Durante dos años, 48 familias del predio El Prado han esperado que le restituyan la tierra o las compensen económicamente, como lo establece un fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia. La abogada del caso ha sido amenazada de muerte en reiteradas ocasiones.
La batalla jurídica que desde el año 2009 iniciaron 48 familias de la parcelación El Prado, en el municipio de La Jagua de Ibirico, pleno corazón minero del Cesar, para recuperar las tierras de las que fueron desplazadas por los paramilitares y que hoy son ocupadas por el proyecto minero de la empresa Prodeco, filial de Glencore Xstrata, parece no tener fin.
La situación no ha podido ser resuelta pese al fallo proferido el 9 de noviembre de 2011 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar que fue confirmado el 19 de julio de 2012 por la Corte Suprema de Justicia. En ambas decisiones se insiste en crear las condiciones para que a las familias lesrestituyan el derecho de posesión de sus parcelas, o se les compense económicamente por ellas, y se hagan las gestiones para convertirlos en propietarios.
Carmen* es una de las mujeres que espera ansiosa que las decisiones se concreten: “Nosotros vivimos en condiciones terribles de pobreza. Estamos en una invasión y pasamos mucha hambre”, dijo la mujer. “No entendemos de leyes ni de nada eso, lo que sí entendemos es que no es justo que siendo dueños de una tierra de las que nos sacaran los paramilitares a la fuerza, ahora no podamos regresar o recibir el pago por la tierra porque entendemos que ahí está una empresa explotando carbón”.
La primera semana de diciembre de este año, las 48 familias, junto con otras de los predios Mechoacán, Santafé y Veracruz, que también se encuentran en tierras mineras y están en litigio, lideraron un paro en el municipio de La Jagua de Ibirico para llamar la atención del gobierno nacional y reclamar el cumplimiento del fallo que hace dos años ordenó al Incoder restituir a las familias de la parcelación El Prado y que aún está en veremos.
Esa medida de fuerza surtió efecto y la abogada Ludys Pedraza, apoderada de los reclamantes de El Prado, fue llamada por el Incoder a Bogotá a una reunión para analizar la situación. El 10 de diciembre habló allí con algunos funcionarios y quedó claro que la tierra no la pueden entregar porque aún no llegan a un acuerdo con el avalúo de la misma, la cual quieren pagar a un precio inferior al que han comprado otros predios de familias “prestantes de Valledupar”, según lo denunció la abogada en el pronunciamiento que hizo durante el paro en La Jagua el pasado 3 de diciembre.
“Lo único que acordamos fue una nueva fecha para reunirnos en una mesa de concertación, será el próximo 24 de febrero, es decir, dentro de dos meses, para definir de qué manera se le va a dar cumplimiento a la sentencia”, dijo a VerdadAbierta.com la defensora de las familias de El Prado.
La abogada Pedraza afirmó que los problemas con el Incoder se agudizan cada vez más, esta vez por cuenta del avalúo del predio. “Primero no cumplieron el fallo que ordenaba restituir o compensar, y ahora desconoce un avalúo que presenté como su representante legal, el cual realizó la Lonja de Propiedad Raíz del Cesar, autoridad calificada en el avalúo de predios, y únicamente quieren admitir el avaluó realizado por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi)”.
De acuerdo con la jurista, el avalúo del IGAC no es válido por cuanto está demostrado en documento que se envió al Incoder que está viciado de ilegalidad: “los peritos del IGAC no observaron el procedimiento adecuado ni justificaron en especial lo relacionado con la exigencia de ley, que ordena que se debe tener en cuenta el mercado actual y real de los predios en la zona”.
Esta afirmación la confirmó la Lonja de Propiedad Raíz del Cesar en un segundo avalúo, en el que además se pronunció sobre los procedimientos técnicos y de mercado que no tuvieron en cuenta los peritos del IGAC, “y aún insisten los señores funcionarios del Incoder en desconocerlos autoritariamente”, agregó Pedraza.
VerdadAbierta.com conoció que en el año 2009, varias familias de Valledupar vendieron a la multinacional Prodeco sus predios cercanos a El Prado por valor de 12 millones de pesos la hectárea y en el 2012 otro grupo familiar vendió las suyas a la multinacional Drummond a 20 millones de pesos la hectárea, y hoy el IGAC avalúa las tierras de El Prado en valores que oscilan entre los siete y ocho millones. Además, existe otro obstáculo: el Incoder solo reconoce a 33 familias y no 48 como dice el fallo.
Julio* es otro de los reclamantes de El Prado que sufre las consecuencias de ser desplazado, despojado y amenazado por los paramilitares del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del Bloque Norte de las Auc. Él, su esposa y sus hijos que eran pequeños cuando tuvieron que salir de la parcela, han debido sortear diferentes situaciones.
“Hemos ido de un lugar a otro, hemos pedido como limosneros, he trabajado en lo que salga, porque lo único que sabía era trabajar la tierra y desde el 2002 no sé lo que es estar cerca a ella. ¿Qué más tenemos que esperar? ¿Si ya hay una orden, por qué no la cumplen?”, se preguntó el campesino. Ese mismo cuestionamiento se hacen otras familias afectadas.
