Por lo menos 60 mil cajas de diferentes tamaños, en las que reposan cientos y cientos de documentos, así como otro tipo de soportes, como cassettes, disketes y discos duros, integran el fondo documental del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que será declarado como Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico la semana entrante.

La medida, conocida por este portal, fue tomada ayer por el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación (AGN) y con ella se pretende organizar, conservar y salvaguardar un archivo que contiene información desde 1953 hasta el 2014 y en el que hay dos clases de conjuntos documentales: los misionales, referidos a los procesos de inteligencia y contrainteligencia; y los administrativos, entre los que se incluyen los gastos reservados.

El Comité Evaluador de Documentos es una instancia colegiada del AGN del que también hacen parte el Ministerio de Cultura, la Academia Colombiana de Historia y el Colegio Colombiano de Archivistas.

La declaratoria de Bien de Interés Cultural está en consonancia con lo planteado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Auto OPV 182 del pasado 25 de abril, mediante el cual le pidió al Archivo General de la Nación, “como ente rector de la política archivística del país”, que realizara “el diagnóstico integral, clasificación, organización e inventario técnico de todos los archivos que tiene bajo su custodia”.

De esa manera, la JEP dejó en firme las medidas cautelares tomada en el Auto 001 del 12 de marzo de 2018 y a través de las cuales le ordenó al gobierno nacional “que los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad sean puestos a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, permaneciendo bajo custodia del Archivo General de la Nación”.

En términos concretos, lo que permitió la decisión de la JEP de abril pasado es desatar el sello que pesa sobre los archivos del DAS y comenzar a trabajar en la recuperación, organización y clasificación de los documentos con la expectativa de sea de consulta pública cuando todo ese trabajo esté listo.

Desde el 2012, cuando recibió ese fondo documental, el AGN simplemente era un custodio de todo ese material, pues no se le había autorizado adelantar ningún proceso gestión, más allá de tenerlo guardado. Las autorizaciones de consulta dependían de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Una vez la JEP dejó en firme las medidas cautelares, un grupo de diez organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos radicaron a comienzos de este mes ante el AGN una solicitud para que se declara el Fondo del DAS como Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico y se les reconocería de manera expresa su condición de Archivos de Derechos Humanos.

Las organizaciones argumentaron que los archivos de inteligencia y contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS “conservan especial interés histórico por su potencial de contribución a la memoria histórica, la justicia transicional y la construcción de paz, así como por su utilidad jurídica y estrecha relación con la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, que los constituye como bien integrante del patrimonio cultural de la Nación”.

Por su parte, el Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda, otra organización de la sociedad civil defensora de derechos humanos, también presentó similar solicitud, sustentándola en el valor simbólico de los archivos de inteligencia y contrainteligencia y gastos reservados: “Pues representan el incumplimiento de varias de las obligaciones del Estado para con sus residentes, de modo tal, que si da a conocer al público en general, las acciones del DAS se podrá saber lo que sucedió y permitirá que hechos similares no se vuelvan a dar”.

Conocedores del tema archivístico le explicaron a este portal que esta declaratoria es una medida especial de protección que evita que sea fragmentado, que no vaya a ser objeto de expropiación, de enajenación o de cierre de su contenido por alguna decisión arbitraria de alguna autoridad, y se garantice el principio de integridad y su máxima divulgación.

Supresión del DAS

¿Qué factores rodearon la supresión del DAS y por qué cobran importancia sus archivos de 61 años de existencia? Su historia institucional está llena de agujeros negros en los cuales hay criminales alianzas con narcotraficantes y paramilitares que hicieron parte de una cruenta estrategia para combatir la insurgencia en el país y, de paso, atacar sectores alternativos asociados a la izquierda.

Este organismo de seguridad se creó mediante el Decreto 1717 del 18 de julio de 1960 y sustituyó al entonces Departamento Administrativo del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), que constituyó en 1953 el gobierno del presidente Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957).

Las tareas misionales de este organismo de seguridad se centraron tres actividades concretas: “Ejercer las funciones de Policía Judicial, como auxiliar de la rama Jurisdiccional, del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público, cooperando en la investigación de los delitos; Cooperar al mantenimiento del orden público bajo la dirección del gobierno y en estrecha colaboración con la policía nacional; Llevar el registro de los extranjeros en el territorio nacional y vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre extranjería”.

No obstante, con el paso de los años se fortaleció su carácter de inteligencia y contrainteligencia, y comenzó a hurgar en la vida de quienes no eran compatibles con los gobiernos de turno. Se convirtió en una especie de Policía Política ligada a la Presidencia de la República y desarrolló cuestionables líneas de espionaje para recabar información sobre los potenciales “enemigos”.

Tal como lo expuso este portal en su micrositio Guerra Sorda, de cuenta del extinto DAS, el país vivió por varias décadas “entre salto y salto de escándalos noticiosos sobre detectives, chuzadas, dispositivos de espionaje, seguimientos y operaciones encubiertas, legales e ilegales, información y contrainformación”.

Con el escalamiento del conflicto armado y la irrupción de la ‘solución’ paramilitar, este organismo se convirtió en parte fundamental de la estrategia contrainsurgente y se articuló con organizaciones armadas ilegales como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), participando de manera conjunta en la comisión de decenas de crímenes en diversas regiones del país. (Leer más en: Los ‘paras’ y el DAS)

Su punto más alto de corrupción lo marcaron dos circunstancias: la desmovilización colectiva de las estructuras paramilitares asociadas a las Auc, que comenzó en noviembre de 2003 y finalizó en agosto de 2006; y la entrada en comparecencia de los exparamilitares a los tribunales de Justicia y Paz para contar las verdades a su paso por la guerra.

En sus versiones comenzaron a saltar las clavijas de su memoria y a brotar las relaciones criminales que establecieron paramilitares y funcionarios del DAS, no sólo para garantizar altos niveles de impunidad, sino para avanzar en la derrota de la insurgencia armada, la izquierda civil y sectores políticos críticos. (Leer más en: El espía del DAS que persiguió a Alfredo Correa de Andréis)

En ese camino de verdades y de acciones de la justicia contra quienes apoyaron políticamente la causa paramilitar, el DAS apareció con fuerza como un aliado de la Presidencia de la República, bajo la administración de Álvaro Uribe (2002-2010), para intervenir teléfonos, hacer seguimientos, perfilar y fraguar complots contra magistrados e investigadores de la Corte Suprema de Justicia para socavar sus tareas e impedir las investigaciones contra sectores de la clase política que respaldaron y se aliaron con las Auc. 

Adicional a ello, en ese gobierno también se adelantaron seguimientos y se realizaron interceptaciones contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición críticos con la administración de Uribe Vélez. (Leer más en: El DAS y la gran conspiración contra la justicia)

Este espionaje ilegal ocurrió entre 2005 y 2009, cuando estaban en su punto más alto las indagaciones y acciones judiciales contra congresistas vinculados a las Auc y que obtuvieron sus curules mediante procesos de coerción armada y compra de votos en regiones fuertemente paramilitarizadas.

Ante esos hechos y denuncias, que llevaron a varios de sus más altos funcionarios a la cárcel, el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) decidió suprimir el DAS a través del Decreto 4057, fechado el 31 de octubre de 2011.  

¿Cuánto de esa historia criminal y de espionaje contra todas aquellas personas que consideraban sus “enemigas está documentada en los documentos misionales y administrativos del extinto DAS? 

Protección especial

La petición de la declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico del fondo del DAS se sustentó en dos razones fundamentales: su valor histórico y su valor simbólico. 

Así quedó plasmado en la solicitud: “[…] reviste interés simbólico e histórico para las víctimas y organizaciones sociales que actualmente reclaman el derecho a la verdad, justicia y búsqueda de garantías de no repetición, que hacen necesario e imperioso conservar esas huellas históricas mediante la protección del fondo documental considerando que, en él, se encuentra información y registros de evidencias de infracciones a los Derechos Humanos a las que fueron sometidas las víctimas por parte de la entidad”.

Adicional a ello, se resaltó su valor académico, por cuanto su organización y conservación, de cara a una futura apertura al público, lo convierte en un fondo de “especial interés para la academia en general y los procesos de producción académica e investigativa, dado su valor histórico que aporta datos relevantes sobre infracciones a los derechos humanos”.

Otra consideración expuesta es que también podría ser clave para contribuir al esclarecimiento de algunos hechos criminales en procesos judiciales ordinarios y transiciones, y ante instancias internacionales, lo que permitiría complementar el mapa de lo ocurrido e identificar quiénes fueron responsables, con lo que habría garantías en la lucha contra la impunidad y en la reivindicación de los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

Valorados esos argumentos el Comité Evaluador de Documentos de la AGN aceptó la solicitud y determinó declarar el fondo del DAS como Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico. La resolución será expedida la próxima semana.

Lo que se viene ahora es una mayor apropiación de recursos para iniciar la etapa de diagnóstico de los contenidos de este fondo documental con el fin de establecer cuántos profesionales se requieren y por cuánto tiempo, qué equipos se necesitan y cuáles serán los procesos técnicos prioritarios para abrir cada caja y proceder a limpiar, clasificar y describir los documentos con el fin de ponerlos al servicio del público. 

En un trabajo de prediagnóstico adelantado hace varias semanas, el AGN invirtió cerca de 100 millones de pesos. El resultado fue que el conjunto de documentos administrativos tiene algunos listados e inventarios, pero de lo misional no se tiene ninguna información, lo que exigirá empezar de cero.

Este portal pudo establecer que el proceso que se inicia con la Declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico no será a puerta cerrada y se invitará a organizaciones de la sociedad civil para que sean veedoras de los pasos técnicos que se darán, con lo que se garantizará mayor transparencia y máxima divulgación.

Actualización: El Archivo General de la Nación, a través de la Resolución N. 545, fechada el 11 de julio de 2023, declaró los archivos del DAS como “Bien de interés Cultural de Carácter Documental Archivístico del ámbito nacional público”.

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El crimen organizado en la Costa Caribe volvió a agitarse por un crimen sucedido el  pasado miércoles en El Amparo, un concurrido sector de la capital bolivarense. Decenas de personas vieron cuando un sicario llegó corriendo hasta un auto estacionado, sacó una pistola y le disparó al conductor.

La víctima de ese ataque fue Javier Enrique Insignares Toro, alias ‘Benjamín’ o ‘JJ’, de 51 años de edad, desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Su historial refleja cómo el sistema de justicia colombiano se vuelve en no pocas veces una mezcla de capacidad desbordada por tantos delitos, impunidad y beneficios jurídicos. ¿El resultado? Muchos delincuentes, pese a su prontuario, evitan las condenas más severas por delitos como homicidios y secuestros, si admiten su culpa en cargos menores.

“Después de tantos crímenes confesados por subalternos suyos, no se entiende cómo alias ‘JJ’ no pagó nunca ni media condena por homicidios, cuando hay decenas de casos comprobados y procesos en los que aceptó ser jefe de los sicarios que los cometieron”, cuestionó un fiscal especializado que lideró varias investigaciones contra el exparamilitar.

