La recomendación de desligar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre la visita de trabajo que realizó al país hace justamente un mes no cayó bien en el gobierno del presidente Iván Duque, que insiste en el carácter civilista y multifuncional de este cuerpo armado.

El sustento de esa recomendación es que, al separarla del Ministerio de Defensa, se garantizaría “una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”.

A ese tipo de recomendaciones le salió al paso Marta Lucía Ramírez, que cumple funciones de Canciller y Vicepresidenta, y en el primer periodo de gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2006) fungió como ministra de Defensa. “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, ha dicho en reiteradas ocasiones.

Esa postura fue ratificada mediante un comunicado de prensa difundido ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde New York, en el que se agregó que “la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico de nuestra Carta Política”.

La CIDH también fue enfática en recomendar que se tomen “medidas urgentes” en aspectos como “formación, utilización de protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas, que promuevan que el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta, así como limitar su actuación solamente a casos estrictamente necesarios”.

Al respecto, en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se hizo alusión tangencialmente al tema al referirse que ese tipo de temas serán incluidos en el proceso de reforma a la Policía Nacional que se espera comience a discutirse en las actividades legislativas que comienzan el próximo 20 de julio.

Por su parte, el presidente Duque dijo a varios medios de prensa que la adscripción de la Policía Nacional al Ministerio de Defensa “no es un tema de capricho en Colombia”,  y se remontó, en su explicación, al segundo gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962) para decir que “Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, sobre todo corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado y es que en los años en los que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”.

Por el contrario, la CIDH considera que ese desligue de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa garantizaría “una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”. En ese sentido, este cuerpo armado tendría sus bases en la sociedad civil y el cuidado de la misma desde una perspectiva de acompañamiento y protección, en lugar de ser reaccionaria y preparada para enfrentamientos directos.

Telón de fondo

Esta recomendación, junto con otras 39 más planteadas en un documento revelado ayer en Washington, son el resultado de la visita que hicieron representantes de la CIDH al país entre el 8 y 10 de junio pasados, justo cuando se afrontaba la quinta semana del Paro Nacional, iniciado el 28 de abril y, convocado por organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, en protesta por la presentación ante el Congreso de la República de un lesivo proyecto de reforma tributaria, así como de una cuestionada iniciativa de reforma a la salud, y en reclamo de políticas sociales más incluyentes. (Descargar documento)

El propósito de esa visita, impulsada por organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, era conocer más de cerca los motivos de las protestas callejeras, las violaciones de los derechos humanos atribuidas a la Fuerza Pública durante las manifestaciones, que arrojaban decenas de muertos y cientos de heridos, y plantear recomendaciones y soluciones para que este tipo de situaciones no se repitan.

La comisión de la CIDH visitó Bogotá, Cali, Tuluá, Popayán y Buga, epicentro de graves enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía. Durante los tres días de trabajo, se escucharon más de 300 testimonios, incluyendo los de representantes del gobierno nacional, así como de las administraciones locales y regionales.

Y no sólo el informe de esa visita generó tensiones. De hecho, antes de que se concretara, el Ejecutivo se opuso inicialmente a esa presencia en el país. En esa ocasión, la canciller Ramírez explicó que la razón de ello radicaba en que primero tenían que ser las instituciones nacionales, como Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Contraloría, las que investigaran los casos de violación de derechos humanos, antes de recibir en el país a una organización internacional.

Durante un viaje a Washington, realizado a finales de mayo pasado, la funcionaria retomó el asunto y aclaró que no se estaba impidiendo la visita de la CIDH, sino que sólo sería necesaria en el caso en el que las instituciones mencionadas anteriormente no estuvieran realizando su trabajo.  Finalmente, el gobierno nacional decidió aceptar la propuesta de la Comisión para visitar el país.

Luego de casi un mes de procesar la información recabada durante la visita de trabajo al país, la CIDH dio a conocer sus principales conclusiones, así como un conjunto de recomendaciones. La exposición estuvo liderada por Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión, quien estuvo acompañada por los comisionados Stuardo Raldón y Joel Hernández, quienes participaron en la visita al país, así como por Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión.

Una de las observaciones destacada en el informe es que las jornadas de protesta iniciadas el pasado 28 de abril “tienen reclamos similares a los de las movilizaciones” ocurridas en noviembre de 2019 y septiembre de 2020: “Entre otras cosas, estas estuvieron motivadas por el aumento de       los niveles de  pobreza, inequidad y violencia, aunado al creciente número de asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como firmantes del Acuerdo de Paz”.

Uso desmedido de la fuerza

La CIDH se enfocó, con especial interés, en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional y de su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en por lo menos el 11 por ciento de las cerca de 12 mil jornadas de protesta que vivió el país entre el 28 de abril y el 4 de junio.

Al respecto, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, dijo que “la Comisión destaca que estos usos desmedidos de la fuerza presentaron graves afectaciones de los derechos humanos, tanto de manifestantes como personas ajenas a la protesta y servidores públicos”.

En el informe se consignó que la CIDH “recibió reiteradas denuncias señalando que, desde el inicio de las protestas sociales, una parte considerable de las actuaciones de la Fuerza Pública estuvo dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones”.

Y en esa disuasión, que también afectó a numerosas personas que no participaban en las manifestaciones, se utilizaron armas letales y no letales de manera desmedida, según las denuncias recibidas por la CIDH, que generaron lesiones graves, mutilaciones y numerosas muertes, especialmente en jóvenes. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)

En ese sentido, la Comisión reiteró que “las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la manifestación no deben portar armas de fuego”.

Con relación a las afectaciones, uno de los aspectos que preocupa a la CIDH, y que dejó también consignado en el informe, es la inconsistencia en las cifras registradas por entidades del Estado y organizaciones no gubernamentales, especialmente en relación con “con víctimas fatales y con personas desaparecidas”.

El desglose de los datos permite observar que mientras la Fiscalía registró 51 personas fallecidas entre el 28 de abril y el 15 de junio, de las cuales 21 habrían ocurrido durante las protestas; 11 están en proceso de verificación y 19 ocurriendo durante el Paro Nacional, pero no durante las jornadas de protestas; el Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos (SNIDDHH) contabilizó, desde el inicio del Paro y hasta el 24 de junio 54 personas fallecidas.

Sobre la desaparición de manifestantes, denunciadas con insistencia por organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, tanto la Fiscalía como el SNIDDHH, reconocieron ante la CIDH que, al momento de la visita, se tenía activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente de 84 personas. Sobre este tema, la Defensoría expuso que ese mecanismo se habría activado para 91 personas. (Leer más en: Desaparición transitoria y torturas: acciones de la Policía contra manifestantes)

Al comparar las cifras con las registradas por la organización no gubernamental Temblores, hay notables diferencias que son motivo de preocupación en la CIDH. Con respecto a las personas asesinadas, reportó 73 casos, arrojando una diferencia de 22 casos con los datos de la Fiscalía.

Otro de los hechos denunciados durante las manifestaciones callejeras fue el de la violencia basada en género perpetrada por agentes de la Fuerza Pública. Al respecto, la Defensoría del Pueblo registró 113 hechos, de los cuales 112 casos son atribuibles a agentes de la Policía Nacional y a miembros del Esmad, que afectaron a 99 mujeres y a 13 personas de la comunidad LGBTI. En un caso más se afectó a una mujer policía. (Leer más en: Mujeres alzaron la voz en la protesta social)

Sobre este tema, Urrejola expresó que “para la Comisión, la violencia de género perpetrada por agentes del Estado es un mecanismo de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI y la Comisión señala con especial preocupación que algunas eran jóvenes”. En ese sentido, una de las recomendaciones se basa en la necesidad de tener un mecanismo efectivo, plural y con perspectiva de género para las mujeres, niñas y personas LGBTI.

Otro de los patrones de violencia estatal contra los manifestantes es el de los traumas oculares, producidos por proyectiles lanzados por integrantes del Esmad. Sobre ellos tampoco hay unificación de cifras: mientras que la Defensoría del Pueblo registró 18 casos, Temblores contabilizó 82 casos.

Las amplias diferencias en los datos llevaron a la CIDH a reflexionar sobre el tema y a plantear que “estas inconsistencias pueden generar desconfianza de la ciudadanía en las autoridades. Por esta razón, el Estado debe mantener un registro de información consistente, actualizado y público, con participación de la sociedad civil; así como transparencia sobre los criterios utilizados en las investigaciones y sus avances respectivos”.

Adicionalmente, la Comisión señaló que “el manejo de registros e hipótesis tan dispares sobre las personas fallecidas y lesionadas en el marco de las protestas genera un obstáculo en el acceso a la justicia de las personas que alegan ser víctimas de violaciones de derechos humanos. En cualquier escenario, la dimensión de las cifras reflejadas en los distintos reportes, en términos de pérdidas de vidas humanas, resulta de extrema preocupación para la Comisión y la condena de manera enfática”.

La actuación de la Fuerza Pública durante las intensas jornadas de paro por cerca de dos meses profundizó la desconfianza entre la institucionalidad y la sociedad civil. De acuerdo con Urrejola, esto se debe a una inconsciencia y falta de seguimiento entre los actos violentos cometidos y la reparación de las víctimas, así como a los altos niveles de impunidad, que ronda el 95 por ciento en caso de homicidios. (Leer más en: En Cali está naufragando el Estado Social de Derecho)

Es por ello que, desde la CIDH, se propuso crear “mecanismos de rendición de cuentas” orientadas a la actuación del Esmad para que “cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta, así como limitar su actuación solamente a casos estrictamente necesarios”.

Para este organismo multilateral, esa rendición de cuentas debe estar acompañada de “la investigación, de forma imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos humanos, así como juzgar y sancionar a los responsables”.

De igual manera, se recomendó reparar a las víctimas y sus familiares, a las que se les debe asegurar una atención integral, plural, que cuente con enfoque de género, atención en la salud mental y con alcance nacional.

La generación de confianza, según la CIDH, también pasa por el tema de los datos, en ese sentido propuso “sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y articulada con la información brindada por la sociedad civil”.

¿Trasladar o reformar?

La CIDH abre de nuevo el debate sobre qué hacer con la Policía Nacional. Lo ocurrido durante los dos meses de protestas en el país indican que se requieren intervenciones profundas en varios aspectos, más allá de trasladar su estructura al Ministerio del Interior, como se ha propuesto desde hace varios años.

Entre las recomendaciones de la CIDH está de la intervenir procesos de formación, entrenamiento y capacitación de los uniformados, “incluyendo un enfoque étnico-racial y de género, así como sobre los derechos de las personas      con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, con la finalidad de consolidar su más amplio entendimiento y respeto sobre el derecho a la libertad de expresión, la debida y legítima actuación en el marco de las protestas, así como las excepciones y limitantes del uso de la fuerza”.

Mientras la CIDH propuso sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, el gobierno nacional trabaja en una reforma integral cuyos puntos fundamentales le fueron comunicados a este organismo multilateral el pasado 30 de junio.

Se trata de nueve puntos, entre los que se destacan el cambio de nombre Ministerio de Defensa Nacional al de Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana; la creación del Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad Ciudadana; la expedición de un decreto de modernización de la estructura orgánica de la Policía Nacional con el fin de fortalecer la política de derechos humanos y los estándares para la prestación del servicio; y crear el Estatuto Disciplinario Policial, armonizado con pronunciamientos en materia de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, de la ONU y de la Corte Constitucional.

Adicional a ello propone la priorización del trámite ante el Congreso de la República del proyecto de ley de Carrera y Profesionalización Policial, así como el desarrollo de normas que regulen el uso y comercio de las armas menos letales en Colombia, así como el de armas traumáticas; y la convocatoria de países amigos para recibir recomendaciones de expertos internacionales sobre los protocolos de mediación, uso de la fuerza e intervención, y otras buenas prácticas internacionales que contribuirán a la profesionalización permanente del Esmad.

En un reciente artículo de VerdadAbierta.com, diversos especialistas en el tema, nacionales e internacionales, expresaron sus cuestionamientos a esas reformas propuestas por el gobierno nacional. (Leer más en: Reformar la Policía, solicitud urgente para frenar violencia estatal en protestas)

En esa ocasión, César Santoyo, director ejecutivo del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, sostuvo que “es una reforma que al parecer intenta ofrecer calma, pero yo diría que es una calma transitoria. No es una opción de fondo frente a lo que está sucediendo con la Policía en el país y no implica la revisión doctrinaria que esto debe desarrollar”.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), sostuvo que “las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, en insistió que después del Acuerdo de Paz, “el país no puede seguir con un modelo de seguridad diseñado casi para combatir grupos armados”.

El debate de qué hacer con la Policía Nacional está abierto y, sin duda, polarizado, e intensificado con la presentación del informe y las recomendaciones del CIDH.

Foto de portada: CIDH

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A través de una serie de cinco episodios vamos a conocer más sobre la situación de estas personas, sus comunidades y organizaciones. Además, tendremos la oportunidad de conversar sobre temas como la violación de los derechos humanos en el marco de la protesta social, de qué va el derecho a defender los derechos humanos, qué es la protección colectiva, cómo la pandemia afecta la labor de los liderazgos sociales y cuáles son las particularidades del trabajo de las mujeres lideresas y defensoras.

Desde este 28 de junio y hasta el 23 de agosto les invitamos a acompañarnos en este viaje sonoro, sumergirnos en las voces de nuestras invitadas de Colombia y otros países del mundo, y a conocer más sobre la valiosa labor que realizan las personas defensoras, además, sus estrategias de protección y de resistencia.

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Este Podcast es una producción de Protección Internacional (PI) en alianza con VerdadAbierta.com. Ha sido realizado con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania en el marco del proyecto que PI desarrolla en alianza con Pensamiento y Acción Social (PAS), de la Fundación Ford, de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI). Se autoriza su difusión sin fines de lucro.

Episodio 1: ¿Quién defiende el derecho a la protesta social?

A dos meses del 28 de abril, día que inició en Colombia el Paro Nacional de 2021, publicamos el primer episodio de Defendemos Podcast dedicado a la protesta social y a todas las personas que han ejercido este derecho durante esta movilización y también todas las que se han dado históricamente en nuestro país.

En este episodio nos preguntamos: ¿Cuál es el lugar de la protesta en nuestra sociedad?, ¿qué dice la normativa de derechos humanos sobre este derecho y sobre el uso de la fuerza en los contextos de protesta? Y ¿cómo la violencia sistemática y la estigmatización de la protesta afecta a las personas defensoras de DDHH, a los liderazgos sociales y a sus comunidades y organizaciones?

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Las calles de Colombia se convirtieron, desde el pasado 28 de abril, en un escenario donde hacen presencia desde ciudadanos que se movilizan pacíficamente hasta civiles armados y personas que vandalizan inmuebles públicos y privados. Pero las acciones violentas que se le atribuyen a agentes policiales han tomado, sin duda, un protagonismo que hizo eco a nivel internacional.

Pretendiendo detener el caos, el gobierno del presidente Iván Duque planteó una reforma a la Policía Nacional, que se espera sea propuesta ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio. Sin embargo, expertos consideran que ésta no responde a los verdaderos problemas que la institución tiene y que se necesitan cambios fundamentales para garantizar el respeto de los derechos de los manifestantes más allá del papel.

La vida, la libertad, la integridad personal, la propiedad privada, el desarrollo económico, la salud, la libre locomoción, la alimentación y el trabajo son algunos de los más de 14 derechos fundamentales que se han violado en diferentes contextos en desarrollo de las protestas callejeras.

