A pesar de la zozobra que producen, los panfletos amenazantes contra líderes comunitarios, organizaciones sociales y poblaciones enteras, se han vuelto una parte más del paisaje en varias regiones del país por la frecuencia con la que son emitidos. Muestra de lo anterior es el norte del departamento de Cauca, en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas recibieron alrededor de 30 amenazas escritas durante el primer semestre el año.

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Ese tipo de agresión concentró la atención de algunos miembros y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sede en Washington, Estados Unidos, que escucharon las denuncias y requerimientos que realizaron siete organizaciones de la sociedad civil colombiana, y las explicaciones que aportaron dos representantes del gobierno nacional y una de la Fiscalía General de la Nación.

Las palabras iniciales estuvieron a cargo de Diana Sánchez, directora de la organización Minga, que promueve la defensa de derechos humanos en Nariño, Cauca y Norte de Santander. Denunció que las amenazas han tenido un incremento exponencial y progresivo, sin tener respuesta efectiva alguna por parte del Estado colombiano. “Según el Programa Somos Defensores, entre 2010 y el primer semestre de 2019, se registraron 3.334 casos de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos, la mayoría bajo la modalidad de panfletos”, refirió.

Y prosiguió, tras advertir que esas cifras presentan un subregistro, debido a la intensidad de ese fenómeno que ocurre en todo el país: “Mientras que en 2010 el Programa registró 110 amenazas, año a año fueron aumentando progresivamente hasta alcanzar el pico de 539 amenazas en 2015. Durante 2016 y 2017, que coincide con la firma del Acuerdo de Paz, las cifras disminuyeron, para aumentar drásticamente en 2018, año en el que registramos 583 casos de amenazas. En el primer semestre de este año registramos 477”.

Con ese panorama, las miradas se posaron sobre la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que se le cuestionó por la ausencia de investigación en contexto y de acumulación de expedientes con hechos similares, para judicializar a los responsables de las amenazas.

También se puso en evidencia la falta de acceso público a registros y resultados del ente investigador, así sean pocos, como los que fueron obtenidos vía derecho de petición, los cuales revelan que entre 2017 y 2108, la Fiscalía abrió 1.172 procesos por el delito de amenazas y obtuvo resultados mínimos: tres condenas, nueve imputaciones y ocho juicios abiertos.

Respuestas del Estado

Tras esos cuestionamientos, la CIDH le otorgó la palabra a los representantes estatales: Francisco Barbosa, alto consejero Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales; Mónica Suárez, directora de Apoyo a la Investigación y Análisis para Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de la Nación; y Ricardo Arias, director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior.

El primero en hablar fue el consejero Barbosa, quien señaló que “se han tenido unas reducciones desde el inicio del gobierno entre el 33 y 35 por ciento en temas de líderes sociales” y que los crímenes y parte de las amenazas están ocurriendo actualmente en 67 municipios, frente a los cien del gobierno anterior. Frente a esos municipios, recalcó que “allí toca avanzar unas estrategias y llevar el Estado de Derecho a esos territorios, y unas estrategias de gobierno absolutamente claras frente a estos”.

Sin dar mayores detalles de las cifras, indicó que esos resultados son producto del Programa de Acción Oportuna (PAO), que entró en marcha en noviembre de 2018. Y enumeró otras labores que el gobierno nacional ha realizado para tratar el tema de agresiones a líderes sociales: 1.859 consejos tácticos con el Ministerio del Interior y 2.050 acciones de coordinación institucional. (Leer más en: ¿A quién protegerá el Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos?)

En cuanto a otras cifras sin detallar, mencionó que se ha logrado el esclarecimiento del 58 por ciento de los asesinatos de líderes sociales, pero omitió decir que esos resultados sólo contemplan casos ocurridos desde 2016 y que en la mayoría de ellos no hay condenas sino investigaciones con órdenes de captura o imputaciones. (Leer más en: Sabor agridulce dejan resultados de la Fiscalía en materia de líderes sociales)

Por otro lado, la representante de la Fiscalía General de la Nación, Mónica Suárez, se desmarcó sobre la falta de investigación en contexto y señaló que el ente acusador diseñó un protocolo para investigar de manera especial las amenazas: “Se creó un grupo especializado de fiscales, Policía judicial y analistas, porque no es recibir la amenaza como caso individual, sino entender que, si ese defensor ha tenido amenazas anteriores, hay que hacer el estudio en conjunto”.

Y aclaró que esa entidad tiene intervenciones tempranas en los casos de denuncia, por ello, destacó que se han dispuesto varios canales de comunicación directos: número de celular, plataformas sociales, un correo electrónico, priorización y seguimiento de casos. Esos canales, reconoció, han permitido, “por primera vez, implementar tres fallos condenatorios por amenazas, cuando no los habíamos obtenido (antes), ocho en juicio y nueve en etapa de investigación. Queremos continuar y seguir adelante”.