Insignares permaneció dos décadas en la criminalidad, lapso en el que tuvo relación con por lo menos 100 asesinatos,  así como con extorsiones, amenazas, desplazamientos, actividades ligadas al narcotráfico y despojo de tierras en el departamento de Atlántico y su capital Barranquilla.

Sólo en un proceso, Brayan Borré Barreto, un subjefe de sicarios de ‘Los Rastrojos’ en Barranquilla, admitió ante la Fiscalía su participación en 89 asesinatos en el área metropolitana de esta ciudad: 50 fueron cometidos entre 2010 y mayo de 2013. Borré sostuvo que en esos tres años ‘JJ’ fue el máximo cabecilla en Atlántico.

“Fue un asesino despiadado en su época en ‘Los 40’ y ‘Los Rastrojos’, extorsionista, con conexiones en la Policía y muy conocido por delatar a rivales para acomodar y liberar la plaza a su favor”, contó investigador de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía.

En 2013, con la división de ‘Los Rastrojos’ en ‘Costeños’ y ’Vallunos’, Insignares permaneció con sus patrones de Cali. La disputa duró cerca de un año. Dejó víctimas mortales de ambos lados, además de chanceras de Uniapuestas y conductores de buses de Sobusa y Coochofal, en medio de la puja el pago de las extorsiones a esas empresas.

Jefe de seguridad e informante

Insignares tomó relevancia por primera vez en noviembre de 2006, cuando investigadores de la Fiscalía y de la Policía supieron que un reducto de paramilitares se había reorganizado en Atlántico, Magdalena, Bolívar y Sucre para heredar los negocios del Bloque Norte, desmovilizado ocho meses antes bajo las órdenes de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. (Leer más en: La banda que heredó el imperio de Jorge 40)

Hasta ahí, ‘JJ’ era un delincuente más. “Empezó como vigilante, pasó a informante de la Policía y el DAS, y entró a las Auc. Ahí escaló porque, según información de la época, ganó fama de ser un ‘ácido’ para matar y torturar”, agregó otro fiscal.

Las llamadas interceptadas a la banda denominada ‘Los 40’ evidenciaron que Insignares, portador del carné de desmovilizado Nº 30-00474, era el jefe del ala militar en Atlántico, que contaba con más de 15 sicarios. Las autoridades documentaron 37 muertes y desapariciones forzadas ejecutadas en año y medio por el grupo, 17 en Barranquilla.

Más de 100 integrantes de la organización fueron detenidos en el segundo semestre de 2007 por la Policía. La mayoría, incluyendo a Insignares, aceptó cargos ante la Fiscalía Quinta de Derechos Humanos por concierto para delinquir agravado en la modalidad para cometer homicidio, narcotráfico, terrorismo, secuestro y extorsión.

En su indagatoria, ‘JJ’ refirió que hasta ese momento había afrontado tres procesos. “Uno por extorsión que fue precluido, uno por homicidio que fue precluido y uno por fuga de presos que está en jueces”, dijo. (Leer más en: Lea también: La banda que vino después de ‘Vecino’ y ‘Cadena’)

50 millones por matarlo

A raíz del caso ‘Los 40’, las autoridades supieron que después de la desmovilización de las Auc, ‘JJ’ fue contratado como jefe de seguridad de la estación de gasolina Brisas de Soledad, en el municipio vecino de Barranquilla. Entonces ya era informante de la Policía, del DAS, del CTI, de la Armada y de la Segunda Brigada del Ejército. A veces usaba un nombre falso y, en otras, el código 314.

“Iba a la Segunda Brigada a actualizar sus armas, utilizaba radioteléfonos de la Policía, andaba en carros último modelo, tenían todo legal: arma con salvoconducto, permiso para estar armado, para andar con carro polarizado”, declaró en diciembre de 2009 un exagente del CTI acusado de nexos con el grupo, en una de las audiencias del juicio seguido en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla

Condenado como jefe de sicarios de ‘Los 40’, Insignares pasó un par de años en la cárcel La Modelo de Barranquilla, donde afianzó contactos con exjefes paramilitares que le encargaron propiedades, dinero, armas y sicarios. Sólo así podría entenderse que nunca se haya conocido que, en versiones libres de Justicia y Paz, ni un postulado de las Auc en Atlántico lo haya ‘salpicado’ por delitos cometidos en el paramilitarismo.

Tras cumplir parte de la pena, salió de La Modelo. De acuerdo con informaciones de inteligencia, la organización criminal conocida como ‘Los Paisas’, brazo armado de la llamada Oficina de Envigado, ofrecía 50 millones de pesos por su muerte. Pero ‘JJ’ encontró respaldo desde Cali.

“Cuando sale de la cárcel, ‘Los Rastrojos’ estaban interesados en los puertos de la Costa y en 2010 entraron a disputar a ‘Los Paisas’ el control del narcotráfico y las extorsiones en San Andrés, Cartagena y Santa Marta”, contó el fiscal. La matanza entre bandas no excluyó a Barranquilla, donde ‘JJ’ aprovechó sus viejos contactos entre las autoridades para soplar información de sus rivales y así abrirse camino con Los Rastrojos.

Narcotráfico, ¿sus últimas andanzas?

En 2014, Insignares fue detenido por el Ejército en una vivienda del barrio Limoncito. Era buscado por concierto para delinquir y terrorismo. Testigos lo señalaron a él y otros tres cabecillas de ‘Los Rastrojos’ de lanzar en agosto de 2012 una granada contra la casa de un testaferro del narcotráfico, en el barrio El Poblado, norte de Barranquilla.

“Se hacía pasar como miembro del Ejército y estaba siendo ocultado por miembros de la Policía. Según investigaciones, ha trabajado para personas muy poderosas e influyentes en la esfera política del país, lo que le ha permitido tener acceso a información y grabaciones que le habían ayudado a proteger”, dio a conocer la Fiscalía.

Sin embargo, duró poco en prisión. En 2018 gozaba ya de casa por cárcel después de acordar con la Fiscalía una pena mínima, a cambio de aceptar cargos por concierto para delinquir. Pasó igual que una década atrás: ‘JJ’ salió indemne de las investigaciones por los asesinatos que Los Rastrojos ejecutaron en el área metropolitana de Barranquilla, pese a lo dicho por Brayan Borré como subordinado suyo.

En los últimos dos años, las autoridades venían verificando si Insignares y otros exparamilitares estaban dedicados al despojo de tierras en Atlántico. Un fiscal reveló que “se conocen informaciones que lo relacionan en vueltas del narcotráfico con alias ‘Sócrates’, un narco que hace poco envió con éxito a México un cargamento de cocaína que salió desde el barrio Las Flores, en Barranquilla”.

“Uno de los últimos homicidios del que se sospechaba de él, fue el de alias ‘Toyo’, a quien mataron hace dos años cuando llegó a un SPA propiedad de una allegada de ‘JJ’, en un centro comercial del norte de Barranquilla”, añadió el fiscal.

En marzo pasado se había salvado de un atentado perpetrado por cuatro sicarios disfrazados de domiciliarios de Rappi, que se equivocaron y balearon un carro parecido al suyo en el barrio Villa Carolina, norte de la ciudad. Según averiguaciones de la Policía y la Fiscalía, el exparamilitar viajó a Cartagena y se refugió en el apartamento de un empresario condenado por vínculos con las Auc.

A juzgar por cómo murió esta semana en Cartagena, en un auto sin blindaje que conducía como un parroquiano más, sin escoltas y acompañado de una hermana y su hija, Insignares tentó a la suerte. El desenlace fue su sentencia final: 12 tiros.

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Documentos escritos durante la década del sesenta revelan seguimientos a miembros de esa colectividad política. Sus actividades eran monitoreadas de manera constante y a través de informantes se tejieron versiones que los relacionaban con Cuba y la Unión Soviética.

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Los Correa de Andreis lloran a Alfredo. Lloran al hijo, al hermano, al padre, al sociólogo y profesor considerado un ‘sentipensante’ por los académicos e intelectuales de la región Caribe colombiana. Aún sienten rabia, impotencia. No importa que hayan transcurrido ya 15 años de aquella tarde de viernes en que un sicario de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) disparó a quemarropa contra él y su escolta, Edelberto Ochoa. Nada será como antes. Nada es suficiente. Ni siquiera otro acto de perdón público del Estado.

“Para quienes quedamos es doloroso. Mi papá mañana (hoy) va a cumplir 96 años. Mi mamá y mi hermano Jorge ya no se encuentran en este mundo. No hay palabras que, de ninguna manera, le devolverán la vida a mi hermano, Alfredo, pero entendemos. Ojalá que todo esto que se hace público sea el final de un periodo de horror que hemos vivido los colombianos, que seamos seres humanos mejores y con mejor futuro. Ojalá estas disculpas sean sinceras”.

El periodista Raúl Correa expresó su sentir durante uno de los actos de reconocimiento de responsabilidad ofrecidos este martes por el Estado, en las universidades Simón Bolívar y del Norte, en Barranquilla, para pedir perdón por el homicidio y la afectación al buen nombre, la dignidad y la honra del sociólogo Alfredo Correa de Andreis.

En ambas instituciones se ordenó por igual la instalación de placas conmemorativas en lugares visibles para enaltecer la memoria de Correa y su dignidad humana como miembro de la sociedad y defensor de los derechos humanos.

“Los Correa de Andreis no nos consolamos y no nos vamos a consolar jamás. Las disculpas públicas no las aceptamos, ni las rechazamos, simplemente las escuchamos porque el nombre de Alfredo jamás estuvo enlodado; los que lo conocimos, sabemos que mi hermano era un hombre pulcro”.

A través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica se dio cumplimiento al fallo del Consejo de Estado que en noviembre del año pasado condenó a la Nación por la detención injusta del catedrático e investigador social.

“Correa de Andreis era sociólogo y profesor de las universidades del Norte y Simón Bolívar de Barranquilla, y se destacaba por desarrollar un intenso trabajo académico y social con población en situación de desplazamiento en los departamentos del Atlántico y Bolívar, labor que le originó el señalamiento inescrupuloso de ser ideólogo de las FARC”, aclaró la sentencia.

Exagente del DAS pidió espacio en la JEP

José Humberto Torres, abogado de la familia Correa de Andreis, dio a conocer que uno de los perpetradores del crimen pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Javier Alfredo Valle Anaya, exagente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), capturado en octubre del año pasado en Estados Unidos y detenido en un correccional de New Jersey. (Leer más en: El espía del DAS que persiguió a Alfredo Correa de Andréis)

“No ha habido poder humano que lo pueda deportar a Colombia. En el Consulado de Colombia en New Jersey nos dijeron que el Gobierno poco o nada puede hacer para que regrese al país. Si logran traerlo, esperamos que cuente la verdad real de lo que ocurrió en este caso, aquí hay muchos responsables por capturar”, reclamó Torres.

