Los predios que el exjefe paramilitar entregó en el marco de Justicia y Paz han traído escasos resultados para cumplir con las órdenes de reparar integralmente a las víctimas del conflicto. Día a día, varios de estos bienes pierden su valor por el abandono a causa de los problemas de administración que debe sortear la Unidad para las Víctimas. Las indemnizaciones con dineros propios de bienes de Mancuso aún no se han ejecutado.
La reparación de las más de nueve millones de víctimas del conflicto le costaría 334 billones de pesos al Estado, según ha precisado el Ministerio Público. Al ritmo en el que avanza la reparación, principalmente con recursos de la Nación, las víctimas tendrían que esperar 150 años hasta que la última fuera reparada.
“Nosotros nunca vamos a poder realmente reparar a las víctimas. Lo que se hacen son actos simbólicos, unas indemnizaciones posibles. Por eso hay que parar la guerra”, señaló la directora de la Unidad para las Víctimas (Uariv), Lilia Solano, en entrevista con este portal.
A pesar del panorama adverso, deben encaminarse todos los esfuerzos para cumplir con la obligación del Estado para reparar integralmente las violaciones de derechos humanos. Es así como la Ley 975 de 2005 resolvió que uno de esos caminos es la indemnización: un pago económico para las víctimas y sus familias que han sido reconocidas en las sentencias de las salas de Justicia y Paz.
La indemnización de las víctimas cuenta con varias fuentes de financiación, entre ellas, los bienes ofrecidos por los postulados de Justicia y Paz, así como las propiedades recuperadas de manos de terceros que en realidad hacían parte del patrimonio de los miembros de grupos armados. En las manos de la Unidad para las Víctimas ha quedado la tarea de administrar y monetizar estos bienes, sin embargo con esta bolsa poco se ha reparado y ha sido a partir de las asignaciones anuales del Presupuesto General de la Nación cómo se ha cumplido con esta obligación. (Leer más en Justicia y Paz: ¿dónde está la plata que se esconde tras la guerra?)
Desde el año 2007 el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, empezó a relacionar ante la justicia los bienes que eran de su propiedad para cumplir con la reparación de las víctimas del conflicto y poder acceder a una pena fuera de la cárcel. Muy pocas tierras del jefe paramilitar pudieron ser ofrecidas para la reparación de las víctimas en el marco de Justicia y Paz y que esto se tradujera en la adjudicación directa de predios a organizaciones de víctimas o la entrega de dinero como indemnización.
Solano advirtió sobre la dificultad que ha presentado la entidad para administrar y comercializar los bienes del exjefe paramilitar, pero lejos de dar detalles sobre cada uno de los predios que administra, se despachó contra el rumbo de propiedades que supuestamente no quedaron en manos de las autoridades colombianas. “Mancuso ha dicho insistentemente que quiere reparar a las víctimas. Hay que reconocer que la mayoría de los bienes fueron también entregados en Estados Unidos (…) y tenemos el conocimiento que la mayoría de sus bienes fueron entregados para que él pudiera obtener su libertad”, indicó la directora de la Uariv durante la entrevista.
Los abogados de Mancuso niegan que el exjefe paramilitar haya entregado bienes en Estados Unidos y que hubiera obtenido algún tipo de beneficio relacionado con la libertad a cambio de una entrega de bienes.
“Lo que sí es cierto es que Salvatore, ante la negligencia de las autoridades administrativas y judiciales colombianas para recibir los bienes ofrecidos por él para reparar a las víctimas, le expresó a las autoridades de Estados Unidos que los iba a entregar allá para que luego fueran entregados a Justicia y Paz. Las autoridades norteamericanas dijeron que no, entonces todos los bienes se entregaron en Colombia para la reparación de las víctimas de Salvatore y los hombres que estuvieron bajo su mando”, aseguró Jaime Alberto Paeres, abogado de Mancuso.
Hace unas semanas, Solano insistió en esta afirmación más allá de Mancuso y envió una carta a la embajada de Estados Unidos solicitando que con los supuestos bienes de los paramilitares entregados a la justicia de ese país se pudiera ayudar a reparar a las víctimas destinando recursos de estos. VerdadAbierta.com le pidió a la Uariv ver esta carta, pero no la compartió.
.@liliasolanor, dir. de @UnidadVictimas, elevó una solicitud ante @USEmbassyBogota para que se puedan obtener los recursos de bienes de exparamilitares extraditados a ese país y así reunir parte de los 334 billones de pesos necesarios para la reparación integral de las víctimas. pic.twitter.com/G6IlVqCcpw
— Unidad para las Víctimas (@UnidadVictimas) August 29, 2024
En cambio, la entidad explicó que con la misiva Solano había hecho una “declaración política” sobre la relación entre los grupos armados y el narcotráfico. Según explica la Uariv, Solano busca tejer relaciones de cooperación, para que “en un acto de justicia, los bienes y recursos entregados por los narcotraficantes procesados por el tráfico de drogas desde Colombia, en los EEUU sean destinados también a reparar a las víctimas que tales hechos delictivos han dejado en nuestro territorio”.
