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El Partido Comunista de Colombia en informes de organismos de seguridad del Estado

Documentos escritos durante la década del sesenta revelan seguimientos a miembros de esa colectividad política. Sus actividades eran monitoreadas de manera constante y a través de informantes se tejieron versiones que los relacionaban con Cuba y la Unión Soviética.

Por Juan Diego Restrepo E.

La década del sesenta despuntaba en América Latina con una fuerte tensión generada por el triunfo de la revolución en la Isla de Cuba, liderada por el comandante guerrillero Fidel Castro. Su entrada triunfal a La Habana, el 8 enero de 1959, marcó un hito en el continente y muchos pensaron que esa gesta podría replicarse, entre ellos los militantes del Partido Comunista de Colombia.

Fundado oficialmente el 17 de julio de 1930, los integrantes de ese movimiento político, inspirados en las ideas provenientes de la Unión Soviética (URSS) y en la gesta cubana, estaban convencidos de que sus proyectos de transformación eran realizables y se avocaron a promover sus ideas con mayor intensidad entre obreros, maestros, campesinos, estudiantes e intelectuales.

Sus discursos le sacaban provecho a la convulsionada situación social y política, expresada en bajos salarios, aumentos constantes en los precios de productos de primera necesidad y en los pasajes del transporte público, así como en el favorecimiento a las clases más pudientes. Tales circunstancias llevaron a que a muchos ciudadanos salieran a las calles a protestar contra los gobiernos de turno.

En el ámbito político, la situación para “los comunistas” también era de exclusión, estigmatización y persecución. El movimiento venía de un periodo de prohibición establecido desde el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) a través del Acto Legislativo 6 del 7 de septiembre de 1954 que, en el primero de dos artículos, decretó: “Queda prohibida la actividad política del comunismo internacional. La ley reglamentará la manera de hacer efectiva esta prohibición”.

La reglamentación vino dos años después, durante el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Mediante el Decreto 434, fechado el 1 de marzo de 1956, se determinó que el comunismo “atenta contra la tradición y las instituciones cristianas y democráticas de la República, y perturba la tranquilidad y el sosiego públicos”.

En su primer artículo fija la decisión sustancial: “Quien tome parte en actividades políticas de índole comunista, incurrirá en presidio de uno a cinco años o en relegación a Colonia Agrícola Penal por igual término; en interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por diez años; en incapacidad para actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo, y quedará impedido absolutamente para pertenecer en el futuro a las Fuerzas Armadas. Si se tratare de un miembro de ellas, la sanción se aumentará al doble y se impondrá, además, la degradación pública”.

Una vez aprobado el plebiscito el 1 de diciembre de 1957, que puso fin a más de una década de violencia bipartidista y al gobierno militar de Rojas Pinilla, se derogó ese decreto, pero no fue suficiente por cuanto se abrió el camino para instaurar el Frente Nacional, un mecanismo de alternancia en el poder entre los partidos Liberal y Conservador, que dejó por fuera del debate político y electoral al Partido Comunista de Colombia.

Pese a la derogación y a su aparente legalización, las actividades consideradas comunistas fueron observadas con especial celo por los organismos de seguridad del Estado, que diseñaron estrategias de seguimiento a sus principales líderes en el país. Además, buscaron establecer nexos entre ellos y los líderes de la revolución cubana, así como de la infiltración en el país de activistas venidos de la isla del Caribe, y de todos aquellos, nacionales y extranjeros, que iban y venían de la Unión Soviética y de países de la esfera socialista.

Esa situación se complicó durante el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien, el 9 de diciembre de 1961, decidió romper relaciones con Cuba argumentando que el nuevo régimen cubano significaba “una grave amenaza para la integridad, la soberanía, la paz y la independencia de los estados americanos”, entre otras razones por la influencia que tenía en ese momento la Unión Soviética sobre el régimen castrista.

