto de Seguridad Humana en las filas de las Fuerzas Armadas; y se recupera la doctrina Damasco, desarrollada durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y desechada por la administración de Iván Duque (2018-2022).

Aunque desde el Ejecutivo y del Congreso de la República se ha intentado abrir senderos que conduzcan hacia la paz total, la situación que se vive en las regiones históricamente golpeadas por la violencia es otra. El fin de semana del 26 al 28 de agosto fue el más delicado, pues fueron perpetradas cinco masacres.

De acuerdo con registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las masacres y asesinatos selectivos del último mes ocurrieron en los departamentos de Antioquia, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Transición compleja

Diferentes investigadores del conflicto armado consultados por este portal coinciden en señalar que la actual ola de violencia no es fortuita y que no está relacionada directamente con los cambios planteados por el presidente Petro, ya que los indicadores de seguridad registraban números rojos desde la administración del saliente mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez (2018-2022).

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, indica que el monitoreo de la organización que dirige demuestra que las masacres vienen en aumento desde hace tres años y que lo ocurrido en las últimas semanas es producto de esa tendencia. Aunque advierte que en los últimos casos se presentan patrones distintos, “porque se están combinando acciones de grandes grupos armados por disputas territoriales, con ajustes de cuentas de microtráfico con acciones de sicarios y otras que parecen retaliaciones”.

Asimismo, advierte que “es un menú perverso que se está dando y venía en proceso de incremento desde el año pasado. Es el crecimiento de nuevos actores: hay una serie de grupos armados y de mafias que están entrando a disputar mercados y negocios criminales”. (Leer más en: El silencio de los fusiles duró poco)

El director del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Jorge Mantilla, coincide con González al afirmar que más que una racha en las últimas semanas, el país está padeciendo la continuidad de una violencia que venía desde la administración Duque. Y se remite a las cifras: el año pasado cerró con los mismos niveles de desplazamiento forzado de 2011. (Leer más en: Masacres: una agónica espiral de violencia sin salida a la vista)

No obstante, y haciendo la salvedad de que la administración Petro lleva poco tiempo al frente de la Nación, señala que pareciera que en materia de seguridad está andando a tientas. “Es un gobierno que tiene unos planteamientos más aspiracionales y con manifestación de voluntades del Eln y de algunos sectores del crimen organizado. Aunque no es clara la serie de pasos de cómo la Paz Total se llevará a cabo”, plantea.

Y prosigue: “Vivimos la continuación de una tendencia, pero ellos sabían (el gobierno nacional) que es muy importante lo que hagan en estos primeros 100 días para contenerla. No han podido en estas primeras semanas y han generado anuncios y medidas que no han contribuido a ella”.

Alberto Sánchez, investigador en temas de seguridad y defensa, refiere que gran parte de lo ocurrido en el último mes es producto de la desorientación estratégica que caracterizó la administración de Iván Duque: “Hubo problemas de seguridad en los que de alguna manera el gobierno anterior se obstinó en las decisiones y en lo que consideraba eran sus soluciones. Aquí había una masacre, se hacía consejo de seguridad y se ofrecía recompensa, cuando quedó demostrado de manera patente que eso no resolvía el problema”. (Leer más en: Masacres, estrategia de terror en múltiples confrontaciones)

Para Kyle Johnson, cofundador e investigador de la Fundación Conflict Responses (Core), las decisiones del presidente Petro en materia de negociaciones de paz, sometimiento a la justicia de grupos de crimen organizado, cambio en la cúpula en la Fuerza Pública y demás, no han generado, por ahora, consecuencias que aviven la violencia en zonas rurales y algunas ciudades.

“Hay una brecha muy grande entre los anuncios y los conflictos que hay en las regiones, que son fragmentados y locales. No había por qué esperar que en los primeros días del gobierno las cosas fueran a cambiar. No se revierten rápidamente y los conflictos no paran de un día para otro. Mientras no haya avances reales en temas de paz, la situación seguirá como viene”, sentencia.

Anuncios sin piso

Así como los hechos de violencia han sido numerosos en el último mes, también lo han sido los comunicados y disposiciones del nuevo gobierno nacional en temas de paz, seguridad y factores que alimentan el conflicto armado. Sin embargo, los analistas consultados advierten que carecen de planes concretos para su ejecución y para contener los efectos negativos que puedan desencadenar.

“Empieza a ser claro y preocupante que esta política de Paz Total no está acompañada de una estrategia clara de seguridad. Entre otras cosas porque la idea de seguridad humana es un enfoque, pero no una estrategia. En la medida en que la seguridad humana está centrada en ampliar la oferta de servicios y de bienes públicos, en su esencia implica un tema de gradualidad, de amplitud de las competencias institucionales para garantizar unos mínimos de vida y ausencia de violencia estructural. Eso contrasta con el sentido de urgencia que hay para contener la violencia”, cuestiona Mantilla, de la FIP.

“Si bien hay diferentes anuncios – agrega – y pareciera que será el estilo de este gobierno, de crear hechos políticos y hacer anuncios cada semana sobre temas de seguridad y paz, en términos territoriales y líneas de acción es poco lo que se ve”.

