Los principales responsables en esta materia han señalado que disidencias de las Farc, el Eln y grupos narcotraficantes están detrás de actos vandálicos ocurridos en el país de manera paralela a las jornadas pacíficas del Paro Nacional. Sin embargo, sus afirmaciones, poco sustentadas, además de estigmatizar a los manifestantes, dejan mal parada la labor de inteligencia militar y policial.
Desde el pasado 28 de abril, Colombia ha sido sacudida por una ola de indignación y un estallido social que detonaron por la reforma tributaria que el gobierno nacional radicó en el Congreso de la República para enfrentar la crisis fiscal causada por la pandemia del Covid-19 y aliviar las finanzas de la Nación.
Miles de ciudadanos marcharon y se congregaron en diversos puntos en decenas de ciudades del país porque las nuevas cargas impositivas asfixiarían, principalmente, a la clase media y trabajadora, gravando alimentos, servicios públicos y hasta servicios funerarios. Lamentablemente, como ha ocurrido en los últimos años, paralelamente a las acciones pacíficas y coloridas de protesta, se registraron acciones vandálicas como saqueos, daños a propiedad privada y ataques a la infraestructura pública.
Y en esta ocasión las acciones escalaron en gran medida con la amplia destrucción de estaciones de transporte masivo, la quema de buses, el daño de cámaras de fotomulta, el ataque a Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía y el hurto de establecimientos comerciales.
Esas circunstancias llevaron a que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y otros uniformados de esa institución respondieran de manera contundente y desproporcionada, causando la muerte de 37 manifestantes, 934 capturas arbitrarias, 98 casos de ataques con arma de fuego y 11 casos de agresión sexual, según registros de la organización Temblores, ocurridos entre el 28 de abril y las seis de la mañana del 6 de mayo. Por su parte, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, integrada por 26 organizaciones defensoras de los derechos humanos, ha documentado 471 casos de personas desaparecidas en circunstancias del Paro Nacional. (Leer más en: Brutalidad policial pone en riesgo cooperación internacional en temas de seguridad)
En contraste a todo ello, la Dirección de la Policía Nacional reportó, hasta ayer, un agente muerto y 601 uniformados lesionados, así como afectaciones a decenas de vehículos de transporte público, establecimientos comerciales y servicios bancarios.
A pesar de que la movilización masiva y pacífica, que se declaró en Paro Indefinido desde el 28 de abril, logró que el presidente Iván Duque retirara el proyecto de reforma tributaria y buscara espacios de negociación con los promotores de la protesta y diferentes sectores sociales, los actos vandálicos han continuado.
La respuesta estatal fue atribuirle esa ola de violencia a grupos armados ilegales y organizaciones ligadas al narcotráfico que, supuestamente, infiltraron la movilización nacional. El primero en hacerlo fue el ministro de Defensa, Diego Molano, quien el 1 de mayo, indicó: “Hemos podido determinar que los actos criminales en Cali corresponden a organizaciones terroristas como el movimiento JM19, Luis Otero Cifuentes y el grupo de disidencias Farc Gentil Duarte”.
Vale destacar que la capital de Valle del Cauca ha sido uno de los epicentros de estas jornadas de protesta porque sus ciudadanos no cesaron la manifestación después de la que iba a ser la única jornada de paro e inspiró a otras ciudades a prolongar las manifestaciones. Asimismo, también es la ciudad más afectada por actos vandálicos y bloqueos que la tienen al borde del colapso por el desabastecimiento de víveres, gasolina e insumos médicos y por restricciones permanentes a la movilidad.
Además, es el escenario en donde más manifestantes o civiles han muerto, al parecer, a manos de agentes de la Policía encargados de disipar las movilizaciones, especialmente en las noches. De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el 28 de abril y el 5 de mayo, 31 fueron personas asesinadas “en el marco del Paro Nacional”; 25 de los asesinatos ocurrieron en Cali; y, en términos generales, 18 casos son atribuidos a miembros del Esmad y de la Policía Nacional, uno a un civil y se desconoce la autoría de los 12 restantes.
Dos días después de la afirmación que hizo sobre Cali, el ministro Molano profundizó su planteamiento sobre los hechos de violencia en medio de las protestas: “Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las Farc y el Eln. Gracias al trabajo del Grupo Especial contra el Vandalismo y Delitos Conexos hemos identificado algunas de estas organizaciones criminales: movimiento JM19, grupo Luis Otero Cifuentes, Movimiento Bolivariano de disidencias de las Farc de ‘Gentil Duarte’, los Escudos Azules, los Escudos Negros y células urbanas del ELN”.
Al día siguiente, el 4 de mayo, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, retomó la línea del Ministro de Defensa e incluyó a estructuras del narcotráfico como supuestas auspiciadoras o responsables del vandalismo que azota a diferentes ciudades del país. Y concluyó diciendo: “Sabemos que la protesta es un derecho, y lo respetamos, pero jamás podrá permitirse que ese derecho pueda ser permeado por la delincuencia organizada”.