Pero detrás de todas esas afectaciones hay una tragedia nacional: los muertos que dejaron siete semanas de protestas y cientos de heridos, tanto de manifestantes como de uniformados. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)

Cifras no cuadran

Diferentes organizaciones, nacionales e internacionales, documentaron numerosos hechos violentos en lo que se presume que la responsabilidad de los uniformados. Aunque los datos son diversos, y a veces distantes, permiten esbozar parte de la situación que aún padecen varias ciudades del país, pese a que el Comité Nacional del Paro hizo un llamado a suspender las concentraciones públicas.

El Ministerio de Defensa reportó, hasta el pasado 4 de junio, 19 civiles fallecidos y 1106 lesionados, aunque no especificó quiénes eran señalados como responsables en esos casos. Asimismo, la Defensoría del Pueblo recibió, hasta el 14 de mayo, información sobre 2 violaciones sexuales, 14 agresiones sexuales y 71 hechos de violencia basada en género, lo que incluye bofetadas y abuso verbal, presuntamente cometidos por uniformados.

En reacción a los cuestionamientos contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), esta cartera de gobierno sale en su defensa y aseguró que está “diseñado para garantizar el retorno al orden público en escenarios que puedan comprometer los derechos civiles e individuales de los ciudadanos”.

Además, insiste en que todos los integrantes de la Fuerza Pública reciben capacitación sobre derechos humanos y que, de hecho, este año fueron preparados 151.458 uniformados. Pero, ¿por qué esa formación poco se evidencia en las calles? (Leer más en: Desaparición transitoria y torturas: acciones de la Policía contra manifestantes)

Con cifras y análisis de los hechos, las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Temblores, junto a el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis), cuestionaron al gobierno nacional y así se lo hicieron saber a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su reciente visita a Colombia.

A través de Grita, una plataforma que facilita la denuncia de hechos de violencia policial, Temblores registró 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública y otros 21 en proceso de verificación, de los cuales seis están en proceso de esclarecimiento sobre si el presunto victimario pertenecía a la Fuerza Pública; cuatro son atribuibles a civiles armados en los que existen indicios de posible participación de miembros de la Fuerza Pública; ocho están en proceso de verificación del escenario y contexto del hecho; tres están en proceso de verificación de la denuncia.

A ello se suman 1.468 víctimas de violencia física, 70 víctimas de agresiones oculares, 215 víctimas de disparos de arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, ocho víctimas de violencia basada en género y 1.832 detenciones arbitrarias, entre otras cifras.

Por su parte, HRW documentó 31 muertes de manifestantes o transeúntes, pero sólo en 20 de ellas, aparentemente, y según las evidencias recopiladas en las denuncias, la policía estuvo involucrada. También registró dos casos de violencia sexual y 17 de golpizas violentas, algunas de las cuales llegaron a ser mortales, como la de Elvis Vivas, un joven de 24 años que fue agredido por agentes cuando salió a marchar el 1 de mayo y falleció luego de ser ingresado a un hospital.

Graves problemas de fondo

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, asegura José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En esto coinciden varios especialistas, quienes llaman la atención sobre las principales falencias de la institución, que, en su mayoría, no están siendo atendidas por el gobierno nacional.

Para Leyder Perdomo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, la reforma que ya se adelanta en la institución policial es puramente “cosmética” y advierte que no hay un “análisis juicioso sobre los problemas que tiene la Policía Nacional y a partir de eso acude a figuras de forma”; así, “la reforma que propone el gobierno es una manera formal de aparentar unos cambios que el fondo no tienen mayor trascendencia”.

En ese orden de ideas, Perdomo hace referencia a la propuesta de crear un Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad ciudadana dentro del Ministerio de Defensa; también al cambio en los uniformes de los agentes con el que, según el presidente Duque, se busca alinearse con estándares internacionales de cuerpos de Policía y transmitir empatía, cortesía, tranquilidad y confianza a la ciudadanía.

Otras transformaciones previstas son la creación de un nuevo estatuto disciplinario, la reestructuración de la Inspección General, el fortalecimiento de la capacitación de la Policía y la implementación de estándares profesionales en el uso de la fuerza, en derechos humanos y en procedimientos policiales.

Algunas de esas medidas “podrían tener un impacto positivo para prevenir y sancionar abusos policiales, si son diseñadas e implementadas adecuadamente”, pero no son suficientes para prevenir violaciones a derechos humanos y para garantizar justicia, según HRW.

En el mismo sentido se expresa César Santoyo, director ejecutivo del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda: “Es una reforma que al parecer intenta ofrecer calma, pero yo diría que es una calma transitoria. No es una opción de fondo frente a lo que está sucediendo con la Policía en el país y no implica la revisión doctrinaria que esto debe desarrollar”.

Los problemas doctrinarios, según Perdomo, tienen su raíz en la ideología que se estableció en la institución desde los años cincuenta, momento en el cual “se inoculó una perspectiva que parte del supuesto de que al interior del país existen amenazas”. Las Fuerzas Armadas han interiorizado entonces que afrontan una guerra, incluso en situaciones de problemática social como la actual.

Esto se liga a la educación que los uniformados reciben, pues la instrucción en materia de derechos humanos no tiene un enfoque civil, de acuerdo con el concejal de Bogotá Diego Cancino, quien asegura que los cursos impartidos “consisten en leer la Constitución, la jurisprudencia y aprenderla de memoria. Eso no genera ningún impacto en las prácticas cotidianas. Lo que sí genera impacto es la doctrina que existe en términos de estructura cultural en la institución”.

Cancino rechaza que actualmente la Policía “existe para sí misma, se crea a sí misma, se regula a sí misma”, lo que no permite que exista una retroalimentación y una conexión con la ciudadanía y lleva a que se den prácticas de corrupción. En ese sentido, explica que es necesario que la institución se muestre abierta a desarrollar una pedagogía constante y rigurosa apoyada en otras instituciones como universidades u organizaciones sociales.

Pese a esto, el concejal puntualiza que dicho proceso educativo debe ir acompañado de una transformación en la cultura y las relaciones de dominio al interior de la institución. Eso se lograría, en parte, cambiando los criterios que se tienen en cuenta para promover ascensos de funcionarios y la forma en la que se interactúa con la ciudadanía.

Otra de las peticiones más visibles es que la Policía deje de hacer parte del Ministerio de Defensa, pues el permanecer allí provoca que, con frecuencia, sea desplegada para combatir a organizaciones ilegales junto con otras Fuerzas Armadas y que no exista una definición clara sobre las funciones que le corresponden, según HRW.

“En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas”, asegura la organización estadounidense.

Vivanco añade que después del Acuerdo de Paz, “el país no puede seguir con un modelo de seguridad diseñado casi para combatir grupos armados”, por lo que es necesario hacer un análisis sobre el papel que tiene la Policía y su respuesta en las protestas.

En su informe más reciente, titulado Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes, HRW también expresa su preocupación por la impunidad que se presenta cuando hay abusos por parte de uniformados, debido a que estos son juzgados en tribunales militares, donde prima una “tradicional opacidad y falta de independencia”.

De hecho, en ese documento se menciona el caso de Dilan Cruz, un joven que murió en las protestas de noviembre de 2019 luego de ser impactado por un proyectil disparado por un agente del Esmad. Su proceso se desarrolla en la justicia penal militar y presenta pocos avances.

La lentitud y falta de resultados en las investigaciones cuando se trata de presuntos agentes de la Fuerza Pública es tanta que la primera sentencia contra un funcionario de esa unidad especial se dictó en enero de este año, por el asesinato de un estudiante en movilizaciones que se desarrollaron en 2005.

“La Justicia Penal Militar es una matriz de impunidad, es un mecanismo con el cual los investigados van a tener unas ventajas distintas a las que un proceso penal ordinario tendría. Las condiciones de investigación criminal del mismo posiblemente no van a tener el trámite correspondiente en lo procesal”, dice Santoyo.

Cancino mencionó que, justamente, la propuesta que hace su equipo es hacer una modificación a esa jurisdicción para que no se encargue de casos de violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por la Policía, sino que estos pasen a ser estudiados por la justicia ordinaria.

Uso de armas y traslados por protección

Uno de los temas que se ha tornado más polémico durante las marchas es el acceso y el uso de armas por parte de la Policía. Según datos de la organización Temblores, se conocen 215 casos de disparos de arma de fuego durante los 50 días de protesta. HRW detalla que en 16 agresiones de ese tipo las víctimas murieron al ser impactados en el tórax o en la cabeza, lo que sugiere que las heridas fueron “causadas con la intención de matar”.

Ambas cifras son alarmantes, en especial si se tiene en cuenta que los agentes de la Policía no están autorizados para utilizar de esa manera sus armas de dotación. En realidad, el Esmad sólo puede hacer uso de dispositivos “menos letales”, únicamente cuando se presentan hechos de violencia y tras recibir la orden de los Puestos de Mando Unificados.

Según el Ministerio de Defensa, el personal de la Defensoría del Pueblo está encargado de verificar los elementos que utilizan los agentes del Esmad. Sin embargo, su labor se pone en tela de duda, pues Temblores denunció que la Fuerza Pública ha lanzado contra los manifestantes gases lacrimógenos vencidos, haciendo eco de las alarmas prendidas en las calles y divulgadas por las redes sociales.

Inclusive, tres personas fallecieron debido al uso indebido o excesivo de gases o aturdidoras. Además, por ataques con cartuchos de gases o con proyectiles de impacto cinético, nueve individuos sufrieron lesiones oculares, las que en siete casos podrían causar pérdida total de la visión en el ojo herido, de acuerdo con HRW.

Esa organización informó y corroboró que agentes de la Policía activaron de forma directa contra los manifestantes armas Venom, un sistema de lanzamiento que dispara simultáneamente hasta 30 cartuchos de gases lacrimógenos, humo o aturdidoras.

“Se supone que el sistema lanza los proyectiles con una trayectoria ‘parabólica’ para evitar que haya un ‘impacto directo’ contra los manifestantes, según indicó la Policía a HRW en una carta. Sin embargo, la misiva también indica que Venom puede disparar desde un ángulo de apenas 10 grados, lo cual no permitiría que sea ‘parabólico’”.

En el propio manual para el servicio de policía en la atención, manejo y control de multitudes de la Policía se recomienda no activar lanzadores de municiones no letales directamente hacia el objetivo, además de no disparar a menos de tres metros de distancia a una persona o a menos de 30 metros a una multitud.

Otro hecho sobre el que se ha puesto la lupa son las detenciones arbitrarias, que muchas veces son una puerta a nuevas violaciones a derechos, pues lo retenidos pueden ser posteriormente torturados, amenazados, asesinados o desaparecidos.

En el último caso, llevar a cabo una investigación es difícil porque al no saberse el paradero de la persona se obstruye el proceso de recopilación de pruebas y, por tanto, de judicialización de los responsables. De hecho, HRW reportó que al menos 419 personas desaparecieron durante las protestas y, aunque 304 fueron localizadas, varias habían sido detenidas y sus familiares no lo sabían.

El número de detenidos por presuntamente cometer delitos durante las protestas fue de 1.200. No obstante, cientos de ellos fueron liberados porque se determinó que no existían pruebas respecto a las acusaciones o porque se dio una violación a sus derechos en el proceso de retención.

De otro lado, 5.500 personas fueron detenidas bajo los traslados por protección, una figura contemplada en el artículo 155 del Código Nacional de Policía que permite a los uniformados movilizar a una persona cuando se encuentra en estado de indefensión, alteración de conciencia, bajo efectos del alcohol o las drogas, o está involucrada en riñas y “el traslado es el único medio disponible para evitar el riesgo” a su vida o a la de terceros.

“Es una fórmula que es absolutamente abusiva, que está centrada en el capricho de los policías y que les permite detener a cualquier persona”, expresó Vivanco, añadiendo que estaba planeando hacer una solicitud para derogar la figura.

Perdomo narró que, dentro de los casos que ha conocido de traslados por protección, civiles han sido privados de la libertad por agentes policiales o militares y han sido conducidos a lugares no designados para ese tipo de ocasiones, como calabozos o camiones, así como a celdas de las Seccionales de Investigación Criminal (SIJIN) o de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

La particularidad en estos casos es que a los detenidos no se les permite comunicarse con sus allegados o sus abogados, y que se niega su detención o no se da a conocer el sitio donde están retenidos.

“La Policía ha hecho uso de ese mecanismo de protección para llevar a cabo detenciones administrativas que están prohibidas ya en Colombia y que son una manera de sancionar a las personas que participan de la protesta”, dijo Perdomo, señalando que puede ser posible la eliminación de la figura si hay una voluntad desde la rama ejecutiva y legislativa en Colombia.

El concejal Cancino plantea que la propuesta de implementar cámaras corporales a los uniformados podría ayudar a garantizar que se respeten los derechos humanos en los traslados por protección, en los cuales considera debe hacer presencia el Ministerio Público y presentarse un consentimiento informado por parte del civil movilizado.

Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), plantea una solución alternativa: que sean trabajadores sociales capacitados los que asistan los casos contemplados en los traslados por protección.

“La Policía sólo se emplea cuando puede ser necesaria la fuerza. ¿Por qué tiene que estar la Policía armada y uniformada en el lugar de los hechos si alguien tiene una crisis de salud mental o ha sufrido una sobredosis de drogas?”, cuestiona Isacson. (Leer más en: Supuesta infiltración criminal en la protesta genera dudas sobre políticas de seguridad)

Más leña al fuego

Los casos de civiles armados atacando a manifestantes, aparentemente en connivencia con la Fuerza Pública, le suman combustible a la profunda indignación nacional. HRW denunció que, según videos, agentes de Policía en algunos casos no actuaron para prevenir o detener acciones violentas hacia las personas que protestaban.

Para Leonardo Gonzáles, coordinador de proyectos de Indepaz, es importante cuestionarse qué motiva a algunos civiles a actuar de esa forma: “Hay que analizar bien el discurso de estigmatización que viene desde las élites, que viene desde la política, que se está presentando en contra de los manifestantes, que es tomado por muchas de las personas y que hace que justifiquen su accionar violento en contra de quien considera está en contra de sus intereses”.

La situación se puede explicar debido a que “hay un chip paramilitar implantado en ciertos sectores de la sociedad que llevan a decir que es legítimo defender con armas la propiedad privada, aunque no exista ninguna inminencia de ataque”, agregó Camilo Gonzáles, presidente de Indepaz.

Si bien el Ministerio de Defensa aseguró que los casos de civiles disparando durante las jornadas de protesta social están siendo investigados por la justicia y que el gobierno nacional tiene “fuertes políticas” que restringen la utilización y porte de armas de fuego, la realidad es otra.

Según el informe Colombia: un gran mercado de armas sin incentivos para reducirlo, de la Fundación de Ideas para la Paz (FIP), se estima que para 2017 casi 5 millones de armas estaban en manos de civiles, de las cuales el 86 por ciento eran ilegales.

Legalmente aún no es posible determinar si son agentes de Policía o civiles los principales responsables de ataques, pero lo cierto es que periodistas, defensores de derechos humanos y personas que prestan atención hospitalaria durante las protestas también han sido deliberadamente agredidas durante las movilizaciones, confirmó Perdomo.

Uno de los casos recientes más conocidos es el de los periodistas José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago del Canal 2 de Cali, a quienes, según la Fundación para la Libertad de Prensa, el Esmad les disparó.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas determina que, en particular, “el papel de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los observadores electorales y otras personas que participen en la vigilancia de las reuniones o la presentación de información al respecto reviste especial importancia para el pleno disfrute del derecho de reunión pacífica”.

Estas personas deberían poder ejercer libremente sus funciones, especialmente cuando están relacionadas con la vigilancia de agentes del orden. Además, “no deben ser objeto de represalias ni de otro tipo de acoso, y su equipo no debe ser confiscado ni dañado (…) Es una buena práctica que las instituciones nacionales independientes de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales vigilen las reuniones”, se explica en el pacto.