Según el apoderado de víctimas, en la JEP ya se asignó un abogado para estudiar si se cumplen los requisitos de elegibilidad. Valle fue el detective del DAS (suprimido) que llevó a cabo el montaje judicial a Correa. Se valió de testimonios “ensamblados” de exguerrilleros que aseguraron que conocían al profesor por el apodo de ‘Eulogio’, un ideólogo del Frente Caribe de las Farc y promotor de manifestaciones estudiantiles.

En septiembre de 2017, Valle Anaya fue condenado por un juzgado especializado de Bogotá a 40 años de prisión por homicidio en persona protegida, homicidio agravado, peculado por apropiación y concierto para delinquir.

La participación del exagente en las falsas acusaciones para enlodar la reputación de Correa está más que probada. Sólo basta con consultar el fallo del Consejo de Estado, en el que se determinó que el DAS se alió con el Bloque Norte de las Auc, a través del Frente José Pablo Díaz, “para hacer ver” que el sociólogo era subversivo y tener así un motivo para ejecutarlo. (Leer más en: La lista negra del DAS)

“El profesor fue objeto de seguimientos y tomas fotográficas ilegales desde el mes de agosto de 2003 por parte del investigador de la Dirección seccional del DAS de Valledupar, Javier Alfredo Valle”, quien “tenía vínculos con el comandante paramilitar, alias don Antonio, personaje que ordenó la muerte del catedrático”, concluyó el Consejo de Estado. (Leer más en: La conexión Bloque Norte-DAS según ‘Don Antonio’)

Por el asesinato del profresor Correa D’Andreis, cometido por paramilitares en complicidad con agentes del DAS el 17 de septiembre de 2004, el entonces director de esa entidad, Jorge Noguera, fue condenado a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. (Leer más en: Los crímenes de Jorge Noguera y Jorge Noguera, ¿el espía de los ‘paras’?)

Peticiones puntuales

La familia Correa de Andreis quiere una verdad real, absoluta y no a medias. Por eso, a través de su abogado, solicitó formalmente y de manera pública que el gobierno colombiano se comprometa a exigir a Estados Unidos “hacer efectiva la deportación de Valle Anaya.

Otra petición va dirigida a la Fiscalía: que avancen las investigaciones contra Giancarlo Auque de Silvestri, exdirector de Inteligencia del DAS, y Rómulo Betancourt, director del DAS Bolívar, quien “pagó los viáticos para los testigos falsos”, aseguró Torres.

El tercer requerimiento es el comienzo de una demanda de repetición contra Demóstenes Camargo de Ávila, actual magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que siendo Fiscal 33 de Cartagena en 2004 “se prestó para ordenar la captura” de Correa.

“Quien firmó esa orden de captura está aquí, a unos kilómetros de distancia, administrando justicia. Los perpetradores gozan de buen nombre, buena familia, buena salud y la familia ni siquiera ha recibido la reparación administrativa. No es justo que el Estado responda por la demanda, cuando este señor está devengando millones de pesos”, cuestionó.

Por último, pidieron que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica auspicie el desarrollo y la culminación de un proyecto de investigación cuyo eje temático sea la defensa de los derechos humanos y se imprima una segunda edición actualizada de ‘Patrimonio y personalidad jurídica de los desplazados del Distrito de Barranquilla’, uno de los trabajos académicos liderados por Correa.

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Las prácticas ilegales en las que incurrieron investigadores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de interceptar llamadas telefónicas y hacer seguimientos a personas consideradas críticas del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006/2006-2010) podrían considerarse como actividades ocurridas en razón del conflicto armado y, por tanto, sus responsables ser procesados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El planteamiento fue consignado en el Auto 73, fechado el pasado 26 de octubre, por la Sala de Reconocimiento de la JEP al resolver varios recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de Defensa, la Procuraduría y la Fiscalía, que se opusieron a las medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS decretadas en marzo de este año por la Secretaría Ejecutiva de este órgano de justicia transicional, creado bajo el Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc.

Al desestimar los reclamos de esas agencias estatales y ratificar las medidas cautelares, la Sala de Reconocimiento reiteró la importancia que tienen esos archivos para brindar garantías efectivas al derecho a la verdad, justicia, reparación y a la no repetición, de las víctimas; asimismo, planteó que esos documentos serán muy útiles en los procesos que adelanten en un futuro la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Y agregó un escenario judicial en el que también serán fundamentales los archivos: el sometimiento de antiguos agentes del DAS a la JEP, puerta que abrió la Sección de Apelación de la JEP al aceptar en este proceso transicional a Martín Sierra D’Alemán, exfuncionario de esta agencia de seguridad del Estado condenado el 30 de julio de 2000 a 30 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y falsedad personal. Los hechos ocurrieron en marzo de 1994 y las víctimas fueron guerrilleros de un grupo conocido como ‘Fuerza Democrática Bolivariana’, célula urbana al parecer conformada por una disidencia del M-19.

La decisión de aceptar el sometimiento de Sierra D’Alemán, tomada el 21 de agosto de este año, quien deberá seguir un plan detallado de contribuir a la verdad y a la reparación, de acuerdo con la Sala de Reconocimiento, es un camino que podrían seguir antiguos agentes comprometidos en las ‘chuzadas’, para lo cual “los archivos del DAS también serían relevantes para determinar el alcance de la contribución a la verdad plena por parte de los antiguos funcionarios de dicho organismo”.

El caso de las ‘chuzadas’, como se le conoció mediáticamente, reveló que durante buena parte de la presidencia de Uribe, desde el DAS, una entidad bajo control directo de la Casa de Nariño, se diseñó una estrategia de seguimiento e interceptaciones telefónicas contra magistrados e investigadores de la Corte Suprema de Justicia, quienes adelantaban los procesos contra políticos que tuvieron nexos con grupos paramilitares, así como contra periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición.

Exfuncionarios como Fernando Alonso Tabares Molina y Jorge Alberto Lagos León, director general de Inteligencia y subdirector de Contrainteligencia, respectivamente, fueron condenados a ocho años de prisión tras establecerse que ambos “dirigieron, coordinaron y tuvieron conocimiento de actividades sistemáticas de inteligencia estatal por fuera del ámbito legal en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes consideraban ‘blancos políticos’”. (Leer más en: El DAS y la gran conspiración contra la justicia)

Archivos en disputa

El escándalo nacional e internacional que suscitaron las actuaciones ilegales del DAS llevaron a su liquidación en 2009 y a distribuir sus funciones entre diversas agencias estatales, pero más allá de esa reconfiguración institucional, lo que se generó fue una intensa disputa por los archivos de esta dependencia de investigación e inteligencia, cuyos contenidos podrían aclarar las dudas sobre sus prácticas contra todos aquellos considerados “enemigos” del Estado.

Los documentos, en diversos formatos de archivo, fueron puestos bajo la tutela del Archivo General de la Nación, pero desde diversos sectores víctimas de las ‘chuzadas’ se alegaba que había riesgo de que esos soportes fueran destruidos o desaparecidos, para afectar no sólo los procesos penales contra los exfuncionarios, sino una posible reconstrucción de los hechos.

Teniendo en cuenta esos temores, que no eran infundados, por cuanto diversas denuncias ya daban cuenta de la pérdida de archivos, el entonces secretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, profirió el Auto 001 del 12 de marzo de 2018, “por medio del cual decretó medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), con el objeto de preservarlos ante posible riesgo de destrucción, alteración y modificación”.

Esas medidas cautelares se tomaron teniendo en cuenta el artículo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017, cuyo objeto es “hacer realizables los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición”, y de fondo se le ordenó al gobierno nacional que los archivos fueran puestos “a disposición de la JEP” y “permaneciendo bajo custodia del Archivo General de la Nación”.

El Auto también dispuso que para “los trámites de identificación, acceso y consulta de la documentación correspondiente a los archivos […] se requerirá una autorización de la autoridad judicial competente de la JEP”. Y, además, solicitó varios informes que contuvieran información sobre el estado de los archivos, medios de soporte, nivel de conservación, procedimientos archivísticos adoptados para su conservación, protocolos de seguridad y las denuncias sobre presunta destrucción, sustracción, falsificación, eliminación o pérdida de información, entre otros.

Las medidas cautelares fueron cuestionadas por el Ministerio de Defensa, cuyos abogados interpusieron un recurso de apelación en contra de la decisión, alegando que la Secretaría Ejecutiva de la JEP se había extralimitado en sus funciones, violaba la normatividad vigente, usurpaba tareas de otras entidades y la conservación estaba subsanada por cuanto los archivos estaba bajo custodia del Archivo General de la Nación. Otras agencias estatales se sumaron al reclamo del Ministerio de Defensa. Procuraduría, Fiscalía y Ministerio de Justicia alegaron argumentos similares y también solicitaron derogar las medidas cautelares.

Razones contrarias expuso el abogado Sebastián Escobar, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien, actuando en calidad de representante de Soraya Gutiérrez Arguello, víctima de interceptaciones por parte del antiguo DAS, señaló que “los archivos del extinto DAS, que se encuentran bajo custodia del Archivo General de la Nación aún están expuestos a riesgos de pérdida, ocultamiento y/o destrucción, debido a que actualmente el acceso y la consulta fue asignada a la Dirección Nacional de Inteligencia, pese a que los archivos debían quedar a cargo de una instancia civil, independiente y autónoma sin relación con las partes en conflicto”.

Escobar también alegó que el Archivo General de la Nación “no ha adelantado acciones para promover la gestión documental que garantice su conservación, por lo tanto, no se estaría aplicando, en este momento, una política clara y técnica para cumplir este fin”.

De alto valor en la JEP

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, los archivos del DAS “constituyen un fondo documental importante en el desarrollo del deber de memoria del Estado y de una Política Pública de Archivos de Derechos Humanos”. Así lo consignó en su texto Política Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Amado. “Las sentencias judiciales y el debate público generado por las interceptaciones y seguimientos ilegales en el periodo 2002-2010 son reveladores en cuanto al potencial de estos archivos en el esclarecimiento de asuntos como el tratamiento a actores como fuerzas políticas de oposición, organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes sociales, comunitarios, académicos, entre otros actores, en el marco de las políticas de seguridad promovidas por distintos gobiernos”.

Así también lo consideró la Sala de Reconocimiento de la JEP y tras valorar los distintos puntos de vista expuestos en el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Defensa, estimó que “el Auto 001 de 2018 proferido por el entonces Secretario Ejecutivo, fue expedido válidamente dentro del límite temporal fijado en el marco normativo vigente”.

Además, aclaró que las medidas decretadas “no son conservativas, sino preventivas, pues no buscan simplemente el mantenimiento de un statu quo, sino que se produzca un perjuicio, ante la posible existencia de un riesgo que ha sido documentado”. Lo que pretendía la Secretaría Ejecutiva de la JEP y fue respaldada por la Sala de Reconocimiento es evitar “que se materialice un posible riesgo actual de destrucción, alteración y modificación” de los archivos.