Veinticuatro horas después, el presidente Duque apuntaló el planteamiento de Molano y de Barbosa: “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico, como lo denunció el Fiscal General de la Nación”.
Y justo ayer, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, en entrevista con el diario El Espectador, reforzó ese enfoque: “Puedo certificar que hay elementos que relacionan a grupos armados organizados, el Eln, las disidencias de las Farc con delincuentes como ‘Iván Mordisco’ y ‘El Paisa’. De igual manera hay evidencia que está siendo aportada sobre la participación de grupos de delincuencia común organizada”.
VerdadAbierta.com consultó a cuatro expertos para analizar el alcance de tales afirmaciones.
Argumento de doble filo
Para Eduardo Álvarez Vanegas, investigador en temas de conflicto armado, los planteamientos del Ministro, del Fiscal y del Presidente, son “el caballito de batalla de siempre, que reduce las causas estructurales de lo que se está discutiendo, pues no sólo es la reforma tributaria sino temas gruesos y fundamentales del país. Entra en ese discurso maniqueo de desconocer las causas de la marcha social, atribuyéndolas a una sola, que son grupos armados ilegales, crimen organizado y bandas de narcotraficantes”.
Además, cuestiona la política de seguridad del Estado con ese diagnóstico: “Si en menos de 24 horas de haber terminado las primeras jornadas de protesta ya lo tenían tan claro, eso quiere decir que tenían una inteligencia sumamente robusta para llegar a esa conclusión, de una forma tan prematura. Si lo tenían tan claro y sabían que iba a pasar, ¿por qué no previnieron las acciones violentas? Uno se pregunta: tienen toda esa información y saben muy bien quiénes son, ¿entonces por qué no previenen las acciones violentas?”.
Y llama la atención sobre el poder que la institucionalidad le estaría reconociendo a esos grupos criminales. “¿Quiere decir que hay una abdicación del gobierno colombiano ante este poder tan inmenso de movilización que tienen los grupos armados, incluyendo al Eln y las disidencias? Si está toda esa información de inteligencia, si ya saben quiénes son en menos de 24 horas, ¿quiere decir que la estrategia contra estos grupos realmente es poco exitosa y estamos viendo que pueden tomarse las ciudades? Si uno le hace caso al gobierno, la estrategia de lucha contra estos grupos es un gran fracaso”, cuestiona.
Kyle Johnson, investigador y fundador de Conflict Responses (CORE), concuerda con Álvarez y señala que las afirmaciones del gobierno y de la Fiscalía tienen la grave implicación de reconocer que los grupos armados pueden delinquir en grandes capitales como Bogotá y Cali sin problemas. “¿Qué han venido haciendo en seguridad, dejando que los grupos armados crezcan y operen en las ciudades principales?”, reflexiona.
Para este analista, el planteamiento de la infiltración “es una excusa muy barata para justificar que la Policía le haya disparado a la gente”. Y duda que el Eln y narcotraficantes estén detrás de los desmanes y del paro en Cali, pues el primero hace trabajo logístico en esa ciudad, pero no es una célula política que emprenda acciones de ese estilo; considera que pueden existir milicias bolivarianas, pero muy desorganizadas; y plantea que los grupos narcotraficantes necesitan una economía funcional para lavar la plata que producen.
Por otro lado, cuestiona las líneas de investigación: “Ahora hablan de grupos armados, pero llevan una semana hablando de terrorismo vandálico. Equivalen vandalismo con terrorismo desde el año pasado (por las protestas del 9 de septiembre en Bogotá tras la muerte de un joven que fue detenido y torturado en un CAI) y esos son unos saltos conceptuales muy bravos y perezosos, sin evidencia suficiente”. (Leer más en: Al borde del estallido: protestas, brutalidad policial y golpe de facto)
Sobre la falta de evidencia, señala que cuando CORE consultó a la Fiscalía sobre los responsables de la quema de 70 puestos de CAI en septiembre del año pasado, que también les fueron atribuidos a disidencias de las Farc y al Eln en medio de las movilizaciones ciudadanas de la capital de la República, respondieron que, finalmente, no había elementos para vincular al Eln y que sólo se le podía atribuir la quema de dos CAI a las disidencias. ¿Y las pruebas? “Las pruebas eran audios de supuestos disidentes riéndose de la destrucción de los CAI, pero nada que los pusiera en el lugar de los hechos”, cuenta.
A juicio de Johnson, ese caso demuestra que se pueden dar ese tipo de expresiones de violencia sin la participación de grupos armados ilegales, como ocurrió en septiembre del año pasado y en la noche del pasado martes, cuando nuevamente fueron quemados 16 CAI en Bogotá. “¿Si el año pasado destruyeron 70 CAI en una noche y no hay grupos armados vinculados, porqué se llega a esa conclusión, si el año pasado nos demostró que puede haber violencia tremenda sin esos grupos?”, cuestiona.
