Como ya es su costumbre, Moisés Cubillos comenzó a revisar sus mensajes de correo electrónico cerca de la medianoche del pasado lunes. Siempre lo hace a esas horas. Pero esa noche algo no estaba bien. En su bandeja de entrada se encontró con una remisión que calificó de bastante extraña. Se trataba de un mensaje que contenía un panfleto amenazante de las llamadas ‘Águilas Negras Bloque Capital D.C.’.

“Decido descargar el archivo y me encuentro con esa amenaza intimidante hacia los procesos organizativos de la localidad”, cuenta Cubillos. El documento, de una página de extensión y encabezado por el logo de una organización criminal de la que se desconoce su procedencia y su estructura, contenía, además de frases insultantes y afirmaciones de advertencia, los nombres de cinco personas, cuatro hombres y una mujer. Entre ellos estaba el destinatario del panfleto.

El mensaje, cuenta Cubillos, fue enviado desde esta dirección electrónica: maqzpl+4jrwlsjdyurlqs@guerrillamail.com, que proviene de un servicio de cuentas de correo temporales que se activa sólo por 60 minutos y luego desaparece sin dejar rastro.

“Llego (sic) la hora de frenar a la extrema izquierda en Usme y Bogotá”, se lee al inicio del panfleto. Renglones más advierte: “Luego de revisar y hacer seguimiento de las protestas que se han hecho desde el año pasado encontramos necesario declarar objetivo militar inmediato a las organizaciones de homosexuales y lesbianas, organizaciones de derechos humanos, mesas de víctimas, plataformas”.

Y se incluyen los nombres de Henry Gómez, Nelson Velasco, Moisés Cubillos, Wilson Fonseca y Sandra Salazar, todos ellos líderes y lideresa de la localidad de Usme, quienes están al frente de procesos sociales con las comunidades desde la educación popular, el arte, la cultura, la música y el deporte. (Ver panfleto)

Otro panfleto llegó a la localidad de Bosa el mismo lunes y también tiene los logos de ‘Águilas Negras Bloque Capital D.C.’ y el título es similar al anterior: “Muerte a la izquierda de Bogotá y el país”. En este mensaje se amenaza de muerte a seis personas, cinco mujeres y un hombre, a quienes señalan de ser “colaboradores de la Colombia Humana”, movimiento político que lidera el senador Gustavo Petro. (Ver panfleto)

El envío de esos mensajes amenazantes coincidió con la divulgación a través de varios medios de comunicación, en horas de la mañana del mismo lunes, de un informe de inteligencia de la Policía Nacional que plantea que los actos de vandalismo perpetrados durante las jornadas de protesta contra la brutalidad policial del 9 y 10 de septiembre, tras conocerse el asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordóñez a manos de varios uniformados, fueron infiltrados por células urbanas de las disidencias de las Farc y de la guerrilla del Eln, así como por una veintena de grupos radicales de la capital de la República.

El documento, citado profusamente por varios medios, señala que “algunos integrantes de estos grupos violentos adelantan ‘trabajos comunitarios y políticos’ en las localidades como fachadas donde buscan incentivar a la comunidad para que desarrolle actos violentos”. Y agrega: “Estos grupos de personas realizan documentales con comunidades de estas localidades, donde utilizan los jóvenes expertos y capacitados en diseño gráfico para realizar documentos o formatos para reflejar una supuesta crisis social”.

La versión de la infiltración de las manifestaciones ciudadanas contra la brutalidad policial fue retomada por el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y por el Consejero de Seguridad y Defensa Nacional, Rafael Guarín. En sendas entrevistas, reprodujeron lo planteado por la Policía Nacional.

No obstante, durante un debate realizado ayer en el Concejo de Bogotá sobre los hechos ocurridos la semana pasada, Hugo Acero, secretario de Seguridad del Distrito, aseveró lo contrario: “Hemos tenido información de otras líneas de investigación en donde se menciona al Eln, pero no se ha presentado evidencia de planes específicos y menos en contra de infraestructura de la Policía Metropolitana de Bogotá”

No es la primera vez que las autoridades vinculan a organizaciones comunitarias con grupos guerrilleros como el Eln. En mayo de 2015, la Fiscalía allanó una casa en el noroccidente de la capital de la República a la que señaló como como “centro de reclutamiento” de esa estructura subversiva, pero la realidad demostró que era un lugar de encuentro de colectivos culturales. (Leer más en: Cuestionan a la Fiscalía por acusaciones sobre reclutamiento de menores del Eln)