Para este organismo de justicia transicional, “la pertinencia de ordenar medidas cautelares para preservar los archivos relacionados con el conflicto armado […]son necesarias para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por tanto, los Estados deben adoptar dos medidas fundamentales: de un lado las orientadas a preservar los archivos, y de otro, garantizar el derecho al acceso a la información”.

En su exposición de motivos para respaldar las medidas cautelares solicitadas en marzo de este año, la Sala de Reconocimiento recurrió a ejemplos de diversos países en el mundo, que han atravesado por periodos de transición luego de conflictos armados, para determinar que los archivos documentales sobre los hechos de guerra son esenciales para determinar la verdad de lo ocurrido, quiénes fueron las víctimas, pero también los víctimarios, y cómo se pueden adelantar políticas de reparación integral.

“En consecuencia, la Sala de Reconocimiento encuentra que la decisión de adoptar medidas para garantizar la conservación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), responde adecuadamente a la necesidad de garantizar efectivamente el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Por otra parte, responde a las recomendaciones para los países en transición que son aplicables al caso colombiano”, sustenta.

La decisión de la Sala de Reconocimiento fue valorada de manera positiva por diez organizaciones de derechos humanos, sociales y de víctimas mediante un comunicado que circuló este fin de semana. “La sociedad colombiana debe conocer todos los archivos de inteligencia y contrainteligencia relacionados con graves violaciones a los derechos humanos”, reiteraron y aseveraron que la decisión adoptada por la JEP “es un paso en la dirección correcta que encuentra respaldo en estándares nacionales e internacionales”.

Además, estimaron que ratificar las medidas cautelares sobre los archivos del DAS “es un avance significativo en el esclarecimiento de uno de los más sonados episodios de violencia sociopolítica cometida desde el máximo organismo de inteligencia y contrainteligencia del Estado en contra de amplios sectores sociales y de oposición. Por todo lo anterior, exhortamos a las entidades del Estado vinculadas en la decisión a cumplirla en los términos señalados por la Sala”. (Leer comunicado completo)

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“Lo que he buscado resaltar en el libro son historias de personas que se enfrentaron al poder paramilitar y, eventualmente, lograron destapar verdades importantes”, afirma María McFarland al describir la intención que buscaba con su trabajo de investigación, convertido en un libro cuyas páginas abrirán intensas discusiones sobre el paramilitarismo en Colombia y aquellos que estuvieron detrás de esa máquina de guerra.

En las páginas de este libro gravita el espíritu del abogado Jesús María Valle Jaramillo, activista y defensor de derechos humanos, asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina del centro de Medellín por sicarios de la poderosa banda La Terraza que, para esa época, estaba al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

“Titulé el primer capítulo, que es más que nada sobre Valle, ‘El Profeta’, porque él advirtió desde muy temprano sobre lo que se venía con el paramilitarismo en el país, y sobre sus vínculos con el Estado”, precisa McFarland, quien trabajó para la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) observando lo que sucedía en Colombia. Fueron seis años, entre 2004 y 2010, los dedicados al análisis del país como Investigadora Principal para las Américas.

En esta entrevista, McFarland, quien es la directora ejecutiva de Drug Policy Alliance, la principal organización no gubernamental en Estados Unidos que aboga por ponerle fin a la guerra contra las drogas, alude a las motivaciones que tuvo para abordar esta investigación y las dificultades que enfrentó; y detalla aspectos de los tres personajes sobre los cuales giran sus historias: además de Valle Jaramillo, están Iván Velásquez, exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia que adelantó los procesos de la llamada ‘parapolítica’, y el periodista Ricardo Calderón, de la revista SEMANA, quien investigó casos connotados relacionados con el paramilitarismo.

“En mi experiencia trabajando en Colombia descubrí que está lleno de personas valientes, honestas, y profundamente comprometidas con la justicia y la verdad, y en algunos casos, han logrado grandes avances”, reitera McFarland, pero también se cuestiona sobre las actitudes del expresidente Uribe, quien, según ella, no la quiso atender para contrastar la información.

A continuación, este portal reproduce la entrevista realizada a la investigadora, que estará el próximo martes en The PowerHouse Arena, Nueva York, presentando su libro, en una fecha significativa: la conmemoración de los 20 años del homicidio de Valle Jaramillo.

Más allá de un artículo

VerdadAbierta.com (VA): Libros sobre paramilitarismo en Colombia hay muchos, ¿por qué decidió sumarle uno más a la estantería? 

María McFarland (MF): En Colombia hay excelentes libros sobre paramilitarismo, pero fuera del país son relativamente pocos, y menos aún dirigidos a un público general y no especializado. Yo cubrí Colombia durante seis años para Human Rights Watch, y en todo ese tiempo me quedó muy claro que el paramilitarismo había sido (y en gran medida seguía siendo) una fuerza importantísima en el país, que había distorsionado las instituciones y hecho un daño tremendo. Pero fuera de Colombia, la gran mayoría de personas sólo saben de Pablo Escobar o, a lo mucho, de la guerrilla de las Farc.

VA: ¿De dónde surgió la idea de este libro y cuánto tiempo empleó en su desarrollo?

MM: Cuando dejé de cubrir Colombia para HRW me quedé con las ganas de contar algunas de las historias que había conocido, pero de una forma que explorara más a fondo las vidas y experiencias de los personajes, no sólo en un informe de derechos humanos, en un listado de casos o en un documento sobre política.

En el 2012 empecé a conversar con Iván Velásquez, a quien había conocido a través de mi trabajo, para ver si podía escribir un artículo sobre su historia. Pero, con el tiempo, me quedó claro que un artículo se quedaría corto y lo que necesitaba era escribir un libro. La idea fue evolucionando a lo largo de los siguientes años con múltiples viajes a Colombia, centenares de entrevistas y análisis de documentos. Finalmente, en el 2015, tuve el concepto claro y encontré una casa editorial, Nation Books, que lo publicara. Luego, durante los siguientes dos años estuve escribiéndolo.

VA: El paramilitarismo en Colombia tiene bastantes aristas. En su libro, ¿qué camino recorre para dar cuenta de ese fenómeno armado, social y político?

MM: Lo que he buscado resaltar en el libro son historias de personas que se enfrentaron al poder paramilitar y, eventualmente, lograron destapar verdades importantes. Demasiadas veces las historias que se cuentan de Colombia se enfocan en personajes siniestros, narcotraficantes, asesinos, líderes de grupos armados, o a lo sumo, en agentes de la DEA o de la Fuerza Pública. Pero en mi experiencia trabajando allí descubrí que está lleno de personas valientes, honestas, y profundamente comprometidas con la justicia y la verdad, y en algunos casos, han logrado grandes avances. En ese sentido, el libro también busca ofrecerles esperanza a personas en otras partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos, que también se enfrentan a situaciones terribles con valentía, dignidad y compromiso.

El libro contiene datos y testimonios nuevos sobre distintos temas, como la muerte de Jesús María Valle, y la relación entre la Gobernación de Antioquia y los paramilitares. Pero más allá de esos insumos, que en todo caso tendrían que ser investigados, lo que el libro resalta son las historias de los personajes involucrados. En Colombia, mucha de la información en el libro ha salido en los medios, pero normalmente como notas de prensa. El libro la contextualiza y explora sus dimensiones humanas.

VA: Tres personas son destacadas en su libro: el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez, y el periodista de la revista SEMANA Ricardo Calderón. ¿Qué la llevó a entrelazar esas personas y qué puntos comunes hay entre ellos?

MM: Las historias se entrelazaron de forma natural. Empecé entrevistando a Iván Velásquez y, en algún momento, me dio la copia de un discurso que había dado cuando recibió un premio de derechos humanos del International Bar Association, otorgado en Dubai en 2011. Al final del discurso, Velásquez habló sobre Jesús María Valle, quien había dicho la verdad y pagó por ello con su vida. Eso me llevó a preguntarle sobre Valle. Y mientras más indagaba, más claro me fue quedando que Valle era un personaje central, no sólo por el impacto que su muerte dejó en Velásquez, sino por el papel que jugó desde muy temprano, tratando de destapar la verdad sobre los vínculos entre el paramilitarismo y el Estado.

Por otro lado, todo lo que pasó con Velásquez (los escándalos de ‘Tasmania’, la ‘Casa de Nari’, y los seguimientos del DAS) no se pueden explicar sin contar la historia de la revista SEMANA y, específicamente, del periodista Ricardo Calderón, quien destapó mucho de lo que estaba pasando en esos casos.

VA: Uno de los problemas que enfrentan los investigadores de estos temas en el país es el acceso a la información. En su caso, ¿a qué fuentes acudió y qué dificultades tuvo para acceder a distintos tipos de fuentes?

MM: Revisé expedientes de procesos penales, incluyendo el del homicidio de Valle, el del allanamiento al Parqueadero Padilla (donde se hallaron los libros contables de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -Accu) y el de la masacre de El Aro, al igual que sentencias en los casos de la “parapolítica”. También conseguí otros archivos, videos, audios y materiales a través de distintas fuentes, y consulté libros. Finalmente, hice centenares de entrevistas con los personajes, sus familias, colegas y amigos, y con otras personas que podían tener conocimiento de los principales hechos cubiertos por el libro, incluyendo a funcionarios, magistrados, fiscales e investigadores, periodistas, y personas del entorno del expresidente Álvaro Uribe. También intenté hablar con exjefes paramilitares quienes, según lo informado en medios o sobre la base de lo que habían dicho en sus versiones libres ante jueces y fiscales, podrían tener información relevante.

El trabajo tomó mucho tiempo, ya que un hilo de la historia muchas veces me llevaba a nuevos temas que necesitaba investigar. No logré entrevistar a todos los exjefes paramilitares que habría querido, ya que en algunos casos sus abogados no lo permitieron. Por otro lado, a pesar de mis reiteradas solicitudes a lo largo de estos años, el expresidente Uribe nunca me concedió una entrevista ni contestó el cuestionario detallado que le envié, así que para presentar su punto de vista tuve que apoyarme en su autobiografía, en las declaraciones que él había dado en los medios o en comentarios de sus asesores.

El espíritu de Valle Jaramillo

VA El libro tiene una columna vertebral, que es el caso del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ¿qué la motivó a escogerlo a él?

MM: Titulé el primer capítulo, que es más que nada sobre Valle, “El Profeta”, porque él advirtió desde muy temprano sobre lo que se venía con el paramilitarismo en el país, y sobre sus vínculos con el Estado.

Por otro lado, la historia de Valle fue para mí sumamente conmovedora. Los detalles que aparecen en el libro y que compartieron personas cercanas a él muestran a una persona de una gran nobleza, humildad y, sobre todo, de un profundo compromiso con los más necesitados. Valle sabía que seguramente lo iban a matar por las denuncias que estaba haciendo, pero nunca aceptó salir del país, porque para él era inconcebible hacer otra cosa. Tenía que defender a su pueblo, a la gente de Ituango, y hacer todo lo posible por detener la barbarie que ya estaba viendo.