A su juicio, “hay una ausencia de liderazgo desde el Ejecutivo y no es claro quién liderará esta estrategia: si es Iván Velásquez (Ministro de Defensa), Danilo Rueda (Comisionado de Paz), Alfonso Prada (Ministro del Interior), Álvaro Leyva (Canciller), Roy Barreras o Iván Cepeda (ambos senadores). Hay actores hablando, pero no es claro si la validará el propio Presidente”.

Sánchez, por su parte, reitera que el país pasa por una delicada transición entre los efectos de la fallida política de seguridad del anterior gobierno nacional y la incertidumbre que generan los múltiples anuncios del entrante, que aún carece de política de seguridad propia: “Todavía no lo llamaría política porque no hay nada claro. Negociar con grupos, la seguridad humana y el cese multilateral, ¿qué son y cómo se hacen? En términos de política no sabemos”.

Por otro lado, también cuestiona anuncios de otros ramos que ha realizado la administración Petro y que convergen con el tema de seguridad: “El tema agrario con las invasiones de tierras que se han dado; el Ministerio del Interior con el direccionamiento que se les está dando a la gobernabilidad local y a los diálogos regionales; los temas de negociación de paz con el Alto Comisionado. El cuestionamiento es estructural y por ahora hay anuncios que pueden generar efectos negativos”.

Y considera que el anuncio más preocupante es el de negociar simultáneamente con todos los grupos armados del país: “Uno debería poder escalonarla a un año: el primero con el Eln, el segundo con el Clan del Golfo (autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia), y así. Porque se cambiará el juego de incentivos en los niveles de acción nacional, regional y local. En Jamundí la Jaime Martínez (disidencia de las Farc) pelea con el Ejército y se repliega en Cali. ¿Qué pasa con ellos pudiendo jugar sin operaciones militares? ¿Cómo se protege si la negociación sale mal?”.

¿Qué hacer mientras tanto?

Los analistas consultados coinciden en que se requiere con urgencia una política de seguridad, más allá de nombres o de ponerle apellido “humana”. Johnson, de Core, indica que es lindo hablar de seguridad humana, pero advierte que esa estrategia se debe aterrizar a contextos de conflicto armado.

“Se está asimilando la política de Paz Total o la negociación con todos, como la política de seguridad. Se necesita una política de seguridad real que busque proteger a la población y que también busque presionar a estos grupos para que negocien”, plantea.

Y aunque reconoce que el gobierno nacional tiene razón al estimar que la presencia del Estado no se limita a militares y policías en zonas rurales, considera que se fue al extremo opuesto al quitar el elemento militar y policial en la política de construcción integral.

“Aquí no se sabe cómo será la cosa. Si bien no se limita a ellos (Ejército y Policía), sí se necesitan y no se ve una política que los incluya, que ajuste la política que venía de Duque que no funcionaba. Se necesita una política de seguridad que proteja a la gente y se necesita pasar de anuncios a hechos”, reitera.

Por otro lado, Mantilla indica que así como se anuncian nuevas políticas para condicionar el tratado de extradición de personas solicitadas por la justicia de Estados Unidos por temas relacionados con el narcotráfico, suspender la erradicación de cultivos de coca y paralizar los bombardeos por parte de la Fuerza Pública, se deben establecer medidas en materia de seguridad que las acompañen y generen incentivos de carácter militar para que los grupos armados disminuyan la violencia y negocien (Eln) o se sometan a la justicia (crimen organizado).

Además, hace un llamado de atención para combatir la impunidad con el fin de detener la espiral de la violencia. “Hay unos temas para el esclarecimiento de estos crímenes en donde actores como la Fiscalía y mejorar las capacidades de inteligencia e investigación criminal serán muy importantes”, indica.

A su criterio, “el abordaje de paz y seguridad son dos caras de una misma moneda, pero se espera que el tema de sometimiento y negociación fueran una herramienta de muchas otras, dentro de una estrategia mucho más clara y decida para el desmantelamiento de estos grupos, bien sean de carácter político o no”.

El investigador Sánchez también coincide sobre el rol que debe tener la Fiscalía y pone dudas sobre cómo será el relacionamiento entre el ente investigador y el nuevo gobierno nacional, pues casi un mes después de la posesión presidencial, no se ha dado un encuentro formal entre el Fiscal General de la Nación (amigo íntimo de Iván Duque) y el Presidente de la República para definir la política criminal.

“La situación es preocupante, así haya llamados genéricos. Es preocupante porque cuando hay un cambio tan grande como la política de seguridad, uno de los actores fundamentales que debe estar alineado es la Fiscalía, que depende del trabajo articulado con la Sijin, la Dijin y la Dipol; también depende de los efectos de las operaciones militares”, explica.

Por otro lado, advierte que la estrategia de seguridad del nuevo gobierno debe ser específica para cada contexto: “Por ejemplo, las condiciones en Jamundí, Buga, Cali y Buenaventura son diferentes, a pesar de ser parte de Valle del Cauca. No es con un discurso genérico de ser la ‘potencia mundial de la vida’ como se deben hacer las cosas; si dice que quiere conocer los factores micro que generan violencia e intervenirlos, requiere una estrategia casi diferenciada por municipio. Y, a hoy, la estrategia son anuncios genéricos que están mal dados”.