El gobierno de Estados Unidos, que para aquella época enfrentaba tensiones con la Unión Soviética bajo la llamada Guerra Fría, también se involucró en la política anticomunista de Colombia y fortaleció la formación de agentes de organismos de seguridad del Estado en ese sentido.

VerdadAbierta.com revisó decenas de documentos generados por distintas entidades estatales entre los años 1963 y 1968, en los que se plasmaron las estrategias de observación de los líderes del Partido Comunista de Colombia y aquellos que giraban en su entorno, así como sus nexos con Cuba y la Unión Soviética, y con la naciente guerrilla de las Farc.

Presentamos en este artículo varios de esos documentos en un contexto especial: la convocatoria que le hizo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, al secretario del Partido Comunista, Jaime Caycedo, para escucharlo en los llamados Espacios de Contribución a la Verdad, y cuya primera cita será mañana a las 10:30 de la mañana en la sede de la entidad, en Bogotá.

La Comisión le ha pedido a Caycedo que se refiera a tres temas en particular: Frente Nacional y revolución cubana; paridad bipartidista y participación en coaliciones políticas; y solución negociada del conflicto armado.

“Los temas que se abordarán con Jaime Caycedo se enmarcan en los núcleos temáticos que investiga la Comisión y que tienen que ver con la democracia y conflicto armado, papel y responsabilidad del Estado en el conflicto armado, y el de actores armados y otros participantes en las dinámicas de la guerra”, informó la Comisión en un comunicado.

Cuba, tras bambalinas

En los primeros meses de la administración del presidente Guillermo León Valencia (1962-1966), los organismos de seguridad del Estado en Antioquia estaban particularmente inquietos por la agitación social y política en Medellín y en diversos municipios del departamento; así como el papel del Partido Comunista de Colombia en ese ambiente y sus estrategias de movilización ciudadana, en apariencia apoyadas desde Cuba.

Uno de los primeros reportes de 1963 da cuenta de esas circunstancias: “[…] se tiene informaciones en esta ciudad hay varios grupos de Comunistas (Células) que están llevando a cabo un plan subversivo entre ellos figura un médico de nombre ALDEMAR LONDOÑO quien posee un aparato receptor-transmisor donde comunican todos sus problemas al Primer Ministro de Cuba Fidel Castro; en la actualidad estamos investigando activamente esta información con el fin de capturar a los responsables”.

Este documento, fechado el 31 de enero de ese año, fue remitido por Arcenio Serrano Núñez, Jefe de Orden Público del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Seccional Antioquia, al Jefe de la División de Orden Público del DAS en Bogotá, como parte de sus reportes quincenales en los que daba cuenta de las actividades de “los comunistas” en la ciudad y el departamento.

El médico Londoño, oriundo de Cartago, Valle del Cauca, hizo parte del grupo de fundadores del Ejército Popular de Liberación, en 1965. En un intento por conciliar posiciones ideológicas con la guerrilla de las Farc en ese momento, fue enviado, junto con una guerrillera campesina a una zona montañosa entre el sur de Tolima y límites con Huila, de donde nunca regresaron. “Al parecer una vez hicieron contactos e iniciaron los debates fueron detenidos, juzgados como traidores y fusilados”, escribió al respecto el historiador Frank Molano Camargo.

En medio de las agitaciones sociales que se expresaban en las calles de la capital antioqueña actuaban de manera encubierta decenas de investigadores de organismos de seguridad del Estado y sus informantes, quienes reportaban sus hallazgos a sus mandos superiores.

“En la manifestación llevada cabo el día 18 en la Plaza de Cisneros de esta ciudad el Partido Comunista infiltró elementos especializados en la agitación y según comentarios de un informante en esta manifestación participaron algunos cubanos que dicen estar huyendo del régimen de Castro pero que no son otra cosa que Agentes de este Gobierno o por lo menos Comunistas Agitadores”, se lee en el reporte del 31 de enero de 1963.