Por otra parte, las acusaciones de que grupos armados ilegales o del crimen organizado están infiltrados en las protestas no han sentado bien. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le indicó a HRW que el 4 de junio fueron detenidos 11 presuntos miembros de grupos armados por supuestamente incurrir en acciones violentas.

Sin embargo, la organización señaló que hacer comentarios generales sobre ese tema es irresponsable, pues causan la estigmatización de los manifestantes: “Si se hacen afirmaciones tan graves hay que acompañarlas de evidencias (…) Mandan un mensaje equivocado porque la Fuerza Pública cuando el Presidente utiliza este tipo de lenguaje entiende que está combatiendo a un enemigo”.

Justamente, Vivanco mencionó que el discurso del presidente Duque constantemente minimiza el problema de violencia policial, pues no ha condenado de forma expresa e inequívoca las violaciones a derechos humanos.

“Ha dicho que condena ‘cualquier forma de violencia’, que condena abusos ‘si es que algún policía lo comete’. Ha reconocido los abusos, pero ha dicho que hay que mirarlos en contexto (…) Eso, desde luego, no ayuda y el mensaje que se le envía a la policía no es el de elevar sus niveles de profesionalismo”, expresó.

Respuesta a acciones civiles

Si bien datos del Ministerio de Defensa evidencian que el 88 por ciento de las manifestaciones registradas hasta el 4 de junio se desarrollaron de forma pacífica, HRW señala la importancia de reconocer que algunos civiles también incurrieron en delitos o se comportaron de manera violenta.

Este año se han presentado más de 3.300 marchas, 6.300 concentraciones, 2.000 bloqueos y 1.000 intervenciones del Esmad. En esas acciones, los daños a bienes públicos, como Comandos de Atención Inmediata (CAI), vehículos institucionales, estaciones y puestos de Policía y demás, han sido constantes.

También los bloqueos de calles y carreteras por largos periodos de tiempo, situación que ha provocado el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y la limitación en la circulación de ambulancias, especialmente en los departamentos de Valle del Cauca y Cundinamarca.

“En ocasiones, estas restricciones dificultaron el acceso a insumos de salud, incluido el oxígeno para pacientes con Covid-19”, de acuerdo con el informe de HRW, donde se menciona el caso de una bebé recién nacida que murió el 23 de mayo debido a obstrucciones en la vía entre Cali y Buenaventura que no permitieron el paso de la ambulancia en la que la menor iba.

En cualquier caso, señaló Vivanco, se debe usar el menor uso de la fuerza posible hacia quienes realicen esas actividades: “Los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”.

“La policía antimotines con la fuerza y el entrenamiento que tiene debería poder garantizar el derecho a la protesta, y cuando hay irrupciones violentas para maltratar la protesta, regular de manera focalizada”, dice por su parte Cancino.

Aún así, un documento publicado el mes pasado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contempla que aunque “todo uso del espacio público requiere cierta medida de coordinación para proteger intereses distintos (…) las reuniones son un uso tan legítimo del espacio público como las actividades comerciales o el tránsito de vehículos y peatones”.

Por tal razón, “debe tolerarse cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana a causa de las concentraciones, como la perturbación del tráfico y las molestias o incluso los perjuicios para las actividades comerciales” y “las autoridades deben mostrar una moderación significativa al recurrir a la dispersión”.

Es decir, las protestas deben ser intervenidas cuando surja la necesidad “excepcional” de proteger los derechos de quienes no están participando. En ese caso, “es necesario agotar todos los recursos disponibles a través del

diálogo antes de iniciar cualquier intervención y siempre desarrollar dichas actuaciones bajo estricto cumplimiento de los límites y estándares para el uso de la fuerza establecidos en el derecho internacional”, explica el escrito.

La labor dialógica en las actuales manifestaciones la está monitoreando la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, HRW denunció que los funcionarios dedicados a esa tarea no son suficientes. Respecto a otro ámbito, a esa institución se le recomendó incrementar el número de empleados que monitorean los abusos policiales e informar sobre ellos de forma pública y periódica.

Esa fue sólo una de las sugerencias, a modo de solución, que hicieron organizaciones sociales sobre los abusos policiales. A la Procuraduría se le pidió garantizar la rendición de cuentas, a la Fiscalía priorizar los procesos y al Congreso de la República encargarse de iniciar un proceso de reforma donde participen grupos de la sociedad civil y agencias internacionales.

HRW instó también al gobierno de Duque, entre otras cosas, a condenar las vulneraciones a derechos humanos cometidas directa e indirectamente por parte de uniformados y disculparse por las ya ocurridas. Sobre acciones futuras, pidió que se evite utilizar lenguaje estigmatizante contra los manifestantes y que la Policía se encargue de proteger las protestas pacíficas, así como a regular su uso de la fuerza.

En ese sentido, consideró necesario “suspender el uso de proyectiles de impacto cinético y del Venom hasta que se realice un examen independiente sobre el riesgo de estas armas, los protocolos para su uso y la capacitación que han recibido los agentes policiales para utilizarlos”.

Temblores, Indepaz y Paiis se dirigieron en el mismo sentido a la CIDH para que sea esta quien, luego de su visita al país, le exija al Estado cumplir peticiones que se asimilan las hechas por HRW y otras como “investigar y condenar la presunta existencia de un sistema de incentivos y/o cuotas por detenciones, judicializaciones y traslados por protección a manifestantes, a cambio de ascensos dentro de la fuerza pública”, desmontar definitivamente el Esmad y presentar un informe sobre los hallazgos en materia de derechos humanos en Colombia.

Finalmente, para Isacson, la Policía debe involucrarse más con la comunidad y en sentidos que vayan más allá de una intención de hacer cumplir las leyes, con el fin de crear confianza y relaciones con los ciudadanos. Y, a su juicio, lo ideal sería aplicar esto también en zonas rurales, donde actualmente se requiere aumentar la cobertura policial “urgentemente” para que no sean los soldados quienes se encarguen de las labores que corresponden a agentes policiales.

Las expectativas sobre el cumplimiento de todas aquellas solicitudes y proposiciones son cuestionables teniendo en cuenta la baja popularidad con la que el presidente Duque cuenta, la poca confianza en los organismos del gobierno nacional y el hecho de que la CIDH hiciera una visita de trabajo al país.

Lo anterior, sumado al posible desarrollo de una reforma policial fallida ante los ojos de los ciudadanos, podría causar una intensificación de la indignación y una situación aún más delicada en las calles.

Foto de portada: Daniela Ortegón (@da_fotografia27@)

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La actuación de los uniformados, así como de funcionarios de investigación y operadores judiciales durante las jornadas de protesta social, que ya suman 22 días, son cuestionadas por el cúmulo de irregularidades que están cometiendo contra las personas detenidas. ¿Qué está pasando?

Cantar arengas en las manifestaciones callejeras; correr ante alguna escaramuza con la Fuerza Pública; sentirse intimidado por los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional; expresarse de manera pacífica en las jornadas del paro nacional; o simplemente grabar los excesos que cometen los uniformados, se han convertido en razones suficientes para que cientos de jóvenes sean detenidos, torturados, sindicados y procesados de manera irregular.

Las historias de vulneración de derechos se repiten en aquellas ciudades donde las expresiones callejeras de inconformidad con el actual gobierno nacional trascurren de manera pacífica y en las que acaban en batallas campales. A los 51 muertos que han dejado las protestas, atribuidos en su mayoría a agentes de la Policía Nacional, se suman por lo menos 900 detenidos y de acuerdo con datos unificados de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se tiene activada la búsqueda urgente de 134 personas, pero no tienen discriminada la cifra entre hombres y mujeres, y tampoco explican por qué.

Entre los casos conocidos de retenciones arbitrarias se destacan los de Daniel Alejandro Fraile y Juan David Rodríguez Monroy, quienes, por simple sospecha, fueron atacados por varios ciudadanos incitados por agentes de la Policía Nacional en la estación Ricaurte de Transmilenio, en Bogotá y luego capturados por los mismos uniformados.

También resaltan dos casos ocurridos en Medellín. En el primero, un joven fue detenido de manera arbitraria y no sólo fue sindicado de alterar el orden público durante las protestas, sino humillado y torturado por agentes de la Policía en la estación Candelaria, a donde fueron conducidos decenas de retenidos mientras se manifestaban.

En el otro caso, Dayro Hidalgo, conocido también como ‘Kabala’, reconocido líder social y gestor cultural de la Comuna 13 de la capital antioqueña, fue incluido en el cartel de los vándalos más buscados tan sólo porque participó en las marchas pacíficas acompañado de varios jóvenes.

En Popayán se registró el caso más trágico de las tres semanas de Paro Nacional. Una menor de 17 años fue conducida por cuatro agentes del ESMAD a la sede de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, y según la denuncia inicial de la joven, no sólo fue detenida de manera irregular, sino que fue agredida sexualmente. Una vez relató su caso en una de sus redes sociales, se quitó la vida.

Abogados defensores de derechos humanos, así como organizaciones internacionales, tienen encendidas las alertas ante el fuerte nivel de represión al que apela la Fuerza Pública para contener las manifestaciones en el país, no sólo contra aquellos que causan daños a la infraestructura pública y privada, sino contra quienes asisten a las jornadas pacíficas. Algunos especialistas consideran que se ha vulnerado el Estado Social de Derecho, sin haberse decretado causales de excepcionalidad, como la conmoción interior.  (Leer más en: En Cali está naufragando el Estado Social de Derecho)

¿Qué está pasando con las autoridades policiales, de investigación y judiciales? VerdadAbierta.com conversó con varios abogados que están al tanto de las detenciones y sus reflexiones evidencian que los organismos de seguridad del Estado se están extralimitando en sus actuaciones y están recurriendo a la captura y a la tortura con el objetivo de castigar a los manifestantes, lo que podría explicar por qué cientos de detenciones no son registradas. Y aquellas que llegan ante los estrados judiciales son presentadas bajo graves delitos, como el concierto para delinquir y el terrorismo.

Trasgresión a todo nivel

Uno de los patrones denunciados por los abogados defensores de derechos humanos es la incomunicación a la que someten a los detenidos, que se agrava con el robo de sus celulares por parte de los agentes de Policía. Los relatos, en ese sentido, coinciden en varios puntos: son subidos a camiones; les hacen largos recorridos y por varias horas; luego los bajan en estaciones de Policía, donde inician procesos de tortura; se les niega cualquier contacto con sus familias; las autoridades policiales niegan que los tienen retenidos; y no se llevan registros de esas capturas en ningún documento oficial.

Ese tipo de acciones, recurrentes durante las jornadas de paro que comenzaron el pasado 28 de abril en diversas ciudades del país, son consideradas violatorias de los derechos civiles que tiene cualquier ciudadano apresado por las autoridades. De hecho, el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) llama la atención sobre ese tipo de acciones, consideradas como el primer paso para generar una desaparición forzada.

En un documento fechado en 2009 y titulado “Las personas desaparecidas: guía para los parlamentarios”, ese organismo humanitario hace un amplio análisis sobre la desaparición forzada en casos de conflicto armado y violencia interna, y expone cómo podría evitarse.

De acuerdo con las recomendaciones del CICR, las detenciones arbitrarias, acompañadas de estrategias de incomunicación, están prohibidas internacionalmente: “El debido registro de los datos de las personas privadas de libertad —fecha y lugar del arresto, lugar de detención o de encarcelamiento, traslado, fallecimiento o inhumación— realizado en estricta conformidad con las disposiciones de la ley por las autoridades competentes o las personas habilitadas a tal efecto es la condición para garantizar la seguridad y la integridad física del grupo en situación de riesgo y, por ende, prevenir las desapariciones”.

En ese sentido, considera que, si “las personas privadas de libertad recibieran un trato conforme a esas normas, y si las organizaciones humanitarias estuvieran autorizadas a acceder a las personas particularmente vulnerables, habría menos desapariciones y las personas no desconocerían lo sucedido a sus familiares”.

Y agrega que “las autoridades competentes deberían notificar toda liberación al cónyuge, a un allegado o a cualquier otra persona designada a tal efecto. En toda circunstancia, las personas privadas de libertad deben ser autorizadas a informar a sus familiares de su captura o arresto, de su dirección y de su estado de salud”.

A juicio del CICR, “quienes infringen esas normas deben responder por sus actos” y, además, pide la adopción de “las medidas necesarias, incluidas las órdenes y las instrucciones, para que sea posible verificar de manera confiable la realidad de las liberaciones de las personas privadas de libertad”. (Descargar documento CICR)

El caso de los jóvenes Daniel Alejandro Fraile y Juan David Rodríguez Monroy es emblemático en ese sentido. De acuerdo con Sebastián Azuero, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien conoció del proceso, ambas detenciones fueron ocultadas por más de 24 horas.

De acuerdo con Azuero, una vez detenidos los dos jóvenes fueron llevados al Centro de Traslado por Protección (CTP), ubicado en la zona de Puente Aranda, en Bogotá: “Esa información llega al Puesto de Mando Unificado, que es el que mantiene con la Alcaldía, y se le solicita a la Comisión Colombiana Juristas que por favor acompañe a estos marchantes”.

Una vez conocido el caso, dos abogados de la CCJ se trasladaron al CTP de Puente Aranda y los funcionarios allí destacados les negaron el acceso a los jóvenes con el argumento de que no estaban detenidos en ese lugar. “Y nosotros: ‘¿cómo así que no están si desde la Alcaldía nos dicen que están acá?’ ‘No, acá no están’, respondieron. Eso fue como a las seis de a la tarde. Estuvimos hasta las nueve de la noche insistiendo que nos dejaran hablar con ellos”, recuerda Azuero.

Y finalmente, las autoridades del CTP admitieron que los dos jóvenes sí estaban allí detenidos, pero les notificaron que la atención, para los abogados, era de ocho de la mañana a cinco de la tarde, lo que se constituye en una violación de las garantías fundamentales de los detenidos, razón por la cual los dos abogados de la CCJ dejaron una constancia por escrito.

A la mañana siguiente, los abogados regresaron al CTP y, tampoco se los dejaron ver de inmediato. “Después de mucho insistir pudimos ver a los chicos”, dice Azuero. “24 horas sin comunicación con nadie y aparecieron golpeados y con serias muestras de tortura y maltrato. Es importante manifestar que a los chicos les robaron el celular y el dinero que tenían. Al día de hoy no les han devuelto sus pertenencias”.

Los dos jóvenes fueron presentados ante un juzgado de control de garantías para legalizar la captura, pero el juez decretó que la medida había sido ilegal por cuanto no se les había cumplido con la satisfacción de derechos fundamentales, entre esos el de tener derecho y acceso a un abogado.

La Policía pretendía, además, que se les judicializara a los dos jóvenes por tener en su poder al momento de la captura, supuestamente, elementos incendiarios de fabricación cacera, conocidos como ‘bombas molotov’. No obstante, las pruebas fueron destruidas por las autoridades y no se las dejaron ver a los abogados defensores, lo que impidió que fueran controvertidas, y se redujera a un simple informe realizado por los uniformados, “lo cual contradice ampliamente los principios del derecho penal y las garantías fundamentales”, dice Azuero.

Las humillaciones también hacen parte del repertorio de los agentes de la Policía Nacional contra los manifestantes detenidos. El caso de un joven capturado durante la primera jornada de protesta el pasado 28 de abril es emblemático en ese sentido.

“El trato que recibimos fue inhumano”, cuenta Sebastián*, quien fue detenido de manera arbitraria en la tarde de aquel día. Luego de la presentación ante un juez de control de garantías y de dictarle medida de aseguramiento a él y a otros tres manifestantes, fueron conducidos a la estación de Policía de La Candelaria: “Allí fue donde padecimos el abuso policial. Nos ordenaron desnudarnos y ponernos a hacer sentadillas en toda la entrada de La Candelaria”.