La situación de riesgo que ahora padecen líderes y lideresas sociales de varias localidades bogotanas, en particular de Usme, Bosa y Ciudad Bolívar, es de gravedad. Así se constató en un extenso reportaje de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano: “Estos jóvenes líderes corren riesgos, que las gestiones sociales las hacen ‘con las uñas’, que son estigmatizados por ser jóvenes y ser líderes, y, peor aún, que todo ha empeorado en los últimos meses por cuenta de la crisis socioeconómica y sanitaria consecuencia del nuevo coronavirus”.

El riesgo del estigma

Cubillos hace parte de los liderazgos juveniles que se han consolidado hace cerca de seis años a través de la Plataforma Social Usme, definida por este activista como “una organización política y social del sur que le apuesta al trabajo colectivo, comunitario, desde el arte, las bibliotecas comunitarias, para fortalecer una ciudadanía crítica, que piense otras realidades”.

Este joven también hace parte de la Escuela Popular de Arte Público La Quinta Porra, desde la cual se viene consolidando una estrategia de formación alrededor del muralismo público “con un contenido político, con la intención de generar reflexiones en las colectividades que habitan la localidad”.

Y reconoce que desde estas organizaciones ha sido activo en la movilización local, distrital y nacional desde finales del año pasado, cuando comenzaron las marchas el 21 de noviembre en todo el país por la reivindicación de diversos derechos, entre ellos el de la educación. Por ese activismo del año pasado ya habían sido perseguidos y observados.

“Consideraría que ese sea uno de los elementos que generen este tipo de intimidaciones”, dice Cubillos. “Uno pensaría que por hacer este tipo de trabajos no deberían generarse amenazas, sin embargo, este el país al que estamos enfrentados”.

Este joven, de 23 años de edad, se conoce con las otras cuatro personas amenazadas de Usme y fue él quien les informó del panfleto intimidante: “Nos conocemos porque hemos tenido la posibilidad de compartir espacios múltiples, nos conocemos de hace varios años, en el trabajo comunitario, político, popular de la localidad”.

Cubillos hace referencia a varios pronunciamientos de entidades estatales y las notas de prensa que divulgaron esas versiones, que no sólo los asociaron con los actos vandálicos de la semana pasada que destruyeron medio centenar de Comandos de Atención Inmediata (CAI) y dejaron más de cien agentes de la Policía heridos, sino que los vincularon con el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes para, supuestamente, encaminarlos a la destrucción de la infraestructura física de la ciudad.

“Este espectro comunicativo que se ha creado estos días alrededor de las manifestaciones, y su relación explícita con los movimientos cívicos comunitarios, con los movimientos populares de los barrios de la ciudad, genera una estigmatización que se ve reflejada en este tipo de acciones como estos panfletos intimidatorios”, plantea Cubillos.

En su reflexión sobre la compleja situación que vive ahora considera que lo que pretenden esas amenazas es generar miedo entre los líderes y lideresas con un fin específico: “Que nos quedemos callados y no sigamos haciendo desde las voluntades propias estos ejercicios, que permiten que se forme una ciudadanía crítica y consciente, que se empape de todas las realidades para tener certeza de que es necesario transformarlas”.

Si bien considera que se deben adelantar todas las acciones necesarias para que sea protegido, al igual que las otras cuatro personas amenazadas, también expone que entre todos generarán acciones de autocuidado para evitar que ellos y sus familias sean afectados en su integridad. Pero asevera que no dejará de trabajar por las comunidades.

“En el ejercicio del liderazgo organizativo, popular y comunitario, seguiremos en la brega, en el entendido de que es el camino que nos hemos trazado y que, precisamente, este tipo de acciones intimidatorias lo que buscan es frenar estos liderazgos propositivos que le apuestan a construir nuevas realidades en este caso concreto, en la localidad de Usme y el sur de la ciudad”, reitera.

Respuesta a la indignación

Otro de los amenazados es Henrry Gómez, miembro de la Asociación Distrital de Trabajadores y trabajadoras de la Educación (ADE) y militante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fundado en agosto de 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz de la extinta guerrilla de las Farc con el Estado colombiano.