El rastro de las supuestas relaciones de Cuba con el Partido Comunista de Colombia llegó hasta las alcaldías de municipios vecinos a Medellín. En un reporte enviado el 15 de febrero de 1963 al entonces gobernador del departamento, Fernando Gómez Martínez, el jefe Sseccional del DAS en Antioquia, Carlos Zuluaga Gómez, remitió una queja de un informante que hizo referencia a lo que estaba sucediendo en Envigado, sur del área metropolitana.

“Es francamente desconcertante que el Gobierno Departamental de Antioquia esté tolerando a algunos Alcaldes reconocidamente comunistas como el burgomaestre de Envigado, S. Castillo. A solicitud de éste la Secretaría de Higiene ha trasladado desde Caldas (Ant.) para Envigado al médico comunista Alan Smith quien viajó a Cuba hace algún tiempo. Este médico dirigirá en Envigado el Centro de Salud. Es fácil suponer los buenos servicios que prestará allí a los elementos comunistas de ese lugar”, dice ese reporte.

De acuerdo con los documentos revisados por VerdadAbierta.com, el DAS contaba en aquel año con un grupo de informantes que constantemente reportaban acciones de supuestas organizaciones comunistas. Uno de esos informes, fechado el 9 de abril de 1963 y también puesto en conocimiento del Gobernador de Antioquia, refirió la creación de una organización de mujeres a quienes se les señaló de ser procastristas.

“Dice nuestro informante: la organización de Mujeres Democráticas de Antioquia con sede en Medellín, acaban de cambiarse por la sigla Movimiento Femenino Revolucionario Unión Mujeres Demócratas”, a la que se le relaciona con “la Célula 31 Femenina del P.C. Comité Regional de Antioquia”.

De acuerdo con ese reporte, las integrantes de esa organización femenina “se lanzarán a las calles y a plazas públicas empezando por Medellín, para ensartar su acción comunista y así lograr incautar a ingenuas mujeres de todas las tendencias que bajo el mando de la democracia, los derechos femeninos, caerán en las redes del comunismo”. Además, “harán campaña a favor de la Revolución Cubana y fortalecerán la agrupación o Comité de Amigos de Cuba, con la consigna de Defendemos a América en Cuba”.

En un particular reporte de Serrano Núñez, fechado el 15 de abril de 1963, se resaltó la actividad del Partido Comunista de Colombia en zona rural del municipio de Cimitarra, Magdalena Medio santandereano: “Este Partido ha intensificado sus campañas de adoctrinamiento, instrucción e infiltración, especialmente en la zona rural del río Magdalena, donde por intermedio del camarada Secundino González han efectuado en la zona de Vuelta Acuña buscando adeptos e instruyendo a los campesinos para lo que llaman la ‘Revolución colombiana’ que se avecina”.

Esa proyección rural también fue reseñada en varios de informes remitidos por Zuluaga Gómez, jefe seccional del DAS en Antioquia, al gobernador Gómez Martínez, basados en informantes que mantenían un constante monitoreo sobre las actividades del Partido Comunista de Colombia en el departamento.

En uno de esos reportes, fechado el 24 de abril de 1963, se registró su actividad en el suroeste antioqueño: “Desde finales de diciembre hablamos sobre Castro-comunismo en Tapartó (corregimiento del municipio de Andes) y de los viajes de los Camaradas ALFONSO RESTREPO, ÁLVARO VÉLEZ RESTREPO, y otros a fin de organizar la agitación y adiestramiento de los amigos de la Revolución Cubana”.

Dos días después, Zuluaga Gómez remitió un nuevo informe donde un informante aseguró que “la más descarada y grave infiltración marxista y castrista de los últimos tiempos se viene perpetrando bajo el amparo de la organización de las mal llamadas ‘Sindicatos Agrarios’ que funcionan y empiezan a funcionar en todo el departamento especialmente desde La Dorada a Puerto Berrío y Medellín”.