Antes de buscar en otras latitudes, queda pendiente la tarea de monetizar miles de predios entregados por paramilitares y que administra la Uariv para reparar con recursos propios a las víctimas. Sin embargo, en el proceso han aparecido varios problemas que obstaculizan la libre disposición de las propiedades y la correcta administración de los bienes.
Costa Azul, el único predio vendido
El Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) de la Uariv administra los bienes y recursos entregados por exmiembros de grupos armados ilegales y embargados por la justicia con el fin conseguir recursos que contribuyan al pago de las sentencias proferidas en los procesos de Justicia y Paz para la reparación integral de las víctimas.
En su sistema, la Unidad para las Víctimas tiene relacionados 124 bienes ofrecidos o entregados por Mancuso, de los cuales 123 permanecen en etapa de recepción, administrados por el FRV. La finca restante fue comercializada en marzo del año pasado, cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la compró, junto a 28 predios más, para titular familias campesinas en Córdoba.
Mujeres rurales de San Jacinto (Bolívar) y Montería (Córdoba) recibieron predios que comprenden 169 hectáreas y fueron comprados por la Agencia Nacional de Tierras. Nuevas propietarias del campo colombiano, gracias a la #ReformaAgraria #GobiernoDeLaGente pic.twitter.com/dHOIb30M5M
— Agencia Nacional de Tierras (@AgenciaTierras) March 3, 2023
Se trata del predio Costa Azul, de 114 hectáreas, ubicado en Montería sobre la vía que va hacia Planeta Rica. Esas tierras estaban en manos de la exesposa del jefe paramilitar, Martha Elena Dereix Martínez, hasta 2014 cuando el Juzgado Segundo Especializado en Extinción de Dominio ordenó que pasara a ser administrado por la Unidad para las Víctimas. Meses después, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dispuso que Costa Azul debía contribuir a la indemnización de las víctimas por el accionar del Bloque Catatumbo de las AUC.
Sin embargo, la Uariv le aclaró a este portal que a la fecha no se han ordenado pagos parciales de indemnización judicial provenientes de los bienes de Mancuso para las víctimas que se encuentran incluidas en las sentencias proferidas por el alto tribunal de justicia transicional contra el postulado.
Pasado más de un año desde la venta de Costa Azul, la Unidad dice que estos dineros no han llegado a las víctimas por la dificultad por parte de la Fiscalía en la identificación de los hechos victimizantes y la “desagregación de las víctimas pertenecientes a cada uno de los bloques en los cuales militó el postulado Salvatore Mancuso, información vital para poder realizar la distribución de los recursos provenientes de los bienes que este último haya entregado”.
Sin embargo, en el sistema de información del FRV Costa Azul aparece relacionado con el Bloque Córdoba, por la sentencia contra esa estructura del 23 de abril de 2015 en la que la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín precisó que Mancuso, como miembro representante de los Bloques Córdoba y Catatumbo, “manifestó que los bienes que entregó u ofreció son para reparar a las víctimas de ambos Bloques y como quiera que él se desmovilizó con el Bloque Catatumbo, éstos fueron entregados a la Fiscalía Octava de la Unidad de Justicia y Paz de Bogotá, dentro del proceso que se adelantaba al momento de su postulación”.
En principio, serían las víctimas reconocidas en la sentencia contra el Bloque Córdoba las que serían reparadas con los dineros de la venta de Costa Azul.
Difícil administración
Los 123 predios vinculados con Mancuso que administra el FRV se encuentran en cinco departamentos: Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Magdalena, y en Bogotá, Sin embargo, no todos le pertenecían al exjefe paramilitar, ni los entregó u ofreció él.
Cerca de la mitad de esos predios están relacionados con el “Bloque Casa Castaño”, del que no fue comandante. La Fiscalía ha conectado el nombre del exjefe paramilitar por haber sido comandante de diversas estructuras paramilitares.
Así lo confirma la sentencia contra Mancuso del 23 de mayo de 2018 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, donde el Grupo de Persecución de Bienes de la Fiscalía pidió la extinción de dominio de algunos bienes de Carlos Castaño y justificó esta solicitud en el proceso contra Mancuso al ser éste el siguiente en la escala de mando como máximo comandante de las AUC, tras la muerte de Carlos Castaño Gil y la desaparición y el presunto asesinato de Vicente Castaño Gil.