Voz desde Norte de Santander

Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, con sede en la ciudad de Cúcuta, coincide con Sánchez en el planteamiento de que las estrategias de seguridad deben ser diferenciadas para cada región del país. Y lo dice basado en su conocimiento de las dinámicas de conflicto armado que azotan a Norte de Santander.

“Y debe ser diferenciada en todos los territorios, no solamente en el nuestro”, reitera este defensor de derechos humanos. Llama la atención sobre las características de esta región del país fronteriza con la vecina República Bolivariana de Venezuela, donde confluyen diversos actores y fenómenos delictivos.

Cañizares justifica ese planteamiento diferenciador exponiendo cuatro argumentos. El primero es que la frontera en Norte de Santander es distinta a las zonas limítrofes con Panamá, Ecuador y Brasil. “Esto es un puerto terrestre, que en algunos momentos ha sido el más importante de Latinoamérica, con mayor dinamismo económico, social y político”.

Su segundo argumento es que Norte de Santander ofrece unas condiciones ideales para que la criminalidad organizada se haya asentado en la región. “Esas condiciones tienen que ver con la impunidad, la corrupción y la connivencia de sectores estatales, sobre todo de Policía y Ejército, con la ilegalidad”.

Y agrega: “No estamos hablando de fenómenos recientes, son problemas estructurales de décadas que vienen desde hace décadas. No podemos hablar de abandono de la institucionalidad. Son áreas urbanas y áreas rurales con carreteras pavimentadas, terrenos planos, grandes haciendas con ganado, palma, arroz”.

El tercer argumento de Cañizares es la multiplicidad de actores criminales que confluyen en Norte de Santander: “Aquí tenemos de todo, en algún momento encontramos 22 actividades ilegales y carteles trasnacionales, narcotraficantes nacionales, guerrillas, disidencias. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se vaya a pensar en una política contra la criminalidad”.

Y su cuarto argumento es que esta zona limítrofe no sólo se ha convertido en la mayor productora de hoja de coca para uso ilícito sino en donde se ha refinado el procesamiento de clorhidrato de cocaína, optimizando su calidad. “Todo ello se ha hecho de la mano de los mexicanos”, resalta Cañizares.

Cifras sobre áreas cultivadas presentadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) le dan la razón a este defensor de derechos humanos. Sus reportes indican que en Norte de Santander hay por lo menos 40 mil hectáreas sembradas con hojas de coca para uso ilícito.

“A este gobierno debemos exigirle acciones, aquí necesitamos acción del Estado”, insiste Cañizares. “Nosotros entendemos estas cuatro semanas de gobierno, entendemos los mensajes, entendemos los discursos, entendemos las reuniones, pero una cosa es el discurso sobre lo que se va a hacer en cuatro años, y otra cosa es lo que se debe hacer hoy”.

El activista insiste: “Hoy necesitamos acciones del gobierno nacional, acciones concretas, acciones eficaces, que pasan por definir una estrategia integral, teniendo en cuenta nuestras características de frontera, como área metropolitana, para que esas sean efectivas. Aquí no pueden aplicar la misma estrategia de Medellín, Cali, Barranquilla o Bogotá”.

En su petición, incluye una medida especial: “Le estamos pidiendo a este gobierno, como se lo hemos pedido al gobierno anterior, y es que haya una decisión clara para limpiar la policía metropolitana de Cúcuta”. Según Cañizares, cada día reciben “más y más denuncias de complicidades, de connivencia, de alianzas, de sectores de la Policía Nacional con la ilegalidad y la criminalidad”.

Para el director de la Fundación Progresar, el crimen organizado está ganando terreno en Norte de Santander y, especialmente, en el área metropolitana de Cúcuta. “Y a este fenómeno no se le ataca con buenas intenciones ni con llamados a la convivencia”.

La tarea que le exige Cañizares al nuevo gobierno nacional es compleja, dada la crítica situación que vive esta región fronteriza. Fuentes especializadas consultadas en este departamento y que por razones de seguridad pidieron la reserva de la fuente cuentan que las organizaciones de narcotraficantes están enfrentadas y para reforzar sus disputas han hecho alianzas con estructuras criminales de Medellín y Cali.

La razón de esos refuerzos se debe, según las personas consultadas, a la pérdida de 100 mil millones de pesos de los carteles mexicanos y narcotraficantes colombianos que estaban destinados a la compra de base de coca. “Tenemos información que la gente se ha robado esa plata ha desaparecido”, dice una de las fuentes. “Por ello han llevado a Cúcuta a gente de la Oficina de Envigado y de oficinas de Cali, para que recuperen esa plata”.

Se suma a ello varias incautaciones de alijos de droga en territorio venezolano, que han caído en manos de las autoridades porque algunos han delatado esos cargamentos.

“El negocio está alterado y lo que pretenden los narcotraficantes es ponerle seriedad a los compromisos, que haya orden”, plantea otra de las fuentes consultadas, quien advierte que en todo ello también están comprometidos “sectores de la Policía”.

Ese ambiente enrarecido requiere, como insisten Cañizares y las fuentes consultadas, respuestas urgentes que rompan esos ciclos de criminalidad y violencia. ¿Y cómo se lograría ese propósito? “Con programas y estrategias eficaces, integrales, que logren realmente desarticular todos estos fenómenos generadores de violencia de criminalidad organizada, de paramilitarismo, de guerrilla, de todo lo que hay aquí. Hay que quitarle la frontera a la criminalidad”, concluye el director de la Fundación Progresar.