Sobre esos canales, posteriormente la funcionaria fue cuestionada por Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz: “Muy plausible la voluntad de tener líneas telefónicas, pero se sigue desconociendo la Colombia rural. ¿De qué sirven unas líneas telefónicas cuando no hay acceso ni siquiera a un teléfono? Los medios idóneos materiales no son suministrados por el Estado para intentar activar alertas tempranas”.

Finalmente, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ricardo Arias, señaló que para el gobierno nacional “el fortalecimiento y el trabajo por las garantías de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, hoy es una prioridad”.

Puso el espejo retrovisor sobre gobiernos de antaño al indicar que “se encuentra uno un panorama anterior en donde había una dispersión normativa y de instancias de tal magnitud, que las respuestas no eran de ninguna forma eficientes, y en donde los espacios de interlocución con la sociedad civil se encontraban, no solamente congelados, sino que había una dilación al momento de encontrar respuestas en un corto o mediano plazo”. Y acto seguido destacó al PAO, pues, según él, busca “aunar esfuerzos institucionales para responder de manera efectiva y rápida a lo que hoy sucede en el territorio colombiano”.

Sin embargo, la realidad muestra otro panorama, como los constantes asesinatos de indígenas y la masacre de una candidata del Partido Liberal y su comitiva en Cauca. (Leer más en: La fatal deuda con las Guardias Indígena y Cimarrona del norte de Cauca y Suárez, tres años bajo fuego)

Sobre el panorama actual, Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), entidad que corrobora asesinatos de líderes sociales y cuyo trabajo es usado como fuente de investigación de la Fiscalía, “las violaciones se producen en un contexto de estigmatización de su labor (de la víctima), especialmente aquellos que viven en zonas rurales. Estas regiones se caracterizan por la falta de servicios básicos adecuados, altos niveles de pobreza, existencia de cultivos ilícitos, presencia de grupos armados ilegales y grupos criminales”.

Por ello concluyó que es necesario fortalecer la seguridad en las regiones donde está la mayoría de los cultivos de uso ilícito y donde se está implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

PAO Vs. CNGS y Águilas Negras

Aunque los dos funcionarios del gobierno nacional defendieron las bondades del Plan de Acción Oportuna (PAO), las organizaciones sociales controvirtieron esa postura y argumentaron que es una instancia paralela a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), creada en el Acuerdo de Paz para crear una política pública que le ponga fin a los grupos sucesores del paramilitarismo, que son señalados como los mayores responsables de la violencia contra líderes sociales.

Diana Sánchez, de Minga, insistió en que el gobierno del presidente Iván Duque está desnaturalizando a la CNGS y que tan sólo la ha convocado en dos ocasiones, a pesar de que debe sesionar mensualmente; además, que la está reemplazando con el PAO: “El gobierno ha decidido crear lo que parece ser una instancia paralela y reducida de la Comisión, que excluye la participación de la sociedad civil y posee una clara predominancia de instituciones de Defensa, por medio del llamado Plan de Acción Oportuna, que deja de lado una comprensión integral de las causas y estructuras detrás de las agresiones, como el entramado paramilitar que pretendía enfrentar el Acuerdo de Paz”.

Esa postura fue secundada por Jomary Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quien planteó que el PAO es una política paralela, repetitiva, reactiva y que abandona el enfoque de seguridad del Acuerdo de Paz. Por ello, reiteró la importancia de generar una política pública que desmonte el paramilitarismo: “Si se cumpliera ese objetivo, podríamos estar avanzando en reducir los factores de riesgos para personas defensoras, organizaciones y comunidades”.

Finalmente, una de las preguntas más delicadas por parte de la CIDH la hizo Francisco José Eguiguren, quien es relator para Colombia y relator de Derechos Humanos. Dado que las denominadas Águilas Negras es el grupo que más envía panfletos amenazantes, el comisionado le preguntó directamente a los representantes del Estado si se sabe quiénes son. Se necesita “saber quiénes están al frente de estas organizaciones criminales, sea del narcotráfico o de actividades ilícitas; que se haya avanzado en identificarlos, en detenlos, en procesarlos, en acorralarlos”.

La representante de la Fiscalía respondió que por el momento no hay resultados concretos y que esperan tenerlos hacia finales este año, pues hay un fiscal asignado exclusivamente para ese tema. “Esto nos va a poder permitir y decir realmente si se trata de una continuidad (del paramilitarismo), no importa como se llame el grupo, pero estamos haciendo la investigación. Ya hemos recepcionado entrevistas, ya hemos recepcionado declaraciones de personas privadas de la libertad con fallos condenatorios que pertenecieron a Águilas Negras”, señaló.