A la vez, como lo dijo Iván Velásquez en su discurso ante el International Bar Association, Valle representa a miles de otras personas que sacrificaron sus vidas por contar la verdad. De algún modo, espero que el libro los reconozca y honre a todos.

VA: ¿Cuáles son los nuevos detalles alrededor del caso de Jesús María Valle que encontró en el desarrollo de su investigación?

MM: El libro incluye mucha información sobre las denuncias que Valle hizo sobre paramilitarismo en Antioquia desde 1996. Tengo una carta de Valle al gobernador Uribe (ya conocida) del 20 de noviembre de 1996 en la que le hace la denuncia y pide su intervención para salvar las vidas de la gente de Ituango. Luego narro la versión que me contó un testigo sobre una reunión que Valle habría sostenido con Uribe el 9 de diciembre de 1996 acerca de sus denuncias.

Según el testigo, delante de Valle, Uribe habría llamado al general Alfonso Manosalva, entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín, y le habría dicho que Valle estaba allí haciendo denuncias falsas contra él que ameritaban una demanda por calumnia. Por cierto, Uribe ha dicho recientemente que Manosalva ya había muerto para entonces, pero eso no es cierto. Manosalva murió varios meses después (el 19 de abril de 1997). Luego, Uribe le habría dicho a Valle que le hiciera las mismas denuncias a Manosalva. Uribe también habría dado órdenes para organizar una visita con el Ejército y con Valle a Ituango, donde Valle había denunciado la existencia de fosas comunes, pero la noche anterior a la visita le habrían avisado que no había espacio en el helicóptero para él, así que no pudo asistir.

También hay detalles de cómo Valle y otros (incluyendo a Amparo Areiza, hija de Marco Aurelio Areiza, tendero de El Aro asesinado durante la masacre) les habrían avisado a las autoridades que los paramilitares estaban en El Aro. Según distintas fuentes, se comunicaron con la Cuarta Brigada, la Policía y la Gobernación, pero no recibieron respuesta. En algunos casos, los funcionarios les habrían dicho que no podían hacer nada debido a que se avecinaban elecciones, o les prometieron hacer una reunión varios días después.

Finalmente, el libro incluye comentarios que me hicieron exjefes paramilitares acerca de la relación cercana que tuvieron con Pedro Juan Moreno, el entonces Secretario de Gobierno de Antioquia, durante la administración de Álvaro Uribe (1995-1997). Por ejemplo, Raúl Hasbún me habló sobre las reuniones que él sostuvo con Moreno, y cómo Moreno sabía perfectamente que las Convivir eran los paramilitares. Diego Murillo (alias ‘Don Berna) también me dijo por correo electrónico que el asesinato de Valle se llevó a cabo “a solicitud de” Moreno, cosa que Murillo ya había dicho en una versión libre en 2012. El libro también tiene una declaración que Murillo me dio a mí por e-mail, en la que afirma que Uribe ordenó la muerte de Moreno. Por supuesto, también resalto que Uribe siempre ha defendido a Moreno y ha dicho que Murillo no tiene credibilidad porque Uribe lo extraditó.

Sombra de impunidad

VA: Con respecto a lo ocurrido en Antioquia con el paramilitarismo, ¿qué sensación le dejó establecer que una investigación que llevó a ubicar al contador de las Accu y todas sus finanzas en aquel momento derivó en muertes y persecuciones?

MM: No me sorprendió aprender más sobre lo sucedido con los investigadores (del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía) en el caso del Parqueadero Padilla, porque yo ya tenía claro que los paramilitares a fines de los noventa habían permeado muchas instituciones del Estado. Sin embargo, las historias de todos estos personajes que se atrevieron a investigar el paramilitarismo, a pesar de los enormes riesgos que enfrentaban, me conmovieron muchísimo.

Conocer más de cerca cómo, uno a uno, los paramilitares asesinaron o provocaron la huida de investigadores y fiscales idealistas y valientes me generó una profunda tristeza e indignación. A varios de los sobrevivientes, además, esta experiencia los marcó de por vida, porque estuvieron tan cerca de destapar gran parte de la verdad sobre el paramilitarismo, pero sintieron que esa oportunidad finalmente se perdió, y el costo, con tantos investigadores muertos, fue altísimo.

Algunos de los exjefes paramilitares, como Rodrigo Zapata y Raúl Hasbún, me confirmaron que la captura de Jacinto Alberto Soto, alias ‘Lucas’, y el allanamiento al Parqueadero Padilla había sido un duro golpe a los paramilitares, ya que ‘Lucas’ era muy cercano a Carlos Castaño, y funcionaba como su contador, y los documentos encontrados en el parqueadero incluían muchísima información sobre los financiadores de los paramilitares. Y ‘Don Berna’ ha dicho que los asesinatos de los investigadores del CTI se cometieron para intimidarlos, para que no avanzara la investigación del parqueadero.

VA: ¿Usted cree que en esas muertes y en esas persecuciones hubo complicidad de sectores del Estado?

MM: Definitivamente hubo paramilitares que se infiltraron en el CTI de Medellín; de hecho, cuando Iván Velásquez empieza como fiscal regional de Antioquia. en 1998, crea un grupo aparte de investigadores de confianza, porque ya tenía informes de contrainteligencia (recopilados por Diego Arcila, experto del CTI en interceptaciones, quien luego fue asesinado) que mostraban que había sectores del CTI que estaban trabajando con los paramilitares. Por otra parte, en el momento en que la Fiscala General ordena el traslado de la investigación por lo del Parqueadero Padilla a Bogotá, una persona desconocida cambio la orden de traslado de ‘Lucas’ y lo envió a un fiscal de Medellín, quien lo puso en libertad. Años después, Hebert Veloza, alias ‘HH’, dijo que los paramilitares habían pagado millones de dólares por la libertad de ‘Lucas’.

VA: ¿Qué responsabilidad le atribuye usted a sectores estatales que, en últimas, evitaron que se conocieran a los financiadores de las Accu?

MM: Es claro que Iván Velásquez y otros en Medellín sintieron que no recibieron el apoyo adecuado desde el CTI o la Fiscalía a nivel nacional, y que la decisión de enviar el proceso a Bogotá les hizo daño a las investigaciones que estaban avanzando. La fuga de ‘Lucas’ fue un golpe duro, ya que allí se perdió un importantísimo testigo que era muy cercano a Carlos Castaño. Recién varios años después se dio el allanamiento a Funpazcor, pero yo no pude establecer lo que sucedió con el resto de la investigación, que en un principio generó alrededor de 500 cuentas bancarias congeladas. Funcionarios involucrados defendieron la investigación en Bogotá, pero, al parecer, posteriormente se dividió en varios pedazos, y nadie me pudo describir resultados concretos. Yo no pude rastrear ese proceso, pero sería interesante que alguien lo hiciera.

Por otro lado, Velásquez y otros en la fiscalía regional sintieron que la decisión de eliminar su grupo especial de trabajo en el CTI, y la falta de apoyo desde el nivel central puso a los investigadores en mayor riesgo. Efectivamente, Diego Arcila fue asesinado después de la disolución del grupo especial. Funcionarios del CTI y la Fiscalía en Bogotá dicen que ellos hicieron todo lo que pudieron por brindarles seguridad y que las decisiones que tomaron eran adecuadas o necesarias; pero evidentemente, hay puntos de vista muy distintos al respecto. Lo cierto es que murieron muchos, y la investigación no parece haber dado los resultados que habría podido tener.

VA: En el tema de la llamada parapolítica, ¿considera que la extradición en 2008 de los principales jefes de las Auc, ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe, fue una estrategia para silenciarlos y evitar que se conociera la verdad sobre los reales nexos con sectores políticos y económicos?

MM: Yo no he podido llegar al fondo de ese asunto, pero es cierto que la forma en que se tomó la decisión fue muy extraña. El expresidente Uribe dijo en su autobiografía que los paramilitares fueron extraditados porque no estaban cumpliendo con las obligaciones del proceso de Justicia y Paz, y porque estaban delinquiendo. Pero la revista SEMANA había publicado pruebas desde un año antes que mostraban que varios paramilitares estaban delinquiendo desde la cárcel, así que es difícil entender la demora.

El general Óscar Naranjo me dijo que el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le había pedido desde el momento en que fue nombrado Director de la Policía que le trajera cualquier información que indicara que estaban delinquiendo; efectivamente, Naranjo dijo que lograron interceptar legalmente llamadas que indicaban que alias ‘Macaco’ (Carlos Mario Jiménez) y Diego Murillo estaban delinquiendo, y que sobre la base de esa información, el Presidente decidió extraditarlos. Pero eso finalmente no explica por qué extraditó a todos a la vez.

Por otro lado, la extradición coincidió con un momento complicado, en el que la gente de Diego Murillo, como alias ‘Job’ (Antonio López, exparamilitar desmovilizado) se habían estado reuniendo en la Casa de Nariño con funcionarios del gobierno de Uribe. En meses anteriores, a Murillo lo habían movido a la cárcel La Picota, donde había tenido condiciones mejores que en Cómbita, y donde al parecer estuvo grabando a otros personajes, buscando información contra distintas personas. Una hipótesis que se menciona en el libro es que entre sus versiones libres y sus presiones al gobierno, los paramilitares se le estaban convirtiendo en un problema demasiado complicado y fue más fácil extraditarlos.

VA: ¿Cree que esa supuesta trama de acallarlos funcionó?

MM: Durante varios meses, los paramilitares extraditados estaban ocupados lidiando con sus problemas jurídicos en Estados Unidos. Además, hubo demoras en organizar el acceso a los paramilitares por parte de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Así que si ese fue el objetivo, funcionó por un tiempo.

Después, algunos (no todos) de los extraditados empezaron a hablar de muchos temas. Sin embargo, cada vez que han dicho algo sobre el expresidente Uribe, él les ha restado credibilidad porque dice que es venganza por la extradición.

VA: Tras su extensa investigación, y ponerle punto final a su libro, ¿qué piensa hoy del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, en quien recae gran parte de las tramas más siniestras que describe en su libro?

MM: Yo veo al expresidente Uribe como un personaje sumamente complejo, con un enorme intelecto y gran capacidad de trabajar. Yo me crié en Perú e, incluso, voté por el Alberto Fujimori en una ocasión debido a que sentí que había traído orden en una situación caótica, en medio de la guerra, aunque después me decepcioné gravemente cuando me di cuenta de sus abusos y corrupción. Pero entiendo hasta cierto punto a los colombianos que han apoyado a Uribe.