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Bajo la pegajosa humedad del Urabá antioqueño, un grupo de excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc, trajeados de civil y comprometidos con la paz firmada hace más de cinco años, acudieron a una cita con representantes de las comunidades indígenas y negras del Bajo Atrato chocoano para escuchar los reclamos por sus acciones de guerra contra sus organizaciones y sus territorios.

No fue un camino fácil para llegar a esa reunión, celebrada en días pasados en un centro recreativo a las afueras del municipio de Apartadó, Antioquia, y a la que asistieron por lo menos cien personas. Por más de un año, unos y otros se reunieron de manera privada a instancias de varias organizaciones nacionales e internacionales, con el fin de establecer las afectaciones de las que fueron víctima los pueblos étnicos y por las cuales responsabilizaron a los frentes 5, 34 y 57 de las extintas Farc, que operaron en esa región biodiversa de Chocó, irrigada por el río Atrato y sus afluentes.

Tras intensas discusiones, lideresas líderes étnicos se pusieron de acuerdo en reclamarles a los exjefes guerrilleros de esos frentes por las afectaciones que ocasionaron a los territorios, al gobierno propio y autonomía organizativa, y a las prácticas culturales, la economía tradicional y los modos de vida propios.

“Es un proceso muy inspirador”, dijo al respecto Patricia Tobón, comisionada de la CEV, quien estuvo presente en el encuentro. Ella resaltó que se llegó allí por “por voluntad de las víctimas y también por voluntad de los firmantes de Acuerdo después de un proceso largo, privado”, y se mostró esperanzada en que este proceso pueda continuar.

A través de un video el también comisionado Leyner Palacios envió un mensaje en el que recordó que el Bajo Atrato es “una región que ha sufrido de manera desproporcionada los impactos de la guerra” y agregó que “por su ubicación geoestratégica, su condición étnica y por los múltiples recursos naturales que existen ahí, se convierte en una región muy importante para el país, para el desarrollo y para consolidar la apuesta a una salida concertada del conflicto armado”. (Leer más en: El Atrato: dos décadas de guerra)

Esta región chocoana de 12.419 kilómetros cuadrados, está conformada por los municipios de Acandí, Carmen de Darién, Riosucio y Unguía, que fueron colonizados desde comienzos del siglo XX y en el que confluyeron comunidades indígenas y negras provenientes de zonas vecinas, como el sur del departamento y de Antioquia. Con el paso de los años, y afrontando los retos que imponía una geografía biodiversa, se fueron asentando y construyendo sus modos de vida propios.

Dada su privilegiada ubicación, con salida a los océanos Atlántico y Pacífico, así como a la vecina república de Panamá, la guerrilla de las Farc irrumpió en la región en la década de los años setenta y se convirtió en el actor armado hegemónico por varias décadas, imponiendo de manera arbitraria sus ‘normas’ de control social, territorial y económico. Su poder fue disputado desde mediados de los años noventa por las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y luego por las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), dejando en el medio a las comunidades indígenas y negras, y profundizando las transformaciones y afectaciones a sus territorios y costumbres.

Las intervenciones de líderes y lideresas de las comunidades indígenas y negras del Bajo Atrato chocoano dejaron en claro que, si bien ese acto público era importante en el proceso de reconocimiento de responsabilidades por parte de los exjefes guerrilleros de las extintas Farc, no se obtendría una verdad completa, aunque rescataron el esfuerzo realizado para lograr ese encuentro y detallar frente a quienes ejercieron un poder armado arbitrario e ilegal las afectaciones que ocasionaron a sus territorios, comunidades y prácticas ancestrales.

Contra el gobierno propio

Uno de los primeros reclamos sobre los daños ocasionados a las comunidades negras provino de Yilio Perea, delegado ante la CEV por los consejos comunitarios de la cuenca del río Truandó, quien calificó las afectaciones de gravísimas por cuanto los entonces guerrilleros de las extintas Farc, sin tener ningún derecho, suplantaron a las autoridades ancestrales.

“Y fueron suplantados porque ya la comunidad no obedecía a las órdenes que los líderes para en su momento daban, sino que obedecían era entonces a las órdenes de los comandantes, militares y políticos, de este grupo armado al margen de la ley”, explicó Perea.

Este líder recordó que para la época en la que las antiguas Farc ejercían su poder armado impusieron el orden en los territorios de comunidades negras y sus comandantes “decían qué se debía o tenía que hacer en los territorios”, en contra de la voluntad de sus pobladores.

“Fueron afectaciones graves para nosotros –agregó Perea– porque creemos que en esas decisiones no tenían por qué participar personas ajenas a esa gran asamblea que es la comunidad en pleno. Por eso, en esta apuesta, nosotros demandamos de ustedes la verdad hasta donde sea posible para generar esa satisfacción en nuestra gente”.

Y concluyó con una petición: “Queremos mirar cómo sanamos esas heridas y que reconozcan que fueron muchas las afectaciones, además de esta de gobierno propio y de formas organizativas, son muchas más las afectaciones que confluyen en todo el trasegar de ustedes en nuestro territorio”.