Es así como, por ejemplo, siete de esos predios que estaban en manos de Kenia Susana Gómez Toro, última esposa de Carlos Castaño, terminaron vinculados a Mancuso y registrados en el sistema de la Unidad para las Víctimas para la reparación del Bloque Catatumbo. (Leer más en: Testaferros de Castaño son dueños de 200 predios en Urabá)
Esto explica por qué la cifra que maneja la Fiscalía sobre los bienes que se han enviado al FRV es menor a las que maneja esa entidad. Según le precisó el ente acusador a este portal, 49 bienes inmuebles fueron enviados para la administración de la Unidad para las Víctimas que están relacionados con Mancuso, pues en estos listados no relaciona los predios que están vinculados con el postulado a través del “Bloque Casa Castaño”. (Leer más en: Bienes de Mancuso no están “perdidos”, la mayoría fueron devueltos a víctimas de despojo)
El Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz, que se encarga de hacer seguimiento de las decisiones judiciales del alto tribunal, le señaló a este portal que uno de los hechos que ha retrazado la indemnización de las víctimas ha sido la lentitud en los procesos de alistamiento por parte del FRV que permita la enajenación de los bienes.
Según cifras del FRV, 19 de los predios relacionados con Mancuso están en arriendo, nueve tienen promesa de arrendamiento, 15 son administrados por el Fondo y 80 tienen otro sistema de arriendo, que en muchos casos se traduce en la imposibilidad de hacerse cargo de estos por el difícil acceso, la improductividad, ocupación no autorizada por terceros, el orden público de la región o estar dentro de Zona de Reserva Forestal.
En los casos en que no pueda venderlos, la Uariv tiene la potestad de arrendarlos para conseguir ganancias de estos, sin embargo, Solano, directora de la entidad, señala que el hecho de la ocupación por terceros imposibilita esto. “Muchos todavía están en manos de testaferros y tenemos que hacer una avanzada mucho más eficaz con fuerza pública. Mientras ese paso no se dé, van a quedar en impunidad los crímenes y la reparación a las víctimas”, señaló.
Estos problemas sobre la administración de los bienes y la ocupación por parte de terceros se conocían hace más de una década. Entre 2005 y 2009, antes de la Ley de Víctimas y que la Uariv desempeñara esta labor a través del FRV, los bienes estuvieron bajo el control de la desaparecida Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), la cual fue criticada ampliamente por no recibir los bienes de los postulados y contribuir al deterioro patrimonial de los mismos. (Leer más en: Magistrado ordena recibir bienes de Mancuso)
Posteriormente, las propiedades fueron transferidas a la Sociedad de Activos Especiales, adscrita al Ministerio de Hacienda. Esta entidad de economía mixta, fue creada para corregir los problemas de corrupción en la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, pero paradójicamente fue responsable de gran parte de la pérdida patrimonial. (Leer más en: Reparación sin fondos)
De otro lado están las solicitudes de restitución que, con ocasión de procesos judiciales o administrativos, relaciona a 31 predios vinculados con el exjefe paramilitar que no pueden ser dispuestos fácilmente por el Fondo para la Reparación.
A esto se suma la falta de claridad de la Uariv sobre los bienes que han sido restituidos. VerdadAbierta.com encontró que en el listado de predios relacionados por la institución y que aparecen activos bajo la administración del FRV, cuatro predios —tres en Valencia, Córdoba, y uno El Guamo, Bolívar— tienen sentencia de restitución a favor de las víctimas solicitantes. Al igual que dos predios en Mutatá que presentan solicitud de restitución en trámite con la URT, pero que en el sistema de la Uariv no registra ningún proceso de restitución.
Poca extinción de dominio
El principal reto para comercializar estos predios ha sido la falta de extinción de dominio, según le confirmó a este portal la Uariv. Hasta que no se cumpla con este requisito, el Fondo para la Reparación de las Víctimas sólo puede disponer de esos bienes parcialmente: administrándolos o enajenándolos, pues no puede venderlos hasta que se extinga el dominio de esas propiedades.
Una vez cautelado los bienes, la Fiscalía solicita la extinción de dominio en una audiencia concentrada dentro del proceso de Justicia y Paz, sin embargo, estas diligencias ocurren con amplia distancia de tiempo entre sí y sólo se materializan a través de una sentencia proferida por las salas de conocimiento de Justicia y Paz, que al reunir cientos de hechos y ser tan voluminosos tardan años en ser emitidas.
Durante las audiencias de seguimiento de las sentencias de Justicia y Paz, la Fiscalía ha argumentado que no ha sido deliberada la tardanza en hacer esas solicitudes, sino que al parecer han “existido problemas de comunicación tanto interna entre Fiscalía como con la Sala de Conocimiento y en algunos momentos no se han enterado de alguna audiencia en donde se pueda hacer la solicitud de extinción”. En otros escenarios ha sido porque no se ha dado la oportunidad de una audiencia concentrada con algún postulado del bloque donde pueda la Fiscalía de Bienes sustentar la solicitud de extinción.