Adicional a ello, auguró un oscuro panorama para buena parte del departamento: “Antes de cuatro meses la región del Río Magdalena, Urabá y parte del Suroeste antioqueño, tendrán que afrontar la violencia desatada con tanta gravedad como en años anteriores especialmente a lo largo del Río; esta será violencia política orientada por el comunismo internacional y auspiciada por Cuba”.

Para 1964, el DAS intensificó su estrategia de inteligencia contra miembros del Partido Comunista de Colombia en Medellín. En uno de sus informes, del 31 de marzo de ese año, Serrano Núñez reportó la existencia de un grupo de ese movimiento político en el barrio Castilla, noroccidente de la ciudad: “[la célula] funciona en la casa de Eliodoro Cruz Empleado de la Lotería de Medellín, en esta casa se dan instrucciones sobre auto-defensa. En las reuniones se ha pedido a los concurrentes que se investiguen a los efectivos de las Fuerzas Armadas en cada guarnición a fin de prepararse para cuando llegue la revolución”.

Además, se identificó a un supuesto militante, Santiago Medina, alias ‘Guachafa’, como el responsable de la formación en sabotajes, “quien ha viajado a Cuba y parece está vinculado en actos terroristas en la Capital de la República”. Asimismo, se precisó que es el encargado de reclutar “personal que quiera hacer parte de los Cuerpos Armados de resistencia en los campos”.

“Defendamos a Marquetalia”

Para 1964, los documentos de inteligencia de diversos organismos de seguridad del Estado comenzaron a reseñar la conversión en el sur de Tolima de integrantes de las guerrillas liberales y grupos guerrilleros, disidentes de las propuestas de desmovilización planteadas por el régimen de Rojas Pinilla en 1953 y 1957, a organización insurgente, la que luego se conocería como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), liderada por Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo’, quien luego adoptaría como nombre de guerra el de ‘Manuel Marulanda Vélez’.

Justo el informe de Serrano Núñez del 31 de marzo de ese año arrojó información al respecto tras dar cuenta de versiones atribuidas a alias ‘Guachafa’ que habrían sido expuestas en algunas reuniones en Medellín: “Asimismo manifiesta que el bandolero alias ‘tiro fijo’ elemento que opera en la región de Marquetalia lo sostienen las casas comunistas de Ibagué y Bogotá, que dichas casas le envían armas y municiones y que los atracos y secuestros son organizados de común acuerdo con el fin de recolectar fondos para la Causa Comunista”.

El gobierno de Estados Unidos se involucró en contrarrestar la amenaza comunista en el país. Así lo reveló un reporte de la División de Seguridad Pública del Departamento de Estado enviado desde Bogotá el 26 de mayo de 1964, en el que daba cuenta de varias de sus actividades, entre ellas la formación de agentes de Policía con el apoyo del Servicio de Información de los Estados Unidos (USIS, por sus siglas en inglés)

“El USIS está apoyando a la División de Seguridad Pública en la impresión de un folleto de adoctrinamiento anticomunista para ser distribuido a todo el personal de la Policía Nacional. El folleto está muy bien organizado e ilustrado con dibujos animados significativos. Explica claramente los diseños y operaciones de comunistas, los peligros involucrados en el comunismo, las condiciones locales que pueden alentar los esfuerzos subversivos, cómo la policía puede combatir estas condiciones y cómo pueden combatir directamente la subversión militante”, se detalla en su reporte mensual enviado a Washington.

Un día después de enviado ese reporte, el Estado colombiano, a través de sus Fuerzas Armadas y con el apoyo de Estados Unidos, inició la Operación Marquetalia, que concentró un contingente de 16 mil soldados con los cuales pretendía acabar los núcleos guerrilleros campesinos en aquellas zonas conocidas como “repúblicas independientes” situadas en Marquetalia y Riochiquito (Tolima), y Pato y Guayabero (Huila).

El operativo militar, realizado entre el 27 de mayo y el 14 de junio, modificó de alguna manera la agenda pública del Partido Comunista de Colombia, según se observa en los documentos de inteligencia. En las intervenciones públicas, sus líderes comenzaron a criticar al gobierno del presidente Valencia por esa acción y por la injerencia de Estados Unidos en la política interna.