Otra de las voces en tono de reclamo que se escucharon en el evento fue la del líder indígena Julio César Salazar, del Resguardo Salaquí-Pavarandó. “Este proceso no ha sido fácil, pero hemos estado trabajando y hemos avanzado”, comentó a manera de preámbulo para, a renglón seguido, cuestionar a los exjefes de las antiguas Farc por los daños ocasionados al pueblo Embera Katío del Bajo Atrato chocoano.

“Ellos, las Farc, desconocieron nuestros cabildos, que son la máxima autoridad dentro de un resguardo indígena”, afirmó Salazar. “Ellos saben muy bien que los resguardos son territorios indígenas, pero desconocieron las funciones del cabildo, los reglamentos internos de las comunidades. Querían que nosotros hiciéramos lo que ellos nos dijeran”.

De acuerdo con el relato del líder del pueblo Embera Katío, los frentes guerrilleros presionaban a sus autoridades ancestrales porque los cabildos no aceptaban colaborar con esa organización alzada en armas. “Eso es un reglamento que nosotros tenemos. Pero cuando eso se hablaba, era porque ya nosotros éramos del Estado, porque ya nosotros éramos ‘torcidos’, Y de esa manera fuimos afectados”.

También fueron afectados en su control territorial y movilidad por cuenta de ese rechazo. Salazar recordó que los entonces guerrilleros de las Farc cuestionaban la vigilancia y el control social que ejercían los indígenas, así como las salidas de los nativos al municipio de Riosucio, donde se proveían de alimentos y enseres.

“Todo para ellos era incomodo. Pensaban que nosotros éramos un gran enemigo porque todo lo que ellos decían, nosotros lo rechazábamos. Se incomodaban porque un compañero de nosotros saliera dos o tres veces a Riosucio, decían que para qué tenía que estar saliendo, y si compraba un objeto de valor, preguntaban de dónde había sacado la plata.  Todas esas cosas nos afectaron en el proceso organizativo y en la autonomía”, reiteró Salazar.

Rememoró, además, un hecho ocurrido años atrás. “Una vez estuvimos en una reunión en Quiparadó y allí nos secuestraron. ¿Y por qué nos secuestraron? Porque un día antes había llegado una donación de 18 motores del PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) y todos los gobernadores se fueron estrenando motores a esa reunión. Y entonces a ellos (las Farc) no les pareció y nos cogieron esos motores. Nos preguntaban: ‘¿De dónde salieron todos esos motores? ¿Quién les estaba donando? ¿Por qué los estaban donando?’”.

La consecuencia de ese hecho no pudo ser peor, según detalló Salazar: “La organización se desmoralizó y no podía presentar proyectos para que las comunidades tuvieran beneficios, porque todo eso era una dificultad”. Y se acabó de complicar con la llegada esos territorios de estructuras paramilitares asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). “Cualquier cosa era que las Auc nos estaban dando”, recordó, afectando la autonomía del pueblo Embera Katío.

Despojados de su ancestralidad

Delia Casama, lideresa del pueblo Embera Dobida, del resguardo de Barranco, municipio de Riosucio, evocó el tiempo en el que la entonces guerrilla de las Farc sembró minas antipersonal en territorios indígenas en su guerra contra el Estado y otras organizaciones armadas ilegales, y los efectos que tuvo esa estrategia en las comunidades, especialmente, entre las mujeres.

“Nos decían que teníamos que estar ahí, quieticos, mientras hacían presencia de los grupos armados. Decían que no nos podíamos mover porque los territorios estaban minados”, relató Casama, configurándose un confinamiento obligado que impedía la práctica de sus labores ancestrales.

“Como mujeres nos asustábamos por nuestros hijos porque ellos, en nuestros resguardos, andaban a sus anchas, con mucha confianza, pero al venir nueva noticia sobre las minas que mochaban pies y manos, nosotros vivíamos asustadas”, recordó esta lideresa.

Faenas agrícolas como cortar plátano y rozar el maíz, así como cazar, pescar y hacer intercambios entre comunidades, fueron restringidas por las antiguas Farc con el argumento de la inseguridad, dada la presencia de otros grupos armados y de las minas antipersonal. De hecho, esos riesgos aún no han sido superados por la conflictividad que padece la región. (Leer más en: La continuidad de la guerra no permite desminado humanitario en Chocó)

“Todo eso era cosa nueva y como mujeres nos colocábamos a pedirle a Coré (una de sus deidades), que les tocara el corazón a esos grupos armados y se retiraran fuera de los resguardos”, contó Casama, pero sus peticiones no fueron escuchadas. La lideresa dijo que fueron aislados y, en ocasiones, desplazados en sus territorios, sin que el Estado se diera cuenta: “Vivíamos quietos, no podíamos ir de cacería y los niños chillando de hambre. Los hombres tampoco podían rozar el maíz para las gallinas. Vivíamos asustados”.

Lo paradójico es que algunos proyectos destinados a comunidades indígenas de Chocó no se aprobaban porque, según la lideresa indígena, les decían que en sus territorios había grupos al margen de la ley, lo que profundizaba las afectaciones económicas.

En una breve intervención, Yaniris Ramírez, vocera del consejo comunitario de comunidades negras de Bocas de Chicao, del municipio de El Carmen del Darién, recordó cómo el asesinato de sus líderes y los desplazamientos forzados que tuvieron que afrontar, sobre todo a finales de la década de los años 90 y comienzos de la del dos mil, ocasionaron la pérdida de sus prácticas culturales, entre ellas sus bailes tradicionales.