Y concluyó: “No puedo decir en este momento que desarticulamos o hicimos, no. La apuesta que nosotros tenemos es que este año tenemos que dar a conocer qué ha pasado detrás de esta organización”.

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Manuel Cepeda Vargas, Senador de la UP asesinado el 9 de agosto de 1994.

– El saldo rojo de la Unión Patriótica – A indagatoria exsubdirector del DAS por asesinato de Manuel Cepeda Consejo de Estado condena a la Nación por caso Manuel Cepeda – Ver El Baile Rojo,Documental sobre el genocidio de la UP

En un fallo histórico la CIDH encontró responsable al Estado colombiano por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, dirigente político y entonces Senador de la Unión Patriótica (UP), ocurrido el 9 de agosto de 1994 (Descargar sentencia completa).

Según el hijo de Manuel Cepeda, el Representante a la Cámara Iván Cepeda, “la Corte señala que el caso de Manuel Cepeda es el de un crimen de Estado, que fue objeto de una estructura organizada en la que participaron altos mandos militares, miembros de la fuerza pública; y también por otra parte, miembros y jefes de grupos paramilitares”.

La Corte ordenó al Estado colombiano pagar 330 mil dólares a los familiares de Manuel Cepeda por daños inmateriales y para cubrir los costos legales. El hijo del Senador dijo que “voy a entregar esos dineros a un fondo que hemos constituido para garantizar la educación de hijos y nietos de sobrevivientes de la Unión Patriótica”.

La Cidh dispuso además que el Estado colombiano reconozca públicamente su responsabilidad en la falta de protección, el asesinato y por no garantizar que se investigara el crimen y que se hiciera justicia.

En 1994, las amenazas contra el Senador y los miembros de la UP eran de conocimiento público. Entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa más de tres mil militantes de la UP fueron asesinados, crímenes que también son procesados por la Cidh.

La Cidh considera que el Estado violó los derechos a la vida, puesto que hubo un “patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP” y responsabilizó del mismo a agentes del Estado en una alianza con miembros del Ejército y grupos paramilitares. Además concluye que el Estado, en especial la justicia colombiana, no cumplió con su deber de investigar apropiadamente el crimen.

“El aparato judicial no hizo los esfuerzos suficientes para resolver un caso conun impacto nacional e internacional tan importante”, dice uno de los apartes del fallo.

Además resalta que el proceso disciplinario contra los suboficiales del Ejército culpables del magnicidio  “resultó particularmente ineficaz”, pues ni siquiera se les destituyó de las Fuerzas Militares. Con respecto al proceso penal, que concluyó con una sentencia de 43 años contra los dos procesados, la Cidh resalta que esta fue disminuida varias veces y los culpables siguieron delinquiendo cuando se supone estaban encarcelados. Eso, según la Cidh, “indica una insuficiencia del Estado para perseguir y sancionar adecuadamente graves violaciones a los derechos humanos

Por eso la Corte Interamericana solicita que las investigaciones judiciales deben seguir de manera eficaz y que el Estado tiene la obligación de sancionar a todas las personas implicadas en este crimen.

Otro aspecto importante de la sentencia es que el asesinato de Cepeda se cometió en un contexto de persecución política contra militantes de la UP, un movimiento político que surgió luego de las conversaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt y las Farc. Según la Corte, el Estado colombiano violó los derechos a la honra, el libre pensamiento y los derechos políticos, por las constantes declaraciones de funcionarios que vinculaban las Farc con la UP.

Le ordena al Estado darle a los familiares del Senador asesinado seguridad y protección, ya que a pesar de que han pasado casi de 16 años desde el asesinato, varios miembros de la familia Cepeda están amenazados.

La reparación simbólica a la familia Cepeda
La Corte, no sólo obliga el Estado a pagarle una indemnización a la familia Cepeda, sino que también le ordena aceptar públicamente su responsabilidad  por el asesinato del líder político.

Iván Cepeda declaró a los medios: “La sentencia ordena que se haga un acto de desagravio en el Congreso de la República, y que por boca del Presidente de la República se pida perdón públicamente por este hecho y también se reconozca la responsabilidad del Estado”.

Además el Estado tiene que producir un documental sobre la vida de Cepeda como político y periodista del semanario comunista Voz, que deberá ser transmitido por el canal institucional y en un acto público en Bogotá, y además, hacer una publicación escrita sobre Cepeda.

También dicta que el Estado debe crear una beca, administrada por la Fundación Manuel Cepeda Vargas para un estudiante en periodismo en una universidad pública de Colombia.