Gómez está dedicado, desde hace dos años a la labor sindical y política, “acompañando -precisa- a las instituciones educativas en temas de acoso laboral, incumplimiento de la materia legal en sus horarios, sus funciones y el derecho a la salud del magisterio”.

Además, trabaja en zona rural de la localidad de Usme como integrante del colectivo Hycha Guaia, que en lengua indígena Uitoto significa Madre Tierra. Y es que justo en esta localidad hay un nutrido grupo de familias de ese pueblo de origen amazónico que viven en graves condiciones sociales y económicas.

A su juicio, ese tipo de intimidaciones contra los procesos sociales barriales y sus voceros es una manera de acusarlos de instigar las protestas contra la brutalidad policial, pero aclara que esa manifestación fue motivada por la indignación de la gente ante el asesinato de Javier Ordóñez a manos de agentes de la Policía. (Leer más en: Al borde del estallido: protestas, brutalidad policial y golpe de facto)

Gómez se desmarca de los hechos de violencia del pasado 9 de septiembre y aclara que las organizaciones a las que está vinculado no salieron ese día: “No pudimos salir porque fue algo espontáneo. Cuando nos dimos cuenta, aquí ya se habían quemado los CAI de Santa Librada y La Aurora. El segundo día si ya las organizaciones dijimos que íbamos a salir de manera pacífica. Fuimos hasta el Portal de Usme y nos manifestamos con unos 400 chicos y chicas, y luego hicimos un acto cultural al día siguiente en donde incluso la Alcaldía estuvo”.

Ese acompañamiento, al que este activista llama “jornadas de indignación contra el abuso policial”, sumado a similares acciones durante las protestas de noviembre del año pasado, los convirtieron en objetivo de las ‘Águilas Negras’, una estructura que, según él, “no existe, parece que son amenazas que provienen del mismo Estado en muchas ocasiones”.

Gómez también reflexiona sobre las consecuencias que tienen este tipo de señalamientos, no sólo de grupos ilegales, sino de las mismas autoridades policiales, y los relaciona con el concepto del “enemigo interno”, utilizado desde hace varias décadas para definir a quiénes se deben vigilar, investigar y judicializar por, presuntamente, actuar contra el Estado.

“Yo milito en el Partido FARC y en vista de que siempre se ha buscado enemigo interno ahorita ya están culpando a las disidencias y al Eln, que son guerrillas que siguen activas, pero ha sido una estrategia histórica”, expone el activista. “Esa es como la réplica de la reproducción de la política del enemigo interno”.

Gómez guardaba la esperanza de que con el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, ese tipo de señalamientos dejaran de suceder, “pero parece que sigue siendo la misma política de estigmatización a cualquier tipo de oposición política que precisamente sería el sentido del Acuerdo: que la gente pudiera hacer oposición política sin verse estigmatizados”.

Y más allá de la estigmatización, que no deja de ser un factor de riesgo para quienes están amenazados, el efecto de fondo es que esos procesos sociales que lideran se paralicen, y así lo expone Gómez: “Lo que buscan es que dejemos de hacer el trabajo que siempre hemos hecho. A partir del miedo y la preservación de la vida, muchos tenemos que dejar de hacer las actividades de manera cotidiana y eso es lo que está buscando este tipo de amenazas”.

Mujeres, en la mira

La única mujer amenazada en el panfleto contra los líderes de Usme es Sandra Salazar, docente del magisterio bogotano, dirigente sindical, coordinadora del Comité Local de Usme e integrante de la Fundación por el Medio Ambiente y la Paz en Colombia (Fumpaz). También se define como educadora popular y en esta localidad trabaja con los colectivos de artistas. (Leer más en: La violencia que sufren las defensoras de derechos humanos)

Al hacer una valoración de las amenazas en su contra, asevera que “responden a un ejercicio de intimidación a los líderes comunitarios, a los líderes sindicales, a las personas que pensamos en una transformación social y política de nuestro territorio y de nuestro país”.

Esta lideresa y sindicalista considera que intimidaciones como las que rubrican las ‘Águilas Negras’ afectan el trabajo con maestras y maestros: “Hay que recordar que más allá del aula, el gremio magisterial es un gremio que lucha no sólo por las reivindicaciones laborales sino también por las necesidades de un pueblo que necesita una transformación social”. Y agrega que también se resienten las labores en una localidad como Usme donde Salazar, junto a otras lideresas y líderes, desarrollan trabajos de educación popular, artísticos, culturales y sociales.