A los exjefes guerrilleros de las extintas Farc les reprochó no sólo el asesinato de varios de los miembros más representativos del consejo comunitario, sino la afectación a sus rituales mortuorios, una práctica ancestral entre las comunidades negras asentadas en el Bajo Atrato chocoano.

“Cuando asesinaban a nuestros líderes, nos obligaban a enterrarlos ahí mismo, sabiendo que nosotros, como pueblo negro, tenemos la costumbre de hacerle la novena a nuestros dolientes”, contó Ramírez. “También nos obligaban a que no los pudiéramos llorar y tocaba enterrarlo a la hora que ustedes dijeran. Y si nos decían que no lo podíamos recoger, la familia no lo podía recoger”, detalló esta vocera de las comunidades negras.

Reconocen afectaciones

Uno de los primeros exguerrilleros en responder los cuestionamientos de los pueblos étnicos del Bajo Atrato chocoano fue José Cleofás Mosquera, quien integró el Frente 57, donde era conocido con os alias de ‘Gabriel’ o ‘El Pana’.

“Nosotros hemos tomado la decisión de venir ante ustedes a darlo todo, a no ocultar nada. Las intervenciones de los líderes y lideresas nos ayudan a recordar y a reflexionar porque nosotros lo único que pensamos darles a ustedes es verdad”, introdujo Mosquera, y agregó que “el reconocimiento es un acto de aceptación de todos los errores y horrores que cometimos”.

Este firmante del Acuerdo de Paz reconoció la suplantación de las autoridades propias de las comunidades indígenas y negras: “Muchas veces nosotros llegábamos a las comunidades y planteábamos reuniones sin consultar con la directiva de la comunidad. Nosotros decíamos a tal hora es la reunión y hablábamos con una posición militar que afectaba a las personas”.

Admitió que desconocieron a los cabildos y sus reglamentos, y pese a que en algún momento de la guerra hicieron compromisos con organizaciones indígenas y negras, con el recrudecimiento de la confrontación armada esos pactos no se cumplieron. La situación era tan convulsionada, según Mosquera, que “no nos dimos cuenta en qué momento violamos esos acuerdos que habíamos hecho”.

Aceptó que con la presencia e injerencia de unidades guerrilleras en áreas de resguardos y consejos de comunidades negras desconocieron las autoridades propias. Una de las acciones más recurrentes impuestas por las extintas Farc fue la de restringir la movilidad entre unas comunidades y otras. “Creíamos que lo estábamos haciendo de buena voluntad o que era lo mejor que nosotros podíamos hacer, pero no caíamos en cuenta que estábamos afectando varias comunidades simultáneamente”, reconoció Mosquera, y suplantando a las autoridades propias y su autonomía.

Fancy María Urrego, una antigua combatiente de las extintas Farc conocida como ‘Érica Montero’, se sumó a esa aceptación y reconocimiento de responsabilidades por las afectaciones que le ocasionaron a las comunidades del Bajo Atrato chocoano.

“Se siente dolor, se conmueve uno”, expresó tras escuchar a líderes y lideresas de las comunidades indígenas y negras, y reconoció que en desarrollo del “plan estratégico de carácter político y militar que tenían las Farc, que se soñaba tomarse el poder por las armas, y que no fue posible, afectamos a la población”.

En su aceptación de responsabilidades, Urrego se mostró consciente de los daños y expuso algunos de ellos, como por ejemplo que cuando ocurrían combates en la zona escaseaban los alimentos: “No había comida en los platos de las comunidades porque no podían a levantar el trasmallo ni recuperar el anzuelo ni cortar el plátano. Y había que estar así hasta que cesaran los combates”.

En su intervención, esta exguerrillera recordó que los insurgentes intervinieron en la resolución de conflictos personales, familiares y comunitarios, suplantaron a las autoridades propias, no comprendieron la cultura ancestral, perpetraron homicidios, secuestros y generaron desplazamientos forzados, e interfirieron en sus procesos culturales al afectar los rituales funerarios y de duelo.

“Conscientes de los daños que les generamos al no medir las consecuencias de lo que podía ocurrir en aquel entonces, lamentamos profundamente la forma en la que fueron afectados y pedimos que algún día nos puedan perdonar”, pidió Urrego.

Compromisos a futuro

El líder negro John Freddy Córdoba tomó la palabra y planteó varias conclusiones y recomendaciones. Inicialmente dijo que lo dicho en este evento “no era la verdad total de lo que pasó en los territorios”, como lo dijo al inicio su homólogo Yilio Perea. “Estamos claros que lo que pasó aquí es un paso para que esa verdad total de lo que pasó, mañana se pueda dar”. Y les recomendó a los exjefes guerrilleros que se comprometieran con los pueblos negros e indígenas del Bajo Atrato a “seguir escudriñando esa verdad total”.

También les sugirió a los firmantes de Paz que se comprometieran con los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador (TOAR) impuestos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que contienen un conjunto de actividades sociales en áreas afectadas por su confrontación armada. “Queremos pedirles que se comprometan con la implementación de los TOAR al interior de las comunidades negras e indígenas”.