Desde la creación del Fondo para la Reparación a las Víctimas, esta dependencia ha recibido 3.280 bienes inmuebles, que hacían parte de 43 estructuras de grupos armados ilegales, avaluados en más de 1,844 billones de pesos. De estos, sólo a 477 bienes se les ha impuesto extinción de dominio. Es decir, el FRV sólo puede llegar a comercializar y conseguir dinero de menos del 15 por ciento de los bienes. Lejos de cumplir esa meta, a la fecha apenas tiene en etapa de comercialización 31 de estos.
Para el caso de Salvatore Mancuso se ha ordenado la extinción de dominio, principalmente, a través de dos sentencias: la del 2 de diciembre de 2010 contra Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, y la del 31 de octubre de 2014, contra Mancuso. De los 123 predios vinculados con el exjefe paramilitar que sigue administrando la Unidad para las Víctimas, 37 cuentan con extinción de dominio.
Eso explica el hecho de que en las bases de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro aún aparece un predio a nombre del exjefe paramilitar: Tierra Grata o Esperanza 1, en Córdoba, pues aunque sobre este pesa una orden de embargo del Tribunal Superior de Barranquilla y el postulado no pueda disponer del predio, aún no se ha retirado de su propiedad.
Sobre esto, el Juzgado de Sentencias le señaló a este portal que el hecho de que Mancuso haya pertenecido a más de un bloque ha causado que la Fiscalía y el Fondo deban establecer cada uno de los bienes entregados por el sentenciado parcialmente “a qué estructura pertenece o si con los mismos por partes iguales se indemnizarán a las víctimas de todas esas estructuras, punto frente al cual aún en las audiencias de seguimiento no se ha presentado una conclusión”, lo que ha demorado más el cumplimiento de la indemnización de las sentencias.
Algunas de las decisiones de cautelar predios relacionados con Mancuso han presentado oposición de sus actuales dueños. De las 11 solicitudes que ha conocido el magistrado Carlos Andrés Pérez, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, para retirar estas medidas en predios en los que la Fiscalía ha conectado el nombre del exjefe paramilitar, ocho hacen parte del listado de 123 predios relacionados por la Uariv con el Bloque Norte y Casa Castaño. Algunas de ellas fueron adelantadas por San Martín SAS, en cabeza de Ana Carolina Vélez Salgado, esposa de ‘Jorge 40’, excomandante del Bloque Norte de las AUC. Todas estas solicitudes fueron negadas desde 2022.
Baja reparación con recursos propios
Para septiembre de 2023, la Coordinación Nacional de Justicia y Paz de la Procuraduría General de la Nación indicó que el Juzgado Único de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz para el Territorio Nacional registra 68 sentencias ejecutoriadas, las cuales han reconocido indemnizaciones por un monto que asciende a 5,169 billones de pesos.
En el marco del seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucionales por la vulnerabilidad de la población desplazada, la Procuraduría realizó una solicitud en el 2023 al alto tribunal para que se declarara el estado de cosas inconstitucionales en materia de indemnización judicial y administrativa de las víctimas.
Con esta acción, según quedó expresado en el Auto 1401 de 2022 de la Corte Constitucional, el Ministerio Público llamó la atención sobre la necesidad de monetizar y hacer una correcta administración de los bienes denunciados por los postulados, de cara al lento avance de esa tarea.
Dos de las tres sentencias parciales que pesan contra Mancuso han sido vigiladas en audiencias de seguimiento por el Juzgado de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz. De la proferida en octubre de 2014 se había pagado, para el 18 de abril del 2023, cerca del 99 por ciento de las indemnizaciones de 842 hechos victimizantes con recursos del presupuesto general. De la proferida en noviembre de 2014 a febrero de 2024, se han pagado más del 79 por ciento de las indemnizaciones de 7.140 hechos victimizantes, también con dinero de la Nación.
En reiteradas ocasiones, el Juzgado de Sentencias y el Ministerio Público han llamado la atención sobre las diligencias de investigación de la Fiscalía sobre los bienes que están pendientes por ser rendidos a la justicia por hacer parte del patrimonio de los postulados.
Mientras todo esto avanza, las víctimas siguen esperando una distribución de recursos propios de quienes fueron sus victimarios.
Esa situación podría cambiar, pues el pasado 16 de septiembre, la Agencia Nacional de Tierras anunció un convenio con la Unidad para las Víctimas, que permitirá la compra de un paquete de predios que suman 18 mil hectáreas que hacen parte del Fondo de Reparación. Entre ellos está uno que sirvió de “centro de operaciones de los Castaño y los Mancuso en Buenavista, Córdoba”. Sin embargo, en la base de datos que le suministró el FRV a este portal, no hay bienes entregados por Mancuso o la Casa Castaño en ese municipio cordobés.