Lo que no entiendo es como un líder que siempre se ha jactado de saber todo lo que está pasando en el país y en su gobierno, que trabaja sin parar, y que es tan inteligente, no pudo haber sabido de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Ya hay cantidades de personas de su gobierno condenadas por vínculos con los paramilitares u otros graves delitos, por ejemplo, Jorge Noguera, los involucrados en el escándalo del DAS, su jefe de seguridad extraditado, gran parte de su coalición en el Congreso. Y hay graves acusaciones en cuanto a otros, como Pedro Juan Moreno. El Presidente los ha defendido en muchos casos, pero es absurdo insistir en que todo es un montaje. Entonces la pregunta es: ¿el expresidente no sabía lo que sucedía? ¿No lo quiso ver? ¿O pasa algo más allí?

Obviamente, el expresidente tiene algunos seguidores que, al igual que los seguidores de Fujimori en Perú, nunca van a hacerse estas preguntas difíciles. Pero son esenciales para cualquier Estado que desea llamarse democrático, que está construido sobre la base del estado de derecho y principios, y no sobre el apoyo ciego a ciertos individuos.

VA: En todo el recorrido que ha hecho por una parte de la historia del paramilitarismo en Colombia queda en evidencia una gran impunidad. Al respecto, ¿qué reflexiones ha hecho?

MM: Es muy cierto. Y refleja la debilidad de las instituciones democráticas frente al inmenso poder de la mafia y las armas en el país. Entre los sobornos y las amenazas, es muy difícil tener un sistema de justicia que funcione. Claro que hay algunas personas honestas que a veces logran tener resultados increíbles con sus investigaciones, pero lo logran con enormes sacrificios. Otros, como Valle, han muerto en el intento.

Lamentablemente, yo no le veo una solución fácil a esto. Creo que un aspecto fundamental del problema son los enormes recursos del narcotráfico, que le dan un poder inmenso al crimen organizado, que a su vez corrompe a las autoridades. En ese sentido, el presidente Santos tuvo razón cuando, junto con sus colegas en México y Guatemala, le pidió a las Naciones Unidas que reconsideraran las políticas internacionales de drogas, porque la prohibición inevitablemente alimenta el crimen y la corrupción. Pero repensar el sistema no es cosa fácil y no se va a hacer de la noche a la mañana.

Por otro lado, me parece fundamental rodear y apoyar a las personas que sí están intentando hacer justicia, a pesar de las dificultades. Espero que este libro, al contar las historias de algunas de estas personas, en algo contribuya a eso.

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Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ fue el jefe del Bloque Norte de las Auc. Foto archivo Semana

En marzo de 2006, durante la operación que pretendía capturar al paramilitar del Bloque Norte alias ‘Don Antonio’ las autoridades incautaron varias memorias usb y dos portátiles, que luego se conocerían como los computadores de ‘Jorge 40’.

En uno de los computadores los investigadores encontraron una carpeta rotulada con el nombre ‘amigos del DAS’, en la que había una lista con 106 nombres, entre los que se encontraban sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes de oposición de la CostaCaribe.

Varios de los mencionados en la lista, en efecto, habían sido objeto de amenazas y otros habían sido asesinados, como el desmovilizado de la Corriente de Renovación Socialista, Miguel Espinosa Rangel (abaleado el 30 de junio de 2004), el profesor Alfredo Correa de Andreis (muerto el 17 de septiembre de 2004), el sindicalista Adán Pacheco (asesinado el 2 de mayo de 2005), el defensor del Pueblo y ex secretario del interior de Barranquilla, Pedro Pérez Orozco (acribillado el 3 de octubre de 2005), entre otros. También hallaron listas de supuestos ladrones y prostitutas que fueron asesinados.

El computador de ‘Don Antonio’ dejó en evidencia la infiltración paramilitar a las agencias de seguridad del Estado y el hecho que miembros de éstas agencias le pasaban información a los paramilitares con distintos propósitos. La información suministrada contenía las direcciones de residencias de las eventuales víctimas así como sus rutinas diarias.

Para la misma época, Rafael García Torres  exfuncionario del DAS, dio a conocer un supuesto plan para asesinar sindicalistas y líderes en la Costa Atlántica fraguado por paramilitares del Bloque Norte de las Auc y algunos miembros de DAS.  Incluso García confirmó la existencia de la lista que se había encontrado en el computador de ‘Don Antonio’.

Más adelante, Noguera, junto con otros funcionarios de DAS como Giancarlo Aunque, José Miguel Narváez (ex subdirector) y el mismo Rafael García (ex jefe de informática) fueron acusados por la Fiscalía de haberle suministrado a los paramilitares del Bloque Norte los nombres de sindicalistas, líderes sociales, periodistas  y profesores universitarios que fueron asesinados por paramilitares en la Costa.

Tras una inspección al DAS en Bogotá como parte de la investigación contra los funcionarios, se encontraron varios informes de inteligencia, entre ellos cuatro informes sobre Alfredo Correa de Andreis, uno sobre la periodista Zully Esther Codina Pérez y nueve sobre Fernando Pisciotti Van Strahlen, todos asesinados por paramilitares.

De los listados y seguimientos encontrados en el DAS, 36 sindicalistas seguidos por ese organismo de seguridad fueron asesinados en Barranquilla en 2004 y 61 amenazados de muerte.

Aunque la Corte Suprema de Justicia absolvió a Noguera Cotes de su responsabilidad en el homicidio de  Codina y  de Pisciotti, asesinatos cometidos por paramilitares en el 2003, sí responsabilizó al ex subdirector del DAS del homicidio del profesor Alfredo Correa De Andreis.

Noguera autor mediato

Alfredo Correa de De Andreis, de 52 años de edad, fue asesinado, junto a su escolta Edelberto Ochoa,  el 17 septiembre del 2004, en la ciudad de Barranquilla. Según lo determinó la Corte, el homicidio de Correa De Andreis se produjo luego de que se estableciera una alianza entre el  DAS y el frente José Pablo Díaz, comandado por Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’ para hacer ver al profesor como un allegado de la guerrilla, razón que utilizaron los paramilitares para asesinarlo.

En la decisión, la Corte señaló que Correa De Andreis fue asesinado como resultado de la alianza que estableció Noguera Cotes con el Bloque Norte de las Auc, y que consistió en que el investigador del DAS,  Javier Alfredo Valle Anaya, encargado del caso de De Andreis, y quién fue cómplice de Noguera y de los ‘paras’, se alió con las autodefensas para señalar como colaborador de la guerrilla al catedrático.

“En medio de dos aparatos organizados de poder se encontraba Alfredo Correa De Andreis: uno estatal -el Departamento Administrativo de Seguridad-, en cuya cúpula se encontraba Jorge Aurelio Noguera Cotes, y otro ilegal –Bloque Norte de las Autodefensas- comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, mientras el primero a través de sus funciones de inteligencia y de policía judicial, fabricó un montaje para hacerlo ver como subversivo, el segundo ejecutó a un falso guerrillero”, indica la Corte.

Correa De Andreis era una académico que investigaba el fenómeno del desplazamiento en la Costa Atlántica. Foto archivo Semana

Alfredo Correa De Andreis, ingeniero agrónomo y sociólogo de profesión,  fue profesor de las universidades del Norte y Simón Bolívar y además rector de la Universidad de Magdalena. Desde 2003, Correa De Andreis, natal de Ciénaga (Magdalena) venía liderando una investigación, patrocinada por Colciencias y Usaid, sobre patrimonios y personalidad jurídica de los desplazados en La Cangrejera, Pinar del Río y Loma Roja, en Magdalena y Atlántico.

Cuatro años antes, según contó a El Heraldo de Barranquilla, Magda Correa, su hermana, había llevado a cabo otro estudio en Nueva Venecia (Magdalena) posterior a la masacre cometida por las autodefensas allí, en la cual cayeron asesinados 39 pescadores. En ese trabajo, hecho para la Universidad Simón Bolívar, el sociólogo advirtió sobre los riesgos que tenía para el medio ambiente y para la comunidad el montaje de un puerto carbonífero en el sector de Palermo. Detrás de ese proyecto estaban el gobernador Trino Luna y como se conocería después, el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.

Tres meses antes de su asesinato, el 17 de junio de 2004, Correa De Andreis fue detenido por las autoridades en Barranquilla, ciudad de residencia, sindicado del delito de rebelión e identificado con el alias de “Eulogio”, presunto ideólogo de las FARC. La captura se hizo con base en supuestas imputaciones que provenían de tres desmovilizados de las Farc, quienes aseguraron que el profesor había viajado con ‘Iván Márquez’ a Venezuela, para  reunirse con el mandatario venezolano Hugo Chávez.

La captura del reconocido profesor Correa desató un escándalo en los medios y sus colegas de la academia, quienes conociendo su labor social, denunciaron que se trataba de un montaje.

Aunque Antonio Nieto, abogado de Correa De Andreis, logró demostrar que las acusaciones eran falsas y el profesor fue dejado en libertad el 15 de julio del 2004 por ausencia de pruebas en su contra, varias fueron las irregularidades que se registraron en la investigación y detención de Correa De Andreis. La revista Semana publicó una declaración de Nieto, en donde el jurista demuestra cómo los testimonios presentados como pruebas para el caso fueron clonados de los usados en el proceso contra Amaury Padilla, líder defensor de derechos humanos de la Costa.

Según Nieto, “La clonación consistió en que se pegó la misma versión que aparecía en el archivo del DAS a cada una de las declaraciones de los tres reinsertados y a pesar de que se intentó mimetizar dicha clonación cambiando el tipo de letra y su tamaño, los textos son exactamente iguales en la sintaxis, en los errores ortográficos y en la puntuación. Lo cual equivale a un montaje de un documento público falso que fue utilizado fraudulentamente como prueba para ordenar la privación de la libertad del profesor Correa De Andreis”. (Lea ¿Un crimen de Estado? de la Revista Semana)

Después de este controvertido hecho, la defensa del profesor Correa denunció  ante la Defensoría del Pueblo en Cartagena, una conspiración del Das y la Fiscalía 33, organismo que llevaba su proceso, para inculparlo y sindicarlo de guerrillero.

Cuando la revista Semana la entrevistó en 2005, su esposa Alba recordó que desde que salió libre estaba seguro de que intentarían matarlo. “Desde entonces lo único que hizo fue temblar”, dijo al reportero de Semana en Barranquilla. “A pesar de que había sido ateo toda su vida, después de la detención orábamos cada día. Pensábamos que la dimensión divina podría corregir la injusticia humana. Durante semanas vivimos una persecución insoportable. Las amenazas contra su vida eran claras. El dilema diario era pensar si nos debíamos ir del país, pero no teníamos plata. No teníamos a dónde ir. Él tenía miedo pero trataba de ocultarlo porque veía cómo sufríamos todos. Pero también confiaba demasiado y decía: ‘Cómo me voy a ir, no tengo nada oscuro detrás de mí’”.

Tocó todas las puertas, le envió dos cartas al entonces Presidente Álvaro Uribe para que lo escuchara, pero no lo atendieron. Lo que pretendía era que le resolvieran su situación jurídica. “Durante el tiempo que estuvo libre, lo dejó todo, su proyecto de vida como investigador,” dijo su esposa.