Generar terror

El abogado Alberto Yepes, integrante de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), explica que los cientos de casos en los que los manifestantes fueron capturados e incomunicados, y luego liberados, pueden tratarse como desapariciones forzadas transitorias, lo que explicaría la gran cantidad de alertas de las organizaciones de derechos humanos sobre el destino de los detenidos.

En su momento, esa Mesa registró 578 casos de personas reportadas como desaparecidas. Los datos le fueron presentados a la Fiscalía y según sus pesquisas ya habían aparecido, en ese momento, 227 personas, que habían sido detenidas y luego liberadas. Pero Yepes insiste en que “el hecho de que hubieran estado detenidas sin haber dado información no quiere decir que no se hubiera consumado una desaparición forzada, así fuera de carácter transitorio”.

A juicio de este defensor de derechos humanos, las desapariciones forzadas transitorias tienen una finalidad: “Crear terror en las propias víctimas”. Y se refuerza con los tratos crueles e inhumanos que reciben en los sitios de reclusión, además de la incomunicación a la que son sometidos. Justamente lo que denuncian decenas de capturados es el robo de celulares por parte de los agentes de la Policía.

“Lo que pretenden es que no puedan comunicarse con sus familiares, con sus seres queridos, con sus conocidos. Yo creo que es una forma de disuasión selectiva con las personas que creen que son más activas de la protesta y también de generarle lazos de terror entre sus familiares”, afirma Yepes.

Un aspecto a tener en cuenta es que el celular de cada persona hace parte de su esfera privada y las normas en Colombia indican que se requiere una orden judicial para inspeccionar un aparato de esos, además de hacer parte de una investigación penal. Si los agentes del orden no sólo están hurtando los móviles de los detenidos, sino que revisan los datos que contiene estarían violando un derecho fundamental de la ciudadanía.

Pero la incomunicación va más allá de arrebatarles sus celulares e impedir que los detenidos llamen a sus familiares. La obstrucción al acompañamiento jurídico de los manifestantes detenidos es una violación flagrante a sus derechos. “A los abogados que llegan a defender esas personas les ha negado la información hasta por cuatro, seis, ocho horas; se les ha negado, a pesar de que exhiben poderes de las madres, de los padres, de las personas que van a representar. Eso en un Estado Social de Derecho es una cosa inaudita, elimina el derecho de defensa. Eso sólo sucede en las dictaduras”, apunta Yepes.

Para este activista y abogado, la gran ausente en estas manifestaciones como garante del cumplimiento de los derechos de los manifestantes es la Defensoría del Pueblo. En años anteriores, recuerda Yepes, esta agencia del Ministerio Público acompañaba a las comisiones de verificación de distintas organizaciones defensoras de derechos humanos e intermediaba acciones con la Fuerza Pública.

En las manifestaciones iniciadas el pasado 28 de abril, dice el abogado de la CCEEUU, “la Defensoría decidió no acompañar la protesta social, a pesar de que vive sacando parte de que lleva cinco mil y pico de acciones de acompañamiento en terreno ¡eso no se lo cree nadie!”.

Yepes reitera que la agencia del Ministerio Público abandonó sus funciones, como, por ejemplo, la descentralización de información. Y expone que entre el pasado 28 de abril y por lo menos hasta el 2 mayo, los teléfonos estuvieron apagados: “Ese era un medio que tenían las personas para informarse de los familiares, de llamar a preguntar dónde está su ser querido, pero durante esos cinco días, la Defensoría no fue canal de comunicación”.

Y no duda en responsabilizar a la Defensoría del incremento de las denuncias de personas desaparecidas porque, a su juicio, está haciendo una mala lectura de lo que ha pasado con las personas reportadas como desaparecidas, “pues están pensando que el desaparecido es aquella persona que cogieron, se la llevaron y las enterraron en algún lado”, dice Yepes.

“¡No! – agrega – la desaparición forzada es, básicamente, una detención de una persona por cualquier medio, seguido de la ocultación de su paradero, de la negativa a entregar información sobre la misma y eso es lo que ha venía ocurriendo”.

Fiscalía radicaliza su postura

Este portal accedió a una copia digital del Memorando N. 0081, remitido el pasado 5 de mayo por Jhon Freddy Encinales Lota, director seccional de Fiscalías de Cali a todos los servidores bajo su cargo, mediante el cual expone unas “recomendaciones vinculantes para el abordaje de casos de terrorismo”.

El documento expone diversos criterios normativos que se deben considerar en el desarrollo de la acción ligada a la protesta social, ente los que se destacan la Ley 599 de 2000 y diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia al respecto. Asimismo, planteó varios criterios para aplicar el delito de concierto para delinquir. (Descargar Memorando)

Ese memorando es cuestionado por defensores de derechos humanos por cuanto criminaliza la protesta social de manera radical. Además, algunos de ellos lo contraponen a la actitud de la Fiscalía de minimizar el número de muertos durante las protestas, en su mayoría atribuidos a los agentes de la Policía Nacional, y de desligarlos de las manifestaciones, así como de evitar la judicialización de los civiles que hirieron con armas de fuego de corto y largo alcance a doce indígenas del pueblo Nasa durante una refriega en el sur de Cali el pasado 9 de mayo.

Otra de las actuaciones cuestionables de la Fiscalía es la manera cómo ha abordado las denuncias sobre personas declaradas como desaparecidas y la explicación que ha dado: se inhibe de iniciar investigaciones con el argumento de que no ha recibido denuncias. A juicio de Yepes, ese delito se tiene que investigar de oficio, “basta con que tenga una noticia criminal que fue lo que le pusimos con 472 noticias para que inicie investigaciones”.

“¿Usted cree que la Fiscalía investigó al menos uno de esos casos? ¿Al menos preguntó en qué momento fue capturada esta persona y en qué momento se registró su ingreso a la estación de Policía y en qué momento se le permitió informar a su familia?”, se pregunta Yepes e insiste: “Si hiciéramos un estudio de esos 227 casos del momento de la captura, al momento en que se permite a informar a la familia, nos vamos a encontrar con que son unos lapsos de tiempo gigantescos”.

El abogado Óscar Ramírez, abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) e integrante de la campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, coincide con Yepes en sus preocupaciones por las desapariciones forzadas temporales: “Si no se le pone atención puede que se profundicen, no en una desaparición forzada de carácter temporal, sino que pueda llegar a encubrir otro tipo de violaciones de derechos humanos como una ejecución, una tortura o simplemente querer desaparecer a los opositores políticos”.

Además, plantea que si no se toman con seriedad esos casos, o se desestiman, se estará enviando un mensaje positivo para aquellos responsables de las desapariciones temporales, pues ante la falta de cuestionamientos seguirán perpetrándolas. “Si no hay sanción para los policías que lo hicieron, será un estímulo a que continúen con esta práctica y esta práctica puede escalarse, puede llegar realmente a desapariciones prolongadas en el tiempo y, además de eso, la desaparición física de las personas y de los movimientos sociales”.

“Inflar los delitos”

Ramírez coincide con sus colegas en que las detenciones, las golpizas y la incomunicación están siendo aplicadas para tratar de frenar las protestas sociales en el país. Su argumento es que los agentes de Policía están considerando que participar en una movilización es una actividad peligrosa y por ello acuden a la figura del traslado por protección a centros de detención. El Código de Policía es claro al indicar que ese tipo de traslados responde a comportamientos agresivos de los ciudadanos, a estados de exaltación o a riñas callejeras.

“Pero estar en una movilización, en una protesta, no puede ser interpretado como eso. Estar en una protesta es un ejercicio de derechos”, reitera Ramírez. “Eso es un abuso. A los manifestantes se les detiene no con fines de protección, sino con el fin de castigar, de decirle ‘usted por qué estaba en una protesta’ y los golpean, los pasean en una patrulla y los recluyen durante 12 horas en un sitio improvisado donde las condiciones de detención son precarias; además, se le impone un comparendo. Todo eso desestimula la participación en las protestas”.

Sobre los lugares de reclusión, el abogado de la CSPP explica que a los detenidos durante las jornadas de protesta se les está conduciendo en vehículos no adecuados para ese tipo de circunstancias a instalaciones que no son las más óptimas, con lo cual también se están vulnerando derechos.

“Los llevan a sitios donde los encierran en áreas sin luz, sin ventilación, con filtraciones de agua, ambientes insalubres, lo que termina siendo un riesgo por la expansión del COVID-19. Además, si una persona es golpeada y se encuentra herida, no se le debe dejar en ninguno de estos lugares, se le debe llevar a un centro médico para que sea atendida”.

Otro de los fenómenos que ha observado Ramírez en relación con las detenciones y judicializaciones en las jornadas de paro es la manera cómo se construye el caso para ser presentado ante los jueces de control de garantías. A los capturados se les imputan delitos de carácter general, con hechos genéricos, sin que se vincule al procesado con un caso específico.

“No se dice ‘a la persona la vimos con una piedra, en este vídeo, en esta cámara o tal persona’. Y se utilizan bastante los testimonios amañados de los mismos integrantes de la Fuerza Pública”, asevera el abogado y agrega que los patrulleros tampoco precisan donde ocurrieron los hechos delictivos y en qué momento: “De allí que muchas de esas capturas se hayan declarado ilegales”.

También se ha observado durante los 20 días de paro que algunos detenidos que son judicializados llegan bajo presión, declarándose culpable de delitos que no cometió y haciendo preacuerdos bajo presión, mientras están incomunicados, sin asistencia jurídica técnica y sin que funcione de manera eficiente la defensa pública provista por la Defensoría del Pueblo.

“A la persona que ha sido detenida arbitrariamente, le están imputando una serie de delitos por unos hechos genéricos que tal vez no cometió, lo que claramente menoscaba sus garantías procesales”, afirma Ramírez.

Parece que es tanta la coacción de la Policía, que los procesados, quienes llegan ante el juez luego de haber sido sometidos a torturas físicas y sicológicas, niegan estos hechos y se los atribuyen a hechos ocurridos durante las marchas. “Y claro, Medicina Legal avala, el juez avala y no pasa nada, las capturas legales, y quién sabe si han llegado a acuerdos producto de ese tipo de tortura”.

Con respecto a los delitos que se están imputando también son cuestionados por el abogado de la CSPP. Los fiscales están recurriendo al concierto para delinquir y al terrorismo para sindicar a los manifestantes que son llevados hasta los jueces de control de garantías para legalizar las capturas. “Aquí existe un gran problema y es que se están inflando los tipos penales”, dice.

A juicio de este profesional del Derecho, la participación en una movilización social está siendo equiparada con el delito de concierto para delinquir, lo que a todas luces es una arbitrariedad y, a juicio de Ramírez, es la vía para criminalizar la protesta social.

Y la situación se agrava cuando a los detenidos se les imputa el delito de terrorismo, un tipo penal bastante subjetivo según el abogado de la CSPP porque es bien amplio en sus conceptos. “Es un tipo penal peligroso porque va iluminando un criterio ultra subjetivo”, alega.

La acción penal también se esgrime como mecanismo de intimidación contra los abogados defensores de derechos humanos. De acuerdo con Ramírez, se les amenaza con la detención por obstruir a la justicia “porque estamos documentando quién está detenido, cómo lo están llevando, cuáles son sus condiciones; porque le decimos a la Fuerza Pública que no puede cometer excesos, porque los estamos grabando”.

A juicio de este abogado de la CSPP, “hay todo un marco legal destinado a criminalizar la protesta, pero también unos discursos que lo legitiman y unas prácticas claramente institucionalizadas para ello”.

* Nombre cambiado por petición de la fuente.

* Foto de apertura: Carlos Mayorga.

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El colorido, el sabor, la alegría y el orgullo que emanaban de las masivas y pacíficas movilizaciones que se dieron en todos los puntos cardinales de La Sultana del Valle, son un viejo recuerdo. La energía que irradiaron los caleños entre el 28 y el 30 de abril, contagió a los ciudadanos de otras ciudades de Colombia para seguir protestando en contra de la reforma tributaria y que esa lucha no muriera con el primer y único día de movilizaciones, como era la costumbre nacional.

Sin embargo, hoy Cali amanece con otro semblante. En sus calles se está lanzando el mayor despliegue posible de la Fuerza Pública; doce indígenas resultaron heridos el día anterior por disparos de civiles; los víveres y el combustible escasean; y hay quienes se aprovechan de la situación para vender alimentos cinco veces más caros.

El drama para la ciudadanía se agrava cuando para tanquear un vehículo con tan sólo 40 mil pesos hay que hacer filas de más de seis horas; además, buena parte de su infraestructura de transporte está destruida; grandes pilas de basura se alzan sobre algunos de sus andenes; sus principales calles cuentan con bloqueos; cirugías y citas médicas fueron suspendidas hasta nuevo aviso; en diferentes puntos cualquier abusivo cobra peaje por transitar; y diferentes focos de protesta resisten la agresión policial.

Por ese cúmulo de razones y de fatiga, muchos de sus habitantes se encuentran sumidos en el miedo, la indignación y la rabia, cosechados a lo largo de 12 días de Paro Nacional Indefinido.

¿Cómo se llegó a esa situación? En gran medida, la respuesta se encuentra en la ausencia de liderazgo y de respaldo de las autoridades democráticas a las movilizaciones ciudadanas y a las personas que no hacen parte de ellas. Desde el primer día, producto del vandalismo de quienes buscaron sacar provecho de las movilizaciones y con el objetivo de disipar los focos de protesta social, se permitió el abuso de uniformados de la Policía Nacional y de su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Su reacción fue desproporcionada y algunos llegaron a disparar sus armas de dotación y otras de supuesta baja letalidad, que terminaron causando muertes y graves heridas en jóvenes de los sectores más deprimidos de Cali. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)

En los primeros días de represión y a pesar de las víctimas mortales, el silencio del alcalde, Jorge Iván Ospina, fue sepulcral, por no decir cómplice. A muchos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos les llamó la atención esa postura, pues él, habituado a hablar constantemente de cualquier tema y a figurar en redes sociales, desapareció durante los tres primeros días de represión social y actos vandálicos en las calles. Tan sólo reapareció hacia las nueve de la noche del 30 de abril, en un breve video de once segundos, para pedirle al presidente Duque que retirara la reforma tributaria, para “que no nos provoque más muertes”.

¿En dónde quedó el Ospina que el año pasado, cuando inició con el confinamiento por la llegada del Covid-19 a la capital de Valle del Cauca, encabezaba las caravanas de la Policía para clausurar fiestas en los barrios populares y orgías sexuales? ¿Qué pasó con el Alcalde que, con pose de sheriff, ingresaba a unidades residenciales y ordenaba la detención de personas contagiadas que no cumplían con el debido aislamiento? ¿Por qué en la situación que ha vivido la ciudad en las últimas semanas no tuvo voz fuerte para proteger a los jóvenes, impedir que los mataran en las calles y los desaparecieran?

A medida que se iban conociendo videos y transmisiones en vivo de cómo integrantes de la Policía arremetían contra ciudadanos que se concentraban sin hacer daños, las preguntas recurrentes se mantenían en el aire: ¿Quién dio la orden de disparar y qué estaban haciendo las ramas del Ejecutivo y los entes de control? ¿Acaso el alcalde Jorge Iván Ospina y la gobernadora Clara Luz Roldán perdieron la autoridad sobre la Fuerza Pública? Si nadie ordenó disparar, ¿por qué esos niveles de irracionalidad? (Leer más en: Brutalidad policial pone en riesgo cooperación internacional en temas de seguridad)

Producto de ese accionar de “rueda suelta”, gran parte de los colombianos perdieron el sueño al ver cómo, en horas de la noche, menores de edad sufrieron golpizas y disparos; cómo un pariente del Alcalde de Cali perdió la vida mientras se encontraba en una velatón porque un proyectil del Esmad le impactó en el cráneo; cómo agentes del orden entraron abriendo fuego en la deprimida ladera de Siloé, recreando un escenario de guerra; cómo desde vehículos de alta gama, desconocidos disparaban impunemente a jóvenes y una misión médica en el céntrico sector de La Luna; cómo policías vestidos de civil dispararon contra una concentración en el oeste y que fue “salvada” por militares que casualmente patrullaban la zona; entre otros hechos cuestionables que causaron repudio y dolor.