El DAS, seccional Antioquia, dio cuenta en su informe quincenal del 30 de mayo de 1964 de las actividades del Partido Comunista relacionadas con el ataque militar a los guerrilleros: “Durante la presente quincena desplegó gran actividad, especialmente en la infiltración en sindicatos y factorías, propagando contra el Gobierno y las Fuerzas armadas por la operación Marquetalia. Los camaradas se han dedicado a colocar carteles murales y hojas volantes con leyendas grandes donde dicen ‘Defendamos a Marquetalia’”.

La Operación Marquetalia tuvo un efecto adverso: generó las condiciones para que el 20 de julio de ese año surgiera de manera oficial la guerrilla de las Farc. La base fundacional de este grupo insurgente fue la expedición del Programa Agrario de los Guerrilleros de Marquetalia, considerado por el investigador Carlos Medina Gallego como su “principal programa agrario y político revolucionario”.

Lo que sobresale en reportes de los meses de junio, julio, agosto y septiembre de ese año son constantes alusiones a los apoyos económicos y logísticos que el Partido Comunista de Colombia, regional Antioquia, enviaba a los guerrilleros atacados en Marquetalia y demás “repúblicas independientes”, liderados por alias ‘Tiro Fijo’. En los documentos consultados se destacó la vinculación del Partido Revolucionario Socialista y el Frente Unido de Acción Revolucionaria, así como de varios sindicatos afiliados a la Federación de Trabajadores de Antioquia (Fedeta), a esa causa.

Entre los reportes del segundo semestre de 1964 sobresale un informe suscrito por el Jefe de la Sección de Información de Criminalidad y Estadística del Comando del Departamento de Policía Antioquia enviado el 29 de septiembre de ese año al Secretario de Gobierno Departamental, en el que se reseña una concentración “de carácter comunista” realizada el día anterior en el Teatro Colón, en Medellín, con el fin de conmemorar los cien años de la “Internacional de Trabajadores”.

Según este reporte, varios de los asistentes, entre ellos algunos dirigentes del Partido Comunista de Antioquia, “se refirieron contra el Frente Nacional, el Gobierno, las Fuerzas Armadas en general, manifestaron públicamente y con amenazas a las Fuerzas Armadas el apoyo a Marquetalia y manifestaron que ellos tienen los campesinos de las Regiones de Marquetalia y otras circunvecinas armados para enfrentárseles a las fuerzas armadas que en la actualidad están en acción en esos lugares”.

Temporada de persecuciones

La Junta de Inteligencia Nacional (JIN) y la Junta de Inteligencia Seccional (JIS), creadas mediante el Decreto 978, del 26 de mayo de 1967, sancionado por el presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), se convirtieron en escenarios de análisis de las difíciles condiciones que vivía el país para aquellos años y de posibles estigmatizaciones contra supuestos simpatizantes de la causa comunista.

Diversos boletines de la JIN, rotulados de “SECRETO” y generados uno o dos días después de las reuniones, también daban cuenta de la actividad comunista en el país. Las instituciones que conformaban esa Junta, entre ellas los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Gobierno, así como las Fuerzas Armadas, aportaban información de todos aquellos que estuvieran ligados al comunismo en sus distintas tendencias. Las reseñas incluían a los nacionales que hubiese viajado a la Unión Soviética y a países de Europa Oriental, así como a Cuba, y a los extranjeros que provinieran de esas naciones.

Ejemplo de ello se reportó desde Bogotá en el boletín de la JIN del 11 de diciembre de 1967: “Personal femenino del PCC prepara una misión a la cabeceras del río San Juan en el Chocó. Se trata de desarrollar ideas de MARIA ARANGO DE MARROQUIN quien regresó procedente de los países socialistas. Se pretende una campaña de auxilios y sanidad con gentes paupérrimas de la región […] El programa contempla asociarse a religiosas que viajan a esos lugares y pedir auxilios a entidades que deseen cooperar sin que estas conozcan que en el fondo va envuelta una campaña de proselitismo comunista”.