Además, Córdoba le solicitó a los exguerrilleros que contribuyan con la ubicación de las personas desaparecidas por su accionar en el Bajo Atrato. “Nosotros como consejos comunitarios y resguardos indígenas, tenemos cantidades de personas desaparecidas por el accionar de las Farc en nuestros territorios”, enfatizó.

Y, por último, les pidió que no se volvieran a alzar en armas para irse nuevamente en contra de las comunidades negras e indígenas y que mantengan ese compromiso como firmantes del Acuerdo de Paz suscrito en noviembre de 2016 en Bogotá.

Finalmente, Narel Tapi, vocero de la organización Orewa, que agrupa a los pueblos indígenas, Embera Dóbida, Katío, Chamí y Tule, recomendó no seguir mirando el presente bajo la óptica de buenos y malos, y recordó que este evento es un primer paso: “Esto no se va a cerrar hoy, es el primer paso para continuar dialogando”.

La comisionada Tobón retomó la palabra para destacar este encuentro por lo que ha significado la guerra para el Bajo Atrato chocoano y comunidades. “Esto es un hecho histórico, estos temas no se podían tocar y creo que este proceso nos está abriendo estas puertas y estas ventanas”, y reiteró que esto es un comienzo ante “la ausencia de verdad y esclarecimiento”. La comisionada se mostró esperanzada en que este proceso pueda develar “muchas situaciones que han constituido la realidad del conflicto territorial, económico, político y armado”.

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Han pasado más de dos meses desde que el operativo del Ejército Nacional enlutó la vereda Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, y desplazó a algunos familiares de las 11 víctimas mortales por falta de garantías jurídicas y de seguridad en su terruño, y la intranquilidad asedia a los sobrevivientes.

El que fue anunciado por el presidente Iván Duque como un contundente golpe a disidencias de las Farc, terminó siendo un ataque a población civil que realizaba un bazar para recaudar fondos para la comunidad, del que ahora poco se habla.

“Luego de la masacre hemos tenido temores frecuentes: en la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, nos señalaron y faltaron al respeto; familiares publicaron lo que sucedió con mi hijo y les bloquearon el Facebook; y vecinos que se quedaron en la vereda Alto Remanso dicen que el Ejército no se ha ido y que me están preguntado. Esas son intimidaciones y amenazas, yo tengo miedo de salir,  las oportunidades laborales se me acabaron y no tenemos recursos para alimentarnos”, lamenta Argemiro Hernández, padre de Divier Hernández, uno de los muertos por el Ejército y quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal. (Leer más en: El desamparo ronda a las familias del Alto Remanso)

Hernández y su familia abandonaron la finca de la vereda Alto Remanso, a la que llegaron hace tres años, el día siguiente del crimen de su hijo y su nuera, Ana María Sarría. Desde entonces, se han enfrentado a todo tipo de trabas institucionales para esclarecer el asesinato de sus seres queridos y salvaguardar sus vidas en Florencia, Caquetá.

Hasta la fecha, según denuncia este labriego, el Instituto Nacional de Medicina Legal no les ha entregado el dictamen de balística que permite reconstruir la escena del crimen ni los registros civiles de defunción que expide la Fiscalía General de la Nación.

Desde hace dos meses, las familias Hernández y Sarria se unieron para solicitar esa documentación y ante el silencio institucional la semana pasada interpusieron una acción de tutela ante la Fiscalía 11 de Mocoa para “solicitar copia de los registros civiles de defunción, de estos dos ciudadanos (Ana María y Divier), el cual es necesario para realizar trámites legales y judiciales en pro de la defensa de las familias y víctimas de esos hechos”.

A estas dificultades, se suma la incapacidad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de designar recursos, acorde a la situación, que protejan la vida e integridad de Argemiro. “Ellos me hicieron un estudio de riesgo y se dieron cuenta que estoy en peligro, pero lo que ofrecen no me sirve: un carro blindado, un chaleco y dos escoltas, pero yo salgo a rebuscarme la vida en la calle. Luego me ofrecieron un auxilio económico por tres meses, pero hasta el día de hoy no me han vuelto a llamar. Estoy totalmente desprotegido, no he recibido seguridad  por parte de ninguna entidad”, detalla este campesino.

Desplazados por tercera vez

La familia Hernández ha sobrevivido a las amenazas y el desplazamiento forzado tres veces. El primer desarraigo ocurrió en noviembre de 2005 cuando la entonces guerrilla de las Farc llegó al municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, a imponer su ‘orden’. Este campesino cuenta que él hacía parte de la Junta de Acción Comunal de su vereda y que, tras varios desacuerdos con el grupo alzado en armas, fue amenazado y tuvo que abandonar su hogar.

“Nos fuimos para la ciudad y no denunciamos el desplazamiento por temor. La guerrilla nos encontró, me obligó a escriturarles por 25 millones y destruyeron los documentos originales. Yo trabajé esa tierra por más de 20 años, tenía 100 cabezas de ganado y en ese tiempo estaba avaluada por 100 millones de pesos. Hace unos años me acerqué al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), se dieron cuenta que ese terreno estaba a nombre mío y logré recuperar la documentación. El proceso está listo para la restitución, pero aún no me han resuelto nada”, cuenta Hernández.