Y producto de ese vacío institucional, porque a la inacción de la administración municipal se suman la ausencia del resto de instituciones del Estado, que terminaron cediéndole su batuta a la Fuerza Pública y al caos en las calles, Cali es la ciudad con el saldo más sangriento en lo que va de protestas: según registros de las organizaciones Temblores e Indepaz, concentra 23 de las 47 muertes ocurridas entre el 28 de abril y el 9 de mayo.

Esa falta de liderazgo también tuvo consecuencias para la ciudad en otros ámbitos poco conocidos por la opinión pública nacional. Mientras la represión y las muertes copaban la atención de la prensa, la ciudad cayó en el desgobierno y quedó a merced del más fuerte o del grupo más numeroso.

De ese modo, además de los constantes bloqueos que manifestantes instalaron en por lo menos ocho arterias viales y puntos clave, condicionando o negando la movilidad a los habitantes de algunos barrios de la tercera ciudad más grande de Colombia, pulularon “peajes” que delincuentes usan para lucrarse controlando el paso de cualquier tipo de vehículos.

Se encuentran en barrios populares y residenciales. VerdadAbierta.com conoció dos casos puntuales. El primero es el de Pedro*, un hombre que no pudo volver a rebuscarse el diario, porque en su barrio, ubicado en el Distrito de Aguablanca, en el oriente de la ciudad, le exigen 30 mil pesos para salir y otros 30 mil para ingresar de nuevo; además, producto de los bloqueos en las vías departamentales, los precios de los alimentos han tenido un aumento inusitado: una pechuga de pollo es vendida en 20 mil pesos y un panal de huevo en 18 mil.

El segundo caso es el de Sandra*, quien el pasado lunes, cuando salió con su madre del procedimiento de diálisis que le deben realizar frecuentemente, no pudo regresar a su hogar porque en horas de la tarde y hasta la madrugada, algunos supuestos manifestantes bloquearon los diferentes pasos de las carreras que atraviesan las calles secundarias ubicadas en el suroriente. Ambas tuvieron que quedarse en la casa de unos amigos y pasaron la noche en vela porque la madre no tenía las medicinas que debe tomar para sus múltiples enfermedades de base. Si hubiera tenido una complicación, probablemente no habría podido ser atendida en un centro médico.

Como esos casos, miles de caleños han padecido “la resistencia y el aguante” de algunos manifestantes que se imponen sobre terceros, afectando sus derechos a la movilidad, al trabajo y a la salud; y otros han tenido que pagar cuotas para que los dejen pasar y nos les apedreen sus vehículos. Esa situación los ha llevado a declararse como “secuestrados” y el pasado sábado marcharon en el sur y el oeste de la ciudad.

Los más afectados por esos bloqueos son habitantes de los estratos más altos de la ciudad y esa situación, ante la falta de autoridad, porque en más de diez días no ha sido resuelta por la Alcaldía ni por la Policía, ha llevado a que la crispación aumente.

De hecho, en la Carrera 100 con Calle Pasoancho, residentes del barrio Ciudad Jardín han tenido varios altercados con estudiantes de la Universidad del Valle, quienes mantienen un plantón permanente en esa intersección vial. El sábado fueron agredidos por alguien que conducía una camioneta blanca.

En medio de ese ambiente ocurrió a plena de luz del día, en uno de los sectores más ‘exclusivos’ de la ciudad, el ataque contra cientos de indígenas que venían a reforzar a la Minga que desde hace más de una semana se encuentra en el campus principal de la Universidad del Valle.

Ciudadanos del sector decidieron repartir la misma medicina que les han suministrado desde que el paro tomó carácter de indefinido: optaron por bloquear el paso en las vías provenientes de Jamundí y no permitir el ingreso de los mingueros ni de las chivas con víveres.

A partir de allí los hechos se han conocido por medio de videos compartidos en redes sociales. En ellos se aprecia cómo algunas personas vestidas de civil y en carros de alta gama dispararon contra los indígenas provenientes del vecino departamento de Cauca, bajo la aparente protección de algunos policías que no los persiguen. Así como los vídeos son numerosos, los interrogantes a su alrededor también lo son: ¿los pistoleros eran ciudadanos? ¿Se trató de otro caso de uniformados vestidos de civil? ¿Se dio una alianza entre particulares y uniformados? ¿Hay infiltrados que buscaban desacreditar a la Minga Indígena (también circuló un video de alguien vistiendo prendas de su Guardia amenazando con un inminente paro armado en la ciudad)?

En la red circulan videos que, dependiendo de los intereses de cada quien, y de los ánimos tan caldeados que hay en la ciudad, son usados para respaldar o atacar a cualquiera de las partes. En algunos se ven a indígenas o a personas que visten sus prendas destruir carros e ingresar a un condominio por la fuerza, en otros se ve cómo desde los carros de alta gama disparan sin pudor a los indígenas y en otro cómo, supuestamente, algunos pistoleros ingresan a una camioneta de la Policía y emprenden la huida bajo su custodia.

Esa situación, como si se tratara de una película contemporánea del lejano oeste, en donde salían disparos de cualquier parte, había gente corriendo por doquier y reinaba el caos, encontró su germen en el silencio y abandono institucional a lo largo de más de una semana.

Previo a esos hechos, el alcalde Ospina le pidió a la Guardia Indígena respeto por las normas de la ciudad y declaró que no le parecía bien que “esté parando carros, adelantando pesquisas de los mismos, porque molesta a los ciudadanos, muchos de ellos se indignan ante esta situación”. ¿Cómo es posible que el mandatario permitiera que el descontrol del orden público y la circulación por las vías de Cali llegara a esos niveles? ¿Por qué si la ciudad fue reforzada con cientos de policías y militares, la Guardia Indígena hizo labores de control territorial y tuvo que perseguir a los pistoleros que atacaban a manifestantes en La Luna, capturando a uno de ellos?

Lo que han padecido los caleños a lo largo de los últimos días se puede interpretar como el naufragio de la institucionalidad, del Estado Social de Derecho, en donde se está imponiendo el uso de la fuerza, legal o ilegal, al orden constitucional. Otro hecho que refuerza ese planteamiento es que, ante la gravedad de los hechos ocurridos ayer, el presidente Duque decidió no asistir a la ciudad para conjurar la peor crisis que padece la capital de Valle del Cauca en su historia y ordenó recuperar las calles por medio de los militares. De nuevo, la autoridad civil, le cede la batuta a las fuerzas del orden.

¿En dónde han estado la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería Municipal, el Tránsito Municipal, el Concejo Municipal y la bancada de congresistas del departamento mientras Cali se incendia? ¿Por qué el Presidente no se ha reunido con los manifestantes para escuchar sus necesidades y sí con representantes de las altas esferas del poder? ¿En dónde está el Estado Social de Derecho?

Análisis crítico

En las últimas dos semanas la violencia desmedida con la que miembros de la Fuerza Pública y, en el caso de Cali civiles armados actuando de manera coordinada con la Policía, han respondido a las jornadas de protesta, desmanes y actos vandálicos, prendió las alarmas. El desconocimiento de los derechos civiles durante las manifestaciones callejeras, que ya suman doce días, va en contravía del Estado Social de Derecho, que parece suspendido de facto para justificar el empleo de la fuerza coercitiva a toda costa.

Sin embargo, el Estado Social de Derecho aún sigue vigente en el país y por eso todas las violaciones a los derechos humanos, de las que el mundo ha sido testigo a través de los centenares de videos que circulan en las redes, ocurren bajo la complacencia de las autoridades y lo peor es que aún se desconoce la magnitud de las afectaciones.

Ese panorama preocupa a defensores de derechos humanos en el país. Para Diana Sánchez Lara, directora de la Asociación Minga, desde la instalación de este sistema de Estado, que viene de la Constitución de 1991, los distintos gobiernos lo han desconocido en la práctica.

Y durante la presidencia de Iván Duque, quien se posesionó el 7 de agosto de 2018, se registra uno de los mayores deterioros de la vigencia del Estado Social de Derecho, que, de entrada, está marcado por el incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc, el 24 de noviembre de 2016, por las garantías a la vida digna que prometía para un amplio sector de la sociedad víctima del conflicto armado.

“Decir que este Estado respeta el Estado Social de Derecho es absurdo —expresa Sánchez—. No lo hace. Todo lo que está haciendo la Fuerza Pública es ilegal: el uso desproporcionado de la fuerza, pero además todas esas herramientas o mecanismo sucios que usa la Policía, por ejemplo, eso de andar con personas vestidas de civil, señalando a los manifestantes, agrediendo a los manifestantes, generando caos (…). Una excusa para intervenir a los manifestantes”.

Según el abogado constitucional, Manuel Fernando Quinche, han surgido dos “competidores” al sistema de Estado. El gobierno, a través del poder Ejecutivo, viene implantando, dentro del Estado Social de Derecho, un estado corporativo y plutocrático. Esto quiere decir que, de un lado, pretende legislar para corporaciones (inversionistas, empresas, gremios económicos) y, de otro lado, emplea una tendencia a burocratizar el funcionamiento del Estado.

Quinche considera que lo que hoy se vive en las protestas debe interpretarse desde una “situación de excepcionalidad”, como categoría política y jurídica. Desde allí, Colombia sigue bajo un sistema de Estado Social de Derecho, pero operando como lo hacen un régimen de excepcionalidad, el cual asumió el Ejecutivo desde marzo del año pasado para enfrentar la emergencia sanitaria generada por la expansión del virus COVID-19.

El presidente Duque optó por la implementación de una serie de restricciones que bajan la calidad de las garantías de los derechos para la población y las funciones de la institucionalidad, y el trabajo de los entes de control se ejercen débilmente, situación que, a la larga, contribuye a su desinstitucionalización.

“En lugar del gobierno recurrir a la emergencia económica —dice Sánchez— y echando mano de todo ese artículo que habla del enfoque de derechos humanos en el Estados Social de Derecho para la mayoría del país, pues se dedica a legislar, sacar decretos para apoyar a las grandes empresas, gremios económicos, al sector financiero, en contravía de la necesidad de los sectores populares, la clase media y la juventud que está movilizada en este momento”.

Rocío Quintero, abogada de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), observa que el país, más que tener una justificación normativa que permita la violencia de la Fuerza Pública, está frente a un mal uso del sistema constitucional que, durante las protestas sociales, recae sobre los derechos humanos. Al igual que Quinche, para Quintero las normas vigentes son aceptables, pero repetitivamente incumplidas.

“Todo lo que está pasando con los abusos policiales, las muertes, muchas de las cuales posiblemente van a contar como homicidios (…), es un desconocimiento de las normas imperantes. Es un desconocimiento del deber que tiene Policía, incluso los militares, de hacer un uso proporcionado de la fuerza y solamente en situaciones excepcionales”, sostiene Quintero.

El desconocimiento debe entenderse, señala la abogada, desde las precarias capacitaciones en materia de derechos humanos que reciben los miembros de la Fuerza Pública que los hacen ver como teorías aisladas a la práctica de la protesta social.

Por eso insiste que si bien puede haber casos que se puedan solucionar con capacitaciones y controles efectivos del actuar de los miembros de la Fuerza Pública, al final debe optarse por cambios estructurales, lo que durante años se ha planteado como una reforma a la Policía y que adquirió relevancia en la agenda pública luego del asesinato de Dilan Cruz, ocurrido el 25 de noviembre de 2019 en Bogotá por un disparo de un agente del Esmad.

“Creo que es un argumento muy válido porque si bien se supone que la Policía es un cuerpo civil, el conflicto colombiano ha hecho que, en últimas, tengan un rol distinto, tenga una mentalidad distinta y, un poco, deformen su misión”, plantea la abogada Quintero.

Respuesta coercitiva

En el marco jurídico, lo que viene atravesando el país, se enmarca en el capítulo seis de la Constitución Política, titulado “De los Estados de Excepción”. A raíz de la crisis sanitaria generada por la pandemia ya se venía implementando la figura de emergencia económica y social.

“Una segunda forma de la excepcionalidad es la que se declaró a propósito de cuando comenzaron las marchas y los paros. El Presidente, haciendo uso del artículo 170 del Código Nacional de Policía, declaró la asistencia militar. Una norma que nadie había visto y estaba vigente”, precisa Quinche.

La aplicación de esa norma, ordenada por el presidente Duque en la noche del pasado 1 de mayo para contrarrestar las expresiones violentas de la protesta social, llevó a que se desplegaran centenares de efectivos de las Fuerzas Militares en las ciudades; permitió  que un helicóptero militar aterrizara en un colegio en el sur de Bogotá sin el conocimiento de las autoridades educativas; y se instalara en Cali el puesto de comando unificado del Comando de las Fuerzas Militares, bajo el mando del general Eduardo Zapateiro. Este tipo de acciones tomadas desde el Ejecutivo se justificaron en la necesidad de restablecer el orden público por los “hechos graves de alteración y convivencia” de las manifestaciones.

La decisión tardía del presidente Duque de retirar del Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria, tomada cinco días después de iniciado el paro nacional, y convocar a un espacio de concertación, fueron tomadas sobre la base de que la militarización de las calles resolvería el agitado contexto social, medida que preocupa a los defensores de derechos humanos por cuanto manda un mensaje equivocado al asociar a los manifestantes como “enemigos internos”.

La abogada Quintero deja claro que en el marco de las protestas sociales no se podía ordenar la militarización de las ciudades, pues es una medida reservada para casos excepcionales de situaciones de violencia extrema.

“¿Por qué no debía intervenir? —interpela Quintero—, porque la función de las Fuerzas Militares no es conjurar ese tipo de situaciones, sino luchar contra el enemigo y no se puede afrontar a la población civil como el enemigo y, además, no están capacitados para hacerlo, eso, sin lugar a dudas, contribuye como al escalamiento de la violencia”.

Lo alarmante es que con estas acciones excepcionales se abra la puerta para normalizar la decisión de uso de la fuerza, como se planteó durante el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) en el que se tuvo la intención de formalizar el estatuto antiterrorista, afectando el derecho a la intimidad, las comunicaciones y las libertades personales.

“Cuando vino el terremoto de Armenia (25 de enero de 1999), se creó el dos por mil y era transitorio; luego se extendió a tres por mil con carácter transitorio y se volvió permanente. La sobretasa a la gasolina nació como un impuesto transitorio, luego lo extendieron y se volvió permanente. Aquí existe la tendencia hacer de algunas medidas excepcionales y transitorias, permanentes. Y esos son los modos de la excepcionalidad: medidas transitorias para que luego les parezca a las personas de lo más normal”, detalla Quintero.

Violencia descontrolada

El gobierno nacional ha recibido fuertes críticas tanto nacional como internacionalmente por la respuesta que le ha dado a quienes participan del paro nacional. Una de las salidas más cuestionadas fue la de Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos. La funcionaria señaló, en pocas palabras, que los derechos humanos deben serle reconocidos a quienes actúen respetando las normas, desconociendo la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

“Los derechos humanos en el carácter de universalidad están hechos para todas las personas. Sean aquellas que cumplen bien sus deberes y los que no los cumplen también (…). Eso fue otra manifestación desafortunada que lo que sí muestra es una profunda ignorancia de la persona encargada de los derechos humanos, hasta tal punto que no sabe qué es un derecho humano, cuáles son sus características, quiénes son sus titulares y cómo es que operan. Muchísimo menos ahora acerca de su contenido”, evalúa Quinche.