Con respecto a las medidas de protección, cuenta que recibió una llamada de la Alcaldía Distrital y estaba pendiente de la ruta de protección. “Y del gobierno nacional, nada. La misma respuesta que ha dado a cientos de líderes y lideresas en Colombia: total impunidad”.

En las manifestaciones de la semanada pasada estuvieron muy activos los integrantes del Congreso de los Pueblos, un movimiento social y político surgido en 2010 y con amplia participación en movilizaciones campesinas, indígenas y estudiantiles en todo el país. Esta organización es constantemente fustigada por las autoridades, que la vinculan con la guerrilla del Eln. (Leer más en: El Congreso de los Pueblos: ¿un movimiento bajo sospecha?)

Erika Prieto, defensora de derechos humanos e integrante del Congreso de los Pueblos, considera que las amenazas de las ‘Águilas Negras’ no pueden desestimarse: “Son una realidad que se han materializado en daños contra las comunidades, líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos”.

Uno de los aspectos que más preocupa a Prieto, y que coincide con los activistas amenazados, es el de los señalamientos infundados de las autoridades y organizaciones ilegales por sus consecuencias en Usme y otras localidades: “Infundir un terror entre la población que la habita y se organiza”.

Esta activista también observa un proceso de estigmatización contra quienes protestan en el país, que comienza con declaraciones de las autoridades, se reproducen a través de los medios de comunicación y luego se traducen en amenazas “a través de las fuerzas paraestatales”, dice. “Ese plan no solamente es de terror, es lo ha llevado al asesinato de cientos de líderes sociales y de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional”.

La otra inquietud de Prieto es la falta de una estrategia de protección del gobierno nacional sobre las comunidades estigmatizadas, los liderazgos sociales y los espacios organizativos a los que relaciona con organizaciones guerrilleras: “El gobierno irresponsablemente involucra a estos grupos insurgentes y pues ahora que se dan este tipo de amenazas no va a responder ni con cuidado ni con protección para quienes resultan afectados”.

Romper tejidos

Nelson Velasco, uno de los líderes amenazados y el más veterano del grupo (50 años de edad), tiene amplia experiencia en el trabajo comunitario desde la década del noventa, “siempre metido en la lucha cívico social”, dice. Actualmente, hace parte de la Junta Administradora Local de Usme.

Pero así como es un curtido activista, también ha estado marcado por las amenazas y los atentados. En 2011 lo intentaron asesinar cerca a su lugar de residencia; en 2015 fue incluido en un panfleto difundido también por las ‘Águilas Negras’; le han amenazado a sus tres hijas; y desde esos años ha sido objeto de llamadas a su teléfono celular: “Me llaman, no me hablan, y cuando devuelvo la llamada el sistema dice que el teléfono no existe, eso es sistemático”, afirma Velasco, quien le atribuye la muerte de su madre, el año pasado, a ese tipo de presiones.

Por su trabajo en Usme conoce a quienes fueron intimidados en el panfleto recibido este lunes por Cubillos. “Hemos trabajo juntos en formación crítica, propositiva, de acción, ayudamos a las comunidades”, agrega y reconoce que acompañó las manifestaciones de noviembre del año pasado, que se concentraron en el Puente de la Dignidad, del sector de Santa Librada. En las protestas de la semana pasada no participó por razones de salud.

Ante las nuevas amenazas y de los señalamientos de las autoridades, que vinculan a organizaciones locales con grupos armados ilegales, Velasco no duda en advertir que a líderes como él “los están poniendo en la primera línea de la guerra” y afirma que “es una estrategia para acabar con esos sueños, con esos liderazgos de algunos, que nos ponemos a pensar otro país”.

En cambio, Wilson Fonseca, Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, quien desde el 2017 asumió la responsabilidad de coordinar en Usme la escuela deportiva Bucaneros Futbol Popular, asevera que, frente a las amenazas, las primeras que recibe, ya hizo las denuncias correspondientes.