Detrás de El Prado
La finca El Prado, de 1.265 hectáreas, fue ocupada por las familias reclamantes en 1996, luego de que fueran deportadas de Venezuela y llegaran al corregimiento de La Victoria de San Isidro, en jurisdicción de La Jagua de Ibirico, en busca de la ayuda. El gobierno municipal de ese entonces fue apoyado por instancias departamentales y nacionales para lograr que el antiguo Incora (hoy Incoder) les parcelara las tierras de El Prado, pero no les entregó títulos de propiedad. (Ver: Carbón y sangre)
El predio tenía un valor agregado: es rico en carbón. De ello sabían los grupos paramilitares que operaban en la zona y por ese motivo el 20 de mayo de 2002, incursionó en la vereda El Prado del corregimiento de Boquerón, un grupo armado de 12 hombres, miembros del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, comandado por Luis Fernando Andrade Ospina, alias ‘El Llanero’.
Ese día amarraron a los campesinos Jesús Eliecer Flórez Romero, sus hijos Bladimir, Gustavo y Elicet Flórez Durán, al igual que a Edimer Góngora Barreto, a los que luego llevaron a la finca El Carmen en el municipio de Becerril, donde los esperaba Oscar José Pacheco Ospino, alias ‘Tolemaida’, jefe del frente. Allí los asesinaron a tiros, con el argumento de que estos campesinos eran auxiliadores de la guerrilla. (Ver: La restitución esquiva)
Según declaraciones de Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, ex comandante del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, las víctimas fueron enterradas en una fosa común cerca al lugar del crimen y en su confesión ante un fiscal de Justicia y Paz explicó que el desplazamiento de las familias de El Prado “tenía como trasfondo la obtención de las tierras ricas en carbón para luego ser vendidas a la multinacional Prodeco”.
Esa versión fue ratificada por Javier Ochoa Quiñones, alias ‘El Mecánico’, quien agregó que el desplazamiento se debió a que en esas tierras existía carbón y eran de interés de algunos testaferros de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y de David Hernández Rojas, alias ‘39’.
En efecto, el negocio del predio El Prado fue realizado por el entonces gerente del Incoder, Rodolfo Campo Soto, y el representante legal de la Sociedad C.I. Prodeco S.A., Tomas Antonio López Vera, el cual fue legalizado el 27 de enero de 2009 mediante contrato de promesa de permuta.
En ese documento, el Incoder se comprometió a entregar 1.115 hectáreas de la finca El Prado y en compensación la empresa Prodeco compraría un predio por un valor no superior a 4,349 millones de pesos en un plazo de tres meses contados a partir de la firma de la escritura. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las partes ha cumplido con lo acordado y el caso ya está en los tribunales, pues Prodeco demandó al Incoder por incumplimiento.
En la actualidad la firma carboníefera explota el predio y lo viene usando como botadero del material esteril que deja la operación minera en sectores aledaños aEl Prado.
La sentencia proferida por el por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar de 2011 dejó claro que según el certificado de tradición y libertad, el predio tenía una medida de protección ordenada por la Procuraduría General de la Nación, lo que impedía la permuta del predio a Prodeco, pues esa disposición saca el bien del mercado de tierras. Sin embargo, el Incoder omitió esta medida y realizó dicha negociación, desconociendo el derecho de las víctimas.
Defensoría pide protección para la abogada
Este caso, que fue fallado por la justicia ordinaria y nunca ingresó a Ley 1448 de 2011, le ha costado a la abogada Ludys Pedraza una serie de amenazas desde que el fallo fue favorable a las familias reclamantes.
La Defensoría del Pueblo del Cesar solicitó a la Unidad Nacional de Protección atender de manera urgente el caso de la defensora de derechos humanos debido al aumento de las amenazas, las cuales se incrementaron desde el 4 de diciembre, después de haber liderado la protesta con las familias reclamantes en el municipio de La Jagua de Ibirico, según consta en su denuncia instaurada ante la Unidad de Reacción Inmediata en Valledupar.
En su carta, el defensor Omar Contreras explicó que la regional Cesar ha tomado conocimiento de la ocurrencia de nuevas amenazas en contra de la defensora de derechos humanos, asesora legal de víctimas de despojo de tierras y dignataria de la organización de víctimas (OV) Fundación Unidos Edificamos Sueños, Smith Ludys Pedraza Amízzar, proferidas a raíz de la protesta pacífica que con la participación de varias víctimas de despojo de tierras del caso de El Prado se presentó el 3 de diciembre de 2013 en el municipio de La Jagua de Ibirico. (Ver: Carta del Defensor del Pueblo Regional)
La Defensoría le explicó al director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar, que esta protesta tenía como propósito llamar la atención sobre lo que estas víctimas califican como “excesiva, desconcertante, desobligante y revictimizante demora para que el Incoder cumpla con el fallo de 9 de noviembre de 2011, promulgado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar”.
Pedraza contó a VerdadAbierta.com que desde el mes de agosto de 2013 no tiene protección, pues su esquema de seguridad fue desmontado y sólo le dejaron un escolta: “Lo único que solicito es que me brinden la protección que necesito, toda vez que son conocedores de los casos que manejo en el Cesar. Me he convertido en líder reclamante de tierra y defensora de derechos humanos y espero que el Estado me brinde protección”.
En el Cesar son 1.265 hectáreas las que siguen endisputa. Las familias no olvidan la muerte de 18 de sus integrantes y la desaparición de 5 más de ellos, entre esos un menor de edad, y el desplazamiento que han sufrido. Estos hechos han sido probados por las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y corroborados por las confesiones ante fiscales de Justicia y Paz realizadas por los ex paramilitares conocidos con los alias de ‘El Samario’, ‘Tolemaida’, ‘El Mecánico’, ‘Amaury’, ‘El Tigre’.