Para la abogada Quintero todo esto refleja la poca prioridad que se le ha dado a la agenda de derechos humanos desde el gobierno nacional y que, en últimas, se evidencia en las acciones para garantizar los derechos de las víctimas y la implementación del Acuerdo de Paz. “Esto se ha traducido en un deterioro en muchos aspectos sociales y de seguridad en diferentes zonas del país”, dice; y advierte que si no hay controles para que se respeten los derechos humanos en la protesta, “en últimas es un incentivo para que las conductas se sigan cometiendo”.

Ese crítico panorama de desconocimiento expresado desde el alto gobierno angustia a defensores de derechos humanos y víctimas de diferentes violencias en el marco del conflicto, pues advierten que desde los primeros momentos se han presentado prácticas violatorias en cuanto a las redadas y detenciones que ha venido haciendo el Esmad.

“Hay mucha normativa en el país que obliga (a los miembros de la Fuerza Pública) a registrar esas capturas; que las personas tengan acceso a sus abogados, a sus familiares, para que puedan contar qué está pasando y yo lo que veo es un desconocimiento de las normas establecidas. Es bastante grave que no tengamos cifras claras y es bastante grave que el papel de la Defensoría y Procuraduría haya sido un poco lento en su reacción”, plantea Quintero.

En diferentes momentos del conflicto interno, esas irregularidades en las detenciones derivaron en una de las caras más condenables de las lógicas del conflicto: la desaparición forzada. A las ya impactantes cifras de homicidios y miles de amenazas y agresiones durante las jornadas de protesta resalta que, hasta el pasado 7 de mayo, la Defensoría del Pueblo elevó a 548 la cifra de desaparecidos.

“La desaparición forzada es una práctica desafortunada que ha tenido lugar en Colombia y América Latina cuando hay regímenes autoritarios”, reconoce al respecto Quinche. “La situación de conflicto en Colombia muestra que, desafortunadamente, se trataba de una actividad recurrente. Entonces, si ahora hay indicadores, noticias, acerca de que están sucediendo desapariciones forzadas, yo simplemente diría que constituye una desafortunada reactivación, si es que está sucediendo, de algo que se había morigerado, aplanado o cuando menos, detenido en los últimos años”.

Sumado a la óptica parcial de los derechos humanos y el escalamiento de la violencia por parte de los organismos de seguridad del Estado, también se han escuchado fuertes críticas contra la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación que, por mandato constitucional, deberían revisar las decisiones del Ejecutivo y el accionar de la Fuerza Pública. Tanto Quintero como Quinche concuerdan en que la ciudadanía percibe que esos órganos de control no están ejerciendo su labor misional.

“La gente tiene la sensación de que, en algunas situaciones del pasado, esos mismos órganos de control funcionaban un poco mejor y, de alguna manera, atendían los reclamos públicos”, ilustra Quinche, pero la situación ha cambiado durante el gobierno del presidente Duque, lo que llevó a que organizaciones no gubernamentales nacionales e internaciones y a la sociedad civil a realizar algunas de las tareas encomendadas a las entidades de control.

A la cabeza de los dos organismos de control están funcionarios cercanos a la Casa de Nariño, lo que evidencia su falta de independencia, aspecto que, en el caso de la Defensoría del Pueblo, se ha cuestionado a mayor escala porque se ha permitido que el Ejército Nacional instale una oficina en su sede principal y se articuló a la Fiscalía para unificar las cifras de agresiones registradas durante el paro nacional.

Si bien es ideal el trabajo armónico entre instituciones, defensores de derechos y expertos consultados por este portal critican esa articulación, pues a su juicio compromete la independencia de la Defensoría de cara a las comunidades que atiende, buena parte de ellas afectadas por acciones de la Fuerza Pública. (Leer más en: Con ‘mordaza’ a la Defensoría, gobierno nacional asesta golpe al Acuerdo de Paz)

Esta situación preocupa a la abogada Quintero, quien, en el pasado, trabajó para el ente investigador: “Una cosa son las cifras que puedan tener la Fiscalía por el delito de desaparición forzada, mientras el Ministerio Público tiene información que puede recibir la Defensoría sobre personas de las que se desconozca su paradero. Además, en muchos casos, la gente no pone en conocimiento de la Fiscalía un hecho porque tiene miedo, pero la figura de la Defensoría sí permitía que se acercara e hiciera acompañamiento”, sostuvo y redundó en que son situaciones que desgastan al sistema de Estado.

¿En el umbral de la “conmoción interior”?

En los últimos días el presidente Iván Duque no descartó establecer el Estado de conmoción interior, legítimo dentro de lo establecido en la Constitución y el Estado Social de Derecho. “Es una posibilidad que, normativamente, tiene el Presidente, pero yo no vería la necesidad de plantearla ni de expedirla, me parece que con la situación actual ya hay bastantes elementos de esos que están operando sin que haya sido declarada”, arguyó Quinche.

Sin embargo, Quintero considera que esa decisión traería consigo un gran peso político: “Si lo hace, sería extremadamente problemático por el mensaje que da y porque vimos un uso errado de la figura, pero es importante entender que es una figura que está sujeta a controles y que de ninguna manera autoriza al presidente para flexibilizar la protección en materia de derechos humanos”.

Pero la abogada reconoce que una cosa es el deber ser y otra los hechos que finalmente ocurren. Diferentes sectores que defienden los derechos humanos prenden las alarmas por los repetitivos incumplimientos ejercido por parte de miembros del Estado sin haberse declarado conmoción interior, pues si ésta llegara a ponerse en marcha, temen que el desconocimiento sea aún mayor y sus consecuencias mucho peores de lo que ahora son.

* Nombres cambiados por petición de las fuentes.

** Foto de apertura: Comunicaciones CRIC.

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Su voz al otro lado del teléfono es tranquila y trata de explicar aquello por lo que se le pregunta con la mayor precisión posible. Se llama Simona, así, sin más, y ha sido encargada de hablar a nombre de los Escudos Azules, un colectivo de jóvenes que hace parte de la primera línea de las marchas surgido durante las protestas de noviembre de 2019 como estrategia de protección de los manifestantes ante los abusos de los agentes de la Policía Nacional. Su nombre es una alegoría pacífica a los Cascos Azules de Naciones Unidas.

Así como en las calles están expuestas a la violencia que se desata durante las jornadas de protesta, también llevan sobre sus espaldas el estigma que los relaciona con grupos armados ilegales, creado por una narrativa estatal que parece no tener sustento alguno. “Si así fuera, ya hubieran actuado contra nosotros”, plantea Simona.

Tanto el presidente de la República, Iván Duque; como el ministro de Defensa, Diego Molano; el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas; y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, insisten en que las marchas están infiltradas por el narcotráfico, las disidencias de las Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz, por células urbanas de la guerrilla del Eln y hasta por el chavismo venezolano. Sin embargo, no hay evidencias concretas. (Leer más en: Supuesta infiltración criminal en la protesta genera dudas sobre políticas de seguridad)

El señalamiento más directo contra el colectivo que representa Simona vino del ministro Molano durante una conferencia de prensa realizada el pasado 3 de mayo: “Gracias al trabajo del Grupo Especial contra el Vandalismo y Delitos Conexos hemos identificado algunas de estas organizaciones criminales: Movimiento JM19, Movimiento Bolivariano de disidencias de las Farc de ‘Gentil Duarte’, los capuchos, los escudos azules y los escudos negros, células urbanas del Eln, 8 y 9 de junio”.

Lo que sí es evidente, y ha quedado registrado en numerosas imágenes captadas por la ciudadanía, es la agresiva reacción de los agentes de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). En 10 días de protesta, según la organización no gubernamental Temblores, se registran por lo menos 39 asesinatos, atribuidos a la Fuerza Pública; 12 casos de violencia sexual perpetrados por los uniformados; 963 detenciones arbitrarias; y 28 víctimas de agresiones oculares, entre otras.

Esa violencia, según Simona, refleja la inexistencia de un Estado Social de Derecho que le garantice a los manifestantes la posibilidad de salir a manifestarse sin salir asesinado, molido a golpes, detenido de manera arbitraria sin registro alguno y, en el caso de las mujeres, ser agredida verbal y físicamente por los uniformados. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)

Los Escudos Azules también han sido blanco de agresiones. Uno de los ataques más directos afectó a Gareth Sella, quien recibió un disparo en su ojo izquierdo durante una jornada de protesta el pasado 24 de febrero en Bogotá, cuando participaba de una marcha justo contra la brutalidad policial. El impacto del proyectil le quitó el 90 por ciento de su visión.

De esos y otros temas conversó vía telefónica VerdadAbierta.com con Simona.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cuá es el balance que dejan diez días de protestas en el país desde la perspectiva de los Escudos Azules?

Simona: Uno mira con gran emoción el deseo de la gente de volver a salir las calles en medio de una pandemia, con todos los temores y abusos; con todas las cuarentenas que trataron de imponer para menguar lo que está sucediendo. Es una gran inspiración y una gran esperanza que la gente decida salir a las calles teniendo en cuenta también toda la represión por parte de la Policía y del Ejército en distintos lugares.

Venimos del gran paro nacional del 2019, que tuvo mucho eco, el más grande en 40 años, pero llegamos después a toda una quietud en cuanto a la manifestación y que se fue por otros lados, como fue, en época de pandemia, lo que significó por lo menos en Bogotá, en Ciudad Bolívar, los trapos rojos, la gente sacando banderas rojas porque tenían hambre.

Después, con la muerte de Javier Ordoñez (asesinado por agentes de la Policía Nacional en Bogotá el 9 de septiembre de 2020), la gente volvió a salir a las calles, pero esta vez para decir ‘no más brutalidad policial’, y terminamos con un año marcado con la Minga Indígena (que marchó a Bogotá desde Cauca a mediados de octubre del año pasado), con todo lo que eso significa: verlos marchar tan poderosos, tan dignos, por todo el territorio colombiano. Y fue con ese panorama, con subes y bajas, que tuvo la manifestación el año pasado, que nos encontramos ahora con este paro nacional.

VA: Desde 2019, cuando aparecieron en las marchas los Escudos Azules, a este año, ¿qué cambios observa en relación con la protesta social?

Simona: Estamos viendo un cambio significativo en este momento y es que, a pesar de toda la represión, ahora es muy claro, ahora se está evidenciando totalmente. En Bogotá sucedió una masacre el 9, 10 y 11 de septiembre. Ahí se mostró un poco el talante de la Policía. Pero en estos días, desde el 28 de abril, se comprobó que no existe un Estado Social de Derecho.

VA: ¿A qué le atribuyen el alto nivel de agresividad de la Policía en estas protestas?

Simona: En Bogotá, el año pasado, la Policía se comportó de manera brutal, se voltearon la chaqueta, dispararon armas de fuego, fue evidente con la reconstrucción de videos, entonces los índices de abuso ya eran altísimos el año pasado.

¿Qué sucede este año? Que al ser un paro nacional se potencializó en otros territorios, como en la ciudad de Cali. Allá la actuación de la Fuerza Púbica ha sido terrible. Y la postura del ministro Diego Molano es como si estuvieran enfrentándose a un enemigo interno y no a manifestantes, a unos ciudadanos con unos derechos civiles.

Pero así es como forman a la Policía y a los integrantes de ESMAD. Los educan diciéndoles que las personas que salen a las calles atentan contra la democracia, entonces ellos tienen que salvar a su madre patria, siendo que las personas que están protestando también lo están haciendo por sus derechos; incluso, por los derechos de los policías rasos, que tienen un salario bajo, que también son vulnerados, que también reciben agresiones por parte de sus superiores, por eso también el grito y el llamado de todos es que los patrulleros y los policías se unan a ese pueblo que también está luchando por ellos y dejen de apuntarle con sus armas.

VA: ¿Qué reflexión han hecho los Escudos Azules sobre las declaraciones del ministro Molano al exponerlos como una de las organizaciones criminales que actúa en este paro?

Simona: Adelanta una campaña de estigmatización hacia Escudos Azules porque nosotros llevamos una labor legítima. El 24 de febrero, previa a la movilización en la que Gareth Sella perdió su ojo, la DIJIN (de la Policía Nacional) sacó un comunicado interno de alerta roja sobre nosotros y al otro día perdió Gareth su ojo. Es decir, lo que causan es que la Policía salga teniendo una persona perfilada y esa es a la que van a atacar.

Por un lado, dicen que quieren dialogar con nosotros los jóvenes; y, por otro, lo que buscan es hacer un ‘falso positivo’ judicial. Si tuvieran todas las pruebas, estoy segura que ya habrían venido a buscarnos y se habrían quitado a estos jóvenes que están protestando en las calles, pero como no las tienen, lo que siguen haciendo es señalar.

Y lo que causa esos señalamientos es estigmatización y lo preocupante es que más allá puede culminar con un ‘falso positivo’ judicial, que tantas veces los han hecho, y también puede terminar con la muerte de alguno de nosotros o con heridas graves, como en el caso de Gareth Sella.

VA: ¿Y por qué creen que los señalan?

Porque nosotros somos inconvenientes para el país, para las esferas públicas, porque estamos denunciando tajantemente que la Policía mató en una movilización a unas personas. Eso se vuelve incómodo para el establecimiento.

VA: El vandalismo en las marchas no se puede ocultar. Al respecto, ¿cuál es la percepción que tienen sobre los vándalos?

Simona: Evidenciamos en marchas que hemos acompañado que esos actos que salen en medios de comunicación son cometidos por infiltrados de la Policía. Ellos no están en toda la marcha, llegan antes de que se culmine y empiezan a agredir bienes públicos. Entonces, en ese momento, se da la orden de intervención por parte del ESMAD y esas personas desaparecen automáticamente y no se vuelven a ver.

VA: A ustedes los asocian con vándalos por su indumentaria: cascos, máscaras, escudos…

Simona: Es imposible que un joven salga a la calle y no tema por su vida. Si nosotros no saliéramos con escudos y sin cubrirnos el rostro, el nivel de perfilación sería impresionante. Si así estamos completamente perfilados, si así somos hostigados, señalados, si no estuviéramos protegidos, nuestras vidas estuvieran corriendo el mismo peligro que la de un líder social, que hace la misma labor: empodera a la comunidad, sin cubrirse el rostro, les da fuerza, les da energía, voz propia para que continúen con su camino. ¿Y cuál es la respuesta del Estado colombiano? Es completamente violenta.

Ahí es cuando uno se pregunta, quiénes son los verdaderos vándalos: Si son los jóvenes que salen con una maleta llena de sueños a decir que se debe transformar el país o si son aquellos de cuello blanco que están detrás de un escritorio, que están en una finca, y que dicen: ‘Pongamos estado de sitio’; ‘creo que lo mejor es conmoción interior’; ‘creo que lo mejor es que el Ejército esté en las calles’.

VA: ¿Tanto en las marchas como fuera de ellas, sienten que los vigilan, los perfilan, que los mantienen bajo observación?

Simona: No lo sentimos, es evidente en muchas marchas que nos pidan la cédula tres veces, que tengan actos de hostigamiento previos a una marcha o que salgamos y existan persecuciones. Sabemos que estamos en la esfera de ellos, pero también observan a todas las personas que los incomodan. Estoy segura que no somos los únicos. Eso mismo deben hacer con defensores de derechos humanos que elevan su grito y con la prensa libre que decide hablar de otros temas y desde otros ángulos.

VA: ¿De dónde se financian los Escudos Azules?

Simona: Arrancamos con recursos propios, no somos ricos, a nadie le pagan por hacer lo que hacemos, somos estudiantes universitarios, trabajadores, que nos mueve el amor. No nos financia ningún ente extraño y lo único que hacemos es con nuestros propios recursos.