Tres meses después, el 17 de septiembre de 2004, cuando se despidió de su mujer, ella lo vio preocupado. Él le dijo, como al pasar, que le dolía no despedirse de su hija. “Me siento barro”, dijo, besó a Alba y se fue. Eran las 2:20 de la tarde. A unos metros de la Universidad Simón Bolívar, en un andén del barrio El Prado de Barranquilla, lo acribillaron, junto con su guardaespaldas.

El profesor Alfredo Correa De Andréis fue asesinado por paramilitares del Bloque Norte, al mando de ‘Don Antonio’.  El mismo ‘Antonio’ aseguró a Verdadabierta.com en una entrevista en la cárcel de Barranquilla en 2009, que organizó su asesinato, convencido de que era un miembro de la guerrilla, porque así se lo habían asegurado sus fuentes oficiales, pero que ahora, después de conocer mejor los hechos, ya no estaba seguro. Y a la justicia le dijo que sus hombres utilizaron informes de inteligencia del DAS para cometer el crimen, pero no ha confesado quién fue el funcionario que le dijo que Correa era amigo de la guerrilla.

La justicia determinó que el hombre que disparó al profesor fue Juan Carlos Rodríguez de León alias ‘El Gato’, quien contó con el apoyo de Henry Arbey Patiño Hurtado, alias ‘Felipe’, jefe de sicarios de los paramilitares en Barranquilla. Y que la orden, en efecto fue dada, por Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias don ‘Antonio’, jefe del frente José Pablo Díaz.

Aunque no se sabe cuánto pagaron por el homicidio de Alfredo Correa, se conoce que fue coordinado por Wilmer Samper Meléndez, alias ‘Pupy’, que manejaba las finanzas de la organización paramilitar y quien entregó el dinero a alias ‘Felipe’.

‘Pupy’ dijo que Correa De Andreis fue asesinado porque hacía denuncias sobre la Red de Solidaridad y de la Corporación Autónoma Regional, CRA. Según ‘Pupy’, Correa no era guerrillero, pero “tiraba más para el lado de la guerrilla que para el de los paramilitares”, por el hecho de que reclamaba la inversión social en beneficio de los desplazados.

Hoy, de los que participaron en el homicidio de Alfredo Correa, sólo están vivos alias ‘don Antonio’ y ‘El Gato’, porque Jorge Palacios, ‘Pupy’ y ‘Felipe’ fueron asesinados por miembros de la misma organización armada.

Alrededor de la muerte de Correa se documentaron varias hipótesis, dos de la cuales enfocaron los posibles móviles del asesinato en los hallazgos de la investigación sobre desplazamiento que Correa De Andreis realizaba por días en que fue muerto. La primera hace referencia al descubrimiento de malos manejos de dineros del Plan Colombia y la segunda estaba relacionada con el despojo de tierras a campesinos desplazados de la región.

Después de su asesinato no se conocieron investigaciones sobre las irregularidades que se presentaron, ni se conoció ninguna sanción disciplinaria contra el ex detective de DAS Javier Alfredo Valle Anaya, encargado del caso, quien después seria ascendido a la subdirección del DAS en el Atlántico, ni contra el fiscal encargado Demóstenes Camargo Zabaleta, quien fue trasladado a San Andrés.

Años más tarde, en marzo de 2008, Valle Anaya rindió testimonio, en el proceso que se adelanta contra Jorge Noguera desde Estados Unidos, país en donde está asilado.  El ex detective del DAS, explicó que las personas que le habían dado información de Correa D’Andreis había conocido a varios hombres que supuestamente habían sido guerrilleros del Eln y las Farc que le hablaron de alias ‘Eulogio’, un hombre que les dictaba charlas políticas en los campamentos. Aseguró que los guerrilleros le describieron a ‘Eulogio’ como un abogado o sociólogo, reconocido profesor universitario, con un físico muy particular, alto, encorvado y con cola de caballo.

Con esa información fue que Valle Anaya desarrolló la investigación que culminó con la captura del profesor, cuando varios agentes de la fiscalía y del DAS, con la orden de detención en la mano, emprendieron la marcha hacia Barranquilla, cerca de la medianoche del 17 de junio de 2004, con la certeza de que iban a capturar a alias ‘Eulogio’.

Valle fue destituido por el director del DAS, Andrés Peñate y aunque fue llamado a declarar en el proceso de Correa de Andreis, aún no se vinculó formalmente al proceso. Caso contrario ocurre con ‘Jorge 40’, quien ya fue condenado por el asesinato del académico.

El caso de Zully Esther Codina

Fue asesinada el 11 de noviembre de 2003 a las 7:30 de la mañana por dos hombres armados en el barrio La Concepción I de la ciudad de Santa Marta, en donde  era presidente de la Junta de Acción Comunal. La periodista de 49 años de edad, esposa y madre de dos hijos trabajó por ocho años en el Hospital Central de Santa Marta y perteneció al Sindicato Nacional de la Salud (Sindess).

La periodista y líder sindical  fue una importante locutora en los medios de comunicación locales, tanto así, que dirigía su programa de opinión en radio, conocido como ‘Entérese’, el cual se trasmitía los sábados por la emisora Radio Rodadero.

Dentro de los delitos confesados por Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’ se encuentra el asesinato de Zully Codina.

El caso de Fernando Pisciotti

Fernando Pisciotti Van Strahlen fue asesinado el 9 de diciembre de 2003 por orden de José Rodolfo Baena alias ‘Rafael’, ex paramilitar del Bloque Norte de las AUC, cuando se movilizaba en la vía que de Chimichagua (Cesar) conduce a El Banco (Magdalena). El crimen se produjo, según Julio César Pisciotti (hermano de Fernando), luego de que Pisciotti sostuviera una segunda reunión en las oficinas del DAS en Bogotá con la secretaria privada de Noguera, a quién se le informó nuevamente sobre los problemas de seguridad de El Banco. Ella, en teoría, informaría de la situación a Jorge Noguera.

Pisciotti Van Strahlen era sociólogo de la universidad Santo Tomás. Después de terminar sus estudios se trasladó al Banco, Magdalena en donde inició su carrera política, ejercida por más de 30 años,  en la que se desempeñó en los cargos de diputado en la Asamblea de Magdalena, Secretario de Hacienda departamental y en algunos casos gobernador encargado del departamento del Magdalena.

En 1988 se postuló a la alcaldía del Banco y fue electo como primer alcalde popular del municipio. Entre 1999 y 2000 Pisciotti fue gobernador encargado durante el periodo de Juan Carlos Vives Menoti y posteriormente accedió a la cámara de representantes en reemplazo de Armando Pomárico Ramos.

En enero de 2010, las autoridades capturaron a Rubén Arturo Ramos, ex paramilitar del Bloque Norte, también sindicado por el homicidio de Fernando Pisciotti.

El 2 de marzo de 2011 el abogado, Julio Pisciotti Van Strahlen, hermano del sociólogo, fue hallado muerto en el apartamento de Bogotá, donde residía. El jurista, de 55 años de edad,  investigaba la muerte de su hermano.

Según el diario El Heraldo, la última comunicación que tuvo el abogado con la familia fue en la noche del 1 de marzo de 2011, cuando Pisciotti Van Strahlen llamó a un sobrino que vive en El Banco (Magdalena), a quien le dio instrucciones sobre unos documentos.

El abogado  le había contado a la Corte Suprema en marzo de 2010 que su hermano, al menos en dos oportunidades, había denunciado ante el DAS de Jorge Noguera la presencia paramilitar en el sur de Magdalena y las posibles amenazas en su contra.

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Alfredo Correa De Andreis, investigador y académico asesinado por los paramilitares en complicidad con el DAS.

El fiscal Mario Iguarán estableció en su providencia que Jorge Noguera puso al DAS al servicio de los paramilitares y que les suministró nombres de sindicalistas y profesores que luego fueron asesinados, entre ellos el de Alfredo Correa De Andreis.

Según la acusación, durante el tiempo en que el político samario estuvo al frente del organismo de inteligencia, Noguera pudo haber cometido varios delitos.

Uno de los asesinatos documentados es del sociólogo y profesor universitario Alfredo Correa De Andreis a quien el DAS le hizo un intenso trabajo de inteligencia como lo evidencian los múltiples registros que se hallaron sobre él en las bases de datos de la institución. (ver El agente del DAS y el caso de Correa de Andreis)

El escrito de acusación, de 166 páginas, que documenta otros casos similares al del profesor Correa De Andreis, señalaba la presunta responsabilidad de Noguera por los asesinatos en contra de Zully Esther Codina, Fernando Pisciotti y Adán Pacheco.

Pero además le imputaba concierto para delinquir agravado con relación a una posible amplia colección de órdenes e instrucciones impartidas por Noguera a sus principales subalternos con el propósito expreso de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tobar Pupo, alias ‘Jorge 40’, ambos hoy extraditados a Estados Unidos.

Destrucción de documentos, abuso de autoridad, concusión y cohecho fueron otros de los cargos que se le formularon en ese momento al ex director del DAS quien ocupó ese cargo desde agosto de 2002 hasta octubre de 2005.

En septiembre de 2009, en audiencia preliminar y a instancias de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal de ese tribunal decidió que Noguera iría finalmente a juicio por los homicidios del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti.

En ese momento, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó cinco cargos contra el ex director del DAS, aunque mantuvo su decisión de declarar nulidad parcial  frente al cargo por el homicidio de Adán Pacheco y por los delitos de concusión y cohecho.

El Alto Tribunal desestimó las acusaciones que relacionaban a Noguera con el asesinato de Adán Alberto Pacheco Rodríguez en mayo de 2005, porque violó el derecho a la defensa de Noguera. Además anuló los delitos de concusión y cohecho considerando que eran materia de otra investigación.

El Alto Tribunal no aceptó la petición de la defensa de Noguera de anular el proceso argumentando que se incurrió en irregularidades al momento de su captura. En ese momento, los abogados del ex director del DAS citaron la decisión que tomó la misma Corte en julio de 2008 cuando anuló todo el proceso contra Noguera Cote y ordenó iniciarlo nuevamente desde la etapa de instrucción.

Durante la misma audiencia preliminar, la Corte Suprema aceptó la mayoría de las pruebas solicitadas por la Fiscalía, la Procuraduría, los representantes de las víctimas y la defensa de Noguera, en donde se destacaban el testimonio de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’, así como de otro director del DAS, Andrés Peñate.

Cargos finales

El primer cargo ratificado por el Alto Tribunal fue el de concierto para delinquir al acusar al ex director del DAS por sus presuntos vínculos con jefes y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De acuerdo con la acusación de la Fiscalía presentada en abril de 2009, existe una amplia colección de órdenes e instrucciones impartidas por Noguera a sus principales subalternos con el propósito expreso de ayudar y proteger a jefes paramilitares como Hernán Giraldo y Rodrigo Tobar Pupo, alias ‘Jorge 40’, ambos hoy extraditados a Estados Unidos.