La Cidh también condena el Estado a publicar en el diario oficial las principales conclusiones de la sentencia.

Iván Cepeda dijo: “La primera repercusión que tiene este fallo es que abre la posibilidad de que otro gran caso que tiene en sus manos la Corte Interamericana, que es el caso colectivo de la Unión Patriótica tenga una sentencia ejemplar. La sentencia que se produce en el caso Cepeda va a marcar seguramente las líneas jurisprudenciales que seguirá la Corte Interamericana con relación del caso colectivo de la UP.

El caso Cepeda
El asesinato de Cepeda fue el primer caso que asumió esta corte internacional sobre un político colombiano.

El asesinato de Manuel Cepeda se produjo el 9 de agosto de 1994, luego de que resultara elegido como senador por la Unión Patriótica para el periodo 1994-1998.

En 1993, Cepeda denunció la existencia del plan denominado “Golpe de Gracia”, que tenía como objetivo eliminar a los dirigentes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y solicitó que se implementaran medidas de seguridad para proteger a varios dirigentes de estas colectividades.

La ejecución de dicho plan empezó con el asesinato de José Millar Chacón, secretario del Partido Comunista, el 25 de noviembre de 1993.

El 9 de agosto de 1994 cerca de las 9 a.m. cuando el Cepeda se dirigía al  Congreso de la República acompañado de su conductor y de su escolta, fue interceptado por varios individuos, entre ellos los sargentos del Ejército, Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador, quienes hicieron varios disparos que impactaron en el vehículo y asesinaron a Cepeda.

El Estado de Colombia ha reconocido que el Senador Manuel Cepeda se encontraba amenazado de muerte. El 8 de agosto de 1994 el Senador recibió una carta con una lista en la que figuraba su nombre y en la que se señalaba que él y otros líderes políticos serían ejecutados.

Estas muertes se sumaron a los asesinatos de más de tres mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista desde la década del 80, entre quienes se encontraban candidatos presidenciales, parlamentarios y alcaldes pertenecientes a estos movimientos políticos.

Condena de dos militares
Después de cinco años de investigaciones, un juez penal de Bogotá condenó en diciembre de 1999 a los sargentos del Ejército, Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador a 43 años de prisión, como coautores del asesinato del senador Manuel Cepeda.

En esa misma sentencia, fue absuelto el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil como uno de los autores intelectuales. Al respecto, Iván Cepeda, hijo del asesinado senador, escribió en un artículo para la revista Semana que “las condenas y la absolución se produjeron en medio de inmensas presiones: la esposa y una de las hijas del testigo principal del caso fueron “desaparecidas”, otros testigos, que sostenían la culpabilidad de Castaño, se retractaron y algunas de las piezas probatorias fueron destruidas”.  Ver artículo: Autoindulto: el caso de Manuel Cepeda.

En el mismo artículo, el vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, afirma que “un equipo mixto actuó compartiendo funciones: los paramilitares organizaron en Medellín el robo del carro con el que se llevó a cabo el asesinato de mi padre y enviaron un grupo de dos sicarios -dirigidos en Bogotá personalmente por Castaño-; por su parte, los militares se encargaron de las “labores de inteligencia”, designaron, por órdenes del Alto mando, a los dos suboficiales uno de los cuales fue el ejecutor del asesinato – y efectuaron las tarea de encubrimiento”.

Primera condena al Estado
El 10 de diciembre de 2008, el Consejo de Estado condenó a la Nación por omisión en la protección de Cepeda. Por esta razón, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó el pago de indemnizaciones por perjuicios para el hijo, la esposa y la hermana de Cepeda, por un montode 587 millones de pesos para cada uno, sumando además los 910,3 millones de pesos adicionales que tendrá que pagar el Estado por concepto de perjuicios materiales.

A pesar de las denuncias hechas por el mismo Cepeda sobre amenazas contra su vida, y sumado a la medida cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado para pedir la protección del dirigente político, el Consejo determinó la culpabilidad por omisión del Estado colombiano que llevaría al asesinato de Cepeda.

Según los mismos demandantes, Cepeda habría denunciado las amenazas contra su vida al DAS, la Policía, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, la Procuraduría y los altos mandos militares, estos últimos, quienes presuntamente tuvieron participación en el crimen.

Después de que el Consejo de Estado condenara en diciembre de 2008, al Estado colombiano a indemnizar a la familia del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, su hijo Iván decidió no recibir el dinero. Dijo que lo iba a donar a un fondo para beneficiar con educación a los hijos de las víctimas del genocidiode la UP. Y agregó que también iba a donar la indemnización de la Cidh.

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