En otras ocasiones, hemos pedido donaciones; por ejemplo, en el caso de Altos de La Estancia, pedimos ayudas en mercados, y mucha gente llevó los mercados y los distribuimos y hacíamos controles de esos. En el marco de la pandemia, entregamos mercados en barrios Santa Fe, Altos de La Estancia, en Ciudad Bolívar y en distintas localidades que estaban necesitando en ese momento ayudas.

Hicimos eso mismo para la Navidad del año pasado en Altos de La Estancia. Pedimos recursos para llevarles juguetes y comida a niños y niñas en la noche del 24 de diciembre.

Y este año, después de lo ocurrido con Gareth Sella, organizamos un evento público en el espacio Odeón, de Bogotá, y allá les pedimos ayuda a distintos colectivos de grafiteros, de emprendimientos independientes, que nos colaboraran ese día. Y recogimos fondos para el tratamiento de Gareth.

En estos momentos, mucha gente nos ha querido ayudar entregándonos elementos como gafas, cascos, botiquines de primeros auxilios, y nosotros los estamos repartiendo en marchas. Entregamos gasas; neutralizadores, como agua con leche de magnesia, para protegernos de los gases; también comida, porque mucha gente que se para en las marchas ni ha desayunado ni almorzado.

Y convocamos a una capacitación de primeros auxilios y entregamos botiquines. La idea era que se armara una primera línea de médicos, que fueran a las manifestaciones, que aprendieran qué hacer en casos de agresiones oculares o cuando están muy afectados con los gases. Es tratar de colaborar con esas cosas que salvan vidas.

VA: Ante la estigmatización de la que son víctimas, ¿han sido detenidos por las autoridades en algún momento?

Simón: Tenemos unas organizaciones que respaldan a Escudos y nuestro proceso, entre ellos Temblores, Congreso de los Pueblos, el Bloque de Víctimas de la Policía Nacional. Todas estas organizaciones amigas que está alrededor de nosotros velan porque estas cosas no sucedan. Obviamente hemos sufrido agresiones, pero detenidos no hemos tenido.

VA: Pese a tanta presión, ¿se ratifican en la idea de ser un grupo de protección en las marchas?

Escudos Azules es la línea de defensa de la vida, del territorio, de la protesta social, eso es lo que somos. Somos la primera línea ante la incertidumbre del Estado, ante los posibles cambios que se quieran dar; somos la inspiración de muchas personas que decidimos cambiar el país; somos esos jóvenes que sueñan con mejores condiciones de vida. Y ahí estamos para proteger la manifestación social, pero también para brindar amor y cariño al compañero de al lado que necesita creer en esa idea de que venceremos.

Otras facetas de los Escudos

VA: ¿Cuál es el papel de la mujer en Escudos Azules y qué se siente estar en primera línea?

Simona: Ser mujer en Colombia, independiente de que esté en la primera línea o no, es un riesgo y más con un encuentro con la Policía Nacional. El año pasado Temblores dijo que las violaciones fueron 108. Esto no se presenta con los hombres. Nuestro cuerpo es un territorio que se vuelve vulnerable.

Un encuentro con un policía puede generar violación porque es la forma cómo generan terror en las mujeres. Ser una mujer que decide ser voz en Colombia, que decide salir a las calles, tiene riesgos y es indudable, pero ahí es importante esa construcción y deconstrucción que se debe dar con los masculino, es decir, yo también cuido a mi compañero que está al lado, independientemente del género que tenga, pero él también debe cuidarme a mí porque todos somos pueblo, todos somos resistencia, todos somos primera línea. En esa medida es fundamental el compañerismo.

Frente al caso puntual de Escudos Azules y mi caso particular, siento que es un espacio seguro para mí ya que me permiten ser voz en este proceso. Aquí no se cohíbe a nadie por el género ni mucho menos, y tenemos la misma capacidad tanto discursiva, como política y social y humana, porque también nos mueve el amor para estar en la calle. Y si nos mueve el amor, pues estamos un poco protegidos, siento yo.

VA: Hay un asunto especial en este tema y es el papel de la mujer Policía. ¿Qué reflexión hace de ellas en esta protesta social?

Simona: Yo siento que pasa algo y es que ellas se deshumanizan a la hora de colocarse el uniforme, como si perdieran los principios. Yo no podría portar el uniforme de una institución que viola a compañeras mías, a compañeras de género. A mí también me inquieta saber qué es lo que está pasando porque estoy segura que esas prácticas patriarcales no se dan sólo en contra de las mujeres. Es una institución misógina, racista, fascista, homofóbica, machista. Tiene prácticas que son muy fuertes contra el que piensa distinto. Es una institución que está completamente corrompida, eso no es de manzanas podridas. Y es evidente con todo lo que está pasando.

Por eso insistimos que el cambio debe ser de la institución completa, desde su proceso de formación, que los capaciten en derechos humanos, en atender al otro, para lo que se supone un Policía, de respeto y cuidado, y no de terror, que es lo que están inspirando en este momento.

VA: Cuando no hay marchas, ¿qué hacen los Escudos Azules?

Simona: Hacen una labor pedagógica muy potente. Una de las banderas que hemos asumido es la reforma policial. Realizamos jornadas en Transmilenio y hablamos con la gente sobre la necesidad de una reforma policial. Cuando no estamos en las calles estamos en distintas labores sociales, como en La Estancia, cuando la alcaldesa Claudia López ordenó el desalojo, nosotros estuvimos con las personas logrando un empoderamiento popular.

VA: ¿Ustedes trabajan en red con grupos de otras ciudades?

Simona: Nosotros sentimos que eso debe corresponder a las propias dinámicas de cada territorio.  No es lo mismo ser primera línea en Bogotá, que serlo en Cali en este momento, o en Medellín. Igual, la idea no es de nosotros, se han visto en las protestas de Chile (2019) y Hong Kong (2019). Es un concepto que va más allá de un grupo de personas.

Las personas que deciden salir y ser primera línea lo hacen naturalmente, de forma orgánica, sin necesidad de pertenecer a un grupo, están inspirados por ese deseo de cuidar al pueblo. Hay veces llegamos con nuestros escudos y aparecen otros compañeros que nunca hemos visto con un escudo y son bienvenidos a pararse al lado de nosotros. Esta es una idea popular.

Foto de apertura: Marlon Gutiérrez (@gutty_mg).

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Desde el pasado 28 de abril, Colombia ha sido sacudida por una ola de indignación y un estallido social que detonaron por la reforma tributaria que el gobierno nacional radicó en el Congreso de la República para enfrentar la crisis fiscal causada por la pandemia del Covid-19 y aliviar las finanzas de la Nación.

Miles de ciudadanos marcharon y se congregaron en diversos puntos en decenas de ciudades del país porque las nuevas cargas impositivas asfixiarían, principalmente, a la clase media y trabajadora, gravando alimentos, servicios públicos y hasta servicios funerarios. Lamentablemente, como ha ocurrido en los últimos años, paralelamente a las acciones pacíficas y coloridas de protesta, se registraron acciones vandálicas como saqueos, daños a propiedad privada y ataques a la infraestructura pública.

Y en esta ocasión las acciones escalaron en gran medida con la amplia destrucción de estaciones de transporte masivo, la quema de buses, el daño de cámaras de fotomulta, el ataque a Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía y el hurto de establecimientos comerciales.

Esas circunstancias llevaron a que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y otros uniformados de esa institución respondieran de manera contundente y desproporcionada, causando la muerte de 37 manifestantes, 934 capturas arbitrarias, 98 casos de ataques con arma de fuego y 11 casos de agresión sexual, según registros de la organización Temblores, ocurridos entre el 28 de abril y las seis de la mañana del 6 de mayo. Por su parte, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, integrada por 26 organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha documentado 471 casos de personas desaparecidas en circunstancias del Paro Nacional. (Leer más en: Brutalidad policial pone en riesgo cooperación internacional en temas de seguridad)

En contraste a todo ello, la Dirección de la Policía Nacional reportó, hasta ayer, un agente muerto y 601 uniformados lesionados, así como afectaciones a decenas de vehículos de transporte público, establecimientos comerciales y servicios bancarios.

A pesar de que la movilización masiva y pacífica, que se declaró en Paro Indefinido desde el 28 de abril, logró que el presidente Iván Duque retirara el proyecto de reforma tributaria y buscara espacios de negociación con los promotores de la protesta y diferentes sectores sociales, los actos vandálicos han continuado.

La respuesta estatal fue atribuirle esa ola de violencia a grupos armados ilegales y organizaciones ligadas al narcotráfico que, supuestamente, infiltraron la movilización nacional. El primero en hacerlo fue el ministro de Defensa, Diego Molano, quien el 1 de mayo, indicó: “Hemos podido determinar que los actos criminales en Cali corresponden a organizaciones terroristas como el movimiento JM19, Luis Otero Cifuentes y el grupo de disidencias Farc Gentil Duarte”.

Vale destacar que la capital de Valle del Cauca ha sido uno de los epicentros de estas jornadas de protesta porque sus ciudadanos no cesaron la manifestación después de la que iba a ser la única jornada de paro e inspiró a otras ciudades a prolongar las manifestaciones. Asimismo, también es la ciudad más afectada por actos vandálicos y bloqueos que la tienen al borde del colapso por el desabastecimiento de víveres, gasolina e insumos médicos y por restricciones permanentes a la movilidad.

Además, es el escenario en donde más manifestantes o civiles han muerto, al parecer, a manos de agentes de la Policía encargados de disipar las movilizaciones, especialmente en las noches. De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 28 de abril y el 5 de mayo, 31 fueron personas asesinadas “en el marco del Paro Nacional”; 25 de los asesinatos ocurrieron en Cali; y, en términos generales, 18 casos son atribuidos a miembros del Esmad y de la Policía Nacional, uno a un civil y se desconoce la autoría de los 12 restantes.

Dos días después de la afirmación que hizo sobre Cali, el ministro Molano profundizó su planteamiento sobre los hechos de violencia en medio de las protestas: “Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las Farc y el Eln. Gracias al trabajo del Grupo Especial contra el Vandalismo y Delitos Conexos hemos identificado algunas de estas organizaciones criminales: movimiento JM19, grupo Luis Otero Cifuentes, Movimiento Bolivariano de disidencias de las Farc de ‘Gentil Duarte’, los Escudos Azules, los Escudos Negros y células urbanas del ELN”.

Al día siguiente, el 4 de mayo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, retomó la línea del Ministro de Defensa e incluyó a estructuras del narcotráfico como supuestas auspiciadoras o responsables del vandalismo que azota a diferentes ciudades del país. Y concluyó diciendo: “Sabemos que la protesta es un derecho, y lo respetamos, pero jamás podrá permitirse que ese derecho pueda ser permeado por la delincuencia organizada”.

Veinticuatro horas después, el presidente Duque apuntaló el planteamiento de Molano y de Barbosa: “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico, como lo denunció el Fiscal General de la Nación”.

Y justo ayer, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, en entrevista con el diario El Espectador, reforzó ese enfoque: “Puedo certificar que hay elementos que relacionan a grupos armados organizados, el Eln, las disidencias de las Farc con delincuentes como ‘Iván Mordisco’ y ‘El Paisa’. De igual manera hay evidencia que está siendo aportada sobre la participación de grupos de delincuencia común organizada”.

VerdadAbierta.com consultó a cuatro expertos para analizar el alcance de tales afirmaciones.

Argumento de doble filo

Para Eduardo Álvarez Vanegas, investigador en temas de conflicto armado, los planteamientos del Ministro, del Fiscal y del Presidente, son “el caballito de batalla de siempre, que reduce las causas estructurales de lo que se está discutiendo, pues no sólo es la reforma tributaria sino temas gruesos y fundamentales del país. Entra en ese discurso maniqueo de desconocer las causas de la marcha social, atribuyéndolas a una sola, que son grupos armados ilegales, crimen organizado y bandas de narcotraficantes”.

Además, cuestiona la política de seguridad del Estado con ese diagnóstico: “Si en menos de 24 horas de haber terminado las primeras jornadas de protesta ya lo tenían tan claro, eso quiere decir que tenían una inteligencia sumamente robusta para llegar a esa conclusión, de una forma tan prematura. Si lo tenían tan claro y sabían que iba a pasar, ¿por qué no previnieron las acciones violentas? Uno se pregunta: tienen toda esa información y saben muy bien quiénes son, ¿entonces por qué no previenen las acciones violentas?”.

Y llama la atención sobre el poder que la institucionalidad le estaría reconociendo a esos grupos criminales. “¿Quiere decir que hay una abdicación del gobierno colombiano ante este poder tan inmenso de movilización que tienen los grupos armados, incluyendo al Eln y las disidencias? Si está toda esa información de inteligencia, si ya saben quiénes son en menos de 24 horas, ¿quiere decir que la estrategia contra estos grupos realmente es poco exitosa y estamos viendo que pueden tomarse las ciudades? Si uno le hace caso al gobierno, la estrategia de lucha contra estos grupos es un gran fracaso”, cuestiona.

Kyle Johnson, investigador y fundador de Conflict Responses (CORE), concuerda con Álvarez y señala que las afirmaciones del gobierno y de la Fiscalía tienen la grave implicación de reconocer que los grupos armados pueden delinquir en grandes capitales como Bogotá y Cali sin problemas. “¿Qué han venido haciendo en seguridad, dejando que los grupos armados crezcan y operen en las ciudades principales?”, reflexiona.

Para este analista, el planteamiento de la infiltración “es una excusa muy barata para justificar que la Policía le haya disparado a la gente”. Y duda que el Eln y narcotraficantes estén detrás de los desmanes y del paro en Cali, pues el primero hace trabajo logístico en esa ciudad, pero no es una célula política que emprenda acciones de ese estilo; considera que pueden existir milicias bolivarianas, pero muy desorganizadas; y plantea que los grupos narcotraficantes necesitan una economía funcional para lavar la plata que producen.

Por otro lado, cuestiona las líneas de investigación: “Ahora hablan de grupos armados, pero llevan una semana hablando de terrorismo vandálico. Equivalen vandalismo con terrorismo desde el año pasado (por las protestas del 9 de septiembre en Bogotá tras la muerte de un joven que fue detenido y torturado en un CAI) y esos son unos saltos conceptuales muy bravos y perezosos, sin evidencia suficiente”. (Leer más en: Al borde del estallido: protestas, brutalidad policial y golpe de facto)

Sobre la falta de evidencia, señala que cuando CORE consultó a la Fiscalía sobre los responsables de la quema de 70 puestos de CAI en septiembre del año pasado, que también les fueron atribuidos a disidencias de las Farc y al Eln en medio de las movilizaciones ciudadanas de la capital de la República, respondieron que, finalmente, no había elementos para vincular al Eln y que sólo se le podía atribuir la quema de dos CAI a las disidencias. ¿Y las pruebas? “Las pruebas eran audios de supuestos disidentes riéndose de la destrucción de los CAI, pero nada que los pusiera en el lugar de los hechos”, cuenta.

A juicio de Johnson, ese caso demuestra que se pueden dar ese tipo de expresiones de violencia sin la participación de grupos armados ilegales, como ocurrió en septiembre del año pasado y en la noche del pasado martes, cuando nuevamente fueron quemados 16 CAI en Bogotá. “¿Si el año pasado destruyeron 70 CAI en una noche y no hay grupos armados vinculados, porqué se llega a esa conclusión, si el año pasado nos demostró que puede haber violencia tremenda sin esos grupos?”, cuestiona.

Otro investigador que plantea interrogantes sobre la conexión que las autoridades pretenden establecer entre los hechos de violencia que ocurrieron en las protestas de Bogotá el pasado mes de septiembre y las actuales, es Alberto Sánchez, especialista en temas de seguridad ciudadana.