Veinte años después de ese reporte, el 16 de abril de 1998, esta mujer, antropóloga de formación y considerada líder social y defensora de derechos humanos, quien se había retirado del Partido Comunista diez años atrás, fue asesinada por sicarios en la puerta de su casa, en la zona de La Calera, en el oriente de Bogotá. El crimen no ha sido esclarecido.

Las actividades de los organismos de seguridad del Estado también estaban rodeadas de algunas contradicciones. En uno de los boletines del JIN, fechado el 12 de diciembre de 1967, se deja constancia de una solicitud “para que se unifique el criterio de la Fuerza Pública respecto al decomiso de propaganda subversiva” y se puso como ejemplo una campaña de suscripciones a revistas de la Unión Soviética difundida en el diario El Tiempo, de Bogotá, en su edición del 22 de octubre de ese año.

“Esta Jefatura considera necesario que las autoridades pertinentes tomen las medidas que el caso requiere pues mientras por los periódicos se hace propaganda abierta para la adquisición de estas revistas por otra parte existen órdenes para su decomiso”, se registra en este boletín.

El crecimiento y sostenimiento de la guerrilla de las Farc también fue motivo de registro de la JIN en sus boletines. Uno de ellos, fechado el 25 de junio de 1968, le atribuyó al Partido Comunista de Colombia varias tareas en ese sentido: “El P.C.C. se preocupa actualmente por incrementar la acción en torno al fortalecimiento de las denominadas FARC, creando nuevos frentes en regiones desoladas de los Departamentos del Valle, Cauca, Chocó, Córdoba, Llanos Orientales y otros; por ahora, se formarán centros de adoctrinamiento y entrenamiento a jóvenes y gentes de las zonas rurales, para que en un futuro operen como centros de violencia bajo el control del P.C. y encajados dentro de las denominadas FARC”.

En cuanto a la financiación de ese grupo alzado en armas, otro reporte de la JIN de finales de junio dio cuenta de los seguimientos realizado a un hombre identificado como Camilo Santacruz, quien, según las autoridades, “viajó recientemente a QUITO (Ecuador), en donde tomó contacto con dos periodistas de nacionalidad rusa y de quienes recibió cierta cantidad de dinero con destino a las F.A.R.C. Este sujeto está siendo buscado policivas y al parecer se encuentra en IPIALES”.

Días después, en el boletín del 11 de julio de ese año, se relacionó una organización llamada Servicio Especial de Prensa, la que, según las autoridades, “se encarga de procurar finanzas a los grupos extremistas pro-chinos y castristas. Sus directores son ANIBAL PINEDA GUTIERREZ y OLGA NAVIA DE CANAL”.

Días antes, en una reunión en Medellín de la Junta de Inteligencia Seccional de Antioquia, a la que asistieron representantes de los organismos de seguridad del Estado, el gobernador de Antioquia, Octavio Arizmendi Posada, llamó la atención sobre el recaudo de dinero que hacían algunos sindicatos con destino al Partido Comunista de Colombia y pidió tomar medidas al respecto: “Solicitó al Comando de la Brigada se entreguen a las Agencias copia de las listas de los Sindicatos y personas que contribuyen con dineros al PC”, se lee en el informe de la reunión, fechado el 2 de julio.

En respuesta a esa petición, el alto oficial de la guarnición militar “manifestó que es mejor adelantar seguimientos y vigilancia sobre tales sujetos antes que arrestos, asimismo una propaganda negra de acción sicológica”.

Nota del editor: se respetó en este artículo la escritura original de los reportes.

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Documentos escritos durante la década del sesenta revelan seguimientos a miembros de esa colectividad política. Sus actividades eran monitoreadas de manera constante y a través de informantes se tejieron versiones que los relacionaban con Cuba y la Unión Soviética.

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