Frente a este cargo, se incluyen también las declaraciones aportadas por el ex jefe de informática del DAS y testigo estrella de la parapolítica, Rafael García, quien le dijo a la Fiscalía que Noguera había puesto al DAS al servicio de ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las AUC a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial. En la medida que la Fiscalía corroboraba los hechos relatados por García, la credibilidad del testigo fue en aumento.

El segundo cargo en contra de Jorge Noguera lo relacionaban con los homicidios del sociólogo Alfredo Correa D’Andreis, Zully Esther Codina y Fernando Pisciotti. Entre los señalamientos fuertes de la Fiscalía se encuentra el que relaciona a Noguera con hechos tan graves como el de haberle suministrado a los paramilitares los nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados por los paramilitares de la Costa.

El tercer y cuarto cargo contra Noguera Cotes hacían referencia a los delitos de abuso de autoridad y mala utilización de asuntos de reserva,  en donde se acusó directamente a Noguera Cotes de haber utilizado su cargo como director del DAS para favorecer presuntamente sus propios intereses, y en este caso, intereses de terceros representados por grupos paramilitares y narcotraficantes.

Dentro de este caso se incluyen por ejemplo de Sigifredo Puentes, un curtido detective del DAS, quien le contó a la Fiscalía que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El ex detective agregó que Noguera paró, recién posesionado, una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Puentes fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdió su puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.

Finalmente, el último cargo contra Noguera hace referencia al delito de eliminación, alteración y supresión de documento público y relaciona al ex director del DAS, entre otras cosas, con hechos como el del mismo Rafael García, quien fue removido del cargo en enero de 2005 por borrar antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. A pesar del escándalo, Noguera salió bien librado. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.

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Jorge Noguera fue director del DAS entre 2002 y 2005, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Foto archivo Semana

Jorge Noguera Cotes nació en Santa Marta el 25 de septiembre de 1963, se graduó como abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá con especialización en derecho público de la Universidad Externado de Colombia.

Antes de todo, su vida transcurría sin sobresaltos en su natal Santa Marta. En su vida pública fue asesor y secretario de la gestión administrativa integral de la gobernación del Magdalena entre 1999 y 2000.

Noguera Cotes también se desempeñó como secretario general de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, secretario general de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta y asesor la Gerencia General de Puertos de Colombia.

Además, fue jefe jurídico y gerente del Puerto de Santa Marta y también se desempeñó como asesor jurídico y administrativo de establecimientos como Davivienda, Granahorrar, Banco de Occidente. De acuerdo con el periódico El Colombiano, también dictó las cátedras de Contratación Estatal, Jurisprudencia en Derecho Administrativo y Derecho Comercial en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta.

A mediados de 2001, Álvaro Uribe conoció a Noguera durante su primera campaña a la Presidencia, cuando tuvo la oportunidad de hospedarse en su casa y compartir con su familia. Le pareció un buen muchacho y un profesional con futuro.

Noguera luego sería designado director de la campaña de Uribe en Magdalena, el único departamento de la Costa donde triunfó en 2002. En agosto, y a pesar de no tener experiencia alguna en asuntos de seguridad e inteligencia, Noguera asumió como director del DAS, cargo que desempeñó hasta octubre de 2005, cuando se inician las primeras investigaciones en su contra por nexos con paramilitares del Bloque Norte de las Auc. En 2006 fue nombrado cónsul en Milán.

La gestión de Noguera se caracterizó por graves errores que mostraban su inexperiencia y sus deseos de figurar. En agosto de 2004, se atravesó a una operación conjunta de las policías de Colombia y Ecuador que buscaba capturar a ‘Raúl Reyes’. Fracasó y generó de paso gran desconfianza en los organismos de inteligencia internacionales. A pesar de la embarrada y el malestar que causó entre los altos mandos y en el Ministerio de Defensa, Uribe lo dejó en el cargo. No fue la primera ni la última ocasión en que el Presidente lo protegió.

El caso más sonado fue precisamente el de Rafael García, quien fue removido del cargo en enero de 2005 por borrar antecedentes de narcotraficantes y paramilitares. A pesar del escándalo, Noguera salió bien librado. García fue condenado por este hecho, pero dijo que obedecía órdenes de Noguera.

Noguera fue el único funcionario del gobierno del presidente Álvaro Uribe que tuvo que renunciar dos veces. Dejó la dirección del DAS en medio de un escándalo de corrupción e infiltración de paramilitares y narcotraficantes en el principal organismo de inteligencia del Estado. Su nombramiento como cónsul en Milán le permitió dejar atrás la creciente tormenta. Pero la distancia no fue suficiente para evadir el coletazo de sus polémicas actuaciones durante los tres años que estuvo al frente del DAS.

Su placentera estadía en Europa fue rápidamente sacudida con el testimonio de su amigo y hombre de confianza Rafael García: lo acusaba de tener vínculos estrechos con ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo, los dos más poderosos jefes paramilitares del norte del país. Su permanencia en el consulado se volvió insostenible. Sin embargo, el Presidente lo defendió a capa y espada. A pesar de que Uribe puso la mano en el fuego por él, la gravedad de la situación lo obligó a regresar al país.

Con lujo de detalles, García le dijo a la Fiscalía que Noguera había puesto al DAS al servicio de ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo desde el inicio de su gestión en 2002. Describió varios encuentros clandestinos del director del DAS con esos jefes paramilitares -la Procuraduría confirmó por lo menos 10- y visitas de personas cercanas a las AUC a la sede principal en Paloquemao para obtener información confidencial. En la medida que la Fiscalía corroboraba los hechos relatados por García, la credibilidad del testigo fue en aumento.

A esa verificación se sumaron dos episodios que les dieron aún más peso probatorio. Primero, ante la Corte Suprema, García confesó ser miembro del bloque norte de las autodefensas de ‘Jorge 40’ desde hace varios años y que Noguera sabía de estas relaciones non sanctas antes de nombrarlo en un cargo clave en el principal organismo de inteligencia del Estado. Y segundo, García ratificó todas estas acusaciones en un cara a cara con su antiguo jefe, en la Fiscalía.

Pero este testimonio es apenas uno de los pilares del expediente que tiene tras las rejas a Jorge Noguera. Sigifredo Puentes, un curtido detective del DAS, le contó a la Fiscalía que Noguera había filtrado información a Hernán Giraldo, viejo jefe paramilitar en la Sierra Nevada, sobre una operación de la unidad de lavado de activos en su contra. El exdetective agregó que Noguera paró, recién posesionado, una investigación sobre narcotráfico que involucraba a familiares y amigos. Puentes fue relevado de su cargo y obligado a renunciar. No fue el único que perdió su puesto por denunciar las irregularidades en el DAS.

Rodolfo Benítez, ex jefe de la oficina de protección de la entidad, no sólo confirmó la versión de Puentes sobre Giraldo, sino que agregó detalles sobre lo que denominó “el matrimonio García-Noguera”. Benítez describió cómo García vino a su oficina para preguntarle sobre el operativo. A partir de allí, Benítez empezó a denunciar los atropellos, la corrupción y los abusos de poder de Noguera y su círculo íntimo. Fue trasladado a Chocó, una decisión que lo motivó a retirarse de la institución después de 16 años de servicio.

Noguera tampoco pudo explicar de manera convincente sus vínculos con José Gélvez Albarracín, alias el ‘Canoso’, jefe político del frente Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo. En una entrevista con SEMANA, en febrero 2006, Gélvez habló de cómo colaboró en la primera campaña presidencial de Uribe en Magdalena, la cual era dirigida por Noguera. La Fiscalía encontró que esta relación se mantuvo durante la administración de Noguera en el DAS. No fue la única amistad que generó preguntas a los investigadores.

Sus víctimas

En marzo de 2006, en el marco de la operación que pretendía dar captura al paramilitar del Bloque Norte ‘Don Antonio’ se incautan varias memorias usb y dos portátiles, que luego se conocerían como el computador de ‘Jorge 40’.

En una de las computadores los investigadores encontraron una carpeta rotulada con el nombre: ‘amigo del DAS’, en la que había listas que contenían 106 nombres, entre los que se encontraban sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes de oposición de la Costa Caribe.

Varios de ellos, en efecto, habían sido objeto de amenazas y otros habían sido asesinados, como el reinsertado de la Corriente de Renovación Socialista, Miguel Espinosa Rangel (abaleado el 30 de junio de 2004), el profesor Alfredo Correa de Andreis (muerto el 17 de septiembre de 2004), el sindicalista Adán Pacheco (asesinado, el 2 de mayo de 2005) el defensor del Pueblo y ex secretario del interior de Barranquilla, Pedro Pérez Orozco (acribillado el 3 de octubre de 2005), entre otros.

También hallaron listas de supuestos ladrones y prostitutas que fueron asesinados.

El computador de ‘40’ o el de ‘don Antonio’, dejó en mayor evidencia aún la infiltración paramilitar a las agencias de seguridad del Estado y que miembros de éstas le pasaban información a los paramilitares para que fueran ellos los que ejecutaran la guerra sucia. Los informes tenían las direcciones de residencias de quienes serían las víctimas de su guerra sucia, así como sus rutinas diarias.

Más adelante, en las declaraciones dadas por García Torres, el ex funcionario dio a conocer un supuesto plan para asesinar sindicalistas y líderes en la Costa Atlántica, fraguado entre paramilitares del Bloque Norte de las Auc y algunos miembros de DAS.  Incluso García hablo en detalle  de  la existencia de una lista de posibles víctimas concertada entre las autodefensas y agentes del Estado.

Más adelante, Noguera, en complicidad con otros funcionarios de DAS como Giancarlo Aunque, subdirector, José Miguel Narváez y el mismo Rafael García serian acusados por la fiscalía de haberle suministrado a los paramilitares del Bloque Norte los nombres de sindicalistas, líderes sociales, periodistas  y profesores universitarios que fueron asesinados por paramilitares en la Costa.

Además, en una inspección al DAS en Bogotá se encontraron varios informes de inteligencia, entre ellos cuatro documentos de Alfredo Correa de Andreis, uno sobre la periodista Zully Esther Codina Pérez y nueve de Fernando Pisciotti Van Strahlen, todos asesinados por paramilitares.

De los listados y seguimientos encontrados en el DAS, 36 sindicalistas seguidos por ese organismo de seguridad fueron asesinados en Barranquilla en 2004 y 61 amenazados de muerte.

Aun cuando las cabezas del DAS han sido investigadas y en diferentes instancias del proceso por los asesinatos de Correa, Codina y Pisciotti, son pocos los entonces funcionarios de las seccionales del DAS en la Costa Caribe que han sido procesados. (Lea la nota La lista negra del DAS).

Con información de VerdadAbierta.com y archivos de prensa de las revistas Semana, Cambio y el periódico El Colombiano

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