“Cuál es el rol de la inteligencia militar y policial en la mitigación de estos eventos, porque el consejero presidencial Rafael Guarín dijo que esto es la continuación de lo que pasó el 9 de septiembre en Bogotá; del asedio que se tenía contra la Fuerza Pública”, plantea.

Y prosigue: “Si ya el 9 de septiembre era lo suficientemente grave porque se suponía que era un ataque organizado y si ésta es la continuación, entonces estamos perdidos, porque tuvieron ocho meses para organizar una estrategia de inteligencia eficaz y robusta, que garantizara que esto no ocurriera”.

En cuanto a los señalamientos sobre la supuesta infiltración de estructuras criminales en el paro, sostiene que, si las autoridades van a poner esa línea de acusación, deben presentar la evidencia y que los marchantes no tienen que demostrar que no es así.

Pesca en río revuelto

Sobre los hechos de violencia en medio de la protesta social de los últimos días, Sánchez identifica tres factores que no están relacionados con grupos armados y narcotraficantes.

El primero es la dificultad logística, estratégica y política de manejar eventos masivos de movilización de manera simultánea: “Bogotá ha llegado a tener 26, Cali 14, Pereira 16; es decir, es muy difícil para la Policía y las administraciones municipales, manejar ese volumen de eventos y eso reduce las capacidades de reducción (de delitos). Cuando eso sucede, hay incidentes fortuitos, como saqueos. Uno allí no puede hablar de crimen organizado, es gente que aprovechó la oportunidad”.

El segundo tiene nivel más de organización entre varios actores, que no necesariamente son criminales, pero que “aprovechan para pescar en río revuelto”. Por ejemplo, los “peajes” que han instalado en diversos barrios y vías de Cali, personas que no son de esos sectores y los hurtos de gasolina. “Es una situación que va más allá de lo fortuito y del mero incidente de alguien que aprovecha para robar en un saqueo”, explica.

Y, por último, reconoce que sí se están dando acciones coordinadas por parte de ciertos sectores para generar caos y obtener beneficios, las cuales no son infiltraciones guerrilleras, sino que obedecen a dinámicas locales específicas.

“Antes de hablar de presencia del Eln, de disidencias y de guerras de baja intensidad, hay unos problemas de seguridad que nadie gestiona, que son tremendamente complejos y que se evidencia en las protestas. En los casos de Cali y de Bogotá, hay unos temas relacionados con transporte ilegal; es decir, actores que saben que afectar el transporte público les va a generar demanda a ellos y salen a quemar estaciones, romper flota y le pagan a pelados para que lo hagan”, precisa.

E insiste: “Antes de empezar a hablar de la guerrilla, de ‘narcos’ y de todo el relato que le meten a uno sobre causas de violencia, hay que empezar a analizar los cuáles son los problemas de seguridad más básicos que no se están gestionando. El transporte ilegal es uno de ellos”.

Esa retórica oficial produce estigmatización contra la movilización social y en parte puede explicar los niveles de agresión desproporcionada por parte de uniformados de la Policía. Otro investigador, que pidió mantener en reserva su identidad, plantea que tras el atentado con carro-bomba que el Eln detonó en la Escuela de Policía General Santander, se empezaron a dar ejercicios de estigmatización contra todos los colectivos urbanos, considerando que tienen nexos con grupos armados y hacen parte del movimiento bolivariano. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)

“Hoy vemos la continuad de ese ejercicio de estigmatización y de cualquier ejercicio de protesta que, desafortunadamente tiene expresiones violentas, pero, automáticamente, se dice que detrás de la protesta están estos grupos”.

Mientras la crispación social aumenta, las protestas siguen siendo reprimidas con excesiva violencia por parte de algunos uniformados, que incluso llegan a disparar armas de fuego de indeterminada munición. También ocurren ataques contra integrantes de las fuerzas del orden, sean provenientes de infiltrados o no en las protestas.

Por esa razón, desde diversos sectores han hecho un llamado desescalar el lenguaje y las acciones alrededor de las manifestaciones. Las cifras de violencia contra civiles en medio de ellas son alarmantes si se comparan con las de países que recientemente atravesaron por escenarios similares: durante 150 días de protesta en Chile fueron asesinados 34 manifestantes y 30 en Estados Unidos durante 60 días. En Colombia, tan sólo en la primera semana de movilización, los registros de organizaciones no gubernamentales dan cuenta de 37.

* Foto de apertura: Deniela Blanco.

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“Pido al Presidente Iván Duque que desescalen la violencia y dejen claro que el uso excesivo de la fuerza es inexcusable”, expresó ayer el representante demócrata Gregory Meeks, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Desde la cuenta oficial de ese órgano legislativo en la red social Twitter, Meeks calificó de “brutal”, la respuesta que los agentes de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) les han dado a las protestas sociales que se presentan en varias ciudades del país desde el pasado 28 de abril. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)

Pero no sólo cuestionó las acciones de los uniformados. En un segundo mensaje propuso que se aplicara “plenamente la Ley Leahy, ya que dejamos claro que Estados Unidos no apoyará a las fuerzas de seguridad implicadas en graves violaciones de los derechos humanos”.

De acuerdo a información que reposa en el sitio web del Departamento de Estado, la Ley Leahy se refiere a dos disposiciones legales aplicadas al Departamento de Estado y otra al Departamento de Defensa que prohíben al gobierno estadounidense “utilizar fondos para ayudar a unidades de fuerzas de seguridad extranjeras cuando haya información creíble que implique a esa unidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos”.

Esa ley fue impulsada por el congresista Patrick Leahy y entró en vigencia desde comienzos de la década de los noventa y al aplicarse “el gobierno estadounidense considera la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las violaciones bajo el amparo de la ley como violaciones graves de los derechos humanos. Los incidentes se examinan en función de los hechos”.

El llamado del congresista Meeks no es infundado. Las violaciones a los derechos humanos durante la protesta social de los últimos cinco días atribuibles a la Policía son escandalosas. Según la Defensoría del Pueblo, 19 jóvenes perdieron la vida en distintas ciudades del país, 13 de ellas ocurrieron en la ciudad de Cali, donde hubo mayor agresividad por parte de los agentes, y estima que por lo menos 87 manifestantes están desaparecidos.

Por su parte la organización no gubernamental Temblores, que puso a disposición de la ciudadanía la plataforma Grita para presentar denuncias contra los atropellos de la Fuerza Pública durante las manifestaciones, registró entre el pasado miércoles y la mañana de ayer 1.443 casos de violencia policial; 814 detenciones arbitrarias; 239 intervenciones violentas por parte de los uniformados; 77 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía; 31 víctimas de violencia homicida por parte de los policiales; 21 víctimas de agresión en sus ojos por proyectiles oficiales; y 10 víctimas de violencia sexual por parte de los agentes.

Ante ese grave panorama no sólo reaccionó Meeks. El también congresista estadounidense Jim McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, expresó su preocupación por lo que llamó “la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia a las protestas pacíficas del fin de semana”.

Este Senador por el Partido Demócrata se expresó a través de su cuenta en Twitter. En uno de sus mensajes, aseveró que las acciones de los uniformados hacen parte de “un patrón preocupante de uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes en noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril-mayo de 2021”.

Coincidiendo con el representante Meeks, este senador planteó en otro de sus mensajes que la ayuda de Estados Unidos a la Policía Nacional “necesita fuertes protecciones y condiciones en materia de derechos humanos” y, por tanto, se debería aplicar la Ley Leahy. Además, solicitó frenar la ayuda estadounidense al ESMAD, “que cometen graves violaciones de los derechos humanos”.

De prosperar esa solicitud, se afectarían programas antinarcóticos, uno de los aspectos más sensibles en la relación binacional; la formación de agentes en escuelas policiales norteamericanas; y distintos aportes, entre operacionales, logísticos y sociales, como el programa de becas INL, en el que la Dirección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en Colombia invierte recursos para pagar los estudios de jóvenes indígenas, afros y campesinos que deseen ingresar a la Policía o a la Armada.

Por su parte, el Departamento de Estado, mediante una declaración difundida ayer, expresó a través de la portavoz adjunta Jalina Porter, que “Estados Unidos está sumamente entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en toda Colombia en los últimos días”; instó “a la máxima moderación por parte de la Fuerza Pública para evitar más pérdidas de vidas”; y reconoció “el compromiso del Gobierno de Colombia de investigar las denuncias de excesos policiales y abordar cualquier violación de los derechos humanos”.

En conferencia de prensa realizada ayer en la mañana, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseveró que, ante las denuncias de abuso de la Fuerza Pública, la Inspección General de la Policía ha abierto 26 investigaciones disciplinarias.

Pese a las evidencias que se observan a través de videos logrados desde teléfonos celulares por los manifestantes y por habitantes de barrios donde los uniformados han incursionado de manera agresiva, el director de la Policía, general José Luis Vargas, sostuvo que “nadie ha dado instrucciones de disparar”, refiriéndose a los ataques de los agentes contra los ciudadanos que están participando de las jornadas de protesta.

Por su parte Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos, hizo referencia a las denuncias sobre los posibles abusos de la Fuerza Pública: “Estaré atenta a los resultados de las investigaciones disciplinarias anunciadas por parte de dicha institución, algunas de las cuales ya fueron asumidas por la Procuraduría, a través de su poder preferente”.

En su pronunciamiento, publicado en la página web de la Consejería, reiteró que “así como hemos manifestado nuestra solidaridad con la Policía Nacional por los hechos criminales en los cuales han resultado heridos varios miembros de la Institución y un oficial muerto, también manifestamos que, si miembros de la fuerza pública no actúan de acuerdo con las normas establecidas, deberán ser investigados y deberán recibir las sanciones a que haya lugar”.

Más pronunciamientos

Desde Ginebra, Suiza, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCNUDH) también expresó ayer su preocupación por lo que viene ocurriendo en Colombia desde el pasado 28 de abril, cuando diversos sectores sociales convocaron a una jornada de paro para protestar contra la reforma tributaria presentada esa misma semana por el gobierno nacional al Congreso de la República para su discusión.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, dijo la portavoz Marta Hurtado.

En su mensaje, hizo un llamado a la calma y recordó que la responsabilidad de las autoridades es “proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica” y ante las denuncias de abuso policial resaltó que “los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves”.

Este comunicado fue divulgado un día después de que fuera, agredida verbal y físicamente e incluso con armas de fuego, una comisión humanitaria de verificación integrada por integrantes de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; la Campaña Defender la Libertad Asunto de todas; la Central Unitaria de Trabajadores; y el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, que estaba acompañada por funcionarios y funcionarias de la OACNUDH, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Esa comisión humanitaria llegó hasta la estación de policía Fray Damián, del barrio San Pascual, en Cali, para verificar la situación de los detenidos que se encontraban en ese sitio, pero minutos después de su llegada comenzaron los insultos verbales y las amenazas, y la conminaron a que se fueran del lugar, no sin antes ser atacados con armas de fuego y una granada aturdidora.

Esa misma noche, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la OACNUDH, aclaró a través de su cuenta en Twitter que si bien los agentes no dispararon contra integrantes de su equipo, “otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”.

El uso desmedido de la fuerza también fue abordado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA). En un comunicado difundido ayer, expresó “su profunda preocupación y condena por los casos de uso desproporcionado de la fuerza pública que se han registrado en el marco de las movilizaciones y protestas” en el país.

A su vez, expresó su rechazo enérgico de “las acciones que involucran ataques de miembros de la fuerza pública contra la vida e integridad de quienes se manifiestan” y se unió a las voces de repudio por “las amenazas y violencias contra miembros de la comisión multisectorial de verificación encabezada por la Procuraduría General de la Nación y OACNUDH, ocurridos en la noche del 3 de mayo en Cali”.

Al respecto, la Mapp-OEA reiteró “el llamado a las autoridades a garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica, sin desmanes ni vandalismo, consagrado en la Constitución de Colombia y en instrumentos internacionales, al tiempo que insiste en que toda acción de la Fuerza Pública debe enfatizar la observancia, protección y respeto de los Derechos Humanos. Asimismo, rechaza los hechos de vandalismo que se han registrado”.

Este organismo multilateral, que está presente en Colombia desde 2004, como parte del apoyo internacional ofrecido al gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) para trabajar en la reincorporación de los paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), hizo un llamado a la calma y a que se adoptaran “iniciativas eficaces de resolución pacífica de diferencias. Solo así, en un trabajo articulado, el país puede superar este momento, enmarcado dentro del sistema democrático, construyendo soluciones a las causas de la conflictividad y dando garantías de no repetición de la violencia”.

La Unión Europea, por su parte, también condenó “los actos de violencia que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libre reunión y expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos”, expresó Peter Stano, portavoz de este organismo multilateral, uno de los que más ha invertido recursos para promover la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.

En su mensaje, Stano le solicitó al gobierno del presidente Duque detener la escalada violenta que se registra en el país, frenar “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de la Fuerza Pública y que se investigue y castigue a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos”.

Otro de los pronunciamientos sobre la crítica situación del país provino de ocho organizaciones internacionales que tienen presencia en diversas regiones y apoyan numerosos programas sociales desde hace varias décadas.

En su comunicado conjunto sostuvieron que observan “con gran preocupación que las acciones de protesta social y grandes movilizaciones ciudadanas, durante estos últimos días, no cuentan con plenas garantías para manifestarse públicamente. La gran mayoría de acciones de protesta y de quienes participan en ellas corresponde a movilizaciones pacíficas. Quienes han realizado actos de vandalismo y otras acciones violentas son personas que se amparan en las movilizaciones para generar estas actividades delincuenciales o para deslegitimar ante la ciudadanía a centenares de miles de personas ajenas a hechos de violencia”.

Por tales razones hicieron un llamado al Estado colombiano y, directamente al presidente Duque, “para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como solicitar del Ministerio público una eficaz acción disciplinaria de protección de derechos humanos, de conformidad a su mandato constitucional”.

Además, recomendaron que “el ministerio público y las autoridades judiciales investiguen y abran los correspondientes procesos disciplinarios y penales en los casos de abuso policial, afectaciones graves en la integridad personal de los manifestantes y los casos de desaparición forzada reportados por las organizaciones de derechos humanos, que aún no tienen respuesta”.

También advirtieron sobre la necesidad de ofrecer “garantías procesales para las víctimas de abuso policial, sus familiares y las organizaciones sociales que han sido detenidos/as, sufrido atropellos y agresiones, que se encuentran en indefensión y altamente afectadas”.

Y mientras se multiplican las expresiones de reclamo por la brutalidad policial expresada en las jornadas de protesta durante los últimos días en el país, anoche aumentó el nivel de tensión y violencia en algunas ciudades del país, como Bogotá, en donde 16 puestos de Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía fueron atacados y quemados -en uno de ellos con uniformados adentro-, por un sector de violentos que aprovechó la movilización pacífica. A la par, hay personas que utilizan la crispación en las calles para saquear establecimientos comerciales y hacer destrozos.

En medio de ese panorama, y en un intento de superar el caos, el presidente Duque anunció la instalación de un espacio para escuchar a la ciudadanía y puso como condición que “no deben mediar diferencias ideológicas, sino nuestro más profundo patriotismo”.

En ese espacio, agregó el mandatario, “es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, gobernadores, alcaldes y líderes de la sociedad civil” y precisó que sus objetivos son “rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el plan de vacunación masiva, asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables, y repotenciar a reactivación económica de las ciudades, los departamentos y los municipios”.

De manera paralela a los comunicados provenientes de diversas regiones del mundo y los anuncios del presidente Duque, se intensificaba la acción de la Fuerza Pública contra grupos de manifestantes en las ciudades de Bogotá y Cali que anoche volvieron a vivir bajo el terror de la confrontación urbana, en los que unos y otros parecen no escuchar a nadie.

Foto de apertura: cortesía Jennifer Rueda

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