Se trata del predio La Fortuna, de 94 hectáreas, que está ubicado en la vereda La Nueva Floresta, del municipio de Cartagena del Chairá, adjudicado por el antiguo Incora el 31 de julio de 1996, según consta en la Resolución 00411, que este labriego conserva con mucho celo, pues es la prueba de que alguna vez fue propietario.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) le confirmó a este portal que, efectivamente, Hernández solicitó en restitución el predio La Fortuna y su caso se encuentra en etapa administrativa, lo que quiere decir que está bajo estudio para ser presentado ante los jueces especializados en restitución de tierras.

Tras ser despojados, la familia Hernández se trasladó al Bajo Caquetá con la necesidad de continuar trabajando en el campo. Gracias al esfuerzo incansable de Argemiro y Gladis, su esposa, y motivados por sacar adelante a sus hijos, consiguieron su segundo pedazo de tierra en la que cultivaron y criaron bovinos, pero la guerra nuevamente los alcanzó en 2015.

“La guerrilla nos desplazó por segunda vez. La situación fue durísima porque nos fuimos de una parte de Caquetá para meternos en otra, y sucedió el mismo problema: yo no estaba de acuerdo con las ‘leyes’ de la guerrilla, continuaron las discordias, nos tocó dejar la finca y desplazarnos. Aquí sí denunciamos el desplazamiento forzado porque nos asesoraron, pero esta finca no está en proceso de restitución”,  recuerda el labriego.

Luego de perder dos veces su hogar, la familia Hernández llegó a la vereda del Alto Remanso hace tres años, pero el pasado 28 de marzo fueron desplazados nuevamente, esta tercera vez por cuenta de quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de colombianos.

“No solo perdimos nuestra casa, sino también parte de nuestra familia. Nosotros no hemos podido estar tranquilos ni en el campo, ni en el pueblo porque nos desplazó la guerrilla y ahora el Ejército. No sé cómo vamos a terminar, nos han arrebatado todas las opciones para sobrevivir”, se lamenta Hernández.

Las familias Hernández y Sarria denuncian que, hasta la fecha, no han recibido soporte económico ni atención psicológica por parte de las instituciones del Estado. Además, comentan que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se llevó el día de la masacre los 11 millones de pesos que fueron recaudados en el bazar por la venta de licor y comida, y que no los han querido entregar.

“Me ha llamado la comunidad a pedirme el dinero porque estaba a cargo de mi hijo. Cuando vi su cuerpo, los vecinos me alertaron que el CTI le sacó de la ropa el dinero. Yo les reclamé, pero respondieron que se la tenían que llevar y que la reclamara al otro día en Puerto Asís. Por el desplazamiento no he podido ir y ellos tampoco se han comunicado. Esos recursos tienen que devolverlos porque son de la comunidad”, resalta el campesino.

Ana María y Divier

Divier nació en Paujil, Caquetá, hace 35 años, y desde niño aprendió a trabajar la tierra y criar ganado. En 2012 se certificó en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) como profesional en Alimentación Bovina y actualización en Ganadería. Estaba casado con Ana María Sarria, quien tenía 24 años, pertenecía a la Iglesia Pentecostal y se dedicaba a las labores del hogar. Hace tres años, por invitación del padre de Divier, se trasladaron junto con sus dos hijos a una pequeña propiedad en la vereda del Alto Remanso.

“Yo les negocié la casita cerca a la rivera del río Putumayo. Yo los llevé a ese territorio por un mejor futuro. Mi hijo trabajaba construyendo casas de madera y le iba muy bien. Hace año y medio, la comunidad lo eligió como presidente de la Junta de Acción Comunal por su honradez, colaboración y capacidad de liderazgo”, recuerda el papá de Divier.

Además de estas labores, Divier se dedicaba a la pesca y los cultivos de plátano, yuca y maíz. Diariamente, Ana María lo apoyaba en las labores de la Junta de Acción Comunal y se responsabilizaba de llevar los documentos de identidad de los dos en un bolso donde también cargaba la Biblia.

Hernández comenta que los grupos armados, legales e ilegales, siempre revisaban las cédulas y que el día de la masacre el Ejército desapareció del bolso de Ana María las identificaciones de esta pareja.

“Ellos se llevaron las cédulas y no nos las quisieron entregar. Entonces nos tocó solicitar los registros de nacimiento para demostrar las identidades de ellos, desmentir que son guerrilleros y también para reclamar los cuerpos en el Instituto de  Medicina Legal. Ana María murió embarazada, tenía dos meses. Los niños quedaron huérfanos, el niño de 3 años lo tiene la familia de ella y la niña de seis años la tenemos nosotros ”, agrega este campesino.

Hace pocos días, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se contactó con las familias Hernández y Sarría, pero no determinaron ayudas para la manutención de los dos menores de edad. “Ellos debieron de estar presentes con un programa inmediato para la alimentación. Al menos una avena o una leche, pero no colaboraron con absolutamente nada. Solo tomaron los datos, se fueron y no volvieron a llamar”, reprocha Hernández.

Alejandro Sarria, padre de Ana María, afirma que este ha sido un proceso doloroso al que no le han podido dar cierre y en el que se sienten completamente desprotegidos: “Nosotros queremos que esto no quede impune. No vamos a esconder la cara, pero sí tenemos temor porque es una denuncia contra el Estado por lo que cometió el Ejército”.

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