Y son intimidaciones que no son claras, dadas las actividades que acompaña: “Desde la práctica del futbol popular impulsamos un escenario de construcción y consolidación de nuestros territorios en paz, apostando por alejar a los muchachos de las drogas, del consumo, de que estén pendientes del escenario deportivo, eso es lo que hemos venido haciendo aquí en la localidad”.

Ante las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre, Fonseca cuenta que caminaron hasta el Puente de la Dignidad, uno de los puntos de expresión de la comunidad, “pero siempre salimos con arte, con cultura, con tambores, con música, con poesía”.

Así como varios de los consultados, resalta que las intimidaciones surgen “después de que a través de los medios de comunicación se señala a los líderes sociales y populares de las localidades, y de una los panfletos, entonces esa violencia estructural institucional, en parte, es la que le pone la lápida a la gente”.

¿Y qué pretenden con esas amenazas? A juicio de Fonseca, “buscan lesionar los procesos, fracturarlos, debilitarlos, especialmente contra los líderes que están al tanto de las organizaciones de la localidad”. Y reconoce que, por la situación, les toca quedarse en casa, afectándose el trabajo con las comunidades: “Uno no sabe en qué momento pueda hacerse efectiva o real la amenaza, pero no nos dejaremos amilanar en medio de las dificultades”.

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Los habitantes de esa región todavía no han superado las secuelas del conflicto armado que padecieron hace un par de décadas y están sufriendo una nueva ola de violencia que ha producido más desplazamientos forzados. Las desgastadas fachadas de sus edificaciones dan testimonio de los horrores que causó la guerra entre guerrilleros y paramilitares.

Caminar por las calles polvorientas de la inspección de El Placer, en el municipio del Valle del Guamuez, en medio de la espesa selva del Putumayo, es sentir el manto de la muerte en cada paso que se da. El sol brilla en su esplendor, mientras el reloj de la vieja torre de la iglesia da la bienvenida al forastero. Sus manecillas indica que son las 12 del mediodía, y el calor abraza a propios y extraños.

A lo lejos se divisa una pequeña tienda, al tiempo que un corrido prohibido de esos que entonan los Tigres del Norte, flota en el ambiente con algo de nostalgia.

“La vida en este pueblo no es la misma luego que los paramilitares, bajo el mando de Arnulfo Santamaría Galindo, conocido con el alias ‘Pipa’, incursionaran en la plaza central y ordenaran a los presentes tirarse al piso, mientras que disparaban a los que trataban huir. El saldo: 11 personas asesinadas, entre ellos un ecuatoriano y una mujer en embarazo”, relata Nicanor, uno de los pocos habitantes que aún permanecen en el caserío.

La manera cómo se organizó esa horrenda masacre, perpetrada el 7 de noviembre de 1999, fue descrita ante fiscales de Justicia y Paz por varios exparamilitares que se acogieron a los beneficios de la Ley 975 de 2005, entre ellos Carlos Mario Ospina Bedoya, alias ‘Tomate’, quien integró el Frente Sur Putumayo del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. (Leer más en: Desmovilizado relató cómo fueron las masacres de El Placer y La Dorada)

Desde aquel tráfico día, y hasta a mediados del año 2006, el comando paramilitar hizo presencia en la inspección, sosteniendo varios combates armados con guerrilleros del Frente 48 de las Farc, lo cuales provocaron centenares de muertos entre los ilegales y en la misma población civil, a lo que se sumó el desplazamiento de familias enteras que jamás regresaron a sus terruños.

Las huellas de esos tristes recuerdos se palpan en casas abandonadas y enmontadas en medio de la maleza, con impactos de balas en sus paredes y otras destruidas totalmente. Cuentan que, en algunas de esas viviendas, en las noches, se escuchan gritos de dolor y llantos de suplicas. Claro, es que varias de ellas fueron utilizadas por los paramilitares para torturar a sus víctimas, en su mayoría señaladas de ser guerrilleros, milicianos y simpatizantes de las Farc.

En aquellas derruidas edificaciones también se perpetró un crimen atroz: la violación de decenas de mujeres, pobladoras del lugar. Registro de esa acción demencial de los paramilitares fue recogida por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el documental “Mujeres tras las Huellas de la Memoria”, difundido en 2012. (Leer más en: Los amargos recuerdos de El Placer en el Putumayo)

Alguien acota en este desolado caserío que la guerra fue sin tregua entre guerrilleros de las Farc y paramilitares por la disputa del territorio. Unos por no dejarse sacar y los otros por querer ser dueños de él. Detrás de esa actividad bélica estaba el afán de controlar el negocio de la siembra de hoja de coca y la producción de clorhidrato de cocaína.