Otro investigador que plantea interrogantes sobre la conexión que las autoridades pretenden establecer entre los hechos de violencia que ocurrieron en las protestas de Bogotá el pasado mes de septiembre y las actuales, es Alberto Sánchez, especialista en temas de seguridad ciudadana.
“Cuál es el rol de la inteligencia militar y policial en la mitigación de estos eventos, porque el consejero presidencial Rafael Guarín dijo que esto es la continuación de lo que pasó el 9 de septiembre en Bogotá; del asedio que se tenía contra la Fuerza Pública”, plantea.
Y prosigue: “Si ya el 9 de septiembre era lo suficientemente grave porque se suponía que era un ataque organizado y si ésta es la continuación, entonces estamos perdidos, porque tuvieron ocho meses para organizar una estrategia de inteligencia eficaz y robusta, que garantizara que esto no ocurriera”.
En cuanto a los señalamientos sobre la supuesta infiltración de estructuras criminales en el paro, sostiene que, si las autoridades van a poner esa línea de acusación, deben presentar la evidencia y que los marchantes no tienen que demostrar que no es así.
Pesca en río revuelto
Sobre los hechos de violencia en medio de la protesta social de los últimos días, Sánchez identifica tres factores que no están relacionados con grupos armados y narcotraficantes.
El primero es la dificultad logística, estratégica y política de manejar eventos masivos de movilización de manera simultánea: “Bogotá ha llegado a tener 26, Cali 14, Pereira 16; es decir, es muy difícil para la Policía y las administraciones municipales, manejar ese volumen de eventos y eso reduce las capacidades de reducción (de delitos). Cuando eso sucede, hay incidentes fortuitos, como saqueos. Uno allí no puede hablar de crimen organizado, es gente que aprovechó la oportunidad”.
El segundo tiene nivel más de organización entre varios actores, que no necesariamente son criminales, pero que “aprovechan para pescar en río revuelto”. Por ejemplo, los “peajes” que han instalado en diversos barrios y vías de Cali, personas que no son de esos sectores y los hurtos de gasolina. “Es una situación que va más allá de lo fortuito y del mero incidente de alguien que aprovecha para robar en un saqueo”, explica.
Y, por último, reconoce que sí se están dando acciones coordinadas por parte de ciertos sectores para generar caos y obtener beneficios, las cuales no son infiltraciones guerrilleras, sino que obedecen a dinámicas locales específicas.
“Antes de hablar de presencia del Eln, de disidencias y de guerras de baja intensidad, hay unos problemas de seguridad que nadie gestiona, que son tremendamente complejos y que se evidencia en las protestas. En los casos de Cali y de Bogotá, hay unos temas relacionados con transporte ilegal; es decir, actores que saben que afectar el transporte público les va a generar demanda a ellos y salen a quemar estaciones, romper flota y le pagan a pelados para que lo hagan”, precisa.
E insiste: “Antes de empezar a hablar de la guerrilla, de ‘narcos’ y de todo el relato que le meten a uno sobre causas de violencia, hay que empezar a analizar los cuáles son los problemas de seguridad más básicos que no se están gestionando. El transporte ilegal es uno de ellos”.
Esa retórica oficial produce estigmatización contra la movilización social y en parte puede explicar los niveles de agresión desproporcionada por parte de uniformados de la Policía. Otro investigador, que pidió mantener en reserva su identidad, plantea que tras el atentado con carro-bomba que el Eln detonó en la Escuela de Policía General Santander, se empezaron a dar ejercicios de estigmatización contra todos los colectivos urbanos, considerando que tienen nexos con grupos armados y hacen parte del movimiento bolivariano. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)
“Hoy vemos la continuad de ese ejercicio de estigmatización y de cualquier ejercicio de protesta que, desafortunadamente tiene expresiones violentas, pero, automáticamente, se dice que detrás de la protesta están estos grupos”.
Mientras la crispación social aumenta, las protestas siguen siendo reprimidas con excesiva violencia por parte de algunos uniformados, que incluso llegan a disparar armas de fuego de indeterminada munición. También ocurren ataques contra integrantes de las fuerzas del orden, sean provenientes de infiltrados o no en las protestas.
Por esa razón, desde diversos sectores han hecho un llamado desescalar el lenguaje y las acciones alrededor de las manifestaciones. Las cifras de violencia contra civiles en medio de ellas son alarmantes si se comparan con las de países que recientemente atravesaron por escenarios similares: durante 150 días de protesta en Chile fueron asesinados 34 manifestantes y 30 en Estados Unidos durante 60 días. En Colombia, tan sólo en la primera semana de movilización, los registros de organizaciones no gubernamentales dan cuenta de 37.
* Foto de apertura: Deniela Blanco.