El presente, bajo miedo

Dos décadas más tarde y cuando se presumía que la paz reinaría en este lugar que fue escenario permanente del conflicto armado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y la antigua guerrilla de las Farc, el fantasma de la guerra de nuevo asoma tímidamente.

La situación está generando de nuevo miedo entre los habitantes que aún quedan en El Placer, distante a diez kilómetros de La Hormiga, capital del valle del Guamuez, en el bajo Putumayo. En su cabecera municipal no hay más de 500 pobladores.

Juan Tovar, uno de los cofundadores de El Placer hace más de 53 años, cuenta que de nuevo los violentos han retornado con una sed de venganza: “No sabemos si son guerrilla o paramilitares, lo que sabemos es que nos están amenazando de muerte con panfletos rotulados con el nombre de las ‘Águilas Negras’”. Y subraya: “Esos panfletos están circulando entre el pueblo, hasta yo figuro allí, y yo que no me meto con nadie”.

Desde el año pasado hasta la fecha son muchas las personas que han asesinado en las solitarias carreteras que circundan la inspección de El Placer. Inclusive, se conocen que familias enteras han sido ajusticiadas por ese grupo armado y al parecer por ajustes de cuentas con el narcotráfico.

“Los campesinos han venido denunciando por estos días su preocupación por la reorganización de grupos armados ilegales”, dice Eder Jair Sánchez, coordinador de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en Putumayo.

“Antes hablaban de cinco, diez hombres, que andaban en varios municipios, hoy hablan de 15 y hasta 20 hombres armados y eso ya empieza a preocupar”, continúa Sánchez. “Esa presencia es sobre todo en el área fronteriza de los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguizamo, en el área fronteriza con Ecuador, lo que empieza a generar zozobra”.

Y el temor de los pobladores de esta región del Putumayo no es infundada. “Los campesinos han denunciado que sienten miedo porque se empiezan a generar manuales de convivencia, a restringir la movilidad en las veredas, a poner condiciones, se habla de que también están estableciendo multas”, detalla el vocero de la ANUC en esta región del sur del país.

En medio de las preocupaciones, Sánchez hace dos peticiones concretas: “esperemos que el gobierno nacional, frente al tema de seguridad, tome las medidas pertinentes porque la idea es que no regrese la guerra. Definitivamente el proceso de paz es muy valioso y creo que hay que rodearlo”.

La inquietud no es para menos: de las 18 estructuras disidentes que se encuentran en el país, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en Putumayo hay cuatro: los frentes 1, 48, 49 y 62, que desde 2018 han bajado desde Caquetá, para disputarse el control social y las rentas del narcotráfico en los límites con Ecuador y Perú. (Leer más en: Disidencias, el nuevo motor de la violencia de Putumayo)

Esa reconfiguración de grupos armados ilegales impacta a El Placer: cada día son más las personas que están saliendo de allí. “Anochecen, pero no amanecen”, dice una mujer que pidió reserva del nombre por seguridad y quien afirmó que ya se ve presencia de hombres armados como en el pasado, como cuando los paramilitares patrullaban por las calles imponiendo su ley.

“Acá se están disputando de nuevo el territorio entre ‘paracos’ y guerrilleros, y todo por controlar el tema del narcotráfico”, comenta otro parroquiano, quien advierte en voz baja que se debe andar con cuidado y no preguntar “maricadas”.

A pesar de la tensa situación no se observa presencia militar, tan sólo unos ocho policías montando guardia en la estación, en alerta permanente como en los viejos tiempos, ya que hay advertencia de posibles ataques contra ellos, como lo indica uno de los uniformados, al tiempo que indagan por los visitantes y la razón de por qué tomábamos fotografías.

Hay que anotar que la situación en el Bajo Putumayo, sobre toda en esta zona del departamento, es bastante compleja por la cantidad de asesinatos que se han registrado sin que hasta la fecha se haya esclarecidos.

El Placer es un pueblo fantasma en medio de las selvas de Putumayo, en donde aún se saborea el amargo sabor del miedo, pese a la gran expectativa que generó el Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc.

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